Hasta la semana pasada, Lula era el presidente de un gobierno considerado malo o pésimo por más de la mitad de los brasileños, minoritario en el Congreso. Sin embargo, el anuncio por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un aumento sustancial de los aranceles sobre los productos brasileños el pasado miércoles, lo cambió todo.
En efecto, al prometer que aumentará de manera unilateral los aranceles a un 50 por ciento a todas las exportaciones brasileñas, Trump acaba de darle una nueva bandera electoral al presidente brasileño, restableciendo sus posibilidades de reelección, al tiempo que ha perturbado la estrategia política del gobernador de São Paulo (y posible rival de Lula en la elección presidencial del año próximo) Tarcísio de Freitas, y fragilizado aún más la endeble situación jurídica de la familia Bolsonaro. Si Trump no cambia de opinión en las próximas semanas y las sanciones entran en vigor el 1 de agosto, como estaba previsto, las elecciones de 2026 podrían verse polarizadas por el sentimiento antinorteamericano. Las recientes elecciones en Canadá y Australia indican que el antiamericanismo es un argumento electoral considerable.
De un plumazo, Lula se ha ganado dos villanos a los que culpar de cualquier problema económico en los próximos 18 meses. ¿Más inflación? ¿Más desempleo? Trump y Bolsonaro serán designados como los culpables. Tras el anuncio de Trump, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la Republica de Brasil ha ideado dos campañas de publicidad: una nacionalista que dice que “Brasil se escribe con S de soberanía” y otra que compara “Lula grava a los superricos y Bolsonaro grava a Brasil”.
Según la reacción oficial del gobierno brasileño, Brasil no tomará ninguna medida antes de que los aranceles entren en vigor el 1 de agosto. Incluso después, las represalias deberían ser puntuales. Hasta el día de hoy, la idea de romper las patentes de los medicamentos, planteada por algunos medios brasileños, estaba descartada. También se descartaba un arancel sobre la maquinaria y el equipamiento, el petróleo, el gas natural, los fertilizantes, es decir, todo lo que pudiera provocar aumentos de precios en Brasil. Además de la posible caída de la economía por la reducción de las exportaciones, la principal preocupación del Ministerio de Hacienda es el efecto de los aranceles sobre la inflación. Lo más probable es que las eventuales represalias de Brasil se centren en artículos simbólicos como el etanol de maíz, las películas estadunidenses y las grandes empresas de tecnología norteamericanas. Entre tanto, el vicepresidente Geraldo Alckmin inició consultas con los principales exportadores brasileños a Estados Unidos para una reacción del Estado, no del gobierno. El equipo del Ministerio de Industria y Comercio que estaba negociando con Estados Unidos hasta la semana pasada (y que había recibido señales de que Brasil tendría un arancel mínimo debido a su superávit comercial) coordinará el trabajo.
En el plano político, Lula culpó a Jair y su hijo, Eduardo Bolsonaro, habló mal de Trump y señaló que Estados Unidos tiene superávit con Brasil. Frente a ello, la reacción de los Bolsonaros ayuda a Lula. “¡GRACIAS PRESIDENTE TRUMP –HAGA A BRASIL LIBRE DE NUEVO– QUEREMOS MAGNITSKY!”, escribió en mayúsculas Eduardo Bolsonaro, pidiendo que se amplíen las sanciones estadunidenses para que el ministro Alexandre de Moraes sea bloqueado de todas las transacciones financieras que involucren a empresas estadunidenses.
En una carta firmada con el lobista Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro relató con orgullo cómo desde marzo, cuando se autoexilió en Estados Unidos, ha presionado para que se impongan sanciones. “El presidente Trump entendió correctamente que Alexandre de Moraes solo puede actuar con el respaldo de un establishment político, empresarial e institucional que esté de acuerdo con su escalada autoritaria. El presidente estadunidense entendió que este establishment también debe asumir el costo de esta aventura (el juicio de Jair Bolsonaro)”, escribieron ambos. Al hacerlo, deja en evidencia la implicación de la extrema derecha brasileña en esta tentativa de extorsión internacional llevada a cabo por Donald Trump en contra de la democracia brasileña. En este sentido, si bien no estamos aún en diciembre, es posible decir que Lula ya ha recibido su regalo de Navidad.

* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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Los pasados 6 y 7 de julio, se llevó a cabo una nueva cúpula de líderes del grupo BRICS, así llamado en referencia a los países fundadores de este formato de reunión de economías emergentes: Brasil, Rusia, India, China y África del Sur. Este acrónimo se ha convertido con el paso de los años en uno de los principales ejes del nuevo orden internacional, en el cual Estados Unidos y los países europeos ya no son los únicos actores en posición de poder. Paradójicamente, fue un norteamericano, el entonces economista jefe del banco de inversiones Goldman Sachs, Jim O Neill, que inventó esta sigla hace poco más de 20 años, con la intención de designar a las economías emergentes más activas en el plano internacional (en aquel momento, sin África del Sur).
En ese entonces, a finales de los años 2000, China y Estados Unidos no habían entrado en una dinámica de rivalidad sistémica. En ese sentido, la existencia de un grupo de países emergentes como los BRIC (BRICS con la adhesión de África del Sur en 2010), que ha venido defendiendo cambios en el orden multilateral e internacional, si bien podía generar críticas e interrogantes de parte de los países desarrollados –en particular, de parte de los países del G-7– no implicaba riesgos de tensiones e inclusive de amenazas de guerras comerciales.
Este tiempo ha terminado. Tras la llegada al poder, en 2013, de Xi Jinping, China ha transformado su política exterior, haciéndola mucho más asertiva, con la ambición de posicionar a su país como la principal potencia mundial en el 2049, fecha del primer centenario de la revolución China. Por su lado, Rusia ha pasado a violar sistemáticamente el derecho internacional, a partir de la invasión de Georgia, en 2008, y la posterior anexión de Crimea, en 2014. Ese mismo año, comenzó la invasión de Ucrania, que se mantendría en baño maría tras la firma de los acuerdos de Minsk, en 2015, entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, bajo los auspicios del entonces presidente francés, François Hollande, y de la entonces canciller alemana, Angela Merkel, hasta 2022. Del lado de Estados Unidos, los gobiernos demócratas y republicanos (nos referimos a los gobiernos de Donald Trump 1 y 2, así como al de Joe Biden) han decidido terminar con el apoyo que Washington dio a la Organización Mundial del Comercio (OMC), al no nombrar a los jueces del organismo de solución de controversias, que representa el corazón de esta organización. Al hacerlo, han herido (muy probablemente mortalmente) al sistema multilateral de regulación del comercio, que había constituido uno de los principales instrumentos de la regulación multilateral pensada por los Estados Unidos desde 1945. De cierta manera, los cimientos del orden internacional existente comienzan a dar muestras de fatiga, dando paso a una nueva situación, en la cual las relaciones de fuerza priman por encima de cualquier otra consideración.
Es en este contexto que la declaración de los líderes de la cumbre de Río, concluida el lunes pasado, deja constancia de la voluntad de los países de resguardar el derecho internacional, la cooperación y el multilateralismo. Sin embargo, como lo decíamos anteriormente, algunas de las principales potencias alrededor de la mesa de los BRICS han multiplicado los gestos de hostilidad hacia los principios que los propios BRICS quieren defender. Y a medida que el grupo ve su membresía expandirse (en 2023, cinco países se integraron a los BRICS como miembros plenos –Irán, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía y Emiratos árabes–, al tiempo que fue creada una categoría de países asociados, entre los cuales encontramos a Cuba, Bolivia, Turquía, Nigeria, Indonesia, Argelia, Bielorrusia, Malasia, Uzbekistán, Kazakistan, Tailandia, Vietnam y Uganda), más esas contradicciones tenderán a profundizarse. De manera que la coherencia de los BRICS estará puesta a prueba en las próximas cumbres, comenzando por la de África del Sur el próximo año.

* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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El pasado jueves, la Corte Constitucional de Colombia impidió que un organismo electoral investigara acusaciones de financiación ilícita de campaña y gastos no declarados por el presidente Gustavo Petro. Al hacerlo, dio una victoria legal al asediado líder de la izquierda colombiana, que ha venido perdiendo respaldo político y popular en los últimos meses. El tribunal dictaminó que sólo el Congreso puede investigar presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de Petro para 2022. Petro ha negado cualquier irregularidad financiera.
El fallo desecha una investigación del Consejo Nacional Electoral sobre si la campaña de Petro superó los límites de recaudación de fondos en cerca de 1.2 millones de dólares y si aceptó fondos de organizaciones sindicales, lo que está prohibido por la ley colombiana. El Consejo es un organismo administrativo que supervisa el proceso electoral y la financiación de las campañas. También puede imponer sanciones administrativas, como fuertes multas a los miembros del equipo de campaña. El tribunal ordenó al consejo electoral que remitiera su investigación a la Cámara de Representantes de Colombia.
No está claro si los legisladores impulsarán el caso. Aunque Petro choca a menudo con el Congreso, los legisladores nunca han destituido a un presidente colombiano, ni siquiera ante la intensa presión pública cuando los investigadores demostraron en 1996 los vínculos del entonces presidente Ernesto Samper con la financiación de los cárteles de la droga.
Petro criticó duramente al consejo electoral por considerarlo políticamente motivado, abriendo otro frente en sus batallas contra los tribunales del país, que han anulado algunos de sus decretos y nombramientos clave. Los funcionarios del consejo electoral planeaban examinar las contribuciones a la campaña de los sindicatos de maestros de escuelas públicas y trabajadores petroleros, entre otros, citando una docena de transacciones financieras que la campaña de Petro supuestamente no había reportado.
No se trata del único escándalo sobre la financiación de la campaña de Petro. La Fiscalía también ha estado investigando al hijo de Petro, Nicolás, por acusaciones de que la campaña recibió fondos de fuentes delictivas, incluido un conocido ex narcotraficante. Si bien el hijo del actual presidente de Colombia reconoce haber recibido dinero en efectivo no declarado ante las autoridades electorales, pero no de parte de criminales. Este caso sigue su curso en el poder judicial de ese país, contribuyendo a fragilizar la imagen de su padre ante la opinión pública.
Y es que el escenario político se ha enturbiado para Gustavo Petro. Dentro de menos de un año, los colombianos irán a las urnas para elegir a su nuevo presidente de la Republica.
A principios de año, más de 32 mil personas huyeron de sus hogares en la región septentrional del Catatumbo, donde dos grupos rebeldes rivales mantuvieron sangrientos enfrentamientos a pesar de la firma de un tratado de paz.
En abril, decenas de soldados y policías murieron durante dos semanas en ataques que el gobierno colombiano atribuyó a grupos armados.
Hace tres semanas, Miguel Uribe Turbay, un senador de 39 años, fue atacado mientras se dirigía a sus partidarios en un parque en Bogotá. La policía detuvo a un sospechoso de 15 años en el lugar de los hechos. La semana anterior al tiroteo fue especialmente tensa, con Petro buscando el respaldo popular para sus reformas, en una medida que los líderes de la oposición –incluido Uribe– tacharon de inconstitucional.
Muchos colombianos han condenado la retórica cada vez más hostil utilizada tanto por el gobierno como por los partidos de la oposición. Infelizmente, esta dinámica no tiene perspectivas de terminar en el corto plazo, si tenemos en cuenta que hace apenas cuatro días, el periódico español El País reveló que el ex canciller de Gustavo Petro, Alvaro Leyva, intentó persuadir a miembros del gobierno de Donald Trump de derrocar al Presidente de Colombia, provocando una nueva tormenta política en el país.

* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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El pasado jueves el gobierno del Presidente Luiz Inacio Lula da Silva difundió una entrevista con el cantante y activista, Mano Brown. Este intercambio, que duró poco más de dos horas, constituyó un momento propicio para llevar a cabo un balance del gobierno Lula, tras poco más de 2 años y medio de gobierno, y sobre todo, a poco más de un año de la elección presidencial. El hecho de que Mano Brown haya conducido esta entrevista, no es irrelevante: en 2018, durante la elección presidencial que terminó con la victoria del ex capitán del ejército Jair Bolsonaro, el activista Brown realizó un reclamo público al propio Partido de los Trabajadores (PT), al hacer hincapié en que la izquierda había dejado de dialogar con su base social y política, en particular en las periferias de Brasil. Ese discurso crítico, que había sorprendido a muchos analistas y militantes de ese partido, terminó teniendo un impacto considerable en la evaluación de la derrota del PT frente a Jair Bolsonaro. Para muchos, se trató de un electrochoque necesario para corregir los rumbos, y lograr la victoria durante la elección presidencial de 2022 frente a la extrema derecha.
Ahora que la izquierda regresó a la presidencia, esta entrevista sirvió como una suerte de balance crítico del tercer mandato del Presidente Lula. Y es que los resultados del gobierno son bastantes ambivalentes. Por un lado, los números macroeconómicos y sociales son bastante buenos. Tras dos años de crecimiento económico por encima del 3 por ciento del PIB anual (3.2 en 2023, y 3.4 en 2024), en 2025 todo apunta al mantenimiento del crecimiento, aunque a una tasa ligeramente inferior (por ahí del 2.5 por ciento). A nivel social, el coeficiente de Gini, que mide las desigualdades, disminuyó, al igual que los principales indicadores de pobreza y de desempleo. Sin embargo, estos buenos números no han repercutido con suficiente fuerza en el seno de la sociedad brasileña, en particular dentro de las clases medias bajas de los grandes centros urbanos. Para muchos, si bien hay más trabajo hoy en Brasil, el aumento de la inflación de los insumos de la canasta básica –en particular, de los alimentos– ha contribuido a generar una percepción de encarecimiento del costo de la vida. Esta inflación corroe el aumento de los salarios y de la masa salarial, limitando la sensación de mejora de la vida. De esta manera, una de las principales banderas de la campaña electoral, la mejora del poder de compra de los brasileños más humildes, no se ha podido cumplir, a pesar de los avances en la materia durante los dos primeros años del tercer mandato del Presidente Lula.
Durante la entrevista a Mano Brown, Lula reconoció esta situación, al tiempo que aprovechó el espacio para decir que los próximos meses serían el “momento de la cosecha”, es decir, que los resultados comenzarían a aparecer a partir de ahora. Para el Presidente de Brasil, buena parte de los problemas de su gobierno son el fruto de un problema de comunicación, que según él ha sido incapaz hasta ahora de incidir en la construcción de la agenda política del país. En este caso, varios especialistas han destacado el rol negativo que jugó el entonces ministro de la Comunicación Social de la Presidencia de la República de Brasil durante los dos primeros años del tercer mandato de Lula, Paulo Pimenta. En efecto, este último estaba mucho más enfocado en la política de su estado local, Rio Grande do Sul, que en el diseño de una política de comunicación social coherente y eficaz. Por otro lado, el ministro, si bien disponía de un acceso regular al Presidente, tenía dificultades en imponer su autoridad a algunos de los subordinados de Lula, que trabajan con él desde hace varias décadas y disponen de un acceso directo. Esto provocó un aumento de las tensiones dentro del equipo más cercano al Presidente, y una fragmentación del discurso presidencial. Tras la llegada de un nuevo ministro de Comunicación Social, Sidonio Palmeira, las cosas han mejorado, en el sentido que la comunicación presidencial luce más alineada y ordenada.
Sin embargo, el problema de fondo persiste: ¿cómo cambiar la percepción de la ciudadanía frente al gobierno de Lula? En ese sentido, la respuesta a esta pregunta es, ante todo, política, y para ello, luce necesario escuchar las críticas y sugerencias de Mano Brown.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics

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El mundo vive su peor oleada de conflictos en décadas. En un estudio publicado antes de la reciente escalada de violencia entre Israel y Hamás, el Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO) había indicado que había 55 conflictos en los que estaban implicados 38 Estados y calculaba su duración media en once años. Una década antes, el mismo instituto identificaba 33 conflictos con una duración media de siete años. En 2022, más de 200 mil personas murieron en batallas relacionadas con enfrentamientos entre Estados, más que en ningún otro año desde 1984.
Estas cifras no incluyen los combates entre grupos no estatales, como rebeldes o cárteles de la droga, que matan a decenas de miles de personas al año –como en México, donde numerosas facciones criminales participan en conflictos armados.
Merece la pena destacar algunos ejemplos. Más de 600 mil civiles murieron durante la reciente guerra en Etiopía, en parte debido al bloqueo gubernamental, que impidió la entrada de ayuda humanitaria en el país. En la invasión rusa de Ucrania, cientos de miles de personas han muerto desde el año pasado, produciendo la peor crisis de refugiados en Europa en años. Más de diez mil personas murieron en las cuatro primeras semanas del conflicto entre Israel y Hamás. Actualmente hay una campaña de limpieza étnica en Sudán, donde la guerra civil en curso entre dos facciones de las fuerzas armadas ha causado 9 mil muertos y 5.6 millones de desplazados. La República Democrática del Congo (RDC) tiene 6.9 millones de desplazados internos en medio de la actual guerra civil.
Por no hablar de las sangrientas guerras civiles en Somalia, Yemen y Libia; el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán; la guerra civil en Myanmar; la reciente decisión de Pakistán de expulsar a 1,7 millones de refugiados afganos, que producirá una nueva catástrofe humanitaria; o la crisis generalizada en el Sahel, donde el avance de la violencia yihadista ha matado a más de 20 mil personas en los últimos 12 meses.
No hay consenso sobre la razón del reciente aumento de los conflictos, pero es posible señalar varios factores relevantes. En África y Oriente Medio, la desertificación y la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos amenazan a las poblaciones rurales e intensifican las disputas por los pastos. Cabe recordar que fue una sequía histórica en Siria entre 2006 y 2010 la que llevó a los jóvenes de ese país a emigrar a las ciudades, aumentando el desempleo urbano y el descontento general. Este fenómeno contribuyó a las manifestaciones a gran escala contra el gobierno, cuya brutal represión desembocó en una guerra civil que ha matado a más de 300 mil personas.
Otro factor es el efecto desestabilizador de los conflictos existentes en un sistema económico y político mucho más interconectado y vulnerable que antes. Por ejemplo, como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania el año pasado, el precio del trigo y los fertilizantes se disparó, aumentando la inflación y la pobreza en muchos países africanos y haciéndolos más vulnerables a grupos extremistas como el Estado Islámico.
Con una parte considerable de su atención y tropas involucradas en la guerra de Ucrania, Rusia ha perdido la capacidad de controlar los acontecimientos en el conflicto entre Armenia, su aliado tradicional en el Cáucaso, y Azerbaiyán, lo que permitió a las fuerzas azerbaiyanas expulsar a otros 100 mil armenios del territorio de Nagorno Karabaj en septiembre.
Hace cuarenta años, un conflicto armado entre la República Popular China y Taiwán difícilmente habría producido una conmoción económica mundial. Hoy, debido a la interconectividad económica del mundo, una guerra entre Pekín y Taipei tendría el potencial de producir una grave recesión y escasez de productos en todo el mundo, además de provocar una carrera armamentística nuclear en Asia entre naciones como Japón y Corea del Sur, que quieren protegerse de China.
En tercer lugar, aunque la multipolaridad per se no aumenta necesariamente el riesgo de guerras, la aparición de nuevas potencias hace que el mundo sea más complejo y puede “descongela” viejos conflictos y crear oportunidades para el revisionismo. La invasión rusa de Ucrania es un ejemplo de ello: el gobierno de Moscú nunca ha ocultado su deseo de interrumpir la estrategia de acercamiento de Kiev a Occidente, pero Putin no habría tenido los medios, hace 20 años, para resistir económicamente a las sanciones occidentales en respuesta a una invasión del país vecino. Sólo el ascenso de China, India y otras potencias dispuestas a mantener relaciones comerciales con Moscú, incluso en caso de guerra contra Ucrania, permitió a Putin iniciar el conflicto. Por último, con el notable empeoramiento de las relaciones entre las principales potencias y la parálisis de importantes organismos multilaterales, como el Consejo de Seguridad de la ONU, se reduce la capacidad de reacción de la comunidad internacional ante la escalada de los conflictos. No podemos descartar, por lo tanto, que el elevado número de guerras actual no sea una aberración, sino una nueva normalidad.

* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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Un acuerdo internacional para proteger los océanos del mundo podría entrar en vigor próximamente, según anunció el lunes el presidente francés Emmanuel Macron durante la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC), celebrada en Niza (Francia). Esta última reunió delegaciones de más de 120 países, incluidos más de 50 jefes de Estado y de Gobierno, en un intento de resucitar los océanos del mundo, que llevan mucho tiempo sufriendo las consecuencias del cambio climático. El océano genera más de la mitad del oxígeno del planeta y absorbe el 30 por ciento de todas las emisiones de dióxido de carbono. Pero con los ecosistemas marinos y costeros enfrentándose a múltiples amenazas, entre ellas el impacto del cambio climático y las presiones de la pesca y la contaminación, todo eso podría cambiar. Según un informe de la UNESCO de 2024, el contenido de oxígeno de los océanos está disminuyendo a nivel mundial y su calentamiento se está produciendo a un ritmo sin precedentes y acelerado.
Macron y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, hablaron del proceso de ratificación del tratado de Alta Mar –o Acuerdo sobre la Conservación y la Utilización Sostenible de la Biodiversidad de las Zonas Marinas sin Jurisdicción Nacional (BBNJ)–, como se conoce oficialmente, que establece normas para la creación de zonas marinas protegidas en aguas internacionales, entre otras medidas. Solo podrá aplicarse una vez que al menos 60 países lo hayan ratificado oficialmente.
Los partidarios del acuerdo esperan que éste contribuya en gran medida a proteger el 30 por ciento de la superficie terrestre y marina del planeta para 2030, tal y como se prevé en el acuerdo sobre biodiversidad de la COP 15 alcanzado en diciembre. Gracias a los 15 países que recién se han comprometido formalmente a adherir, además de las 50 ratificaciones ya presentadas, el Tratado de Alta Mar pronto podría ponerse en marcha.
El presidente francés estuvo acompañado en el presidium por Von der Leyen; el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva; el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, que copreside la conferencia.
Durante la conferencia, Von der Leyen afirmó que la comisión europea contribuirá con 40 millones de euros al Programa Mundial para los Océanos. Esta última también prometió una inversión de mil millones de euros en 50 proyectos en todo el mundo, tanto para quienes viven del mar como para los científicos y conservacionistas que buscan protegerlo. Un tercio de ese dinero se destinará a proyectos de investigación y científicos. La UE ratificó el tratado el mes pasado. Lula, en su discurso el lunes, anunció que Brasil también ratificará pronto el tratado.
Los grupos ecologistas se sienten alentados por el anuncio de Macron, que se produce tras semanas de especulaciones sobre si se alcanzaría en Niza el umbral de 60 países necesario para la ratificación. Sin embargo, la ausencia de Estados Unidos de Donald Trump representa un verdadero desafío para los defensores de este acuerdo.
Un portavoz del Departamento de Estado afirmó que la conferencia está “en desacuerdo” con las posiciones de la actual Administración estadunidense. La cumbre tiene como objetivo promover el uso sostenible de los recursos oceánicos, uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.
Sin embargo, la Administración Trump ha rechazado estos objetivos, calificándolos de incompatibles con la soberanía de Estados Unidos. En este caso, el desafio será lograr que los gobiernos locales y la sociedad civil organizada de Estados Unidos se movilice para lograr, en cierta medida, asumir la responsabilidad del gobierno federal estadunidense en este desafio global.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva realizará una visita de Estado a Francia los próximos 5 y 6 de junio, por invitación del presidente francés Emmanuel Macron, y se quedará en el país hasta el día 9 de junio, para participar en la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC 3), que se celebrará en Niza, en el sur de Francia. Se trata de la primera visita de Estado de un presidente brasileño al país en 13 años, y de la segunda visita del presidente Lula a Francia. El programa incluye reuniones con el presidente francés, Emmanuel Macron, además de actividades económicas, culturales y académicas y ceremonias oficiales que simbolizan el estrechamiento de la asociación estratégica entre Brasil y Francia. Para la Presidencia brasileña, esta visita de Estado se inscribe en un contexto de acercamiento entre Francia y Brasil, tras un periodo de enfriamiento durante el mandato del ex presidente Jair Bolsonaro.
Brasil y Francia firmaron los términos de la Asociación Estratégica Brasil-Francia en 2006, con una amplia agenda de intercambio y cooperación. El Plan de Acción de la Asociación Estratégica franco-brasileña, de 2008, presentaba los ejes estructurantes de la relación. En 2024, durante la visita a Brasil del presidente Emmanuel Macron, se firmó el Nuevo Plan de Acción de la Asociación Estratégica, que renueva las bases de las relaciones bilaterales. El documento se divide en 24 capítulos, que tratan temas como la cooperación en materia de defensa, transfronteriza, ciencia, tecnología e innovación, y medio ambiente, entre otros.
La asociación va más allá de los sectores estratégicos y de defensa, ya que en estos ámbitos se ha manifestado la determinación de ambos países de construir una asociación de carácter especial y mutuamente benéfica. El interés recíproco se debe a una serie de factores, entre los que destacan: 1) una frontera compartida (Guayana Francesa/Amapá, la mayor frontera terrestre de Francia, con más de 700 kilómetros de extensión); 2) un desarrollo conjunto de proyectos en áreas sensibles y de alta tecnología; 3) la presencia de empresas e inversiones francesas en la economía brasileña; 4) una importante comunidad brasileña en Francia; 5) un fuerte intercambio educativo; y 6) una influencia cultural.
Los dos grandes programas de construcción de submarinos y helicópteros se han convertido en emblemáticos. El Programa de Desarrollo de Submarinos (Prosub), con un presupuesto inicial de 6mil 700 millones de euros y actualmente en torno a los 8mil 600 millones, es el mayor proyecto de cooperación internacional en materia de defensa desarrollado por Brasil. El objetivo de la iniciativa es dotar a Brasil de la capacidad de diseñar y construir, de forma autónoma, submarinos de propulsión nuclear.
Francia también apoya la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la candidatura de Brasil para obtener un puesto permanente en este órgano. El país es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad y ocupa el séptimo lugar entre las mayores economías del mundo. Se trata de un importante socio de Brasil en cuestiones de paz y seguridad, desarme y no proliferación.
En este momento político tan singular a nivel internacional, con el presidente estadunidense multiplicando las provocaciones frente a los aliados tradicionales de Estados Unidos, la construcción de una sólida alianza entre dos grandes países de América Latina y Europa constituye un factor geoestratégico de suma importancia: tanto Francia como Brasil son potencias medias que defienden el multilateralismo y el derecho internacional. Sin duda, uno de los principales puntos a revisar durante la visita será la actualidad de las negociaciones sobre el futuro del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, que Francia ha intentado frenar y abortar a toda costa. ¿Frente a esta nueva realidad política internacional, habrá finalmente humo blanco? Si un anuncio en este sentido se lleva a cabo durante esta visita de Estado, se podrá decir que habrá resultados concretos.

* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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El pasado 13 de mayo el presidente boliviano Luis Arce anunció que no se presentaría a la reelección en los comicios presidenciales de agosto. El mandatario –enfrascado en una disputa interna dentro del partido gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) junto al ex presidente (2006-2019) Evo Morales– pidió al ex presidente que siguiera el mismo camino y retirara su candidatura. Morales fue inhabilitado para postularse por un fallo judicial en noviembre de 2024.
Arce hizo un llamado urgente a la unidad de la izquierda en torno al candidato con más posibilidades de hacer frente a los partidos de la oposición. Al mismo tiempo, pidió a Morales que también renuncie a sus aspiraciones presidenciales y llamó al líder del MAS en el Senado, Andrónico Rodríguez, que ya anunció su candidatura, a sumarse al esfuerzo de unificar a la coalición de izquierda gobernante. ¿Qué hará Morales?
Este último, que dirigió el partido gobernante durante casi tres décadas, fue apartado de la dirección del MAS en noviembre de 2024, después de que un fallo judicial y la autoridad electoral reconocieran a Grover García, aliado de Arce, como nuevo presidente del partido.
Posteriormente, Morales renunció al MAS, fundó el bloque Evo Pueblo, empezó a hacer mítines por todo el país y declaró que se presentaría como candidato presidencial con un partido político “prestado”, cuya identidad aún no ha revelado. No está claro si se le permitiría ser presidente en caso de ganar.
Las divisiones en el partido gobernante se agravaron hace dos semanas cuando Andrónico Rodríguez, considerado en su día como el sucesor de Morales, decidió distanciarse del ex jefe de Estado y aceptar una candidatura presidencial. La clave para el MAS será unir al fracturado bloque de izquierdas entre Evistas y Arcistas proponiendo una visión orientada al progreso para sacar al país de sus actuales crisis, al tiempo que ataca los desbarajustes y soluciones de la derecha.
Mientras tanto, la oposición también sigue dividida entre unos pocos candidatos con visiones muy diferentes, y no ha logrado presentar un unificador que desafíe al MAS. Sin embargo, la retirada de Arce presenta una oportunidad única para que la derecha gane la presidencia, si consigue reunirse, ya que el MAS ha dominado la política nacional boliviana durante las dos últimas décadas.
Hasta ahora, la campaña de 2025 ha estado dominada por la peor crisis económica de Bolivia desde la década de 1990, marcada por una inflación galopante, el desplome del peso, la disminución de las reservas de divisas, el aumento de la inseguridad y la inestabilidad, y una crisis de dolarización cada vez más profunda. La actual crisis energética ha obligado al país a buscar nuevas importaciones de combustible de Rusia, mientras que la inversión extranjera –especialmente en la extracción de litio– ha disminuido drásticamente debido a la inestabilidad política y la incertidumbre normativa.
El presidente Arce había centrado su campaña en la estabilización de la economía y la defensa del desarrollo dirigido por el Estado, que ayudó a ampliar los programas sociales universales y a sacar a la gente de la pobreza. El predecesor de Arce en el MAS, Evo Morales, se ha apoyado en una retórica nacionalista y antiimperialista, haciendo hincapié en la soberanía sobre el litio y la identidad indígena, al tiempo que presumía de sus anteriores programas económicos, que contribuyeron en gran medida a reducir las desigualdades económicas y sociales, y apoyaba el estrechamiento de lazos con China y la adhesión a los BRICS. Por su lado, el Presidente del Senado y precandidato presidencial, Andrónico Rodríguez, ha hecho campaña a favor de la renovación generacional y la unidad, aunque sin pronunciarse sobre los aspectos concretos de la política, y ha advertido contra la política más divisiva y agresiva de Evo, que puede restar inversión extranjera y causar más inestabilidad política.
En la oposición, el favorito y posible candidato de unidad Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba, ha dado prioridad al restablecimiento de la confianza de los inversores, la lucha contra la delincuencia y la reorientación de la política exterior boliviana, alejándola de Rusia y acercándola a Estados Unidos y a los aliados regionales.
Por su parte, Jorge Tuto Quiroga, ex presidente de 2001 a 2002, ha hecho hincapié en la liberalización económica, abogando por la privatización de las empresas estatales, la austeridad fiscal y el compromiso con instituciones financieras internacionales como el FMI y el Banco Mundial.
El camino a la elección de agosto promete ser accidentado.

* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE).

 

¿Qué hacer cuando un número creciente de votantes apoya a un partido que representa una amenaza para el orden democrático? Este es el dilema al que se enfrenta actualmente Alemania.
El partido Alternativa para Alemania (AfD), que obtuvo el 20.8 por ciento de los votos en las elecciones federales de febrero y quedó en segundo lugar, fue clasificado oficialmente a principios de mayo como una organización “demostradamente extremista de derecha” por la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV). La semana siguiente, la BfV anunció que suspendería la evaluación hasta que la justicia se pronunciara sobre una demanda presentada por la propia AfD contra la decisión, pero sin revocar la clasificación anterior.
La clasificación, basada en un informe de más de mil páginas, no equivaldría a la prohibición del partido, pero permite una vigilancia ampliada, incluso con el uso de informantes. La BfV no es un tribunal ni puede prohibir partidos; su función es proporcionar apoyo técnico para posibles decisiones políticas. Para prohibir un partido, es necesaria una solicitud formal ante el Tribunal Constitucional, presentada por el gobierno federal o el Parlamento.
Según el BfV, la AfD promueve un concepto étnico y hereditario de pueblo, incompatible con los principios constitucionales alemanes. El partido defiende, por ejemplo, la “remigración” masiva, lo que significaría la expulsión de millones de migrantes y sus descendientes, incluidos aquellos que tienen la ciudadanía alemana. También utiliza expresiones conspirativas como “gran sustitución”, una idea infundada de que las élites estarían promoviendo el reemplazo de la población nativa europea por inmigrantes, y un lenguaje deshumanizador contra los extranjeros. Además, utiliza términos como “alemanes sólo de pasaporte” para describir a los aproximadamente doce millones de ciudadanos de origen migratorio, la mayoría de los cuales nacieron en Alemania. En una encuesta de opinión realizada el año pasado, el 51 por ciento de los encuestados con origen migratorio afirmaron que los planes de la AfD les causaban mucho o muchísimo miedo. Lo mismo ocurre con el 48 por ciento de los encuestados sin ascendencia extranjera.
La lógica del dictamen de la BfV es clara: no hay categorías de ciudadanos alemanes de segunda clase. Propagandizar lo contrario, incluso por vías democráticas, atenta contra la Constitución, independientemente del número de votos que se obtenga.
La decisión de la BfV ha reavivado un debate histórico y jurídico: ¿es posible o deseable prohibir un partido político que crece en las urnas, pero que rechaza los fundamentos democráticos?
Este no es un debate nuevo en Alemania. En 1930, durante la República de Weimar, un grupo de juristas del gobierno de Prusia elaboró un extenso informe técnico en el que defendía la prohibición del Partido Nazi. El documento, de 97 páginas, argumentaba que el NSDAP buscaba activamente instaurar un régimen dictatorial mediante la revolución y la violencia, incluso utilizando una retórica legalista.
A pesar de las diferencias entre la AfD y el NSDAP, el paralelismo con la actualidad es inevitable. La AfD explota un discurso antisistema, moviliza el resentimiento contra las minorías y adopta un lenguaje codificado para eludir los límites legales. A pesar de ello, crece en apoyo, especialmente en el este del país. Alemania ya prohibió partidos como el Partido Socialista del Reich en 1952 y el Partido Comunista en 1956. Sin embargo, los intentos posteriores de prohibir el NPD, partido de orientación neonazi, no tuvieron éxito en el Tribunal Constitucional, en parte porque se consideró que la agrupación era demasiado pequeña para representar una amenaza para la democracia.
Friedrich Merz, el nuevo canciller, se ha mostrado cauteloso sobre la prohibición de la AfD, argumentando que no se puede simplemente excluir a millones de votantes del proceso democrático. Por lo tanto, es poco probable que intente iniciar un proceso de prohibición, que podría llevar años y desviar tiempo y energía de los grandes retos económicos que su coalición pretende resolver.
No obstante, preocupa el hecho de que, precisamente cuando están muriendo los últimos testigos del nazismo, los populistas de extrema derecha busquen resucitar “viejos y malignos fantasmas”, como advirtió recientemente el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, al conmemorar los 80 años del fin del régimen nazi.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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El pasado fin de semana, los líderes de Francia, Emmanuel Macron, Inglaterra, Keir Starmer, Alemania, Friedrich Merz, y Polonia, Donald Tusk aumentaron la presión sobre el presidente ruso, Vladímir Putin, para que acepte un alto al fuego de 30 días en Ucrania sin condiciones, advirtiendo que los aliados occidentales impondrán más sanciones a Moscú y aumentarán el apoyo militar a Kiev si Moscú no cumple, tras haber realizado una visita sorpresa a la capital de Ucrania, Kiev, y haber conversado vía telefónica con el presidente estadunidense, Donald Trump, quien se comprometió a respaldar esta iniciativa (eso es lo que afirma la parte europea).
Por su lado, el presidente ruso, Vladimir Putin, invitó a Ucrania a participar en conversaciones directas el 15 de mayo en Estambul, sin abordar directamente la petición de un alto al fuego de 30 días. Putin afirmó que Rusia buscaba “negociaciones serias con el objetivo de “avanzar hacia una paz duradera y sólida”, tras haber recibido en Moscú a varios dirigentes de países emergentes, como Lula da Silva, de Brasil y Xi Jinping, de China.
El presidente francés, Emmanuel Macron, respondió directamente a la exigencia de Rusia y declaró a los periodistas que “cualquier cosa que perturbe el proceso imponiendo condiciones es, en cierto modo, una táctica dilatoria para evitar la paz”. Peskov, el vocero del Kremlin, afirmó posteriormente que Moscú tendría que reflexionar sobre ello, al tiempo que advirtió de que intentar presionar a Rusia era inútil.
En dado caso que se concrete, el presidente Macron anunció que el alto al fuego contaría con la supervisión principalmente de los Estados Unidos de América, a la que contribuirán todos los europeos que hacen parte de la coalición de voluntarios, un formato de defensa militar pensado por París a principios de este año.
Por su lado, el canciller alemán, Merz, declaró en una rueda de prensa en Kiev que agradecía el apoyo del presidente estadunidense a la iniciativa europea. Según varios analistas europeos, la reunión de Kiev fue un gran éxito, sobre todo porque los líderes lograron involucrar a Trump y obtener su respaldo, aunque también se advirtió que el presidente estadunidense tiende a cambiar rápidamente de opinión.
Ahora mucho depende de cómo reaccione Putin a las demandas occidentales. El sábado, funcionarios de inteligencia en Kiev expresaron su preocupación de que Rusia pudiera lanzar nuevos ataques aéreos contra la capital ucraniana en los próximos días, lo que sería una respuesta sombría que se burlaría de los esfuerzos de paz occidentales. Según los medios de comunicación alemanes, un funcionario del gobierno alemán dijo que Merz y sus compañeros líderes habían dado instrucciones a sus asesores de política exterior para que comenzaran inmediatamente los preparativos para un acuerdo de paz duradero en caso de que Rusia aceptara las peticiones de un alto al fuego incondicional. Merz declaró que los líderes de varios otros países –desde Canadá hasta Turquía y Nueva Zelanda– se habían unido a la reunión de Kiev por videoconferencia y apoyaban los esfuerzos para presionar a Putin. Por su lado, el dirigente ucraniano afirmó que en dado caso que Putin no acepte este alto al fuego incondicional, nuevas sanciones europeas serán dirigidas al sector energético y al sistema bancario de Rusia.
Otro resultado concreto de la reunión del sábado es que los aliados occidentales quieren aumentar el apoyo financiero y logístico a Kiev, lo que permitirá a la parte ucraniana disponer de más armas sobre el terreno, como tanques, drones y munición, pero también misiles de largo alcance. Frente a las preguntas de los medios de comunicación, que querían tener más detalles de estos paquetes de ayuda, el canciller alemán Merz intentó cerrar el debate argumentando que no haría comentarios sobre esas cuestiones. De hecho, el gobierno alemán declaró antes de la reunión del sábado que ya no comunicaría qué tipo de apoyo militar prestaría Alemania a Kiev, lo que significa que Berlín dejará de publicar listas detalladas de las armas y municiones enviadas a Ucrania.
Ahora, falta saber cuál será la reacción de Putin a esta iniciativa.

* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE).

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