Confirma la Profepa que la Conanp se fue de Guerrero; no hay quien aplique los programas

La delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Marisela Ruiz Massieu confirmó que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) desmanteló sus oficinas en Guerrero, por lo que no hay quien aplique los programas destinados a la conservación de dos Áreas Naturales Protegidas (ANP), un parque y un santuario.
Dijo que el Ejército mantendrá vigilancia en el Parque Nacional El Veladero de Acapulco, hasta que la Conanp restituya a los encargados de vigilar esa ANP, pues carece de un encargado desde el 2 de enero pasado, cuando el encargado y guarda del parque, Jorge Flores y Walfre Gaytán, fueron enviados a la regional en Cuernavaca.
“Estoy hablando con el comisionado nacional para explicarle la necesidad de que haya gente en El Veladero, pero que no retire al personal de la Conanp en el estado”, declaró a reporteros brevemente, al concluir la presentación de resultados de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), ayer en el salón Dolores Olmedo del Centro de Convenciones Acapulco.
Indicó que la Conanp se mantiene sólo en la Costa Chica, desde San Marcos hasta Chiapas, no obstante que “falta mucho por hacer. Estamos tratando de hacer cosas con la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional)”.
Se le preguntó si la Policía Ecológica de Guerrero tenía alguna participación en la vigilancia y respondió que, “son pocos en el estado. Hay un grupo Misión Ambiental de la Gendarmería; se ha capacitado a 147 y se debe capacitar a 500; sin embargo, no es suficiente para las necesidades en materia ambiental, sobre todo para los delitos más recurrentes”.
Del exhorto de la Profepa a los gobiernos de Acapulco y de Guerrero para el rescate y saneamiento de la laguna Negra de Puerto Marqués hace dos años, que tiene en custodia el gobierno estatal desde 1988, comentó que, “íbamos a tener una reunión, pero por la agenda de la secretaria (del Medio Ambiente de Guerrero, Semaren, Karen Castrejón Trujillo), se pospuso y espero que sea esta semana”.

 

La falta de la Manifestación de Impacto Ambiental es la primera causa de clausura de obras en el estado

La falta de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) expedida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) es el principal motivo de las clausuras que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), aplicadas a obras, tanto de la iniciativa privada como del gobierno federal.
Incluso, permanece clausurada la remodelación que el gobierno estatal pasado anunció en La Quebrada, que forma parte de los “compromisos presidenciales”, porque las gradas que se pretendían construir en los riscos carecían de MIA.
En lo que va del año, la dependencia federal ha clausurado más de 30 obras, 21 de ellas son trabajos de empresas contratadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para la reconstrucción de viviendas para los damnificados.
El 19 de mayo, El Sur publicó que la delegada de la Profepa, Marisela Ruiz Massieu informó que esa dependencia clausuró 21 trabajos en 20 municipios, y que son viviendas para los damnificados de la tormenta Manuel.
El 4 de mayo pasado, la Profepa clausuró el proyecto habitacional del San Agustín Barrio III, en Acapulco, porque carecía de la autorización de cambio de uso de suelo.
Al respecto la funcionaria dijo que, debido que no se tramitó la MIA, las constructoras deben presentar un documento de operaciones, pues las casas deben ser construidas.
El 23, 25 y 26 de mayo pasados, en estas mismas páginas se informó de tres clausuras más, pero de obras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); primero, un tramo de la carretera Petatlán-Piedra de Veliano-El Camalote, obra a cargo de la SCT y de la empresa constructora JECAMZA SA de CV, por no contar con la MIA; la segunda clausura fue de otro tramo carretero, también de la SCT, en el municipio de Zihuatanejo y a cargo de la empresa ZISSA SA de CV.
La más reciente clausura fue de la construcción del condominio Península, en la zona hotelera de Ixtapa, porque incumplió con las condicionantes de la MIA, entre las que se destacó que se debían construir sólo 14 niveles y se habían edificado 17; la Dirección de Desarrollo Urbano de Zihuatanejo ya habían clausurado la misma construcción por no contar con la autorización del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur).

No hay sustento legal para prohibir que los turistas acampen en las playas, dice la Profepa

La delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Marisela Ruiz Massieu dijo que la Promotora y Administradora de Playas carece de “peso jurídico” para solicitar en destino a la federación los tramos de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) y que ocupa para su mobiliario en playas de Acapulco y Zihuatanejo.
Puntualizó que el gobierno estatal debe realizar la solicitud, por lo que el Organismo Público Descentralizado (OPD) que depende de la Secretaría de Turismo (Sectur) tendrá que seguir pagando los permisos transitorios por uso y goce de zona federal.
Además, ante el anuncio que hizo el Ayuntamiento de que no permitirá que los turistas acampen en las playas dijo que no hay sustento legal para esa prohibición.
En declaraciones al concluir el arranque del “Operativo de Seguridad Semana Santa 2016”, la funcionaria federal comentó que mantiene abiertos “algunos procedimientos administrativos” contra la Promotora de Playas por la ocupación en playa, aunque no proporcionó detalles.
“Hay algunos procedimientos, denuncias importantes que se han estado platicando pero que de inmediato no hay solución, pues debieron equiparla (a la Promotora) con mobiliario digno en lo que se deciden las soluciones”, expresó la funcionaria federal.
Comentó que el OPD interpuesto recursos de revisión y de ahí que todavía se tengan abiertos procedimientos; no obstante advirtió que la conclusión de las solicitudes “no tienen un buen futuro”, por lo que tendrá que pagar el uso de la zona federal si quieren seguir ocupándola con el mobiliario.
“La Promotora no tiene la capacidad legal para pedir (la playa) en destino porque casi todos tienen concesionarios. El gobierno del estado tendría la capacidad, pero no el OPD que es la Promotora de Playas”, expuso.
Ante el anuncio que hizo el Ayuntamiento de que mantendrá el impedimento de acampar en la playa, Ruiz Massieu advirtió que no existe tal prohibición.
“El municipio no puede implementar nada porque no le compete, no está prohibido acampar, no se tiene un sustento legal. He sugerido que en todo caso se destinen playas con los servicios, aunque para esta temporada no ha sido posible”, argumentó.
Anotó que al ser un deporte, el campismo representa una posibilidad de disfrute de la playa de la gente económicamente más débil. Consideró injusto que no se permita acampar a los turistas que cada año llegan a playas como Hornos, Tamarindos y Dominguillo, por lo que sugirió “cuidarlos y dejar que acampen”.
Informó que como en cada periodo vacacional, la Profepa implementa el Operativo Anual Playa en Regla y que este año comenzará hoy y concluirá el próximo 3 de mayo con la participación de 108 personas en la entidad.
Detalló que las playas Caleta y La Roqueta son las que representan la mayor problemática por la alta afluencia de visitantes que con los prestadores de servicios turísticos invaden accesos y no permiten el libre tránsito.
Añadió que en la playa de la zona Diamante el problema son los caballos y las cuatrimotos, “no sólo las que poseen los cooperativistas, sino la de los turistas adinerados que circulan en la playa con cuatro alrededor que los cuidan”.
Maricela Ruiz confirmó que restos de una ballena lo que condóminos de playa Revolcadero reportaron la semana pasada, los cuales fueron enterrados con la ayuda de un trascabo en un terreno baldío de la zona por inspectores de esa dependencia y marinos.
Como lo informó El Sur en su edición del 10 de marzo, el mar arrastró a la playa Revolcadero un trozo de piel de una ballena frente al condominio Las Olas, en la zona Diamante del puerto, donde inspectores de la Profepa confirmaron que se trataba de la piel de un cetáceo que murió en altamar hace tiempo y que con los procesos naturales de descomposición, el oleaje lo depositó frente a la zona de condominios del puerto.