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A 25 años de El Charco, pide el obispo Vera que López Obrador no mantenga la impunidad

Pobladores de El Charco, integrantes de la Red Solidaria De?cada Contra la Impunidad, organizaciones sociales marchan a 25 an?os de la masacre Foto: Lenin Ocampo Torres

Maribel Gutiérrez

El Charco, Ayutla de los Libres

Hace 25 años, 10 indígenas na savi y un estudiante universitario fueron asesinados por efectivos del Ejército, en la escuela primaria bilingüe de esta comunidad, y ayer, por la masacre, exigieron justicia el obispo emérito Raúl Vera López, el sobreviviente de la masacre Efrén Cortés Chávez, representantes del municipio indígena Ñu Savi que está en proceso de constitución y del gobierno municipal por usos y costumbres de Ayutla, así como dirigentes políticos de izquierda.
El obispo ofició una misa en medio de la cancha de la escuela, frente a las aulas, donde fueron acribillados los indígenas y el joven estudiante Ricardo Zavala Tapia, y con énfasis de manera reiterada llamó a los militares “asesinos”, “asesinos con grado militar”, que merecen castigo.

Nin?as se esconden de la foto en un aula de la primaria Caritino Maldonado de la comunidad de El Charco, donde fueron masacrados 10 indi?genas y un estudiante por el Eje?rcito. A la derecha mujeres escuchan la misa del obispo eme?rito, Rau?l Vera Lo?pez, que ofició en la cancha de la comunidad Foto: Lenin Ocampo Torres

Ahí dirigió un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador: “No tiene por qué el actual jefe del Ejecutivo seguir manteniendo en la impunidad ese asesinato vil”. Y de seguir así, “cada día que pase va contra usted”, “automáticamente usted se está haciendo cómplice del entonces jefe máximo del Ejército, que era Ernesto Zedillo”.
El obispo emérito viajó a esta tierra del sur, y desde Acapulco en una caravana que subió a la montaña de Ayutla, por una polvorienta carretera en parte de terracería, para pensar en los 10 indígenas y el joven estudiante ejecutados, y en los 27 sobrevivientes que hace 25 años fueron detenidos y torturados y cinco de ellos heridos, y en particular mencionó a Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez, que sufrieron tortura y estuvieron cuatro años en prisión. El segundo mensaje fue de aliento a las comunidades de esta región que después de 25 años siguen luchando por la justicia.
El tercer mensaje a las comunidades y a las víctimas es que sigan unidas, que nadie las divida por dinero que les dé el gobierno, que estén juntas en su lucha. Se refirió a las viudas de los campesinos ejecutados y a la mayoría de los sobrevivientes que por separado, en la cabecera municipal de Ayutla, participaron en una manifestación también para exigir justicia en esta fecha.
En su cuarto mensaje elogió el esfuerzo del pueblo na savi, que está constituyendo su nuevo municipio indígena, llamado Ñu Savi, formado por las comunidades antes llamadas mixtecas del municipio de Ayutla, y lo llamó a tener fortaleza.
Cuando llegó a El Charco, el obispo Vera, de 77 años, vestido de sotana blanca que usan los sacerdotes dominicos, caminó al frente de un contingente de poco más de 100 personas, al lado de mujeres na savi de la región con sus faldas de colores brillantes, que sostenían una manta con las frases: “Masacre de El Charco. 25 años de lucha por la justicia y contra la impunidad”.
Marcharon también hombres indígenas de la región, y visitantes, líderes políticos de izquierda, que después de la misa oficiada por el obispo participaron en colectivo en la colocación de una ofrenda de flores y veladoras dentro de uno de los salones de clases de la escuela primaria Caritino Maldonado donde hace 25 años se encontraban representantes indígenas de la región y miembros de una columna guerrillera del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), que fueron atacados por tropas del Ejército. Adentro, los salones están pintados por murales alusivos a la masacre cometida en este lugar, del pintor indígena Nicolás de Jesús.
Ahí se encuentra una cruz de piedra con los nombres de los masacrados: Fernando Félix, Zeferino Damián, Manuel Francisco, Fiden-cio Morales, Apolonio Jiménez, Honorio García, Mauro González, Mario García, Daniel Crisóforo, José Rivera y Ricardo Zavala.
Entre los asistentes, a quienes Efrén Cortés llamó “liderazgos estatales” estuvieron el ex rector y nuevamente rector electo de la UAG Javier Saldaña, y los luchadores sociales y políticos Higinio Torres, Antonio Pérez, René Lobato, Javier Vázquez, Javier Manzano, Florentina Rosario y el subsecretario de Gobierno Óscar Chávez.
La secretaria ejecutiva de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, Magdalena López Paulino, pidió en el mitin que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –que en diciembre de 2018 admitió la petición de investigar el caso– rinda el informe de fondo, con el que se espera que la investigación se turne a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que sean juzgadas las violaciones a los derechos humanos y se emita sentencia.
Desde el día de la masacre la escuela bilingüe no volvió a ocuparse para la enseñanza, se reservó, para guardar la memoria de los caídos, sin ocultar los cientos de balazos, y se construyó otra primaria cerca de ese lugar. En frente sigue el aula donde estudian los niños de kínder, y en los alrededores existe ahora un albergue para alumnos que vienen de otros pueblos, un centro de salud con nuevo edificio este año, la comisaría y una telesecundaria. Sin embargo, la población se ha reducido, hace 25 años se contaban unos 300 y ahora son 146, algunos emigraron tras la masacre y otros se fueron en los siguientes años a las ciudades, principalmente por falta de empleo en El Charco.

Una luz desde Guerrero para seguir luchando

El obispo Raúl Vera rezó para que esta comunidad siga luchando por su dignidad, y le agradeció porque “es una luz desde acá del estado de Guerrero para todo nuestro país y más allá, donde se conozca este vil asesinato colectivo cometido por miembros del Ejército mexicano”.
Llamó a los asistentes a seguir trabajando para que en México exista verdaderamente la justicia, y existan verdaderos gobernantes que tienen la obligación desde su quehacer político de garantizar a los ciudadanos el derecho y la justicia.
Dijo que “lo que vinieron a hacer aquí miembros del Ejército mexicano es una injusticia gravísima”, cometida por quienes reciben la encomienda de defender y proteger a la población, pero lo que hicieron fue venir a matar.
Vera López, que conoce a fondo el caso, y como presidente honorario de la organización no gubernamental Red Solida-ria Década contra la Impunidad presentó la petición a la CIDH con sede en Washington de investigar el caso, explicó que los indígenas y sus atacados por soldados del Ejército en la escuela, habían participado en una asamblea para analizar proyectos para mejorar sus condiciones de vida.
Dijo que López Obrador, es sucesor de Ernesto Zedillo, que garantizó a los militares impunidad.
Manifestó que esa masacre, las injusticias cometidas, no pueden seguir impunes, y “que lo sepa el actual jefe máximo del Ejército, eso no puede seguir impune señor presidente, cada día que pase ya va contra usted, automáticamente usted se está haciendo cómplice, del entonces jefe máximo del Ejército, que entonces era Ernesto Zedillo. Entiéndalo”.

Los indígenas reunidos en la escuela ya buscaban formar un nuevo municipio

El obispo Vera, el sobreviviente Efrén Cortés, representantes municipales de Ayutla y Ñu Savi, y los visitantes hablaron de uno de los objetivos de la asamblea que se llevó a cabo hace 25 años en esta escuela.

Fue formar un nuevo municipio indígena Ñu Savi, para tener su propio gobierno que se encargara de mejorar la vida de los indígenas de esta región. Ahora, después de seguir el procedimiento legal en el Congreso del Estado, está muy cerca la constitución del nuevo municipio Ñu Savi, que tendrá cabecera en Coapinola.
“Que este municipio sea el comienzo de una nueva vida, en donde todos piensen en todos, y tengan una vida digna a la que tienen derecho al mismo trato digno”, dijo el obispo.
Efrén Cortés recordó que en la reunión hace 25 años se buscaba formar un municipio indígena, para tener una sociedad más justa, y atender la educación, la salud, las carreteras, la producción que los pueblos de la región necesitan.
En el mitin después de la ceremonia religiosa, el secretario del Comité de Gestión del nuevo municipio, Melquiades Gregorio Porfirio, recordó que hace 25 años, se reunieron representantes de las comunidades, comisarios y líderes, y uno de los tantos anhelos que tenían era el nuevo municipio”.
Manifestó que ahora “las condiciones siguen siendo las mismas, los niños siguen sin recibir una educación de calidad, los caminos siguen igual, los pocos que logramos salir (a estudiar) es por esfuerzo propio, el sistema nos enseña que tenemos que ser individualistas, la educación nos enseña eso, cuando en los pueblos originarios no se trabaja de manera individual, se trabaja en colectivo, y por eso hace 25 años muchos líderes se reunieron para plantear, soñar con un nuevo municipio que permitiera mejorar la calidad de vida, mataron a muchos líderes naturales, mataron a muchos hermanos nuestros, pero afortunadamente hay personas que tenemos memoria y vamos a lograr que más niños en la región recuerden y exijan justicia por los compañeros que han caído, estaremos aquí para que se logren los sueños que ellos tenían y por los que han caído”.
Reflexionó: “Se ha logrado avanzar para tener un nuevo municipio, pero ese municipio no vale la pena si nada más es de nombre”, y planteó “lo que necesitamos es tener una educación de calidad, no importa ser un profesional y no estar al servicio del pueblo”.
También integrante del Comité de Gestión, Donaciano Morales Porfirio, expuso: “Hace 25 años cuando se encontraban campesinos reuniéndose para impulsar el desarrollo, entre esos proyectos estaba tener un gobierno propio y además había la idea de crear nuestro propio municipio, que ahora tiene avance 98 o 99 por ciento en el Congreso”.
Entre los personajes asistentes, el rector electo de la UAG, Javier Saldaña Almazán –que trajo una ofrenda de flores blancas en honor a los 11 asesinados– recibió peticiones de ayuda.
Efrén Cortés planteó hacer en la escuela de El Charco un memorial o un museo para exponer esta historia, y Saldaña respondió que está abierto a la propuesta, cuando asuma nuevamente su función de rector y lo podrá plantear en el Consejo Universitario.
También se planteó que la UAG contribuya a elaborar un Plan de Desarrollo para el nuevo municipio Ñu Savi.

Se ensañaron con José Rivera en El Charco; iba destrozado a balazos, dice su esposa

La presidenta del Comité de las Viudas del Charco, Eustolia Castro Ramírez, en su participación en el mitin político que realizaran en la Plaza de la Paz en el municipio de Ayutla, para exigir justicia a 25 años de que efectivos del Ejército masacraran a 10 indígenas y un estudiante, en la localidad de El Charco, Ayutla Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

De los 10 indígenas masacrados por militares el 7 de junio en El Charco, municipio de Ayutla, se ensañaron con José Rivera Morales, relató a su viuda Eustolia Castro Morales, dijo que cuando le entregaron el cuerpo tenía el rostro, las piernas y brazos destrozados a balazos. También, como todas las víctimas, tenía el tiro de gracia en la frente.
Eustolia tenía 18 años y José 22. Llevaban apenas nueve meses de vivir juntos en la comunidad de La Palma y en esos días planeaban casarse porque ella estaba embarazada.
El 7 de junio Eustolia se levantó temprano porque tenía planeado subir a El Charco debido a que era la encargada de ayudar con los primeros auxilios a los enfermos de las comunidades de la zona, y ese día le tocaba esa comunidad.
Eustolia había recibido un curso-taller de primeros auxilios porque entonces en las localidades no había médicos, centros de salud, mucho menos medicamentos.
Ayer platicó al reportero que ese 7 de junio de 1998 cuando todavía no sabía de la masacre iba a subir primero a El Charco y después a otras comunidades para ver si había gente enferma y apoyarlos en la aplicación de suero, inyecciones o recomendarles algún tratamiento, de acuerdo a sus conocimientos que había aprendido en el urso-taller.
Sin embargo, muy temprano le avisaron que había habido un “enfrentamiento” y se asustó porque José, su pareja, estaba desde un día antes en El Charco debido a que se integraría una comisión de gestores sociales para demandar obras en las comunidades, relató la indígena.
Dijo que de todos modos decidió subir acompañada de una sobrina, pero no pudo porque estaba cerrado el paso. Los militares les exigieron que se regresaran, “aquí no tiene nada que hacer”, oyó que le gritó un militar desde atrás de un tráiler que estaba atravesado en la brecha para no dejar pasar a nadie.
“Entonces yo estaba embarazada y no pude hacer mucho y nos tuvimos que regresar”, declaró, rodeada del resto de las viudas que este miércoles bajaron a Ayutla para participar en una marcha y mitin para exigir justicia, castigo a los responsables del asesinato de sus maridos y reparación del daño.
“Durante todo el día (del 7 de junio) me quedé esperando a ver si aparecía mi esposo, lastimosamente nunca apareció, nunca llegó”.
Contó que en los días que siguieron volvió a intentar subir a El Charco para preguntar y buscar a su pareja pero tampoco pudo debido a que los militares no se retiraron luego, “se mantuvieron varios días en el lugar de la masacre”.
A los nueve días le dijeron por medio del síndico de Ayutla que fuera a reclamar su cuerpo a la funeraria Manzanares de Acapulco.
Según Eustolia no fue fácil su localización e identificación.
La búsqueda se realizó a través del síndico municipal, quien le dijo que revisó varias veces los cuerpos y no pudo identificarlo a pesar de que lo conocía perfectamente por su labor de gestor social, y eran frecuentes sus visitas al Ayuntamiento.
“Tardó en reconocerlo porque estaba desfigurado de la cara, tenía un tiro de gracia, a todos los que mataron tenían su tiro de gracia”.
Sin embargo, dijo que con su marido se ensañaron porque además del rostro tenía destrozadas a balazos las piernas y sus brazos, “y cuando yo quise levantarlo el día que lo íbamos a enterrar su cabeza estaba batida, ya casi no tenía ni huesos”.
Dedujo que fue así porque José Rivera Morales era un gestor social de las comunidades y ese 7 de junio iban a integrar en El Charco una comisión de gestoría, “por las obras que no llegaban a las comunidades, en ese tiempo las comunidades nunca recibían nada de las autoridades, por eso era la intención de que hubiera una comisión de representantes de las comunidades para que se dedicara a buscar a las autoridades y se hicieran las obras que estaban demandando”.
Eustolia indicó que después de la masacre supieron que a cuatro de los 10 indígenas “los vistieron de guerrilleros” y que lo supo porque su pareja fue uno de ellos.
Dijo que cuando fue a reclamar el cuerpo, en la funeraria Manzanares de Acapulco le dijeron que estaba vestido de guerrillero, pero aseguró que la mañana que lo mataron llevaba puesta una playera azul y su pantalón crema.
De acuerdo con la viuda, los militares no se conformaron con ejecutarlos, sino que los criminalizaron después de muertos.
Eustolia Castro compartió su testimonio rodeada de Margarita Joaquina Castro Morales, viuda de Mario Chávez García; Catalina Leobardo Aurelia, viuda de Fernando Félix Guadalupe; Marcela Petra Cayetano, viuda de Manuel Francisco Prisciliano; Juana Morales Guadalupe, viuda de Mario García Morales; Marcelina Castro Ramírez, viuda de José Apolonio García y María Guadalupe Julia, hermana de Zeferino Damián Marcos.