El pasado domingo, la Asamblea General de la ONU aprobó un plan para unir a las naciones del mundo, cada vez más divididas, con el fin de hacer frente a los retos del siglo XXI, desde el cambio climático y la inteligencia artificial hasta la escalada de conflictos y el aumento de la desigualdad y la pobreza. El “Pacto para el Futuro”, de 42 páginas, insta a los líderes de los 193 países miembros de las Naciones Unidas a convertir las promesas en acciones reales que marquen la diferencia en la vida de los más de 8 mil millones de habitantes del planeta.
El pacto se adoptó en la apertura de la “Cumbre del Futuro”, de dos días de duración, convocada por el secretario General de la ONU, Antonio Guterres, quien dio las gracias a líderes y diplomáticos por dar los primeros pasos y abrir la puerta a un futuro mejor. Durante su discurso, el jefe de la ONU retó a los líderes: hay que aplicar el pacto. Para ello, es necesario dar prioridad al diálogo y a las negociaciones, en aras de obtener, finalmente, la reforma del poderoso Consejo de Seguridad de la ONU y acelerar las reformas del sistema financiero internacional, así como la transición para abandonar los combustibles fósiles.
La suerte de la ratificación del pacto estuvo en entredicho hasta el último momento. Había tanto suspense que Guterres tenía tres discursos preparados, uno para la aprobación, otro para el rechazo y otro por si las cosas no estaban claras. La cumbre comenzó con la propuesta de enmiendas que habrían suavizado significativamente el pacto. En nombre de los 54 países africanos que se oponían a las enmiendas rusas, la República del Congo presentó una moción para que no se votaran. La moción fue aprobada entre aplausos. Rusia sólo obtuvo el apoyo de Irán, Bielorrusia, Corea del Norte, Nicaragua, Sudán y Siria.
A continuación, el Presidente de la Asamblea, Philémon Yang, sometió el pacto a votación e hizo sonar su mazo, lo que significó el consenso de los 193 países miembros de la ONU necesario para su aprobación. Rusia ha hecho importantes incursiones en África –en países como Malí, Burkina Faso, Níger y República Centroafricana– y el rechazo del continente a sus enmiendas junto con México fue considerado un golpe para Moscú por algunos diplomáticos y observadores.
El pacto incluye 56 acciones sobre temas como la erradicación de la pobreza, la mitigación del cambio climático, el logro de la igualdad de género, la promoción de la paz y la protección de los civiles, y la revitalización del sistema multilateral para aprovechar las oportunidades de hoy y de mañana.
El secretario General Guterres destacó una serie de disposiciones clave del Pacto del Futuro y de los dos anexos que lo acompañan, un Pacto Mundial Digital y una Declaración sobre las Generaciones Futuras. El pacto compromete a los líderes mundiales a reformar el Consejo de Seguridad de 15 miembros, para que refleje mejor el mundo actual y “reparar la injusticia histórica contra África”, que no tiene un puesto permanente, y abordar la infrarrepresentación de la región Asia-Pacífico y América Latina.
También representa el primer apoyo multilateral acordado para el desarme nuclear en más de una década, y se compromete a dar pasos para prevenir una carrera armamentista en el espacio exterior y a gobernar el uso de armas autónomas letales. Por su lado, el Pacto Mundial Digital incluye el primer acuerdo verdaderamente universal sobre la gobernanza internacional de la Inteligencia Artificial (IA). El pacto compromete a los líderes a establecer un Panel Científico Internacional Independiente en las Naciones Unidas para promover la comprensión científica de la IA, así como sus riesgos y oportunidades. También compromete a la ONU a iniciar un diálogo mundial sobre la gobernanza de la IA con todos los actores clave.
Alemania y Namibia lideraron las negociaciones del pacto, que duraron dieciocho meses. Durante sus discursos tras la aprobación del pacto, el Presidente de Namibia, Nangolo Mbumba, y el Canciller alemán Olaf Scholz, conclamaron a sus pares para adoptar en la práctica los enunciados del pacto. Falta saber si habrá voluntad política para aplicarlo.

* Miembro del comité asesor de la unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE).

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Tras meses de espera, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha nombrado por fin a un primer ministro para desbloquear la situación política en Francia. Al hacerlo, ha dado a la extrema derecha una importante victoria.
La supervivencia del futuro gobierno de Michel Barnier depende efectivamente de la buena voluntad del partido Encuentro Nacional, el partido de extrema derecha de Marine Le Pen que quedó en tercer lugar en las elecciones anticipadas de este verano. El Nuevo Frente Popular, la alianza de izquierdas que obtuvo el mayor número de escaños pero se quedó lejos de obtener la mayoría absoluta, ya ha jurado respaldar las mociones de censura contra Barnier en la Asamblea Nacional. Por tanto, Barnier necesitará del apoyo tácito de la extrema derecha para garantizar que su gobierno no sea derrocado inmediatamente: la coalición pro-Macron y el grupo conservador Derecha Republicana, que probablemente apoye al nuevo primer ministro, sólo tienen 213 escaños, muy por debajo de los 289 necesarios para una mayoría.
Los líderes del Encuentro Nacional han expuesto en los últimos días sus condiciones de apoyo: medidas sobre poder adquisitivo, seguridad e inmigración; introducción de la representación proporcional en el Parlamento; y “respeto” a los legisladores de extrema derecha. En este sentido, aunque la extrema derecha perdió las elecciones legislativas en segunda vuelta gracias a un Frente Republicano cuando la primera le había sido favorable, ahora se ha convertido en el hacedor de reyes del país. Le Pen fue una figura influyente en las negociaciones de esta semana para elegir al próximo Primer Ministro.
Ella fue consultada por Emmanuel Macron al respecto del perfil del próximo premier. Y ante las dos propuestas que el Presidente tenía en mente –el ex primer ministro socialista Bernard Cazeneuve y el peso pesado conservador Xavier Bertrand–, Marine Le Pen dejó claro que ninguno de los dos tendría su beneplácito. El Encuentro Nacional amenazó con “rechazar inmediatamente” un gobierno de Bertrand independientemente de sus políticas, una perspectiva que Macron no podía permitirse. La izquierda probablemente habría apoyado los esfuerzos de la extrema derecha para torpedear a Bertrand, colapsando así su gobierno antes de que pudiera arrancar. Y así fue como el jueves, Michel Barnier se volvió Primer Ministro.
La cuestión ahora es saber si Barnier, que también tendrá que llegar a un compromiso con sus partidarios de centro-derecha y centristas, puede satisfacer a la extrema derecha, que se opone a muchos de los recortes presupuestarios que probablemente se propongan para solucionar los graves problemas de deuda de Francia.
Este acercamiento entre Macron y la extrema derecha ha provocado malestar en el campo Macronista. Después de disolver el Parlamento tras la actuación dominante de la extrema derecha en las elecciones europeas de junio, el presidente francés hizo campaña para mantener a los extremistas fuera del poder en París. Ahora les ha dado una espada de Damocles para que penda sobre el próximo gobierno. Sobre todo considerando que durante el verano, la coalición de izquierdas intentó promover un nombre alternativo, el de la alta funcionaria Lucie Castets, sin éxito (tampoco los números permitían que por sí sola, la izquierda esté en capacidad de gobernar sin un pacto legislativo con otras fuerzas políticas).
En este sentido, la decisión de nombrar a Barnier con el respaldo tácito de la extrema derecha no corresponde con la idea del Frente Republicano, que impulsó a Emmanuel Macron desde su primera elección como Presidente de Francia, 2017. Al tomar tal decisión de acercarse del Encuentro Nacional –y en particular, a Marine Le Pen, Macron toma el riesgo de provocar que en la próxima elección presidencial, el Frente Republicano contra la extrema derecha se disuelva, lo cual le abriría las puertas del poder. Sin duda, se trata de un riesgo extremadamente alto para el futuro de Francia, de Europa, y del mundo.

* Miembro del comité asesor de la unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE).

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Dentro de poco más de un año, los bolivianos irán a las urnas para elegir a su próximo presidente de la República. Veinte años después de la llegada al poder, por primera vez, de un candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) –Evo Morales–, este país sudamericano ha cambiado profundamente. Sin embargo, las tensiones políticas existentes en el seno de este partido hacen posible que exista una alternancia en el poder hacia la derecha, organizada particularmente en el departamento oriental de Santa Cruz.
El martes pasado se llevó a cabo una reunión ampliada de la dirigencia nacional del MAS en la ciudad de Villa Tunari, el bastión político de Evo Morales, donde se determinó la expulsión del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca del partido. Esa resolución se produjo con el supuesto que ambos gobernantes habrían “traicionado al pueblo boliviano y al proceso de cambio” y por haber permitido “el retorno de los brazos operativos norteamericanos como la CIA, DEA y USAID” a Bolivia, al tiempo que ambos se habrían “convertido al neoliberalismo” y “hab(rían) destruido la economía” de su país. En este mismo encuentro, el expresidente también anunció una marcha desde la localidad de Caracollo (Oruro) a la sede de Gobierno, que está prevista para iniciar el 17 de septiembre. También anunció su intención de realizar eventualmente una huelga de hambre a partir de esa fecha.
A este anuncio de conflicto se suman otros que complican el escenario de gobernabilidad para Luis Arce. Este viernes 6 de septiembre, en Santa Cruz habrá un paro cívico en rechazo a los resultados del Censo de Población y Vivienda, según los cuales el departamento tiene menos población de lo proyectado. Esta información es importante, porque buena parte de los recursos públicos destinados por el Estado boliviano a los departamentos se calcula en base a los resultados del Censo de Población y Vivienda. En este sentido, Santa Cruz recibirá menos recursos de lo que esperaba. De igual forma, en La Paz y El Alto se están definiendo medidas contra los datos censales.
Por otro lado, la organización campesina del altiplano “Ponchos Rojos” está decidida a realizar un bloqueo de caminos contra el gobierno de Luis Arce. El sábado tendrán un ampliado de las 20 provincias de La Paz y ahí definirán las estrategias de la medida.
Ni el presidente Luis Arce ni funcionarios del gobierno se han referido explícitamente a estos hechos. Sin embargo, Arce dejó en evidencia su voluntad de manifestar su rechazo ante las iniciativas de su antiguo mentor político, al escribir en su cuenta de X: “ante los que apuestan por el odio, la mentira, la violencia y la confrontación entre bolivianas y bolivianos buscando convulsionar el país por ambiciones electorales, nuestra respuesta siempre será más trabajo y gestión en favor del pueblo boliviano”.
En este contexto político turbulento, la figura jurídica del MAS está en riesgo de desaparecer. Según el calendario del Tribunal Supremo Electoral (TSE), las organizaciones políticas tenían hasta el pasado jueves para renovar sus directivas, pero el partido actualmente en el poder está lejos de alcanzar consensos. El procedimiento regular para renovar la dirección de un partido político en Bolivia es la realización de un congreso que cuente con la supervisión del TSE para que la nueva directiva tenga validez legal. Sin embargo, el organismo electoral ha rechazado supervisar los encuentros convocados tanto por el ala “arcista” como el “evista” debido a observaciones técnicas de incumplimiento del estatuto del partido –lo cual deriva, en la realidad, de una voluntad de no tomar partido en el enfrentamiento entre arcistas y evistas. El MAS ya fue amonestado en mayo por no renovar su directiva, si recibe dos amonestaciones más puede perder su registro como partido. Una fracción del MAS respalda la continuidad de Evo Morales y el otro al dirigente campesino Grover García, de línea arcista, que fue proclamado presidente del partido por los seguidores de Luis Arce, en un acto que tampoco tuvo legalidad por la ausencia del organismo electoral. De manera que buena parte del futuro político de Bolivia se determinará en función de quién logre quedarse con el registro del MAS.

* Miembro del comité asesor de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE).

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Dentro de menos de cuarenta días, los brasileños irán a las urnas para elegir a sus alcaldes y diputados locales. No se trata de una cita electoral menor. Más de 5 mil 500 municipios verán sus ejecutivos enfrentar el desafío electoral. Sin embargo, la cita que va a dominar la atención de los medios de comunicación será la de la capital del estado más poblado del país, Sao Paulo. No solamente porque se trata de la ciudad más grande de Brasil, sino que el candidato de la izquierda, Guilherme Boulos, podría convertirse en un posible relevo generacional tras la inevitable salida de Lula de la política, ya sea en 2026 o en 2030.
A diferencia de este último, que salió de la pobreza como líder sindical, Guilherme Boulos es hijo de dos médicos de São Paulo. Su conciencia social surgió por primera vez cuando recorría el país en coche con su papá para ver los partidos de futbol del equipo Corinthians (también el equipo preferido de Lula). En esos viajes, padre e hijo se cruzaban a veces con personas que pedían limosna a los lados de la carretera. A los 19 años, Boulos abandonó el hogar de sus padres para vivir entre los sin techo. Pronto se convirtió en el líder del Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST, por sus siglas en portugués), una organización que lleva a cabo ocupaciones de tierras a gran escala. Utilizando tácticas similares a las del más conocido Movimiento de los Sin Tierra (MST), pero trabajando en zonas urbanas, el MTST se centra en terrenos baldíos de propiedad pública y privada, y presiona para que el Estado los expropie y los ceda a las poblaciones sin hogar. El grupo ha llevado a cabo docenas de ocupaciones, a veces con cientos o miles de personas, y ahora afirma estar presente en 14 estados.
Boulos se dio a conocer liderando la ocupación de un gran terreno propiedad de Volkswagen (que pretendía venderlo) en 2003, durante el primer gobierno de Lula, una época en la que gran parte de la izquierda actuaba con cautela, con la esperanza de no socavar un gobierno considerado amistoso. En otra ocupación, en 2017, el propio Boulos fue detenido brevemente.
Durante sus años de activista, Boulos se ganó la reputación de ser un negociador con talento, a menudo capaz de apaciguar las tensiones con las fuerzas policiales locales. Le dio a Lula una muestra de apoyo cuando la fortuna política de este último estaba en su punto más bajo: llevó al MTST a una vigilia en la sede política de Lula en las afueras de São Paulo justo antes de su arresto en 2018.
Ese mismo año, Boulos decidió entrar en la política partidaria. Ese año fue candidato a la presidencia por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), con menos del 1 por ciento de los votos. En 2020 se presentó por primera vez a la alcaldía de Sao Paulo, perdiendo por veinte puntos frente a Bruno Covas. En 2022, fue candidato a diputado federal, y ganó con el mayor total de votos en el estado de Sao Paulo, superando a Eduardo Bolsonaro. A nivel nacional, fue el segundo más votado.
Esta vez, en la carrera por la alcaldía de Sao Paulo, Boulos presenta algunas propuestas más moderadas. Sugiere aumentar el tamaño de la policía local y utilizar la tecnología para rastrear los teléfonos robados, en medio de un aumento de los robos de teléfonos móviles y la preocupación por la delincuencia. También se ha acercado a los pastores evangélicos en vísperas del inicio oficial de la campaña, con la intención de abrirse paso entre un importante bloque de votantes en el que la derecha ha calado hondo. Sobre todo, el Presidente Lula convenció a la ex alcaldesa de Sao Paulo, Marta Suplicy, que sigue siendo muy popular en los barrios más pobres de la ciudad, de que se uniera a la candidatura de Boulos como vicealcaldesa, con la esperanza de dar un aire de moderación y competencia a un candidato que no dispone todavía de experiencia administrativa como jefe de un ejecutivo. Todavía no está claro si Boulos logrará vencer en esta disputa electoral. Sin embargo, lo que sí está claro es que esta carrera, y lo que presagia para Boulos a futuro, tiene implicaciones importantes para la política brasileña como un todo.

* Miembro del comité asesor de la unidad del sur global de la London School of Economics (LSE).

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En los últimos días, la reforma del poder judicial en México ha sido objeto de crítica de buena parte de los gobiernos y de los medios de Estados Unidos y Canadá. Buena parte del argumento de los funcionarios de la administración Biden y de los periódicos como el Washington Post en contra del “Plan C” están ligados a una pérdida de la independencia del poder judicial.
En este contexto, según el medio La Política Online, funcionarios de alto nivel del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sostuvieron una serie de conversaciones con emisarios del gobierno chino. Estos últimos le habrían prometido al gobierno de México que continuarán las inversiones chinas en nuestro país, aun si la reforma judicial iba adelante, bajo el argumento que China no se entromete en los asuntos de política interna de sus socios.
Este tipo de mensaje podría ser anecdótico, teniendo en cuenta la profundidad de la inserción de México en la cadena productiva norteamericana desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. No lo es. Se trata de un movimiento de fondo, en el cual la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China está tomando forma de manera cada vez más explícita en América Latina.
Es en América del Sur donde este movimiento es más visible. En efecto, Pekín se ha transformado en el primer socio comercial de la mayoría de los países sudamericanos, sean éstos gobernados por la izquierda (Brasil, Chile) o por la derecha (Argentina, Perú, Ecuador). Este vínculo económico construido por China con América del Sur durante los últimos veinte años ha transformado las dinámicas geopolíticas de la región. Si bien la mayor parte de la inversión extranjera directa hacia estos países sigue viniendo de Norteamérica, el nivel de la presencia china en la región se ha multiplicado, inclusive en sectores económicos estratégicos, como la generación y la transmisión de electricidad.
Frente a ello, los procesos de integración regional, que podrían conducir a disminuir la dependencia de los países de la región frente a Estados Unidos y China, se encuentran estancados. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que incluye a la totalidad de los países Latinoamericanos y del Caribe, nunca fue pensada como un mecanismo capaz de generar procesos institucionales de integración económica; más bien, se trata de un foro intergubernamental regional, en el cual los países pueden dialogar sobre los principales asuntos políticos latinoamericanos. Además, la polarización política y la existencia de grandes divergencias entre los dirigentes de la región (en particular, tras la llegada al poder de Javier Milei en Argentina) han impedido que las tentativas de relanzar los mecanismos de integración subregional como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), o el más reciente Consenso de Brasilia (lanzado el año pasado por el Presidente Lula) tengan éxito.
En este sentido, las prioridades para los gobiernos progresistas de la región no están en profundizar la integración regional, sino en evitar que las crisis se multipliquen en América Latina, como en los casos venezolano, nicaragüense y cubano en este momento. Por ende, si la prioridad no está allí, ¿hacia dónde se estarán dirigiendo los países de la región?
La respuesta no es única, y depende de una lectura fina en cada uno de los países de Latinoamérica. Sin embargo, sí es posible constatar una disputa creciente entre Estados Unidos y China para aumentar y/o mantener su influencia en la región.
Por el lado de Washington, existe una apuesta clara en aumentar el volumen de las inversiones privadas, en particular en materia de insumos críticos para la transición energética, como el litio. Para ello, las autoridades norteamericanas decidieron extender los beneficios fiscales ligados al Inflation Reduction Act (IRA) a algunos países de la región en función de sus intereses geopolíticos, como en el caso de México, o más recientemente, de Argentina.
También está dándole todo el respaldo a una iniciativa con vistas a aumentar las inversiones en semiconductores y tecnología informática en países aliados, como Costa Rica, Panamá y Colombia.
China, por su lado, está haciendo todo lo posible para que Brasil adhiera a la iniciativa de la franja y de la ruta (BRI, por sus siglas en inglés), lo cual sería un golpe geopolítico considerable, teniendo en cuenta el peso que tiene este país en América del Sur.
En este sentido, la próxima cumbre del G-20, que se llevará a cabo los 16 y 17 de noviembre en Río de Janeiro, será un buen indicador de los cambios de rumbo de Latinoamérica.

* Miembro del comité asesor de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE).

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Esta semana la capital política de Estados Unidos no está en Washington DC, sino en Chicago. En efecto, del lunes al jueves se lleva a cabo la Convención Nacional del Partido Demócrata, en la cual los delegados validarán la investidura de la actual vicepresidenta Kamala Harris como candidata a la Presidencia de los Estados Unidos, así como a Tim Walz, actual gobernador de Minnesota, como su fórmula vicepresidencial. Esta convención se da en un contexto político totalmente diferente al del mes pasado, cuando se llevó a cabo la Convención Nacional del Partido Republicano en la cual Donald Trump fue investido como candidato presidencial.
En aquel momento, la gran mayoría de los analistas –y de las encuestas de opinión– daban por hecho que el millonario de extrema derecha lograría imponerse con facilidad en la mayoría de los “Estados Péndulo” (Swing States en inglés) que van inclinar la balanza de un lado o del otro el próximo 5 de noviembre. La senilidad aparente del Presidente Joe Biden –que era un secreto a voces dentro del Partido Demócrata y en una parte de la comentocracia norteamericana desde hace ya varios meses, revelada por el debate que se llevó a cabo a mediados de junio–, constituía hasta entonces un gran lastre para las campañas de los demócratas, que no solo tenían miedo de perder la Presidencia de Estados Unidos, sino también numerosos escaños en los Congresos federales y locales. Donald Trump había logrado posicionar la idea que su rival era incapaz de continuar desempeñándose como Presidente, evitando así que los medios le den relevancia a sus planteamientos racistas, extremistas y contrarios a la democracia.
Pero la salida de Biden de la carrera electoral, y su reemplazo por Kamala Harris relanzó la competencia electoral. Es más, según varios estudios demoscópicos publicados en los últimos días, la candidata demócrata ya estaría aventajando a su rival republicano en la mayoría de los siete principales Swing States en juego, al tiempo que buena parte de los escaños indecisos en el Congreso podrían inclinarse a favor del partido “azul”. Para varios analistas, es posible comparar esta dinámica positiva de Harris con la que se llevó a cabo en 2008, cuando Barack Obama fue electo. No solamente la base del partido se ha volcado a respaldar a Harris, sino que los electores moderados, y en buena medida los electores independientes están considerando votar por la candidata demócrata.
Sin embargo, Kamala Harris tiene un reto frente a ella. Debe entender y responder a las preocupaciones de los votantes sobre temas importantes como la economía sin ser pesimista. Debe destacar su experiencia como mano derecha del presidente Biden sin ayudar a los republicanos en sus esfuerzos por vincularla a las frustraciones de los votantes con la presidencia de Biden.
Esencialmente, debe explicar por qué es la persona adecuada para abordar los problemas de los próximos cuatro años sin definirse por los últimos cuatro años.
Una reciente encuesta de ABC News-Washington Post-Ipsos muestra por qué Harris debe aprovechar esa oportunidad esta semana. Donald Trump mantiene una considerable ventaja sobre su oponente cuando se pregunta a los votantes en qué candidato confían más para gestionar la economía, la inflación y la inmigración. Frente a ello, Harris tiene un as bajo la manga: la misma encuesta de ABC-Post afirma que sólo el 33 por ciento de los estadunidenses estima que Harris ha tenido “mucha” o “bastante” influencia sobre las políticas económicas de la administración Biden, y sólo el 39 por ciento dice lo mismo de Harris en materia de inmigración. A pesar de los esfuerzos de los republicanos por destacar el papel de Harris como persona de contacto de Biden en la lucha contra la inmigración a través de la frontera sur no parecen haber tenido el efecto deseado.
Esta semana, el Partido Demócrata tendrá el control de facto de las ondas y con ello la oportunidad de controlar la narrativa sobre qué tipo de presidenta podría ser Harris. Los republicanos, por su parte, se enfrentan a un plazo muy ajustado para definir a Harris en sus propios términos, teniendo en cuenta que en algunos estados las primeras papeletas de voto por correo empiezan a llegar a los votantes en tan sólo unas semanas.

* Miembro del comité asesor de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE).

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A partir del 26 de julio, París vivió una suerte de efervescencia deportiva. Los juegos olímpicos invadieron las calles de la capital francesa, en un ambiente de optimismo y fraternidad, lejos de las predicciones catastrofistas de buena parte de la comentocracia francesa, que había enterrado por adelantado las posibilidades de éxito de la justa olímpica.
En efecto, al contrario de todas las competencias anteriores, estos juegos fueron diseñados para llevarse a cabo principalmente fuera de los estadios y en medio de la urbe, para darle brillo a la historia y a la arquitectura de la Ciudad Luz.
Está opción era arriesgada, en el sentido de que es mucho más complicado garantizar la seguridad en un espacio tan grande y con tanta gente en la calle (se estima que más de 200 mil personas asistieron a la ceremonia de apertura en el Sena), que en un lugar cerrado como un estadio.
Además, el día de la inauguración, unos vándalos (no han sido identificados aún) lograron sabotear varios ejes de señalización de las líneas de tren de alta velocidad (los TGV), provocando miles de retrasos y cancelaciones. Sin embargo, las cosas se llevaron a cabo como lo previsto y la ceremonia inaugural se presentó brillantemente a lo largo del río Sena.
Si bien, algunos pasajes de esta fiesta audiovisual fueron objeto de críticas, en particular en países con una presencia importante de cristianos o musulmanes, esta primicia logró conseguir un aplauso global y constituyó el puntapié inicial de quince días frenéticos de deporte al más alto nivel.
Paralelamente a la competencia deportiva también existe una suerte de batalla deportivo-diplomática, teniendo en cuenta que muchos países invierten cuantiosas sumas de dinero con el objetivo de obtener el mayor número de medallas posibles, y así, reafirmar su rango y su estatus.
Ese fue el caso de Francia, que invirtió masivamente desde hace 7 años (cuando París obtuvo el estatus de ciudad sede) para aumentar el número de atletas capaces de ganar medallas. Toda una estructura de soporte logístico y de preparación física fue armada por el gobierno, junto con los gobiernos locales y las federaciones deportivas. De esta manera, los atletas pudieron entrenarse en buenas condiciones y los resultados están aquí: Francia logró colocarse en el quinto lugar del tablero de medallas, con 64, lo que representa el mejor resultado en la historia de ese país en unos juegos olímpicos.
Paradójicamente, este éxito deportivo coincide con un momento político extremadamente tenso y adverso para el presidente Emmanuel Macron. Tras la sorpresiva disolución de la Asamblea Nacional en junio pasado y los asombrosos resultados de esta elección, que se tradujo en una fragmentación inédita de la Cámara de Diputados (11 partidos representados), la situación política parece bloqueada. Ninguna fuerza política es capaz, por sí sola, de constituir una mayoría que le permita gobernar.
Si bien este escenario ya existía desde 2022, fecha de la elección legislativa anterior, la situación es aún más complicada para el presidente Macron que perdió a más de setenta congresistas entre 2022 y 2024.
Es decir, sin una coalición con la derecha, o con un sector de la izquierda (una opción menos factible), los números no cuadran para el jefe del ejecutivo francés.
En este escenario, los juegos olímpicos constituyeron una bocanada de aire fresco para Macron. El presidente ha comenzado a pensar en algunas fórmulas de gobernanza, en particular hacia la derecha y en menor medida, hacia el centro izquierdo.
Sin embargo, las perspectivas económicas de corto plazo serán complejas. Hace poco más de un mes, la Comisión Europea lanzó un proceso de infracción contra Francia por sus déficits presupuestales “excesivos”, lo cual va tener una traducción financiera para ese país.
En las próximas semanas, el gobierno tendrá que presentar una propuesta de presupuesto para 2025, en el cual el déficit público tendrá que disminuir de manera considerable. Pero sin mayoría política en el Congreso, ¿cómo obtener recortes presupuestales significativos?
Esa es una de las múltiples preguntas a las que tendrá que responder Emmanuel Macron tras una “ tregua olímpica” más que exitosa.

*Miembro del comité asesor de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

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(Segunda de dos partes)

La crisis política y social que vive Venezuela continúa creciendo. E infelizmente, como era de esperarse, el proceso electoral de hace poco más de diez días ha contribuido a agravar este proceso, en vez de darle una salida política. Como lo mencionamos en este espacio la semana pasada, la crisis de legitimidad de Nicolás Maduro, así como de las instituciones del Estado Venezolano vienen de lejos. Sin embargo, las señales diversas que nos muestra esta elección es que, tal vez, estemos entrando en un momento crítico para el futuro de este país y de buena parte de América Latina.
La elección en sí fue el escenario de una paradoja muy latinoamericana: la coexistencia de un sistema electoral computarizado altamente confiable, que dio paso, según varios informes periodísticos de la agencia Associated Press y del Washington Post, a uno de los mayores fraudes ya cometidos en América Latina desde el fin de las dictaduras militares en la región. En efecto, el sistema de votación en Venezuela es electrónico, con un respaldo impreso del voto para evitar cualquier manipulación. Al final de la votación, cada una de las urnas electrónicas envía los resultados de la urna a un terminal concentrador de los resultados dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE), e imprime un documento con la suma de los votos por candidato para que cualquier ciudadano pueda revisar el resultado electoral en su casilla. Cabe destacar que el envío digital de los resultados de las urnas electrónicas al terminal concentrador del CNE no se lleva a cabo vía internet, sino que se realiza por la vía de una red privada, para evitar cualquier fuga y hackeo de información.
Teniendo en cuenta esta información, la decisión de la oposición de participar en el proceso electoral se acompañó de otra: ¿cómo lograr recabar la información sobre el día de la elección y evitar un fraude desde el poder? Al no disponer de un acceso privilegiado al CNE, los estrategas de la oposición montaron secretamente un equipo de voluntarios en la mayor parte del país, para poder recabar manualmente los registros impresos de las urnas electrónicas. Al hacerlo, no dependían del recuento electrónico, controlado políticamente por las máximas autoridades del CNE y por ende, por Nicolás Maduro, sino de ellos mismos, para construir un recuento de votos alternativo al del gobierno.
Por su lado, el gobierno, y en particular Nicolás Maduro, decidió no divulgar los resultados de las actas contabilizadas por el registro electrónico del CNE, alegando que un hacker proveniente de Macedonia de Norte habría intervenido en el sistema electoral, a pesar de que este sistema, como lo dijimos anteriormente, no pasa por internet, lo cual invalida la tesis de un hackeo electrónico.
De hecho, los documentos impresos por el presidente del CNE, que fueron presentados a los medios de comunicación el día de la elección, y que daban a Nicolas Maduro como vencedor de la elección presidencial, no fueron impresos desde la sala donde se encuentra el terminal concentrador de los resultados electorales, sino desde la oficina del presidente del CNE.
Muy casualmente, la página del sistema electoral venezolano continúa fuera del aire, a pesar de que han pasado más de diez días desde la elección y que el propio CNE ha actualizado el propio resultado de la elección presidencial.
Frente a esta situación, los principales actores regionales y extrarregionales han tomado cartas en el asunto para definir su posición. Como era de esperarse, los aliados del gobierno venezolano, como Rusia, China o Cuba, reconocieron rápidamente a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela.
No fue el caso de la gran mayoría de los países latinoamericanos. Algunos de ellos, como Guatemala o Ecuador, denunciaron la manipulación electoral, al tiempo que reconocieron la victoria del diplomático Edmundo González.
Otros, como México, Colombia o Brasil, evitaron pronunciarse sobre el resultado electoral, y pidieron que las autoridades electorales venezolanas presenten las actas de manera separada, para darle certidumbre, legitimidad y transparencia al proceso. Mientras esto ocurría, las calles de Caracas se llenaron de manifestantes. Al día de hoy, más de veinte personas perdieron la vida, y más de mil 100 personas han sido arrestadas, entre civiles y militares. Hoy, es muy difícil saber hacia dónde va este proceso político. Lo que sí está claro, es que buena parte del futuro de América Latina se está jugando ahora.

*Miembro del comité asesor de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE).

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(Primera de dos partes)

El pasado domingo, los venezolanos tuvieron una cita con las urnas para elegir a su próximo presidente de la República. No se trataba de una elección como las demás. Desde su llegada al poder, en 2013, por un margen mínimo (50.61% de los votos frente a 49.12% para su rival, Henrique Capriles), Nicolás Maduro ha estado en el filo de la navaja democrática. Si bien su antecesor, Hugo Chávez, consiguió obtener el respaldo de las urnas para sus políticas, con o sin la participación electoral de la oposición, no se puede decir lo mismo del actual presidente de Venezuela.
En 2015 se llevaron a cabo unas elecciones legislativas en las cuales la oposición se presentó unida frente a los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). A raíz de este escrutinio, la oposición obtuvo por primera vez una victoria electoral desde la llegada al poder de Hugo Chávez (en 2002), con una mayoría calificada de escaños en el Congreso, pasando a ocupar 109 bancas contra 55 para los candidatos del PSUV. Sin embargo, en lugar de reconocer el resultado electoral y aceptar que la oposición pueda hacer uso de sus prerrogativas tras su victoria en las urnas, el régimen de Nicolás Maduro usó todos los instrumentos a su disposición para evitarlo. Mediante una jugada de la Corte Suprema –controlada por personalidades leales a Maduro–, la oposición perdió la mayoría calificada en el Parlamento tras la impugnación, por el PSUV, de los diputados Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, electos en el estado Amazonas como representantes de la Mesa de Unidad Democrática (MUD). La impugnación se basó en denuncias de irregularidades y un presunto fraude electoral. Estas denuncias llevaron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a emitir una medida cautelar el 30 de diciembre de 2015, suspendiendo la proclamación de los diputados electos por esa entidad.
Un año más tarde, en 2016, el TSJ anuló todas las decisiones de la Asamblea Nacional opositora, alegando que los legisladores incurrieron en desacato al incorporar a los tres diputados cuya elección había sido impugnada. Esta medida y otras decisiones del TSJ, limitaron significativamente la capacidad legislativa del Parlamento opositor y llevó al país a un nuevo nivel de confrontación entre poderes. Poco tiempo después, en 2017, el madurismo se impuso en el Legislativo por medio de la creación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). La razón de ser de esta Asamblea era sostener un Parlamento paralelo, en el que solo fueron admitidos diputados del PSUV. Si bien la Constitución venezolana considera la creación de nuevos organismos, éstos deben ser aprobados por medio de un referéndum para ser reconocidos oficialmente; sin embargo, este último nunca fue convocado. De esta manera, el régimen se aseguró de arrebatarle a la oposición la posibilidad de seleccionar a las autoridades judiciales y electorales, debido a que esta facultad recayó en manos de este segundo Parlamento.
Esto no quiere decir, sin embargo, que la oposición haya jugado siempre el juego institucional. Tras la elección presidencial del 2018, en la cual la oposición no participó al no recibir las garantías de que el proceso sería transparente y democrático, un sector radicalizado decidió aprovechar la llegada al poder de la extrema derecha en Estados Unidos con Donald Trump, e intentó llevar a cabo un golpe de Estado contra Maduro. Juan Guaidó, un miembro del Poder Legislativo electo en 2015, se autoproclamó “Presidente encargado de Venezuela”, al tiempo que pidió al ejército respaldarlo. El problema fue que Maduro, desde su llegada al poder en 2013, aumentó profundamente el peso de las fuerzas castrenses dentro del andamiaje político y económico del oficialismo, al ascender a más de mil militares al cargo de generales, y al nombrar a muchos oficiales militares en la dirección de empresas públicas estratégicas. Al hacerlo, hizo mucho más difícil que estas últimas decidan abandonar al gobierno, y en última instancia, a Maduro, inclusive en tiempos de crisis. De ello hablaremos en nuestra columna de la próxima semana.

* Miembro del consejo asesor de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE).
X: @Gaspard_Estrada

 

El presidente Lula lanzará hoy en Río de Janeiro, durante la cumbre ministerial del G-20, la Alianza Global contra el hambre y la pobreza. Este programa, que tendrá por objetivo transformarse en un organismo intergubernamental independiente del G-20 este año, representa una de las mayores apuestas del tercer mandato del fundador y líder del Partido de los Trabajadores (PT). En efecto, uno de los peores efectos de la pandemia fue el aumento del hambre y de la pobreza en el mundo. Según un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el número de personas que padecen hambre en el planeta aumentó en más de 120 millones durante este periodo. En algunos países de América Latina fue revertida buena parte de los avances en materia de desarrollo social que se habían llevado a cabo durante los años 2000, provocando que esta agenda sea más indispensable que nunca, no únicamente para los países más pobres, sino también para las economías emergentes.
Sin embargo, la arquitectura financiera actual no está adaptada para hacer frente a este desafío mayúsculo para la comunidad internacional. Si bien las instituciones multilaterales existentes tienen el mandato de reducir la pobreza y las desigualdades, los recursos disponibles no son suficientes para responder a las necesidades de las sociedades y de los gobiernos.
Por ello es indispensable generar mecanismos financieros e institucionales innovadores, para revertir esta situación y lograr reducir –o eliminar, si es posible– el hambre y la pobreza extrema, lo que correspondería a cumplir, finalmente, con los dos primeros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (1, erradicación de la pobreza, y 2, hambre cero y agricultura sostenible).
Es en este contexto que, durante la Cumbre de líderes del G20 en Nueva Delhi, hace poco menos de un año, el presidente Lula da Silva anunció la creación de un Grupo de Trabajo para asentar una Alianza Global contra el hambre y la pobreza, a ser construida y formalizada durante la presidencia brasileña del G-20. En efecto, Brasil tiene una amplia experiencia y es reconocido internacionalmente por sus políticas de transferencia de ingresos y programas de reducción de la pobreza y la desigualdad –como el programa Bolsa Familia, lanzado por Lula durante su primer gobierno, en 2003, que beneficia a más de 55 millones de personas en el país y que ha sido fuente de inspiración para otros países en materia de política social. Por otro lado, la diplomacia brasileña ha venido insistiendo en la necesidad de reformar la arquitectura global del financiamiento al desarrollo.
Por ello, el grupo de trabajo constituido por la presidencia brasileña del G-20 se ha enfocado en crear las reglas de financiamiento y de gobernanza de esta nueva institución internacional, que tendrá como misión principal compartir políticas públicas que han funcionado a nivel nacional, gracias al financiamiento de instituciones multilaterales de desarrollo, que usarán nuevos mecanismos de préstamo. Pensamos, en particular, en el uso innovador de los derechos especiales de giro, administrados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), y que al día de hoy solo pueden ser empleados por los países miembros del FMI. Gracias a la reforma emprendida hace unos meses por el FMI con el apoyo de múltiples naciones (en particular, de países emergentes), será posible en un futuro próximo que los bancos multilaterales de desarrollo usen parte de estos derechos especiales de giro para financiar programas y proyectos sociales. Y gracias a estos recursos, las políticas de lucha contra el hambre y la pobreza podrán tener un impacto mucho mayor, contribuyendo a eliminar –o al menos, reducir sustancialmente– la pobreza y el hambre en el mundo. Esperemos que esta vez, los líderes pasen de las palabras a los hechos.

* Miembro del consejo asesor de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE).
X: @Gaspard_Estrada