El pasado fin de semana, los líderes de Francia, Emmanuel Macron, Inglaterra, Keir Starmer, Alemania, Friedrich Merz, y Polonia, Donald Tusk aumentaron la presión sobre el presidente ruso, Vladímir Putin, para que acepte un alto al fuego de 30 días en Ucrania sin condiciones, advirtiendo que los aliados occidentales impondrán más sanciones a Moscú y aumentarán el apoyo militar a Kiev si Moscú no cumple, tras haber realizado una visita sorpresa a la capital de Ucrania, Kiev, y haber conversado vía telefónica con el presidente estadunidense, Donald Trump, quien se comprometió a respaldar esta iniciativa (eso es lo que afirma la parte europea).
Por su lado, el presidente ruso, Vladimir Putin, invitó a Ucrania a participar en conversaciones directas el 15 de mayo en Estambul, sin abordar directamente la petición de un alto al fuego de 30 días. Putin afirmó que Rusia buscaba “negociaciones serias con el objetivo de “avanzar hacia una paz duradera y sólida”, tras haber recibido en Moscú a varios dirigentes de países emergentes, como Lula da Silva, de Brasil y Xi Jinping, de China.
El presidente francés, Emmanuel Macron, respondió directamente a la exigencia de Rusia y declaró a los periodistas que “cualquier cosa que perturbe el proceso imponiendo condiciones es, en cierto modo, una táctica dilatoria para evitar la paz”. Peskov, el vocero del Kremlin, afirmó posteriormente que Moscú tendría que reflexionar sobre ello, al tiempo que advirtió de que intentar presionar a Rusia era inútil.
En dado caso que se concrete, el presidente Macron anunció que el alto al fuego contaría con la supervisión principalmente de los Estados Unidos de América, a la que contribuirán todos los europeos que hacen parte de la coalición de voluntarios, un formato de defensa militar pensado por París a principios de este año.
Por su lado, el canciller alemán, Merz, declaró en una rueda de prensa en Kiev que agradecía el apoyo del presidente estadunidense a la iniciativa europea. Según varios analistas europeos, la reunión de Kiev fue un gran éxito, sobre todo porque los líderes lograron involucrar a Trump y obtener su respaldo, aunque también se advirtió que el presidente estadunidense tiende a cambiar rápidamente de opinión.
Ahora mucho depende de cómo reaccione Putin a las demandas occidentales. El sábado, funcionarios de inteligencia en Kiev expresaron su preocupación de que Rusia pudiera lanzar nuevos ataques aéreos contra la capital ucraniana en los próximos días, lo que sería una respuesta sombría que se burlaría de los esfuerzos de paz occidentales. Según los medios de comunicación alemanes, un funcionario del gobierno alemán dijo que Merz y sus compañeros líderes habían dado instrucciones a sus asesores de política exterior para que comenzaran inmediatamente los preparativos para un acuerdo de paz duradero en caso de que Rusia aceptara las peticiones de un alto al fuego incondicional. Merz declaró que los líderes de varios otros países –desde Canadá hasta Turquía y Nueva Zelanda– se habían unido a la reunión de Kiev por videoconferencia y apoyaban los esfuerzos para presionar a Putin. Por su lado, el dirigente ucraniano afirmó que en dado caso que Putin no acepte este alto al fuego incondicional, nuevas sanciones europeas serán dirigidas al sector energético y al sistema bancario de Rusia.
Otro resultado concreto de la reunión del sábado es que los aliados occidentales quieren aumentar el apoyo financiero y logístico a Kiev, lo que permitirá a la parte ucraniana disponer de más armas sobre el terreno, como tanques, drones y munición, pero también misiles de largo alcance. Frente a las preguntas de los medios de comunicación, que querían tener más detalles de estos paquetes de ayuda, el canciller alemán Merz intentó cerrar el debate argumentando que no haría comentarios sobre esas cuestiones. De hecho, el gobierno alemán declaró antes de la reunión del sábado que ya no comunicaría qué tipo de apoyo militar prestaría Alemania a Kiev, lo que significa que Berlín dejará de publicar listas detalladas de las armas y municiones enviadas a Ucrania.
Ahora, falta saber cuál será la reacción de Putin a esta iniciativa.

* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE).

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La semana pasada, la Corte Constitucional hundió parcialmente el Estado de Excepción declarado por el presidente Gustavo Petro en el noreste de Colombia para responder a la crisis humanitaria provocada por una ofensiva del ELN en enero. Petro asumió facultades extraordinarias en la región del Catatumbo para prestar ayuda humanitaria a las decenas de miles de desplazados por la ofensiva del ELN, en la que murieron al menos 80 personas.
Además, el presidente pretendía utilizar los poderes extraordinarios para atajar causas históricas como el narcotráfico y la exclusión económica que alimentan el poder de grupos armados ilegales como el ELN en la frontera con Venezuela. La Corte sólo aprobó medidas de emergencia relacionadas con “la intensificación de las confrontaciones entre el ELN y otros grupos armados ilegales, los ataques contra la población civil y los firmantes del Acuerdo Final de Paz con las FARC”, los grupos guerrilleros que abandonaron la región como parte de un proceso de paz en 2017. El mismo fallo dijo que el gobierno tendría que buscar apoyo del Congreso para enfrentar “la presencia histórica del ELN, la concentración de cultivos ilícitos, las deficiencias e incumplimientos en la implementación del (programa de sustitución de cultivos) PNIS, las necesidades básicas insatisfechas de la población por insuficiente política social y los daños a la infraestructura energética y vial, así como la afectación a las operaciones del sector de hidrocarburos”. Tres de los siete magistrados, entre ellos el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, querían hundir todo el Estado de Excepción y todas las medidas de emergencia adoptadas sin el Congreso en los últimos tres meses.
A pesar del decepcionante resultado para el gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, celebró la decisión de la Corte de aprobar que “se inviertan en el Catatumbo más de 2.7 billones de pesos colombianos (644.7 millones de dólares) para restablecer el orden, la soberanía, erradicar cultivos ilícitos, construir carreteras, sedes universitarias y puestos de salud, y el retorno a su territorio de 64 mil desplazados”. Y es que no se trata de la única mala noticia que ha vivido el Presidente colombiano en las últimas semanas.
En efecto, el ex canciller Álvaro Leyva publicó hace unos días en la red social X una carta de cuatro páginas cuidadosamente redactada, en la que acusa al presidente Gustavo Petro de drogadicción, poniendo en duda su capacidad de gobernar Colombia. Leyva, de 82 años, es una figura enigmática de la política colombiana que desde hace tiempo desafía cualquier categorización fácil. Aunque pertenece a las élites tradicionalmente conservadoras, pasó décadas abogando por una paz negociada con los grupos guerrilleros de izquierda, incluido el M-19, del cual Petro fue un militante de rango medio. En este sentido, Leyva, no se anduvo con rodeos. “Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción”, escribió Leyva, en referencia a un viaje oficial a Francia en junio de 2023 durante el cual Petro supuestamente desapareció de las actividades de su delegación durante dos días. “Su recuperación lamentablemente no se ha producido”. En uno de los pasajes más punzantes de la carta, Leyva advierte a su ex superior que “sus días en el gobierno serán recordados por el caos y la improvisación”. El ex diplomático también alega que los ayudantes más cercanos del presidente –el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la actual ministra de Asuntos Exteriores, Laura Sarabia– “miran para otro lado” y que “la verdad se ha vuelto incómoda, y quienes la dicen son tratados como enemigos”.
Petro, que ya ha sido noticia por calificar la cocaína de “no peor que el whisky” y abogar por su legalización, respondió con ligereza a las palabras de Leyva: “¿No hay parques, museos, librerías en París que son más interesantes que el escritor?”, comentó el presidente. “Casi todo en París es más interesante. ¿No tengo allí hijas y nietas mucho más interesantes que el escritor?”. Mientras Petro ha desviado el tema del abuso de sustancias, la acusación de Leyva ha aterrizado con fuerza en medio de un momento ya tenso para la presidencia. La carta de Leyva, y la decisión de la Corte Constitucional, han revitalizado a la oposición mientras el país comienza a prepararse para una campaña para elegir al sucesor de Petro en 2026. No se puede descartar una alternancia hacia la derecha el próximo año.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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El pasado lunes, los liberales de Mark Carney ganaron las elecciones federales de Canadá. Se trata de un giro político asombroso para un partido al que se consideraba muerto y enterrado hace tan solo unos meses. Todavía no está claro si este partido –que ha estado en el poder durante casi una década– será capaz de asegurar una mayoría absoluta. En cualquier caso, el nuevo Primer Ministro se enfrenta a grandes retos, como las divisiones en el país que ha puesto de manifiesto la campaña.
No cabe duda de que las amenazas arancelarias y los comentarios del Presidente de Estados Unidos en los que menoscababa la soberanía de Canadá han desempeñado un papel fundamental en estas elecciones, convirtiendo de repente el liderazgo y la supervivencia económica del país en los temas definitorios de la campaña. Mark Carney los utilizó a su favor, enfrentándose tanto a Trump como a su principal rival en la oposición, el líder conservador Pierre Poilievre.
Carney advirtió que Canadá se encontraba en un momento de crisis, afirmando con frecuencia durante la campaña –y en su discurso de victoria– que Trump “quiere rompernos para que Estados Unidos sea nuestro dueño”. Poilievre mencionó a Trump con mucha menos frecuencia durante la campaña, centrando su mensaje en cuestiones internas –el costo de la vida, la crisis de la asequibilidad de la vivienda y la delincuencia– y atacando a los liberales por su historial en esos asuntos.
Carney, que ha declarado que la antigua relación con Estados Unidos “ha terminado”, planea iniciar negociaciones sobre una nueva relación económica y de seguridad inmediatamente después de las elecciones. A principios de año, Carney era un antiguo banquero central sin experiencia como político. A mediados de marzo, prestaba juramento como primer ministro –el primero que nunca había ocupado un cargo público electo– tras una rotunda victoria en la carrera por el liderazgo liberal.
Ahora, se ha presentado al electorado canadiense por primera vez, ha ganado un escaño en la Cámara de los Comunes en la zona de Ottawa y ha conducido a su partido a una victoria improbable. Carney llevaba tiempo coqueteando con la idea de entrar en la política canadiense, y aprovechó su momento para lanzarse tras la repentina dimisión del ex Primer Ministro Justin Trudeau en enero.
También aprovechó al máximo el nuevo panorama político, apoyándose en su experiencia ayudando a Canadá y al Reino Unido a superar crisis anteriores en un momento en que los canadienses se sentían preocupados por su futuro económico. El anuncio de Trump a finales de marzo de imponer gravámenes globales a las importaciones extranjeras de automóviles dio a Carney la oportunidad de conservar su puesto. Fue capaz de alejarse de la pista y asumir el papel de primer ministro, concertando una llamada con el presidente y reuniéndose con ministros del Gabinete estadunidense.
En otro momento político, este cuadro habría sido un trampolín para los conservadores. En 2011, los conservadores obtuvieron la mayoría con el 39.6 por ciento de los votos. El líder conservador, Pierre Poilievre, va camino de superarla esta vez, con aproximadamente el 41.4 por ciento de los votos según la mayoría de los sondeos. Pero con el voto progresista uniéndose en torno a los liberales, esas cifras no fueron suficientes esta vez. El golpe más duro fue la derrota de Poilievre en Carleton, Ontario.
Hace sólo unos meses, su partido tenía el camino despejado hacia la victoria y ahora tendrán que encontrar la manera de seguir adelante tras una serie de derrotas electorales. Es el tercer líder que han tenido desde que los liberales arrasaron en las elecciones de 2015. Los resultados electorales han puesto de manifiesto divisiones en Canadá que podrían suponer un reto para Carney. En particular, los liberales se han quedado fuera de Alberta y Saskatchewan, provincias de las praderas ricas en petróleo y gas en las que el sentimiento de distanciamiento del centro del poder en Ottawa se ha encarnado durante mucho tiempo. Incluso antes de las elecciones, algunos en esas regiones advertían de una crisis de unidad nacional si los liberales ganaban otro mandato. Carney aludió a esas divisiones en su discurso de victoria, reconociendo a los millones de personas que habían votado por un resultado diferente.

* Politólogo, miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE).

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La semana pasada, los dirigentes del Partido Liberal (PL) – agremiación del expresidente Jair Bolsonaro– en el Congreso brasileño, sometieron al presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, un pedido de “amnistía” para los responsables del intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 contra los tres poderes, en Brasilia. Si este pedido avanza favorablemente, no solamente el proyecto de ley de amnistía legalizaría la tentativa de golpe, sino que la puede resucitar.
Para tener una idea de lo grave que podría resultar la aprobación de esta propuesta, es necesario recordar que justo después del fracaso de la tentativa de golpe el 8 de enero, la versión oficial de Jair Bolsonaro fue que los golpistas eran infiltrados del Partido de los Trabajadores (PT, la formación política del Presidente Luiz Inacio Lula da Silva), delincuentes que, además de ser detenidos, deberían ser desenmascarados como comunistas. Sin embargo, la realidad fue muy diferente: se trató de militantes bolsonaristas, de extrema derecha, que vandalizaron la Plaza de los Tres Poderes tras ser movilizados desde varias partes del país con el financiamiento de empresarios cercanos al expresidente de extrema derecha (en particular, del sector agrícola).
El proyecto de ley indulta completamente a todos los golpistas, incluido a los implicados en actos anteriores relacionados de algún modo con el 8 de enero. También restablece los derechos políticos de todos los dirigentes golpistas, incluyendo a Jair Bolsonaro. En otras palabras, si el proyecto de ley avanza y los golpistas son amnistiados, Bolsonaro dará el discurso exactamente opuesto al de sus abogados actualmente. En lugar de decir que no tuvo nada que ver en la tentativa de golpe, gritará al mundo que todo fue idea suya.
La tentativa de amnistía para los golpistas es tan descarada que el líder del PL en la Cámara de Diputados, el diputado Sóstenes Cavalcante, se opone a un acuerdo que se limite a la revisión de sentencias en la Corte Suprema, lo cual les daría un mayor margen de maniobra. El exige que la amnistía sea amplia e irrestricta. ¿Como explicar que más de 260 diputados han respaldado tal demanda, a pesar de que la mayoría de ellos no han sido implicados formalmente por la justicia? Parte de la respuesta puede venir del retraso con el cual la policía federal ha actuado en este caso, no tanto por una voluntad de regalar la impunidad a estos actores políticos, sino por la dimensión de los actos golpistas de Jair Bolsonaro y de su equipo, que ha movilizado a numerosos agentes durante los últimos meses. Por ejemplo, el pastor evangélico Silas Malafaia grabó un video llamando a Bolsonaro a dar un golpe a finales del año de 2022, sin que este último haya sido todavía inquietado por las autoridades. Varios diputados y senadores que hicieron llamados o comentarios similares a los de Malafaia, se encuentran en el mismo caso.
Como lo decíamos anteriormente, el proyecto de ley de amnistía legaliza el golpe, pero no sólo hace eso: lo resucita. En efecto, esta iniciativa también prevé castigos para las autoridades que hayan investigado, juzgado o castigado a Bolsonaro y su equipo. También allana el camino para arrestar no sólo a los ministros de la Corte Suprema que defendieron la democracia, sino también a los policías que descubrieron la trama golpista. Esto es exactamente lo que Trump está haciendo con las autoridades, policías y bufetes de abogados que denunciaron sus crímenes durante su primer mandato. Ahora tenemos que esperar que los golpistas no encuentren suficientes ladrones en el Congreso para chantajear a la democracia. Si fuese el caso, y la amnistía llegase a avanzar en el poder legislativo, tanto el Presidente Lula como los magistrados de la Corte Suprema deberían actuar con firmeza para evitar un retroceso democrático. Ambos disponen de los instrumentos necesarios para ello. Y todo indica que los utilizarán para preservar a la mayor democracia de América del Sur.

* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE).

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Desafiando predicciones y expectativas, el actual presidente Daniel Noboa ganó las elecciones presidenciales en Ecuador con una clara ventaja, asegurando su poder en un momento en que la derecha en el continente sudamericano mira al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como un modelo a emular. Según las encuestas realizadas el día de la elección, la postura de Noboa sobre la lucha contra el crimen organizado en medio de la crisis de seguridad del país resonó entre los votantes, a pesar de que aún no se ha traducido en resultados concretos. Esto produjo una verdadera sorpresa electoral: Noboa ganó 1.3 millones de votos con respecto a la primera vuelta. González sólo ganó unos 160 mil. Este resultado es matemáticamente improbable en términos del cómo se dividieron los votos después de la primera vuelta y de que el resultado no coincida con las encuestas publicadas la víspera de la segunda vuelta. Sin embargo, estos elementos no bastan para afirmar que ha habido fraude. Los observadores electorales no han señalado ninguna irregularidad grave. A pesar de ello, Luisa González se negó a reconocer inmediatamente el resultado y pidió un recuento. Sin embargo, varias figuras del correísmo, en particular los alcaldes de Quito y Guayaquil, las dos principales urbes del país, reconocieron el mismo día la victoria electoral de Noboa, presagiando tiempos complejos para el grupo político fundado por el expresidente Rafael Correa, que sigue cuestionando los resultados electorales en sus redes sociales.
¿Por qué no fue prevista la victoria de Noboa por las encuestas? Incluso las encuestas más favorables a él, que fueron compartidas vacilante y silenciosamente por las firmas encuestadoras que erraron en la primera vuelta, no predijeron una victoria tan grande. Todos ajustaron sus modelos después de la primera vuelta y no supieron reflejar lo que parece ser un cambio importante en las tendencias del electorado en las últimas semanas. Este asunto deberá ser analizado a profundidad por los investigadores en ciencias sociales, teniendo en cuenta el histórico de Ecuador en materia de inestabilidad política: en efecto, se trata del único presidente en los últimos veinte años (junto con el expresidente Rafael Correa) en haber logrado reelegirse en el cargo.
Esto nos conduce a reflexionar sobre el sentido del mandato dado por los ecuatorianos a Noboa, que tendrá ahora cuatro años para gobernar a Ecuador. Con este resultado, los ciudadanos le dieron su apoyo para que continúe con sus políticas económicas y de seguridad, a pesar de que ellas puedan ser cuestionables desde el punto de vista institucional y del respeto a los derechos humanos. A nivel regional, la victoria de Noboa refleja que la derecha (y la extrema derecha) latinoamericana conservará el gobierno en Ecuador. El ámbito de las relaciones exteriores es un punto clave para el nuevo mandato de Noboa, más allá del acercamiento –o alineamiento– con Estados Unidos. Sus conexiones con otros países son significativas: existe una relación entre Noboa y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, así como existe una relación estrecha entre Noboa y Donald Trump (a principios de abril, Noboa se reunió con este último en Mar-a-Lago, Florida). Sin embargo, no hay todavía un guión sobre cómo se posicionará el país, no sólo en materia de narcotráfico e inseguridad, sino de manera más general a nivel internacional.
Los medios de comunicación ecuatorianos han afirmado que el presidente Noboa se está preparando para albergar a las fuerzas militares estadunidenses en una nueva base naval en la costa ecuatoriana, en la ciudad de Manta. En 2024, Noboa presentó una enmienda parcial de la Constitución para modificar un artículo que prohíbe la existencia de bases militares extranjeras e instalaciones con fines militares en el país. Si se aprueba el proyecto, se someterá a referéndum para que los ciudadanos voten. Habrá que ver en ese momento si la situación de seguridad mejora –o no.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE).

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El día de hoy, varios jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe, reagrupados dentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), se reunirán en Honduras, oficialmente para dar paso a la presidencia pro tempore de Colombia a la cabeza de este organismo, y realmente para pensar en una reacción latinoamericana ante las embestidas de Donald Trump hacia América Latina. El diagnóstico es conciso: Trump tiene una agenda negativa con los países de la región que, hasta ahora, tiene como elementos centrales las deportaciones de inmigrantes y la implementación de aranceles comerciales. Es una agenda punitiva ante la cual la región aún no ha reaccionado de forma articulada. La Celac atraviesa un momento de profunda fragilidad, pero los presidentes progresistas de la región, como Claudia Sheinbaum, Lula y sus aliados en esta cruzada, buscarán alternativas para superar una fase de profundas divisiones.
El principal obstáculo para alcanzar consensos en la cumbre regional es la presencia de aliados de Trump, como el argentino Javier Milei y el salvadoreño Nayib Bukele.
Brasil llevará varias propuestas a Honduras, entre ellas la idea de proponer a una personalidad de la región para postularse a la Secretaría General de la ONU en 2026. El último latinoamericano en el cargo fue el peruano Javier Pérez de Cuéllar, de 1982 a 1991. Antes, habrá una renovación de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el gobierno de Lula quiere asegurar un equilibrio entre sus integrantes. Existe el riesgo de que la CIDH tenga una mayoría de miembros conservadores, en algunos casos vinculados a Bolsonaro en Brasil.
Además de llamar a los 33 países de la organización (representados por jefes de Estado y de Gobierno, cancilleres y otras autoridades) a iniciar una etapa de mayor integración y unidad en tiempos difíciles para todos, también se piensa promover la participación de todos los países latinoamericanos en iniciativas como la Alianza Global contra el Hambre y la COP30, donde Brasil espera que América Latina y, sobre todo, los países amazónicos, tengan una voz unificada.
La Celac, creada en 2010 como un espacio en el que, a diferencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), no participa Estados Unidos, es ante todo un foro de debate, en el que las declaraciones presidenciales y ministeriales se aprueban por consenso. El problema actual es precisamente ése: la necesidad de consenso. Y el principal escollo en cualquier búsqueda de unidad en la Celac es la Argentina de Javier Milei, que ha actuado como portavoz de Estados Unidos desde que asumió el cargo: cuando la Celac intentó sellar una declaración contra las amenazas de Trump a Panamá, Argentina la vetó. Frente a ello, países como Brasil y Colombia quieren reactivar la Celac y, en paralelo, promover articulaciones con un grupo más reducido de países. Así lo hicieron a la hora de actuar en la elección del nuevo secretario general de la OEA, y funcionó.
Además de Milei, la CELAC tiene otro gran problema: la Venezuela de Nicolas Maduro. La presencia del venezolano aún no está confirmada y, como siempre, será un secreto muy bien guardado hasta el día de la reunión. Si Maduro acude y solicita conversar con presidentes de la región, lo más probable es que estos últimos no puedan negarse.
No obstante, es poco probable que Maduro vaya a Honduras. Sobre todo porque existe el riesgo de que su avión se vea obligado, por ejemplo, a aterrizar en Panamá en la ruta entre Caracas y Tegucigalpa. El venezolano tiene una orden de captura internacional emitida por el gobierno de Estados Unidos, que lo acusa de narcoterrorismo, y por la justicia argentina por presuntos delitos de lesa humanidad, y salir de Venezuela siempre es un riesgo.
A pesar del momento crítico en la relación entre los países de la Celac y Estados Unidos, existe la posibilidad de que no se llegue a una declaración final por falta de consenso. Además de Milei, el presidente estadunidense cuenta con otros aliados, entre ellos El Salvador, Paraguay y el actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que se presentará a una segunda vuelta dentro de una semana.

* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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El pasado lunes la justicia francesa tomó una decisión simple, pero al mismo tiempo firme: declaró a Marine Le Pen, lideresa del partido Encuentro Nacional, de extrema derecha, culpable de malversación de fondos del Parlamento Europeo y le prohibió inmediatamente presentarse a las elecciones durante cinco años. Si su apelación fracasa, será condenada a cuatro años de prisión, dos de ellos suspendidos y dos bajo arresto domiciliario.
Para ella, que era hasta ahora la favorita para ser la próxima presidenta de Francia, existe una decisión trascendental que tomar: tras haber sido inhabilitada para presentarse en las elecciones de 2027, ¿se retirará pacíficamente o incendiará la casa? Lo que elija tendrá un gran impacto en la política del país durante los próximos años y más allá; y sea cual sea el camino que siga, estará lleno de riesgos y complicaciones.
Podría optar por hacerse a un lado y darle a su protegido, Jordan Bardella, aun cuando tiene solo 29 años, la oportunidad más clara posible de ganar apoyo antes de las próximas elecciones presidenciales. Pero, ¿dar la corona a un candidato tan inexperto reduciría o no las posibilidades de que su partido, Encuentro Nacional, consiga la presidencia en las elecciones de 2027? ¿Y quedarse humildemente al margen desperdiciaría o no el capital político que podría traer el veredicto del lunes?
O podría plantarse y desatar una guerra relámpago todopoderosa, castigando al sistema judicial francés con una mano y derribando al gobierno con la otra. Pero, ¿no podría eso indignar a los votantes franceses y hundir el apoyo al partido que ha pasado construyendo toda su vida?
Le Pen y sus aliados ya están calificando la decisión del tribunal de escándalo democrático, sugiriendo que no aceptarán el veredicto sin más.
“Esta noche, millones de franceses están indignados, indignados hasta un punto inimaginable, ya que, en Francia, el país de los derechos humanos, los jueces han implementado prácticas que se pensaban reservadas a los regímenes autoritarios”, dijo Le Pen en una entrevista con la cadena de televisión TF1 el lunes. Queda un largo camino por recorrer. Le Pen es uno de los rostros más conocidos y populares de la política francesa. Su partido es el más grande en el Parlamento francés y obtuvo el mayor porcentaje de votos en las elecciones europeas del año pasado.
A corto plazo, es el gobierno del presidente Emmanuel Macron el que podría verse afectado. En los últimos días, pesos pesados del partido de Le Pen, Encuentro Nacional, han amenazado con derrumbarlo. Los leales a Le Pen podrían verse tentados ahora a cumplir esas amenazas, presentando una moción de censura sobre la política energética, que podría tener éxito si otros partidos de la oposición –necesitaría que la izquierda se uniera– deciden votar a favor. El partido Encuentro Nacional se ha abstenido de derrocar al Gobierno desde que el centrista François Bayrou fue nombrado en diciembre. Sin embargo, las cosas podrían cambiar. Si fuera el caso, el papel del partido socialista y sus 66 diputados en la cámara de diputados se volverían el fiel de la balanza, salvando la vida –o no– del gobierno de François Bayrou. Al día de hoy, todo indica que los socialistas no votarán la censura, lo que provocará que la extrema derecha, sin líder, tienda a radicalizarse todavía más.
En este sentido Le Pen, que abandonó el tribunal antes de que se emitiera el veredicto, podría decidir seguir el ejemplo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que hizo campaña en contra de los procedimientos judiciales iniciados contra él. Podría presentar la decisión como una venganza política de la izquierda y tratar de galvanizar a sus partidarios para hacer campaña contra el establishment político: de hecho, ese fue justamente el mensaje del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que publicó un mensaje en su red social X en francés, para demostrar su solidaridad con la dirigente de extrema derecha.

* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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Los dos candidatos clasificados para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ecuatorianas, previstas para el 13 de abril, se enfrentaron el domingo 23 de marzo por la noche en un debate en la televisión. Durante este tenso intercambio entre el presidente saliente Daniel Noboa, del partido ADN, y Luisa González, de la Revolución Ciudadana (RC) del expresidente Rafael Correa, los ataques directos prevalecieron sobre las propuestas de los candidatos. Daniel Noboa, un empresario de 37 años, obtuvo en la primera vuelta solo 16 mil 746 votos más que su oponente, una abogada y ex ministra de 47 años. Este resultado fue celebrado por los correístas, que no había conseguido rebasar el umbral del 40 por ciento de los votos desde la última elección en la cual Rafael Correa había sido candidato a la Presidencia.
A nivel de las elecciones legislativas, tanto ADN como RC se posicionaron como las principales fuerzas políticas en el Congreso, lo que les permitirá gobernar con mayoría en dado caso que una u otra fuerza consigan construir una coalición con las otras fuerzas políticas (minoritarias) representadas en el Parlamento. Este hecho, inédito desde hace casi diez años, será instrumental para emprender las reformas que el país necesita, en dado caso que el (o la) vencedor(a) de la elección decida llevarlas a cabo.
Desde el comienzo del debate, Daniel Noboa y Luisa González se acusaron mutuamente de mentir y de la supuesta participación de sus familiares y partidarios en casos de narcotráfico y corrupción. Luisa González, actualmente a la cabeza de las encuestas, atacó el balance del presidente saliente en la lucha contra la delincuencia. Por su lado, recordando los resultados obtenidos en el último año, Daniel Noboa prometió intensificar los esfuerzos de las autoridades contra los carteles de la droga y reiteró su petición de una intervención extranjera contra el tráfico.
En efecto, en 2008, el expresidente Rafael Correa puso fin a un acuerdo que permitía a Washington utilizar una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en el puerto de Manta, en el suroeste del país, para operaciones de lucha contra el narcotráfico (la candidata Luisa González se presenta como la heredera del expresidente).
Daniel Noboa había anunciado hace una semana una alianza con el fundador de la empresa militar privada Blackwater, el estadunidense Erik Prince, para luchar contra la delincuencia. Su oponente, Luisa González, denunció este acuerdo como una “humillación” para las fuerzas ecuatorianas (de hecho, cualquier presidente ecuatoriano debe obtener una modificación de la Constitución para autorizar una base militar extranjera). Prometiendo tener “mano dura” contra la delincuencia, la candidata anunció que “no dudará en utilizar toda la fuerza del Estado para reprimir a quienes nos matan, nos roban y nos extorsionan”.
Desde 2024, Daniel Noboa ha librado una guerra contra los cárteles de la droga que se disputan el poder. La tasa de homicidios en el país, que había pasado de seis por cada 100 mil habitantes en 2018 a un récord histórico de 47 en 2023, se redujo a 38 por cada 100 mil habitantes en 2024 con la movilización de las fuerzas armadas en las calles. Pero este año las cifras están aumentando de nuevo, lo que ha provocado la preocupación de la población. En este sentido, la candidata de la izquierda que aspira a convertirse en la primera mujer elegida para dirigir Ecuador ha prometido un cambio en materia de economía y seguridad.
Ambos candidatos se acusaron mutuamente de querer desdolarizar el país. Luisa González indicó que reconocería el régimen venezolano de Nicolas Maduro, pero queda por ver si este debate convenció a los indecisos, que serán la clave de la victoria el próximo 13 de abril. El estrecho margen en las encuestas entre los dos candidatos puede presagiar un conflicto postelectoral en caso de que esta tendencia se confirme el día de la elección. Se espera que unos 13.7 millones de votantes acudan a las urnas el 13 de abril.

* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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El centro de Buenos Aires se convirtió en un campo de batalla el 12 de marzo, cuando una protesta de jubilados, apoyada por hinchas de futbol y vándalos, fue violentamente disuelta por la policía cerca del Congreso argentino. Mientras tanto, en el interior del Parlamento se produjo otra reyerta entre fuerzas del gobierno y de la oposición al presentarse una propuesta para despojar al Presidente Javier Milei de sus “superpoderes”, levantándose la sesión antes de que pudiera debatirse.
Los jubilados llevan protestando desde que Milei asumió el cargo. Aunque las pensiones se han mantenido bajas frente a la inflación durante la última década, el gobierno libertario las congeló en diciembre de 2023, cuando se produjo una devaluación masiva del peso argentino. Luego, se actualizaron siguiendo la inflación, pero Milei bloqueó todos los intentos de la oposición de compensar esa pérdida, llegando incluso a llamar “héroes” a los legisladores que se opusieron a las iniciativas. La pensión mínima mensual actual, de 349.121 pesos argentinos (280 dólares), es técnicamente superior a la que pagaban los gobiernos anteriores, pero el aumento del costo de la vida ha dejado a los jubilados sin capacidad para cubrirsus necesidades básicas (la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires calcula que un jubilado que viva solo necesita al menos mil 200.523 pesos argentinos –el equivalente a 970 dólares– al mes para hacer frente a todos los gastos).
Las tensiones han ido en aumento en las últimas semanas, ya que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha promovido una política de tolerancia cero contra las protestas que perturban el tránsito público. Aunque las protestas fueron organizadas por hinchas normales, el gabinete del Presidente Milei aprovechó la oportunidad para asociar a todos los manifestantes con “barras bravas”, como se conoce en Argentina a los grupos de hooligans. En respuesta, Bullrich prometió un estricto control del tránsito público y la seguridad durante la marcha y prometió prohibir en el futuro la entrada a los estadios de fútbol a cualquier persona violenta. La protesta comenzó pacíficamente en la tarde del 12 de marzo, pero fue violentamente disuelta cuando la policía intentó impedir que los aficionados al fútbol interrumpieran el tránsito en torno al Congreso. A continuación, las fuerzas de seguridad desalojaron la zona, atacando a vándalos, aficionados, jubilados, periodistas e incluso transeúntes. Unas 150 personas fueron detenidas y decenas resultaron heridas.
Las escenas de violencia desataron la indignación en las redes sociales al difundirse imágenes de la represión. Beatriz Blanco, pensionista de 87 años, fue hospitalizada tras golpearse la cabeza contra el suelo cuando un agente de policía la empujó. Dos estudiantes de secundaria, de 14 y 12 años, fueron detenidos cuando salían de clase y permanecieron esposados en la calle durante horas, según la madre de uno de ellos. La escena más icónica y dramática fue el ataque al fotoperiodista freelance Pablo Grillo, que estaba cubriendo la protesta cuando fue alcanzado en la cabeza por un bote de gas disparado directamente contra él por agentes de policía cercanos, en lugar de ser disparado hacia arriba como exige el protocolo. Las imágenes de su cráneo abierto se difundieron en X, mientras que el joven de 35 años fue hospitalizado y permanece en estado crítico tras perder tejido cerebral y ser sometido a dos operaciones.
Mientras las protestas se sucedían en las calles, en el interior del Congreso se producía otro tipo de disputa. Representantes de la oposición de Unión por la Patria (el Partido Justicialista) intentaron aprovechar sus votos para proponer la revocación de los poderes delegados del Presidente Milei, comúnmente denominados “superpoderes”. Aunque la mayoría de los representantes de la Cámara habían abandonado el hemiciclo para bloquear el debate, algunos ex libertarios permanecieron en él. Pronto se enfrentaron a Lilia Lemoine, lugarteniente de Milei en el Congreso, que les exigió que se marcharan para romper el quórum. Lemoine se enfrentó entonces a otros dos diputados que la insultaron y le arrojaron un vaso de agua. La tensión fue en aumento y el enfrentamiento llegó a ser físico. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, aprovechó que un diputado de oposición se puso de pie, para obtener su retiro del recinto. Esto dejó a sólo 128 legisladores presentes –uno menos de los necesarios para el quórum– y Menem dio por terminada la sesión, evitando la derrota del gobierno. Si las cosas siguen así, la próxima vez es posible que el Mileismo enfrente su primera gran derrota legislativa.

* Miembro del comité asesor de la unidad del sur global de la London School of Economics (LSE)

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Desde el 1 de marzo, los submarinos estadunidenses no pueden recargar combustible frente a las costas noruegas por decisión del operador Haltbakk Bunkers. En un comunicado, la empresa justificó su decisión por el mayor “espectáculo de mierda presentado en directo por televisión” durante el acoso público del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su vicepresidente, J.D. Vance, contra el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Esta decisión no es aislada. Grupos de Facebook promueven llamamientos al boicot de productos estadunidenses en Dinamarca, Suecia y Canadá, donde el movimiento es más fuerte todavía.
Una investigación de la encuestadora estadunidense Yougov publicada la semana pasada mostró que desde la toma de posesión de Trump, la imagen positiva de Estados Unidos ha caído del 46 al 20 por ciento en Dinamarca, del 49 al 29 por ciento en Suecia, del 52 al 32 por ciento en Alemania y del 50 al 34 por ciento en Francia. Trump está haciendo grande de nuevo el antiamericanismo.
Desde su toma de posesión y su amenaza de convertir a Canadá en el estado número 51, el himno nacional estadunidense ha sido abucheado antes de los partidos de la NBA y la NHL. Existe una campaña estructurada para defender la compra de productos canadienses, con sellos especiales y odios específicos al whisky bourbon y los coches Tesla.
Víctima predilecta del acoso de Trump, el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau ha reaparecido políticamente en las últimas semanas. Sin apoyos ni siquiera en su propio Partido Liberal, Trudeau había anunciado su renuncia en enero, pero su suerte ha dado un vuelco desde que empezó a enfrentarse a la amenaza de la incorporación estadunidense. Un sondeo de Ipsos de esta semana mostraba que, desde la investidura de Trump, el número de votantes dispuestos a votar por los liberales ha crecido 26 puntos porcentuales, empatando con los conservadores por primera vez en cuatro años.
El domingo, el nuevo líder del Partido Liberal de Canadá y primer ministro del país, Mark Carley, atacó a Trump: “Hay alguien que está intentando debilitar nuestra economía: Donald Trump. Ha puesto aranceles injustificados a lo que construimos, a lo que vendemos y a cómo vivimos. Canadá nunca será parte de Estados Unidos”.
Estar cerca del presidente estadunidense se ha vuelto especialmente tóxico en Francia, donde el sentimiento de miedo a Rusia se mezcla ahora con el antiamericanismo. La semana pasada, la líder ultraderechista Marine Le Pen se quejó en una entrevista con Le Figaro de la “brutalidad” de Trump con Zelensky. “Nadie puede obligar a Estados Unidos a mantener su apoyo (a la guerra), pero es censurable no dar a Ucrania un tiempo razonable para adaptarse”, según ella.
La presidencia de Trump tiene un efecto global, no sólo por el poder económico, cultural y militar de Estados Unidos, sino porque difunde la creencia de que Estados Unidos ha cambiado para siempre. Se revisan las alianzas históricas con Canadá y Europa, y plantar cara a Estados Unidos se ve como un acto de independencia y valentía, no solo en los países en desarrollo, sino también en el seno de naciones históricamente cercanas de Washington, como el Reino Unido.
Brasil, por ejemplo, se enfrentará pronto a las amenazas de nuevos aranceles a la venta de acero, etanol y productos agrícolas. Imitador de Trump, al expresidente Jair Bolsonaro le costará explicar por qué está a favor de sanciones que perjudican a los productores de etanol o a los trabajadores de la siderúrgica Usiminas, en el estado de Minas Gerais.
Finalmente, del otro lado del Río Bravo, la presidenta Claudia Sheinbaum, ha llegado a sus primeros 100 días en el cargo con unos índices de aprobación del 80 por ciento, según una encuesta de Enkoll, en parte gracias a su firme postura pública contra Trump. Los repetidos aplazamientos de las prometidas sanciones estadunidenses a México se perciben como victorias de Sheinbaum. Habrá que ver cuánto tiempo se mantiene este proceso, teniendo en cuenta la gran imprevisibilidad del presidente norteamericano.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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