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Hay una estrategia de descalificación a su movimiento, denuncian padres de los 43

 

Con la exigencia de que se cumpla el acuerdo firmado entre el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Estado mexicano, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se pronunciaron contra la estrategia de “descalificación a las víctimas, a sus representantes legales y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, impulsada por algunos “medios de comunicación oficiales y al servicio de la autoridad”.
En el décimo tercer mes de los ataques de las fuerzas de seguridad contra los normalistas en Iguala, Guerrero, algunos familiares de los desaparecidos y estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa se manifestaron en el Hemiciclo a Juárez, antes de una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.
En consulta con reporteros, Melitón Ortega, vocero de los padres de los 43 normalistas, señaló que entre los puntos de urgente implementación de los acuerdos firmados en Washington la semana pasada, resalta la canalización del expediente a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Lo más importante es que se garantice la creación de la unidad especializada (dentro de la Subprocuraduría de Derechos Humanos) para que tomen en cuenta las líneas de investigación propuestas por el GIEI, porque la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) ha estado trabajando en contra del informe del equipo de expertos. No podemos mantener en manos de ellos el expediente”, destacó Ortega.
El abogado, quien también representa a familiares de los tres estudiantes ejecutados hace un año, hizo una relatoría de los intentos del gobierno de Enrique Peña Nieto por “convertirnos en cenizas” al imponer la “verdad histórica” y desplegar “una campaña feroz contra la Normal y los padres de familia”.
Subrayó: “Los editoriales de periódicos, pantallas de televisión y cine, tribunas de legislaturas locales y federales, así como algunos especialistas y analistas públicos, vociferan contra las víctimas y contra el GIEI y su informe”.
Asimismo, resaltó que para desactivar el movimiento, las autoridades han inventado “divisiones inexistentes en la organización de los padres de familia de los 43 estudiantes”. También han recurrido a la criminalización de los normalistas asociándolos “con grupos delictivos” y a “cooptación de víctimas”.
Al censurar la negativa a investigar a autoridades municipales de Guerrero, Morelos y el Estado de México, “señalados de tener vínculos con la delincuencia organizada”, pero también de la desaparición de los jóvenes, el orador inscribió en la estrategia mediática de “estigmatización, mentiras y desprestigio” la producción de la película La Noche de Iguala, realizada por el periódico Excélsior y dirigida por Jorge Fernández Menéndez.
Para los padres de los normalistas, el filme “criminaliza a nuestros hijos hoy desaparecidos y ofende la memoria de los estudiantes asesinados”.
De igual manera, va en contra de las conclusiones del GIEI, donde se señala que el objetivo de los normalistas era participar en la manifestación del 2 de octubre en la ciudad de México, que estaban desarmados, que “no se trató de un enfrentamiento” y, sobre todo, que “no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada con base en testimonios, en el sentido de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula el 27 de septiembre de 2014”.
Ortega insistió que los hechos se enmarcan en un “crimen de Estado que debe de ser investigado y castigado”, y exigió la presentación de los estudiantes, castigo a los responsables materiales e intelectuales de los hechos, cese a la “criminalización, hostigamiento y descalificación en contra de los estudiantes de Ayotzinapa y padres de familia”; el cumplimiento del convenio de colaboración firmado en Washington, y el acatamiento de los recomendaciones del GIEI.
El abogado también urgió trasladar el expediente de la SEIDO a la Subprocuraduría de Derechos Humanos y crear la unidad especializada, que deberá contar con “la presencia del equipo de expertos hasta que concluya la investigación”.
Luego de señalar que se ha negado a sus representantes –abogados de los centros de derechos humanos Agustín Pro Juárez y Tlachinollan– el acceso al expediente después de la última detención de Gildardo López Astudillo, El Gil o El Cabo Gil, relacionado con la desaparición de los normalistas, insistió en la necesidad de que el GIEI verifiqué la legalidad de su declaración.
Melitón Ortega urgió a la PGR a implementar el acuerdo de colaboración, con la participación del GIEI, para que se abran las líneas de investigación señaladas y se localice a los jóvenes desaparecidos.

Niegan integrantes del Movimiento Kiosco que 13 jóvenes hayan abandonado el grupo

 

Los integrantes del Movimiento Kiosco afirmaron que ninguno de los 43 jóvenes que iniciaron la lucha para entrar a las licenciaturas del área de la salud de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) han abandonado el movimiento, el cual instaló un plantón indefinido el 20 de septiembre en La Diana Cazadora en la zona turística de Acapulco.
El sábado por la tarde, en una conferencia en el hotel Playa Suites, 13 estudiantes informaron que se retiraban de ese movimiento, y acusaron a la maestra Margarita Martínez García de exigirles cuotas semanales de 150 pesos, y 80 mil pesos para entrar a las carreras de la UAG.
Ayer, en conferencia de prensa en el plantón de los estudiantes, los padres de éstos manifestaron que no han entregado ni un peso a la maestra Martínez García, quien lidera el movimiento de estudiantes, y precisaron que son 43 los integrantes.
En declaraciones, la maestra afirmó que desde que nació el movimiento, hace unos cuatro años, jamás a pedido dinero a los jóvenes.
Los estudiantes afirman que el rector Javier Saldaña Almazán trata de debilitar su movimiento, pero dijeron que seguirán unidos y en la lucha.
El estudiante Juan Jesús Orta Pascual sostuvo que quienes dieron la conferencia el sábado no pertenecen a su movimiento. Dijo que esos jóvenes aparecieron sin sus playeras blancas con letras azules.
Otro de los rechazados de la UAG, Armando de Jesús Camacho, originario de Cuba Libre, Xalpatláhuac, exigió respeto al movimiento, porque dijo que sólo luchan por un espacio para estudiar, “la maestra jamás nos ha cobrado 80 mil pesos”, expresó.
El señor Francisco García, originario de Xochapa, Alcozauca, quien es papá de Lizbeth García Gálvez, aceptó que aportan una cooperación al movimiento para que sus hijos puedan comer en el plantón, pero que no es para la maestra. Hizo un llamado al rector Javier Saldaña Almazán, al gobernador Rogelio Ortega Martínez y al gobernador electo Héctor Astudillo Flores, para que atiendan sus demandas.
El señor Sócrates García de Tecoanapa, denunció que desde hace unas semanas jóvenes ajenos al movimiento vigilan el campamento. La estudiante Lizbeth García Gálvez abundó que los participantes en el plantón no pueden ir al baño porque tres jóvenes, que mostraron en una fotografía, los vigilan y acosan.
En redes sociales circuló un video la noche del sábado donde se escucha que una parte de los jóvenes del movimiento recrimina a los 13 que se desistieron de seguir en la lucha, sin en embargo, manifestaron que todo se trató de un “simulacro”. Precisaron que son 43 los rechazados que siguen firmes en su movimiento, sin embargo, en la conferencia de prensa del hotel Playa Suites se dijo que eran 35.

Movimiento en un retén policiaco y balazos en la Costera de los que nada se informa

Aurelio Peláez con información de lectores de El Sur

Once treinta de la noche: media docena de camionetas de la Policía Judicial del estado –así dice la leyenda en las puertas– y de la AFI, y unos 30 policías, interceptan una camioneta roja en la calzada Pie de la Cuesta, a la altura de la avenida Vicente Guerrero. Las luces delanteras de los vehículos y de las sirenas de algunas patrullas, alertan a los vecinos sobre un dispositivo de seguridad de gran magnitud, que pudiera adelantar la detención de un peligroso narco o, para quienes pasan en auto, de una nueva ejecución ligada a la narcoviolencia.

Por lo pronto, la movilización policiaca ya bloqueó un sentido de la calzada –del centro hacia Pie de la Cuesta. La camioneta roja queda encerrada entre los vehículos policiacos.

Los vecinos que están cerca ven que el conductor baja y es interrogado. Mientras se revisa el interior de la cabina, los tapetes. Se ven lámparas potentes mover su haz amarillo de arriba abajo. Los uniformados –de café, con chaleco blindado y armas de alto poder apuntando todas al mismo sitio– esperan tensos. Llegan más camionetas de la Policía.

Los que pasan en auto ven el operativo y buscan al nuevo ejecutado de la semana. No se ve a nadie tirado en el suelo, no se observan los cristales rotos por las balas de los cuernos de chivo, no llega la Cruz Roja. Sólo se observa a los policías rodeando a la camioneta roja y al conductor que tiene que mover su auto, porque ya le pitan otros automovilistas detrás.

Los vecinos, los de a pie, después de unos minutos, ven cómo los policías suben a sus camionetas, que la camioneta roja avanza con ellos, y quién sabe si adelante da la vuelta hacia otra dirección o se la llevan detenida, y sólo queda esperar al otro día para ver qué noticia dan los diarios.

Cuatro treinta de la mañana, viernes pasado. Dos balazos al aire interrumpen la tranquilidad de la avenida Costera. Se hacen desde un vehículo en movimiento que ni siquiera va a alta velocidad sino, digamos, a vuelta de rueda normal. Quienes viajan de regreso del trabajo a esa hora o andan de trasnochados, piensan en un asalto o en una nueva balacera entre narcos. Pero nada.

Sólo son disparos al aire. Después, otros cuatro disparos más desde el auto que va en la ruta hacia el centro de la ciudad. Ninguna patrulla, ninguna presencia visible de la PFP, ningún patrullaje permanente en las calles, como se anunció.

–Lo bueno es que ya no hay turistas –dice el taxista.

Los disparos se hacen frente al centro comercial La Gran Plaza, a unos metros del hotel Avalon, donde el pasado jueves 6 de abril a eso de las 11:55 de la noche fue ejecutado un joven proveniente de Sinaloa, cuando conducía su camioneta Liberty.

Y quienes fueron testigos de los dos sucesos preguntan al otro día en los periódicos qué pasó, al no ver nota; y los reporteros buscan en los partes policiacos algún reporte sobre lo que sucedió en el filtro policiaco y de los balazos en la Costera. Y en las fuentes policiacas, nada, ninguna noticia, ningún reporte, ni siquiera de rutina. Como que todo pasó de noche, como si la Policía se guardara lo que sabe para sí misma, como si la sociedad no tuviera por qué enterarse de todo eso que pasa en los sótanos de ese fenómeno que ahora llamamos narcoviolencia.

Maestros y padres del sector Sierra concluyen su movimiento, dice su vocero

* Discutían anoche la liberación de Valverde

 * Firma la SEG una minuta donde se compromete a entregar 17 plazas, material de apoyo, así como el “desistimiento” de las órdenes de aprehensión y las actas por abandono de empleo * Se deslindan de una marcha que prepara la dirigencia de la disidencia de la CETEG

Teresa de la Cruz, corresponsal, Chilpancingo * A 18 días de que tomaron las instalaciones de la Subcoordinación de Servicios Educativos de la Región Centro (ex INEBAN), maestros y padres de familia del sector Sierra concluyeron su movimiento, luego de establecer negociaciones ayer por la noche y acordar con la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) la entrega de 17 plazas, material de apoyo, así como el “desistimiento” de las órdenes de aprehensión y las actas por abandono de empleo.

De acuerdo con el vocero de la disidencia de la CETEG del sector Sierra, Manuel Torres Castañeda, este miércoles se reunieron primero con la directora de Asuntos Jurídicos de la SEG, Dominga Chávez Pineda, con quien “logramos que la SEG se desista de las órdenes de aprehensión que existen en nuestra contra” por la toma del ex INEBAN”.

Según Torres Castañeda en la misma reunión con el Jurídico de la SEG, se firmó también una minuta de acuerdos con la que “se desiste” de las actas por abandono de empleo que levantaron en contra de los maestros de la Sierra que permanecían en la movilización aquí en esta capital.

En ninguno de los dos casos –órdenes de aprehensión y actas por abandono de empleo–, indicó Torres Castañeda, la titular del Jurídico “nos precisó cuántos maestros estaban consignados, ni cuántos les iba a ser rescindido su contrato, sólo firmó la minuta en la que hay desistimiento”.

Fue el pasado 8 de marzo cuando unos 200 maestros y padres de familia llevaron a cabo una marcha por las principales calles de esta ciudad y posteriormente se posesionaron de las instalaciones de la Subcoordinación de Servicios Educativos de la Región Centro para exigir al secretario de Educación en Guerrero, Daniel Pano Cruz, la entrega de 100 plazas, cambios de adscripción, recategorizaciones así como construcción de aulas.

Por la tarde, tras la segunda reunión de los maestros de la Sierra, ahora con el subcoordinador de Servicios Educativos de la Región Centro, Mario Alberto Valenzo, “firmamos otra minuta en la aceptamos a 17 maestros –de 100 plazas que pedían– que estarán frente a grupo, así como la entrega de material de apoyo”. Aseveró Torres Castañeda.

Mencionó el dirigente que otro de los acuerdos con la SEG es que “se va a realizar un estudio para determinar cuántos maestros de telesecundaria se necesitan, el mismo caso es para los intendentes y administrativos, queda abierto un estudio”. Los casos que quedan pendientes, resaltó el disidente de la CETEG, “son de carácter administrativo como impugnaciones y cambios de adscripción”.

Precisó Torres Castañeda que cerca de las 8 de la noche, y debido a que “el punto más fuerte que eran los maestros ya se nos van a entregar, no como lo planteamos, pero van a mandar los recursos, decidimos levantar el movimiento”.

Destacó que se trasladaron a las instalaciones de la secundaria general Galo Soberón y Parra “para esperar a que Armando Valverde –a quien detuvieron por segunda vez, por daños que ascienden a más de 100 mil pesos al Palacio del Gobierno– obtenga su libertad” y para ello mencionó que una comisión de maestros en conjunto con el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado “están reunidos con el procurador de justicia del estado –Jesús Ramírez Guerrero.

Por su parte la dirigencia de la Coordinadora Estatal por la Reivindicación de los principios de la CETEG, por la mañana y en conferencia de prensa exigió a la SEG “el desistimiento” de las órdenes de aprehensión, y para “presionar” anunciaron un marcha para este jueves.

Torres Castañeda dijo al respecto, “no vamos a participar, nos deslindamos de esa marcha, y ello por la indiferencia a nuestro movimiento a pesar de que les hicimos saber”.