1.- Se le denomina: “Paquete Económico Federal” al conjunto de documentos donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expone las propuestas de ingresos y egresos del gobierno federal y, además, los criterios bajo los cuales pretende realizar el gasto público el próximo año (2025); así como las fuentes de obtención de los recursos económicos para soportarlo. Contempla la propuesta recaudar 8 billones de pesos de ingresos; un 3.9 por ciento de déficit público como proporción del PIB, un techo de endeudamiento público de 1.5 billones de pesos, debido a que el nivel de deuda pública nacional es alta, de un 51.4 por ciento del PIB.
2.- Los ingresos por concepto de contribuciones fiscales se esperan sean de 5.3 billones de pesos que representan un 2.6 por ciento de incremento respecto a los obtenidos en 2024. La estimación oficial de la tasa anual de crecimiento económico para 2025 se espera en un rango de 2 a 3 por ciento. Las consultoras nacionales e internacionales estiman que sea de 1.5 promedio anual y una inflación también anualizada de 3.5 por ciento. No se prevén establecer nuevos impuestos ni incrementar las tarifas actuales. Habrá un mayor esfuerzo recaudatorio; cooptando a las unidades económicas que eluden o evaden enterarlos.
3.- La primera limitante para hacer la proyección respectiva del paquete económico del año entrante es cubrir el saldo deficitario fiscal (ingresos menos gastos) del 2024 que resultará ser negativo en alrededor de 1.2 billones de pesos. Bien sea incrementando la deuda externa; reduciendo el gasto público o ampliando la recaudación fiscal. De las tres opciones se optará por aplicar la primera y la segunda. De tal suerte, la deuda pública que dejó López Obrador obliga a que el presupuesto proyectado de egresos para 2025 sea menor en 1.9 por ciento respecto a 2024, en términos reales.
4.- El gasto público se propone aplicarlo, en su mayor parte, al rubro social; que es significativamente mayor al destinado a la inversión para infraestructura económica. Eso limitará el año entrante el crecimiento económico nacional puesto que el gasto social no tiene mucha capacidad de estimular en forma relevante la inversión privada. Si tomamos en cuenta el crecimiento demográfico que tiene el país junto con la inflación prevista, significa que seguiremos teniendo una economía nacional semi estancada.
5.- En la reducción del gasto público se sacrificarán cuatro importantes sectores: salud, educación, ciencia-tecnología y medio ambiente; que son pilares fundamentales para el progreso y bienestar futuro del pueblo. Un país que no bien invierte en esos sectores no tiene asegurado su buen porvenir.
6.- La centralización y la concentración de programas, recursos y estructuras de la administración pública federal seguirá realizándose en 2025; desechando todo el proceso de fortalecimiento del pacto federal, que se venía dando desde décadas atrás. Las Aportaciones Federales (Ramo 33) transferidas a los gobiernos de los estados y municipios se verán reducidas; no así las participaciones fiscales, Proseguirá el desmantelamiento de las delegaciones federales de la administración pública en cada entidad federativa. Toda la aplicación del gasto federal quedará bajo la responsabilidad, control y operación directa del gobierno federal, no obstante que México se distingue por la diversidad y heterogeneidad de sus regiones.
7.- Cuestión importante es la reducción del presupuesto de las fuerzas armadas en 2025 en los programas que corresponde llevarlos a cabo en el campo de la gobernanza civil a otras secretarias del gobierno federal. La secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) son las que tienen los mayores incrementos presupuestales respecto al año 2024. No obstante, los mayores presupuestos serán para los sectores: Bienestar, Educación y Defensa Nacional.
8.- Tanto los ingresos y gastos públicos proyectados para el año 2025, estarán cubiertos por un halo de incertidumbre a consecuencia de la pérdida de confianza de los principales centros financieros internacionales por los riesgos que atravesará México con los cambios que está realizando en su estructura judicial y el debilitamiento de sus principales indicadores macroeconómicos, la situación de los derechos humanos y el control efectivo de la corrupción, homicidios, delincuencia e impunidad que redundan en calificaciones de alto riesgo para la consecución de préstamos internacionales y nacionales que apuntalen el fortalecimiento de la economía nacional.

* Fuente: Expansión. Cifras de la SHCP (14 y 15/noviembre/2024)

PD. En términos generales, fue de mi agrado el discurso de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pronunciado en el foro internacional G-20, recién realizado en Brasil.

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Héctor Manuel Popoca Boone

Todo parece indicar que regresa a la Presidencia de Estados Unidos el inefable Donald Trump, descollante por racista y violador, que pugna por un nacionalismo trasnochado favorable económicamente a su país; enarbolando la bandera imperialista basada en la trastocada supremacía de la raza blanca anglosajona. Además, es un multimillonario de no poca monta despreciador del pueblo pobre. Para México eso representará que su próximo gobierno nos vea como su patio trasero maloliente y depósito de desechos.
Los latinoamericanos migrantes en general y nuestros paisanos que por necesidad de trabajo se atreven, con gran arrojo personal, a cruzar sin documentos migratorios nuestra frontera norte, sufrirán mayor infortunio del que ya padecen en la actualidad a fin de lograr sobrevivir la expoliación económica y malos tratos humanos que sufren; arriesgando todo con tal de mandar unos dólares a sus familiares que se quedaron en sus humildes lugares de origen. Por lo tanto, zonas rojas de conflictos humanos –por razones de migración– se convertirán aún más de lo que ya son, nuestras fronteras con Guatemala y Belice junto con la gran frontera del norte del país; con el consabido atropello de los derechos humanos de las corrientes migratorias.
México se convertirá, por tanto, en una creciente olla de presión social por la movilidad social estancada que no alcanza su último destino deseado y que conlleva, concomitantemente, trata de personas y delincuencia regional expandida. Nos esperan tiempos tenebrosos, sobre todo en Guerrero, por ser expulsor de población en edad de trabajar.
Donald Trump no quiere que una parte de la población norteamericana, cada vez más creciente, pulule por las calles de sus grandes centros urbanos drogada, empleándose en acciones delictuosas para poder obtener los estupefacientes con los que palían la circunstancia social individualista, egoísta y deshumanizada que les rodea; perdiendo su identidad como individuos productivos y creativos al facilitarles un escape fugaz de una sociedad que no les brinda aliciente alguno para vivir y sí mucha frustración letal en forma inexorable.
La culpa de esa tragedia humana que padecen dice Trump, tiene su origen en los países que producen las drogas (México entre ellos) y no en su país que las consume en grandes cantidades; ya que es donde radica el poder de compra (la demanda efectiva) que hace mover todos los eslabones de la cadena económica de los estupefacientes; proveyendo de inmensas cantidades de dólares a un vasto y poderoso mercado mundial.
La hipocresía y el cinismo le quita lo valiente al futuro mandatario (Trump) de una de las naciones más ricas del mundo que no se atreve a combatir a los grandes capos, cárteles y bandas delincuenciales que controlan los fuertes mercados de compra en las principales ciudades estadunidenses, mismas que también tienen infiltrada y están en contubernio con distintas esferas de poder empresarial y político. (Por doquier se cuecen habas, tratándose de inmensas cantidades de dinero).
En México, las nubes borrascosas semipermanentes que envuelven el territorio guerrerense no parecen disiparse. Antes bien, se acumulan en demasía. No hay día sin que los noticieros y periódicos, nacionales y estatales, emitan notas sobre numerosos homicidios y desaparecidos, cercenados algunos de los asesinados para provocar mayor terror entre la ciudadanía. También se cuentan crímenes de presidentes y funcionarios municipales o varios que dimiten a sus responsabilidades, por presiones en extremo.
Feminicidios que permanecen en la impunidad. Jornaleros indígenas agrícolas con sus respectivas familias guerrerenses dejados de la mano del gobierno estatal en su tortuosa travesía a los campos agrícolas del norte del país; sin mayor apoyo o protección social. Carreteras en mal estado junto con caminos y puentes rurales trozados. Comunidades sin comunicación. Cierre de carreteras, avenidas, calles y toma de edificios por damnificados que no fueron censados y no han recibido ningún tipo de apoyo oficial.
Escuelas sin maestros y falta de entrega de plazas que provocan presión social con bloqueo de carreteras federales. Jubilados y pensionados de la burocracia oficial que no reciben su pensión; viviendas sociales deterioradas sin visita de los fraccionadores o autoridades correspondientes. Cúmulos de tierra y basura en colonias y avenidas que aún no los retiran. Persiste fuerte mortandad de ciudadanos a causa del dengue, etc., etc.
Aun cuando usted no lo crea, en estos críticos y turbulentos tiempos por los que está atravesando el pueblo de Guerrero, la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, sigue dándose el lujo de abstenerse de nombrar al titular de la Secretaría General de Gobierno, segundo puesto en importancia operativa en el Poder Ejecutivo Estatal; mismo que está acéfalo desde hace ocho meses. ¡Triple Uf!

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Con un gasto público de 61.3 mil millones de pesos, el gobierno de López Obrador dio como presentado el programa de atención gubernamental de daños ocasionados por el huracán Otis, que azotó, principalmente, a los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez (comunicado de prensa de la SHCP del 01/nov/2023). Hasta ahora, aún no se ha logrado del todo reconstruir lo destruido por dicho huracán. Este año, 2024, hizo acto de presencia el no menos terrífico y súper desastroso, huracán John, que flageló al ¡82 por ciento! de los municipios de Guerrero, en diferente magnitud y con variada intensidad.
El domingo próximo pasado, el gobierno federal, en una reunión en el puerto de Acapulco, decretó, con cierto apresuramiento, el fin de la atención a la emergencia con motivo de afectaciones provocadas por el John. Además, informó haber realizado múltiples y diversas obras y acciones por un monto de 6.7 mil millones de pesos que incluye apoyos en proceso de aplicación, de acuerdo al levantamiento censal de damnificados inacabado; con quejas numerosas de damnificados de todo el estado que no han recibido ningún tipo de auxilio.
Por eso concuerdo con el recién nombrado presidente municipal de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, cuando menciona que “después de la emergencia viene el programa de la urgencia” y no el programa de rehabilitación y recuperación parcial denominado: “Acapulco se transforma contigo”. Es imprescindible tener en cuenta que buena parte del estado de Guerrero –72 municipios– sufrieron desastres de todo tipo y no solamente el municipio de Acapulco.
A finales del año 2023, todos los diputados federales morenistas –sobre todo los guerrerenses– secundaron a AMLO, al negarse a aprobar, incomprensiblemente, una partida presupuestal exprofeso para Guerrero, dentro del proyecto de presupuesto de egresos para el año fiscal de 2024 y así proseguir las labores de reconstrucción y rehabilitación con la pertinente certidumbre, transparencia y honestidad.
Para el próximo ejercicio fiscal del año 2025 podemos caer en un hoyo negro de faltante presupuestal; de no aprobarse por la Cámara de Diputados una partida programática específica para atender y finalizar los inconclusos y faltantes apoyos financieros demandados con urgencia en todo el estado.
Es probable que no contemos con la suficiencia presupuestal para atender la urgencia; habida cuenta que para el cierre de este año tendremos un considerable déficit fiscal federal. La SHCP lo estima de 5.9 por ciento del PIB, “el mayor habido en los últimos cuatro sexenios, provocado por el gasto público aplicado a las grandes obras de infraestructura emprendidas por el gobierno previo”. (El Economista. 7/agosto/2024. Marco A. Mares).
Esperemos que, en esta ocasión, los diputados morenistas federales, –en especial los guerrerenses–, vean más por este sufrido y abandonado estado sureño y pugnen verdaderamente porque se apruebe dentro del presupuesto de egresos de 2025 una partida significativa, etiquetada al muy amplio y costoso rescate de Guerrero, que mucho lo necesita con verdadera perentoriedad.
Adenda. Año con año, durante muchos años, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo, clamaba auxilio al gobierno estatal para completar el pago de su nómina de fin de año, en virtud de carecer de dinero para hacerlo con recursos propios. Cáusame gran sorpresa el anuncio que hicieron al alimón, la gobernadora del estado y el presidente municipal interino de Chilpancingo, de que, para reparar los puntos colapsados y demás daños causados por John al hoy gran canal de aguas negras y a sus respectivas vialidades adyacentes (río Huacapa), destinarán de inmediato 22 millones de pesos, producto de ¡ahorros propios del organismo! y que las obras estarán terminadas para fines de este mes de muertos. Les recuerdo que uno de los mandamientos del Mesías del Sureste era “NO MENTIRAS”.

PD. Como Gobernador Moral de Guerrero considero que la actual realidad de extrema ingobernabilidad y criminalidad imperante, da lugar a que proceda la desaparición de los poderes estatales y sea un representante del gobierno federal quien asuma de manera provisional la conducción gubernamental en estas tierras del sur.

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Sin una participación consciente, activa y organizada de la ciudadanía, cualquier estrategia de seguridad pública en Guerrero está destinada al rotundo fracaso.

En su último reporte anual de septiembre-octubre de 2024, la Comisión Económica para la América Latina (Cepal) señala los principales factores que han obstruido un sano desarrollo económico sostenible en la mayoría de los países que la integran. Dichas trabas transversales se manifiestan con gran contundencia en algunas partes de México, entre ellas, Guerrero; a saber:
Su economía se caracteriza por su baja tasa de crecimiento económico anual, según el Inegi. Al respecto somos de los tres estados del sur de la república, con el más bajo indicador (1.2 por ciento). La fuerza laboral se ubica con gran amplitud en la informalidad económica (sin empleo fijo, y protección social); de la población ocupada más del 77.3 por ciento de los trabajadores guerrerenses se ubican en esta categoría (Secretaría de Economía); tenemos un bajo nivel promedio educativo de sexto año de primaria, con gran deserción escolar; las actividades laborales y las productividades socioeconómicas son inferiores a otros estados.
Es decir, nuestra plataforma laboral es de baja calidad y, por tanto, las remuneraciones salariales son de baja cuantía. Tenemos un sistema fiscal local regresivo y evasivo, es decir, los de menos ingresos proporcionalmente pagan más que aquellos que obtienen mayores emolumentos y además eluden pagar los gravámenes, por lo que el escamoteo en el pago de las contribuciones fiscales es alto provocando un déficit financiero público perenne.
En general la inversión privada productiva es escasa y la inversión externa es recibida a cuentagotas y en su mayoría es extractivista de nuestros recursos naturales: la minería, lo que nos queda de macizo boscoso y nuestros bancos pesqueros en nuestra plataforma marítima, por no tener embarcaciones para la captura del camarón y del atún.
Es digna de destacar la evolución positiva acumulada en el año de 2023 de los ingresos por remesas, por el orden de un mil 580 millones de dólares que nuestros connacionales migrantes nos remitieron desde allende nuestras fronteras. (Banco de México). Por el contrario, nuestra escasa cultura contra riesgos, nos hace pagar muy caro los desastres naturales climatológicos que se presentan.
El resultado raquítico del comportamiento de estos factores económicos trae como consecuencia la pobreza y, por ende, la desigualdad social permanente (en Guerrero, el 10 por ciento de los hogares de menores ingresos tuvieron un ingreso promedio trimestral de 8 mil pesos en 2022, mientras que el 10 por ciento de los hogares de mayores ingresos tuvieron un ingreso promedio trimestral de 114 mil pesos en el mismo periodo (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. ENIGH). México en general y Guerrero en lo particular, ocupa vergonzosamente uno de los primeros lugares en materia de desigualdad social (la pobreza castiga al 65.7 por ciento de la población. Coneval); en virtud de que es un indicador multidimensional, vuelve casi nulas las posibilidades de hacer realidad una mayor superación y cohesión social.
Si a lo anterior le agregamos otros factores sociales de anclaje improductivo, como son los endebles sistemas de salud y educación pública; las inequidades y desigualdades de trato de género en todas las actividades sociales y económicas; la subrepticia segregación económica y racismo expoliador contra los pueblos indígenas y los altos diferenciales de atención gubernamental a las necesidades del medio urbano y del rural; todo eso le otorgan a estas tierras del sur las características de ser hábitat de mucha pobreza y un verdadero santuario de alta criminalidad y delincuencia.
Estos últimos factores actúan con mucha impunidad, gracias a la condescendencia histórica que han tenido de malos gobiernos, corruptos y clasistas, apuntalados por una clase política variopinta, mediocre y parasitaria, con una administración pública que en la mayoría de los casos se ha destacado por su ineptitud, mendacidad y ladronerías, coludidos con empresarios inescrupulosos, sobre todo en los giros de la construcción y las adquisiciones de mercancías y servicios de toda naturaleza. El saqueo del erario ha sido y es de antología legendaria. ¡Ah!, pero se cuidan de dejar pocas o nulas huellas de sus pillerías. Guerrero es un pueblo pobre, con una casta de políticos y empresarios que lucran ilícitamente y gozan de total impunidad. Por si fuera poco, Guerrero está atravesado por el narcotráfico.
De colofón es de lamentar que la administración federal próxima pasada (AMLO) no le haya dado un trato deferente y favorable a Guerrero, al igual del que les otorgó a otros estados del sureste del país.

PD1. La impunidad total sigue cubriendo el asesinato del luchador social rural, Ranferi Hernández Acevedo; la investigación lleva siete años sin arrojar resultado alguno. ¿Cuántos años habrá que esperar en el caso de Alejandro Arcos Catalán y otros muchos más?
PD2. Hasta hace dos días, aún seguía inundada, con más de un metro de altura, la mitad de la ciudad de Tixtla, a resultas del huracán John. Es un problema de drenaje micro regional de gran calado.
PD3. La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, afirmó en el reciente congreso nacional de su partido que sus esfuerzos están encaminados a “volver al origen”. O sea que en el tiempo que ha estado en el poder, el partido Morena ¡se deformó!

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A la memoria de Alejandro Arcos Catalán, presidente municipal de Chilpancingo y Francisco Gonzalo Tapia, secretario general de gobierno respectivo; asesinados a mansalva.

No hay mayor agravio a la democracia y de demostración cínica y criminal de poder ilegal en una República, que el asesinato vil de alguno de sus gobernantes, en un contexto de impunidad total.
I. En Guerrero tenemos antecedentes de asesinatos aborrecibles de varios presidentes municipales, destacándose el último y más desafiante: el del presidente municipal de Chilpancingo que había estado en funciones de su cargo solo seis días después de haber asumido tal responsabilidad.
II. Antes del horrendo homicidio de Alejandro Arcos Catalán, la última demostración importante de fuerza por parte del crimen organizado en Chilpancingo contra la autoridad gubernamental estatal, fue el asalto violento al recinto oficial de gobierno, el 10 de julio del 2023; dando a entender, en aquel entonces, que no se le temía a la fuerza institucional del Estado. Demostraron que podían doblegarlo. Los otros asesinatos impunes de presidentes municipales en otras regiones de Guerrero también lo testimonian. El poder de las armas del crimen organizado ha vencido, a las claras, a la autoridad emanada del poder estatal y de los poderes municipales.
III. Implícitamente estaba expresado el mensaje de las diferentes bandas de criminales que dominan de facto la capital de Guerrero: nadie podría gobernarla en el futuro, si no llegaba antes a “arreglos” con ellos; mediante acuerdos que protegieran sus prósperos y pingües negocios delincuenciales que les proporcionaba el dominio de la “plaza” a partir de extorsiones, secuestros, el trajín de drogas y la apropiación del gasto del presupuesto público en materia de obras, adquisiciones y servicios públicos.
IV. En repetidas ocasiones, durante su campaña electoral por la presidencia municipal, Alejandro Arcos Catalán declaró su firme voluntad de no entrar en negociaciones con la delincuencia y tratar de gobernar bien para todos buscando la paz para los habitantes del municipio, arriesgando incluso su propia vida. No quería ser un gobernante con un gobierno municipal sometido a criminales con alto poderío que, como hemos visto, han estado bien organizados, activos y entronizados en el territorio capitalino de tiempo ha.
V. Ante esta trayectoria delincuencial en la capital del estado, los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal, desde hace más de una década, han mostrado una conducta pasiva, permisiva, sumisa y complaciente ante el principal flagelo: la fuerte inseguridad pública prevaleciente. No solo en la ciudad capital sino en prácticamente todos los municipios de Guerrero. Cuatro palabras resumen la traza asesina: impunidad, negligencia, ineptitud y posible contubernio entre autoridades y grupos delictivos.
VI. Héctor Astudillo Flores y el binomio, Félix Salgado Macedonio-Evelyn Salgado Pineda, junto con sus respectivos secretarios de Gobierno, de Seguridad Pública estatal y algunos ex titulares de la Fiscalía estatal, le deben a los ciudadanos completas y veraces explicaciones de la animadversión y rechazo que públicamente mostraban al otrora obispo de Chilpancingo-Chilapa, que pretendía tender puentes de diálogo (abrazos, no balazos) con jefes del delito y del crimen organizado, para explorar posibilidades reales de disminución de los homicidios en la región Centro y parar el equipamiento con armas de fuego a la niñez rural de las comarcas aledañas. ¡Y no me digan que el Ejército no sabía nada de estos escabrosos asuntos! El cuartel de la principal zona militar de Guerrero está localizado en la ciudad de Chilpancingo.
VII. “Tras el asesinato de su secretario de gobierno, el finado presidente municipal, Alejandro Arcos Catalán, dijo en entrevistas de radio que había buscado a la Gobernadora para pedirle protección, pero no le había tomado la llamada. Afirmó también que estaba trabajando de la mano con el Ejército; pero no sirvió de nada porque lo mataron.” (Raymundo Riva Palacio. El Sur. 08/10/2024).
VIII. “Hasta ahora las investigaciones por el homicidio de Arcos Catalán las está conduciendo la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero” (Jesús Saavedra. El Sol de Chilpancingo. 09/10/2024). ¡Uf!
Por todo lo anterior, como gobernador moral de Guerrero, le insisto comedidamente a la gobernadora constitucional, Evelyn Salgado Pineda que, por el bien de nuestro estado, solicite licencia a su cargo; éste ha quedado vilipendiado y con escasa autoridad moral después de tres años de infortunios por desastres naturales y por gobernar con un gabinete de trabajo integrado mediante tómbola; aferrándose con soberbia y petulancia a una implementada estrategia de seguridad pública totalmente fallida. Debe comprender que, junto con su papá incómodo, son parte del problema que tiene sumido a nuestro estado en un profundo hoyo negro.

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Como Gobernador moral de Guerrero insisto que una reforma constitucional que permita la verdadera transformación de nuestro país para lograr mayor y mejor libertad, paz, justicia, eficacia institucional e igualdad y equidad social, en el marco de una buena gobernanza integral de nuestra patria, debe abarcar los tres poderes de la nación que, en mayor o menor medida, están podridos y acusan cierta obsolescencia en su funcionamiento. De lo contrario, estaremos limpiando solo un tercio de nuestra maltrecha gobernabilidad. Una transformación es estructural y trascendente, cuando se realiza para beneficio de todo un pueblo. Una reforma es coyuntural y efímera, cuando es ejecutada solamente para el beneficio individual o de una camarilla fanatizada.
La novísima reforma judicial de carácter constitucional, aprobada por la mayoría de los legisladores federales y estatales (que no directamente por el pueblo con mayoría de edad) se dio en el marco de una democracia mercantilizada, con una partidocracia corrupta, en forma precipitada, con mucha irreflexión y definida bajo consigna. Cuya iniciativa legal fue emanada por una personalidad política para favorecer intereses personales y grupales, pero no de la nación y un pueblo en su conjunto.
Para su aprobación fue utilizada la vía del fast track (de rápida resolución) con intenciones ex profesas de eludir la posibilidad del conocimiento pleno de la iniciativa presidencial y, por ende, de un amplio análisis de su contenido, para tomar una decisión perfeccionada en lo máximo posible; antes de modificar una parte de nuestra máxima guía legal de estructuración y actuación que norma el quehacer cotidiano de las instituciones gubernamentales y de los integrantes de la sociedad civil. Lamentablemente prevaleció el dogma y la consigna, para evitar toda clase de discusión. Tengamos en cuenta el dicho popular que dice que, lo que mal enraíza, endeble crece; independientemente de tener o no buena savia. Lo que mal empieza, a la larga, mal acaba.
La reforma judicial de naturaleza constitucional recién aprobada representa un cambio de la estructura y de los procesos legales que nos rigen como país y que, por su forma de haberse hecho, lejos de aproximarnos a un Estado de Derecho de mayor certeza, honestidad, imparcialidad y transparencia, bien puede derivarnos a un Estado de Chueco, con un núcleo axiológico tronchado, parcializado y sumamente politizado.
–“No me vengan con ese cuento que la ley es la ley”, dixit presidencial de López Obrador (6/04/2024) – quedó destrozada en su espíritu auténticamente de justicia la reforma judicial aprobada, cuando lleva plasmada la firma, de autoría principal, de un gobernante cuyo principio político del quehacer público es justipreciar más la lealtad que la capacidad. Tengamos también en cuenta que, una buena ley se acata por convicción; una ley mal elaborada, se desacata por conveniencia: ya sea por arriba, por abajo o por los lados.
El momento culminante para su incorporación a la máxima legislación del país fue la voluntad de un solo individuo ubicado en la cúspide del poder (AMLO); y del respaldo determinante y, en última instancia, del voto de un legislador ubicado como uno más de los mercaderes de las voluntades individuales (Miguel Ángel Yunes Márquez. PRI-PAN) por sus prácticas deshonestas pasadas. De tal suerte que la reforma judicial se aprobó gracias a un voto corrupto; ergo, mal parido.
En su primera actuación importante, la recién legislatura federal, de mayoría morenista, ha mostrado oficio con escasa legitimidad en sus procesos. ¡Uf!
Pd. ¡Aguas! Como ya no hay mucho que robar y/o extorsionar en la desastrada ciudad de Acapulco, la delincuencia está trasladando su “campo de labor” a la ciudad de Chilpancingo, donde el Ayuntamiento de Morena cuenta únicamente con 25 policías municipales en activo de una plantilla de 125 elementos que cobran sueldo constante y sonante. ¡doble uf!

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Por el bien de México requerimos una reforma integral en los tres poderes de la Federación. La corrupción, la impunidad, la deshonestidad, el nepotismo, lo democratoide mercantilizado y fanatizado, la partidocracia, la ley al mejor postor, la obesidad burocrática, la falta de transparencia e información veraz; la falsedad y la simulación de entrega de resultados, entre otras; son lacras que corroen, de fondo, nuestras principales estructuras institucionales nacionales, de mucho tiempo ha.
Si realmente queremos fortalecer nuestro país, prosigamos lo que se ha empezado: el esfuerzo de limpiar a todos y cada uno de los tres poderes: judicial, legislativo y ejecutivo. De lo contrario todo esfuerzo de modificación estructural parcial será vano y exangüe a la larga. No es cuestión fácil, ni cosa pronta; pero será trunca y poco duradera si carece de integralidad. La desigualdad en su implementación descubriría sólo la intencionalidad interesada y de dominio que hoy anima para hacerlo.
Es un hecho de larga data, la pudrición que afecta a los tres poderes federativos y su favoritismo sempiterno a los barones del poder económico y político, por lo que los desafíos que enfrentaremos para sanearlos serán enormes sobre todo si continuamos tratándolos de modificar en forma apresurada y sobornada, en el marco de un pretendido diálogo de sordos y autistas ajenos a la reflexión colectiva.
En lo económico por ejemplo, en el año 2016, como candidato presidencial de Estados Unidos, Donald Trump, prometió que terminaría de construir el “muro de la ignominia transfronterizo” con México y que los mexicanos pagaríamos en su totalidad su erección, que, de no hacerlo, lesionaría con intención nuestro intercambio comercial para financiarlo elevando los aranceles, hasta en un 25 por ciento, a las importaciones de mercancías y servicios provenientes de México.
Al año siguiente, siendo ya presidente en funciones, lanzó otro ultimátum público a AMLO, para que detuviera militarmente la migración masiva transfronteriza (centro y sudamericana) que se dirigía a su país. De lo contrario, nos impondría restricciones económicas como forma de presión ya que más del 84 por ciento del total de nuestras exportaciones –no petroleras– nos colocan como primer socio comercial y proveedor de mercancías al vecino país, por un monto de 438 mil 986 millones de dólares (El Financiero. 9/01/2024).
También nuestro sector laboral interno saldría muy afectado puesto que un cuarto de la población ocupada en México (14.6 millones de personas) está involucrada en el comercio exterior con Estados Unidos, principalmente en los sectores agrícola, manufacturero, comercio, transporte y almacenamiento. Lo mismo acontecería con la desaceleración económica y el desempleo que se generaría a partir de las deportaciones masivas de miles de paisanos no documentados que en la actualidad trabajan en ese país en puestos laborales no deseados por otros, sobre todo en las áreas agrícolas, en la industria de la construcción y en servicios a hogares, restaurantes y centros hospitalarios, principalmente. Las remesas que recibimos ahora, son de un monto superior a las divisas petroleras provenientes de Estados Unidos (Banxico. Primer semestre del 2024).
Resultado de lo anterior, fue el envío forzado que tuvimos que hacer de miles de soldados de la Guardia Nacional y personal de migración a nuestra frontera sur, para incrementar los patrullajes fronterizos de disuasión a efecto de disminuir el tránsito de personas provenientes allende el Río Suchiate. Fue un momento triste y de subordinación en las relaciones exteriores de México con el vecino del norte.
En julio del 2024 el Partido Republicano amenazó con una injerencia directa en México para resolver, según ellos, temas jurisdiccionales como son los del a) narcotráfico fronterizo, b) migración descontrolada y c) la fuerte incertidumbre jurídica de las empresas transnacionales e inversiones extranjeras radicadas en México; así como a los potenciales proyectos “llave en mano”; por no mencionar posibles violaciones a lo estipulado en el Tratado de México, Canadá y Estadps Unidos (T-MEC), firmado en el 2020.
A principios de este mes de septiembre, en forma clara y contundente, los Departamentos de Estado de Canadá y estadunidensa emitieron sendos comunicados públicos, donde expresan su preocupación oficial por el posible deterioró que sufrirán nuestras relaciones comerciales trinacionales, con las reformas aprobadas al poder judicial de México.
Las premuras poco prudentes, los triunfalismos apasionados, los fanatismos políticos vengadores, así como la fragilidad de nuestros indicadores macroeconómicos de comercio exterior contribuyen, en el corto plazo, a volver opaca nuestra visión estratégica para analizar concienzudamente todas las consecuencias económicas y sociales en las postrimerías de este, por demás, polémico sexenio presidencial.

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Miente, miente, que algo dejaras como simiente.

En su último informe sexenal que como presidente de la República rindió, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ante ciudadanos reunidos en la explanada de un Zócalo lleno de la Ciudad de México, expresó que en nuestro país teníamos un sistema de salud pública mejor que el de Dinamarca.
Dos días después, en su “mañanera”, a pregunta expresa de una periodista de si lo que aseveró era en serio o lo dijo en broma. Con sarcasmo AMLO respondió que lo había dicho “mañosamente” para provocar una de las “notas periodísticas” de su informe. Sea lo que fuere, involuntariamente también reflejó el grado de mendacidad, cinismo y chabacanería que, a lo largo de estos seis años, impregnó la investidura presidencial que le fue otorgada por la mayoría de los electores mexicanos.
El cuadro adjunto, contiene los datos y/o indicadores cuantitativos que la Organización Internacional para la Cooperación y Desarrollo (OCDE) tiene registrados del año 2023 sobre la situación que guardan los dos sistemas nacionales de salud pública. Es obvio que, nuestros indicadores están por debajo de los que tienen los daneses. Además de haber sido un plan con maña, fue una más, de las patrañas a las que nos tuvo acostumbrados a oír y contemplar en sus “mañaneras. Con el pueblo no se juega. Pobre México.

Uno. En la edición de El Sur (23/agosto/2022), fue publicado una nota de Lourdes Chávez donde narra la aprobación del pleno del Congreso local por unanimidad, sin chistar y por la vía del fast track (sin leerlos ni discutirlos), de la Cuenta Pública del año 2022, correspondientes al poder Ejecutivo (sector central y paraestatal), Legislativo y Judicial, así como de los institutos autónomos locales. No obstante que el proceso de auditoría de ese año estaba inconcluso pues faltan las auditorías de los municipios y existen un sin número de hallazgos que solventar sobre irregularidades, faltas de sustentación, evidencias y constatación y/o comprobación documental, sobre la aplicación del presupuesto público del año auditado. Aprobaron auditorías individuales, faltando algunas y, por tanto, el dictamen final de carácter general e integral.
El hacerlo así, es motivo de grave negligencia y omisión. Lo correcto hubiera sido dejar la aprobación de la Cuenta Pública 2022 a la siguiente legislatura; previa solicitud de prórroga de las entidades auditadas morosas, tal y como ya lo han hecho algunos ayuntamientos. Pero no. La plenaria de esta legislatura que está terminando hoy su gestión, procedió a aprobarlas, tal y como se las presentaron: inconclusas. La causa posible es no quererse ir sin el estímulo económico anual que para tal asunto les proporcionan –discrecionalmente y en lo oscurito– los sujetos auditados por la aprobación de sus cuentas públicas respectivas.
De ahí que la aprobación de la cuenta pública realizada por el pleno del Congreso y entregada previamente por la Auditoría Superior del Estado (ASE) “no fue suficiente, eficiente y con poca transparencia” por las múltiples anomalías que quedaron sin solventar, más los casos de infracción y/o posibles ilícitos que tenían que enviarse a los órganos sancionadores correspondientes. O sea, no se apegaron a los principios de fiscalización establecidos constitucionalmente, a saber: definitud, imparcialidad y confiabilidad.
No estoy hablando de cualquier bicoca, según el reportaje, la suma de anormalidades no solventadas asciende a la cantidad de: 4 mil 641 millones 738 mil 829 de pesos (26.7 por ciento) de la muestra auditada que fue de 17 mil 410 millones de pesos del erario del año 2022.
En resumidas cuentas, no hubo pulcritud, honestidad ni ética profesional, por parte de la ASE en su cometido. Tampoco por la actual legislatura local que la aprobó rápidamente y por unanimidad, de manera incompleta e inconclusa. Habida cuenta que no hubo titular de la ASE durante más de un año y que tampoco avanzaron sustancialmente en la construcción de la nueva Biblioteca del Congreso, destruida corruptamente en el período de la 62 legislatura, situación encubierta por la 63 legislatura, dentro del contexto de nuestro “sistema estatal de corrupción e impunidad. S.A. de C.V.”.
Dos. En el año 2022, en la ciudad de Tel Aviv, el ex subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas le presentó a Tomás Zerón de Lucio un cuestionario para contestar –a cambio de impunidad– sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida hace diez años en Iguala. El ex jefe policiaco torturador, alterador de evidencias y artífice de espionajes políticos manifestó que no asume responsabilidad alguna y testimonialmente da a entender que, bajo la égida del entonces presidente, Enrique Peña Nieto, se construyó la “verdad histórica”, en la residencia oficial de Los Pinos de la Cdmx, con los titulares de la Sedena, Semar, Segob, Cisen y la PGR. (El Sur. 26/08/2024).
En sus inéditas respuestas, Tomás Zeron se retrata como un simple policía que solo cumplió órdenes superiores de sus jefes, sin excederse en sus funciones. Se describió como un hombre “sin mayor poder, obediente y sumiso”: un “vocero” para dar a conocer a la ciudadanía la “verdad histórica”; hoy, completamente refutada por diversas investigaciones científicas nacionales e internacionales realizadas sobre dicho acontecimiento.
Lo valioso y trascendental de las respuestas de Tomás Zerón, plasmadas por escrito y grabadas (aun cuando sean incompletas y fragmentadas), reside en que son un testimonio narrativo de la posible participación del expresidente aludido, juntamente con los titulares de las fuerzas armadas bajo su mando, en el encubrimiento del terrible evento, en el marco de nuestro ancestral “Sistema Nacional de Corrupción e Impunidad. S.A. de C.V.”.
En esta trágica narrativa, el actual presidente (AMLO) ha quedado en entredicho, como mentiroso y encubridor; a efecto de que no se involucren a su antecesor ni a las fuerzas armadas y no aflore toda la verdad para hacer justicia integral verdadera, tanto a los familiares de las víctimas en lo particular como al pueblo mexicano en general. Es “la banalidad del mal” que distingue a los poderosos. (Hanna Arendt, disxit).

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Cuatro de sus principales consignas de campaña electoral que, públicamente, el expresidente, Donald Trump, ha enarbolado en su irresistible afán de obtener, de nueva cuenta, el poder político vía la presidencia de la república de los Estados Unidos de Norteamérica y que conciernen a México, son: 1) Terminar la construcción del muro de la ignominia, fronterizo con México. 2) La inhumana deportación en gran escala hacia México, de indocumentados que laboran en ese país. 3) El combate frontal y transfronterizo del trasiego de fentanilo, droga popular, letal y de bajo precio en Estados Unidos, que es internada entre otras vías por la frontera con México y 4) El traslado de los centros fabriles automotrices de origen norteamericano ubicados en territorio mexicano a Estados Unidos, para provocar el retorno de los puestos de trabajo de dicha rama industrial a efecto de incrementar la oferta de empleos a la raza blanca anglosajona desempleada.
Un parangón histórico de esas erradas decisiones políticas desfavorables tanto a las economías fronterizas de Estados Unidos como a la de México es el tristemente célebre “Muro de Berlín”, construido por la otrora, Unión Soviética, para detener el flujo humano entre Alemania del Este y los habitantes de Alemania occidental en la época de la Guerra Fría. Décadas después, El Muro fue estruendosamente derrumbado por el propio pueblo alemán de ambos lados; por su inoperancia social, económica y política.
Otra medida nefasta es la pretendida deportación masiva, con carácter forzado, de trabajadores indocumentados mexicanos y de otros países del mundo. Pero a Washington le representará fuertes costos económicos poder detener lo que llama “la invasión de los indeseados”, su identificación y localización geográfica, para después trasladarlos a centros de concentración para su ulterior deportación masiva. Esa deportación masiva le provocará fuertes problemas económicos por encarecer la mano de obra barata para las labores rudas que rechazan hacer otros ciudadanos norteamericanos, sobre todo en el sector agrícola, en la industria de la construcción y en otros giros de servicios de limpieza urbana y doméstica.
Los impactos socialmente negativos de esa posible migración forzada también serán importantes en México por su poco potencial en la generación de empleos formales. Buena parte de nuestra economía está sostenida por el trabajo informal y el subempleo. Hay escasa oferta laboral.
La erradicación del comercio de fentanilo en Estados Unidos es un problema económico de distribución y mercadeo más que de producción, además del aspecto judicial y de persecución punitiva. Es un problema de consumo del producto. El dinero, poder motriz que mueve toda la cadena de esta delincuencia organizada internacional, se encuentra en los grandes centros de consumo de la droga, en donde Estados Unidos descuella, juntamente con su hampa organizada, en la financiación de toda la cadena producción-consumo y cuyos grandes capos gozan de impunidad en las principales ciudades estadunidenses de consumo del estupefaciente.
El mercado pervive por la demanda efectiva de la droga y se expande por el nivel de poder adquisitivo acumulado que realmente disponen los consumidores finales y no así los productores iniciales o intermedios. De tal suerte que, si el consumidor final disminuye o no quiere comprar la droga, el comercio del estupefaciente languidece irremediablemente.
Esto es lo que está pasando con la heroína obtenida del procesamiento de la flor de la amapola guerrerense; al ser el fentanilo más barato, baja la demanda de la pasta de amapola allende el bravo y, por ende, su consumo. Si no hay demanda, no habrá a la larga, producto que ofrecer. Esto lo entiende el gobierno de Biden pero se hace de la vista gorda y prefiere afirmar que el problema radica en la producción y no en el enorme consumo que tiene entre su numerosa población distribuida en sus extendidos territorios urbanos.
Estas consignas electorales que Trump amenaza en convertirlas en políticas públicas –de triunfar en los comicios presidenciales–, no solamente le provocarán daño económico y social a México, sino más temprano que tarde, se revertirán en serio perjuicio a la economía de ese pueblo norteamericano por no ser viables desde ningún punto de vista.
PD1. Adivinen quien adquirió la franquicia del partido Movimiento Ciudadano en el estado de Guerrero. ¡Qué bárbaros! Acertaron a la primera.
PD2. Por el bien de México, dadas las turbulencias políticas y económicas generadas, es prudente y conveniente aplazar la reforma del Poder Judicial y de los organismos autónomos para el próximo año. ¿O no?

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