Cierran padres oficinas de Finanzas en la capital; exigen predios para dos planteles

Padres de familia y docentes de la primaria Rafael Ramírez y del kínder Moisés Guevara, en el bloqueo que instalaron en la calle Zaragoza, cerca del edificio Álvarez, en el centro de Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Padres de familia de la primaria Rafael Ramírez Castañeda y del jardín de niños Moisés Guevara Villalba, de la colonia San Rafael Norte, cerraron cuatro horas el edificio Juan N Álvarez, donde están las oficinas de recaudación de la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno estatal, en el primer cuadro de la ciudad.
Los inconformes llegaron antes del inicio del horario de oficina, a las 9 de la mañana, para exigir que Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur) done los predios para la construcción de los planteles, que fueron inhabilitados en 2017, tras la identificación de una falla geológica al norponiente de la capital del estado.
Sin embargo, precisaron que mucho tiempo antes ya hubo problemas con la infraestructura escolar, incluso antes de que Protección Civil declarara inhabitable el edificio escolar, y a la fecha sólo “han recibido largas” de los gobiernos estatal y municipal.
Luego, cuando les dijeron que el estado ya tenía el dinero para las obras, y que el Ayuntamiento iba a donar los terrenos que están a un lado del rastro municipal, entró Invisur para reclamar la titularidad de las tierras y ha puesto obstáculos para la construcción.
El enviado de la Secretaría General del Gobierno, Mario Pablo Domínguez, confirmó que los recursos para la construcción de los planteles ya estaban autorizados en este ejercicio fiscal, por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Pidió a los padres de familia esperar una semana para resolver los trámites.
En este diálogo, una madre recriminó: “Esto que nos dice, ya lo conocemos, queremos que ya comience la construcción o se van a llevar el dinero a otro lado. Dicen que los predios son de Invisur, entonces, pertenecen al gobierno estatal, y estamos atorados en esa instancia burocrática”.
Otra voz advirtió que parece que no hay una buena relación del poder Ejecutivo estatal con Invisur, para resolver este conflicto. “Queremos que ya empiecen a construir o nos vamos a quedar otro ciclo escolar ahí”.
Las escuelas fueron reubicadas de manera provisional en las canchas de la colonia Galeana. En cajas de tráilers trabajan los estudiantes de la primaria, y en un salón de usos múltiples los del jardín de niños.
Maestros señalaron que aguantaron “el calor, que es tremendo ahí ¿cuánto tiempo más tenemos que esperar?”, en tanto, las madres señalaron los inconvenientes del traslado en las combis de la ruta, que siempre están “apretadísimas”.
Afirmaron que la escuela siempre ha apoyado a las autoridades de gobierno, y ahora “nadie les hace caso”.
El funcionario estatal se retiró para informar a sus superiores de la situación en el edificio de Finanzas y volvió con la propuesta de una mesa de trabajo, para este jueves en la sede del Ejecutivo estatal, con autoridades del Ayuntamiento y de Invisur.
Minutos después de la 1 de la tarde, los inconformes aceptaron la propuesta y dejaron la oficina, con el acuerdo de continuar las acciones de protesta, hasta que haya una respuesta favorable.
El maestro y representante del comité de construcción de la escuela, Miguel Ángel Ventura Ramos, informó que el plantel ha tenido una deserción de 60 por ciento de la matrícula escolar, por la situación en la que trabajan con los alumnos. Ahora cuentan con alrededor de 160 estudiantes.
Subrayó que esta inconformidad “no es de un día, sino de años, de décadas”, y demandó un pronunciamiento de la gobernadora Evelyn Salgado.

Vuelven a ocupar un terreno en el parque nacional El Veladero, arriba de Costa Azul

Personas qué se instalaron en un predio en la parte alta de Costa Azul Foto: Carlos Carbajal

Argenis Salmerón

Por segunda vez personas tomaron un terreno en el parque nacional El Veladero, en la parte alta del fraccionamiento Costa Azul, y quienes a pesar de ser desalojados, aseguraron que van a mantener su lucha por el predio.
En declaraciones a este reportero, argumentaron que el predio está desincorporado y puede ser habitado, de acuerdo con Fidecomiso Acapulco e Invisur.
Pidieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda regularizar sus predios, porque aseguraron que la Policía Estatal los hostiga y amenaza con desalojarlos en sus recorridos constantes.
Dijeron que llegaron al lugar hace alrededor de un mes, pero al segundo día la Policía Estatal los desalojó sin tener una orden judicial y los amenazan con desalojarlo de nuevo.
El predio está ubicado atrás del hotel Bananas, un kilómetro arriba, colindante con el parque nacional El Veladero, parte alta del fraccionamiento Costa Azul.
Un vecino, que no dio su nombre, pidió a la gobernadora Evelyn Salgado la regulación de los terrenos para 300 familias.
Reconoció que de nuevo ocuparon el predio porque afirmó que los ampara “el artículo cuarto constitucional” y por ser acapulqueños con escasos recursos económicos.
Reclamó que la Policía Estatal amenaza constantemente, “llaman por teléfono, nos toman fotos, hay un fuerte hostigamiento”.
Pidió la intervesión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado y advirtió que hacen responsable a la policía de cualquier percance que pueda pasar.
Manifestó que las personas están dispuestas a pagar sus terrenos, “todo lo queremos hacer bajo la ley, estamos en nuestro derecho, la tierra es del pueblo”.
Precisó que “no somos invasores. El lugar está desincoporado por la autoridad, se puede habitar. A menos que sea para los empresarios y no para el pueblo”.
Incluso, dijo que los empresarios que tienen predios de gran extensión provocan incendios para responsabilizarnos, “quieren que tengamos un error, pero la fauna está intocable, solamente hemos cortado maleza”.
Indicó que las personas requieren los terrenos porque aseguró que la mayoría rentan departamentos o viven con familiares, “ya no queremos estar de arrimados”.
En el terreno no hay casas todavía construidas, solamente en la entrada hay llantas de automóviles, palos y hasta colchones viejos, como barrera de protección.
También hay una casa abandonada, que era un cuartel de la Policía Estatal, desde la que se custodiaba el parque nacional El Veladero.
Sin embargo, arriba de los terrenos hay mansiones construidas y según las personas, los dueños son judíos.

 

Protestan en el Invisur colonos de la Guerrero Cumple de Iguala; exigen servicios y escrituras

Habitantes de la colonia Guerrero Cumple, de Iguala, protestaron la tarde de ayer en las oficinas regionales del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), para exigir que se cumpla lo que se les ofreció al comprar lotes en este asentamiento, es decir, servicios de electricidad, agua potable y drenaje, así como las escrituras, para lo que exigen la intervención del gobernador, Héctor Astudillo Flores.
Ayer, después de la 1 de la tarde, unos 30 colonos de este asentamiento, ubicado junto a la caseta de peaje de la carretera Iguala-Cuernavaca, protestaron una hora afuera de las oficinas regionales de Invisur, de la calle Juan Álvarez, en el Centro de la ciudad, donde colocaron lonas y cartulinas, aunque no tomaron las oficinas.
“Sr. Gobernador Héctor Astudillo Flores. Colonia Guerrero Cumple le exigimos su valiosa intervención para que se cumpla con los servicios de la colonia: agua, luz y drenaje. Que Invisur entregue escrituras, sea objeto de auditoría y sus delegados estatal y regional denuncien. No siga defraudando”, se leía en la lona colocada afuera de las oficinas.
Una vecina afectada, Elvira Villegas Flores dijo que exigen la intervención del gobernador porque han acudido a diferentes instancias de gobierno, locales y estatales, con funcionarios y políticos de todos los niveles para que atiendan su petición y los apoyen, pero nadie les ha hecho caso.
Dijo que hace seis años que Invisur promovió esta colonia en la que hay 261 lotes para vivienda que fueron vendidos en 90 mil pesos, con la promesa de que tendrían todos los servicios básicos, “y hasta la fecha se ha vuelto una pesadilla, sólo exigimos lo que compramos”, comentó el vecino.
Reclamó que en la última reunión, el director de Invisur les ofreció que en marzo empezarían la introducción de los servicios, pero no cumplió, “sólo nos chamaquearon y se burlaron de nosotros”, lamentó. (Alejandro Guerrero / Iguala).

 

Toman 40 compradores de lotes las oficinas de Invisur de Iguala; no les dan sus escrituras

Unos 40 compradores de lotes del fraccionamiento Guerrero Cumple de Iguala tomaron por seis horas las oficinas de la delegación regional del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur) para exigir la entrega de escrituras de los terrenos que ya pagaron, la destitución del delegado regional, Crescencio Rosendo Pineda y demandaron la introducción de servicios públicos en este asentamiento al oriente de la ciudad.
A partir de las 7 de la mañana de ayer los afectados tomaron las oficinas en la calle Juan Álvarez de la colonia Centro y evitaron la entrada de empleados y del delegado regional, Crescencio Rosendo.
En la fachada de las oficinas los manifestantes pusieron lonas y cartulinas que decían, “Sr gobernador “Guerrero no Cumple”. Fraude en Invisur, compramos lotes urbanizados a precios altos e Invisur se desdice. Exigimos solución, ya queremos las escrituras”, “cumple con lo cobrado en el contrato de compra-venta Invisur”, “Invisur Iguala la gran estafa, vende lotes sin servicios”.
Según información proporcionada por uno de los afectados, César Gutiérrez Ávila denunció que desde 2012 en el periodo del gobernador,  Ángel Aguirre Rivero, se lotificó el terreno para el fraccionamiento Guerrero Cumple cerca de la caseta de peaje de la autopista hacia Cuernavaca.
Explicó que los lotes se los vendieron en 90 mil pesos en mensualidades y se les informó que por el costo incluía las escrituras y los servicios básicos, lo cual hasta ayer no se ha cumplido para los 261 lotes.
Dijo que desde el año pasado muchos de ellos ya terminaron de pagar sus predios, pero que no les han entregado la escritura, por lo que esto es una de las demandas principales, que les entreguen la escritura del terreno que ya pagaron.
En su pliego de peticiones exigieron la destitución del delegado regional, Crescencio Rosendo Pineda y la sustitución del director estatal del instituto, Rodolfo Monreal Ávila. Además la introducción de los servicios de agua, luz y drenaje para dar cumplimiento al contrato de compra-venta y que el Invisur se abstenga de hacer cualquier cobro relacionado con la obtención de las escrituras ya que este derecho fue pagado en el costo del terreno.
Consultado vía telefónica, Gutiérrez Avilés dio a conocer que después de la 1 de la tarde se reunieron con el delegado general de gobierno de la zona Norte, Ignacio Ocampo Zavaleta con quien tuvieron una mesa de trabajo.
Con él acordaron que el miércoles de la próxima semana el director del Instituto, Rodolfo Monreal hará entrega de las escrituras a quienes ya finiquitaron el costo de sus lotes. En el caso de los servicios públicos se les informó que se harían las gestiones ante el gobierno local y estatal para la introducción de los mismos, y sobre la destitución y cambio del delegado y el director general, Ocampo Zavaleta les informó que esto es sólo facultad del gobernador.
Minutos después de las 2 de la tarde los manifestantes se retiraron del lugar y liberaron las oficinas. (Alejandro Guerrero / Iguala).

Paran labores trabajadores del Invisur en Chilpancingo y Acapulco; exigen prestaciones

Trabajadores de la sección 26 del sindicato del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero (Invisur), tomaron las delegaciones en Chilpancingo y Acapulco, para exigir el pago de becas y estímulos al servidor público, entre otras prestaciones, que les adeudan a partir de junio.
En la capital a las 7 de la mañana, unos 65 trabajadores tomaron la delegación en el bulevar Vicente Guerrero. Ahí, informaron que recibieron una circular para informarles que beneficios como permisos para faltar, serían suspendidos.
La secretaria seccional, Rocío Morales Hernández informó que el motivo de la protesta es la falta de pago de prestaciones desde junio. Dijo que buscaron el diálogo con el director de Invisur, Rodolfo Monreal Ávila, pero no tuvieron respuesta.
Morales especificó que les adeudan becas semestrales, el pago de un retroactivo, a una trabajadora le deben el estímulo por antigüedad de 15 años de servicio, a dos empleadas se les debe el bono del servidor Público, y un impuesto que se les descontó de la prima vacación.
Indicó que tienen acceso al plan flexible, y quincenalmente se les hacen los descuentos, pero no se ven reflejados, y el pago del Infonavit que también está pendiente; en total, se les adeudan unos 100 mil pesos.
La secretaria seccional  recriminó que las autoridades les dijeron a los trabajadores que no hay dinero, y que hacen un esfuerzo para buscar el presupuesto para hacer los pagos.
Manifestó que suspendieron labores en Ciudad Altamirano, Iguala, Acapulco y Chilpancingo, las delegaciones regionales, y afecta a más de 100 familias que laboran en Invisur.
Morales Hernández dijo que a la protesta acudió el director general, Rodolfo Monreal Ávila, con quien firmaron una minuta de acuerdos “favorable” para los trabajadores, y este mismo lunes les depositarían las prestaciones pendientes.
La toma de las oficinas concluyó a la 1 de la tarde, luego de que los trabajadores llegaron a acuerdos con el director general.
En Acapulco los trabajadores, aunque permanecieron en sus oficinas dijeron que la queja es porque les deben las prestaciones, las becas y el bono del día del burocrata.
Una trabajadora dijo que debieron pagarle la beca de 2 mil pesos para su hija en julio, pero “no la han pagado y ya viene diciembre”.
Los trabajadores piden la destitución del director Rodolfo Monreal Ávila, porque no ha respetado los logros sindicales, y piden que se les pague lo antes posible.
“Queremos que quiten al director porque nos deben muchos beneficios, las becas, el bono del día del burócrata, que debieron haber pagado hace dos meses”, acusó la trabajadora.

El delelago del Invisur en Iguala revende lotes que tienen dueño, denuncia el MUPI




Integrantes del Movimiento Urbano Popular de Iguala (MUPI) anunciaron que demandarán
del gobernador del estado, Zeferino Torreblanca Galindo, una audiencia, así como la
destitución del delegado del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur) en la Zona Norte,
Eduardo Figueroa Guevara, “por dedicarse a revender lotes que ya tienen dueño”.
En conferencia de prensa en la colonia Nuevo Horizonte para Guerrero, en la que
estuvieron varios de los afectados y vecinos de otras colonias que fueron a apoyarlos,
Álvaro Álvarez Maldonado, dirigente del MUPI, señaló que esta organización desde su
fundación se ha dedicado a apoyar a las familias de escasos recursos para que cuenten
con una vivienda digna, por lo que a través de las tomas de tierras han creado diversas
colonias, como la Genaro Vázquez, la 28 de Abril, la 23 de Marzo y, una de las más viejas, la
colonia Insurgentes.
Indicó que en el caso de la colonia Nuevo Horizonte para Guerrero, existen las manzanas 4,
6 y 11 de esta colonia, en las que están siendo despojados de sus terrenos 20 familias,
las cuales ya pagaron al Invisur la cantidad de 13 mil 500 pesos “y algunas hasta un poco
más” por su terreno, desde 1997.
Explicó que el argumento que está dando el delegado de Invisur en esta Zona Norte,
Eduardo Figueroa Guevara, es que la gente no se ha ido a vivir a su terreno.
Por su parte, Moisés Ocampo Delgado, también de la dirigencia del MUPI, señaló que “es
comprensible lo que dice el delegado, pero la gente que ha comprado ahí, la que nosotros
estamos apoyando, es gente humilde que con mucho esfuerzo ha pagado su lote. No es
justo que ahora se los quieran quitar.”
Indicó que “desgraciadamente el Invisur se ha dedicado a lucrar con las necesidades de la
gente humilde y les da todas las facilidades a quienes compran terrenos de Invisur para
después revenderlos y hacer negocio”.
Indicó que en la manzana 4 hay 6 casos de personas a las que les notificaron que ya fue
vendido su lote; de igual forma en la manzana 6 son 6 casos y en la manzana 11, son 8
casos.
Señalaron que con esta actitud del delegado de Figueroa Guevara, “está provocando que
haya enfrentamientos entre los propietarios originales y a los que él les vendió”, por lo que
señalaron que “cualquier hecho de violencia que se dé en la colonia será responsabilidad
de Ramón Sotres Núñes, director del Invisur y del delegado en la Zona Norte, Eduardo
Figueroa Guevara.
Por último señalaron que solicitarán una audiencia con el gobernador, Zeferino Torreblanca
Galindo, para tratar el asunto y otra con el director del Instituto, Ramón Sotres Núñez, para
que se resuelva el problema y se destituya al delegado.

Denuncian vecinos de La Esperanza que el Infonavit los despojó de sus predios




Unos 50 vecinos de las colonias Esperanza y Loma La Esperanza protestaron en el Zócalo contra el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) y el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), por el despojo de sus viviendas que habitan hace más de 15 años.
El 8 de mayo, en una entrevista para El Sur el delegado estatal del Infonavit, Ernesto Montañés Ojeda, informó que la colonia La Esperanza era parte de la reserva territorial del instituto, pero con la construcción de viviendas en 1990 se firmó un convenio con Invisur para regularizar a las familias que ya habitaban la zona.
El delegado rechazó que el instituto haya iniciado los despojos en zonas ya ocupadas, “sólo se entregan escrituras de áreas baldías”.
Aclaró que el terreno que ocupa la colonia La Esperanza es propiedad del Infonavit y de ello se tenía el aval por la expropiación para obtener su reserva territorial en aquella zona.
La colonia se ubica en las inmediaciones de la unidad habitacional El Coloso y, según los vecinos, cuenta con unas 300 viviendas.
Allí hay zonas baldías que, aun con propietarios, el Infonavit entrega a nuevos dueños con el argumento de que sí se pueden vender porque es reserva del instituto.
Ante ello, los vecinos iniciaron las protestas desde ayer pues señalaron que ya hay tres casos de despojo.
Uno de los agraviados es Zoila Alemán Alvarado, quien aseguró que la construcción de su vivienda ya está avanzada con cimientos y con cercado en los límites y aún así le quitaron el predio.
Los vecinos acusaron a la líder Sara Sánchez de estar en contubernio con los titulares del Infonavit e Invisur, pues ella le informa a las dependencias qué vivienda debe ser despojada y entregada a los nuevos dueños.
Agregaron que para ello el Invisur ha entregado nuevas cartas de posesión firmadas por el jurídico de la dependencia, Nahum Donjuan Pastor.
El vecino Juan Morales Cruz explicó que el Infonavit mantiene un pleito legal con los nativos de El Cayaco, porque después de la expropiación los dueños de los terrenos no recibieron el pago prometido y por ello los terrenos fueron vendidos a los actuales colonos de La Esperanza.
Los inconformes advirtieron que no pagarán ni un peso al Infonavit –cómo este les ha propuesto– por la propiedad en la que han vivido por más de 15 años, y lo único que pagarán es la escritura de los terrenos.
La vecina Amparo Nava Calderón relató que le pidieron mil pesos por metro cuadrado y el pago total asciende a más de 150 mil pesos, cuando –denunció– el propio Infonavit vende los terrenos en 28 mil pesos.
Andrés Mejía hizo responsable a ambas dependencias “de lo que llegue a suceder”, pues defenderán los terrenos hasta las últimas consecuencias.
Por su parte, el vecino Juan Salomón denunció que por la disputa con el Infonavit la Dirección de Gobernación municipal no acepta el registro del comité ciudadano de la colonia La Esperanza, cuya petición la hicieron hace un mes de petición.
Acusó a Sara Sánchez Morales de evitar la formalización de la agrupación.
Mientras que el vecino Andrés Martínez Analco se quejó que el problema con el Infonavit no sólo afecta a La Esperanza sino también a la colonia Alta Loma Esperanza, donde también despojan a los vecinos que compraron predios a pequeños propietarios de El Cayaco.

Exigen vecinos de la Libertadores que el gobierno estatal desaloje a invasores

 

 Afectan a 300 familias. Precaristas invaden desde el sábado más de mil metros cuadrados asignados para el parque del lugar, informan

 Karina Contreras

Habitantes del fraccionamiento Libertadores –ubicado aún costado de la colonia Emilia Zapata– exigen al gobierno estatal su intervención para que desaloje a familias precaristas que invadieron, desde el sábado pasado, un área de más de mil metros cuadrados del parque del lugar, y acusaron al Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur) de no hacer nada, a pesar que ese predio desde hace 14 años está destinado para área de esparcimiento.

El señor Andrés Perea Nava dijo que han buscado a las dependencias como Fideicomiso Acapulco (Fideaca) e Invisur para que les ayuden, pero en ésta les dicen que pertenece a Armando Plata Leyva, quien también se dice propietario del predio, el cual fue invadido por colonos donde se formó el asentamiento irregular 7 de julio, pero insistió que el predio es área verde desde hace varios años.

El miércoles pasado, y para que el gobierno les haga caso, los habitantes inconformes de la Libertadores llevaron a cabo una protesta de más de cuatro horas en las oficinas de la Promotora Turística (Protur) para exigir una solución a la invasión del predio por ocho familias.

Los quejosos fueron atendidos por el delegado de Gobernación estatal, Manuel Zorilla, quien les informó que están haciendo la investigaciones a cerca del terreno para determinar quién es el dueño. Las cerca de 25 personas que protestaban portaban pancartas donde se podía leer: “Fideicomiso evade responsabilidades” o “Sr. Gobernador. Pedimos su apoyo”.

Perea Nava insistió en la intervención del gobierno estatal, pues las dependencias encargadas tienen oídos sordos a su petición de la invasión de esas familias encabezadas por el líder Antonio Ortiz Rodríguez, quien también lidero la invasión en la colonia 7 de julio, y que se encuentra junto al predio que el sábado ocuparon. Dijo que con está situación se ven afectadas unas 300 familias que habitan el fraccionamiento Libertado-res, pues es el lugar en donde juegan sus hijos.

Dejan la cárcel cuatro de los detenidos por la invasión en Metlapil

 

 Pagan una fianza de 10 mil pesos cada uno

 Jorge Nava

De los doce procesados por el caso de la invasión del predio de Metlapil, propiedad del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), el martes 4 del mes pasado, cuatro lograron dejar la cárcel después de pagar una fianza de 10 mil pesos al juez octavo penal.

El jueves dejó la cárcel con la condición de no salir de la ciudad Francisco Salinas Clemente; el viernes Policarpo Chávez García, Miguel Ángel Arteaga Hipólito y Rodomiro Ramírez Román, luego de que el jueves 25, el juez acordó reducir la fianza de cada uno de los doce procesados, porque sus abogados presentaron una constancia de pobreza que exhibieron al juez.

El martes 4, uno 500 policías auxiliares del estado, Policía Preventiva municipal, Policía Ministerial y agentes del Ministerio Público, desalojaron a 500 familias precaristas que se instalaron en un predio de 14 hectáreas propiedad de Invisur.

Tras esta primera liberación con restricciones, una fuente del juzgado penal informó que continuarán el proceso por la causa penal 79-2/2004, Marcelo Villanueva Genchi, Vidal Herrera Cruz, Gabriel Leal Álvarez, Timoteo Barrientos Vinalay, León Felipe Leal, Miguel Ángel de la Cruz Zavaleta, Inocencio Navidad González y Concordio Jacobo Sánchez.

Desalojados del Metlapil gritan, en presidencia, mientras esperan documento

 

Esperan que les rebajen la fianza de 100 mil pesos que les piden

Roxana Ibarra

Unas 40 personas –que fueron desalojadas del predio Metlapil, el pasado 4 de mayo– gritaron, durante dos horas, consignas como “Justicia y Libertad”, “solución” y “uleros” a algunos funcionarios, mientras esperaban en la sala de recepción de la presidencia, que el subsecretario general de Gobierno, Felipe kuri, los atendiera y les entregara las 12 constancias de pobreza para el mismo número de detenidos en el desalojo, con las que pedirán la reducción de la fianza que de 100 mil pesos, les están requiriendo.

A las 6: 30 de la tarde del viernes, el subsecretario de gobierno recibió a una comisión de seis personas y les dio las 12 constancias de pobreza. A las 7:40 se retiraron del lugar.

Las personas que formaron la comisión son: el asesor jurídico de los desalojados y quien también estuviera detenido, Juan Carlos Muñoz Leal; su hermano, Jorge Armando Muñoz Leal, suplente de la diputada perredista Yolanda Villaseñor; el ex comisario de Tres Palos, Manuel Baltasar Ávila Sierra; Aurelio Muñoz del Carmen y Antonia Romero Segura.

Juan Carlos Muñoz indicó que plantearon a Felipe Kuri el desestimiento  por el delito de lesiones contra 4 policías preventivos, por el que la Secretaría de Protección y Vialidad comenzó una demanda en contra de los 12 detenidos, a lo que les contestó que era factible y que lo hablaría con el alcalde Alberto López Rosas. También le pidieron que el Ayuntamiento les expidiera de manera gratuita una constancia de no propiedad que llevarían ante Intituto de Vivienda de Suelo Urbano (Invisur) para solicitar una vivienda y que se integrara a un programa de despensa a las esposas de los detenidos.

Finalmente dijo que acordaron que se reunirían el lunes a las tres de la tarde con el secretario general de Gobierno, Javier Larequi, con Felipe Kuri y la comisión para recibir de los funcionarios la respuesta formal a sus planteamientos.

Manifestó que en la audiencia con Larequi Radilla, le pedirán que se comience un procedimiento administrativo en la Comisión de Honor y Justicia por exceso de autoridad.

Juan Carlos Muñoz Leal  informó que el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur) entregó ya un oficio a la Procuraduría General de Justicia del estado en donde le notifica que se desiste de la acción penal en contra de los 12 detenidos.

Contó que “el delegado administrativo de la subsecretaría de quien no saben su nombre, fue el que provocó la inquietud de las personas, pues les dijo que no les iban a dar las constancias a las 3 de la tarde y no nos atendieron y “estamos aquí desde las 9 de la mañana, ya estamos enfadados”.

“A eso venimos a manifestarnos y si no nos hacen caso, aquí vamos a estar hasta que nos atienda el secretario”, gritaban.

A pesar de que los desalojados gritaban consignas, Juan Carlos Muñoz señaló que su presencia en el lugar se debía a una visita de cordial, no un acto de protesta, “no hemos hecho ningún atropello. Estamos solicitando de manera pacífica una audiencia”.

Un policía preventivo pidió a Juan Carlos Muñoz que tuvieran respeto y dejaran de “escandalizar” y así lo hicieron.