Los vecinos desalojados del fraccionamiento Granjas del Marqués alertaron que “sigue latente” la amenaza de que los supuestos trabajadores de la construcción defraudados por la inmobiliaria María Luisa regresen al campamento.
Ayer al mediodía, camiones de volteo y retroexcavadoras de la Coordinación de Servicios Públicos Municipales acudieron a retirar el cascajo que tiraron en el lugar unos 20 camiones cetemistas contratados por la inmobiliaria María Luisa, después que los supuestos trabajadores defraudados se retiraron en un autobús.
Pero desde muy temprano cinco mujeres y dos hombres, que dijeron ser trabajadores de la inmobiliaria, llegaron a un costado del campamento y permanecieron ahí todo el día. Uno de ellos informó que sólo esperaban la notificación de la Junta Local porque su huelga tenía que continuar para exigir el pago justo a la empresa.
El abogado de los desalojados, Adrián Hernández Quiroz, señaló que “la amenaza sigue latente” por la llegada de personas al campamento, a pesar de que un día antes se retiraron los 40 jóvenes con aspecto defeño, quienes dejaron cerros de escombro y basura.
Indicó que aun cuando llegaron más personas no hubo violencia y que los desalojados iban a conducirse conforme a la ley.
Los inconformes tenían planeado el martes un bloqueo desde las 10 de la mañana para exigir a las autoridades que brinden seguridad a su campamento y el retiro del cascajo, pero la protesta se canceló después de que llegaron camiones de volteo y maquinaria para quitar el escombro.
La representante de los desalojados, Rocío Leal Álvarez, señaló que la acción de tirar escombro demuestra la forma de trabajar del apoderado legal de la inmobiliaria María Luisa y Banca Cremi, Agustín Vargas Manrique, quien con dinero compró vándalos y simularon una huelga “para despojarnos a nosotros”.
Aseguró que así como les quitaron su campamento el año pasado, el apoderado también contrató policías “de todos colores y sabores” para despojarlos de sus casas y sus tierras, “fue de la misma forma”, y por ello responsabilizó “de todo lo que nos suceda” a Agustín Vargas Manrique.
También pidió al gobernador Zeferino Torreblanca que “vigile” a los jueces para que sean imparciales en los juicios y no se corrompan.
Apuntó que los desalojados de Granjas del Marqués ganaron los juicios y por eso el apoderado legal de Banca Cremi –ahora Bancomer– y la inmobiliaria “se sienten acorralados y no les queda otro recurso y nos hace esto (tirarles escombro)”.
Por su parte, la señora Amancia Álvarez de Jesús pidió al pueblo de Acapulco “porque no tenemos para comer”.
Dijo que hasta ayer sólo tenían una ollita de frijoles para unas 30 personas que resguardan su campamento, “ahora no tenemos nada, pedimos que nos ayuden como pueblo unido, nosotros cuando estamos en buenas condiciones también ayudamos, pero ahora no tenemos nada porque lo poquito que teníamos se lo llevaron”.
El luchador social Salvador Zacarías Flores, quien estaba ayer en solidaridad con los colonos, informó que el alcalde Félix Salgado se comprometió a demandar a la inmobiliaria por el delito de obstrucción a las vías de comunicación, debido a que el escombro impedía la circulación en uno de los carriles del bulevar de Las Naciones.

La noche de ayer, los supuestos trabajadores en huelga de la Inmobiliaria María Luisa, atacaron a pedradas a los desalojados del fraccionamiento Granjas del Marqués, con el fin de retirarlos del plantón que mantienen frente al lugar.
Además, en apoyo a los 40 trabajadores, unos 20 camiones materialistas vaciaron cascajo y basura en el área que ocupaban los colonos el pasado viernes, con la intención de que ya no se instalen ahí.
Los cerros de tierra –unos 15– fueron esparcidos también sobre un tramo del bulevar, en el sentido Aeropuerto-Centro, en el carril de baja velocidad.
Antes, los trabajadores destruyeron la pequeña cabaña que habían construído los colonos.
En la agresión no hubo heridos, debido a que dos agentes de la Policía Preventiva (PP) dispersaron a los atacantes. Cuando temían un enfrentamiento, los colonos pidieron ayuda al número 066 pero no hubo respuesta de los cuerpos policiacos.
Sólo una patrulla de la PP a cargo de los agentes Enrique Bello y Víctor Manuel Evaristo se presentó en el sitio, y disuadieron a los atacantes de continuar la agresión. “Ellos evitaron que nos fueran a masacrar”, señaló la representante de los desalojados de Granjas del Marqués, Rocío Leal.
A las 8:30 de la noche, los colonos bloqueron totalmente el carril del Aeropuerto al Centro de la ciudad, lo que provocó que los vehículos intentaran pasarse al otro carril, por encima del camellón que divide los dos sentidos de la vía, provocando algunos incidentes menores.
A las 11 y media de la noche llegaron agentes de Gobernación municipal, y después el director Felipe Kuri Sánchez, quienes negociaron la liberación de un carril.
Por su parte, los colonos exigieron que se quitara el escombro arrojado por los camiones para reinstalar su plantón, y responsabilizaron a los representantes de la inmobiliaria y Banca Cremi de la agresión de los trabajadores en huelga.
Juan Sanromán incumplió los acuerdos, dicen
Por la mañana, los desalojados de Granjas del Marqués denunciaron que el director de Gobernación del estado, Juan Sanromán Ortiz, incumplió con los acuerdos pactados el sábado y anunciaron que llevarán a cabo un bloqueo intermitente en el bulevar de Las Naciones.
El acuerdo, con el cual se evitó un enfrentamiento entre ejidatarios que se sumaron a la lucha de los vecinos afectados y los supuestos trabajadores de la inmobiliaria María Luisa –quienes el viernes destruyeron su campamento–, era que Sanromán Ortiz acudiría a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) a verificar la autenticidad de la huelga.
De ello, la representante de los desalojados, Rocío Leal, explicó que ayer Sanromán Ortiz vía telefónica se deslindó del problema y les pidió que ellos acudieran a preguntar a la Junta, lo cual calificó como “improcedente” porque la instancia no les permitiría verificar documentos a ciudadanos sin tener una personalidad jurídica.
Este lunes, los desalojados de Granjas del Marqués se mantuvieron en calma y montaron un plantón alterno al de los trabajadores defraudados.
En el área en donde estaban ubicados los trabajadores éstos comenzaron a construir una pequeña cabaña “con ahorros propios”, aun cuando en días anteriores manifestaron que subsistían con el apoyo de su sindicato a nivel nacional.
Según el luchador social Salvador Zacarías Flores hasta las 10 de la mañana estuvieron en espera de que el director de Gobernación acudiera a la Junta Local a verificar si era auténtica la huelga, o de lo contrario los retirarían con apoyo de policías.
Salvador Zacarías culpó al gobierno municipal y al estatal de permitir “los atropellos” contra los colonos “porque los gobiernos siempre están con los ricos”.
Señaló que a pesar de que en una ocasión la vecina Amancia Álvarez le pidió ayuda al alcalde Félix Salgado para resolver el conflicto con la inmobiliaria María Luisa, éste le dijo que a él no le concernía el asunto.
Recriminó que Salgado Macedonio llegó al plantón cuando estaba en campaña y les prometió que al asumir como alcalde sería el primero de los asuntos para solucionar, pero ahora que le solicitaron su ayuda para conciliar con los trabajadores se negó, “aunque no sea una instancia judicial es el líder de los acapulqueños”.
Zacarías Flores denunció que entre los supuestos trabajadores de la inmobiliaria hay policías judiciales infiltrados, quienes fueron contratados por la empresa María Luisa, SA de CV.
Asimismo, la vecina María Luisa Rojas Miranda señaló que al plantón de los constructores han llegado mujeres, “por si existe un enfrentamiento también le van a entrar”.
Por otra parte y ante falta de respuesta de Salgado Macedonio, los ejidatarios y los desalojados acordaron que hoy martes, desde las 10 de la mañana, llevarán a cabo un bloqueo intermitente en el bulevar, a fin de llamar la atención de las autoridades y pedir un audiencia con el gobernador Zeferino Torreblanca.
“Creemos que no es la forma, pero no nos queda otro recurso porque el gobierno se empeña en provocarnos”, señaló Salvador Zacarías.
La JLCA aún no aprueba nuestra huelga, admiten
Por su parte, los trabajadores de la construcción negaron que la imposición de su huelga en la misma zona del campamento haya sido un desalojo.
Explicaron que ellos nunca retiraron a nadie, sino que quitaron basura del lugar, y que las supuestas denuncias por robo de alhajas y dinero en efectivo eran falsas.
Su representante, Michael Mortenkotter Ruiz, informó que ellos ya habían notificado de su emplazamiento de huelga a la JLCA, pero que aún faltaba que se aprobara y notificara su movimiento.
Dijo que en estos días han contado con el apoyo de los sindicatos locales, pero no quiso aportar nombres de líderes gremiales “para no evidenciarlos aquí en el estado”.
Michael Montenkotter apuntó la importancia de que su plantón se colocara exactamente donde estaba el campamento de los desalojados para cuidar las formas de una huelga, pues “es delicado”, y ejemplificó que su bandera debe estar bien puesta.
Por su parte, el abogado de los desalojados de Granjas del Marqués, Adrián Hernández Quiroz, aseguró que la huelga de los trabajadores es ilegal porque no afectan las labores de la empresa.
Indicó que si realmente querían manifestarse contra la inmobiliaria debieron colocarse en el otro extremo de la avenida, porque ahí continua con la construcción de las villas Paradise.
Criticó que “estas personas no tienen facha de constructores, azulejeros, albañiles ni electricistas”, y señaló que es una argucia de la inmobiliaria y de Banca Cremi para quitar definitivamente a los colonos que mantienen su protesta en el campamento.
Hernández Quiroz informó que hay un contrato de fideicomiso entre la inmobiliaria María Luisa y Banca Cremi, y cuando ganaron el juicio a 25 familias, el año pasado, Banca Cremi S.A. promovió el desalojo, pero indicó que debe ser por parte de Banca Cremi, Sociedad Nacional de Crédito y los inversionistas “ya se dieron cuenta de su error”.
Dijo que también se logró asignar un gravámen a los terrenos, a fin de que los interesados estén advertidos de que tendrán que asumir las responsabilidades del veredicto del juicio entre los inversionistas y los colonos, pues falta todavía que unas 36 familias sean vencidas en juicio.