Hoy se cumplen seis años de la desaparición de dos dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle.
Ayer, en entrevista, la hija de Eva, Coral Rojas Alarcón demandó que se atienda a las víctimas de la violencia, “los gobiernos federal y estatal tienen que definir un protocolo de atención a familiares de víctimas, y de búsqueda de un desaparecido”.
Dijo que, a pesar de las constantes desapariciones en el estado, no hay un protocolo para revisar los casos, ni para apoyar a los familiares de las víctimas, e informó que la investigación del caso de los ecologistas, a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) no tiene ningún avance, “no hay nada, sigue como desde el principio”.
En la desaparición de su madre está documentado que participaron soldados del Ejército, policías ministeriales y municipales, lo que, advierte, es preocupante y una muestra de la impunidad que impera en el sistema de justicia.

Es inoperante comisión de atención a víctimas, sin presupuesto

La abogada, hija de la principal impulsora del estudio del jaguar en la sierra de Petatlán, se quejó de que se formó la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) sin presupuesto, “sólo para que cobre el comisionado, porque las víctimas no tienen apoyo, ni económico ni jurídico”.
Consideró grave la falta de apoyo del gobierno a las víctimas de la violencia, porque, “cada día hay más desaparecidos, todos tenemos un familiar desaparecido o conocemos a alguien con un desaparecido”.
Eva Alarcón y Marcial Bautista son dos dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra, que fueron desaparecidos con la intervención, documentada, de soldados del Ejército y policías ministeriales.
Coral Rojas reprochó que se creó una comisión de atención a víctimas de la violencia, pero sin presupuesto, “se hizo sólo para que gane un salario el comisionado, pero las víctimas andan buscando ayuda para los pasajes, para la atención jurídica. No tienen cómo hacer los trámites y cuando piden ayuda (al gobierno del estado) les responden que no hay presupuesto, que sólo gana el comisionado”.
“No hay atención sicológica, económica, jurídica, o sea que la Comisión de Atención a Víctimas no funciona, el Estado está rebasado por la violencia”, advirtió.
Dijo que “quizás la violencia no se puede parar, pero se puede amortiguar mediante la atención física, sicológica y económica de las familias de las víctimas”.
Informó que cuando hay apoyo a las víctimas de la violencia, sus representantes legales son pagados por el gobierno del estado, “y eso no funciona porque no se pelean con su jefe”, ante lo que demandó abogados independientes.

La defensa del bosque

La defensa de los bosques y de lucha contra grupos caciquiles y paramilitares en la zona de la sierra de Petatlán está documentada en El Sur desde el 19 de febrero de 1998, cuando campesinos de 15 localidades de la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán pararon la salida de la madera en la ruta Santa Rosa-El Durazno, bloqueando el paso de los camiones cargados con troncos.
La explotación de los bosques estaba a cargo de los ejidos de esta región, organizados en la Unión de Ejidos Rubén Figueroa Figueroa, y su principal compradora era la empresa estadunidense Boise Cascade.
Marcial Bautista y Eva Alarcón fueron desaparecidos la madrugada del 7 de diciembre del 2011 cerca del poblado de Rodesia, entre los pueblos de Petatlán y Tecpan de Galeana, en la Costa Grande, por  hombres armados que contaron con la protección de soldados del Ejército y de la Policía Ministerial.
Según testimonios, los hombres armados se desplazaban en una camioneta que detuvo el autobús de pasajeros de la línea Futura que viajaba con destino a la ciudad de México, pero que haría escala en Chilpancingo. Tras interrogar a los pasajeros obligaron a descender a Eva Alarcón y a Marcial Bautista. Desde entonces no se sabe de ellos.
De acuerdo con los pasajeros del autobús que salió de Petatlán rumbo a la Ciudad de México, en el trayecto se toparon con un retén del Ejército donde un militar subió para preguntar si entre los pasajeros se encontraba Marcial Bautista, nadie  respondió y ante el silencio de los viajeros el militar bajó del autobús.
Los testigos comentaron que, kilómetros más adelante, cruzando un puente vieron una camioneta atravesada que impidió el paso del autobús. Al detenerse se dieron cuenta de que en la orilla de la carretera había otras camionetas entre las que había civiles fuertemente armados acompañados de agentes de la Policía Ministerial, entre ellos el comandante Espinoza Palma.
Cuando el autobús se detuvo, inmediatamente subieron varias personas armadas que identificaron a Marcial, obligándolo a bajarse. En ese instante Eva Alarcón, quien iba en uno de los últimos asientos reaccionó y gritó a quienes se llevaban a Marcial que ella lo acompañaría, y también se bajó del autobús en un intento de evitar que se lo llevaran.
Varios años antes, los dirigentes de la Organización se habían dedicado a la gestión y al cuidado, conservación y manejo sustentable de los bosques, por lo que habían recibido amenazas de integrantes del crimen organizado.
La defensa de sus bosques los llevó a denunciar los atropellos cometidos por el Ejército y los trabajos ilícitos en que se encuentran involucrados elementos de las corporaciones policiacas.
Incluso, ante las amenazas en su contra, el l4 de agosto de 2011 la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) solicitó a las autoridades estatales otorgar medidas de protección para Eva Alarcón. El 5 de diciembre, dos días antes de la privación de su libertad, la coordinadora de la Organización había reiterado su solicitud.
Desde la desaparición de los dos dirigentes ecologistas, sus hijas, Coral Rojas y Victoria Bautista iniciaron una intensa búsqueda. Demandaron de todas las formas a las autoridades estatales que agilizaran la investigación de los defensores del medio ambiente.
Más por el trabajo de las jóvenes que por la participación del gobierno, el 27 de diciembre del 2012 fue detenido el comandante de la Policía Ministerial, adscrito a Tecpan, Cesáreo Espinoza Palma El Ganso, acusado de presunta participación en la desaparición de los ecologistas.
Ese día, la Procuraduría de Justicia, ahora Fiscalía General del Estado, informó mediante un comunicado de prensa que el jefe policiaco y uno de sus acompañantes, José Jhony López Galván El Güero, fueron entregados a la Procuraduría General de la República (PGR) para que rindan su declaración ministerial sobre esos hechos.
Cesáreo Espinoza era buscado luego de que diversos testimonios lo señalaron de ser uno de los que estaban en el retén la madrugada en que los delincuentes se llevaron a los dos ecologistas.
El 14 de diciembre de 2011 fueron detenidos 28 policías municipales de Tecpan para que declararan sobre los hechos, pero sólo fueron retenidos 48 horas, y el 16 de diciembre fueron puestos en libertad. Los agentes municipales declararon ante un Ministerio Público federal en torno a su función, lo que hacían en ese momento, dónde estaban, qué hicieron el 7 de diciembre, pues testigos declararon que había policías municipales en el lugar de donde fueron levantados los dos ecologistas.
En cuanto al señalamiento en contra de soldados del Ejército, el 12 de diciembre de 2012 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió un comunicado en el que aseguró que ninguno de sus agentes participó en el rapto de Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle.
Pese a los testimonios y la detención de dos de los presuntos implicados, el caso de la desaparición de los dos ecologistas no ha sido esclarecido ni ellos han sido localizados.