Juan Luis Altamirano
Ciudad de México
La organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación considera que en el caso de desaparición y feminicidio de la doctora Adela Rivas Obé ocurrido en 2016, se han dado violaciones graves incluso actos de corrupción.
En entrevista con El Sur, la investigadora de Fundar Natalia Pérez Cordero indicó que esta organización brinda asesoría con enfoque de derechos humanos a la familia de Adela Rivas, pero que no es representante directa del proceso penal, pero se han encontrado violaciones graves.
“Y dado que justamente hemos encontrado en el caso estos vínculos entre violaciones graves que se cometen, como desaparición forzada, feminicidio, vinculadas también a actos y casos de corrupción, en una entidad pública. Entonces, desde esa perspectiva, y desde ese enfoque es que estamos brindando una asesoría al caso de la familia de la doctora”, comentó.
La doctora médica cirujana Adela Rivas Obé era directora de Microzona del IMSS en la Costa Grande de Guerrero, que abarca clínicas de Petatlán, Papanoa, La Unión y Petacalco. Fue desaparecida el 22 de septiembre de 2016, después de que estuvo en una reunión de trabajo en la clínica 8 de esa institución en Zihuatanejo. Veinte días después, el 11 de octubre, su cuerpo apareció sin vida en un predio cerca de la playa Majahua en ese municipio. Desde el siguiente día tras su desaparición, la familia dio a conocer que la doctora Adela Rivas, por orden de sus superiores en el IMSS, estaba investigando el desabasto de medicamentos en la farmacia de la clínica de Petacalco.
El 23 de octubre, la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo al encargado de la farmacia de Petacalco, Edgar Arturo Cuéllar Bravo, como responsable del crimen, y el 5 de octubre de 2018 fue condenado a 38 años de prisión por homicidio calificado.
En el expediente de la causa penal constan pruebas del robo de medicinas, que fue el motivo de la desaparición y asesinato de la doctora, pues presuntamente se buscaba ocultar ese delito contra la institución. Pero el IMSS nunca denunció el robo ante las instancias de procuración de justicia, y todos estos años ha seguido la impunidad.
La petición de que Fundar se uniera al caso fue de la misma familia, pero la representación legal está a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que anteriormente tuvo críticas por parte de la familia en cómo llevaban el proceso, pero que se ha hecho el cambio de representante.
Desde principios de 2023, la familia de la doctora ha pedido en diversas instancias que el crimen –que sólo se investigó como homicidio calificado– se investigue también como feminicidio, desaparición forzada, tortura y robo de medicinas al IMSS.
En la entrevista por zoom, la investigadora de Fundar, explicó:
“Y es cierto que (la familia) sí ha tenido malas experiencias, particularmente con algunos asesores jurídicos, pero también ha tenido buenas experiencias con otros. Entonces, afortunadamente ahora ya se logró el cambio de un asesor jurídico que tenían a una nueva asesora y también en esta confianza de que hay personal que hace bien su trabajo”, expuso.
Natalia Pérez Cordero mencionó que el caso ya tiene un avance en materia jurídica, pero que cuando se emitió la condena contra el autor material del feminicidio, Edgar Arturo Cuéllar, sentenciado por homicidio calificado, no se clasificó como grave por los criterios en materia de derechos humanos, además que no fue un caso entre particulares, sino que fue para ocultar un acto de corrupción que implicaba robo de medicamentos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
“Entonces, dado que precisamente esta sentencia condenatoria no cumple con todos los criterios en materia de derechos humanos, ni permite develar la verdad en torno a lo que hubo detrás o cuál fue el origen o lo que motivó finalmente el feminicidio es que la familia decide iniciar una nueva investigación por el delito de desaparición forzada”, explicó.
Durante la semana, se sostuvo una reunión con las instancias encargadas del caso para dos puntos del mismo, uno relacionado con el proceso contra el responsable y el otro sobre la investigación solicitada por la familia de la doctora al IMSS por el robo de medicamentos, que fue el móvil del crimen, como lo indican pruebas contenidas en el expediente que abrió la Fiscalía General del Estado.
Añadió que el IMSS que dirige Zoe Robledo se encuentra obligado a realizar la investigación del robo de medicamentos, que puede ayudar a la investigación sobre el delito de desaparición forzada, pero existe la posibilidad de que prescriba el delito por el tiempo, pero en caso de que no exista voluntad del Instituto, se recurriría a otras instancias.
“Dijeron que iban a verificar la posibilidad de sí abrir una investigación formal, pero en caso de que no sea posible, hay otras instancias que se pueden agotar en ánimo de que se reconozca, de que haya una reparación integral del daño y que se reconozca que esto no fue un hecho aislado, una cuestión de un pleito entre particulares, sino que tiene todo un antecedente también de encubrir otro delito que también es un delito grave”, explicó.