El pasado domingo, los panameños fueron a las urnas para elegir a su próximo presidente de la República. La mayor pregunta que se hace ahora la gente sobre el Presidente electo José Raúl Mulino es si seguirá siendo aliado del ex Presidente Ricardo Martinelli o romperá con su antiguo compañero de fórmula, como ha ocurrido otras tantas veces en la historia reciente de América Latina.
Mi respuesta es que Mulino y Martinelli son estrechos aliados y que es muy probable que lo sigan siendo en los próximos cinco años.
Es un error calificar al nuevo presidente de marioneta. José Raúl Mulino es una figura política conocida en Panamá. Sin embargo, él ha demostrado repetidamente su lealtad a Martinelli y necesita el apoyo del ex presidente para obtener y mantener una coalición mayoritaria en el Congreso y sacar adelante su programa. Sin las redes del ex presidente, será difícil que el presidente electo pueda tener una mayoría en el Congreso.
Martinelli, actualmente escondido en la embajada nicaragüense para evitar la cárcel, tiene todas las claves para el éxito de la presidencia de Mulino. En efecto, el partido de Martinelli/Mulino obtuvo 13 escaños en la legislatura de 71 escaños, convirtiéndose en el mayor de los partidos en esa institución. Por otro lado, fueron elegidos 21 parlamentarios independientes, que no funcionarán como un bloque cohesionado. Al elegir a estos diputados, los votantes panameños han demostrado que desconfían de las estructuras partidistas tradicionales.
En este sentido, la debilidad de los partidos debería permitir a Mulino formar una mayoría durante la primera parte de su mandato y conseguir la aprobación de sus reformas. El necesita 36 votos para tener mayoría. Éste será su trabajo. La fluida coalición mayoritaria de Mulino en el Congreso dependerá de alianzas y favores. A medida que disminuya el capital político del presidente, se desvanecerá su capacidad para mantener unido a ese fragmentado grupo de políticos en una mayoría. Debe elegir bien su agenda a y sus primeras batallas, porque la lealtad a los partidos no mantendrá unida a la coalición.
La campaña de Mulino, en la medida en que hizo pocos anuncios políticos, prometió subsidios para los pobres y una vuelta a un mayor crecimiento económico, no austeridad ni mayores impuestos. Además, si se cree en el análisis de que Mulino gobernará en gran medida como un sustituto de Martinelli, echar la vista atrás al mandato de Martinelli podría dar pistas sobre su política.
Durante su periodo presidencial, Martinelli gastó mucho en infraestructura y subvenciones. Sus reformas fiscales redujeron los impuestos a las empresas, pero aumentaron los ingresos gracias a la mejora de la recaudación y al auge del crecimiento económico. En resumen, se espera un programa favorable a las empresas en el sentido de gasto en infraestructura e incentivos para el sector privado, no austeridad.
Esta contradicción rondará sobre la próxima legislatura: Los panameños están enfadados con la corrupción y desilusionados con el estado de su democracia, sin embargo votaron por un candidato vinculado a un ex presidente acusado de corrupción y prófugo de la justicia. Cuando estaba en el poder, Martinelli usó a la justicia con fines políticos. No obstante, muchos panameños recuerdan su mandato como una época mejor que la que viven hoy. La cuestión es si Mulino también podrá conseguirlo.
La victoria de Mulino se produjo en parte porque el Tribunal Supremo gestionó su caso de elegibilidad de forma bastante extraña, y no se pronunció al respecto sino hasta 48 horas antes de que se emitieran los votos. Esto no dio tiempo a los rivales de Mulino a consolidar su oposición (nadie quería abandonar la carrera mientras pareciera posible que el favorito fuera expulsado de las urnas). ¿Fue ese afortunado retraso una cuestión de suerte o una maniobra entre bastidores de las redes políticas de Martinelli? No lo sabemos. Pero este tipo de preguntas seguirán a Mulino durante todo su mandato.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

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La semana pasada, tras la renuncia al cargo de Ariel Henry, primer ministro interino de Haití, se instaló formalmente el consejo presidencial de transición, compuesto por siete miembros con derecho a voto y dos observadores sin derecho a voto, entre los que hay políticos, un empresario y un pastor. Se trata del último capítulo de una serie catastrófica que se arrastra desde hace ya años, por no decir décadas.
Sin embargo, esta situación no siempre fue así. Haití fue antaño una potencia económica con una amplia influencia geopolítica. Antiguamente conocida como Saint-Domingue, fue la colonia más rentable del mundo atlántico en el siglo XVIII, y en vísperas de su independencia en 1804 –resultado de la primera y única revuelta de esclavos que triunfó en América– era el primer productor mundial de azúcar y café, lo que había convertido al país caribeño en una pieza central del sistema esclavista atlántico. Durante la guerra de independencia, las fuerzas revolucionarias de Saint-Domingue derrotaron nada menos que a un ejército francés de 80 mil hombres enviado por Napoleón. A diferencia de los fracasados levantamientos de otras colonias, muchos esclavos haitianos habían nacido en África y habían adquirido una importante experiencia de combate en las guerras civiles de África Occidental y Central, lo que les permitió derrotar a las fuerzas europeas, mucho mejor armadas. La victoria haitiana no sólo dio origen a la segunda república más antigua de América (después de Estados Unidos), sino también a la primera república negra poscolonial, que se convirtió en un faro para la abolición y la autodeterminación. Al gobierno estadunidense le preocupaba tanto que la independencia de Haití inspirara a los esclavizados de Estados Unidos que Washington intentó imponer un bloqueo económico contra Haití y no reconoció a la nación caribeña como Estado soberano durante más de cincuenta años.
Ahora, la situación ha cambiado completamente. El país es el más pobre de toda la región latinoamericana. Con una población de unos 11.6 millones de habitantes, tiene más de 360 mil desplazados internos. La seguridad es casi inexistente en el país –casi todas las embajadas de los grandes países occidentales han sido evacuadas. En este sentido, los países del Caribe, organizados a través de la Comunidad del Caribe (Caricom), dirigieron la redacción de la composición del consejo presidencial de transición, encargándole la preparación de elecciones presidenciales en febrero de 2026, ya que no se han celebrado comicios desde 2016. El organismo regional también prohibió la incorporación de miembros de bandas criminales o de personas sujetas a sanciones internacionales.
Sin embargo, algunos de los líderes de las bandas más poderosas del país amenazan con más violencia si no se les permite influir políticamente. En una entrevista con CNN publicada el lunes, Vitel’homme Innocent, jefe de la banda Kraze Barye y acusado de orquestar el secuestro de misioneros estadunidenses en 2021, pidió que el consejo escuche a las bandas y encuentre una solución a la crisis lo antes posible. Kraze Barye forma parte de una coalición informal de bandas conocida como Viv Ansanm, o “Vivir Juntos”, que ahora controla la mayor parte de la capital, Puerto Príncipe.
La coalición exige al futuro gobierno que les conceda una amnistía por sus delitos y cree un plan para los jóvenes miembros de las bandas que se hayan visto obligados a unirse a ellas, bien bajo amenaza de violencia o por falta de alternativas económicas. El líder de Viv Ansanm, un ex policía llamado Jimmy Cherizier al que se conoce como “Barbacoa”, advirtió de las consecuencias si se ignoraba a las bandas, en un mensaje compartido en las redes sociales durante el fin de semana.
El envío en las próximas semanas, por parte de las Naciones Unidas, de una nueva fuerza multilateral de paz, encabezada por un contingente de mil soldados de Kenya, constituye una respuesta al desafío de las bandas delincuenciales que azotan Haití. Sin embargo, la experiencia fallida de la misión militar de la ONU a principio de los años 2000 –la misión MINUSTAH–, compuesta en buena medida por miembros del ejército brasileño, obliga a la reflexión. Sin duda alguna, la comunidad internacional le ha quedado mucho a deber a Haití.

* Director Ejecutivo del Observa-torio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

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Tras la invasión ilegal de la Embajada de México en Quito, por parte de miembros de la policía y del ejército ecuatorianos, Ecuador vuelve a estar en la agenda mediática internacional. El pasado domingo, más de 13 millones, de los casi 18 millones, de ecuatorianos estaban habilitados para votar (en Ecuador el voto es obligatorio) en un referéndum en el que se formularon once preguntas. Cinco de ellas eran vinculantes, mientras que otras seis eran consultivas.
Entre las propuestas más importantes figuran medidas para permitir que los militares patrullen con la policía para combatir el crimen organizado (algo que actualmente sólo puede ocurrir bajo un estado de emergencia,con un límite de 90 días); permitir la extradición de ecuatorianos (actualmente prohibida por la Constitución); y aumentar las penas para los culpables de delitos violentos. El recuento rápido realizado por el consejo electoral mostró un respaldo de entre el 60 y el 73 por ciento a las medidas centradas en la seguridad, que incluyen un control más estricto de las armas en las zonas cercanas a las prisiones, la prohibición de la libertad condicional para delitos como el secuestro o la financiación del terrorismo, entre otros, y la posibilidad de que los militares utilicen las armas confiscadas. En cambio, las medidas de corte económico, como la transformación de la ley laboral y la autorización para llevar adelante procesos de arbitraje internacional, fueron rechazados por la población.
Estos resultados tienen una razón: En la última década, las bandas de traficantes de cocaína se han expandido por todos los rincones de América Latina, convirtiendo países antes tranquilos como Ecuador en nuevos campos de batalla. En este sentido, Noboa, hijo de un magnate bananero, llegó al poder el pasado noviembre como el presidente más joven de la historia de Ecuador (36 años), con la promesa de frenar la delincuencia desenfrenada que ha transformado ese país en otro, plagado de violencia y guerras territoriales entre cárteles de la droga. En enero, Ecuador acaparó la atención mundial cuando unos hombres armados irrumpieron en un programa de televisión en directo y decenas de funcionarios de prisiones fueron tomados como rehenes. Desde entonces Noboa se embarcó en un programa que ha declarado la “guerra” a más de 20 bandas criminales que califica de “terroristas”. Para ello, no ha dudado en promulgar el estado de excepción durante 90 días.
Pero a pesar de ello, si bien los números gubernamentales han dado cuenta de una disminución de las actividades delictivas, la violencia continúa azotando las calles de Ecuador. De hecho, mientras se celebraban las votaciones del referéndum, las autoridades informaron de la muerte de un director de prisiones en la provincia occidental de Manabí y de un posible intento de motín en una prisión de la provincia de Los Ríos. La agencia penitenciaria SNAI no dio detalles sobre la muerte del director de una de las prisiones en Manabí, Cosme Damián Parrales, pero dijo que estaba investigando.
Para los defensores del gobierno de Noboa, estos resultados van a apuntalar las aspiraciones reeleccionistas del presidente interino, en la perspectiva de la elección presidencial de mayo de 2025. Para varios analistas, el golpe contra la Embajada de México, a poco más de diez días del referéndum, tenía una evidente intención electoral, a pesar del costo político y diplomático de tal acto, violatorio del derecho internacional. Sin embargo, desde una perspectiva de mediano y largo plazo –y pensando, sobre todo, en la elección presidencial de 2025– está claro que, si bien este acto pudo tener un impacto positivo de corto plazo para el gobierno en el resultado electoral, su gravedad será sin duda un lastre para todo el gobierno y la persona de Noboa. En este sentido, es posible que Ecuador sea excluido de varias iniciativas internacionales, tanto en América Latina como a nivel global. Y, de manera más general, lo mas probable es que la inseguridad no disminuya de manera estructural sin una reforma de fondo de la política antidrogas.

* Director Ejecutivo del Obser-vatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París

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Hace unos días Elon Musk, el magnate sudafricano, dueño de la red social X, realizó una serie de posts en su red social para desacreditar el trabajo de uno de los jueces de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, acusándolo de censura y de provocar con ello el “fin” de la democracia brasileña. Estos comentarios fueron respaldados por varios dirigentes políticos de extrema derecha, incluyendo el expresidente Jair Bolsonaro, así como por líderes empresariales y, más curiosamente, por algunos periodistas, como el ex editor del periódico inglés The Guardian, Glenn Gleenwald. Estos ataques provocaron una reacción considerable por parte de la magistratura brasileña, en particular de numerosos jueces de la Corte Suprema, así como de buena parte de la clase política. En particular, el juez Moraes dejó clara la posibilidad para el poder judicial de llevar a cabo uno o varios procesos en contra de X, en dado caso que esta empresa decida no respetar las leyes brasileñas. Tras este pronunciamiento, el responsable de la filial brasileña decidió renunciar a su cargo.
Esta polémica deja en evidencia la fuerza del discurso antidemocrático y de extrema derecha no solo en Brasil, sino a nivel internacional. De manera más general, este debate se lleva a cabo en un momento complejo para el gobierno del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
En efecto, el regreso al poder del líder del Partido de los Trabajadores (PT) se tradujo en un aumento del salario mínimo, la aplicación de numerosas políticas sociales alza de inversiones del sector privado, en particular en materia de energía e infraestructuras. Gracias a estas políticas, el crecimiento económico del país el año pasado fue muy superior a lo previsto justo después de su toma de posesión, el primero de enero de 2023 –en aquel momento, se hablaba de menos de 1 por ciento anual–: casi 3 por ciento de aumento del PIB. Junto con la caída de la tasa de inflación y del desempleo, esto permitió que de manera más general los indicadores económicos y sociales mejoraran sustancialmente desde el regreso de Lula al poder. Sin embargo, esta mejora no ha tenido una traducción concreta en los índices de opinión pública del gobierno y del propio Presidente Lula. Desde principios del año 2024, la aprobación presidencial ha perdido, en promedio según las últimas encuestas publicadas, entre 3 y 5 por ciento, situándose entre el 50 y el 55 por ciento. Si comparamos estos números con los de otros líderes internacionales, queda claro que los del Presidente Lula son buenos. Pero si los ponemos en el contexto de los gobiernos anteriores del líder obrero, se puede considerar que los resultados no son satisfactorios, y que dejan en evidencia la permanencia de una profunda polarización política dentro de la sociedad brasileña.
Esto es bastante paradójico, teniendo en cuenta que las estimaciones de crecimiento económico y as condiciones de vida de las personas más pobres mejoran cada mes, y que todo apunta a que las inversiones privadas continuarán al alza en los próximos meses, en particular en el sector automovilístico, aeroespacial, y de la transición energética. Sin embargo, buena parte del electorado que votó en 2022 por Jair Bolsonaro continúa pensando que su situación económica no ha mejorado desde entonces. Una explicación plausible para esta situación se encuentra justamente en el uso (o más bien, mal uso) de las redes sociales. Según un estudio del Instituto Reuters para el estudio del periodismo de la Universidad de Oxford, los brasileños forman parte de los pueblos que más se informan vía las redes sociales en el mundo (en particular, vía redes sociales privadas, como WhatsApp o Telegram). De esta manera, es difícil salir de las burbujas informativas que crean este tipo de interacciones digitales, en particular cuando éstas se realizan principalmente en un entorno familiar. Por ello, es necesario reflexionar sobre la manera en cómo generar nuevos espacios de socialización física y virtual entre las personas de diferentes orientaciones políticas. Sin ello, será cada vez más difícil producir los consensos políticos y sociales necesarios para crear acuerdos políticos, ya sea en Brasil o en cualquier democracia latinoamericana.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

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El pasado viernes, miembros del cuerpo de élite de la policía ecuatoriana irrumpieron en la embajada de México en Quito para detener a Jorge Glas, ex vicepresidente de Ecuador, que residía allí desde diciembre. Había solicitado asilo tras ser acusado de corrupción y se lo había concedido horas antes. La redada provocó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, rompiera relaciones diplomáticas con Ecuador, mientras Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, anunció la interposición de una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, al tiempo que recibía a los diplomáticos mexicanos.
Esta acción no tiene precedentes en América Latina –ni siquiera durante la época de las dictaduras militares, se llevó a cabo tal afrenta al derecho internacional. En efecto, los locales diplomáticos se consideran suelo extranjero e inviolable según la convención de Viena, y las fuerzas del orden del país anfitrión no pueden entrar sin permiso del embajador o jefe de misión. Las personas que solicitan asilo han vivido desde días hasta años en embajadas de todo el mundo, incluida la de Ecuador en Londres, que albergó al fundador de WikiLeaks, Julián Assange, durante siete años, ya que la policía británica no podía entrar para detenerlo, hasta que, durante el gobierno de Lenin Moreno, el gobierno ecuatoriano le dio permiso a la justicia británica de acceder a la embajada para arrestarlo.
Es por ello que este acto político-policial fue ampliamente condenado a nivel internacional. La Organización de Estados Americanos recordó en un comunicado a sus miembros, entre los que se encuentran Ecuador y México, su obligación de no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. Por su lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores español, en un comunicado el domingo, dijo que la entrada por la fuerza en la embajada de México en Quito constituye una violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó también su “alarma” ante tal medida.
El portavoz del Departamento de Estado estadunidense, Matthew Miller, dijo que “Estados Unidos condena cualquier violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, y se toma muy en serio la obligación de los países anfitriones, en virtud del derecho internacional, de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas.” La presidenta hondureña, Xiomara Castro, calificó la incursión de “acto intolerable para la comunidad internacional” y de “violación de la soberanía del Estado mexicano y del derecho internacional” porque “desconoce el histórico y fundamental derecho de asilo”. ¿Cómo explicar que gobiernos cercanos al régimen de Noboa, como el de Estados Unidos, hayan decidido expresarse de esta manera?
Para entenderlo, es necesario tener en cuenta que los principios mismos del derecho internacional han sido puestos en entredicho desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, en 2022. Si bien han existido guerras e invasiones de países sin el respaldo del consejo de seguridad de las Naciones Unidas (guerra en Irak de 2003, la intervención en Libia en 2011, o las diferentes guerras en la región de los grandes lagos en el centro de África), el impacto de la ofensiva rusa no tiene precedentes en el orden internacional. A raíz de esta acción, todo apunta a que la voluntad de hacer valer la ley y el derecho internacional haya perdido relevancia, en un contexto de competencia desinhibida por el poder.
Si bien Ecuador no tiene el objetivo de declarar una guerra a México, está claro que la toma de la embajada de México en Quito se inscribe en esta desinhibición en la voluntad de no respetar el orden internacional si éste no es favorable a los intereses de un país. Hasta ahora, América Latina se había distinguido de otras regiones del planeta, al destacarse como una zona de paz interestatal. Al permitirse invadir una embajada, Ecuador creó un precedente muy grave en América Latina, que podría tener repercusiones considerables para todo el mundo si no se le pone un alto desde ahora.

* Director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París

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El pasado lunes, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, realizó un cambio sustantivo en su gabinete, remplazando a no menos de seis ministros: el ministro del Interior, Víctor Torres, fue el primero en dimitir, seguido de los ministros de Educación y Asuntos de la Mujer. Los ministros de Producción, Comercio Exterior y Agricultura hicieron lo propio horas después. No se trata de un mero ajuste. En efecto, Boluarte está siendo investigada tras adquirir presuntamente un conjunto de relojes de lujo sin declararlos como parte de su patrimonio. La policía allanó el domicilio y el despacho de la Presidenta el pasado viernes en busca de esos relojes. Es la primera vez en la historia de Perú que la policía entra por la fuerza en el domicilio de un presidente en ejercicio. Boluarte ha negado haber obtenido estas prendas de forma ilícita.
Esta nueva crisis política se produce antes de una votación parlamentaria destinada a aprobar la elección de Boluarte como primer ministro. Los legisladores han hecho circular una resolución para destituirla por “incapacidad moral permanente”.
La solicitud fue presentada por legisladores de varios partidos, entre ellos Perú Libre, al que Boluarte perteneció en el pasado. Para destituir a Boluarte, se requieren 87 votos del Parlamento unicameral de 130 escaños, y hasta ahora, cinco partidos que suman 54 votos expresaron su apoyo a la presidenta tras el allanamiento. En su solicitud, los legisladores citan la investigación contra Boluarte, así como problemas en todo el país, como el aumento de la delincuencia.
Bolarte, sexta presidenta de Perú en los últimos seis años, ascendió al cargo en diciembre de 2022 después de que el ex presidente Pedro Castillo fuera obligado a abandonar el poder y arrestado por acusaciones de corrupción y rebelión. Como era la compañera de formula de Castillo, pocos apostaban por su capacidad para permanecer en el poder teniendo frente a ella un Congreso controlado en su mayoría por la derecha. Pero Boluarte llegó a un acuerdo con las facciones conservadoras del Congreso, las élites empresariales y las fuerzas de seguridad, lo que hasta ahora ha garantizado cierta estabilidad al país. Las feroces crisis constitucionales que enfrentaban al Congreso y al Ejecutivo, que han estallado periódicamente desde 2016 y han provocado la dimisión de tres presidentes, se han calmado. Las manifestaciones son ahora esporádicas.
Sin embargo, bajo esta calma superficial, Perú sigue luchando contra una serie de agravios. En la sierra, cuyos habitantes, en su mayoría indígenas, se han sentido durante mucho tiempo abandonados o maltratados por las élites de Lima, el resentimiento sigue latente, sobre todo por la muerte violenta de decenas de manifestantes en esas zonas. En todo el país, la opinión pública es hostil a los políticos, los partidos políticos y las instituciones democráticas, muchas de las cuales se consideran corruptas e interesadas. Cuando los políticos se aventuran fuera de la capital, rara vez están seguros de recibir una cálida bienvenida.
Parte del descontento tiene su origen en la economía. Tras el colapso hiperinflacionario de finales de los ochenta, las reformas de libre mercado y la prudencia fiscal indujeron un “milagro peruano” de crecimiento, impulsado por la minería empresarial y la demanda china de materias primas. Sin embargo, muchos peruanos nunca vieron esos beneficios. La pobreza sigue siendo elevada, sobre todo en las zonas rurales, mientras prospera el crimen organizado. Para el 70 por ciento de los trabajadores empleados en la economía informal –una de las tasas más altas de América Latina–, la protección del empleo, unos servicios públicos adecuados o cualquier forma de movilidad social ascendente parecen perspectivas cada vez más remotas. Las consecuencias de vida o muerte de un mercado laboral estratificado y de una desigualdad extrema se hicieron dolorosamente patentes en la pandemia. Muchos peruanos no pudieron dejar de trabajar, mientras que los hospitales, desbordados, se esforzaban por ofrecer asistencia. Las largas colas que se formaron para adquirir tanques de oxígeno a precios excesivos encapsularon los fallos del Estado a los ojos de muchos.
Mientras el Estado parece incapaz de atender los problemas de Perú, los partidos se han transformado en un conjunto cambiante de fuerzas improvisadas, generalmente carentes de identidad y experiencia, y propensas a la corrupción, haciendo que los políticos peruanos se hayan desacreditado. En este sentido, no sorprende que las encuestas muestren que más del 80 por ciento de los peruanos esperan que las elecciones deberían celebrarse antes de la fecha prevista en 2026. Veremos si esta nueva crisis hace que la clase política escuche –por fin– la voz de la sociedad, o si las cosas cambian para que al final, nada cambie.

* Director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

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Esta semana el Presidente de Francia Emmanuel Macron viajó a Brasil para una visita de Estado de tres días, once años después del último viaje de un jefe del ejecutivo galo a este país (en 2013, bajo la presidencia de François Hollande).
Macron quiere recuperar el tiempo perdido, en particular tras el virtual congelamiento de las relaciones políticas entre Brasil y Francia durante la presidencia del líder de extrema derecha Jair Bolsonaro.
En este sentido, Macron busca impulsar las inversiones francesas en Brasil, especialmente en el sector del medio ambiente. Estará acompañado por unos 120 representantes de empresas francesas, incluidos no sólo los directores generales de pesos pesados como Carrefour y Airbus, sino también de startups verdes. Lula y Macron se reunieron ayer en Belém, una metrópolis tropical que representa la ambición de Brasil de convertirse en una superpotencia verde, y no sólo en una potencia exportadora. Belém, centro comercial durante el boom del caucho en el siglo XIX, cuando los barones del caucho construyeron un teatro de ópera inspirado en La Scala de Milán, ha sufrido los altibajos que desde entonces han afectado al caucho, al azúcar y al café. Lula quiere demostrar que esos tiempos han pasado y convertir Belém en la capital de la transición ecológica de Brasil, acogiendo el año que viene la conferencia sobre el clima, COP30.
La reunión de Belém se produce después de que Macron, en un intento de apaciguar a los enfadados agricultores franceses, pasara meses criticando duramente las exportaciones de carne brasileña y oponiéndose a un polémico acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, del que Brasil es el mayor miembro. El mensaje no pasó desapercibido en Brasil, donde Lula ha señalado el proteccionismo de Macron como el principal obstáculo para el acuerdo.
Está claro que para el francés, el acuerdo será casi una palabra tabú durante el viaje de tres días. Sin embargo, para el brasileño, este asunto será el elefante en la habitación durante la visita, lo que hace posible que finalmente el asunto se trate durante sus conversaciones.
Donde sí habrá convergencia entre los dos mandatarios es en el área económica. En Sao Paulo, Macron se encontrará con empresarios, y anunciará nuevas inversiones de empresas francesas en Brasil. Francia, que ya es uno de los principales inversionistas en este país –con una inversión directa extranjera acumulada de 40 mil 000 millones de euros, es también el mayor empleador extranjero–, está ampliando su huella económica. El fabricante de automóviles Stellantis se comprometió este mes a invertir 5 mil 600 millones de euros en el país, un ejemplo de los últimos acuerdos entre ambas naciones. La pregunta que queda en el aire es saber si Francia también aceptará proyectarse en otros sectores, como el energético, donde China está impulsando sus inversiones, para volverse un actor clave.
El viaje también brindará a Macron y Lula la oportunidad de mostrar la cooperación en materia de defensa. Brasil ya ha construido dos submarinos militares utilizando tecnología transferida por la constructora Naval Group. Macron y Lula visitarán el tercero en la base naval de Itaguaí, cerca de Río de Janeiro.
Pero es en el nivel político donde se encuentra el corazón de la visita. A pesar de las divergencias entre los dos países al respecto de la invasión rusa de Ucrania y de la guerra en Gaza, está claro que Francia y Brasil comparten visiones similares en materia internacional, en particular en las negociaciones económicas, como una fiscalidad internacional más justa o la reforma del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, donde países como Brasil se sienten subrepresentados. En este sentido, el respaldo de París a la propuesta brasileña de un impuesto único mundial para los más ricos en una reunión de ministros de Finanzas del G20 celebrada en Río hace unas semanas, ha constituido la señal positiva. Falta saber si este respaldo se concretará en la cumbre de jefes de Estado del G-20, en noviembre de este año en Río de Janeiro. Sin embargo, ya se trata de un buen primer paso.

* Director Ejecutivo del Obser-vatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

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El pasado domingo, los portugueses fueron a las urnas para elegir a sus congresistas, y a su vez, a su nuevo primer ministro. Se trataba de una elección anticipada, tras la renunciandel actual primer ministro socialista, Antonio Costa, en el cargo desde 2015, a raíz de una serie de escándalos que estallaron a lo largo de 2023. Costa mantuvo que era inocente. Pero consideró que su dignidad había sido dañada y que no podía seguir siendo primer ministro.
Las urnas dejaron un recado claro: la fragmentación política llegó a Portugal de la mano con el ascenso de la extrema derecha. En efecto, desde hace varios años, buena parte de los portugueses expresan su desconfianza hacia la clase política, a la que a veces consideran corrupta o desinteresada por sus problemas cotidianos. André Ventura, el líder del partido de extrema derecha Chega, jugó mucho con esta idea de que “todo el mundo está podrido”. Su eslogan era “limpiar Portugal”, y al respecto respondía a percepciones bastante arraigadas en este país. Por otra parte, a pesar de los buenos resultados macroeconómicos del gobierno de centro izquierda de Antonio Costa, muchos portugueses sienten que no se han beneficiado de este crecimiento. El precio de los alquileres ha aumentado considerablemente. También lo han hecho los precios de la vivienda, y muchas familias temen perderla. Los medios de comunicación portugueses, como en otros países, han hablado mucho de inseguridad y de inmigración. André Ventura, y los dirigentes de su partido aprovechan esta cobertura noticiosa a su favor.
Paradójicamente, la aparición de la extrema derecha en el gran juego político coincide con el aniversario 50 del 25 de abril de 1974 y de la Revolución de los Claveles, que puso fin a 48 años de dictadura militar. Resulta un tanto irónico o amargo ver a casi 50 diputados de extrema derecha ocupar sus escaños en el Parlamento justo cuando se conmemora este aniversario. Una parte del electorado puede tener nostalgia de la dictadura, pero sigue siendo relativamente pequeña (no hay que perder de vista que una parte importante de los votantes de Chega nacieron mucho después del 25 de abril de 1974). No se trata de personas que vivieran la dictadura y tuvieran nostalgia de ella, aunque a veces se pueda traer a colación la figura de Salazar porque tenía fama de incorruptible y no se enriqueció durante sus cuatro décadas en el poder.
En este sentido, el principal factor explicativo del voto a favor de la extrema derecha y de Chega se debe a un voto de protesta contra las élites socialistas (PS) y de centro-derecha (PSD) que han gobernado durante varias décadas. Si bien durante mucho tiempo, el recuerdo del salazarismo, de las guerras coloniales, la pobreza y la represión estuvieron muy presentes y prácticamente eliminaron el margen de maniobra de la extrema derecha en Portugal, ahora parece que éste se ha diluido. Los más jóvenes no conocen este periodo. El contexto internacional en el que se encuentra Portugal también influye en esta percepción. En toda Europa, la extrema derecha está obteniendo buenos resultados, al igual que en Brasil, Estados Unidos y otros lugares. Hasta ahora, Portugal tendía a ser la excepción. En cierto modo, estas elecciones muestran una cierta normalización, con una extrema derecha significativa.
¿Esto quiere decir que el escenario de una coalición entre extrema derecha y centro derecha es posible en Portugal, como es el caso actualmente en Italia o en otros países europeos? Hasta ahora, Luis Montenegro, líder del PSD, de centro derecha, ha dicho que no durante la campaña electoral. De manera que tendrá un gobierno en minoría: sólo puede apoyarse en Iniciativa Liberal, un pequeño partido que tampoco obtuvo muy buenos resultados (5 por ciento de los votos y ocho escaños). El Partido Socialista ha dicho que no impedirá la formación de un gobierno por parte del PSD si sale vencedor. Pero, ¿será viable este gobierno? ¿Será capaz de aprobar el presupuesto y las leyes cuando está lejos de la mayoría? De cierta manera, Portugal se encuentra ahora en una situación similar a la que vivió su vecino español hace unos años, con unas elecciones que hacen que la situación política sea mucho menos clara y mucho menos gobernable. Si se forma un gobierno de derechas, probablemente no pueda funcionar. Obligando a que se convoquen nuevas elecciones en un futuro próximo.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

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El pasado fin de semana, los dirigentes de los países miembros de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (Celac) se reunieron en la isla de San Vicente y Grenadinas para la cumbre anual de ese mecanismo intergubernamental nacido en 2010. Si bien varios líderes se destacaron por su ausencia –como los dirigentes de Chile, Gabriel Boric, Argentina, Javier Milei, Paraguay, Santiago Pena, Uruguay, Luis Lacalle, o Ecuador, Gustavo Noboa– fue notable la participación del presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva.
En efecto, si bien Brasil por sí solo (que representa aproximadamente un tercio del PIB total de la región) no puede liderar iniciativas regionales en América Latina, tampoco ninguna iniciativa significativa a nivel latinoamericano puede prosperar sin el apoyo activo de Brasil. Durante los años del gobierno de Bolsonaro, la cooperación regional –o incluso una conversación regional entre líderes– se estancó en gran medida, a pesar de los intentos de México de llenar el vacío. Ya sea luchando contra la deforestación, promoviendo la integración física o discutiendo conjuntamente la postura de la región frente a las crisis en países como Venezuela o Bolivia en 2019, el espacio para un diálogo regional constructivo era muy limitado. La decisión de Lula de viajar a la cumbre de Celac en San Vicente y Grenadinas refleja el compromiso genuino de Brasil de reconstruir los vínculos con la vecindad.
Sin embargo, incluso cuando cuentan con ese apoyo activo, los intentos pasados de promover la cooperación regional a menudo han sido de corta duración, en parte porque tradicionalmente dependen del alineamiento ideológico entre las principales potencias de la región. Ese ha sido el caso de la propia Celac: tras ser fundada como un bloque regional alternativo a la Organización de Estados Americanos (OEA) con un fuerte énfasis en la soberanía nacional, esta comunidad ha producido pocos resultados concretos en la última década, marcada por el estancamiento económico y frecuentes agitaciones políticas.
De la misma manera, es poco probable que la propia Celac ofrezca mucho para abordar los numerosos desafíos que aquejan a la región, entre ellos el colapso político y de seguridad en Haití, la profunda crisis en Bolivia entre Evo Morales y su sucesor Luis Arce y la deriva de Centroamérica hacia el autoritarismo. Por ejemplo, los gobiernos de la región difieren radicalmente sobre qué hacer en materia de seguridad ciudadana, o bien en lo que concierne la lucha contra el cambio climático.
Lo que queda claro de estos desacuerdos es una marcada diferencia entre las visiones del mundo de figuras más moderadas en Chile y Brasil, por un lado, y figuras más radicales en países como Venezuela o Argentina por el otro. Estas discrepancias podrían presentar un impedimento insuperable para una cooperación más amplia. En este sentido, se explican las ausencias de la mayor parte de los dirigentes conservadores a la cita de San Vicente y Grenadinas.
No obstante, a pesar de todas estas diferencias y del cuestionable historial de la Celac, la última reunión en el Caribe anglófono es una buena noticia para la región. Es comprensible el deseo de los líderes latinoamericanos de mantener un foro de conversación regional separado de la OEA. Con la excepción de Lula, prácticamente todos los líderes elegidos democráticamente son presidentes de primer mandato que, en parte debido a la pandemia, tienen una experiencia internacional muy limitada. En este sentido, la cumbre fue una oportunidad para numerosas reuniones bilaterales entre presidentes que se reunieron por primera vez. Los vínculos entre América del Sur y el Caribe, en particular, siguen siendo demasiado distantes.
Pero es cierto que la declaración de la cumbre de la Celac fue genérica, incluyendo el diferendo territorial entre Venezuela y Guyana por la rica provincia del Essequibo, dando así juego a los críticos de estas cumbres con muchas palabras y muy pocas acciones. Si la Celac no se dota de una verdadera hoja de ruta, la integración regional continuará dejando a desear.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: Gaspard_Estrada

 

El pasado lunes el gobierno del presidente de extrema derecha, Javier Milei, afirmó que la amenaza de la provincia petrolera de Chubut de cortar el suministro de gas y petróleo constituía una “extorsión”, en medio de un conflicto por el pago de impuestos a la región patagónica. El conflicto se inició a finales de la semana pasada, cuando el gobierno central retuvo la transferencia de unos 13 mil 500 millones de pesos argentinos (unos 16 millones de dólares) a Chubut, segunda región petrolera del país y tercera en gas, alegando una deuda de la región con el Estado argentino.
Milei, que intenta revertir el profundo déficit fiscal, una escasez de reservas y una inflación galopante, ha dicho en repetidas ocasiones que “no hay dinero” y ha recurrido a la escasa financiación estatal, incluida la destinada a los gobiernos provinciales, para financiar los gastos del gobierno central.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, parte del principal bloque conservador que ha respaldado a Milei (hasta ahora), respondió que la provincia cortaría el suministro de energía si no se desembolsaban los fondos, una postura apoyada por otros gobernadores del sur de Argentina, en un desplegado publicado en los medios de comunicación el pasado viernes.
Frente a ello, el presidente Milei amenazó al gobernador vía Twitter, afirmando que Chubut debe pagar contractualmente sus deudas y que, si la provincia incumpliera sus compromisos de suministro energético, constituiría un delito. Torres, sin embargo, se mantuvo en su posición, dejando claro que habrá una interrupción de la producción petrolera, no sólo en Chubut sino en todos los yacimientos del país si el gobierno central no adopta un cambio de postura. Por su lado, el dirigente del principal gremio energético (Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa), dijo que el conflicto debe resolverse políticamente y añadió que no era el momento de detener la producción ni el suministro.
Si bien no tenemos la respuesta a la evolución de este conflicto, el problema que se avecina a futuro para Milei es doble: En primer lugar, su posición política es relativamente débil, sobre todo en el Congreso. En segundo lugar, no está claro hasta qué punto la población argentina está dispuesta a apoyar sus medidas, ya que el recuerdo de la crisis está muy presente en el imaginario público. En efecto, además de recortar los presupuestos, Milei ha manifestado su voluntad de llevar a cabo un ambicioso programa de privatización de todas las empresas públicas, la liberalización del comercio y la desregulación laboral.
La oposición social no se hizo esperar. A pesar de que el gobierno desalentó la movilización prohibiendo los cortes de carreteras y las grandes concentraciones públicas, se produjeron protestas espontáneas en ciudades de todo el país. Las organizaciones laborales y sindicales ofrecieron la mayor resistencia, mediante declaraciones, protestas y reclamaciones judiciales. El 24 de enero, cuando Milei apenas llevaba un mes en el cargo, se convocó una huelga general. La huelga, que incluyó incluso a los sindicatos más conservadores de Argentina, paralizó el país.
Mientras tanto, Milei ha encontrado resistencia en el Congreso. Se esperaba que su ley ómnibus obtuviera el apoyo de los partidos de centro-derecha y de los gobernadores subnacionales necesitados de financiación nacional. Sin embargo, su dogmatismo impidió que el gobierno aceptara los cambios solicitados por sus posibles aliados, y el proyecto de ley fracasó.
En lugar de aprovechar su sólida victoria electoral y la fragmentación de los partidos de la oposición, ha provocado la confrontación y una resistencia cada vez más unificada. La opinión pública también parece estar cambiando, ya que la proporción de personas que viven en la pobreza se ha disparado del 45 por ciento a casi el 60. Con una economía cada vez más frágil, es difícil imaginar cómo Milei encontrará el apoyo necesario para su terapia de choque.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: Gaspard_Estrada