Daniel Velázquez

Durante el 2022, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), emitió 58 recomendaciones a diversas autoridades del estado; las que más acumulan son la Fiscalía General del Estado con 12, la Secretaría de Salud con diez.
La lista de las recomendaciones emitidas este año está disponible en la página de internet de la Comisión, las cuales corresponden al periodo del primero de enero a diciembre de 2022.
Además del número de quejas que acumulan algunas dependencias del gobierno estatal también destaca el hecho de que este año varias recomendaciones van dirigidas a los ayuntamientos y al pleno del Tribunal de Concilia-ción y Arbitraje del Estado; en total son 12, las cuales se refiere al pago de laudos que adeudan los gobiernos municipales a trabajadores y funcionarios despedidos. Destacan los casos de Tixtla con tres y Acapulco con dos; Xalpa-tláhuac, San Luis Acatlán, Tlapa, Tecoanapa y Teloloapan tienen una, y una recomendación similar la Secretaría de Educación, la de Salud y la Comisión Técnica de Transportes.
De las 12 recomendaciones contra la Fiscalía estatal que dirige Sandra Luz Valdovinos, una es sobre un feminicidio ocurrido en diciembre de 2020, cuando una mujer solicitó ayuda en el Ministerio Público de Petatlán para auxiliar a su hija que le había dicho que su pareja la golpeaba, pero en la agencia no atendieron su llamado, y después a la señora le avisaron que su hija estaba muerta. Presentó la denuncia y posteriormente le dijeron que el expediente del caso estaba perdido y que se resignara a su pérdida.
De las diez para la Secretaría de Salud cuya titular es Aidé Ibarez, una es porque a un usuario le cobraron 12 mil pesos por una trasfusión de sangre que le hicieron a su esposa en el Hospital General de Taxco.
De las seis recomendaciones para la Secretaría de Seguridad Pública que dirige Evelio Méndez Gómez, una es por el caso de un vecino de Acapulco que fue golpeado y torturado por policías ministeriales porque lo confundieron con otro hombre, lo patearon, le echaron agua en la nariz y le preguntaban por armas, le robaron la cartera y un celular y cuando se dieron cuenta que lo habían confundido lo dejaron golpeado en el patio de su casa.
De las cinco para la Secretaría de Educación, una es porque una profesora del jardín de niños Rosaura Zapata de Chilpancingo le pidió a una alumna que ya no hablara en su lengua materna me’phaa (tlapaneco) sino que sólo usara el español.
De las cuatro para el Ayuntamiento de Acapulco una es por violación a la libertad de expresión a un reportero de Acapulco por parte del regidor de MC Genaro Vázquez Flores.
La Orquesta Filarmónica de Acapulco también tiene una debido a una queja presentada por un trabajador al que pretendían despedir.
Otra fue para el rector de la UAG Alfredo Romero Olea por las expresiones usadas contra quien se desempeñaba como coordinador de la Comisión Mixta Paritaria de Admisión y Promoción de la Universidad Autónoma de Guerrero, en la campaña electoral.
Otra recomendación es para el rector de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande, Francisco Javier de la Cruz, por un tendedero que hicieron alumnas de esa institución en la que denunciaron ser victimas de acoso sexual por parte de maestros y alumnos.
Una más fue para la encargada de despacho de la dirección ejecutiva estatal de Atención a Víctimas, Enedina Medrano Serrano, por no atender a una solicitud hecha por el Colectivo de Desplazados y Víctimas de la Violencia de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, porque desde 2021 solicitó que se les reconozca como víctimas pero no se les dio respuesta.
Otra fue para el secretario general del gobierno del estado, Ludwig Marcial Reynoso, para que atienda la demanda del Colectivo de Desplazados y Victimas de la Violencia de los Bienes Comunales de Cacahuatepec para que se les brinde seguridad para regresar a sus casas y se les reintegren sus pertenencias, pues tuvieron que salir de los Bienes Comunales por la policía comunitaria y civiles armados.
Otra recomendación fue dirigida a varias autoridades del estado, a los secretarios general del Gobierno, Ludwig Marcial; de Finanzas, Raymundo Segura Estrada; de Planeación René Vargas Pineda; la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón y el titular de Comité Técnico de la Caja de Previsión Ernesto Cuadros Gómez, debido a que un policía ministerial no se le ha hecho efectiva la recomendación médica de tener incapacidad médica total y permanente.
Otra fue para el Centro Estatal de Oftalmología debido a que un usuario recibió un mal diagnóstico por parte del médico que le atendió y perdió la visibilidad en su ojo izquierdo, y solicita que le reintegren los gastos médicos que erogó en un hospital particular a causa de la negligencia médica, pues se le vulneró su derecho a la salud.
Para Chilpancingo se emitieron dos recomendaciones, una por el contubernio que hay entre los agentes de tránsito y los transportistas para favorecerlos en los accidentes de tránsito y otra por una queja de amenazas de una trabajadora contra quien fue segundo síndico en el trienio anterior.
Otros municipios que también tienen recomendaciones de Derechos Humanos son Pilcaya, Tlapa, Tecoanapa y Florencio Villarreal (Cruz Grande).