Europa abre una semana crucial para el futuro de su seguridad, tras una cumbre celebrada en Londres en la que se hicieron muchas promesas, pero se dieron pocas respuestas concretas. Un grupo de líderes europeos mundiales –entre ellos el ucraniano Volodymyr Zelensky– pasaron la tarde del domingo en el Palacio de Lancaster House de la capital británica reflexionando sobre la cuestión, que ha cambiado la historia, de si Estados Unidos sigue estando en el centro de la alianza defensiva occidental.
En efecto, el pasado viernes el presidente estadunidense, Donald Trump, dejó en evidencia su voluntad de tratar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como un actor pasivo en el reparto que se haría entre Estados Unidos y Rusia de su país. Este hecho dejó atónitos a los líderes europeos. Poco después de la sorprendente reprimenda de 15 minutos, la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, llegó a sugerir que Estados Unidos ya no lideraba el “mundo libre”. Esta afirmación tiene todavía más relevancia tras el anuncio de Trump de suspender toda la ayuda militar a Ucrania, el pasado lunes, dejando en evidencia la convergencia estratégica que se está gestando entre los gobiernos de Estados Unidos y Rusia, en contra de Ucrania y de la Unión Europea.
El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, que organizó la cumbre del 2 de marzo antes de la disputa entre Trump y Zelensky, se ve a sí mismo como una especie de constructor de puentes. En este sentido, su gobierno, junto con el de Francia y Ucrania, anunciaron su intención de elaborar un plan de paz y presentarlo a Trump, aunque más pasa el tiempo más parece improbable que pueda existir un acuerdo entre las partes.
El posible plan incluye una fuerza de mantenimiento de la paz liderada por el Reino Unido y Francia, que Starmer denominó “coalición de voluntarios”, un eco del grupo de países liderado por Estados Unidos que invadió Irak en 2003. El presidente francés, Emmanuel Macron, planteó a los medios de comunicación la idea de un alto al fuego de un mes que se aplicaría en el aire, en el mar y en la infraestructura energética.
Quién más está en esa coalición aún está en el aire. Según Starmer varios países firmaron a puerta cerrada en la cumbre su adhesión a la fuerza de mantenimiento de la paz, y añadió que ésta necesita el respaldo de Estados Unidos para funcionar, pero no quiso precisar qué gobiernos se habían comprometido.
Pero éstos también se están haciendo a la idea de que un mayor papel en la seguridad futura de Ucrania implica una mayor capacidad militar y, a su vez, el financiamiento para pagarla. En este sentido, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, hizo una serie de anuncios el pasado lunes. Entre ellos, podemos destacar la voluntad de la Comisión de invertir cerca de 800 billones de euros vía diferentes fondos europeos, para rearmar a los países europeos y prepararlos frente a una eventual invasión rusa, y para respaldar los esfuerzos de Ucrania para repeler la ofensiva de Moscú. Es probable que estas iniciativas ocupen un lugar central en la reunión de los 27 líderes nacionales de la UE que se celebrará el jueves en Bruselas. Si bien el Reino Unido no hace parte de la UE, algunos medios de comunicación han afirmado que Keir Starmer participará en la reunión como observador, para respaldar los anuncios que se puedan realizar durante la cumbre y avanzar rápidamente en una serie de acuerdos en materia de defensa. Todo apunta a que la reunión del jueves será un momento crítico. En este sentido, algunos líderes, en particular el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, apoyan más al presidente ruso, Vladimir Putin, que cualquier plan para defender a Europa de él, volviendo las cosas más complicadas de lo que parece. Entre más pasa el tiempo, más queda claro que estamos por vivir un tiempo de definiciones políticas estratégicas para el futuro de Ucrania, Europa y el mundo.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE).

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En muchos sentidos, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca es una mala noticia para los países en desarrollo. La retórica agresiva del presidente estadunidense y su desprecio por el “Sur Global”, evidenciado en declaraciones como los “países de mierda”, indican un período de tensas relaciones diplomáticas.
El desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) ya está poniendo en peligro la vida de millones de personas en países extremadamente pobres. La falta de compromiso con las cuestiones medioambientales y la salida de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) tienen el potencial de producir efectos devastadores, perjudicando la cooperación internacional en áreas críticas como la salud pública. La suspensión temporal de la ayuda militar estadunidense a Colombia, por ejemplo, pone en peligro las operaciones del país contra la guerrilla y los narcotraficantes, con posibles consecuencias para la seguridad fronteriza de Brasil. Una política migratoria más restrictiva podría afectar negativamente los mercados laborales de América Latina y reducir las remesas, particularmente importantes para los países como México y de América Central. Los ataques de Trump a los países del llamado grupo de los BRICS+ (cuyos miembros fundadores son Brasil, Rusia, India, China, África del Sur) y a Sudáfrica refuerzan la percepción de que su gobierno será hostil al Sur Global.
Además, Trump rechaza el multilateralismo y un orden basado en normas, que han sido, a pesar de violaciones ocasionales, importantes para proteger la soberanía y los intereses de numerosos países más pequeños. Es probable que la imposición de aranceles y la arriesgada política fiscal de Trump contribuyan a elevar los tipos de interés en Estados Unidos, lo que afectará desproporcionadamente a los países en desarrollo; al fin y al cabo, los elevados tipos de interés en Estados Unidos hacen que mercados emergentes como México resulten menos atractivos para los inversores. Todo ello amenaza con poner en peligro décadas de previsibilidad en la geopolítica mundial y obliga a los países a adaptarse a un escenario mucho más incierto.
Paradójicamente, sin embargo, los líderes y ciudadanos del Sur Global están menos preocupados por Trump que sus homólogos en Europa. Las encuestas de opinión indican que los ciudadanos del Sur Global tienden a ser más optimistas que los europeos sobre el impacto de Trump en sus países. El 84 por. iento de los indios cree que la elección de Trump es positiva para la India, mientras que el 61 por ciento de la población de Arabia Saudí cree que su elección será beneficiosa para ellos.
Parte de esta actitud puede explicarse por la ausencia de un discurso moralista en Trump, que algunos interpretan como un enfoque más sincero. A diferencia de otros presidentes estadunidenses del último siglo, no adopta un lenguaje marcado por la virtud moral, reconociendo francamente que Estados Unidos sólo actúa para defender sus propios intereses.
Es más, su aceptación del argumento ruso de que Moscú tiene derecho a su propia “zona de influencia” parece sellar el fin de la unipolaridad estadunidense, algo que ven con buenos ojos muchos países del Sur Global. Incluso una posible “paz a través de la debilidad” en Ucrania, que implicaría ceder a las demandas clave de Putin, generaría, a corto plazo, beneficios para el Sur Global debido al probable fin de las sanciones económicas estadunidenses contra Rusia y sus impactos negativos en los países más pobres. El ritmo más lento de la transición verde bajo Trump también beneficiaría a exportadores de petróleo como Nigeria, Venezuela y Guyana.
Aun así, sería un error subestimar el costo económico potencial y los retos geopolíticos que Trump plantea para el Sur Global. El tipo de mundo esbozado por el presidente estadunidense es el retorno de la ley de la selva, donde sólo los países más poderosos merecen un lugar en la mesa. Y si un país no está en la mesa, está en el menú.

* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics.

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Desde la semana pasada, el presidente de Argentina, Javier Milei, hace frente a su primera crisis política desde que asumió el cargo, en diciembre del 2023. En efecto, el presidente argentino Javier Milei se enfrenta a una investigación judicial y a peticiones de destitución después de promocionar una criptomoneda que se derrumbó rápidamente. Milei respaldó la moneda meme Libra en publicaciones en redes sociales el viernes pasado. Dijo que impulsaría la economía del país al financiar pequeñas empresas y emprendedores.
El respaldo de Milei hizo que el token se disparara de casi cero a más de 4 dólares, antes de caer a menos de 50 centavos pocas horas después de que se borraran las publicaciones. Según una ONG Argentina (el Observatorio del Derecho a la Ciudad), unas 40 mil personas se habrían visto afectadas, con pérdidas superiores a los 4000 millones de dólares. El lunes, el principal índice bursátil de Argentina cerró con una caída de más del 5 por ciento.
Las monedas meme son tipos de criptomonedas que a veces se basan en bromas de Internet. Antes de su toma de posesión, el presidente Donald Trump mismo y la primera dama Melania Trump lanzaron sus propias monedas: la moneda $Trump y la moneda $Melania. Las monedas provocaron la ira en el mundo de las criptomonedas, y los expertos criticaron a los Trump por burlarse del sector. En Argentina, un grupo de abogados presentaron denuncias por fraude en el tribunal penal durante el fin de semana. Algunos de ellos han especulado que el caso contra Milei podría clasificarse como un “rug pull”, cuando los promotores de una moneda atraen a compradores pero luego dejan de operar antes de que se desplome para embolsarse parte de las ganancias.
En este sentido, para uno de los demandantes, las acciones del presidente Milei significan que se ha cometido un “delito de fraude”. Tras la deposición de la demanda, un juez ha sido asignado por la justicia para investigar el caso. En el plano político, la principal coalición opositora de Argentina dijo que seguiría adelante con su intento de destituir a Milei, calificando su participación en la moneda como un escándalo sin precedentes.
La oficina de Milei se defendió afirmando que el presidente Milei compartió una publicación en sus cuentas y redes sociales, con el objetivo de crear empleos y obtener inversiones. Se deslindó también de haber participado en alguna etapa del desarrollo de la criptomoneda. La empresa que comercializó la criptomoneda respaldó esta afirmación.
Sin embargo, varios medios de comunicación argentinos afirmaron que varios socios comerciales de la empresa que comercializó la criptomoneda son cercanos a la hermana del presidente, Karina Milei, e incluso habrían dado detalles al jefe del ejecutivo de sus planes empresariales antes de su lanzamiento, sembrando dudas sobre la línea de defensa del Presidente argentino.
Hasta ahora, Milei había logrado sobrellevar todas las crisis, a pesar de no disponer de mayoría en el congreso. En este sentido, la llegada al poder de Donald Trump vino a reforzar el respaldo político –y económico– a su gobierno, que está en plena renegociación de su deuda soberana frente al Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, si la situación política continúa degradándose y si los medios hacen nuevas revelaciones sobre las relaciones entre este grupo de empresarios y la familia Milei, las cosas podrían complicarse seriamente para el líder anarco-libertario. Según varios analistas, a pesar de la caída sostenida de la inflación en los últimos meses, la situación económica no está controlada, en particular a nivel de la valorización del peso argentino frente al dólar. En caso de que las malas noticias se acumulen, el peso podría desvalorizarse rápidamente, provocando una retracción económica aún más profunda y aumentando la pobreza y la desigualdad.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE).

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El presidente conservador del Ecuador, Daniel Noboa, se enfrentará a la ex-diputada izquierdista Luisa González en una segunda vuelta electoral el 13 de abril, después de que su contrincante obtuviera en la primera unos resultados mejores de lo esperado. Con el total de las urnas escrutadas, Noboa se situó con el 44.31 por ciento, justo por delante de González, con una diferencia de sólo 45 mil votos en un electorado de 13.7 millones de votantes inscritos. Para asegurarse la victoria en la primera vuelta, los candidatos necesitaban obtener más del 50 por ciento de los votos o superar el 40 por ciento, así como una ventaja de al menos 10 puntos sobre el segundo. Las elecciones presidenciales se consideran una evaluación del breve periodo de Noboa en el cargo, esencialmente un mandato “provisional” tras la dimisión del anterior presidente en 2023. Los 15 meses de Noboa en el cargo han estado marcados por una política de seguridad de mano dura para hacer frente al narcotráfico, que las organizaciones internacionales han criticado ampliamente por sus violaciones de los derechos humanos. El resultado de la primera vuelta ha sido celebrado por la izquierda porque la mayoría de las encuestas habían pronosticado un margen de victoria mucho mayor para Noboa.
González, abogada de 47 años, celebró su “gran victoria” frente a sus seguidores, eufóricos, que se encontraban en un centro de eventos en Quito. Noboa, que prefirió no acudir la noche del domingo a un hotel de Quito donde le esperaban sus ministros y simpatizantes para pronunciar un discurso, publicó en las redes sociales que “ganó el primer round contra todos los partidos del Viejo Ecuador”. El presidente, que se presenta como un outsider pese a ostentar el poder, celebró los escaños obtenidos por su partido en el Congreso, aunque ni él ni González tendrán mayoría.
Tras este resultado Noboa y González competirán en segunda vuelta electoral en abril. Según el Consejo Nacional Electoral, la jornada electoral de este fin de semana en Ecuador transcurrió sin incidentes significativos. Varios observadores internacionales supervisaron la votación, entre ellos representantes de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos. La participación fue del 83.4 por ciento –en Ecuador el voto es obligatorio para los ciudadanos de 18 a 65 años.
Las elecciones han vuelto a poner de manifiesto la polarización entre el correísmo –que toma su nombre del expresidente de izquierdas Rafael Correa, que gobernó entre 2007 y 2017 y respalda la candidatura de González– y el anticorreísmo, en el que Noboa es la principal figura. A pesar de que había 16 candidatos, los votos se concentraron principalmente entre Noboa y González –el candidato en tercer lugar recibió sólo el 5 por ciento.
Heredero de una fortuna bananera, Noboa, de 37 años, se convirtió en el presidente más joven del Ecuador en 2023 tras ganar inesperadamente unas elecciones anticipadas para completar el mandato del ex presidente Guillermo Lasso, que había disuelto el Congreso y dimitido para evitar un juicio político.
En enero de 2024, Noboa declaró un “conflicto armado interno” y situó al ejército en el centro de su política de seguridad, haciendo frente a las bandas criminales –principalmente grupos de narcotraficantes– que habían convertido en pocos años a uno de los países más pacíficos de América Latina en uno de los más violentos. Aunque Ecuador no es productor de cocaína, se ha convertido en un importante exportador –principalmente a través del puerto de su mayor ciudad, Guayaquil– de esta droga, que se produce en Colombia y Perú, hacia Estados Unidos y Europa. Y en este sentido, la explosión de violencia que vive el país ha sido imputada a la gestión de Noboa. No es de excluirse que este asunto, después de haber garantizado la popularidad del presidente saliente, se transforme en el factor principal de la alternancia en el poder.

* Miembro de la unidad del sur global de la London School of Economics (LSE)
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Desde la toma de posesión de Donald Trump como Presidente los Estados Unidos, el pasado 20 de enero, una cascada de decretos y actos político-administrativos han sido tomados por el nuevo inquilino de la Casa Blanca. En México y en Canadá, el anuncio de aranceles sobre los productos fabricados en estos países, a pesar de la existencia de un tratado de libre comercio –negociado por Trump en persona hace poco más de seis años– ha encendido las alarmas. Sin embargo, la medida tomada por Trump que tiene el potencial de tener mayor repercusión en el mundo, en particular a nivel político, es sin duda alguna la tentativa de cierre de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida como USAID por sus siglas en inglés.
Según varios medios de comunicación, la administración Trump tendría la intención de fusionar esta agencia con el Departamento de Estado. El pasado lunes, los trabajadores de esta institución recibieron un mail pidiendo que no entraran en su sede de Washington. Ese mismo día, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo a los periodistas que ahora era el jefe en funciones de la Agencia.
Para entender mejor el alcance de esta decisión, es preciso retroceder en el tiempo hasta mediados de la guerra fría. Durante el gobierno de John F. Kennedy, el Congreso estadunidense votó la ley de Asistencia Exterior, en el año 1961. Esta ley trajo cambios importantes a los programas estadunidenses en el extranjero al combinar varias organizaciones y programas existentes en uno solo. Al hacerlo, USAID se transformó en el mayor donante individual del mundo. Durante la guerra fría, los programas impulsados por esta agencia contribuyeron a aumentar la influencia de Estados Unidos en los países en desarrollo en su confrontación con la Unión Soviética. Más recientemente, en 2023, Estados Unidos desembolsó 72 mil millones de dólares en asistencia en todo el mundo para todo tipo de causas, desde la salud de las mujeres en zonas de conflicto hasta el acceso a agua potable, tratamientos contra el VIH/SIDA, seguridad energética y trabajo anticorrupción. USAID no es la única agencia estadunidense que desembolsa ayuda exterior, pero es la más grande con un total de 42 mil 450 millones de dólares, seguida por el Departamento de Estado (19 mil millones de dólares). Según datos de las Naciones Unidas, USAID proporcionó el 42 por ciento de toda la ayuda humanitaria en el planeta y cuenta con una masa salarial de más de 10 mil personas. En 2023, Ucrania fue el país que más recibió, con 14 mil 400 millones de dólares, seguido de Jordania, que recibió 770 millones de dólares en ayuda económica en el mismo año. Yemen y Afganistán, que se sitúan en la tercera y cuarta posición, recibieron 359. 9 millones de dólares y 332 millones de dólares, respectivamente.
USAID no ha estado exenta de críticas. Para algunos, esta agencia funciona como una extensión del Departamento de Estado, apoyando agendas políticas contrarias a los gobiernos de los países donde se llevan a cabo sus programas. Para otros, en particular en Estados Unidos en el campo trumpista, esta agencia estaría plagada de funcionarios “izquierdistas” que actuarían por cuenta propia, sin respetar las instrucciones del gobierno federal. El magnate tecnológico Elon Musk, ha utilizado todos los medios a su alcance para cerrar la agencia, provocando el reclamo y la protesta de numerosos legisladores demócratas. Varios de ellos han calificado estos actos de “ilegales e inconstitucionales”, al perjudicar a los pobres en el extranjero, dañar la seguridad nacional y reducir la influencia de Estados Unidos en la escena mundial. Mientras estos congresistas defendían la institución, las múltiples páginas web de la Agencia desaparecieron sin explicación. Y es que, desde las sombras, los asesores de Elon Musk han comenzado su cacería de brujas en contra de los servidores públicos que rechazan poner en práctica sus decisiones, aunque se trate de actos ilegales, al no tener el respaldo del Congreso norteamericano. Las cosas pintan muy mal en Estados Unidos.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE).

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El pasado domingo una inminente guerra comercial entre Estados Unidos y Colombia parecía haber estallado después de que el presidente Gustavo Petro prohibió el aterrizaje de dos aviones militares que transportaban colombianos deportados de Estados Unidos.
La negativa de Petro a dejar aterrizar estos dos aviones provocó una rápida respuesta de Trump en su red social llamada Verdad Social : “Me acaban de informar que a dos vuelos de repatriación de Estados Unidos, con un gran número de Ilegales Criminales, no se les permitió aterrizar en Colombia. Esta orden fue dada por el presidente socialista de Colombia, Gustavo Petro, que ya es muy impopular entre su pueblo”, escribió el flamante presidente reelecto.
Trump argumentó que la negativa de Petro a estos vuelos había puesto en peligro la seguridad nacional y la seguridad pública de Estados Unidos. Dijo que había ordenado a su administración imponer “inmediatamente” aranceles del 25 por ciento a todos los productos colombianos que lleguen a Estados Unidos, que, según dijo, se elevarían al 50 por ciento si Colombia no cumplía en el plazo de una semana. También dijo que había impuesto una prohibición de viajar y revocado los visados de los funcionarios del gobierno colombiano “y de todos sus aliados y simpatizantes”. En su post, advirtió que “estas medidas son sólo el principio”.
Petro respondió en X con un post largo y en última instancia desafiante, donde dijo que igualaría cualquier arancel impuesto por Estados Unidos. “Su bloqueo no me asusta, porque Colombia, además de ser el país de la belleza, es el corazón del mundo”, escribió.
Mientras tanto, miembros de la administración de Petro, en particular el canciller saliente, Luis Gilberto Murillo, trabajaban entre bastidores para apaciguar los ánimos, mientras que varios líderes políticos de oposición (particularmente el ex presidente Álvaro Uribe) ofrecieron su apoyo para llevar a cabo una misión de buenos oficios junto al equipo del Presidente norteamericano. Bien entrada la noche del domingo, la Casa Blanca anunció que Colombia había acordado aceptar a los migrantes –incluido a los que llegan en aviones militares estadunidenses– “sin limitaciones ni demoras”, lo que fue celebrado por la administración republicana como una victoria para el enfoque de línea dura de Trump. Los asesores del Presidente norteamericano agregaron que los aranceles y sanciones que habían amenazado con imponer a Colombia, en caso de que no cumpliera, serían “mantenidos en reserva, y no firmados, a menos que Colombia no cumpla con este acuerdo”.
Para la nueva administración republicana, esta estrategia de “bullying” de un Estado tiene un objetivo claro: mandar una señal inequívoca a todos países que son presionados por Estados Unidos, para que se rindan a sus orientaciones políticas y/o económicas. En algunos casos se trata de diferendos migratorios, como en el caso de buena parte de los países latinoamericanos, pero en otros, como en el caso de Panamá o Dinamarca, se trata de una voluntad de anexar territorios por la vía de la fuerza (no militar por el momento). El gran problema de esta estrategia de miedo empleada por el presidente norteamericano es que está dirigida casi exclusivamente a países aliados de Washington, que verán entonces la necesidad de voltear hacia otro lado para contrarrestar estas iniciativas inamistosas de Estados Unidos. En efecto, tanto Panamá como Colombia en América Latina, como Dinamarca en Europa, son considerados como aliados clave de Estados Unidos. En un momento en el que China da muestra de su capacidad de retomar el control de la agenda de innovación tecnológica en el campo de la inteligencia artificial, paralelamente al aumento de sus capacidades militares, ahuyentar de esta manera a socios confiables luce a todas luces riesgoso para los intereses norteamericanos.
En este sentido, la estrategia político-diplomática de Donald Trump tal vez dé resultados en el corto plazo, pero a largo plazo la influencia y la credibilidad de Washington tenderán a disminuir si las cosas se mantienen así durante los próximos cuatro años de la administración Trump.

* Miembro de la Unidad del Sur Global en la London School of Economics (LSE).

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Desde el fracaso de la disolución del Parlamento a mediados de junio del año pasado, el presidente francés, Emmanuel Macron, se encuentra en una situación de gran fragilidad política.
Tras la censura del gobierno del ex primer ministro Michel Barnier, todas las atenciones mediáticas y políticas estaban puestas sobre el nuevo primer ministro, François Bayrou. Y, para sorpresa de un buen número de analistas, este último parece haber logrado mantener a flote a su incipiente gobierno al menos unos meses más, al conceder a todas las partes un tiempo para negociar el aumento de la edad de jubilación de 62 a 64 años para la mayoría de los trabajadores. Este plan, que Bayrou presentó el martes pasado en su primer gran discurso político frente a la Cámara de Diputados, prevé que los sindicatos y los empresarios dispongan de tres meses para debatir los controvertidos cambios, en lo que Bayrou denominó un “cónclave”, dentro de unas estrictas directrices financieras.
El aumento de la edad de jubilación es desde hace tiempo uno de los temas más polémicos de la política francesa. El país disfruta de un generoso Estado del bienestar, pero a medida que se acumula la deuda pública, los responsables políticos están cada vez más desesperados por ahorrar. El reto para Bayrou es sortear la profunda fractura parlamentaria surgida tras las elecciones anticipadas del verano pasado y evitar el destino de su predecesor, cuyo gobierno no duró ni 100 días. Bayrou es aliado del presidente Emmanuel Macron y ya se enfrenta a una serie de mociones de censura.
Bayrou dijo que si las conversaciones sobre el tema de la jubilación se rompen, la edad de jubilación no cambiaría, dejando a un futuro gobierno el reto de enfrentar reformas económicas potencialmente urgentes. En caso de éxito, los cambios se incluirían en el próximo proyecto de presupuesto de la seguridad social o, si fuera necesario, en una nueva legislación. El objetivo de esta táctica inicial era conseguir que los socialistas se abstuvieran de derribar al gobierno en una serie de próximas mociones de censura. Hasta ahora, parece que ha funcionado.
A regañadientes, los líderes del Partido Socialista dijeron que darían una oportunidad a las conversaciones. El ex presidente francés, François Hollande, fue uno de los principales operadores políticos de esta aproximación, que permitió finalmente que la gran mayoría del grupo parlamentario socialista votará en contra de la moción de censura. Sin embargo, el presidente del PS, Olivier Faure, dijo que sus legisladores aún podrían votar para censurar a Bayrou si no se les dan garantías rápidas de que la ley de pensiones de 2023 será desechada incluso si fracasan las negociaciones. Por su lado, el partido de izquierda radical, Francia Insumisa, presentó una moción de censura contra Bayrou, que terminó siendo rechazada al no tener el respaldo de la extrema derecha ni del PS.
Para François Bayrou (y para Emmanuel Macron), la verdadera prueba de fuego se llevará a cabo más adelante, cuando el proyecto de presupuesto para 2025 vuelva al Parlamento, lo que podría desembocar en otra moción de censura a finales de febrero. Es probable que entonces la extrema derecha vote en contra del Gobierno, por lo que Bayrou tiene que conseguir suficientes diputados de izquierdas para sobrevivir sin alienar a los conservadores y a las tropas de Macron que apoyan la reforma de las pensiones. Por el momento, tanto el centro izquierda como los conservadores parecen apaciguados.
Pero del mismo modo que Barnier fue finalmente destituido tras intentar tender puentes con la extrema derecha, dejando a Francia sin un presupuesto para 2025, Bayrou también podría ser destituido si los ánimos cambian entre la izquierda moderada mientras intenta reducir el déficit presupuestario. Si eso sucede, su gobierno sería el cuarto que cae en Francia en el último año, lo que podría tener consecuencias catastróficas para las finanzas francesas y la estabilidad de la eurozona.
* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE).

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Como era de esperarse, Donald Trump vuelve a apostar en su estrategia de desestabilización en el plano internacional. Incluso antes de iniciar su segundo mandato el 20 de enero, el presidente electo de Estados Unidos amenaza a países con aranceles, sanciones y el uso de la fuerza militar para anexar parte de sus territorios. Pensamos en particular en sus recientes declaraciones sobre Panamá, Canadá, Dinamarca e Islandia. No obstante, es poco probable que Trump envíe soldados a estos países: su plan es intimidar y desestabilizar a sus interlocutores hasta el punto de que hagan concesiones significativas en las negociaciones con Washington.
Como ya ha hecho en el pasado, Trump se presenta como impredecible y capaz de cualquier cosa. Durante un discurso sobre política exterior en la campaña de 2016, dijo la frase siguiente: “Necesitamos, como nación, ser más impredecibles”. Como presidente, dio instrucciones a Robert Lighthizer, su entonces representante comercial, para que le llamara “loco” en las negociaciones con otros países. La llamada “teoría del loco” sugiere que un líder que se comporta como si pudiera hacer cualquier cosa tiene más probabilidades de convencer a otros actores globales de que cedan en cuestiones en las que normalmente no lo harían.
Este enfoque es extremadamente popular dentro de la base electoral de Trump, y es probable que, especialmente al principio de su mandato, este último pueda celebrar varios éxitos en política exterior.
Un país como Panamá, por ejemplo, muy expuesto a Estados Unidos y con poco margen de maniobra diplomática, podría incluso ofrecer descuentos a los barcos que pasen por el Canal de Panamá. También podría permitir que Washington tenga un papel en el proceso de reforma del Canal, que ha venido sufriendo una pérdida de su capacidad operativa a causa del cambio climático.
Esta estrategia podría llevarse a cabo con México y Canadá. Trump sabe que ambos son extremadamente dependientes de Washington, por lo que no tienen a dónde huir. En el caso de México, estos ataques verbales han provocado una reacción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, así como la multiplicación de decomisos de mercancía de origen chino por parte de la secretaría de economía, a cargo de Marcelo Ebrard. Sin embargo, es previsible que dentro de unas semanas la tensión entre los dos países aumente, tras la posible expulsión de miles de migrantes indocumentados provenientes de diversos países latinoamericanos. En el caso de Canadá, las bravatas de Donald Trump ya provocaron la caída del primer ministro de ese país, Justin Trudeau, tras una década en el poder. Es de esperar que la nueva administración estadunidense multiplique actos unilaterales en materia comercial, para forzar a las autoridades canadienses a dar concesiones económicas.
Otros países aliados harán concesiones simbólicas, conscientes de que el presidente estadunidense prioriza la apariencia de éxito sobre los resultados concretos, lo que limita su eficacia. Por ejemplo, la iniciativa de negociar con Corea del Norte y sus reuniones con Kim Jong Un en 2018 y 2019 garantizaron visibilidad global al presidente norteamericano. pero al final, el gran ganador fue el líder norcoreano, que ganó prestigio y legitimidad sin hacer ninguna concesión relevante al entonces presidente estadunidense.
De hecho, a medio y largo plazo, es probable que el enfoque de Trump reduzca la influencia de Estados Unidos en el mundo y dificulte la preservación de sus alianzas, un elemento clave de su influencia global. Esto se debe a que no tiene en cuenta dos elementos esenciales en cualquier alianza duradera en las relaciones internacionales: la fiabilidad y la previsibilidad. La OTAN es un ejemplo de ello: sin fiabilidad mutua, su cláusula de defensa colectiva, consagrada en el famoso Artículo 5, no vale ni el papel en el que está escrita. En este sentido, el futuro de esta alianza militar estará en el centro del debate público en las próximas semanas.

* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics.

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El pasado domingo marcó el inicio de la campaña electoral oficial en Ecuador, durante la cual se elegirán a los próximos presidentes y vicepresidentes, así como a los nuevos congresistas de ese país andino, a principios del mes de febrero. Estas elecciones se llevarán a cabo en un contexto de fuerte polarización política y social, tan solo un año después de la dimisión anticipada del ex presidente Guillermo Lasso. Este último había perdido las condiciones políticas para seguir gobernando su país, tras la explosión de la violencia desatada por los cárteles de la droga y la falta de respaldo del Congreso, controlado principalmente por las fuerzas políticas ligadas al movimiento Revolución Ciudadana, del ex presidente Rafael Correa.
Tras una elección presidencial anticipada, el joven empresario Daniel Noboa, hijo del político y empresario Álvaro Noboa, logró vencer en la segunda vuelta a la candidata del Correísmo, la ex ministra Luiza González, por un estrecho margen, con la promesa de “pacificar” a Ecuador, y de restablecer el crecimiento económico. Si bien durante los primeros meses de su mandato, el jefe del Ejecutivo logró disminuir considerablemente el número de homicidios, con el paso del tiempo los carteles que operan en ese país volvieron a hacer uso de la violencia, provocando un aumento paulatino de la delincuencia organizada. Por otro lado, el cambio climático ha provocado un incremento de los índices de sequía en el país, lo que se ha traducido en una caída sustancial de la producción de electricidad de las presas hidroeléctricas, que constituyen la principal fuente de abastecimiento del país. Por ello, se han multiplicado los cortes intempestivos de energía en las principales ciudades del país, contribuyendo a afectar sustancialmente las actividades económicas.
La suma de estas crisis, ya sea en materia política, económica o de seguridad, ha provocado una caída sustentada de la popularidad del presidente Daniel Noboa. Si en enero de 2024, sus índices de aprobación rebasaban el 80 por ciento, a finales del año pasado, menos de la mitad de los ecuatorianos seguían confiando en su gobierno. Esto tuvo una traducción político-electoral en el sentido que las posibilidades de reelección de Noboa han disminuido significativamente, al punto que la disputa electoral se encuentra actualmente en un empate técnico frente a su contrincante Luiza González, que de nueva cuenta representa al movimiento del expresidente Rafael Correa.
Según la ley electoral ecuatoriana (llamado el Código de la Democracia), si un agente público postula a su reelección, este último tiene que pedir licencia de su cargo. En este caso, Noboa tendría que dejar su puesto de Presidente, para que lo ocupe su vicepresidenta Verónica Abad. Sin embargo, esta última se ha convertido en contrincante del actual jefe del ejecutivo. En un momento en el que la disputa electoral se encuentra empatada, un apoyo de Abad desde la Presidencia de la República al proyecto político de Luiza González podría inclinar la balanza en favor de la oposición correísta. Esto se transformó en una crisis política, tras el anuncio de Daniel Noboa de no pedir licencia de su cargo para competir por su reelección.
Según los defensores de Noboa, el argumento jurídico que respalda esta negativa se ampara en el hecho que Noboa “no se estaría postulando a una reelección porque fue elegido, dentro de un proceso extraordinario (para completar el periodo del expresidente Guillermo Lasso)”. Esto ha sido rebatido por Verónica Abad, que está decidida a asumir la Presidencia de la República de aquí al día de la elección. Esto, a pesar de que Noboa ha intentado despojar a Abad de su título de vicepresidenta, al designarla en diciembre pasado como consejera en la Embajada de Ecuador en Turquía, para obligarla a salir del país, cosa que no ocurrió. Como consecuencia, Noboa consideró que Abad incurrió en una “ausencia temporal” de su cargo y la apartó de éste, aunque esto sigue debatido por la Justicia. Sin duda, la respuesta que dé el poder judicial a este embrollo jurídico-político tendrá un impacto considerable en el futuro político de Ecuador.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics.

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El año que está comenzando estará marcado por una intensa agenda electoral. En América Latina, el horizonte esta particularmente cargado, con cuatro votaciones presidenciales (Ecuador, Bolivia, Chile y Honduras), así como varias elecciones para renovar parlamentos nacionales y autoridades locales.
Ecuador será el primer país latinoamericano en tener elecciones generales en 2025 (estarán en juego los cargos de presidente y de vicepresidente, así como los nuevos miembros de la Asamblea Nacional y los representantes al Parlamento Andino) a partir del próximo 5 de enero, fecha del lanzamiento oficial de las campañas.
El actual presidente, Daniel Noboa, asumió la presidencia de la Republica hace poco más de un año, tras la renuncia del ex presidente Guillermo Lasso. Desde el inicio de su mandato, Noboa ha estado enfrentado grandes desafíos en materia de inseguridad y de abastecimiento de energía eléctrica. Frente a él, la ex ministra Luiza González, respaldada por el ex presidente Rafael Correa, estará en la boleta electoral. Los estudios demoscópicos dan cuenta de una elección cerrada entre estos dos candidatos, aunque no se puede descartar la aparición de una tercera opción durante la campaña. La primera vuelta presidencial se realizará el 9 de febrero. Si hiciera falta, como lo indican actualmente las encuestas de opinión, la segunda vuelta se llevará a cabo el próximo 13 de abril. La toma de posesión del ganador será en mayo.
En Bolivia, la primera vuelta está fijada para el 17 de agosto, mientras que la segunda, en caso de ser necesaria, se realizará el 19 de octubre. El panorama político de este país se encuentra convulsionado ante la resistencia del expresidente Evo Morales y de sus simpatizantes a la amenaza de ser arrestado y procesado judicialmente por presunta trata de personas. Morales, que aspira a ser candidato, y el actual mandatario Luis Arce mantienen una disputa política que ha dividido al partido gobernante, MAS. Desde la oposición, Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba y candidato independiente, aparece como uno de los favoritos.
Por su lado, las elecciones generales (presidencia y parlamento) se llevarán a cabo en Chile el tercer domingo de noviembre, tras la realización de elecciones primarias para la presidencia el domingo 29 de junio. Si fuera necesaria, está prevista una segunda vuelta presidencial el 14 de diciembre. El presidente Gabriel Boric, que no puede reelegirse, hace frente a un fin de mandato complejo, teniendo en cuenta su baja popularidad y la fragmentación de su campo político. Tras el rechazo de la ex presidente Michelle Bachelet de ser de nueva cuenta candidata a la presidencia, es probable que varios pre candidatos de diversas fuerzas políticas del progresismo se presenten a las urnas, frente a la derecha y a la extrema derecha, representadas por el ex candidato presidencial José Antonio Kast.
En Honduras, el 9 de marzo, están previstas votaciones primarias para que 3 partidos escojan a sus respectivos candidatos presidenciales: el oficialista Libertad y Refundación, de la presidenta Xiomara Castro, esposa del exmandatario Manuel Zelaya; el Partido Nacional (de oposición), así como el Partido Liberal. El oficialismo hondureño tiene varios candidatos, como Rixi Moncada, ministra de defensa; el vicepresidente legislativo Rasel Tomé; los diputados Jorge Calix y Maribel Espinoza; el antiguo aspirante al cargo Luis Zelaya y el exvicepresidente Salvador Nasralla. Entre los aspirantes de la oposición, están el exalcalde Nasry Asfura, el diputado Jorge Zelaya; la exprimera dama Ana García; y el político y empresario Carlos Urbizo. Los candidatos elegidos en las primarias se enfrentarán en las urnas en noviembre de 2025.
Los argentinos renovarán la mitad de su poder legislativo -127 escaños- el 26 de octubre de 2025, en unas elecciones clave para el gobierno del presidente de extrema derecha Javier Milei. También se renovará un tercio del Senado (24 senadores). Si bien al mandatario argentino aún le restan casi 3 años de gestión, su agenda de gobierno incluye varias reformas que deben ser aprobadas por el legislativo, entre ellas la apertura comercial, nuevos recortes fiscales y la desregulación de la economía nacional. Sin ese respaldo político en el poder legislativo, será difícil para el presidente Milei transitar con tranquilidad en la segunda mitad de su mandato.
Finalmente, Venezuela, sumida en una crisis profunda, tiene previsto, en teoría, renovar cientos de cargos públicos por votaciones en 2025. Sin embargo, falta saber en qué condiciones tomará posesión Nicolas Maduro el 10 de enero, tras el fraude llevado a cabo por este último en la elección presidencial.

*Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE).

X: @Gaspard_Estrada