La acusan de estar en contubernio con su demandante

Se disputan 800 metros lineales de zona federal en Plan de los Amates

Raquel Santiago Maganda Restauranteros de 38 negocios que integran la playa La Gloria, en el Ejido de Plan de los Amates, exigieron la destitución de la Juez Cuarto Penal de Primera Instancia, Leonor Arroyo Mojica, al acusarla de estar en contubernio con Humberto Torices García, para despojarla de 800 metros lineales de zona federal, aunque ninguno de los inconformes tiene todavía sus concesiones de uso de suelo federal.

Los restauranteros dieron a conocer públicamente su inconformidad por medio de una conferencia de prensa, y aseguraron que Leonor Arroyo Mojica –jueza que liberó órdenes de aprehensión en contra de los prestadores de servicios turísticos– es un ejemplo de que “la justicia se vende al mejor postor ”, en este caso, por quien se dice dueño y despojado, José Guadalupe Chávez.

Sin embargo, el asesor jurídico de los restauranteros, Benjamín Gallardo Carmona, calificó a quien interpuso la denuncia de despojo el 7 de marzo de 2002, José Guadalupe Chávez, de “prestanombres” de Humberto Torices García.

En un boletín, los restauranteros mencionan que Torices García los ha amenazado y especulan que tiene nexos con “la delincuencia organizada”.

El terreno en conflicto se ubica a un lado del hotel Mar Paraíso Queen. Una de las restauranteras, María del Socorro Pedraza Díaz, aseguró que el predio federal les pertenece porque están regularizados con el pago de los impuestos municipales y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conceptos de licencias de funcionamiento, uso de goce y disfrute de la zona federal, delimitación de zona federal, teléfono y energía eléctrica desde 1980, y para esto mostraron algunos recibos.

Pedraza Díaz mencionó que “la justicia gatea” y dijo sentirse defraudada por esto, atribuyó la disputa del terreno al alto valor adquisitivo que representa la zona federal, y recordó que hace 40 años el sitio era un potrero que no tenía mayor valor.

Reiteró que ahora existe un “cambio de poder para joder al pobre”, porque “el litoral se vende al mejor postor, la mayoría políticos y personas voraces”, y aseguró que la pretensión de desalojarlos también es con esa intención.

El también asesor jurídico de los restauranteros, Rubén de Jesús Suástegui, explicó que Playa La Gloria existe desde hace 40 años y que los 38 restaurantes están en 800 metros lineales de la zona federal.

El abogado comentó que Chávez García, quien se dice dueño del terreno de la zona federal, interpuso una denuncia el 7 de junio ante la Oficialía de Partes del Ministerio Público de la Quinta Agencia, que fue ratificada diez meses después.

La juez dio origen a la causa penal 142-1/2002 y negó la orden de aprehensión con fecha 22 de agosto de 2002, pero el 22 de marzo de 2004, reconsideró la causa penal y liberó la orden de aprehensión y se detuvo a los restauranteros Abelina Arellano Lauro y Leonel Gómez Loeza. Por esta situación, el resto de los implicados se amparó.

Los inconformes esperan que el proceso legal esté apegado a la justicia, y reiteraron la solicitud de destitución de la juez para asegurar la imparcialidad en este caso, mencionaron.