El gobierno del estado no entregó en el plazo acordado el informe que responde a las recomendaciones del Grupo de Trabajo (GT) que analiza la solicitud de alerta de género por violencia feminicida en ocho municipios de Guerrero, denunció la peticionaria, la directora de la Asociación Guerrerense contra la Violencia a las Mujeres, Marina Reyna Aguilar.
Después que el gobierno del estado tuvo seis meses para responder con resultados a los planteamientos del GT, y que el domingo pasado venció su plazo, indicó que ayer, 15 de marzo, Aguilar dijo que se comunicó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) para conocer del avance, y le respondieron que las autoridades estatales no lo han enviado, pero tienen cinco días hábiles más para entregar el informe.
Denunció que nunca en las conversaciones se mencionó un plazo adicional para la entrega del informe, y teme que haya protección para el gobierno de Guerrero en un asunto tan delicado como son los feminicidios y la violencia feminicida que existe en la entidad. Ahora, el plazo de entrega del informe vence el próximo lunes 20, y el martes 21 sería la fecha límite de entrega.
Marina Reyna explicó que una vez que la Conavim reciba el informe, entregará la información al GT para la revisión y elaboración del dictamen, para el que no hay tiempo límite. Añadió que preguntó a la Comisión si en este periodo el gobierno del estado puede seguir entregando documentación al informe y le dijeron que sí, sólo que no sería tomada en cuenta.
Sin embargo, señaló que no hay certeza ni transparencia en esta etapa del proceso, y se podría presumir que hay una situación convenida entre las instituciones para lograr que el estado alcance una calificación aceptable, dado que funcionarios del gobierno estatal de la Fiscalía, así como diputados, han señalado su posición contra la alerta.
Reiteró que las acciones del gobierno de Guerrero son “pura simulación”, y como ejemplo informó que el lunes 13 de marzo (día hábil después del día de entrega oficial) recibió del ayuntamiento de Chilpancingo el acta de instalación del Sistema Municipal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres que se instaló en octubre del año pasado, y del que forma parte, para que la firmara.
Aclaró que en el acta sólo señala la instalación del sistema municipal que en su momento nada más sirvió “para tomarse la foto”, y aunque en esa reunión se acordó una segunda sesión para diciembre, no se llevó a cabo ni se mencionó en el acta de instalación. Por lo tanto, en el primer plazo acordado, las autoridades no tenían la información completa, “seguramente la están entregando a retazos”, advirtió.
Esa situación confirma que a las autoridades estatales no les interesa el funcionamiento de los sistemas municipales, sólo cumplir con los requisitos, y evitar que se declare la alerta de género en Guerrero, “y estarían abonando a más impunidad en el estado”.
Recordó que de acuerdo con la Ley de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, las funciones de los sistemas municipales que deben funcionar en todos los municipios, y a partir de la solicitud de alerta de género debieron citarse para sesionar y aprobar las acciones de emergencia para atender los problema señalado.
Finalmente, sobre el exhorto que la semana pasada llevó el diputado de Movimiento Ciudadano. Ricardo Mejía Berdeja, a la sesión del Congreso para llamar al secretario general Gobierno, Florencio Salazar Adame a que reconociera y aceptara la aplicación del mecanismo de Alerta por Violencia de Género (AVG) que eventualmente pudiera ser decretado por la Secretaría de Gobernación (Segob) para ocho municipios de la entidad, y rechazado como un asunto urgente y obvia resolución, Marina Reyna denunció que sus aliadas, las diputadas del PRD, se abstuvieron.
El exhorto no pasó por los votos en contra del PRI y del PVEM, y por los perredistas que se abstuvieron de votar. Las diputadas del PRD que se abstuvieron de votar a favor fueron la coordinadora de la bancada, Erika Alcaraz Sosa, y la propia presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Yuridia Melchor Sánchez, además de Eloísa Hernández Valle, y Rosa Coral Mendoza Falcón.
La activista demandó que les expliquen su voto. “A nosotras nos queda claro que tienen otros intereses”, señaló.