Familiares de los integrantes del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo, baleados la misma noche de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, denunciaron la negligencia para atender el caso y hasta amenazas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
En la Cámara de Diputados, familiares de los dos asesinados –un jugador de futbol y el chofer– y los 12 heridos denunciaron la actuación dolosa de la CEAV para reparar los daños ocasionados, por lo que a la fecha varios siguen sin indemnización a pesar de haber obtenido ya siete amparos a su favor.
En nombre del grupo, Roberta Evangelista, mamá de David Josué García Evangelista, uno de los jugadores asesinados, acusó una colusión entre autoridades.
“Acudimos a esta Cámara obligados por la negligente actuación de la CEAV que bajo el cobijo del Poder Judicial, en especial de Laura Gutiérrez Velasco, Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quienes se han coludido y minimizado a las víctimas de este caso, específicamente a nuestros hijos, jugadores y cuerpo técnico del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo, atacados la noche del 27 de septiembre de 2014”, sostuvo.
Roberta Evangelista denunció errores en la clasificación de gravedad de los heridos que han dejado fuera a dos afectados, mientras que se ha beneficiado a otros siete integrantes del equipo, pero que no iban en el camión esa noche.
Los errores de las autoridades, añadió, han provocado que los familiares tengan que contratar a sus propios abogados para defenderse y exigir lo que la ley les garantiza.
“Llegando al cinismo de que diversos funcionarios de esta Comisión Ejecutiva han pretendido amedrentar señalando que las indemnizaciones serán aún más bajas”, dijo Evangelista.
La madre de familia también insistió en que la PGR informe del avance de las investigaciones.
En su conferencia de prensa los acompañó la diputada del PRD Cristina Gaytán, integrante de la Comisión de seguimiento a los hechos de Ayotzinapa, quien pidió al titular de la CEAV, Jaime Rochín, hacer valer la Ley General de Víctimas para atender a los familiares.
“Cubriendo sus propios gastos, vienen a solicitar una atención que se les tendría que estar dando directamente en el estado de Guerrero y cabe señalar que varias de las indemnizaciones que se solicitan son para cubrir lo que en más de dos años no se les ha pagado: medicamentos, consultas médicas, gastos en abogados, lo que está claramente establecido en la ley”, reclamó.