Podría salir libre el que mató a su esposa embarazada en Zihuatanejo

 

 Brenda Escobar Zihuatanejo

La hermana de una mujer embarazada que hace más de un año fue asesinada y cuyo cuerpo putrefacto fue encontrado en playa La Ropa, exigió justicia para su consanguínea, pues teme que el homicida quede libre porque aún no ha recibido sentencia.

Catalina Hernández Robles fue asesinada el 14 de marzo de 2003, de una puñalada en el pecho. Su cuerpo fue encontrado a unos metros de la planta tratadora de aguas negras de playa La Ropa, en estado de putrefacción.

La víctima tenía seis meses de embarazo y la autopsia reveló que sería una niña.

El trabajador del Servicio Postal Mexicano, Juan Carlos González Zárate, esposo de la mujer, Catalina Hernández, fue detenido pocos días después por la Policía Judicial del Estado, y se le responsabilizó de la muerte.

Ayer, Josefa Hernández, hermana de Catalina, acudió ante los medios de información para pedir que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Raúl Calvo Sánchez, “esté al pendiente del caso, porque ya pasó un año y todavía no sentencian al asesino de mi hermana”.

Expresó su temor de que por medio de malos manejos legales su ex cuñado obtenga su libertad, “me han dicho unos licenciados que como ya tiene más de un año preso y no le han dado sentencia su abogado lo puede sacar fácil, y su abogado ha dicho que tienen mucho dinero para comprar la justicia”.

Dijo que la juez segunda penal, Leodegaria Sánchez Nájera, “no ha dictado sentencia condenatoria porque tiene mucho trabajo, y lo que yo quiero es justicia para mi hermana, para su hija que no nació y para su niño de 2 años que dejó huérfano, por eso le pido al señor Raúl Calvo que atienda el caso y que no permita que con dinero se quede sin castigo la muerte de mi hermana”, expresó.

Porfiria Vázquez, jornalera de La Montaña, murió buscando la subsistencia en Sinaloa

 

 Tlachinollan “Mi mamá se enojaba porque no fui”, cuenta Herminia Flores Vázquez, una joven na savi (mixteca). “No pude porque todavía hay clases”, explica.

Herminia Flores Vázquez tiene 15 años y estudia en la ciudad de Tlapa de Comonfort. El lugar al que no fue es un campo agrícola en Sinaloa, adonde su familia, originaria de la comunidad de Cochoapa El Grande, municipio de Metlatónoc, partió hace tres meses.

Sus padres fueron a trabajar como jornaleros agrícolas, al corte de tomate, chile y pepino, “para sacar dinero”, porque en su comunidad no hay trabajo. Pero su mamá, Porfiria Vázquez García, que tenía unos 30 años, ya no va a regresar. Murió en Villa Juárez luego de haber trabajado en El Guayabito, uno de los tres campos que posee la empresa El Serrucho.

Porfiria Vázquez García se fue junto a su marido, Margarito Flores Vázquez, y su hija menor, de 12 años, quien no trabajó en el campo sino que “le preparaba la comida a sus papás”.

Para ir a Sinaloa, ellos pagaron el camión hasta Tlapa y subieron al autobús, pero no se registraron en alguna lista que el gobierno hace de los jornaleros que se van. El acuerdo fue con un enganchador particular de Villa Juárez, quien los entusiasmó al decirles que en ese estado del norte “hay trabajo y hay seguro”. Les cobró por persona 500 pesos: 400 por el transporte y 100 de alimentos, aunque sólo recibieron una comida al día, durante los tres del viaje.

Una vez allá, Porfiria Vázquez García trabajó en un campo y su marido en otro, en uno llamado San Francisco. Ganaban 55 pesos al día y trabajaban desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Tenían los domingos libres y la esperanza de recibir los 400 pesos que les habían prometido para comprar su pasaje de regreso cuando finalizara el trabajo. Dinero que, por cierto, nunca les dieron.

“Pagaban bien barato”, critica Mario Vázquez García, hermano de la mujer. Y relata que estaban “un mes con trabajo y un mes sin trabajo”, que “el patrón dice ‘nomás un mes’ y luego se va”. Este indígena na savi de 27 años trabajó durante dos semanas y luego volvió a su casa. El dinero ganado tuvo que gastarlo en el viaje de vuelta a Guerrero.

Ella no quiso volver. “De aquí voy a caminar para el otro lado, a Baja California”, dijo. No pensó que iba a enfermar, dice de su hermana, quien de los tres meses que permaneció en Sinaloa sólo trabajó un mes porque los dos últimos no pudo.

“Empezó calentura y no se quitó, le dolía su cabeza, se le cerró el pescuezo y no le pasaba comida”, describe Mario Vázquez García.

“Ya no comía, después quedó bien flaquita”, recuerda, y agrega que “casi no tenían dinero porque ya no había más trabajo”. Entonces él regresó a su comunidad “para conseguir dinero y enviarles para curarla”. Mientras tanto, su hermana y el marido se quedaron y, sin éxito, “esperaron un mes para que les dieran los pasajes”.

“Con dinero de nosotros, porque nadie nos ayudó”, dice el hombre, Porfiria Vázquez García “fue al médico tres veces”. Recibió atención médica en el pueblo de Costa Rica y luego en Villa Juárez. La primera vez le dieron una inyección y pastillas y les cobraron 300 pesos. En la segunda ocasión le dieron más inyecciones y pagó 600 pesos.

“Decían que estaba embarazada, pero no”, y finalmente, “la operaron y le sacaron una bola”.

“En Culiacán le sacaron una bolita, después enfermó de dolor de cabeza y con eso murió”, afirma Herminia Flores Vázquez. Y comenta que desde antes de ir a Sinaloa, su madre “tenía la bolita adentro de ella que no la dejaba almorzar”. Sin embargo, “ella enferma pero se levanta, y otra vez así”, porque “en el pueblo rezan y se compone la gente, entonces se puso bien y fue a trabajar”, cuenta la mayor de las hijas.

Anunciaron por radio la muerte

Porfiria Vázquez García murió el 12 de mayo. Los familiares que estaban en Cochoapa El Grande lo supieron a través de un aviso en idioma na savi que emitió la radio XEZV, La Voz de la Montaña. Rutilio Vázquez García, su hermano menor, “estaba sembrando en el cerro” cuando su mujer le dio la noticia.

Los familiares, por su parte, no saben “quién es René Ruiz”, persona que dio la información para el radioaviso. Y tampoco conocen la causa de la muerte de la mujer.

“Faltó medicina o algo”, suponen.

El viernes pasado el cadáver fue llevado a Acapulco, para luego ser trasladado a Tlapa de Comonfort y más tarde a su comunidad de origen. Según informaron los hermanos Vázquez García, las gestiones fueron realizadas por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) de Acapulco. Sin embargo, ignoran quién hizo los trámites para el traslado desde Sinaloa a Acapulco.

Porfiria Vázquez García murió en la búsqueda de un medio de subsistencia. El deseo de hacer frente a la pobreza, al alto grado de marginación y a la falta de empleo que sufre su comunidad indígena la llevó al norte del país, a realizar una labor dura a cambio de una paga magra. No imaginó que en el esfuerzo perdería su vida.

En la región de La Montaña de Guerrero el acceso a la salud es un privilegio. No hay servicios de salud gratuitos para los habitantes pobres. Las casas de salud de las comunidades indígenas, en su mayoría, carecen de médicos y de medicinas. Los indígenas de La Montaña no sólo tienen que partir en busca de trabajo, sino que abandonan sus pueblos en un estado de salud que no es el más propicio para las tareas que realizarán.

Porfiria Vázquez García murió sin saber qué padecía. Al igual que muchos otros indígenas que se enferman, no reciben atención médica porque no pueden costearla y un día se mueren sin siquiera haber escuchado el nombre de la enfermedad que sufrieron.

A ella le habían prometido que cuando llegara a su trabajo en Sinaloa iba a tener seguro médico. Fue un engaño más de los que les hacen a los jornaleros agrícolas. Uno de los tantos engaños en los que se sostiene este sistema de “contratación” de mano de obra barata, el cual se basa en la explotación de indígenas (no sólo de hombres y mujeres na savi, sino también de me’ phaa y de nauas) y de campesinos que ven en los campos del norte la única oportunidad de trabajar y de ganar algún dinero que, mientras dure, les permita sobrevivir.

Muere una señora que sobrevivió al asalto a una familia de La Sabana

 * Tercera víctima mortal del caso

Jorge Nava * María Gladis Villanueva Segueda, integrante de la familia que resultó herida por arma de fuego cuando encapuchados allanaron y mataron a dos de sus familiares en su domicilio, ubicado en La Sabana, el primer día de este mes, murió ayer al ahogarse con alimento.

La mujer se había recuperado de un balazo en el abdomen, después de que la atendieron en el hospital Del Pacífico, pero murió en el hospital Santa Lucía ayer.

Médicos forenses diagnosticaron que la causa de muerte fue por la obstrucción de residuos alimenticios a sus vías respiratorias.

El lunes 1 de marzo, dos personas muertas y tres más resultaron heridas –entre ellos Villanueva Segueda–, en un asalto que cometieron dos hombres encapuchados, en el domicilio ubicado en calle 16 de Septiembre y callejón Ignacio Allende, número 832, de la colonia Melchor Ocampo, situada en la parte alta del poblado La Sabana.

Ese día murió la joven de 20 años, Jazmín Mendoza González; posteriormente en el hospital Del Pacífico, el esposo de Villanueva Segueda, Aniceto Salmerón Cruz, de 42.

En el lugar la Policía Judicial del Estado encontró ocho cascajos percutidos calibre .38 Súper y dos de 9 milímetros.

Por ese caso se encuentra procesado Jesús Abraham Vargas en el juzgado quinto penal.

Aunque sabe no revela quienes lo agredieron y mataron a su esposa

 * Caso del judicial Bernardino Diego

Jorge Nava * El policía judicial destacado en Iguala, Marco Antonio Bernardino Diego, pidió castigo para aquellos que mataron a su esposa Josefina Venancio García, aunque reconoce quienes son sus agresores no quiso revelar la identidad de los mismos al Ministerio Público de Barrios Históricos.

Personal de esa representación social informó que, en la tarde de ayer, acudió Bernardino Diego a declarar con relación al tiroteo, en el cual murió su esposa, la madrugada del jueves en la curva de la playa La Angosta.

El judicial iba ese día con su esposa, a bordo de un taxi con número económico 3629, placas 4629FFC, modelo Volkswagen, que tomaron en una calle de la colonia Progreso. Fueron seguidos presuntamente por dos sujetos que se desplazaban en una camioneta color rojo, que, al llegar a la curva de la playa La Angosta, le cerró el paso al taxista, descendiendo un desconocido dispararando                   contra los pasajeros.

Informaron que el judicial esta a disposición de ellos porque la pistola calibre 9 milímetros con que repelió la agresión, no cuenta con permiso de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Señalaron que el judicial de no atreverse a revelar la identidad de sus atacantes, complica la investigación.

Asimismo, se informó que el dueño del taxi acudió a pedirles el regreso de su unidad. Pero se le informó que será en una semana aproximadamente cuando se lo devuelvan. Mientras los péritos de esa dependencia recaban pruebas que pudiesen encontrar en el volkswagen, que recibió 25 impactos, entre disparos entrantes y salientes.