No cambió la STPS a seis funcionarios de la JLCA de Zihuatanejo, denuncia la CROM

 

El dirigente regional de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) en Zihuatanejo, Felipe Moreno Sánchez, denunció que el secretario del Trabajo en Guerrero, Oscar Ignacio Rangel Miravete, incumplió el acuerdo de cambiar a presuntos malos funcionarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), a cambio de no manifestarse el pasado 15 de marzo, junto con los abogados litigantes que exigieron la destitución de la ahora ex presidenta Martina Martínez Fierro.
Moreno Sánchez, en conferencia de prensa, dijo que antes de que ocurriera la toma del tribunal laboral por parte de abogados litigantes que habían tenido diferencias con la anterior presidenta, él hizo llegar su inconformidad a Rangel Miravete, a quien le planteó la petición de que cambie de lugar de trabajo a cuando menos seis trabajadores de ese tribunal, pues aseguró que “no laboran si no hay dinero por delante, si quieres que tu juicio avance hay que dar propinas”.
Agregó que le expresó al secretario del Trabajo que era urgente un cambio no sólo de la presidenta sino también de los trabajadores “porque ya se han amafiado con los abogados que llevan juicios ahí, hay contubernio; entonces le pedimos que los cambiara y él se comprometió a que así se haría porque para esto le hicimos saber que como Confederación Regional, nosotros íbamos a tomar la oficina de la Junta”.
Moreno Sánchez añadió que enseguida se dio el movimiento de los abogados y volvió a hablar con Rangel Miravete, a quien le recordó que no había cumplido el compromiso de cambiar a los trabajadores por el bien de la propia Junta, “le dijimos que con cambiar sólo a Martina Martínez no iban a cambiar las cosas, que también se deben de ir muchos trabajadores y le dimos los nombres”.
“Le dije que nos íbamos a sumar a la toma de las oficinas junto con los abogados y que íbamos a hacer un escándalo de que está protegiendo a servidores públicos corruptos, entonces, él me ofreció que los cambiaría pero que no se sumara al movimiento de los abogados, mi organización cumplió pero el secretario del Trabajo no, por eso públicamente le pedimos que cumpla y que cambie también al resto de los trabajadores, que venga gente nueva para que la Junta camine, si no, va a seguir siendo la misma gata, nomás que revolcada”, concluyó.

Toma posesión el nuevo presidente de la JLCA de Zihuatanejo; termina la toma de las oficinas

La presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de Zihuatanejo, Martina Martínez Fierro dejó plantado ahora al secretario del Trabajo y Previsión Social del estado, Oscar Ignacio Rangel Miravete, a quien le aseguró que acudiría a las oficinas de ese tribunal para entregarlas, pero no se presentó pese a que el funcionario cumplió con las condiciones que puso. Poco después de las 6 de la tarde, las oficinas le fueron entregadas al nuevo presidente de la Junta, Marcos Benítez Lorenzana, quien sustituye a Martina Martínez.
Desde el pasado 7 de marzo, Rangel Miravete notificó vía internet y por escrito a Martina Martínez de su cambio a la Junta de Conciliación de Coyuca de Catalán, donde cumplirá las mismas funciones y tendrá el mismo salario y prestaciones, sin embargo, se ha negado a acatar esa disposición.
Además de esto, abogados litigantes y representantes de sindicatos locales, cumplieron 72 horas con las oficinas tomadas en demanda de la destitución de la presidenta de la JLCA, a quien acusan de hostigamiento laboral.
También el pasado martes, Martínez Fierro dejó plantados al director del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del estado, Ramón Humberto Corral Hernández y al visitador de las juntas, Ernesto Martínez Abarca.
Las oficinas de la Junta Local se encuentran en el entronque de las avenidas Benito Juárez, Juan N. Álvarez y La Boquita, en el centro del puerto.
Ayer tampoco atendió al secretario Rangel Miravete, con quien había acordado que a las 5 de la tarde se presentaría a entregar las oficinas, pero de acuerdo con los abogados inconformes, quienes previamente se reunieron con el funcionario, Martínez Fierro puso como condición que se quitaran las mantas y las personas que desde el lunes mantienen un plantón en la Junta y que no hubiera periodistas.
En el lugar hicieron acto de presencia los representantes de la Contraloría del estado, Eduardo Merel Campos, Gregorio Radilla Salas y María Esbeida Lara Valdovinos, así como el notario público número tres, Saulo Cabrera Barrientos.
Poco después de las 5 de la tarde, los abogados empezaron a cuestionar al secretario del Trabajo sobre la inasistencia de Martina Martínez, a lo que contestó que “es que aquí está la prensa”, y ofreció dar una tolerancia de 30 minutos, pero la presidenta nunca llegó.
La servidora pública, acompañada de otras personas, pasó a bordo de un taxi frente a la JLCA, y fue reconocida por los inconformes que se encontraban, quienes empezaron a gritar, “¡ahí va, ahí va Martina en el taxi!”; a los pocos minutos, el mismo taxi volvió a pasar y se detuvo de manera muy breve para que uno de los pasajeros tirara un montón de papeles justo frente a la Junta.
Los documentos que tiraron estaban dirigidos, de parte de Martina Martínez “a los medios de comunicación”, en donde explica su versión sobre los acontecimientos que han ocurrido desde el pasado lunes, cuando fue tomado el tribunal laboral por los abogados inconformes.
Dice estar dispuesta a presentarse para el proceso de entrega-recepción, tal como lo acordó con Rangel Miravete, pero que dados los hechos teme por su integridad, así como la de su familia y amigos, por lo que pide en el documento la presencia del secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, “así como un representante de la Comisión de Derechos Humanos”.
Añade que no tiene inconveniente en ser cambiada de lugar de trabajo, pero “pido que la rotación sea general, es decir, que sean los ocho presidentes de las juntas locales (…) y no nada más la suscrita”.
Además en el documento indica que no hay condiciones para que ella entregue la dependencia, y hace responsable “de lo que se pierda en ese órgano laboral a quien abra las puertas sin mi presencia”.
Enseguida señala como responsables, “si eso ocurriera”, al secretario del Trabajo y a todos y cada uno de los abogados que han participado en la toma de las oficinas.
De cualquier forma, ayer, pocos minutos después de las 6 de la tarde, ante la presencia de los comisarios de la Contraloría del estado y del notario público, un cerrajero abrió las oficinas y le fueron entregadas al nuevo presidente de la Junta, Marcos Benítez Lorenzana; este tribunal sólo trabajará hasta el viernes 18 de marzo, debido al periodo vacacional y reanudará labores el próximo 28 de marzo.

Consta en la JLCA el convenio sindical




El secretario del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción, Autotransporte, Choferes, Operadores, Similares y Conexos de Guerrero CTM, Adrián Rivera Ortega, informó que el acuerdo con el sindicato que agrupa a los trabajadores de inmobiliaria María Luisa consta en la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) y se dijo extrañado de que su presidente lo niege.
Indicó que mediante este convenio con la Asociación Nacional de Trabajadores en Establecimientos Comerciales y Conexos también firmaron allí mismo un contrato mercantil con la empresa para que el acarreo de materiales lo lleve a cabo su sindicato.
“Lo que corresponde hacer en la Junta es desistirse del registro del contrato para desatorar las cosas, yo sólo pedí que me respetaran los acarreos con carros de volteo y así quedó asentado”, dijo.
Rivera Ortega explicó que para esto se elaboró por separado un contrato mercantil de acarreos con el representante de la Inmobiliaria, mismo que entregarán ante la Segunda JLCA, al mismo tiempo que la Asociación Nacional de Trabajadores entregue, por segunda ocasión, la solicitud de registro del contrato colectivo “para que tenga validez en la Junta Local”.
El líder detalló que este contrato mercantil lo hicieron el 24 de mayo y quedó a revisión de la JLCA pero aún no lo devuelven y eso esperan para meterlo junto con el contrato del otro sindicato.
Estos sindicatos son los que pretenden el registro del contrato colectivo de inmobiliaria María Luisa o empresa Daena, mediante el cual se legalizaría el contrato del grupo sindical que la semana pasada destruyó el campamento de los desalojados de Granjas del Marqués

Sin postores, la segunda audiencia

 

Al no haber ningún postor en el remate del hotel Irys Astoria la hospedería se ofrecerá de nuevo el próximo 15 de junio en tercera almoneda –o subasta– y con 20 por ciento menos de su valor total.
Este viernes en la Tercera Secretaría de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) se llevó a cabo la audiencia de remate en segunda almoneda, para la cual el hotel se ofrecía en 14 millones 357 mil 312.60 pesos, es decir 20 por ciento menos de su valor real que es de 17 millones 946 mil 639.60 pesos.
Pero al no acudir ningún interesado la audiencia concluyó y se determinó una nueva fecha para un tercer remante ya con 20 por ciento menos del precio fijado, es decir 11 millones 485 mil 850 pesos.
De ello, la presidenta del tribunal laboral, Martina Martínez Fierro, explicó que si la empresa paga a su ex trabajadora los casi 2 millones que le adeuda, el 5 de junio, la audiencia del 15 de junio automáticamente se suspende.
El hotel Irys Astoria se encuentra en esta situación de remate debido a que perdió una demanda que presentó la ex trabajadora Nicolasa García Pineda por despido injustificado, la cual asciende a “4 millones de pesos”.
Luego de formar un convenio, el 17 de enero de este año, se acordó que a la demandante se le darían 2 millones: primero 200 mil pesos y el 31 de marzo el resto.
Pero como en aquella ocasión la empresa no contó con este capital la JLCA resolvió ejecutar un remate en segunda almoneda para el 26 de mayo, pero tampoco estuvo la empresa en posibilidad de pagar y suspender el remate y al no haber postor se fijo fecha para la tercera almoneda.
El 22 de noviembre de 2005, los sindicalizados de la Sección 20-A de la CTM afectados con el remate porque se cerraría su fuente de trabajo, impidieron entre empujones, manotazos y gritos una audiencia de remate, pero la de este viernes transcurrió con tranquilidad y solo acudió el líder sindical de los trabajadores, Felipe Loyo Malabar.
De acuerdo con el avalúo hecho por la JLCA, la hospedería tenía un valor inicial de 17 millones 946 mil 639.60 pesos, mientras que lo exigido en la demanda de la ex trabajadora eran 4 millones.
La devaluación del 20 por ciento del valor del inmueble se hace porque, de acuerdo con la Ley, se esperan 30 minutos y sino no hay un postor se reduce el mnto y continuaría así si ambas partes no llegan a un acuerdo.
 

Desconoce la JLCA el convenio sindical por el contrato de la inmobiliaria María Luisa

 

La Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje “ignora” el convenio de los dos sindicatos que pretenden el registro del contrato colectivo de Inmobiliaria María Luisa o empresa Daena, lo que legalizaría la huelga de los trabajadores que destruyeron el campamento de desalojados de Granjas del Marqués.
El presidente de este tribunal laboral, José Luis López Vázquez, informó que para ellos no hay convenio sino una comparecencia del sindicato cetemista, y se negó a opinar sobre su ilegalidad.
Este jueves El Sur informó que ambos sindicatos llegaron a un convenio con la condición de que el sindicato cetemista que preside Adrián Rivera Ortega se encargara sólo del acarreo de agregados, y el de la empresa contratará a los demás trabajadores que requiera para las obras.
Al desistirse Rivera Ortega del registro del contrato prácticamente el otro sindicato estaría en posibilidad de promover de nuevo la titularidad.
Consultado al respecto, López Vázquez dijo que para el tribunal lo único que hubo fue una comparecencia del sindicato de Rivera Ortega, quien se desistió de su registro contractual.
“Para nosotros no hubo convenio sino comparecencia para solicitar la devolución de su contrato y rescindir de su solicitud de registro”, reiteró.
Respecto a la legalidad o no del convenio, que según Rivera Ortega hicieron el miércoles ambas partes, López Vázquez se negó a opinar.
Dijo que si el otro sindicato promueve de nuevo su registro la Junta deberá analizar si reúne los requisitos.

Declara la JLCA ilegal la huelga de presuntos trabajadores de la inmobiliaria María Luisa

 

La Asociación Nacional de Trabajadores en Establecimientos Comerciales y Conexos –que agrupa a los trabajadores de la inmobiliaria María Luisa o Banca Cremi– fue notificada de que la huelga es ilegal ante la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).
La notificación fue enviada por estrados el 22 de mayo, y explica que la huelga –que mantienen en el campamento de los desalojados de Granjas del Marqués– es ilegal debido a que el registro de su contrato colectivo con la empresa no procede pues ya había uno anterior con un sindicato cetemista.
El presidente de la Segunda Junta Local, José Luis López Vázquez, explicó que esa asociación, que preside Jorge Montaño Méndez, presentó su emplazamiento contra la empresa el 17 de mayo y dejó como fecha para iniciar la huelga el 22 de mayo, con el argumento de que tienen un contrato colectivo de trabajo firmado con la inmobiliaria María Luisa.
Pero, de acuerdo con el presidente de la Segunda Junta, aunque el contrato lo presentaron el 2 de abril para que fuera registrado ante este tribunal laboral no procedió porque hay un contrato previo de cual es dueño el sindicato que preside Adrián Rivera Ortega, de la CTM.
Dicho contrato fue registrado el 30 de marzo con la empresa Daena SA de CV, que aunque no es el mismo nombre de la empresa sí es el mismo domicilio, motivo suficiente para que el registro del segundo sindicato no procediera.
“Así que ese movimiento no puede existir porque al emplazamiento no se le dio trámite, es decir para nosotros no existe”, enfatizó el funcionario.

Falsifican la firma de la presidenta de la JLCA en cinco expedientes, dice Porfirio Daza

Mónica Martínez García

Hasta el momento se han descubierto cinco expedientes en los que la firma de la presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), Martina Martínez Fierro, está falsificada y la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social del estado ya levantó un acta ante el Ministerio Público (MP) para que se investigue a los posibles responsables, informó el subsecretario Porfirio Daza Rodríguez.
En entrevista después de una reunión con cetemistas, Daza Rodríguez dijo que desconocen a los responsables y que por eso presentaron la denuncian contra quien resulte serlo en la investigación del MP, pues “ellos tiene la obligación de investigar”.
Añadió que hay firmas falsificadas de algunas de la partes de los juicios y que “nosotros nos enteramos cuando ya nos piden que ejecutemos eso juicios o que embarguemos y ante eso nosotros tomamos la decisión de hacer las denuncias correspondientes para que no incurramos nosotros en alguna responsabilidad”.
Indicó que el número de los expedientes ni el nombre de las partes de esos cinco expedientes “no los tengo a la mano, pero desde luego que las denuncias van dirigidas con referencia a cada uno de estos expedientes y ahí vamos a exhibir los expedientes originales ante el MP y que sean ellos quienes hagan las investigaciones”.
Por otro lado, Daza Rodríguez explicó que con el objetivo de “acelerar” las respuestas a los procesos laborales, la Subsecretaría también analiza la posibilidad de una abrir una Tercera JLCA o varias con carácter de especiales, es decir, por sectores que estarían orientadas hacia las demandas individuales y una sola Junta Central con sede en Chilpancingo donde se recibirían las demandas colectivas.
“Ante el cúmulo de trabajo que hay aquí en Acapulco, nosotros como Subsecretaría del Trabajo estamos viendo la posibilidad de crear una tercer Junta de conciliación para que ayude a estas dos que ya existen, porque como lo dije ya en la reunión son 9 mil expedientes que estamos tramitando y que nos provocan un trámite lento en los procedimiento y un poco de inseguridad para las partes. Entonces la intencione es agilizar más los procedimientos con una nueva Junta de conciliación”, dijo.
Añadió que podrían abrirse juntas especializadas del ramo de la hotelería, gastronomía, construcción, etcétera y una solo Junta Local o Central.
Subrayó que este proyecto se consensuará antes con las centrales obreras y los patrones para conocer su opinión, pues lo que pretenden lograr es un mejor control sobre los conflictos colectivos y una mejor conciliación.

Denuncia que la Junta busca perjudicarla en su juicio laboral contra el arquitecto Lenin Camacho

Acusa una trabajadora a la JLCA de extraviar el expediente de su caso

Mora Martínez García

La trabajadora María Guadalupe Torres Solís denunció el extravío del expediente de su caso en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) en el que pedía su liquidación completa al arquitecto Antonio Lenin Camacho Méndez, con lo que pidió la intervención del gobernador del estado René Juárez Cisneros debido a que consideró que la pérdida de su expediente “fue a propósito” y con el fin de perjudicarla en el desarrollo de su juicio laboral.

En conferencia de prensa la trabajadora explicó que cuando Lenin Camacho la despidió le dio un cheque “incobrable” por diez mil pesos, cuando el total de su liquidación ascendía a 20 mil pesos más el pago de los adeudos que su patrón tenía en el Seguro Social y el Infonavit.

Dijo que a pesar de ello Lenin Camacho quería obligarla a firmar un documento donde renunciaba a su liquidación y que al negarse a firmarlo su patrón la demandó por el presunto robo del cheque de 10 mil pesos que éste anteriormente le había dado, como una parte del total de la liquidación, el cual nunca cobró.

Agregó que lo anterior ocasionó que fuera aprendida el 25 de julio de 2001, y fue dejada en libertad bajo fianza después de que se demostró que no pudo haber robado un documento que estaba firmado a nombre de ella por Lenin Camacho.

Asimismo, Torres Solís señaló que el segundo abogado que le ha llevado este caso se negó a darle copia de su expediente existente en la Junta Local, así que la trabajadora pidió en el juzgado sexto de distrito una copia certificada del expediente y el tribunal laboral contestó a al juzgado del extravío del expediente número 026/01 sin dar más explicaciones.

Reportan cuatro quejas de trabajadores a quienes no se les entregaron utilidades

 

“Dos de las quejas son del ámbito local y ya fueron conciliadas”, informa el procurador de la Defensa del Trabajador, Ramírez Melo

 Mónica Martínez García

El procurador de la Defensa del Trabajador, Jorge Fausto Ramírez Melo informó que en el pasado periodo del reparto de utilidades ante esta dependencia, sólo se reportaron cuatro casos de quejas de trabajadores que no recibieron sus utilidades por parte de la empresa donde laboran, mientras que en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) no se ha presentado ninguna queja, según informó su presidente, Jesús Aparicio Romero.

La procuraduría de la Defensa del Trabajador depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y ante ella se reportan las quejas de trabajadores que laboran en empresas de competencia federal.

El procurador detalló que de las cuatro quejas presentadas, dos son del ámbito local y las otras dos de orden federal, e indicó que las de ámbito local ya fueron conciliadas con los respectivos representantes de las empresas, aunque por confidencialidad de la información no pudo proporcionar el nombre de las empresas donde laboran los trabajadores involucrados.

Ramírez Melo no pudo dar un comparativo con los años anteriores porque está en ese cargo desde agosto del año pasado, pero explicó que durante este año hubo dos periodos para que los trabajadores presentaran sus quejas, en el primero –del                   21 de abril al 21 de mayo– sólo se presentó una queja, mientras que en el segundo periodo –del                   21 de mayo al 20 de junio- se presentaron tres.

En tanto, el presidente de la JLCA Aparicio Romero explicó que es deber de todas las empresas incluyendo a las micro y pequeñas empresas –siempre y cuando estén registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público– dar el beneficio de reparto de utilidades a sus trabajadores.

Señaló que hasta el momento ninguna organización obrera o algún trabajador por su propia cuenta han presentado demanda alguna ante ese tribunal laboral, sin embargo no descartó que se pudieran presentar en los días subsecuentes.

Notificará la JLCA la rescisión del contrato de los trabajadores del Emporio

 

 La solicitud de rescisión promovida por el hotel “cumplió todos los requisitos”, informa el presidente de la Junta, Jesús Aparicio. “La notificación es sólo un procedimiento”, señala

 Mónica Martínez García

A partir de hoy miércoles la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) notificará a los 204 trabajadores del hotel Continental Emporio de la rescisión laboral promovida por la empresa, informó el presidente de la este tribunal laboral, Jesús Aparicio Romero, esto a consecuencia de la solicitud que en ese sentido hicieron hace unas semanas los representantes legales del hotel.

Aparicio Romero explicó que el recurso interpuesto por la empresa hace un par de semanas para solicitar la rescisión laboral de los 204 trabajadores del hotel, cumplió “satisfactoriamente” los requisitos, por lo tanto el tribunal laboral hará llegar la respectiva notificación a los trabajadores.

Desde el 28 de abril los trabajadores sindicalizados del hotel Emporio Continental se mantienen en un paro laboral, y que dio lugar a que el hotel se encuentre cerrado desde el 4 de mayo. Días después la empresa promovió ante la JLCA la rescisión laboral del contrato con los trabajadores, además de que también promovieron un incidente de falta de personalidad jurídica del líder sindical de la Sección 12, Rodolfo Escobar Ávila procedimiento que sigue en trámite ante la JLCA.

El presidente de la JLCA indicó que con la notificación de la rescisión laboral no quiere decir que ésta se esté haciendo efectiva sino que el procedimiento se hace para dar curso a la solicitud de la empresa al haber ésta cumplido con los requisitos.

De los 204 trabajadores, sólo 170 son trabajadores de planta mientras que los restantes son eventuales, concluyó.