Cierto fatalismo alimenta la idea de que cuando las cosas andan bien, algo viene a arruinarlo todo. Se reitera así la idea de que los pocos días que contamos con carne resultan ser los de vigilia. Un ilustrativo botón de muestra es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, más conocido como el Trife.
Se trata de una institución que con fallos invariablemente apegados a derecho, con interpretaciones doctas de la ley y con una firmeza que le permite asestar sus resoluciones a derecha e izquierda, ha ganado una credibilidad en la que no han hecho mella resoluciones polémicas, que las ha habido, ni algunas ligerezas administrativas que conoce la opinión pública.
Los mexicanos tenemos, pues, un Tribunal Electoral respetable y por eso debiéramos felicitarnos. Pero ocurre que, precisamente por ser una instancia confiable, ha venido aumentando su trabajo, al extremo de que en estos días tenía pendientes de solución más de 980 casos, lo que ha obligado a quienes trabajan en ese órgano a laborar jornadas extenuantes que frecuentemente los obligan a dormir en el domicilio del mismo Tribunal.
La mayoría de los casos están promovidos por militantes que rechazan la actuación de sus comités locales y de los dirigentes nacionales o demandan modificaciones en las listas de candidatos. Lo anterior significa que sólo una parte de los litigios se derivan de conflictos entre partidos, pero con la carga de trabajo que tiene el Trife, bien harían todos los actores políticos en quitarle chamba.
Una manera de aligerar la carga del Tribunal sería, quizá, que los consejos de la judicatura estuvieran más atentos a la actuación de los tribunales locales, para que resolvieran con más acierto los casos que se les presentan y evitar que lleguen a la esfera federal. Otra es que el Instituto Federal Electoral se decida a trabajar fuerte y con decisión para legitimarse, pues con frecuencia opta por dejarle a la siguiente y última instancia, el Trife, la solución de muchos asuntos que debieran hallar remedio en la sala de sesiones del Consejo General del IFE.
En medio de una campaña tan intensa como la que estamos viviendo, son muchos los asuntos que el Consejo General del IFE debe atender y resolver, y no sólo para quitarle trabajo al Tribunal, sino para evitar que el daño de unos a otros se prolongue más de lo indispensable.
Por ejemplo, el ala ultraderechista del PAN está empeñada en hacer de la campaña un estercolero y en ese afán ha contratado asesores que vienen del fascismo español, quienes elaboran y proyectan anuncios en los que insultan, difaman y mienten. El Consejo General se encoge de hombres o resuelve mal y el asunto se va casi automáticamente al Tribunal, donde semanas después se toma una resolución para impedir que la contienda se siga convirtiendo en un fangal y se ordena retirar los anuncios de marras. Pero el daño está hecho y se cumple sin problemas el cometido de los asesores fascistas de Acción Nacional. Difama, que algo queda.
Es tan evidente la abulia del Consejo General del IFE, que el martes, al exponer el dictamen que condenó al PAN a retirar tres anuncios en los que dentro del más rancio estilo de Joseph Goebbels se tilda a uno de los contendientes de “peligro para México”, el magistrado Alejandro Luna Ramos le recordó al IFE que dispone de facultades para implantar un procedimiento abreviado cuando surja la queja de un partido o coalición.
Los anuncios objeto de la sentencia ya no están al aire, pero ni falta que hace. Ya cumplieron su cometido de confundir a muchos ciudadanos y de envilecer el proceso. Tan lo cumplieron, que el presidente del citado tribunal, Leonel Castillo, dijo que esa propaganda sin información seria ni real obra contra la participación ciudadana en el proceso electoral, pues, como dice el fallo, “las expresiones contenidas en los mensajes no son aptas ni idóneas para fomentar el voto razonado de los electores.
De continuar la indolencia del IFE o su disimulo ante las tropelías de la derecha, es previsible que tanto Acción Nacional como otros partidos insistan en recurrir a ese tipo de mensajes, pues la prohibición del Tribunal para difundirlos llega tarde. De ahí que quepa esperar un despabilamiento de los consejeros electorales, urgidos como están de legitimación, pues no se olvide que fueron impuestos de manera pandilleril por el PAN y los diputados del PRI que entonces encabezaba Elba Esther Gordillo, ahora retirada de su partido y muy cercana al presidente Fox.
Ante la opinión pública, los consejeros del IFE están en entredicho. Si mantienen su reticencia a intervenir en el proceso y detener la guerra sucia, corremos el riesgo, todos los mexicanos, de que se convierta en verdad una metáfora –de Jorge Alcocer– según la cual, con un árbitro que no saca a tiempo las tarjetas amarillas se corre el riesgo de que el juego se salga de control y, lo peor, que el público se meta a la cancha. Y adiós democracia.