Desde hace unas semanas, las tensiones en torno a una larga disputa fronteriza entre Venezuela y Guyana vuelven a recrudecer. La disputa, que tiene ya décadas, se origina en la reclamación de Venezuela sobre el Esequibo, una región del oeste de Guyana escasamente poblada pero rica en recursos, predominantemente selvática, que comprende casi dos tercios del territorio de la antigua colonia británica. Las invectivas de Maduro se producen después de que Exxon realizara una serie de sorprendentes descubrimientos de petróleo en las aguas territoriales de Guyana. El reclamo territorial de Venezuela incluye las aguas frente a la costa del Esequibo, que contiene muchos de esos descubrimientos de petróleo. El último estallido es un intento del desesperado régimen de Maduro de obtener acceso a recursos que necesita urgentemente mientras distrae a la población venezolana de la grave situación económica del país.
La disputa sobre el Esequibo se remonta a 1830, cuando Venezuela se separó de la Gran Colombia para convertirse en un Estado soberano independiente. En 1835, el Imperio Británico envió a un explorador de origen alemán a cartografiar Guyana y demarcar una frontera con Venezuela. La frontera trazada provocó las protestas de Venezuela, que alegó que Gran Bretaña estaba invadiendo su territorio. Este hecho desencadenó la disputa territorial, que sigue sin resolverse a satisfacción de ambas partes. Varios intentos de arbitraje, incluidos el Laudo Arbitral de 1899, el Acuerdo de Ginebra de 1966, el Protocolo de Puerto España de 1970 y el acuerdo de Buenos Oficios de 1990, no han logrado resolver satisfactoriamente la disputa.
La última ronda de sabotaje de Maduro comenzó después de que Guyana lanzara su primera subasta petrolera con 14 bloques en alta mar en oferta, con ocho ofertas recibidas, incluidas las de los supergigantes energéticos Exxon y TotalEnergies. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Venezuela, desde Caracas, emitió un comunicado en el que afirmaba que la posición arrogante y hostil de Guyana, que niega el diálogo y la diplomacia, es el mayor obstáculo para alcanzar una solución.
El gobierno de Guyana en Georgetown se niega a participar en las reuniones propuestas por Maduro, y con razón, habiendo remitido el asunto a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para su resolución. La CIJ ha estado gestionando la disputa territorial a petición de Guyana desde 2018, con el tribunal afirmando en una sentencia de 2020 que tenía jurisdicción sobre el asunto. Luego, en un fallo de abril de 2023, el tribunal consideró admisibles las objeciones preliminares planteadas por Venezuela en una presentación de junio de 2022, esencialmente cuestionando la jurisdicción de la CIJ sobre la disputa. Desde entonces, el tribunal no ha vuelto a pronunciarse sobre el asunto.
Guyana ha sido receptora de refugiados que huyen de Venezuela a causa de la crisis que vive ese país. Se calcula que de los más de 7 millones de venezolanos que han huido de su país desde 2015, unos 100 mil se han asentado en Guyana, lo que equivale aproximadamente al 8 por ciento de la población del país. Esto hace temer que una afluencia tan masiva de refugiados venezolanos a la pequeña ex colonia británica de menos de un millón de habitantes pueda desencadenar la disidencia civil y otros problemas, especialmente si Maduro intensifica sus presiones.
Guyana también se encuentra en la poco envidiable posición de ser potencialmente incapaz de repeler militarmente cualquier invasión de Esequibompor parte de Venezuela. En comparación con el ejército de Venezuela, que ocupa el tercer lugar en América del Sur detrás de Colombia y Brasil, la fuerza de defensa de Guyana es limitada en tamaño y equipo. Mientras que Venezuela posee modernos tanques, artillería y aviones, así como una considerable marina de guerra, Guyana cuenta con muy pocos equipos modernos de combate y aproximadamente una vigésima parte del personal de su adversario. Lo más preocupante es que hay asesores militares rusos e iraníes desplegados en Venezuela que están integrados en varias unidades. De manera que la tensión en la frontera entre esos dos países petroleros no va a cesar en los próximos días.

* Director Ejecutivo del Obser-vatorio Político de América Lati-na y el Caribe (OPALC), con se-de en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada

El viernes pasado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reunió a un grupo de líderes de América Latina, el Caribe y Canadá en la Casa Blanca, con el objetivo de ampliar los lazos económicos en la región, mientras Washington trabaja para contrarrestar a China y frenar el flujo de migrantes.
En este encuentro participaron líderes de Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Perú y Uruguay, junto con los cancilleres de México y Panamá.
Biden inauguró la Cumbre de Líderes de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica (APEP) con un mensaje de esperanza a pesar de los enormes retos en política exterior que plantean el conflicto entre Israel y Hamás y la invasión rusa de Ucrania. Durante la reunión, Biden dijo que el objetivo era aprovechar el potencial económico de las Américas y hacer de ella la región económicamente “más competitiva del mundo”.
En este sentido el objetivo de la reunión era atender la demanda de los líderes latinoamericanos, que han venido exigiendo de parte de Estados Unidos una actitud más proactiva frente a la región, en un momento en que China aumenta sus inversiones y su presencia en buena parte de los sectores económicos y estratégicos. En este sentido, según Biden, se trataba de asegurarse de que sus vecinos del sur sepan que pueden elegir entre la diplomacia de la trampa de la deuda y otro tipo de enfoques, más “transparentes y de alta calidad en materia de infraestructuras y desarrollo”.
En una declaración conjunta, los líderes subrayaron su compromiso colectivo con la democracia, el Estado de Derecho, la diversidad y la inclusión, el trabajo decente y los empleos bien remunerados, la protección medioambiental y social, los derechos laborales, los derechos humanos universales y las libertades fundamentales en las Américas.
Igualmente afirmaron que trabajarán con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para promover la inversión sostenible y catalizar el crecimiento regional; pidieron a sus ministros que amplíen los vínculos comerciales y eliminen las barreras a una mayor integración económica. El BID, el mayor banco de desarrollo de la región, presentará por su parte una nueva plataforma de financiación al servicio de los países de la región, que podría movilizar miles de millones de dólares para inversiones en energías renovables.
Paralelamente a ello, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, organizó un desayuno de trabajo para los presidentes en el Tesoro, y les dijo que Estados Unidos trabajaría estrechamente con el BID apoyando sus esfuerzos para integrar mejor las cadenas de suministro en la región. En este sentido, anunció la intención de su país de respaldar la iniciativa del Presidente del BID, Ilan Goldfajn, para reformar su brazo del sector privado, IDB Invest, y permitir un aumento significativo de su capital.
Pero no solo se trató de una cúpula sobre temas económicos. Altos funcionarios estad unidenses afirmaron que esperan reducir el gran número de migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México ampliando las oportunidades económicas de la población en su propio país. Seis países de la APEP –Costa Rica, Ecuador, Colombia, Perú, Chile y Panamá– han ofrecido un estatus legal a millones de personas desplazadas en el hemisferio sur. Durante la Cumbre de las Américas del año pasado, Estados Unidos y otros 19 países firmaron una declaración no vinculante en la que acordaban una serie de medidas para hacer frente a la crisis migratoria, actualmente en curso. Este tema será uno de los principales asuntos de la campaña presidencial en Estados Unidos, de manera que la reunión APEP también tenía un objetivo de política interior. Sin duda, esta cumbre constituye un momento importante en la relación de Biden con América Latina: lo que no sabemos es si habrá resultados concretos de ella. Más allá, falta saber si China –o la Unión Europea– decidirán reaccionar a esta iniciativa norteamericana.

* Director Ejecutivo del Obser-vatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

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El pasado domingo, los argentinos fueron a las urnas para elegir a su próximo presidente de la República y las encuestas de opinión se volvieron a equivocar: El candidato peronista a la Presidencia, Sergio Massa, ganó la primera vuelta, con poco más de 6 puntos de diferencia frente a su rival (36.7 por ciento), el candidato de extrema derecha libertaria Javier Milei (30 por ciento de los votos).
La ventaja de Sergio Massa es al mismo tiempo su mayor debilidad. Está a cargo de la economía, por lo tanto sabría qué medidas tomar y conoce la naturaleza del agujero en que se ha metido el país. Al mismo tiempo, tiene que cargar con el peso de ser el responsable de esta economía hecha trizas. A su vez, la ventaja de Javier Milei es también su debilidad. No tiene programa, puede adaptar sus propuestas a cualquier circunstancia. Este vacío lo ha traído hasta aquí, pero el miedo a sus discursos incendiarios podría impedirle avanzar.
Javier Milei forma parte de esta nueva tendencia política que hemos visto en varios países, en la que un candidato se proclama antisistema, aunque no lo sea, y consigue en todo el mundo acaparar a la gente sin esperanza con discursos radicales. Argentina ha vivido una crisis económica y social tan profunda durante los últimos gobiernos que el descontento le ha permitido ganar todo este espacio en las elecciones. Milei utiliza esta tecnología para reunir ideas que atraen a la gente, pero que no siempre corresponden a la verdad ni representan un programa. La idea es movilizar a los descontentos, con un discurso en contra de todo y de todos, mientras que la política tradicional intenta convencer a la gente en torno a un programa de gobierno. En un ambiente de crisis como el que vive Argentina, es fácil para un personaje como Javier Milei avanzar con falsos remedios como el armamentismo, la venta de órganos, el cierre del Banco Central y la extinción de los ministerios de Salud y Educación.
El panorama económico para los próximos meses es malo. Los mercados financieros proyectan una caída del 3 por ciento del PIB este año y creen que la recesión continuará el año que viene, con una caída del 2.5 por ciento. Es decir, independientemente de quién sea elegido, la nueva administración tendrá que hacer frente a graves desequilibrios macroeconómicos. Se calcula que la inflación alcanzará el 150 por ciento y el tipo de interés será del 110 por ciento al año. El país tiene reservas muy bajas y este año tendrá déficit comercial a causa de la sequía.
Además de la economía, otro desafío del próximo gobierno será la política: nadie tiene mayoría en el Congreso. El partido peronista tiene 108 escaños en la Cámara de 257 parlamentarios, perdiendo diez. El grupo de centro-derecha de la candidata Patricia Bullrich, que quedó tercera, perdió 25 escaños y se quedará con 93. La Libertad Avanza, de Javier Milei, tiene sólo 38 diputados, 35 de los cuales obtuvo en la votación del domingo. La gobernabilidad dependerá de la negociación, pero Milei partirá de una base mucho menor y no tiene experiencia negociadora.
La única posibilidad de victoria de Sergio Massa vendrá de su capacidad para construir una coalición que le permita gobernar. Para ello, deberá modificar su programa para incluir propuestas que sean del agrado de otras fuerzas políticas. Desde el domingo pasado es lo que está diciendo que hará, y es lo que nunca ha hecho el peronismo a lo largo de sus gobiernos.
Javier Milei dice que dolarizará el país, eliminando el peso, pero nunca ha explicado cómo lo hará. Los economistas intentan dar sentido al caos que suponen las palabras de Milei. En teoría, la dolarización no es imposible, pero exigirá que el país renuncie a su propia política monetaria. Argentina, por lo contrario, necesita ordenar sus cuentas públicas, algo que nunca se ha hecho a profundidad.
Esta es la segunda vez en la historia que habrá una segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Argentina. La primera fue en 2015, cuando Mauricio Macri se enfrentó a Daniel Scioli, actual embajador en Brasil. Las próximas semanas parecerán largas en Argentina. El país las atravesará polarizado y en aguda fragilidad económica.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

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Como lo indicaban las encuestas de opinión, el joven heredero Daniel Noboa, de 35 años, ganó las elecciones presidenciales el pasado domingo, con poco más del 52 por ciento de los votos. Esta victoria electoral se debe, al menos en parte, a un sentimiento anti-Correa, en lugar de ser un mandato para sus propias propuestas de campaña. En sí, ser anti-Correa no le da mucho capital político para actuar, de manera que el momento positivo del presidente electo Noboa tras su victoria será de corta duración.
En primer lugar, el nuevo presidente se enfrenta a un Congreso dividido y lleno de opositores políticos en su mayoría, algunos de los cuales intentarán hundirlo desde el primer día en el cargo. La opinión pública no está especialmente unida y las protestas populares han frenado a presidentes anteriores. Los recientes referendos contra la minería (los ecuatorianos decidieron que no será posible explotar el petróleo situado en el Amazonas) ubican a la opinión pública y a la ley directamente en contra de uno de los principales motores del crecimiento económico de Ecuador. Por otro lado, la situación de seguridad se ha deteriorado hasta un nivel de crisis y no está claro que algún presidente disponga de los recursos necesarios para luchar contra las bandas violentas. Los asesinatos políticos que se produjeron durante la campaña señalan una politización de la violencia que probablemente afectará al mandato de Noboa aún más que al del actual presidente Guillermo Lasso.
Ecuador sigue teniendo serios problemas fiscales. El gobierno no puede gastar más en programas sociales o en seguridad. Tomar más deuda en el ambiente actual será complicado. Y la polarización política indica que cualquier intento de aumentar los impuestos o recortar los subsidios a los combustibles va a ser bloqueado. El gobierno de Noboa va a ser corto: 18 meses, lo que da al presidente poco tiempo para presentar realizaciones. Se trata más que nada de un sprint hacia la próxima campaña electoral.
En este contexto político y económico adverso, ¿tendrá el grupo político de Noboa posibilidades de cara a las próximas elecciones presidenciales?
El corto plazo puede jugar a favor de Noboa. Es más fácil hacer una campaña permanente cuando sólo tienes que hacerla durante 18 meses. Noboa demostró ser lo suficientemente fuerte en su campaña como para tal vez sólo mantenerla durante los primeros 100 días y luego cuatro campañas más de 100 días. A mucha gente le preocupa que un año y medio no sea suficiente para progresar, pero quizá sea lo suficientemente corto para mantener el impulso actual.
Sus adversarios políticos podrían autodestruirse. Luisa González recibió el casi 48 por ciento de los votos. Se trata de una gran participación para la candidata de Correa y apunta a la confirmación de la fortaleza de su movimiento político. Los resultados del segundo lugar deberían convertir a González en la favorita para las elecciones de 2025 si Noboa tropieza o simplemente no tiene tiempo para triunfar. Sin embargo, muchos veían las elecciones de este año como alcanzables por el grupo de Correa y la derrota de González puede demostrar en realidad que era una candidata débil a la que Correa no quiera volver a presentar. Todo en el movimiento político de oposición depende de los movimientos de Correa y éste podría decidir que quiere a alguien diferente la próxima vez. Eso podría llevar a una lucha encarnizada entre los oponentes de Noboa que les aleje de apuntar al presidente.
Finalmente, la geopolítica podría jugar a favor de Noboa. Al mantener un discurso liberal y una política económica más orientada hacia Estados Unidos, Ecuador podría recibir ayuda financiera del FMI, de la CAF o de otros, ya que nadie quiere que Ecuador quiebre y perjudique las finanzas de la región –ni tampoco que otro país pase a estar tutelado financieramente por Pekín. Al mismo tiempo, Noboa también podría ingeniárselas para jugar la narrativa de Estados Unidos vs. China para obtener recursos de quienes buscan ganar influencia en Ecuador, y así aumentar sus fuentes de financiamiento a corto plazo para construir obras de cara a la próxima elección presidencial.

* Director Ejecutivo del Observa-torio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París

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El medio oriente está en llamas. Tras la ofensiva a gran escala lanzada por Hamás, el movimiento islamista palestino, contra Israel el sábado 7 de octubre, la geopolítica internacional parece haber entrado en una nueva realidad, aun más peligrosa que lo vivido durante los últimos meses después de la invasión de Ucrania por Rusia.
El ataque, perpetrado casi 50 años después de la Guerra del Yom Kippur de 1973, es el más mortífero del conflicto palestino-israelí desde hace décadas. Más de mil personas murieron en Israel, según las últimas cifras oficiales del gobierno, al tiempo que 150 israelíes al menos se encuentran secuestrados en la Franja de Gaza. Al menos 800 civiles palestinos murieron también en la Franja de Gaza, que recibió ataques aéreos israelíes como respuesta.
Paralelamente a la ofensiva de Hamás, el domingo por la mañana, Hezbolá, el grupo armado libanés respaldado por Irán que mantiene estrechas relaciones con el grupo islamista palestino, reivindicó la autoría de los disparos contra un disputado sector de la frontera entre Israel y Líbano. Hachem Safieddine, alto responsable de Hezbolá, rindió homenaje el domingo a “los héroes de Gaza” y afirmó que “ha llegado la hora de la venganza”. Estos actos hacen temer que el partido chiíta abra un segundo frente en el norte de Israel, aumentando la espiral de violencia en toda la región. Israel sería arrastrado a una guerra de múltiples frentes.
Pero eso no es todo. Además de la tragedia humana ligada a la guerra, esta ofensiva sorpresiva tiene profundas implicaciones geopolíticas. La voluntad de Hamás con esta ofensiva tiene como objetivo dinamitar las relaciones entre Israel y los países árabes, que en los últimos años han iniciado un proceso de acercamiento en el marco de los Acuerdos de Abraham, firmados en 2020 bajo la égida de Estados Unidos. El problema para los gobiernos que estaban en vías de adherir a este acuerdo, en particular Arabia Saudita, es que las opiniones públicas árabes siguen siendo predominantemente pro-palestina, de manera que cualquier tentativa de normalizar las relaciones con Israel luce imposible. En este sentido, el timing de la ofensiva de Hamas constituye claramente un esfuerzo por poner fin al proceso de normalización entre Israel y Arabia Saudita. El sábado, Riad expresó su apoyo a los palestinos, diciendo que había advertido de una situación explosiva resultante de la continua ocupación israelí y de la privación de derechos legítimos que sufre el pueblo palestino.
Por su parte, Teherán, que apoya financiera y militarmente a Hamás y a la Yihad Islámica, fue una de las primeras capitales en felicitarse por la ofensiva del sábado. Aunque aún es pronto para determinar qué papel puede haber desempeñado Irán en la ofensiva, es difícil imaginar que Hamás haya actuado sin ayuda. En este sentido, se trata sin duda de un punto de inflexión en la historia del conflicto israelí-palestino. Dada la historia de las últimas décadas, sólo podemos suponer que la respuesta israelí será absolutamente devastadora y que esto sea el comienzo de una guerra horrible que se cobrará cientos, si no miles, de víctimas.
Para Israel, el problema político y militar derivado de este conflicto es mayúsculo. El actual gobierno dirigido por Benjamin Netanhayu es el más extremista de todos los tiempos. Durante los últimos años y meses, la acción gubernamental ha estado dirigida a respaldar la acción de los colonos israelíes en Cisjordania, en vez de darle importancia a las acciones de inteligencia. Esto ha provocado una fisura en la confianza de los servicios de inteligencia y del ejército frente a su tutela civil. Por otro lado, el respaldo político dado por el gobierno de Netanyahu a iniciativas de la extrema derecha, como la reducción de los poderes del poder judicial, ha generado división dentro de la sociedad israelí. Si bien la brutalidad de los actos terroristas de Hamás provocarán que estas divisiones queden de lado por un tiempo, está claro que los días de Netanyahu como primer ministro de Israel están contados, teniendo en cuenta el trauma generado por esta ofensiva en la sociedad israelí.

* Director Ejecutivo del Observa-torio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

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El pasado lunes, miles de manifestantes inundaron las calles de Guatemala, respondiendo al llamado del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, para defender la integridad de las recientes elecciones del país. Unos días antes, Arévalo utilizó las redes sociales para convocar a sus partidarios, pidiéndoles que se unieran a él en Ciudad de Guatemala para presentar un recurso legal contra los que considera golpistas. Durante este mensaje, también se comprometió a llevar su denuncia ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala.
Desde que surgió como uno de los dos finalistas en las elecciones presidenciales del 25 de junio, Arévalo –un candidato que hizo campaña para combatir la corrupción– ha visto cómo sus ambiciones presidenciales pasaron a ser acosadas por una parte significativa de la élite política y económica. Tras la segunda vuelta electoral, que ganó por amplio margen, se imaginó que las embestidas del gobierno actual terminarían. No fue el caso. La fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, ha realizado una serie de acciones legales para desbaratar la victoria electoral de Arévalo y echar por tierra la voluntad de los votantes.
Estados Unidos ha sancionado anteriormente a Porras por su implicación en actos de “corrupción”. Después de que Arévalo se convirtiera en el favorito de la elección el 25 de junio, la oficina de Porras abrió una investigación sobre su partido político, el Movimiento Semilla, alegando que las firmas recogidas hace años para formar el partido eran fraudulentas. Su oficina también envió agentes de policía a allanar la sede del Movimiento Semilla, así como las oficinas del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. Funcionarios del tribunal han criticado la redada por ilegal. Al parecer, los agentes de policía abrieron las cajas que contenían las papeletas de la contienda, una medida que, según los críticos, viola la intimidad de los votantes y compromete la integridad de las elecciones.
La fiscalía general ha defendido sus acciones como un control contra el fraude electoral, aunque los observadores electorales no partidistas han negado que haya pruebas de prevaricación generalizada. El lunes, el embajador estadunidense ante la OEA Francisco Mora denunció el comportamiento antidemocrático que observó en el Ministerio Público de Guatemala y otros organismos gubernamentales desde la victoria de Arévalo.
El mismo lunes, el Comité de Desarrollo Campesino –Codeca, una organización nacional que representa a las comunidades indígenas rurales– anunció que bloquearía carreteras para protestar por la supuesta interferencia electoral, a partir del día siguiente. También pidió la dimisión de los jueces y fiscales implicados. Mientras tanto, en Ciudad de Guatemala, líderes indígenas y otros manifestantes marcharon por las calles con pancartas que condenaban las recientes acciones como un “golpe de Estado”. El propio Arévalo apareció junto a su compañera de fórmula, Karin Herrera, en la Plaza de los Derechos Humanos de Ciudad de Guatemala, mientras se preparaba para presentar su denuncia en persona ante la Corte Suprema.
Frente a esta situación, queda cada vez más claro que la transición del gobierno hasta la toma de posición de Arévalo, a finales de enero, será cada vez más tensa. En este sentido, cobra relevancia la decisión del presidente electo de no participar en el proceso de transición tal como estaba previsto por el gobierno, hasta que la campaña de hostigamiento en su contra termine.
Por su lado, la posición oficial del gobierno saliente es ambigua. En un comunicado, el presidente saliente, Alejandro Giammattei, dijo que respetaba la decisión de Arévalo pero que no estaba de acuerdo con ella porque se había tomado como resultado de acciones ajenas al poder ejecutivo. Esta afirmación ha sido puesta en duda por numerosos actores políticos, que insisten en el vínculo intrínseco entre las acciones judiciales del Ministerio Público en contra de Arévalo y las posiciones del gobierno que está por terminar. En este sentido, parece indispensable mantener la presión sobre las autoridades guatemaltecas para evitar una crisis institucional.

* Director Ejecutivo del Observa-torio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

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El pasado fin de semana, los líderes de las veinte economías más grandes del mundo, más los dirigentes de varios organismos internacionales, se dieron cita en la India, que ejerce la presidencia pro tempore del G-20. En este sentido, los resultados de esta presidencia han sido positivos para su primer ministro, Narendra Modi. Con la mirada puesta en su reelección el año que viene, este último ha aprovechado los numerosos actos en el marco del G20, organizados en todas las regiones indias con amplia participación de la población local, para promover su culto a la personalidad y proyectarse como líder indiscutible al frente de una nación cada vez más importante en la escena mundial, con ambiciones de entrar en el selecto grupo de las grandes potencias.
Como cereza en el pastel, la inclusión de la Unión Africana en el G20 refuerza la campaña de la India para presentarse como líder del Sur Global, una posición que también reclama Pekín. No es de extrañar, pues, que Modi celebrara la publicación del documento final de la cumbre. Fue un ejemplo clásico de cómo utilizar la política exterior para consolidar la imagen de gran estadista con el fin de obtener beneficios políticos en casa.
Sin embargo, desde un punto de vista global, la declaración final de la cumbre, relativamente vaga y sin muchas acciones concretas, fue una señal de que la cooperación internacional atraviesa su peor crisis en décadas. Desde luego, esto no es culpa de la diplomacia india, que se esforzó por identificar posibles puntos de convergencia y hacer posible un acuerdo final a pesar de los profundos desacuerdos sobre la invasión rusa de Ucrania, la lucha contra el cambio climático y las cuestiones comerciales. La cumbre del G20 en la India reflejó la actual fuerza centrífuga entre las principales potencias, que dificulta la construcción de grandes consensos.
En Nueva Delhi quedó claro que el debilitamiento de las potencias tradicionales y la aparición de otros polos de poder está provocando tensiones y nuevos desacuerdos: la ausencia de Xi Jinping, por ejemplo, representó un intento chino de desbaratar el plan de Narendra Modi de brillar en su foro internacional. Sin embargo, más que esto, la ausencia del líder chino en la cumbre del G20 también puede interpretarse como una creciente preferencia china por foros alternativos sobre los que Pekín tiene más control, como el grupo BRICS, que recientemente ha experimentado una expansión impuesta por China.
El gobierno chino ha hecho todo lo posible para evitar que Estados Unidos asuma la presidencia del G20 en Estados Unidos en 2026, y es probable que Xi Jinping repita su gesto de mantenerse al margen en esta ocasión. Del mismo modo, es probable que la ausencia de Vladimir Putin se convierta en rutina, en vista de la orden de detención dictada contra él por el Tribunal Penal Internacional. Es poco probable, por ejemplo, que Putin asista a la cumbre del G20 en Río de Janeiro en noviembre de 2024, aunque Lula diga que Putin no será detenido en Brasil si acude al país.
Para empeorar las cosas, las rupturas geopolíticas en curso parecen volverse irreversibles. Es probable que la relación entre China e India empeore a medida que Nueva Delhi busque un mayor protagonismo mundial, chocando inevitablemente con los planes de China de convertirse en el líder indiscutible de Asia. Del mismo modo, independientemente del resultado de la invasión rusa de Ucrania, la relación entre Occidente y Rusia será, en el mejor de los casos, una especie de guerra fría, marcada por una profunda desconfianza mutua. Esta realidad no sólo complicará la resolución del conflicto fronterizo entre Pekín y Nueva Delhi y de la guerra en Ucrania, sino que también contaminará las negociaciones sobre otras cuestiones, desde la lucha contra el cambio climático mundial y la pobreza hasta la proliferación nuclear.
Esto no significa, por supuesto, que el G20 deba dejar de existir. Al contrario, al G20 se le puede aplicar lo mismo que se dice de la ONU: “Si no existiera, habría que inventarla”. En un mundo cada vez más inestable y marcado por el riesgo de confrontación entre las grandes potencias, es necesario preservar los espacios institucionalizados de diálogo. Aun así, conviene ajustar las expectativas. Es muy probable que en una de las próximas cumbres del G20, los participantes ni siquiera se pongan de acuerdo sobre una declaración final. La atención se centrará cada vez más en la gestión –más que en la superación– de las diferencias geopolíticas y en la identificación de consensos en áreas específicas.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París

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El próximo 7 de septiembre se conmemora la fiesta de la independencia de Brasil. Para el Presidente Lula, se trata de una fecha políticamente significativa, tomando en cuenta que durante el mandato de su antecesor, Jair Bolsonaro, ese día fue utilizado para movilizar al sector más radical de los militantes de extrema derecha, tanto dentro de la sociedad civil como del ejército, para intentar romper el orden constitucional y terminar con la democracia brasileña. Fue durante las celebraciones del 7 de septiembre de 2021 que Jair Bolsonaro, desde un estrado en la avenida paulista de la ciudad de São Paulo, declaró que uno de los jueces de la Corte Suprema de Justica, Alexandre de Moraes, era un “canalla”, y que estaba dispuesto a gobernar “por fuera de las cuatro líneas de la Constitución”. Tras esa declaración, los jueces de la Suprema Corte reaccionaron, haciendo un llamamiento público al entonces jefe del Ejecutivo. La tensión política dentro del país llegó a tal punto que el expresidente Michel Temer tuvo que entrar a mediar entre el juez de Moraes y Jair Bolsonaro.
La elección presidencial del año pasado fue extraordinariamente tensa. Durante la campaña, Bolsonaro no dejo de amedrentar y presionar a los poderes públicos –en particular al Tribunal Superior Electoral, a cargo de la organización del proceso electoral–, así como a los medios de comunicación, para intentar generar un ambiente de polarización y de odio dentro de la sociedad. Como resultado, una intervención de las fuerzas armadas podría llevarse a cabo, y así, Jair Bolsonaro mantenerse en el cargo. De esta manera, era fundamental que el ejército se mantuviera fuera del proceso electoral y político. No fue lo que sucedió.
Durante los actos del 7 de septiembre de 2021 y 2022, Bolsonaro intentó asociarse al máximo con los líderes del cuerpo castrense. De hecho, varios medios de comunicación han revelado que algunos generales, a pedido de Jair Bolsonaro, hicieron consultas con juristas para intentar encontrar salidas jurídicas que permitieran evitar la llegada al poder de Lula. Sin éxito, tras estas intentonas, el grupo cercano a Bolsonaro dio el todo por el todo durante la toma (provisoria) de las sedes de los tres poderes, en la capital Brasilia, el 8 de enero de 2023. La polarización de la sociedad y de la clase política llegó a su ápice en ese momento.
En este contexto, uno podría imaginar que el gobierno Lula, que fue electo en octubre 2022 con una diferencia mínima de votos frente a su contrincante de extrema derecha, tendría muchas dificultades para poder tomar la iniciativa política e implementar su agenda gubernamental (de hecho, el Presidente Lula no dispone de una mayoría en el Congreso). Sin embargo, después de ocho meses de gobierno, las cosas apuntan a una mejora del escenario político, económico y social. En el plano político, después de un primer trimestre marcado por la inestabilidad en las relaciones entre el gobierno federal y el Congreso, la agenda legislativa pasó a ser controlada –o al menos dominada– por los ministros de Lula a cargo de las relaciones con el poder legislativo. Gracias a ello, un cierto número de iniciativas de ley, como la política de revalorización del salario mínimo, la protección de los pueblos indígenas, y el restablecimiento de la mayoría de los programas sociales implementados por el Partido de los Trabajadores (PT) durante sus 14 años de gobierno, fueron aprobados por el pleno de la Cámara de Diputados y del Senado. Estas iniciativas se tradujeron en un aumento del crecimiento económico, ya sea en la exportación de alimentos y de materias primas (que fue fundamental para asegurar el aumento del PIB durante el primer trimestre de año), como en el plano del consumo de las familias, de la industria y del sector servicios (que actuaron como los catalizadores del crecimiento económico de Brasil durante el segundo trimestre). Aunado a ello, la inflación ha disminuido, de la misma manera que las tasas de interés y los índices de desempleo.
En pocas palabras, la rueda de la economía está volviendo a funcionar. Esto tiene un impacto político, en el sentido que la gran mayoría de los políticos, inclusive los que son miembros del partido de Jair Bolsonaro, tienen interés en mostrar su cercanía con Lula. Tras la inhabilitación política del expresidente de extrema derecha, en mayo de este año, este proceso de migración aumentó.
En resumen, esta fiesta nacional brasileña será muy diferente a la del año pasado. Esperemos que así continúe.

* Director Ejecutivo del Observa-torio Político de América Latina y del Caribe (OPALC), con sede en París.

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La semana pasada con motivo de la 15ª Cumbre de Líderes de los BRICS en Johannesburgo, los miembros actuales de este grupo (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) invitaron a Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos a unirse el próximo año al bloque.
Para muchos líderes políticos, como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, esta expansión, la primera desde 2010, transformará al grupo BRICS y representará una victoria geopolítica para Pekín. Durante años, China había tratado de agregar nuevos miembros, mientras que países como Brasil e India se mostraban escépticos ante la medida, temerosos de que diluyera su influencia y transformara a los BRICS en una alianza liderada por China. Dado el papel dominante de Pekín en el grupo (su economía es mayor a la de todos los demás miembros actuales combinados), es natural que el presidente chino, Xi Jinping, conciba a los BRICS como parte de un mayor número de iniciativas lideradas por Pekín, cuyo objetivo es construir un orden global cada vez más centrado en China. Agregar a Irán, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos es una clara muestra de la ambición de China de desafiar la influencia de Estados Unidos en Medio Oriente, una región que Pekín considera cada vez más vital.
La medida también tiene implicaciones geopolíticas potencialmente significativas para América del Sur. Argentina, la segunda economía más grande del continente, se unirá a Brasil como miembro de los BRICS. Tanto Javier Milei como Patricia Bullrich, primeros y segundos clasificados en las recientes primarias nacionales, han manifestado escepticismo sobre China, y Bullrich incluso anunció su oposición a la posible adhesión de Argentina a los BRICS. Sin embargo, estas declaraciones deben tomarse con cautela. Si bien Bullrich o Milei, al ganar, podrían rechazar la invitación, las elites empresariales argentinas, deseosas de preservar los vínculos amistosos con Pekín, probablemente los presionen para evitar enemistarse con el gobierno chino en un momento en que la economía argentina es extremadamente vulnerable. Si bien invitar a un país como Indonesia (que solicitó no ser incluido en el último minuto por razones que no están del todo claras) no habría alterado significativamente el papel geopolítico general de los BRICS, invitar a Irán en particular probablemente cambie la forma en que los gobiernos, especialmente en Occidente, perciban al bloque. Los medios occidentales se refieren principalmente a los BRICS como un bloque de potencias emergentes.
La inclusión de Teherán, un régimen que suministra a Rusia aviones no tripulados para su invasión de Ucrania y que está sujeto a amplias sanciones económicas, corre el riesgo de consolidar la percepción de que el bloque BRICS es, de hecho, una alianza antioccidental liderada por Pekin y Moscú. Esto puede resultar particularmente claro en 2024, cuando Vladimir Putin planea organizar la 16ª Cumbre de Líderes de los BRICS en la ciudad de Kazán, con la esperanza de demostrar que los planes occidentales para aislarlo han fracasado. Esto seguramente tendrá implicaciones significativas para Brasil y Argentina (así como para India y Sudáfrica), ya que intentan posicionarse como actores neutrales o “no alineados” a medida que crecen las tensiones entre Occidente, por un lado, y el bloque chino-ruso por el otro. Si bien India tiene la ventaja de ser vista como uno de los aliados clave de Occidente en Asia (actualmente fomenta mayores vínculos militares tanto con Europa como con Estados Unidos a través de la compra de armas y su membresía en el Quad), Brasil y Argentina también deben adaptarse a un nuevo contexto geopolítico.
Este nuevo contexto hace cada vez más difícil articular una posición que sea, en términos generales, equidistante de las dos superpotencias. Es probable que numerosos analistas en Estados Unidos o en Europa desestimen la expansión de los BRICS considerándola como irrelevante, pasando por alto que la membresía implica hasta cien reuniones anuales dentro de los BRICS no sólo de presidentes, sino también de numerosos ministros, burocracias gubernamentales, agencias reguladoras, grupos de expertos y organizaciones de la sociedad civil.
En este sentido, la adhesión de Argentina a los BRICS alteraría las realidades geopolíticas en América del Sur. Esperemos que esta inclusión fomente también una actitud diferente tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea hacia América Latina. Su inercia frente a su influencia menguante está provocando un creciente desconcierto en la región. Esperemos que esta novedad política provoque el despertar de Occidente frente a su aparente pasividad.

* Director Ejecutivo del Observa-torio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada

 

El pasado domingo, los guatemaltecos fueron a las urnas para elegir a su próximo presidente de la República. Y por una vez, el resultado fue más que positivo. En lo que parecía casi inconcebible hace tan sólo unas semanas, el activista de centro-izquierda (e hijo del primer presidente elegido democráticamente en Guatemala, Juan José Arévalo) Bernardo Arévalo, fue electo Presidente para el próximo periodo 2024-2028: con el 100 por ciento de los votos escrutados, Arévalo obtuvo el 58.01 por ciento de los votos frente al 37.24 por ciento de la ex primera dama Sandra Torres, que terminaba de esta manera su tercera campaña presidencial.
Así, el declive democrático de Centroamérica ha recibido un fuerte correctivo. En efecto, Guatemala ha sido, junto con El Salvador y Nicaragua, uno de los países centroamericanos que han sufrido una preocupante deriva autoritaria en los últimos años, con jueces y fiscales obligados a exiliarse y varios periodistas encarcelados o amenazados.
Hasta hace unos meses, la idea de una presidencia de Arévalo parecía descabellada. Este intelectual de 64 años, que nació en Uruguay después de que su padre se viera obligado a exiliarse por el golpe de Estado de 1954, respaldado por la CIA, pasó a la segunda vuelta de manera muy ajustada, tras quedar segundo en la primera ronda de junio con el 12 por ciento de los votos. Dentro de la clase política guatemalteca, nadie esperaba este resultado.
Semanas más tarde, en julio, las elecciones se sumieron en la confusión después de que el fiscal superior de Guatemala intentara sin éxito suspender el partido de Arévalo, en lo que se consideró un intento políticamente motivado de echar por tierra su campaña. Sin embargo, la medida fue un bumerán que impulsó el nombre de Arévalo a los titulares de la prensa y provocó una avalancha de apoyos de todo el espectro político, a tal punto que su victoria había sido anticipada por la gran mayoría de las encuestadoras serias del país.
El avance democrático de Guatemala contrasta con la sombría situación de El Salvador y Nicaragua. En el primer caso, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha puesto detrás de las rejas a cerca del 1 por ciento de la población de su país en el marco de una “guerra contra las pandillas” muy controvertida, y parece dispuesto a conseguir un segundo mandato de cinco años el año que viene, a pesar de estar prohibido por la Constitución.
En el segundo, Daniel Ortega ha gobernado ininterrumpidamente desde que fue elegido en 2006 y, a sus 77 años, no da señales de dimitir. Por el contrario, el antiguo héroe sandinista se ha transformado en uno de los líderes autoritarios más longevos del continente. Después de haber encarcelado a la casi totalidad de la oposición, censurado a los medios de comunicación y haber suprimido libertades públicas, Ortega deportó a Estados Unidos a más de 200 presos políticos y les despojó de su ciudadanía.
Los desafíos de Arévalo son mayúsculos. Si bien su elección constituye una noticia excelente en sí, los márgenes de maniobra de su gobierno serán estrechos, teniendo en cuenta que Guatemala es uno de los países de América Latina con el ratio impuestos / PIB más bajo (el Estado recauda poco más del 12 por ciento del PIB, frente a un promedio de 21 por ciento del PIB en la región). Frente a una clase empresarial hostil, y un congreso fragmentado, será difícil votar una reforma fiscal justa y amplia, que le permita financiar nuevas políticas sociales. Sin embargo, donde su gobierno sí puede hacer la diferencia es en la lucha contra la corrupción.
A nivel internacional, la victoria de Arévalo fue respaldada rápidamente por los gobiernos de América Latina, Estados Unidos y Europa (paradójicamente, Sandra Torres, su rival, todavía no ha reconocido su derrota). La pregunta que los analistas se hacen ahora es saber hasta qué punto habrá cambios (o no) en la política exterior del gobierno de Arévalo.
En este sentido, el nuevo jefe del ejecutivo guatemalteco ha dicho que quiere ampliar las relaciones con China, lo cual constituye un cambio frente a la antigua lealtad de Guatemala con Taiwán. Queda por ver cómo piensa hacerlo en la práctica, dada la política de China de que ningún país con el que tenga lazos pueda mantener relaciones diplomáticas por separado con Taipei.

* Director ejecutivo del Observa-torio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada