El pasado fin de semana se llevó a cabo el Foro de Seguridad de Munich, uno de los principales espacios de discusión sobre los asuntos de seguridad internacional. Durante este foro, numerosos dirigentes políticos y económicos de las grandes potencias occidentales se reunieron en Alemania para elaborar escenarios geopolíticos, en particular sobre el futuro de la invasión rusa de Ucrania.
Infelizmente, las noticias no son positivas. Este último país lleva dos años en llamas, devastado por la guerra declarada por Putin. A pesar de la violencia de las acciones, los miles de crímenes de guerra cometidos indiscriminadamente, la magnitud de la destrucción causada por los incesantes bombardeos contra la población civil, y las atrocidades perpetradas en los territorios ocupados, todavía existen líderes que tienen dudas sobre la pertinencia de entrar en una lógica política y militar que permita derrotar a Putin. Frente a ello, el régimen ruso no se esconde, amenazando con ampliar el terreno de confrontación geográfica, e incluso nuclear, si Estados Unidos y la Unión Europea siguen ayudando a Kiev.
En buena medida, las élites europeas han eludido las iniciativas de Putin desde 2014, pensando que podían limitar las tentaciones del régimen ruso. No quisieron ver que detrás de ello, se encontraba una voluntad de establecer una suerte de Unión Soviética reinventada, aunque para ello sea necesario invadir a otros países. Durante mucho tiempo, este diagnóstico se hizo casi exclusivamente en Europa central y oriental, donde el recuerdo de los crímenes de la URSS sigue fresco.
El desenfreno de la actitud rusa y la movilización de la economía de ese país al servicio de la guerra han despertado a algunos dirigentes europeos, como demuestra no sólo el tono cada vez más serio del presidente francés Emmanuel Macron, sino también las numerosas declaraciones alarmistas de dirigentes alemanes, holandeses y suecos sobre la posibilidad de un conflicto directo con Rusia dentro de unos años. La reciente firma de mecanismos de protección bilateral entre Ucrania y Francia y Alemania son una buena muestra de ello.
Sin embargo, el debate que se está llevando a cabo en el viejo continente sobre la necesidad urgente de relanzar la industria de defensa europea es tardío, teniendo en cuenta que será necesario esperar entre cinco y diez años para recuperar una capacidad armamentística suficiente para tener de nueva cuenta unas fuerzas armadas capaces de responder a una acción directa de parte de Rusia.
Y si bien existe esta reacción europea, un eventual éxito electoral de Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales norteamericanas significaría una verdadera ruptura estratégica en el orden militar occidental, poniendo por un lado en riesgo la preservación de la existencia territorial de Ucrania, y por otro también a Europa en la mira directa de Rusia.
Hace unos días, Trump dijo textualmente que, en caso de vencer en las elecciones en noviembre, su eventual gobierno no sólo no defenderá a los países europeos que no contribuyan de manera significativa al presupuesto de la OTAN, sino que estimularía a Rusia a atacar militarmente a estas naciones. En este sentido, Trump anunció de cierta manera la salida de Estados Unidos de la OTAN. Para los países que no disponen del arma nuclear –es decir, casi todos los países de la Unión Europea menos Francia–, el riesgo de una invasión rusa no podría descartarse.
¿Surgirá de esta inquietud una Europa del coraje y de la acción? Al día de hoy, es difícil contestar a esta pregunta. Está claro que los líderes europeos están buscando una salida política, militar y económica que permita evitar este cataclismo. Sin embargo, es probable que haya que esperar los resultados de la elección presidencial norteamericana de noviembre para ver en la realidad un cambio sustancial en la manera de actuar de los dirigentes europeos (o no, en función de los resultados). Esperemos que no sea demasiado tarde.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

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Los últimos días han sido tensos en Colombia, y más particularmente en su capital, Bogotá. Manifestantes movilizados por el presidente Gustavo Petro bloquearon los accesos al Palacio de la Suprema Corte de Justicia para exigir un nuevo fiscal general. Los disturbios en la capital estallaron después de que el alto tribunal anunciara que había vuelto a fracasar en su intento de elegir al sucesor del fiscal general saliente, Francisco Barbosa. Como consecuencia de este fracaso, la vicefiscal general Martha Mancera asumirá la fiscalía el lunes a pesar de las evidencias, publicadas en varios medios de comunicación, de que protege a presuntos narcotraficantes.
En un intento de presionar al tribunal para que impidiera la toma de posesión de Mancera, unas 20 mil personas salieron a la calle en Bogotá. Algunas decenas de estos manifestantes bloquearon la entrada al estacionamiento del palacio de justicia después de que el tribunal anunciara que seguiría votando para elegir a un nuevo fiscal jefe en dos semanas.
Al parecer, los manifestantes lanzaron una piedra a un magistrado del tribunal que intentó salir del edificio judicial por la puerta principal mientras otros permanecían encerrados en el interior. El presidente del Tribunal Supremo, Gerson Chaverra, condenó el “asedio”. Múltiples expertos judiciales y medios de comunicación habían pedido al tribunal que eligiera a un nuevo fiscal jefe antes de la fecha límite del lunes. Chaverra, sin embargo, insistió en que el tribunal decidiría el tiempo necesario para elegir al sucesor de Barbosa a partir de una terna que le había presentado el presidente. También el jueves, el presidente de la Corte Suprema dijo que el tribunal no cedería ante “presiones, ataques o amenazas”. La violencia en Bogotá se produjo tras meses de escalada de tensiones entre el gobierno de Petro y Barbosa, compañero de universidad del ex presidente Iván Duque. A principios de esta semana el presidente acusó a la fiscalía de investigarle ilegalmente tras una redada en un sindicato que había aportado fondos al partido de Petro, Colombia Humana.
A este escenario de tensión en Bogotá, hay que agregar una crisis de seguridad existente, esta vez, en las principales cárceles del país. El pasado lunes, el gobierno decretó un estado de emergencia carcelaria para enfrentar la persecución de bandas criminales a los guardianes de prisiones y combatir la extorsión que se hace desde los centros de reclusión, todos con un alto hacinamiento.
La medida se da tras la ola de violencia de las últimas semanas en contra de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). El hecho más reciente es el asesinato del agente Jesús Cárdenas, tiroteado el sábado pasado por dos sicarios cuando desayunaba cerca de la cárcel San Sebastián de Ternera, en Cartagena.
El director del Inpec explicó que con base en el decreto de emergencia carcelaria se podrán restringir las visitas a los presos, limitar las comunicaciones y realizar traslados y operaciones dentro de las celdas de los cabecillas de bandas, particularmente activas en el departamento de Valle del Cauca (suroeste). Ante esa situación, las autoridades del Valle del Cauca militarizaron la ciudad. Adicionalmente a esta medida, la policía seguirá haciendo allanamientos y visitas sorpresa en las cárceles y se trasladarán presos de los que se sospecha están delinquiendo desde las cárceles.
Es así como Gustavo Petro arranca la segunda parte de su mandato, tras la derrota de la gran mayoría de sus candidatos durante las elecciones municipales de finales del año pasado. Hasta ahora, el primer gobierno dirigido por un ex guerrillero en Colombia no ha conseguido construir una mayoría política dentro del congreso, después de que decidiera romper con los partidos de centro y de derecha que aceptaron, en un primer momento, formar parte de su coalición legislativa. Esta coalición aprobó un cierto número de reformas, incluyendo la reforma fiscal, que le permitió al gobierno aumentar la recaudación y ampliar sus políticas sociales. Pero sin un cambio de rumbo político, el gobierno de Gustavo Petro está en riesgo de empantanarse en la parálisis y la polarización.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París

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Una de las primeras promesas que hizo Javier Milei tras ser elegido Presidente, a finales del año pasado, fue privatizar los medios de comunicación estatales de Argentina: Televisión Pública, Radio Nacional y la agencia de noticias Télam. Esta promesa entra en consonancia con su programa libertario de extrema derecha, que incluye la eliminación de Ministerios y la “dolarización” de la economía .
Milei justificó su promesa calificando a la radiotelevisión pública de “mecanismo de propaganda”. Según el último Informe de la Universidad de Oxford sobre noticias en línea, publicado el año pasado, 16 por ciento de los argentinos utiliza la Televisión Pública para informarse offline y un 10 por ciento lo hace para informarse online. Estas cifras sitúan a la cadena pública muy por detrás de competidores privados como TN y Telefe. Por otro lado, la radiotelevisión pública argentina también parece tener un problema de credibilidad. Este mismo informe indica que sólo el 36 por ciento de los encuestados considera que es digna de confianza. La cifra es mayor para los canales privados Telefe (56 por ciento) y TN (52).
Estos datos tienen una explicación. Televisión Pública tiene más de 70 años al aire. Fue el primer canal de televisión de Argentina, pero siempre estuvo muy asociado a los gobiernos en turno. Su primera emisión fue un acontecimiento –el 17 de octubre de 1945, que es el Día de la Lealtad Peronista (y constituye una fecha conmemorativa muy importante en Argentina). Este país ha tenido mucha inestabilidad política, sobre todo durante el siglo XX, marcado por dictaduras militares y golpes de Estado. Y cuando cambiaban las autoridades después de unas elecciones, cambiaba la dirección del canal y su ángulo editorial. Esto dificulta, en cierto modo, que fuera más previsible para la audiencia que la sintonizaba.
Sin embargo, la TV Pública tiene activos significativos. El primero está ligado a su programación que siempre ha tenido una barra cultural diversa e internacional. Gracias a ello, contenidos artísticos originales y de producciones independientes han podido ser transmitidos en ese país. En segundo lugar, los contenidos de la TV Pública tienen como objetivo representar la diversidad geográfica del país, a diferencia de los canales privados, que no la consideran como algo significativo.
Infelizmente, para Milei y sus seguidores, estas cualidades no existen. Él pretendió que el canal había cubierto negativamente a su partido durante la campaña presidencial. Insistió en la supuesta falta de pluralismo de los conductores y de manera más general, de los productores a cargo de la línea editorial de este medio. Para Milei, el canal representa un medio de propaganda y un gasto de dinero público innecesario, que debería ser eliminado en aras de disminuir el gasto público. Es en este contexto que el nuevo gobierno ha decidido intervenir durante un año todo el sistema de medios públicos. Además, el decreto aclara que el período podrá ser prorrogado por otro año, por una única vez si así lo define la Jefatura de Gabinete de Ministros de manera unilateral.
La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial a través del Decreto 117/2024, abarca a todo el sistema de Radio y Televisión Argentina –-que administra la TV Pública y Radio Nacional– la agencia de noticias Télam, Contenidos Públicos Sociedad del Estado –que conduce las señales de televisión Encuentro, Pakapaka, DeporTV y la plataforma Contar– y la plataforma Educ.ar. El objetivo de la intervención es realizar una auditoría integral, modificar la estructura de puestos, contrataciones y contenidos. Pero en el fondo, esta medida constituye ante todo un paso previo a la privatización total del sistema de Radio y Televisión. Si llegara a concretarse, se trataría de un golpe fulminante a los medios públicos latinoamericanos y al pluralismo editorial, más allá de los errores y desencuentros con la dirección de estos medios.

* Director Ejecutivo del Observa-torio Politico de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París

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Desde hace unos días, los campesinos franceses han decidido sumarse a las protestas de sus pares de Alemania y Polonia, tras la aceleración de las discusiones entre la Comisión Europea y los países del Mercosur. Después de manifestarse en algunas ciudades de provincia, las grandes centrales sindicales campesinas decidieron radicalizar su movimiento: ahora se trata de intentar bloquear los accesos de París, en aras de sitiarla, al menos temporalmente.
Frente a este escenario preocupante, el nuevo primer ministro, Gabriel Attal, se reunió con algunos dirigentes agrícolas e hizo una serie de anuncios. El más importante fue que reiteró la oposición de Francia a la entrada en vigor del acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mer-cosur. Este acuerdo, cuyas negociaciones comenzaron durante el mandato de Jacques Chirac, en 1999, está en el centro del debate político europeo. Para la Comisión Europea, así como para varios pesos pesados como Alemania, España o Portugal, su entrada en vigor significaría una transformación en profundidad de los equilibrios políticos de la Unión Europea, cuyo centro de gravedad se ha desplazado hacia el este europeo tras la ampliación de los países miembros de la Unión, en 2004, y más recientemente, tras la invasión de Ucrania por Rusia.
En este sentido, la apertura de los mercados del Mercosur constituiria una gran oportunidad para los productos semimanufacturados, en particular de Alemania, que se encuentra en un momento de gran introspección en relación a su modelo de desarrollo económico. En los casos de España y Portugal, esto permitirá reforzar los intercambios económicos, y darle una nueva perspectiva a las múltiples inversiones ya presentes en la región.
Sin embargo, en otros países, como Francia, pero también Polonia, Austria, o más recientemente, los países bálticos, este acuerdo no ha sido bien visto por los sectores productivos, en particular el sector agrícola, que temen perder mercado frente a los productos sudamericanos y denuncian la falta de equidad ante las normas y exigencias fitosanitarias exigidas por la Unión Europea. Es por ello que el acuerdo ha tenido tanta dificultad en ser aprobado por las partes. En Francia, si bien el gremio de los agricultores es cada vez más pequeño –en buena medida, fruto de la mecanización de la explotación agrícola y de los avances tecnológicos–, su capacidad de influencia política y económica se mantiene intacta. Durante décadas, los grandes empresarios del ramo financiaron las campañas electorales de políticos, en particular del partido Los Republicanos, de derecha.
Hoy en día, el Presidente Macron no dispone de una mayoría absoluta en el Congreso, lo que lo obliga a negociar alianzas en la Cámara de Diputados y en el Senado, en particular con los congresistas de Los Republicanos.
En este contexto, luce complicado para Macron prescindir de estos votos en aras de impulsar la relación con América Latina, y en particular, con el Mercosur. De hecho, desde su primera toma de posesión como Presidente, en 2017, Emmanuel Macron no ha realizado ningún discurso al respecto de América Latina, ni ha visitado ningún país de la región en una visita bilateral desde entonces (se espera que viaje a Brasil a finales de marzo, antes de ir a Río de Janeiro para el G-20, a mediados de noviembre).
Frente a esta situación, resulta poco sorprendente que Macron, y su gobierno, hayan decidido emprender toda una estrategia diplomática en el seno de la Unión Europea para impedir que el acuerdo entre en vigor. Como todo acuerdo de libre comercio firmado por la Comisión Europea tiene que ser aprobado por los 27 países que la componen en el seno del Consejo de la Unión Europea (ente que reúne a los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión), basta con que Macron o su representante rechace el acuerdo para que éste no entre en vigor.
Está claro que París intentará convencer a otros países de seguir su posición, para mandar una señal de fuerza tanto hacia afuera, como hacia adentro, y en particular, al gremio agrícola.

* Director Ejecutivo del Observa-torio Politico de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

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El pasado lunes el presidente Luiz Inacio Lula da Silva presentó públicamente el nuevo plan gubernamental para reindustrializar a Brasil. No se trata de algo menor: Lula anunció inversiones por más de 60 mil millones de reales, lo que corresponde a poco más de 12 mil millones de dólares en los tres próximos años. Si el monto parece tan significativo, es que el presidente brasileño espera que estas sumas de dinero permitan aumentar a la brevedad el crecimiento económico.
Durante el primer año del gobierno de Lula, el desempeño del país sorprendió a los analistas financieros, que pronosticaban un año difícil, con menos del 1 por ciento de aumento del PIB. Doce meses después, esta cifra fue de cerca del 3 por ciento. Gracias a una producción agrícola excepcional, y a buenos resultados en materia de consumo y de servicios (en particular, por parte de las familias más pobres), Brasil creció tanto a nivel económico como social.
Sin embargo, de la misma manera que el año pasado, las previsiones económicas para 2024 no son buenas. Para la mayoría de los bancos y el sistema financiero, el crecimiento será inferior al 2 por ciento, lo que serían malas noticias, en un contexto en que se llevarán a cabo elecciones municipales en todo el país. Los resultados en las grandes capitales, en particular en Sao Paolo y Río de Janeiro, serán escrutados con lupa por los analistas y la clase política. Es en este sentido que Lula y su equipo han decidido, desde hace algunos meses, realizar una revisión a profundidad de las áreas de oportunidad para dinamizar la economía, no sólo aumentando las ventajas competitivas de los sectores más fuertes, como el agrícola, sino para darle un nuevo impulso a otros, como el sector industrial. La idea es transformar la matriz económica, haciendo que ésta sea más verde e inclusiva.
Para ello, el gobierno le pidió a la economista italiana Mariana Mazzucato un estudio sobre un nuevo paradigma industrial, que podría servir de base a los lineamientos de esta reforma. En este sentido, no se trata de reeditar las políticas industriales de los años 1980, sino de permitir que Brasil pueda aumentar su capacidad de innovación y desarrollo, posicionándose como un actor importante en las nuevas cadenas regionales y globales de valor, tras la pandemia y las guerras en Ucrania y en Gaza. Infelizmente, los países sudamericanos, en particular Brasil y Argentina, han visto el peso de su sector industrial disminuir considerablemente en los últimos años. La perspectiva de la entrada en vigor del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea hacía pensar que esta fragilización del tejido industrial aumentaría. La paralización aparente del acuerdo tras las palabras del presidente Emmanuel Macron durante la COP-28 permiten pensar en otra perspectiva.
Aquí, la importancia de ligar la reindustrialización con la agenda verde es clave. No se trata de hacer más de lo mismo, sino de aprovechar las potencialidades de Brasil, en particular, en materia de transición energética, para juntar ambas agendas y conseguir captar recursos nacionales e internacionales para financiarlas. Gracias a la presentación, en agosto del año pasado, del plan de transición energética, se estructuraron una serie de dispositivos financieros para facilitar las inversiones del sector privado, en particular en materia de generación de energía eólica, solar y originada por la biomasa. Por otro lado, el respaldo de los bancos multilaterales de desarrollo, en particular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), va permitir a Brasil cubrir en parte el riesgo cambiario ligado al financiamiento de grandes programas energéticos, lo que facilitará la llegada de capitales externos y la implantación de estos proyectos estructurantes.
Sin duda alguna, la pandemia y la invasión de Ucrania por Rusia han transformado la geopolítica internacional, y puesto de relieve la necesidad para los países de tener el acceso y el control de sus cadenas de suministros, en particular en el sector industrial. Desde ese punto de vista, los demás países de la región deberían tomar ejemplo de la experiencia brasileña y apostar en el desarrollo de este tipo de políticas.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

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Finalmente, después de una transición de casi seis meses, Bernardo Arévalo asumió como nuevo Presidente de la República de Guatemala.
A semejanza de lo que fue el proceso electoral que condujo a su victoria, en junio del año pasado, la mayor parte de las élites políticas y económicas de ese país actuó por “vías legales” e ilegales para impedir la asunción del nuevo jefe del ejecutivo: los congresistas de las bancadas de los partidos más conservadores, en particular los del partido Vamos, encabezado políticamente por el ex presidente Alejandro Giammattei, intentaron desaparecer jurídicamente a los diputados electos del partido de Arévalo, Movimiento Semilla, al catalogarlos como “independientes”, para evitar que uno de ellos pueda ser electo como Presidente del Congreso, y esté en capacidad de conducir tanto la toma de posesión de Bernardo Arévalo como los trabajos legislativos durante la legislatura que comienza.
Sin embargo, la reacción inmediata de una parte considerable de la propia clase política, así como de la sociedad civil (en particular, de los movimientos indígenas) y de buena parte de la comunidad internacional permitió que esta jugada política fuera desactivada el mismo día. Desde la clase política, la mayoría de los diputados decidió respaldar una iniciativa del nuevo partido oficialista para restablecer los derechos políticos del Movimiento Semilla en la Cámara de Diputados.
Los movimientos sociales, por su lado, multiplicaron las manifestaciones y los actos fuera de la Cámara de Diputados, para exigir que la ceremonia de transmisión de mando se realice conforme a derecho.
Y finalmente, las delegaciones extranjeras presentes en Guatemala, que incluyeron al Rey de España, Felipe VI, así como los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; Chile, Gabriel Boric; Costa Rica, Rodrigo Chaves; el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin; los cancilleres de México, Alicia Bárcena; España, Manuel Albares; el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el alto representante para la política exterior de la Comisión Europea, José Manuel Albares, entre otros. Todos ellos firmaron un documento público en respaldo a la democracia guatemalteca y la toma de posesión de Bernardo Arévalo.
Si bien las cosas terminaron bien en esta ocasión, queda claro que solo un respaldo de estos tres actores en el largo plazo permitirá desactivar cualquier tentativa de retroceso autoritario –el problema es que nadie dice que esto pueda prolongarse mucho tiempo.
Guatemala comparte con Haití y algunos países centroamericanos el triste récord de menor recaudación de impuestos con proporción al PIB de Latinoamérica (menos del 15 por ciento). Por ello, es extremadamente complicado llevar a cabo políticas públicas redistributivas que permitan reducir la pobreza y la desigualdad sin que se lleve a cabo una profunda reforma impositiva, que aumente la fiscalidad de los hogares más ricos, y que permita al mismo tiempo reducir la evasión fiscal existente. Está claro que una reforma de este tipo no es del interés de las élites políticas y económicas, que controlan buena parte de los congresistas. Si bien el Movimiento Semilla obtuvo la presidencia de la Cámara de Diputados, se trata sólo del tercer grupo parlamentario.
Para Arévalo, que fue electo con una ambiciosa agenda reformista, en particular en materia de lucha contra la corrupción y de establecimiento de una serie de programas de desarrollo social, no será fácil obtener los votos necesarios para sacar adelante estas reformas. Sobre todo cuando los movimientos sociales y políticos que lo han respaldado desde la campaña electoral esperan resultados rápidos de parte de este gobierno, originado desde la sociedad civil en 2015 durante las grandes marchas contra la corrupción. En este sentido, si el gobierno de Arévalo no consigue el respaldo parlamentario para aprobar su agenda legislativa, no será fácil cumplir sus promesas de campaña, y por ende, dar respuesta a los anhelos de cambio de la población guatemalteca.
Sin duda, para poder llevar a cabo estas transformaciones, el respaldo de la comunidad internacional será determinante. No solo para evitar que se produzca un golpe de Estado contra Bernardo Arévalo y su gobierno, sino para poder financiar los proyectos prioritarios de la nueva administración. En este sentido, el apoyo de las instituciones multilaterales regionales de crédito, como el BID y la CAF, serán claves.

* Director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París

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Desde la toma de posesión del nuevo Presidente de Argentina, Javier Milei, el pasado 10 de diciembre, ese país vive en un estado permanente de tensión y crisis. En efecto, el ex analista financiero y economista ha publicado una serie de decretos de urgencia y proyectos de ley que, en caso de ser aprobados, transformaría profundamente al país. El Decreto Nacional de Urgencia (DNU), primera medida legal anunciada por el nuevo jefe del Ejecutivo de extrema derecha, modificaría o suprimiría más de 350 normas económicas en un país acostumbrado a una fuerte intervención del Estado en el mercado.
Entre otras cosas, elimina el precio máximo de los alquileres, varias garantías para los trabajadores y las leyes que protegen a los consumidores contra los aumentos abusivos de precios, en un momento en que la inflación anual supera el 160% y el nivel de pobreza ha superado el 40%. Otros aspectos del decreto son el fin de los aumentos automáticos de las pensiones, la restricción al derecho de huelga y la flexibilización de los precios máximos de los servicios sanitarios privados. También pone fin a unos 7 mil contratos de trabajadores del Estado, con el pretexto de recortar el gasto público.
Frente a esta iniciativa, que ya entró en vigor (y que seguirá válida a menos que el Congreso argentino vote en su mayoría contra ella en ambas cámaras), varias personalidades y sindicatos presentaron un recurso judicial para que el decreto sea declarado inconstitucional. Un juez de primera instancia declaró la admisibilidad del recurso, aunque es muy probable que esta queja termine en la Corte Suprema. La pregunta es saber cuándo, teniendo en cuenta que el Congreso argentino deberá pronunciarse para avalar o rechazar el DNU propuesto por el gobierno.
El partido de extrema derecha de Milei, La Libertad Avanza, tiene 40 de los 257 diputados del Congreso y siete de los 72 senadores. Es decir, no dispone de la mayoría suficiente para validar ninguna reforma, y mucho menos cambios constitucionales, a pesar de que exista buena voluntad de parte de los congresistas electos por el partido del ex presidente Mauricio Macri (PRO), para respaldarla. Es por ello que ante la fragilidad de su representación legislativa, el nuevo gobierno argentino ha decidido ir por el todo o nada: además de presentar el DNU, Javier Milei introdujo un proyecto de ley, llamado por los medios “ley ómnibus”, que haría cambios en no menos de 660 leyes. Su aprobación se traduciría en un cambio significativo del propio régimen político de ese país, en detrimento de los poderes del Congreso, al tiempo que las reglas de financiamiento de la vida política del país serían transformadas para dar paso a un financiamiento privado sin límites. Si esto viniera a confirmarse, se trataría de una evidente regresión democrática. Los grupos de interés privados podrían financiar sin límites las campañas de candidatos, lo que les permitiría más tarde tener influencia sobre la toma de decisiones de las autoridades electas.
Ante este “plan motosierra” contra la democracia, las principales centrales sindicales y los movimientos sociales han convocado una serie de protestas contra el gobierno Milei. Los sindicatos, en particular la Confederación General de los Trabajadores (CGT), anunciaron una huelga general a partir del próximo 24 de enero. Frente a ello, el gobierno del ultraderechista incluyó una serie de disposiciones dentro del DNU para facilitar la represión de la protesta social y la acción de la policía, en aras de intimidar a los ciudadanos que quieran expresar su repudio a la política de Milei.
Al día de hoy, las encuestas de opinión dan muestra de un rechazo a las medidas de Milei (55% en promedio), aunque el presidente mantiene un nivel elevado de aceptación. Sin duda, la lógica detrás de esta estrategia política está ligada a la gestión desastrosa del ex presidente Mauricio Macri (2015-2019). Este último había hecho la apuesta inversa, es decir, llevar a cabo una política “gradualista”. Ahora, se trata de una ruptura política y económica. Que podría terminar destrozando a Argentina, sin resolver sus problemas políticos y económicos.

* Director Ejecutivo del Observa-torio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París

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El pasado domingo, los chilenos fueron a las urnas para responder a una pregunta a la vez simple y fundamental para el futuro del país: ¿Chile debe tener una nueva constitución? La respuesta, por segunda vez en menos de dos años, fue contundente: más del 55 por ciento de los electores que fueron a las urnas (el voto es obligatorio en Chile para las personas empadronadas) respondieron que no. Lo interesante del caso es que la propuesta Constitucional presentada a los electores es diametralmente inversa a la primera opción: en un caso (la primera Convención Constituyente), la filosofía del texto era marcadamente de izquierda, con propuestas legales inspiradas por los movimientos sociales que tuvieron buena parte de la representación en ese proceso (movimientos feministas, dirigentes de la causa ambiental y del movimiento indígena). En el otro, las fuerzas de derecha radical y de extrema derecha, representadas por los líderes del Partido Republicano (encabezado por el ex candidato presidencial José Antonio Kast), tampoco fueron capaces de construir una mayoría política en torno a su proyecto constitucional.
De manera que la Constitución instaurada en 1980, es decir, durante el gobierno dictatorial de Augusto Pinochet, seguirá vigente por varios años más. La paradoja de este resultado es que, desde hace ya varias décadas, Chile reclama cambios profundos, en particular en lo relativo a la relación entre el Estado y la sociedad. Y cuando finalmente la ciudadanía y las instituciones deciden abrir la posibilidad de un cambio, ya sea a la izquierda o a la derecha, las divisiones y la polarización política y social de los chilenos pueden más que la voluntad de cambio y de transformación del orden constitucional. Para entender mejor el porqué de este bloqueo, es necesario ir hacia atrás.
Con el fin de la dictadura militar, buena parte de los analistas políticos y de la propia clase política estimaban que una reforma progresiva de las instituciones sería posible. En este sentido, durante los gobiernos de la llamada “Concertación”, es decir, los gobiernos de centro izquierda de Ricardo Lagos y de Michelle Bachelet, no fue una sorpresa que varias voces dentro de la politica –así como en el seno de la sociedad civil y de los movimientos sociales– reclamaran cambios institucionales de fondo. Si bien Lagos y Bachelet lograron llevar a cabo algunas reformas legales (en particular, en materia tributaria, educativa e institucional), la verdad es que estas evoluciones no colmaron las expectativas de cambio de la propia base política y social de la izquierda: de hecho, el nacimiento político de la actual generación dirigente de Chile, encabezada por Gabriel Boric, se llevó a cabo en respuesta a la incapacidad de la “Concertación” a llevar a cabo las reformas de fondo prometidas.
Cuando la derecha regresó al poder en 2018, de la mano del empresario Sebastián Piñera, la tensión social aumentó, a pesar de que los indicadores macroeconómicos daban cuenta de un país relativamente próspero y tranquilo, comparado a sus vecinos (Argentina, Perú o Bolivia). Pocos meses después de su toma de posesión, en 2019, la región comenzó a ser sacudida por una serie de manifestaciones. Chile no fue la excepción. Lo que pasó a llamarse la “primavera chilena” le dio un nuevo impulso a la voluntad de cambio radical de las instituciones chilenas, en particular a la demanda de una nueva Constitución.
Así, a pesar de su relativo aislamiento frente a la élite política tradicional, Gabriel Boric logró construir una narrativa de campaña convincente, que le permitió rebasar las candidaturas de los partidos políticos tradicionales del centro izquierda. De esta manera, parecía que el horizonte natural para su presidencia sería la aprobación de una nueva Constitución, lo que coronaría su ambición reformista y la de su generación. No fue el caso.
En este sentido, Gabriel Boric se encuentra frente al desafío de darle un nuevo significado a su mandato para evitar que, de la misma manera que sus antecesores de izquierda como de derecha, su presidencia sea recordada como una más.
* Director Ejecutivo del Obser-vatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en Paris

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La reunión del Mercosur presidida por Brasil este semestre y celebrada la semana pasada, planeada para ser un gran evento, no salió como se esperaba. Se realizaron varios anuncios, aunque casi todos postergan decisiones que serían importantes para el bloque, como la mejora del Arancel Externo Común, la inclusión de los sectores automotriz y azucarero en los acuerdos del Mercosur, la internalización del nuevo régimen de origen, así como la finalización de acuerdos en materia aduanera y de facilitación del comercio, defensa de la competencia y protección al consumidor. En concreto, se firmó el acuerdo de libre comercio con Singapur y se formalizó la admisión de Bolivia como miembro de pleno derecho de Mercosur (habrá un periodo de transición de tres años para que la legislación de Mercosur se incorpore al ordenamiento jurídico boliviano).
En cuanto a la negociación de acuerdos de libre comercio, el comunicado final de la reunión presidencial da cuenta de los avances en la agenda de negociación extrarregional, que priorizó los procesos negociadores concluidos « en principio », para que los países del Mercosur profundicen su inserción en las cadenas interregionales, atraigan inversiones, incrementen las exportaciones y generen empleo de calidad. Se destacaron las conversaciones mantenidas con representantes de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) a lo largo del semestre, de las que surgió el compromiso de acelerar las tareas que permitan concretar la firma del acuerdo comercial con el Mercosur. Se mencionaron los contactos e intercambios encaminados a negociar acuerdos con Canadá e Indonesia, Vietnam y el diálogo exploratorio con los Emiratos Árabes Unidos. Por lo que se refiere al acuerdo Mercosur-UE, se destacaron los considerables progresos realizados en la negociación del Acuerdo de Asociación, tras un intenso período de rondas de negociaciones que abarcaron un amplio abanico de temas. Hubo acuerdo en seguir trabajando para su conclusión y firma, con la intención de que el Acuerdo sea equilibrado y equitativo para las partes. También se constató la preocupación de los países miembros por el desarrollo de iniciativas legislativas europeas que puedan representar medidas restrictivas al comercio, afectando las exportaciones agrícolas del Mercosur.
La decisión del ahora ex presidente argentino Alberto Fernandez de no aprobar el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, que estaba prácticamente listo para cerrarse en la reunión, ha aplazado una vez más el final de esta novela que se arrastra desde hace más de 20 años. Durante la COP-28, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció su oposición al acuerdo, tal como está, provocando el aplazamiento del anuncio, mientras el presidente Lula seguía apostando por su aprobación final, pedía y obtenía el apoyo del primer ministro alemán Scholz.
Hay que recordar que el acuerdo con la UE tiene tres vertientes: el diálogo político, la cooperación económica y un acuerdo comercial. Se trata, pues, de un acuerdo que va mucho más allá del intercambio comercial. Considerando estos aspectos más amplios, el acuerdo es positivo porque pone fin al aislamiento del Mercosur y representa un importante avance geopolítico. La apertura del comercio para los productos más sensibles de Brasil y Mercosur no tendrá sus aranceles reducidos a cero hasta dentro de diez años, a tiempo para que la reindustrialización se consolide y la reducción de costos en Brasil permita que los productos industriales sean más competitivos en el mercado europeo. A continuación se ultima el acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC).
El conflicto de Venezuela con Guyana ganó terreno en la cumbre del Mercosur. El presidente Lula coordinó una breve declaración en la que expresó su profunda preocupación por el aumento de las tensiones entre esos dos países. Los presidentes afirmaron que América Latina debe ser un territorio de paz e instaron a ambas partes a buscar una solución pacífica a la disputa, con el fin de evitar acciones e iniciativas unilaterales que puedan agravarla.
Esta semana, los presidentes de Venezuela y Guyana se reunirán por invitación del presidente pro tempore de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC), el Primer Ministro Ralph Gonçalves de San Vicente y Granadinas. Lula, invitado como observador, no ha confirmado su invitación. El posible apoyo de Rusia a Venezuela y de Estados Unidos a Guyana lleva a América Latina la posibilidad de una escalada militar y un enfrentamiento geopolítico.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter : @Gaspard_Estrada

Durante el pasado fin de semana, los principales líderes mundiales se reunieron en Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, para discutir sobre los avances en materia de cambio climático, durante la Conferencia de las Partes (COP) de las Naciones Unidas, que celebraba su edición 28. En este marco se llevaron a cabo una serie de encuentros bilaterales entre jefes de Estado y de Gobierno. Los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, hablaron el sábado 2 de diciembre de la cooperación bilateral en materia de medio ambiente, defensa y cultura.
Sin embargo, el plato fuerte de la reunión fue el destino del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el mercado común de América del Sur (Mercosur), que viene siendo negociado entre los dos bloques desde 1999. En agosto de 2019 se llegó a anunciar este acuerdo, sin que haya sido posible obtener que los 31 países signatarios lo ratifiquen. Uno de ellos es Francia, cuyos dirigentes siempre se han negado a respaldarlo, por temer su impacto en su sector agrícola, que históricamente ha sido políticamente poderoso.
En este sentido, resultaba interesante saber si Macron, que no puede legalmente buscar una segunda reelección en 2027, estaría dispuesto a romper con este paradigma histórico.
La respuesta se dio minutos después de la reunión entre los presidentes: en una conferencia de prensa, Macron declaró que no podía « pedir a nuestros agricultores, a nuestros fabricantes en Francia, pero también en toda Europa, que hagan esfuerzos, que apliquen nuevas normas, que descarbonicen, y decir de repente: voy a quitar todos los aranceles para traer productos que no aplican en absoluto estas normas, y va a ser genial ». Sin embargo, Francia no es el único país europeo que se opone a este acuerdo: también Polonia, Austria, y algunos países del este europeo, miembros de la Unión Europea. Del lado sudamericano, también existen factores complicadores, en particular en Argentina. La victoria reciente de Javier Milei (otro crítico del acuerdo entre el Mercosur y la UE) facilitó esta toma de posición pública del presidente francés. Desde entonces, el presidente argentino saliente, Alberto Fernandez, ha declarado no querer firmar nada antes de su salida de la presidencia de la República, el próximo domingo 10, a pesar de estar personalmente a favor de su ratificación.
Para Lula, y varios líderes europeos como Pedro Sanchez (España), Antonio Costa (Portugal) y Olaf Scholz (Alemania), se trató de un balde de agua fría. En efecto, el bloqueo tácito de Francia a la entrada en vigor del acuerdo rompe la estrategia de estos líderes de llevar a cabo una política de acercamiento estratégico de Europa con los países de América del Sur. Al día de hoy existen focos de tensión en la mayor parte del planeta (invasión de Ucrania, guerra entre Israel y Hamas en la franja de Gaza, inestabilidad política crónica en África francófona a raíz de golpes de Estado, escalada militar entre China y Taiwán), de manera que América Latina constituye una de las pocas regiones del mundo en donde no hay conflictos armados (a menos de que Nicolás Maduro decida invadir Guyana en los próximos días). Esta nueva situación geopolítica está provocando realineamientos importantes en la política internacional, en particular en materia de energía, alimentos, y sobre todo, alianzas políticas.
En un contexto de reforzamiento de la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China, particularmente presente en América Latina, la existencia de un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE permitiría romper esta dinámica. Esta es (o tal vez, era) la premisa de los presidentes Lula, Sánchez y Scholz, que aparentemente ya no podrá llevarse a cabo como lo tenían previsto. La Comisión Europea, presidida por Ursula Von der Leyen, ha dejado claro que va a persistir en su intención de hacer realidad este acuerdo. Veremos en las próximas semanas si estas intenciones se harán realidad. O no.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter : @Gaspard_Estrada