En Brasil, las últimas semanas han estado marcadas por la tensión, ya sea en la política como en la economía. En el plano político, la aparición de una hemorragia en la parte externa del cerebro del presidente Luiz Inacio Lula da Silva despertó las alarmas. Tras haber sufrido una caída accidental en el Palacio de la Alvorada en octubre pasado, el jefe de Estado de Brasil retomó sus actividades nacionales e internacionales de manera casi completa, incluyendo la cumbre del G-20, que se llevó a cabo en Río de Janeiro el 18 y 19 de noviembre. Al hacerlo, decidió aplazar una serie de exámenes médicos que le permitirían detectar efectos secundarios ligados a su accidente doméstico. Esto produjo que una hemorragia no fuese detectada antes de que se volviera un problema de salud severo, que hubiera podido llevar a la muerte del fundador del Partido de los Trabajadores y líder de la izquierda brasileña. Por suerte, la reacción rápida del equipo médico evitó lo peor.
Sin embargo, a pesar de esta buena noticia, la pregunta ahora es saber si Lula decidirá ser –o no– candidato a la reelección en 2026.
Hasta ahora, el balance de su gobierno es bastante paradójico. En el plano de la economía, los números macroeconómicos han superado ampliamente las expectativas del sector financiero. Los indicadores sociales también han mejorado: La inseguridad alimentaria severa se redujo en 85%. Esto significó que, en términos absolutos, 14.7 millones de personas dejaron de pasar hambre en el país, según la edición de 2024 del “Informe de las Naciones Unidas sobre el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo”.
Otros indicadores también han mejorado. El Informe del Observatorio Brasileño de las Desigualdades 2024, destaca, por ejemplo, una reducción del 40% de personas en situación de extrema pobreza, con un impacto aún mayor entre las mujeres negras (45.2%), en comparación con las cifras para 2023. Otros aspectos positivos destacados fueron el descenso del desempleo en 20% y el aumento del 8.3% en la ganancia real de los ingresos medios procedentes de todas las fuentes, que fue mayor entre las mujeres, 9.6% en el caso de las mujeres frente a 7.7% en el de los hombres.
En otros frentes también se han producido avances significativos. En sanidad, el número de madres menores de 19 años descendió 14%. En educación, la proporción de mujeres negras de 18 a 24 años que cursan estudios superiores alcanzó 19.2%, un aumento de 12.3% respecto al año anterior.
La deforestación en áreas indígenas y unidades de conservación se redujo 13.3% de 2022 a 2023, una caída que fue aún más significativa en el norte del país: 46.4%.
Sin embargo, la mejora de los índices económicos sigue siendo vista por muchos como una abstracción que no refleja una mejora percibida sobre el terreno. Según el instituto PoderData, sólo el 37% de los brasileños considera que el gobierno de Lula es mejor que el de Jair Bolsonaro. Entre los más pobres, las cifras no son mejores. Sólo el 35% de las personas con una renta familiar de hasta 2 salarios mínimos consideran que el gobierno de Lula es mejor. Entre las personas con una renta familiar de 2 a 5 salarios mínimos, la cifra sube al 45% y cae al 34% en el tramo de más de 5 salarios mínimos.
Para la mayoría de los analistas, el gobierno Lula 3 no tiene una marca de gobierno clara. En este sentido, no hay duda de que la comunicación y la coordinación internas del gobierno deben mejorar mucho. El propio presidente Lula anunció hace unos días su voluntad de hacer cambios en este sector, estratégico para su futuro político (Su estratega político y de comunicación durante la campaña presidencial de 2022, Sidonio Palmeira, podría ser nombrado nuevo ministro de la Comunicación de la Presidencia). Si no se decide a hacerlo en el corto plazo, las pequeñas fisuras en su base electoral podrían convertirse en grietas más permanentes en 2026, cuando dispute de nueva cuenta la Presidencia de la Republica.

*Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE).

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Desde que asumió el poder en agosto del 2022, Gustavo Petro –el primer presidente de izquierda y ex guerrillero de la historia de Colombia– ha invertido gran parte de su capital político en poner fin a décadas de conflicto en el país. Su estrategia, conocida como Paz Total, pretendía hacer cumplir los acuerdos de paz firmados en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que su predecesor, Iván Duque (2018-2022), no logró implementar. También preveía reformas de los sistemas tributario, de bienestar y de salud, así como programas de redistribución de tierras y el abandono de una política antidroga basada en la erradicación forzosa de cultivos ilícitos. Sobre todo, la Paz Total se centraba en entablar conversaciones de paz con los grupos rebeldes, paramilitares y armados urbanos que siguen activos en el país. El marco legal para estas negociaciones, consagrado en una ley que Petro firmó el 4 de noviembre de 2022, permitió al gobierno negociar acuerdos de paz con grupos rebeldes y acuerdos de justicia con estructuras de crimen organizado de alto impacto.
Dos años después, el Gobierno de Petro ha alcanzado algunos logros emblemáticos, como un cese al fuego de un año con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) –el más largo que el grupo haya acordado desde su creación en 1964– y ha logrado frenar una escalada de violencia política que el país venía experimentando desde 2019. Sin embargo, ésta se ha visto impulsada por un recrudecimiento de las hostilidades entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados, lo que, a su vez, ha fomentado la expansión territorial y la competencia violenta entre los grupos armados que se disputan el control de las actividades ilícitas.
La apuesta de Petro por poner fin al conflicto armado colombiano a través de negociaciones con todos los principales grupos armados que operan en el país reavivó las esperanzas de que la paz aún estaba al alcance de la mano. Como primer paso, el gobierno de Petro indicó que entablaría negociaciones paralelas con los siguientes grupos armados: tres remanentes de grupos guerrilleros, las facciones EMC y Segunda Marquetalia de las FARC, y el ELN; dos grupos de delincuencia organizada de tipo paramilitar, el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de Sierra Nevada (ACSN) y bandas callejeras de Buenaventura, la región del Valle de Aburrá y Quibdó. Sin embargo, se ha enfrentado a obstáculos legales relacionados con las diferentes características de los actores implicados: se ha cuestionado el estatus político del Clan del Golfo –un grupo híbrido de crimen organizado cuyos miembros proceden de las fuerzas paramilitares, de seguridad y de la guerrilla– y el de los disidentes de las FARC, lo que ha suscitado dudas sobre la capacidad del gobierno para buscar acuerdos de paz. Estos retos legales, sumados a la limitada capacidad del gobierno para manejar tantos procesos y al compromiso poco entusiasta de ciertos grupos armados con las negociaciones, han llevado a que algunos de estos procesos avancen poco, se estanquen o descarrilen, mientras que otros sólo han sido anunciados pero aún no han comenzado formalmente.
Por otro lado, la violencia volvió a dispararse. Algunos frentes disidentes de las FARC, que se negaron a firmar los acuerdos de paz, siguieron operando y reuniéndose bajo el nombre de Estado Mayor Central (EMC). Otros grupos rebeldes y de delincuencia organizada aún activos, como el ELN y el Clan del Golfo, invadieron zonas anteriormente controladas por las FARC y estratégicas para el narcotráfico y las actividades mineras ilegales, en particular a lo largo de las costas del Caribe y el Pacífico, la cuenca del Amazonas y los departamentos fronterizos con Venezuela. La defectuosa implementación del acuerdo de paz de 2016 con las FARC bajo la administración de Iván Duque, que desaprobó abiertamente el acuerdo y las negociaciones con los grupos armados en general, también impulsó a muchos antiguos miembros de las FARC a abandonar el proceso de desmovilización y reintegración y volver a tomar las armas, dando origen a la facción Segunda Marquetalia. Como resultado, entre 2019 y la llegada de Petro al poder, Colombia experimentó un aumento significativo de la violencia de los grupos armados. Desde entonces, esta tendencia se ha mantenido. De manera que, sin un cambio de rumbo claro y rápido, el final del gobierno Petro está en peligro.

* Miembro del Comité Asesor de la unidad del Sur Global de la London School of Economics.
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El pasado viernes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen selló un importante acuerdo comercial con los dirigentes de los países del Mercosur, en un paso audaz que amenaza con ensanchar la brecha entre Francia, que desaprueba el acuerdo, y su Alemania natal, que lo apoya.
“El día de hoy marca un hito histórico”, dijo von der Leyen tras la cumbre con los líderes del bloque Mercosur -integrado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y la recién llegada Bolivia- en la capital uruguaya, Montevideo.
El acuerdo que ha tardado 25 años en completarse y crearía una zona de libre comercio que abarcaría a más de 700 millones de personas, cuenta con la furibunda oposición de Francia, que teme que un exceso de importaciones baratas de carne de ave y de vacuno perjudique a sus agricultores. Esta oposición al acuerdo UE Mercosur tiene es objeto de una sorprendente unanimidad en la clase política francesa. Nada menos que 622 diputados franceses de todos los partidos apoyaron la iniciativa de un senador ecologista, Yannick Jadot, de escribir a Ursula von der Leyen, para expresarle su oposición a este texto, y así demostrar la oposición de todos los partidos políticos a esta iniciativa comunitaria.
Por el contrario, Alemania, así como otros países europeos como España, Portugal, y más de 10 otros miembros de la Unión Europea, desean que Bruselas aproveche la oportunidad para abrir nuevos mercados a sus decaídos exportadores.
Tras la guerra en Ucrania y la creciente rivalidad estratégica entre Washington y Pekín, el modelo de desarrollo económico de Berlín ha sido profundamente trastocado.
La posibilidad de abrir un nuevo mercado exportador del tamaño del Mercosur representa una oportunidad única para Berlín, no solamente en materia industrial, pero también para lograr crear cadenas de valor en un sector estratégico, como lo son los materiales críticos para fabricar baterías, fundamentales para garantizar la transición ecológica (recientemente, Ursula Von Der Leyen aumentó los impuestos de importación de los automóviles eléctricos en proveniencia de China, con la idea de darle un respiro a los fabricantes de automóviles de la UE, entre los cuales destacamos empresas francesas y alemanas).
Este acuerdo, que se le escapó a von der Leyen en su primer mandato, supone una gran victoria geopolítica en su segundo mandato. Pretende estrechar los lazos entre la UE y el Mercosur justo cuando Donald Trump amenaza con iniciar una guerra comercial mundial en su regreso a la presidencia de Estados Unidos el mes que viene.
Se espera que París siga luchando, pero necesitaría ampliar una coalición anti-Mercosur que ya incluye a Polonia, Austria e Irlanda para impedir que se ratifique el acuerdo. Con Italia vacilante, las miradas se dirigirán a Roma para ver si la primera ministra, Giorgia Meloni, inclina la balanza en contra del acuerdo. Como gran país de la UE, Italia tendría suficiente peso en la votación para anular el acuerdo, lo que supondría un golpe político para von der Leyen del que podría no recuperarse políticamente.
La rúbrica del acuerdo de comercio y cooperación con Mercosur marca el final de las negociaciones políticas. El texto se publicará a principios de la próxima semana, levantando el velo de secretismo que rodeaba las negociaciones y dando a las capitales nacionales la oportunidad de expresar su opinión ponderada. El acuerdo aún deberá someterse a controles jurídicos y traducciones, lo que podría llevar varios meses.
La forma más rápida de ratificar la parte comercial sería separarla del pilar político y de cooperación. Aunque aún no se ha confirmado, se espera que sea la vía preferida por Bruselas, donde sólo tienen que intervenir el Consejo de la UE y el Parlamento y donde no se requiere la unanimidad entre los países de la UE. Al hacerlo, no sería necesario tener el respaldo de París para ponerlo en marcha. Los diputados europeos ya están estudiando el texto firmado en Montevideo.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE).

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Desde hace unas semanas el tiempo político parece haberse acelerado en Francia. Tras la disolución inesperada de la Asamblea Nacional por el Presidente Emmanuel Macron, Francia vive un periodo de fuerte inestabilidad política. Hoy en día, la Asamblea Nacional francesa está dividida en tres bloques políticos: los centristas de Macron, la ultraderechista Encuentro Nacional y la coalición de izquierdas. Los tres grupos son polos opuestos en política y se niegan a trabajar juntos, lo que significa que cualquier gobierno podría ser derrocado en días.
En este sentido, los diputados franceses llevan semanas debatiendo el presupuesto propuesto por el nuevo gobierno de Michel Barnier, un veterano político de derecha, que incluye recortes draconianos del gasto por un valor de 40 mil millones de euros y aumentos de impuestos por 20 mil millones. El objetivo del presupuesto es reducir la espiral de déficit de Francia, que se prevé que alcance el 6,1% del producto interior bruto en 2024, más del doble del límite del 3% exigido por las normas de la Unión Europea.
Sin embargo, a medida que avanza la tramitación parlamentaria, queda cada vez más claro que para aprobar su presupuesto, Barnier tendrá que recurrir a una puerta trasera constitucional que le permite promulgar leyes sin someterlas a votación, pero que a su vez permite a los legisladores presentar mociones de censura.
Una alianza de legisladores de izquierda presentó una moción de censura. Por su lado, los legisladores del ultraderechista Encuentro Nacional hicieron lo mismo, de manera que lo más probable es que el gobierno de Barnier se derrumbe en las próximas horas. Un sondeo de Ipsos publicado el domingo mostró que el 53% de los encuestados estaba a favor de una moción de censura contra el Gobierno, incluidos dos tercios de los partidarios del Encuentro Nacional y el 73% de los socialistas. De manera que esta situación política, si no es controlada rápidamente por el presidente Emmanuel Macron, podría desencadenar una crisis de la eurozona similar a la de Grecia, en un momento en el que Europa se enfrenta a un estancamiento de la economía alemana y a la posibilidad de una guerra comercial con Estados Unidos.
Se podría pensar que después de semanas de agitación política, ahora sería el momento de volver a los votantes, pero no es así como funciona en Francia. La pelota estará de nuevo en el lado de Macron. El presidente, cuyo mandato se extiende hasta 2027 pase lo que pase, puede reanudar las conversaciones para nombrar un nuevo primer ministro y un nuevo gobierno. Pero incluso si quisiera, Macron no puede convocar a nuevas elecciones parlamentarias porque desencadenó una votación anticipada en julio.
De acuerdo con la Constitución francesa, eso significa que no puede convocar una nueva votación antes del próximo verano, lo que a su vez significa que la incertidumbre política y la agitación podrían prolongarse durante semanas e incluso meses.
En el caso de que el propio Macron tire la toalla y dimita –lo cual ha sido negado rotundamente por el presidente– la parálisis política se quedaría, teniendo en cuenta que el Congreso será el mismo hasta el próximo verano. Sin embargo, cada vez son más las voces que piden su dimisión.
Por otro lado, Macron podría nombrar a otro primer ministro de derechas, muy parecido a Barnier, que contaría con el apoyo de los centristas y los conservadores y que, también como Barnier, podría intentar ganarse el favor de Le Pen. Pero esa persona tendría que hacer concesiones sustanciales a la líder de extrema derecha después del enfrentamiento de esta semana, para sobrevivir.
Otra opción es que Barnier permanezca como primer ministro interino durante varias semanas, mientras Macron busca al político que pueda encontrar una salida a esta encrucijada.
De cualquier manera, esta crisis política no podría llegar en peor momento. El hundimiento del Gobierno de Barnier ya está asustando a los mercados financieros, hasta el punto de que varios medios ya están comparando la situación francesa con la de Grecia hace poco más de una década. Sin duda, las próximas horas serán decisivas para el futuro de Francia y de Europa.

* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE).

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El pasado domingo, los uruguayos fueron a las urnas para elegir a su próximo presidente. La reñida contienda entre Álvaro Delgado, el candidato del partido en el poder, y Yamandú Orsi, del Frente Amplio, una coalición de partidos de izquierda y centroizquierda que gobernó durante 15 años hasta la victoria en2019 del presidente de centroderecha Luis Lacalle Pou. El veredicto de las urnas le dio la victoria a Yamandu Orsi. El candidato de izquierda sumó 49 por ciento de los votos, ante 46.5 por ciento de su rival de centro derecha, una diferencia de casi 100 mil votos. Por su lado, el Congreso terminó dividido en la votación de octubre. En el Senado, el Frente Amplio logró la mayoría con 16 escaños. Otra es la situación en la Cámara de Diputados, donde obtuvo 48 puestos, dos menos de lo requerido para alcanzar la mayoría absoluta.
La democracia uruguaya es una isla en una región cada vez más afectada por los extremismos políticos. Una sólida estructura de partidos políticos ha logrado mantener a raya la emergencia de líderes antisistema al modo de un Javier Milei en Argentina o un Jair Bolsonaro en Brasil. Los uruguayos votan desde hace décadas más por fidelidad partidaria que por apellidos. Esta elección es especialmente relevante en ese sentido: consuma la renovación de dirigentes tanto en la izquierda como en la derecha.
El Frente Amplio hizo campaña bajo el lema “un cambio seguro para Uruguay”, atento al hecho que una mayoría piensa que las cosas no iban tan mal con el actual gobierno. Aunque una serie de escándalos de corrupción sacudieron al gobierno de Lacalle Pou el año pasado, el Presidente –que constitucionalmente no puede presentarse a un segundo mandato consecutivo– goza ahora de altos índices de aprobación y de una economía fuerte que, según el Fondo Monetario Internacional, crecerá un 3.2 por ciento este año. La inflación también ha disminuido en los últimos meses, lo que impulsó a su coalición. Del otro lado, Delgado llamó a los votantes a confiar en un “segundo piso de las transformaciones” iniciadas por Lacalle Pou, que dejará el poder con una popularidad del 50 por ciento. De acuerdo con datos oficiales, durante la gestión actual se crearon 76 mil puestos de trabajo, aumentó el salario real y la inflación, estimada en un 4.5 por ciento, es la más baja de los últimos 18 años. Los analistas coinciden, sin embargo, en que hay por delante retos importantes. La situación económica figura entre las principales preocupaciones de los uruguayos, según una clasificación elaborada por la consultora Cifra. Para llevar adelante esa tarea, Orsi designó a Gabriel Oddone, un economista de perfil socialdemócrata que proviene del sector privado y ha sido consultor de numerosos organismos internacionales. Bajo la conducción de Oddone, el gobierno de Orsi buscará acelerar el crecimiento de la economía mediante políticas dirigidas a fomentar la inversión y aumentar la productividad. En la última década, el crecimiento económico promedió el 1 por ciento anual únicamente. El nuevo gobierno del Frente Amplio intentará reformar el sistema de protección social para atender a la pobreza que afecta al 20 por ciento de los menores de 6 años. Por otro lado, el otro gran desafío del futuro gobierno uruguayo será la inseguridad pública. Con una tasa de 11.2 homicidios cada 100 mil habitantes, la situación de Uruguay no está entre las más críticas de América Latina, pero duplica el promedio mundial y está lejos de la tasa registrada, por ejemplo, en Chile –4.5 homicidios cada 100 mil–, país con el que a menudo se compara.
El crecimiento de la inseguridad está asociado a una presencia cada vez mayor del narcotráfico, sobre todo en los barrios periféricos de Montevideo, donde se suceden los enfrentamientos entre bandas. Tan sensible es el tema que el Frente Amplio prometió crear un sistema integral contra el crimen organizado, sumar 2 mil nuevos policías e incorporar cámaras de vigilancia, todas medidas que bien podrían ser banderas de la derecha. Si el gobierno de Orsi logra –al menos en parte– cumplir con estos objetivos, podrá reconstruir a la izquierda uruguaya por un largo periodo.

* Miembro del comité asesor de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics.

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El pasado lunes y martes, los líderes de las principales economías del mundo se reunieron en Río de Janeiro, para poner punto final a la presidencia brasileña del G-20, que comenzó el año pasado. Para el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, se trataba de dejar un legado en uno de los foros multilaterales más importantes del mundo.
Para ello, la diplomacia brasileña trató de eludir puntos sensibles para los distintos miembros del G20, como los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, y se centró en temas con mayor potencial de convergencia, como la lucha contra el hambre y la desigualdad.
De manera general, la presidencia brasileña del grupo ha tenido más éxitos que fracasos. Sin embargo, la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos podría suponer una merma en el peso de las decisiones que serán anunciadas en Río de Janeiro. Esto se debe a que Trump fue conocido en su primer mandato por adoptar una política exterior aislacionista y menos centrada en organismos multilaterales como el G20.
Desde que asumió la presidencia del grupo, Brasil se ha fijado tres prioridades: 1) Lucha contra el hambre, la pobreza y la desigualdad 2) Transición energética y desarrollo sostenible 3) Reforma de la gobernanza mundial. De las tres agendas principales presentadas por Brasil, la que más ha avanzado es la lucha contra el hambre y la pobreza. El primer día de la cumbre, el presidente Lula lanzó lo que se considera como la principal entrega del país durante su presidencia del G20: la Alianza Global contra el Hambre.
Se trata de un mecanismo que pretende facilitar el acceso de los países pobres o en desarrollo a financiación y políticas públicas destinadas a reducir el hambre y la pobreza. Se espera que el mecanismo funcione al menos hasta 2030 y contará con recursos de organizaciones filantrópicas y bancos multilaterales de desarrollo.
Brasil también apostó por una propuesta de impuesto global sobre las grandes fortunas, una bandera de Lula que ha ido ganando popularidad en varios países. El proyecto brasileño preveía un impuesto de hasta el 2 por c iento sobre la riqueza de los multimillonarios de todo el mundo. Según las proyecciones del economista francés Gabriel Zucman, contratado para elaborar la propuesta, el impuesto recaudaría entre 200 mil y 250 mil millones de dólares al año. La idea del gobierno brasileño es que estos fondos se destinen a políticas contra el hambre y a promover la transición energética. Sin embargo, a pesar de la voluntad política de sacar adelante esta iniciativa, varios países –incluyendo Estados Unidos– no la respaldaron, lo que impide que se vuelva una realidad en el corto plazo.
Las otras dos prioridades fijadas por la presidencia brasileña, la reforma de la gobernanza mundial y la transición energética y el desarrollo sostenible, también se tradujeron en declaraciones ministeriales. Sin embargo, los resultados prácticos en estos campos fueron más limitados. En el frente medioambiental, el gobierno brasileño presentó una iniciativa financiera, el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), que ya había sido presentado durante la Conferencia de la ONU sobre el Clima de 2023, la COP 28, pero que recibió apoyo político al ser incluido en el marco del G-20.
En cuanto a la reforma de la gobernanza mundial, el G20 aprobó una declaración de los ministros de Asuntos Exteriores en la que los países se comprometen a “perseguir” objetivos como la reforma de instituciones internacionales como las Naciones Unidas (ONU), el Consejo de Seguridad de la ONU y los sistemas financiero y comercial internacionales.
El problema de la permanencia de esta agenda está ligado a la llegada al poder de Donald Trump. Esto se debe a que este último tiene una plataforma contraria al multilateralismo. Defiende abiertamente el proteccionismo y esto va en contra de lo que defiende el G20. Trump fue elegido prometiendo dar un nuevo impulso a la industria petrolera estadunidense, lo que va en contra de los llamamientos de la comunidad científica mundial, que defiende el hecho que el planeta necesita urgentemente reducir su consumo de combustibles fósiles para evitar las peores consecuencias del cambio climático. De manera que el legado del G-20 brasileño será principalmente el de la lucha contra el hambre.

* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics.

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Tras la elección de Donald Trump como Presidente de Estados Unidos, el pasado martes, el mundo se ha puesto a evaluar cuáles serán las prioridades de política exterior de su nuevo gobierno. La pura imprevisibilidad de los caprichos de Trump y su fe en su delirante carisma dificultan la labor de los diplomáticos a cargo de este ejercicio.
Ahora, a pesar de todas las felicitaciones pro-forma, esa sensación de duda ha vuelto. Aunque sólo el 4 por ciento del electorado estadunidense dijo que la política exterior era la cuestión más importante para él en las elecciones, para los observadores extranjeros era la preocupación que lo consumía todo. No es de extrañarse, ya que Trump representa una inyección de material altamente combustible en un mundo ya de por sí explosivo. Hay dos guerras en curso, una de ellas con tropas norcoreanas luchando junto a Rusia, y otra que podría enfrentar a Irán con Israel. Y se avecina una tercera con China. A los ojos de los pensadores republicanos de política exterior, son al menos dos guerras más.
Sin embargo, extraordinariamente, la campaña de Trump dejó pocas pistas sobre cómo llevaría a cabo la política exterior. A menudo, las propuestas a las que hacía referencia eran meros titulares –como acabar con la guerra en Ucrania en 24 horas; extravagantes, como deportar a 10 millones de inmigrantes; o contradictorias, relativas a no comprometerse con la OTAN y sugerir que Rusia haga lo que quiera con los aprovechados europeos.
Aparte de eso, hay una amplia intención de hacer de los aranceles, así como de las sanciones, la parte central del arsenal de la política exterior estadunidense. Es difícil afirmar que se trate de un prospecto serio. En cierto modo, es sorprendente, ya que gran parte del análisis de Trump sobre los males internos de Estados Unidos se deriva de su análisis de los fracasos de la política exterior estadunidense. De hecho, el vínculo entre política exterior e interior es una preocupación del pequeño grupo de expertos en política exterior más cercanos a él, entre los que destaca el vicepresidente electo, JD Vance.
Vance, por ejemplo, ha argumentado que las últimas grandes iniciativas de política exterior olvidaron poner a los intereses de Estados Unidos en primer plano; De ahí su declaración de que a partir de ahora, “el americanismo, no el globalismo, será ahora nuestro credo”.
Si bien Trump no se opondrá a las alianzas en sí, lo más probable es que las considere menos basadas en valores y más “una asociación empresarial privada”, en la que ambas partes pretenden satisfacer sus propios intereses comerciales. Si esas alianzas se vuelven injustas, o si Estados Unidos siente que está siendo agraviado, entonces pueden romperse. La primera prueba de este transaccionalismo llegará con Ucrania, donde Trump ya ha dicho que buscará que las partes “se sienten a negociar”. Olaf Scholz, por su lado, deseoso de deshacerse del coste de Ucrania antes de las elecciones del año que viene, puede pensar que Europa no tiene más remedio que instar a Zelensky a aceptar, pero no hay garantías de que Putin vaya a negociar. El futuro de Ucrania formará parte de un debate más amplio, que tendrá lugar en Europa y al otro lado del Atlántico, sobre la naturaleza de la amenaza rusa y el eterno tema del fortalecimiento de la seguridad europea.
Europa, por supuesto, ya ha tenido cuatro años para volverse más autosuficiente antes de un posible segundo mandato de Trump. Se barajaron frases como “la era de la externalización geopolítica ha terminado”. La retórica europea nunca se ajustó a la realidad. Un escudo paneuropeo de defensa aérea, por ejemplo, costaría 500 mil millones de euros (440 mil millones de dólares; 416 mil millones de libras). Es decir, aproximadamente un 50 por ciento más de lo que los países de la UE gastan cada año en defensa. En este sentido, las decisión que tome Trump en los próximos meses puede definir el futuro de la Unión Europea.

* Miembro del Comité Asesor de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics.
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El día de ayer, los estadunidenses fueron a las urnas para elegir a su próximo presidente de la República, así como a sus congresistas. Ambos candidatos tienen experiencia con América Latina. Como presidente, Trump renegoció el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá y viajó a Buenos Aires para una reunión del G-20. Asimismo ha cultivado relaciones con dirigentes de extrema derecha como el presidente argentino Javier Milei y el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro.
Como vicepresidente, Harris encabezó una importante iniciativa estadunidense relacionada con América Central y viajó a México para reunirse con el presidente Andres Manuel Lopez Obrador. En este sentido, ¿cuál es la posición actual de los candidatos sobre la relación de Estados Unidos con América Latina?
La represión de la inmigración fue uno de los pilares de la presidencia de Trump. Una de sus primeras medidas en el cargo fue la prohibición de la entrada de inmigrantes procedentes principalmente de países musulmanes. Siguió días después con una orden ejecutiva que aumentó el alcance de las deportaciones en Estados Unidos, que llegaron a una media de casi 500 mil al año durante su presidencia.
Desde el principio, Trump presionó a los países de América Latina para frenar la migración, incluso recortando la ayuda a El Salvador, Guatemala y Honduras, y luego presionando a estos países para que firmaran acuerdos que obligan a los migrantes a solicitar asilo dentro de América Central. Trump también decidió poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los migrantes de esos tres países, así como de Haití y Nicaragua. En virtud del TPS, los migrantes obtienen visados de residencia y trabajo. Un tribunal acabó bloqueando la medida en 2024. El último día de su presidencia, Trump amplió la protección del TPS para incluir a los venezolanos.
En 2018, la administración Trump comenzó con la política de “Protocolos de Protección al Migrante”, también conocida comúnmente como “Permanecer en México”. El programa se utilizó para enviar hasta 70 mil solicitantes de asilo de regreso a México para esperar allí sus audiencias de inmigración en Estados Unidos. El presidente Joe Biden finalmente supervisó la derogación de la política en junio de 2022 después de un vaivén judicial.
Por su lado, Kamala Harris, aunque no ha hablado específicamente del muro durante su campaña presidencial de 2024, dijo en uno de sus recientes anuncios de televisión que contratará a miles de agentes fronterizos más y destacó que apoyó “el proyecto de ley de seguridad fronteriza más duro en décadas”. El proyecto de ley en cuestión era un proyecto bipartidista de seguridad fronteriza que el Senado bloqueó a principios de 2024. Habría aumentado las deportaciones, así como la financiación para más agentes fronterizos y tecnología. También incluía 650 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo. Trump se pronunció repetidamente en contra del proyecto de ley. Harris sacó a colación el proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza durante el debate. “¿Pero saben qué pasó con ese proyecto de ley? Donald Trump tomó el teléfono, llamó a algunas personas en el Congreso y dijo: maten el proyecto de ley”, dijo.
En 2018, Harris, entonces senadora, pidió la dimisión de la secretaría de Seguridad Nacional , Kirstjen Nielsen, debido a su supervisión de la política de separación familiar de Trump en la frontera. La seguridad fronteriza separó al menos a 3 mil 900 niños de sus padres mediante una política que permitía deportar a los migrantes adultos sin sus hijos.
Durante la presidencia de Biden, los cruces fronterizos ilegales han alcanzado niveles récord. Una media de 2 millones de migrantes entraron en Estados Unidos, la mayoría a través de su frontera sur con México, de 2021 a 2023. Las cifras de deportaciones de la administración Biden han igualado las de Trump, con 1.1 millones de deportaciones en sus tres primeros años. Las encuestas indican que los estadunidenses califican la actuación del presidente Biden en materia de seguridad fronteriza entre las más bajas de todas las cuestiones. De esta manera, el tema migratorio fue, sin duda, un elemento central en la decisión electoral del día de ayer.

* Miembro del Comité Asesor de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics.

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El pasado domingo, tres países (Brasil, Chile y Uruguay) fueron a las urnas para elegir a alcaldes (Chile y Brasil), gobernadores (Chile), congresistas (Uruguay), y a un presidente de la Republica (Uruguay). No se trata de una cita electoral menor, teniendo en cuenta el peso político de estos países en el cono sur. En el caso de Brasil, se trata de una cita electoral de medio mandato para el Presidente Luiz Inacio Lula da Silva.
Tras dos años de gobierno, Lula ha logrado restablecer un orden democrático e institucional mínimo en el país, después de la década de crisis política y social que vivió Brasil a partir de las manifestaciones de junio de 2013 y de la presidencia de Jair Bolsonaro. Gracias al regreso de los programas sociales exitosos de los dos primeros mandatos del Presidente del Partido de los Trabajadores (PT) y a los aumentos reales del salario mínimo, los indicadores sociales –en particular, las estadísticas de desnutrición– han vuelto a mejorar (el gobierno brasileño espera que de aquí al final del tercer mandato de Lula, Brasil vuelva a salir del mapa del hambre realizado cada ano por la FAO). En el plano económico, por segundo año consecutivo, los resultados del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) sorprendieron a sirios y troyanos, llegando al casi 3 por ciento de crecimiento en 2023 y seguramente mas del 3.5 por ciento en 2024. Y si bien la mayoría de los analistas del sector financiero de Sao Paulo anticipan un crecimiento mas austero para 2025, no es el punto de vista de las principales agencias de riesgo del mundo, como Standard and Poor’s, Fitch y sobre todo Moody’s, que acaba de aumentar la calificación de riesgo de la deuda soberana de este país, dejándolo solo a un punto de volverse grado de inversión (el famoso “investment grade”). Si esto llegara a suceder antes del final del tercer mandato, una serie de fondos de inversión y de empresas podrían multiplicar sus activos en Brasil, contribuyendo a aumentar la creación de empleos y por ende la mejora de los indicadores económicos y sociales.
Sin embargo, a pesar de todos estos buenos resultados, el saldo electoral para la izquierda en general, y para el Partido de los Trabajadores en particular, no es particularmente alentador. A pesar del apoyo del Presidente Lula, y del hecho de dirigir la administración publica federal, el PT solo obtuvo la victoria en una capital, en el nordeste del país (Fortaleza), y si bien consiguió aumentar el número de alcaldías gobernadas (más de 200 en total), sigue estando muy por debajo del récord histórico del partido, en 2012 (poco mas de 450 presidencias municipales).
Frente al PT, el Partido Social Demócrata (PSD) y el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) obtuvieron el mayor número de alcaldías en Brasil, así como el mayor número de capitales estatales. Tras los resultados de la segunda vuelta del pasado domingo, los dos partidos eligieron cinco alcaldes cada uno. A pesar del empate con los MDBistas en número de capitales, el PSD se impuso como la primera fuerza política local a nivel nacional a partir de 2025. En conjunto, las 887 ciudades que estarán bajo el mando del partido concentran una población de 37 millones de personas. El MDB le sigue de cerca, con 36,5 millones de habitantes en sus 853 municipios –el mayor de los cuales es São Paulo, la mayor ciudad del país, con 11 millones de habitantes.
El resultado de la segunda vuelta también consolidó el dominio de los partidos del Centrão en las elecciones municipales de este año. Con las victorias en Goiânia y Natal, União Brasil liderará cuatro capitales a partir del próximo año. El PP, que ganó en Campo Grande y João Pessoa, mantuvo las dos capitales que tenía. El Partido Liberal (PL) fue el partido que más creció, con cuatro capitales ganadas: Rio Branco, Maceió, Aracaju y Cuiabá (el partido no elegía una capital desde el año 2000). No obstante, esto no quiere decir que el ex presidente Jair Bolsonaro, que está afiliado a este partido, pueda ser considerado como el vencedor de esta elección. Por el contrario. La gran mayoría de los candidatos respaldados por Bolsonaro perdieron, de manera que el liderazgo del expresidente, que perdió el ano pasado sus derechos políticos hasta 2030, en el campo conservador, perece bastante mermado. Todo apunta a que el Presidente Lula tendrá dos anos de mucho trabajo para construir una candidatura competitiva para la elección presidencial de 2026, que será, sin duda, su última elección presidencial.

* Miembro del comité asesor de la unidad del sur global de la London School of Economics (LSE)

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América Latina vive una situación paradójica. Por un lado, las evoluciones de la geopolítica internacional la transforman en una de las principales regiones capaces de proveer soluciones en materia alimentaria, energética y medioambiental, y al mismo tiempo, continúa siendo un espacio que acumula las desigualdades sociales, económicas y territoriales. Tras la pandemia, estas contradicciones y paradojas han aumentado. Un buen ejemplo de ello es la agricultura y la alimentación: aunque la región produce y exporta más alimentos que nunca, se enfrenta a enormes dificultades para alimentar a su propia población. América Latina se ha convertido en muchos sentidos en el granero del mundo. En las dos últimas décadas, el valor de sus exportaciones agrícolas aumentó 500 por ciento, alcanzando los 316 mil millones de dólares en 2022. Ninguna otra región tiene un excedente agrícola más grande. De ella procede más del 60 por ciento del comercio mundial de soja, casi la mitad del maíz y más de una cuarta parte de la carne vacuna. Tres de cada cuatro aguacates proceden de América Latina, al igual que gran parte del café que se consume en el mundo.
Al mismo tiempo, alrededor de 28 por ciento de las personas en América Latina y el Caribe sufren hoy de inseguridad alimentaria moderada o grave, lo que significa que carecen de acceso regular a suficientes alimentos saludables y nutritivos para una salud y un desarrollo normales. Esta cifra es inferior a la máxima registrada durante la pandemia de Covid-19, pero sigue siendo seis puntos porcentuales superior a la de 2014, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). Esto significa que 48 millones de personas más sufren inseguridad alimentaria en comparación con una década atrás. Si bien América Latina avanzó considerablemente en la reducción de la pobreza y el hambre durante la próspera década de 2000, varias de las mayores economías, como Argentina y Brasil, sufrieron graves recesiones a partir de mediados de 2010, mientras que Venezuela está al borde del colapso. La pandemia agravó este proceso.
Infelizmente, si las cosas se mantienen como están al día de hoy, es probable que América Latina no alcance los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU de acabar con el hambre y lograr la seguridad alimentaria para 2030. Uno de los problemas es el precio. Según la FAO, el costo de una dieta sana en América Latina y el Caribe es hoy, en promedio, más alto que en cualquier otra región del mundo. (Esto se debe en parte al costo excepcionalmente elevado de las importaciones de alimentos en las naciones caribeñas). Otro factor de inseguridad es el número sin precedentes de personas de toda la región que hacen sus maletas y se marchan. El caso más dramático es el de Venezuela, donde casi una cuarta parte de la población ha huido al extranjero en medio de la debacle económica del país. Finalmente, la corrupción también contribuye a agravar esta situación. En México, la fiscalía ha imputado a unos 90 empleados de Segalmex, la agencia gubernamental de seguridad alimentaria, en una investigación sobre la presunta malversación de más de 500 millones. En Colombia, el Presidente Gustavo Petro anunció en su discurso de investidura pronunciado en 2022 que la lucha contra el hambre sería su principal prioridad. Pero su gobierno se ha visto debilitado por un creciente escándalo de malversación de fondos en torno a la compra de camiones cisterna con precios excesivos para suministrar agua potable a las aldeas indígenas pobres, al tiempo que sus políticas públicas en materia de alimentación no han terminado de despegar.
La buena noticia es que gran parte de América Latina está retomando poco a poco el camino correcto, debido principalmente a las ultimas alternancias políticas. De México a Colombia, pasando por Brasil, los presidentes han declarado que la lucha contra el hambre es una prioridad absoluta. Agencias gubernamentales, organizaciones sin ánimo de lucro y fundaciones privadas están ideando formas, a menudo novedosas, de hacer llegar una mayor variedad de alimentos nutritivos a un mayor número de personas. El objetivo es crear un mejor granero, una América Latina capaz de alimentar al mundo y, al mismo tiempo, proporcionar seguridad alimentaria a su propia población. Esperemos que ese propósito pueda materializarse pronto.

* Miembro del comité asesor de la unidad del sur global de la London School of Economics (LSE).

X: @Gaspard_Estrada