Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), Abel Barrera Hernández, contradijo la aseveración del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que no hay militarización en el país y que el Ejército “es pueblo”.
Aseguró que “hay una suplantación muy clara y muy contundente de la seguridad ciudadana y estamos copados por militares y por marinos tanto en los espacios que le corresponde a la seguridad pública, como en las labores de obras y del sector salud”.
Durante su discurso en el Zócalo de la Ciudad de México, por los tres años de su gobierno, el presidente López Obrador rechazó que haya militarización y, por el contrario, agradeció el respaldo a las Fuerzas Armadas y aseguró que “el vasto esfuerzo para la paz” se ha dado “sin violaciones a derechos humanos, sin el involucramiento de fuerzas federales en masacres, sin cometer torturas, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y que ya no aplica el mátalos en caliente”.
Consultado al respecto, Barrera Hernández dijo que con esto “es obvio que la perspectiva de la seguridad ciudadana y los derechos humanos quedan en segundo plano”.
Reprochó que no se respeta y se pasa por alto la recomendación de la ONU en el sentido de que la seguridad pública debe quedar en manos de autoridades civiles, porque se supone que la perspectiva de los derechos humanos y el respeto a la dignidad humana en un régimen democrático tiene que garantizarse por parte de autoridades civiles y por policías profesionalizados”.
Denunció que la participación del Ejército es “excesiva y temeraria” porque tiene un comportamiento castrense con el uso de las armas y de fuerza.
Refutó que aunque no haya una orden expresa de reprimir al pueblo, “su esencia es ver al ciudadano como a un enemigo, como alguien con quien no establece una relación de respeto, sino de confrontación, de hacer valer la ley con el uso de las armas”.
Para el defensor de derechos humanos eso es sumamente peligroso porque se están debilitando en vez de fortalecer a las corporaciones policiales locales y estatales y se le está apostando a que sea el Ejército el que se encargue de todos los problemas de seguridad que existen en el país, “cuando sabemos que no lo va a poder cubrir ni lo va a resolver”.
Añadió que con esto se manda una mala señala a los gobiernos locales y estatales de que todo depende del Ejército y que la seguridad queda en manos de ellos “cuando sabemos que el trabajo de seguridad no solamente tiene que ver con las armas, sino con otro tipo de participación de los ciudadanos”.
Dijo que los ciudadanos tienen un diagnóstico del problema de seguridad y de violencia que hay en sus regiones y saben que muchos de los que están involucrados tienen que ver con actores estatales.
“Entonces, el problema es que hay un colapso de las instituciones de seguridad y que quiere suplantarla el Ejército, pero eso es una salida falsa porque se va a querer utilizar un instituto castrense que no está preparado para establecer un trabajo civil con los ciudadanos, sino más bien tener una solución más de fuerza”.
Añadió que indudablemente con esto se va a seguir incrementando la violación a los derechos humanos.
Añadió que en Guerrero la sociedad ha reclamado, sobre todo los familiares y sobrevivientes de la guerra sucia, que haya justicia y se castigue a los responsables “y los responsables de esta guerra son elementos del Ejército”.
Agregó que mientras no se castigue a los responsables, colocar nueva mente al Ejército como un actor que va a establecer relaciones con la sociedad, “va a causar más problemas en lugar de solucionar el grave dilema de la inseguridad y la violencia en nuestro estado”.
Además, en Guerrero la presencia del Ejército no ha funcionado para resolver el problema de la violencia, “al contrario, los conflictos graves como los agrarios donde se requiere una fuerza de contención para evitar que haya más acciones armadas entre los grupos en pugna, como en la Montaña y zona Norte, no ha habido la intervención para disuadir o replegarlos”.
Expuso que también los conflictos que se han dado entre comunidades y grupos de la delincuencia como en Chilapa, tanto el Ejército como la Guardia Nacional no responden a los requerimientos que están planteando las comunidades que requieren la presencia para contener las incursiones armadas.
“Donde hay presencia de delincuencia organizada como que el repliegue de la Guardia Nacional es visible y eso hace que la población tenga sus dudas sobre el compromiso que va a tener realmente en zonas de conflicto, tanto agrarios o por presencia de grupos de la delincuencia y control del territorio de bosques”.
Denunció que en existen regiones convulsas como la Montaña baja –Chilapa y Hueycantenan-go–, así como en Chichihualco, Coyuca de Catalán, San Miguel Totolapan, en los Pueblos del Alto Balsas de Tepecoacuilco y en Zihuatanejo, donde hay desplazamientos forzados y en cambio la presencia de la Guardia Nacional ha dejado mucho que desear a la población porque su única actuación es dar un patrullaje, un recorrido y dejar nuevamente la situación como está”.
Se quejó que en todos estos lugares tanto el Ejército como la Guardia Nacional no atienden los problemas que requieren los pueblos.
“No ha habido un cambio que la gente perciba que hay mayor seguridad, más tranquilidad y menos violencia, siguen los feminicidios y homicidios, Acapulco es un ejemplo claro de la crisis que se está dando y de la falta de una estrategia de seguridad ciudadana”.
Dijo que en este gobierno se ha querido justificar que se protege al pueblo y que el Ejército emerge del pueblo, pero que tiene “un mandato muy preciso que es preservar la seguridad nacional”.
Barrera Hernández explicó que, mientras tanto, “lo que estamos viendo es una crisis de seguridad muy fuerte” y que a pesar de que no se le ha apostado al uso de la fuerza por parte del Ejército, “vemos que cada día hay más actores armados en territorios donde se están disputando plazas, trasiego de droga y lamentablemente la Guardia Nacional y el Ejército no están centrados en proteger a la ciudadanía, sino a las instituciones y a instalaciones del Estado”.