El pasado siete de julio un terremoto político cimbró a Francia. Tras la debacle de los candidatos del presidente Emmanuel Macron durante las elecciones europeas, el jefe de Estado francés decidió, ante la sorpresa de todos, disolver la Asamblea Nacional, cuyo mandato debía terminar, en principio, en 2027. Tras tres semanas de campaña, los franceses fueron masivamente a las urnas (en una proporción que no se había visto en el país desde 1981), para elegir a sus diputados para la próxima legislatura. Según la versión oficial del Palacio de Elíseo, esta disolución (que se ha llevado a cabo en ocasiones muy excepcionales durante la Quinta República) tenía como objetivo “dar una respiración democrática a Francia”, así como “clarificar políticamente al país” tras dos años del segundo mandato del presidente Macron, marcado por la dificultad del Ejecutivo en aprobar reformas en el Congreso.
Sin embargo, los resultados en las urnas fueron totalmente diferentes a lo esperado por el Presidente y sus asesores. En efecto, las primeras encuestas de opinión publicadas unas horas después de la primera vuelta electoral daban cuenta de una holgada mayoría para los candidatos del partido de extrema derecha, el Encuentro Nacional (RN por sus siglas en francés). Esto produjo que los partidos de izquierda y del centro decidieran reeditar un “frente republicano” contra la extrema derecha, es decir llevar a cabo desistimientos sistemáticos en cada uno de los distritos electorales en los cuales la extrema derecha tenía una posibilidad real de ganar.
Gracias a esta estrategia, contra todos los pronósticos de las casas encuestadoras, la coalición de izquierda llamada Nuevo Frente Republicano consiguió obtener la primera minoría de escaños, con poco menos de 190 diputados sobre un total de 577. Es decir que, para obtener una mayoría y por ende aprobar proyectos de ley, como el presupuesto, es necesario construir una coalición que sume al menos esta cifra. Y aquí es donde han empezado los problemas para la coalición de izquierda…
En efecto, durante los dos últimos años, Jean-Luc Mélenchon ha aprovechado su buen desempeño en las elecciones presidenciales de 2022 (casi 23 por ciento de los votos en la primera vuelta) para imponer su fuerza y su voluntad política sobre las demás fuerzas del espectro político. El problema para él, es que entretanto, los resultados de las elecciones europeas de junio de 2024 le fueron desfavorables frente a los números del Partido Socialista (PS), que se volvió la primera fuerza política dentro de la izquierda en Francia. Por ello, el número de distritos atribuidos a este último partido creció considerablemente entre 2022 y 2024, lo que se tradujo en un aumento importante del número de diputados del PS. Tras la elección legislativa, el partido de Jean-Luc Mélenchon, la Francia Insumisa, y el PS pasaron a tener más o menos el mismo número de parlamentarios, lo que ha generado una fuerte disputa interna para saber cuál de los dos partidos tendrá la prerrogativa de hacer la propuesta de un nombre para ocupar el cargo de primer ministro.
El problema de esta situación es que está dejando en evidencia, de manera cada vez más clara, la fractura programática existente entre una izquierda que tiene la voluntad de construir una mayoría política y formar un gobierno capaz de durar en el tiempo, y otra que prefiere quedarse en los grandes discursos retóricos, y de manera más general, quedarse en la oposición. Mas pasa el tiempo, y menos habrán posibilidades de que la izquierda consiga formar un gobierno. Desde esta perspectiva, si el bloqueo se mantiene entre las fuerzas progresistas, lo más probable es que después de los Juegos Olímpicos, que comenzarán en París dentro de unos días, el Presidente Emmanuel Macron nombre como primer ministro a una personalidad que intente construir una mayoría entre el centro y la derecha en el parlamento. Si ese escenario se confirma, la izquierda francesa habrá dejado en evidencia que todavía le falta mucho tiempo para erigirse como la verdadera opción alternativa de poder al Macronismo – y a la extrema derecha.

* Miembro del comité asesor de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE).

Twitter: @Gaspard_Estrada

 

 

(Segunda parte)

Como lo comentábamos en este espacio la semana pasada, los franceses fueron a las urnas hace unos días para decidir su futuro político. Desde el 9 de junio, fecha de la disolución de la Cámara de Diputados por el presidente Emmanuel Macron, el país entró en un torbellino político que ha acelerado el curso de la historia, y transformado significativamente el segundo mandato del presidente Emmanuel Macron. En un primer momento, Macron pensaba que, al tomar esta iniciativa política, podría tomar a sus rivales desprevenidos, en particular a las fuerzas de izquierda, con el objetivo que estas últimas no pudiesen aliarse y así construir una coalición electoral y programática en capacidad de vencer en las urnas frente a la extrema derecha.
Sin embargo, eso no fue lo que sucedió. Los dirigentes del Partido Socialista del ex presidente François Hollande, de la Francia Insumisa, dirigida por ex candidato presidencial Jean-Luc Mélenchon, así como el Partido Ecologista encabezado por la joven lideresa Marine Tondelier, y el Partido Comunista de Fabien Roussel se reunieron a puertas cerradas durante varios días para elaborar en unas horas un plan de gobierno para Francia, y también para repartirse los distritos y las fórmulas de los candidatos de la coalición. Y para sorpresa de muchos –incluyendo al presidente Emmanuel Macron–, lo que parecía imposible terminó ocurriendo: la izquierda francesa alcanzó un acuerdo en menos de una semana.
Esta situación inédita provocó que la semana pasada, numerosos candidatos de la coalición de izquierda lograran calificarse para disputar la segunda vuelta electoral, frente a candidatos del partido de extrema derecha Encuentro Nacional, y en algunos otros (menos numerosos) frente a miembros de la coalición centrista del presidente de la República. No obstante, los sondeos de opinión pronosticaban un panorama sombrío para las fuerzas democráticas frente a la extrema derecha, teniendo en cuenta que en más de 400 distritos electorales (sobre un total de 577 distritos en Francia) los candidatos del Encuentro Nacional llegaron en primero o en segundo lugar.
Por ello, sin un acuerdo de todas las fuerzas democráticas, era casi imposible impedir que la extrema derecha consiga la mayoría absoluta (es decir, 289 votos), y por ende que gobernara Francia al menos por un año (en efecto, según la Constitución francesa, el jefe del ejecutivo no puede disolver la Cámara de Diputados al menos durante un año tras haber tomado esta decisión). Este terremoto político potencial, cuyas implicaciones irían mucho más allá de la política interior francesa, suscitó una movilización excepcional de la militancia de los partidos políticos, de la sociedad civil, de los sindicatos, para darle cuerpo al frente republicano en contra de la extrema derecha. Sin embargo, las encuestas de opinión fueron incapaces de medir esta extraordinaria movilización. Durante buena parte de la semana pasada, no se divulgaron encuestas de opinión. Y cuando fue el caso, los números daban cuenta de una tendencia hacia la mayoría relativa de los candidatos del Encuentro Nacional.
De ahí la enorme sorpresa cuando el pasado domingo, al final de la tarde, los primeros números de las encuestas de salida daban muestra de tendencias bastante contradictorias: algunas casas encuestadoras daban como ganadora a la extrema derecha, con una ventaja holgada frente a la izquierda y a los candidatos oficialistas. Poco después de las 18:30 horas, una nueva salva de encuestas reflejaba una nueva realidad: ahora, los candidatos de la coalición de izquierda se colocaban como la primera fuerza política, frente a los partidos de la coalición del presidente Emmanuel Macron, para finalmente tener en tercer lugar a los miembros de la extrema derecha. Conforme esta tendencia se fue confirmando, el pavor de ver llegar por primera vez a la extrema derecha al poder en la sexta economía mundial se fue disipando, transformando el miedo en alegría al ver a la izquierda regresar a una posición de protagonismo político después de siete años de ostracismo.
La gran pregunta ahora es saber si la izquierda y el centro lograrán construir un acuerdo mínimo para gobernar Francia y evitar que la extrema derecha llegue al poder en tres años, cuando se lleven a cabo las próximas elecciones presidenciales. No parece fácil, pero no es imposible.

* Miembro del consejo asesor de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE).

Twitter: @Gaspard_Estrada

 

(Primera de dos partes)

El pasado domingo, los franceses fueron a las urnas para elegir a sus diputados. En efecto, tras las elecciones europeas, realizadas a mediados de junio, que dejaron en evidencia la fuerza electoral de la extrema derecha en Francia, el presidente Emmanuel Macron decidió disolver la Asamblea Nacional y convocar a nuevas elecciones. Este anuncio constituyó un terremoto político y social. El jefe del ejecutivo galo justificó esta decisión alegando que era necesaria una “clarificación política”, a pesar del hecho que, durante buena parte de la campaña electoral europea había afirmado lo contrario, diciendo que “las elecciones europeas no tenían por qué tener repercusiones nacionales”.
Sin embargo, según varios medios de comunicación, el presidente francés comenzó a analizar esta hipótesis unas semanas antes del escrutinio, tomando en cuenta que los números de las encuestas no favorecían a sus candidatos. Más aún, al haber cambiado de primer ministro a principios de año (reemplazó a Elisabeth Borne, que llevó a cabo una polémica reforma de pensiones y de inmigración en 2023, por el ex ministro de Educación Gabriel Attal), el jefe del ejecutivo perdió ese instrumento de respuesta al resultado electoral. En este sentido, careciendo de herramientas institucionales clásicas para poner fin a la crisis que se avecinaba, Macron decidió realizar una apuesta política extremadamente osada –y que terminará siendo devastadora para su presidencia: disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones legislativas.
La lógica política subyacente de este llamado está ligada al funcionamiento del sistema institucional francés: la Constitución de la Quinta República de 1958 establece que las elecciones presidenciales, así como cada una de las elecciones legislativas que se llevan a cabo en los 577 distritos electorales de Francia, tienen el mismo sistema electoral: un escrutinio uninominal de dos vueltas, en dado caso que el candidato que llega en primer lugar no obtenga más del 50 por ciento de los votos en la primera vuelta. Con esta disposición, los redactores de la carta constitucional querían contribuir a la construcción de mayorías políticas en el país, tras la experiencia políticamente frágil y caótica de la cuarta República (1946-1958), que era un régimen parlamentario.
Si bien la Constitución francesa establece que el “gobierno dirigido por el primer ministro conduce la política de la Nación” (artículo 20), en la realidad, las decisiones se toman en el palacio del Elíseo (sede de la Presidencia de la República) y no en Matignon (sede del jefe de gobierno). Esto se debe a que, en muchos casos, el color político de la mayoría política en la Asamblea Nacional corresponde al del presidente de la República. ¿Pero qué pasa cuando no sucede?
Esto es lo que puede pasar en Francia a partir del próximo domingo. Y es exactamente lo que quería evitar el presidente Emmanuel Macron. Él ha tenido mucha dificultad para gobernar desde su reelección. Al no obtener la mayoría absoluta de escaños durante las elecciones legislativas que sucedieron a las presidenciales de 2022, el gobierno ha estado confrontado a múltiples rebeliones dentro de su grupo parlamentario. Durante buena parte del primer trimestre de este año, los medios de comunicación daban por sentado que los congresistas censurarían la propuesta de presupuesto del año que viene. Es por eso que Macron pensó que, al convocar de manera inesperada a nuevas elecciones legislativas, el ejecutivo podría retomar la iniciativa política, evitar que la izquierda se una en una sola coalición electoral, lo que le permitiría disputar las segundas vueltas en los 577 distritos electorales en una posición de fuerza frente a los candidatos de la extrema derecha. Así, el presidente Emmanuel Macron tendría de nueva cuenta una mayoría absoluta en el Congreso, y el presidente podría gobernar sin contrapesos. Pero todo apunta a que el desenlace será totalmente diferente de ello. De eso hablaremos más la próxima semana, con los resultados de las elecciones.

* Miembro del consejo asesor de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE).

Twitter: @Gaspard_Estrada

 

El pasado fin de semana las calles de La Paz, la capital de Bolivia, se colmaron de manifestantes, compuestos en su mayoría por vendedores ambulantes (en particular, de la Confederación de Comerciantes de Bolivia). Buena parte de ellos hicieron una marcha de poco menos de 100 kilómetros desde las llanuras montañosas de Bolivia, para exigir del gobierno un cambio en su política económica.
En efecto, desde hace varios meses, la tasa de inflación ha venido creciendo de manera sorprendente – en particular, para los productos alimenticios– paralelamente a una disminución de los activos circulantes de dólares en el país, provocando un declive de su economía. Se trata de una gran paradoja, tomando en cuenta que hasta hace pocos años, ésta era una de las de mayor crecimiento en el continente. Hoy es una de las más afectadas por la crisis económica. Si bien esta situación se debe a una baja en las reservas de gas, una de las principales materias primas exportadas, el atolladero financiero de Bolivia se debe, al menos en parte, a una división sin precedentes en las altas esferas del partido gobernante. El Presidente Luis Arce, y su antiguo aliado, el ex Presidente Evo Morales, están luchando por el futuro del escindido Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia antes de las elecciones de 2025.
La lucha política ha paralizado los esfuerzos del gobierno para hacer frente a la creciente desesperación económica y los analistas advierten de que el malestar social podría estallar en la turbulenta nación de 12 millones de habitantes. Las grietas en el partido gobernante se abrieron en 2019, cuando Morales, entonces el primer presidente indígena de Bolivia, se postuló para un tercer mandato, que era inconstitucional según la carta magna que él mismo promulgó. Ganó una votación cerrada, en la cual la OEA jugó un papel cuestionable, lo que justificó que los dirigentes del ejército exigieran que Morales renuncie, lo que lo forzó a salir del país gracias al respaldo del gobierno de México.
Después de que un gobierno interino tomara el control después del golpe de Estado, Arce ganó las elecciones con la promesa electoral de devolver la prosperidad a Bolivia, antaño la principal fuente de gas natural de Latinoamérica. Arce había sido ministro de Economía de Morales y supervisó años de fuerte crecimiento y baja inflación, pero al asumir la presidencia en 2020 se encontró con un sombrío balance económico derivado de la pandemia. La disminución de la producción de gas selló el fin del modelo económico boliviano. Morales, que aún gozaba de gran popularidad entre las comunidades indígenas, los cocaleros y los sindicalistas bolivianos, vio una oportunidad. Tras regresar del exilio, el carismático ex dirigente cocalero anunció el año pasado su intención de presentarse a las elecciones de 2025, lo que le colocó en una situación de choque con Arce, que previsiblemente optará por su reelección. Arce cuestiona la legitimidad de la campaña de Morales, argumentando que una sentencia del Tribunal Constitucional de 2023 le impide presentarse.
Mientras tanto, ante la falta de liquidez que impide el acceso a los dólares para pagar a los proveedores en el extranjero, los comerciantes bolivianos han producido escenas extraordinarias en la frontera con Brasil y Perú al clamar por comprar la divisa estadunidense a precios inflados en los países vecinos. Con el gobierno desembolsando 2 mil millones de dólares al año para importar gasolina fuertemente subsidiada en un esfuerzo por aplacar el descontento público, la presión se ha intensificado. En febrero, la agencia de calificación Fitch rebajó la calificación de la deuda boliviana hasta el nivel de “basura”, asignándole la calificación CCC. Frente a esta situación potencialmente catastrófica para la economía del país, en vez de respaldar al gobierno, los aliados de Morales en el Congreso boliviano han frustrado sistemáticamente los intentos de Arce de endeudarse para aliviar la presión. Bolivia posee un tesoro de litio, pero los legisladores no autorizan a Arce a permitir que empresas extranjeras lo extraigan (Bolivia dispone de una estatal ligada al litio (LPFB), sin embargo, no dispone de la tecnología necesaria para llevar a cabo el proceso de extracción).
Estas tensiones ofrecen a la oposición de derecha su primera oportunidad real de poder desde que Morales ganó la presidencia por primera vez, en 2005. Políticos centristas y conservadores se han lanzado al ruedo. Pero la oposición está fracturada y su legitimidad en entredicho, con decenas de políticos presos tras el golpe de Estado contra Morales en 2019. En Bolivia, la crisis va para largo.

* Director Ejecutivo del Observa-torio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada

 

El pasado fin de semana, múltiples líderes internacionales se reunieron en un exclusivo balneario en Suiza, para debatir una propuesta de paz entre Ucrania y Rusia, cuyo borrador fue redactado por el gobierno helvético. Esta conferencia tenía como objetivo sentar las bases de un acuerdo político, tras más de dos años y medio de guerra en territorio ucraniano.
En efecto, Suiza siempre se ha caracterizado por una diplomacia activa en el terreno de la mediación y de la intermediación. Como país neutral –que fue uno de los últimos en adherirse a la Organización de las Naciones Unidas–, sede del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Berna siempre ha intentado ejercer un rol activo durante los conflictos armados y diplomáticos (de hecho, Suiza representa desde 1979 los intereses de Estados Unidos frente a Irán, y lo hará a partir de los próximos días en nombre de México ante el gobierno de Ecuador). En este sentido, la organización de una cumbre en este país no constituye una sorpresa. Lo que sí fue sorprendente, sin embargo, fue el número de participantes a este evento: unas 100 delegaciones asistieron a la conferencia, anunciada como un primer paso hacia la paz. Entre ellos había presidentes y primeros ministros de Francia, Alemania, Gran Bretaña, Japón –es decir, las grandes potencias occidentales– pero también dirigentes de países emergentes como Polonia, Argentina, Ecuador, Kenia, Somalia, sin olvidar a México, que fue representado por la canciller Alicia Bárcena. La Santa Sede también estuvo representada, y la vicepresidenta Kamala Harris habló en nombre de Estados Unidos. La Federación Rusa, por su lado, no fue invitada.
En esta cumbre, los delegados discutieron la propuesta suiza, que se basa principalmente en la primera resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de marzo de 2022, que insiste sobre la necesidad de que la integridad territorial de Ucrania sea la base de cualquier acuerdo de paz que ponga fin a la guerra que Rusia mantiene desde hace dos años. La resolución también menciona algunos aspectos relativos a la seguridad nuclear, la seguridad alimentaria y el intercambio de prisioneros entre Ucrania y Rusia. Si bien cerca de 80 naciones se sumaron a esta declaración –incluyendo a varias economías en desarrollo como Chile o Ghana–, otros como India, México, Arabia Saudita, Sudáfrica, Tailandia o Emiratos Árabes Unidos, no firmaron el documento final. Brasil, que participó como “país observador”, no firmó, pero Turquía, que asistió en la misma calidad, sí. China, por su lado, no asistió al evento, a pesar de los múltiples llamados de Volodymir Zelenzki en este sentido. En resumen, si Suiza logró reunir a múltiples líderes del mundo en desarrollo, los grandes líderes de las naciones emergentes, en particular los del grupo BRICS+ no respondieron a su llamado.
Frente a esta iniciativa, que tenía como objetivo dar un respaldo al gobierno de Ucrania, Moscú decidió responder a su manera. El viernes, un día antes del inicio de la cumbre, el presidente ruso Vladimir Putin reafirmó el plan de paz del Kremlin: La propuesta exige que las tropas ucranianas se retiren de cuatro regiones del sur y este del territorio ucraniano que Moscú pretende anexar en violación del derecho internacional y que Kiev abandone su intento de ingresar en la OTAN, antes que abrir cualquier dialogo en aras de cesar el fuego en la línea de combate.
Para algunos asistentes a este evento, como los del gobierno de Brasil, queda claro que sin la participación de Rusia en este tipo de ejercicios, será difícil construir una hoja de ruta hacia la paz en el futuro. Sin embargo, resulta difícil imaginar que Vladimir Putin renuncie a su invasión simplemente para darle una oportunidad a la paz, como lo ha venido demostrando desde 2008 cuando invadió a Georgia, y en 2014, cuando pasó a ocupar Crimea. En este sentido, el camino a seguir por la diplomacia sigue oscuro. Mientras tanto, la guerra continua entre Ucrania y Rusia. Durante la cumbre en Suiza, la Vicepresidenta estadunidense Kamala Harris anunció que Washington proporcionará a Kiev un paquete de ayuda de más de mil 500 millones de dólares. Una señal más de que la guerra va para largo.

* Director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

X: @Gaspard_Estrada

 

El pasado domingo los europeos fueron a las urnas para elegir a los parlamentarios que los representarán durante los próximos cinco años en Bruselas. A nivel de los 27 Estados miembros, los equilibrios políticos dentro del parlamento han cambiado poco. El Partido Popular Europeo (la confederación de partidos del centro derecha europeo) se mantuvo como la primera fuerza política, al tiempo que los socialdemócratas y los liberales continuaron siendo los segundos y terceros grupos políticos representados. Sin embargo, los partidos de extrema derecha han progresado en la mayoría de los países de la Unión Europea, en particular en Italia, en Países Bajos, y sobre todo en Francia. En este último país, los resultados del partido Encuentro Nacional (Rassemblement National, el heredero del partido Frente Nacional fundado por Jean-Marie Le Pen) llegaron a niveles nunca antes vistos desde el inicio de la Quinta República, en 1958. Más de 30 por ciento de los franceses que votaron lo hicieron a favor de esta opción de extrema derecha, frente a los menos del 15 por ciento que obtuvieron los partidos que componen la coalición del Presidente Emmanuel Macron, casi el mismo resultado que obtuvo el Partido Socialista, con 14 por ciento de los votos. Frente a este resultado sin precedentes, el presidente francés anunció, ante la sorpresa de todos, en particular de la clase política y mediática, que disolvía la Asamblea Nacional, para que se lleven a cabo elecciones legislativas anticipadas los próximos 30 de junio y 7 de julio. “Francia necesita una mayoría clara en la serenidad y la concordia. Ser francés, en el fondo, es elegir escribir la historia, no dejarse llevar por ella”, dijo Macron.
Al hacerlo, Macron realiza una apuesta de alto riesgo para recuperar la iniciativa política, desaparecida desde las elecciones legislativas de 2022, en las cuales el jefe del ejecutivo galo perdió la mayoría absoluta. Al convocar a este nuevo proceso electoral, Macron juzga que los votantes harán retroceder la marea de extrema derecha y demostrarán que el Encuentro Nacional de Marine Le Pen no puede ganar a nivel nacional. Sin embargo, la repentina decisión de Macron de disolver la Asamblea Nacional fue recibida con incredulidad por sus partidarios. Las encuestas dan muestra de una sólida ventaja para los candidatos de Encuentro Nacional en buena parte de los distritos donde son competitivos, de manera que, a partir de julio próximo, no es imposible que la extrema derecha pase a gobernar Francia, justo en un momento en el que este país va a recibir al mundo en París para los Juegos Olímpicos de Verano.
Si la hipótesis de la victoria de la extrema derecha se concretiza, la llegada al poder de Le Pen (o de su lugarteniente, Jordan Bardella) haría tambalearse a la UE, priorizando los intereses estrictamente nacionales sobre la cooperación internacional. Como jefe del gobierno de la séptima economía mundial, Bardella ya ha dejado claro que sacaría a París del mando militar integrado de la OTAN, al tiempo que desafiaba la autoridad y la mayoría de las políticas impulsadas por la Unión Europea. A nivel de la política migratoria y de seguridad, Bardella impondría medidas ultra represivas, al tiempo que el servicio público de radio y televisión sería privatizado rápidamente después de su llegada al poder.
Frente a esta situación, los partidos y movimientos de izquierda han decidido organizar una coalición para evitar desaparecer del panorama electoral y ofrecer una alternativa al Macronismo por un lado, y a la extrema derecha por el otro. Si bien Macron ha hecho todo lo posible para evitar que esta coalición electoral de izquierda sea una realidad (en particular, al convocar a los franceses a las urnas en menos de tres semanas para intentar que el programa de gobierno de la coalición de izquierda no pueda redactarse), las cosas no han salido como el ex banquero imaginaba en un primer momento. Esperemos que este juego de poker del Presidente Emmanuel Macron no termine provocando la llegada al poder de la extrema derecha en Francia, que tendría consecuencias catastróficas para este país, para Europa y para el mundo.

* Director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

X: @Gaspard_Estrada

 

El pasado domingo los mexicanos fueron a las urnas para elegir a su próximo presidente de la República. En este caso, con más de treinta puntos de diferencia frente a su rival de la coalición PRI-PAN-PRD, Xóchitl Galvez, Claudia Sheinbaum obtuvo un mandato contundente para darle continuidad a la plataforma política del movimiento creado por Andrés Manuel López Obrador. Si bien durante la campaña quedó claro cuáles son sus prioridades en materia de política interior, es muy interesante analizar y tener en mente cuál ha sido la reacción a esta victoria fuera de México, y poder así vislumbrar las eventuales transformaciones de la inserción internacional de México.
En primer lugar está claro que esta victoria ha sido particularmente analizada y escrutada por nuestros vecinos del norte, es decir, por Estados Unidos y Canadá. En efecto, en algunos meses se llevarán a cabo elecciones presidenciales y legislativas en Estados Unidos, y para el presidente Joe Biden, tener una relación funcional con el gobierno de México es fundamental, en particular para poder contener los flujos migratorios desde Centro y Sudamérica. Como Donald Trump y sus aliados en el Partido Republicano han hecho de la migración un asunto fundamental de la campaña, es indispensable para los estrategas del Partido Demócrata contener estos flujos y cambiar la pauta de la campaña, en particular para orientarla hacia cuestiones más ligadas a la economía, que es el punto fuerte del mensaje del candidato Joe Biden. Por otro lado, en 2026 se llevará a cabo la renegociación T-MEC?o USMCA, el tratado de libre comercio de América del Norte, que fue negociado entre 2019 y 2020 por el gobierno de Donald Trump y el de AMLO. En este sentido, era fundamental para Washington y Ottawa saber quiénes serán sus contrapartes en México, y cuáles serán las bases de esta renegociación.
En segundo lugar, esta elección tiene consecuencias considerables para el futuro de América Latina. La consolidación del proyecto político de Andrés Manuel López Obrador es una buena noticia para varios países de la región, en particular para los que son gobernados por dirigentes progresistas, como Gustavo Petro en Colombia, Lula da Silva en Brasil, o Gabriel Boric en Chile. La pregunta que existe ahora es saber si la llegada al poder de Claudia Sheinbaum se traducirá –o no– en un aumento de la presencia y del interés de México en apostar en los procesos de integración regional. Durante el mandato de López Obrador, el gobierno de México tuvo una actuación destacada para relanzar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en plena pandemia, junto con el gobierno argentino dirigido en ese entonces por Alberto Fernández. Sin embargo, después de esa iniciativa, que se formalizó por la vía de la compra conjunta de vacunas y de algunas otras iniciativas de carácter más técnico en materia sanitaria, poco se ha avanzado para institucionalizar a la CELAC y dotarla de instrumentos para llevar a cabo políticas públicas más ambiciosas. Si bien AMLO realizó algunos viajes a Centroamérica, Colombia y Chile durante su mandato, está claro que no le dio prioridad a la construcción de una política exterior hacia Latinoamérica de nivel presidencial –es decir, en el cual el presidente de la República tuviera una incidencia política directa en su formulación. Por otro lado, la llegada al poder en Argentina del ultraderechista Javier Milei ha reducido considerablemente las posibilidades de cooperación en el marco de la Celac, al tiempo que los desacuerdos políticos en materia de prioridades de agenda entre los dirigentes de la región se han mantenido, lo cual dificulta mucho la construcción de consensos. En este sentido, para los demás países latinoamericanos, tener a un gobierno mexicano más activo en el debate político regional será más que bienvenido en un contexto en que se mantiene la polarización política y social en las sociedades de estos países.

* Director Ejecutivo del Obser-vatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada

 

El pasado domingo el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, logró su reelección con un 58.85 por ciento de los votos. Dada la reciente historia política del país, donde los tres últimos presidentes han sido reelegidos, el resultado no es tan sorprendente. También influyó en este resultado el éxito en el proceso de vacunación durante la pandemia y en mantener la inflación en un nivel moderado. El gobierno de Abinader creó empleos públicos y amplió programas sociales como la iniciativa de transferencia condicionada de efectivo Supérate. Y, en política exterior, Abinader movilizó a la nación en torno a la idea de que la inestabilidad en Haití suponía una “amenaza” para la República Dominicana, tratando de proyectar la sensación de que estaba decidido a defender la soberanía dominicana de la presión extranjera, poniendo en primer plano una cuestión que no había sido una de las principales preocupaciones en las elecciones desde mediados de la década de 1990.
Ahora que logro su reelección, ¿cómo invertirá Abinader su renovado capital político? En el pasado, abogó por una reforma constitucional que afiance la independencia de la fiscalía general. Sin embargo, la apertura del proceso de reforma constitucional podría traer consigo la tentación de impulsar cambios de mayor alcance, incluidas normas en torno a la reelección presidencial. Abinader ha mantenido públicamente que no buscará cambios en el actual límite de dos mandatos, pero existe un precedente en la República Dominicana para presionar por este tipo de cambio: los tres últimos presidentes –Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina– modificaron la Constitución para acomodar su deseo de presentarse de nuevo. La reforma fiscal para apuntalar la capacidad de generación de ingresos del gobierno se discute desde hace años, ya que el gobierno incurre cada año en un déficit de entre el 3 y el 5 por ciento del Presupuesto Nacional. El propio Abinader dijo durante la campaña que quien ganara las elecciones tendría que hacer una reforma fiscal. Pero subir los impuestos no será popular.
Otro tema importante es el aborto, que actualmente está prohibido en la República Dominicana en todas circunstancias. Durante las dos últimas décadas ha habido intentos, ninguno hasta ahora exitoso, de permitir excepciones para salvar la vida de la madre, en casos de violación o incesto, o en caso de malformación incompatible con la vida. Abinader apoyó estos cambios durante su campaña para 2020, pero no hizo ningún esfuerzo por conseguir un cambio en la ley vigente, mientras cortejaba a los conservadores, como los grupos católicos y evangélicos.
Mientras tanto, los servicios públicos del país, desde la educación y la salud hasta la vivienda y el transporte, necesitan mejoras. Y, dado que Abinader llegó al poder aprovechando una oleada de sentimiento anticorrupción, mantener a raya las acusaciones de corrupción contra su propio gobierno será una tarea importante para el Partido Revolucionario Moderno (PRM). Los resultados preliminares indican que el PRM y sus aliados obtendrán 32 senadores. En las elecciones municipales de febrero obtuvieron alrededor del 60 por ciento de los votos, incluidos los municipios más grandes.
Este segundo mandato será clave para definir el legado de Abinader. ¿Se centrará en sus propias ambiciones políticas o en ayudar a institucionalizar la política dominicana y mejorar el nivel de vida de la mayoría de los dominicanos? En este sentido, las reformas que decida emprender –o no– para mejorar la economía y las instituciones serán claves. También será fundamental saber cómo será el proceso de designación del sucesor de Abinader dentro del PRM para las próximas elecciones presidenciales de 2028. Es posible que el partido tenga que afrontar el reto de las luchas internas que han afectado a otros partidos dominicanos en los últimos años. Abinader desempeñará un papel clave en este proceso.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

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El pasado fin de semana, el presidente de Argentina, Javier Milei, viajó a Madrid, España, para ser uno de los principales oradores de un mitin político organizado por el partido de extrema derecha VOX, en el marco de la campaña para las elecciones europeas, que se llevarán a cabo el próximo 9 de junio.
Durante su discurso, el presidente Javier Milei acusó a la esposa del presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez, Begoña Gómez, de ser “corrupta”, debido a acusaciones de su implicación en un escándalo de tráfico de influencias (la fiscalía española ha archivado la investigación en cuestión porque no había pruebas de ello).
El gobierno español rechazó rápidamente los comentarios y exigió una disculpa pública. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares se reunió el lunes con el embajador argentino en España, Roberto Bosch, tras pedirle que se disculpara en nombre de Milei. La posición de Bosch fue que las autoridades argentinas confían en que las relaciones entre ambos gobiernos “puedan reconducirse para ponerlas en línea con lo que nuestras sociedades nos demandan” tras las elecciones al Parlamento Europeo.
Ante esta situación, Albares llamó inicialmente a consulta sine die a la embajadora María Jesús Alonso Jiménez el domingo, lo que significaba que debía regresar a su país de origen indefinidamente. Alonso Jiménez abandonó Argentina el domingo por la noche. Ayer, el canciller anunció que el país retirará definitivamente a su embajador en Argentina hasta que el gobierno argentino se disculpe con su par europeo.
La tensión entre Argentina y España viene desde principios de mayo, cuando el ministro de Transportes español, Óscar Puente, sugirió que Milei consumía drogas. Puente declaró posteriormente que había cometido un “error”, afirmando que no era consciente de las repercusiones que tendrían sus comentarios. Sin embargo, en vez de dar este asunto por terminado, Javier Milei ha querido doblar su apuesta, y escalar el conflicto diplomático con España. De hecho, no es la primera vez que Milei crea diferendos diplomáticos con líderes de otras naciones. Durante su campaña presidencial del año pasado, describió al líder brasileño Lula da Silva como un “izquierdista salvaje, que apoya dictadores, viola los derechos humanos, autócratas con las manos manchadas de sangre”. En enero, calificó al presidente colombiano Gustavo Petro de “asesino comunista” y en febrero dijo que Petro era una “plaga letal”, lo que llevó a Colombia a retirar también a su embajador en Buenos Aires. Tras una serie de consultas con la canciller argentina, Diana Mondino, el representante colombiano regresó a Argentina, pero las relaciones bilaterales no han vuelto a su nivel habitual, de la misma manera que es improbable que exista en el corto plazo un encuentro presidencial entre los líderes de Argentina y Brasil, tras las declaraciones de Milei durante la campaña presidencial. Finalmente, si bien la administración de Joe Biden ha dado de manera reiterada su respaldo a Buenos Aires, en particular en el tema militar –para hacerle contrapeso a China en América Latina–, la voluntad del presidente argentino de tejer una relación de cercanía con Donald Trump generó una fuente de tensión con el gobierno demócrata norteamericano.
De manera que las relaciones exteriores de Milei serán una fuente de problemas para el gobierno argentino, que tendrá consecuencias prácticas, en particular en los asuntos económicos. Argentina necesita respaldo de las principales potencias europeas y de las americanas para mantener los créditos que recibe de parte del Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, también necesita de las inversiones privadas extranjeras para mantener a flote su economía.
Y en este sentido, las semanas de tensiones crecientes empiezan a preocupar a las empresas españolas que invierten 15 mil millones de dólares al año en Argentina. Entre ellas, podemos destacar a los bancos BBVA y Banco Santander y la empresa Inditex, propietaria de Zara, el mayor minorista de moda del mundo. Se trata del segundo país con más inversiones en Argentina, detrás de las empresas estadunidenses únicamente. El jefe de la federación empresarial española CEOE, Antonio Garamendi, dijo que el ataque de Milei podría “dañar” los intercambios. Esperemos que Milei recapacite y cambie su actuación internacional.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París

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Hasta finales de abril, el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, podía sentirse optimista: la recuperación económica parecía sentirse en la mayoría de los sectores económicos, incluido el manufacturero, donde prometió crear más puestos de trabajo y mejor remunerados.
Sin embargo, el 27 de abril comenzaron las lluvias torrenciales en el estado de Rio Grande do Sul (en el sur de ese país) y, dos días después, amplias zonas del estado quedaron inundadas, cientos de carreteras fueron bloqueadas, con deslizamientos de tierra generalizados y el derrumbe de una presa. Más de 150 mil personas han sido desplazadas. Hasta ayer, el número de muertos ascendía a 136 y quedaban otros por contabilizar. En este estado de 12 millones de habitantes, se calcula que dos millones se han visto afectados por las inundaciones.
Aunque las lluvias han cesado en su mayor parte (al menos por el momento), muchas ciudades siguen en peligro de inundación, ya que la corriente de varios ríos desbordados avanza hacia el mar. La economía del estado se ha paralizado. Todavía no se han actualizado muchas previsiones de crecimiento del PIB tras las inundaciones, pero la semana pasada un informe del banco Bradesco afirmaba que el índice se podría quedar en cero para 2024, en comparación con 2023. Rio Grande do Sul es la quinta economía de Brasil y un bastión agrícola que concentra alrededor del 70 por ciento de la producción de arroz del país. Se calcula que podría perderse un 10 por ciento de la producción total. En este sentido, teniendo en cuenta la sensibilidad política del precio de la canasta básica (que incluye el arroz), Lula ha anunciado que se incrementarán las importaciones del grano para cubrir cualquier déficit, y así evitar su aumento en el mercado. Las plantas petroquímicas del centro de producción de Triunfo, cerca de la ciudad de Porto Alegre, siguen en situación de fuerza mayor, debido sobre todo a la dificultad para contratar trabajadores, y los fabricantes de fertilizantes temen que la demanda se vea afectada por la temporada de siembra de algunos cultivos.
Conforme fueron pasando los días, la magnitud de la catástrofe se hizo mas evidente, cambiando la naturaleza de la respuesta gubernamental a esta tragedia. Las escenas transmitidas al mundo desde Rio Grande do Sul son tristemente muy parecidas a las que se vieron en 2005 en Estados Unidos tras el paso del huracán Katrina. En ese entonces, el ex presidente estadunidense George W. Bush se convirtió en el ejemplo por excelencia de falta de capacidad de liderazgo en una crisis y, según criticaron muchos, de falta de compasión por los residentes negros de las zonas más pobres de Nueva Orleans, que quedaron prácticamente abandonados a su suerte.
En este sentido, esta catástrofe climática podría convertirse en el “momento Katrina” del gobierno Lula, en dado caso que la respuesta gubernamental sea considerada como desfasada o insuficiente por la mayoría de la población. A unos meses de las elecciones municipales, cualquier insuficiencia política por parte del jefe del ejecutivo brasileño tendría consecuencias políticas negativas para su coalición, en particular en São Paulo, donde su candidato, Guilherme Boulos, esta actualmente empatado en las encuestas frente a su rival, el alcalde Ricardo Nunes, apoyado por el expresidente Jair Bolsonaro.
La respuesta de Lula y de su gobierno durante la primera semana del desastre fue bastante lenta. Sin embargo, a medida que el país entra en la tercera semana de la calamidad, hay indicios de que el Presidente brasileño está consiguiendo recuperar la iniciativa política. Lula ha visitado el Estado en tres ocasiones hasta ahora. Por su lado, los ministros de Hacienda y Finanzas han anunciado líneas de crédito especiales para ciudadanos y empresas, y los trabajadores con salarios bajos tendrán acceso a subsidios especiales, al tiempo que se adelantarán los pagos de otras prestaciones a las que tienen derecho. De manera mas general, Lula ha puesto su gobierno en modo turbo y prácticamente todos los ministros están centrados en Rio Grande do Sul, y de la misma manera, el congreso –mucho más conservador que Lula– ha dado luz verde a la declaración de estado de emergencia propuesta por el jefe del ejecutivo. Sin duda, la tragedia de Rio Grande do Sul será un parteaguas del gobierno Lula.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada