Lourdes Chávez

Chilpancingo

Emplazada por tribunales a resolver con perspectiva de género la demanda de la presidenta del Comité Municipal de San Marcos, Felícita Navarrete Neri, contra el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN en Guerrero, Eloy Salmerón, la Comisión de Justicia del PAN ordenó entregarle las prerrogativas que le correspondían durante dos años.
La Comisión Nacional de Justicia confirmó que el PAN de Guerrero cometió violencia política en razón de género contra la denunciante y ordenó que en un plazo de cinco días hábiles, no prorrogables, entregue el monto del adeudo, hasta el momento de la emisión de la presente resolución”, el 9 de junio de 2023.
En esta misma resolución, el órgano dio vista a la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidaria del Consejo Nacional para que así como a la Comisión de Vigilancia del Consejo Estatal del PAN en Guerrero, a la Tesorería Nacional y a la Contraloría del CEN, “para que procedan en términos de los Estatutos Generales y los reglamentos correspondientes”, que conllevaría otras consecuencias.
De acuerdo con el dictamen, en sesión extraordinaria del CDE, del 6 de agosto de 2021, se determinó la suspensión de entrega de prerrogativas al Comité de San Marcos. El 4 de marzo de 2022, Navarrete demandó las prerogativas en un juicio electoral ciudadano en el Tribunal local, que reencauzó el caso a la Comisión de Justicia del PAN.
El 31 de mayo del mismo año, la comisión intrapartidaria declaró parcialmente fundada la demanda, que impugnaron la dirigente municipal y el Tribunal Electoral, lo que obligó a la comision a emitir un segundo acuerdo, en el sentido de que CDE pagara tenía que pagar de inmediato el adeudo al Comité Municipal, y no lo hizo.
Así, la demandante recurrió a otros juicios para la protección de sus derechos políticos en la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Eeçlectoral del Poder Judicial de la Federación en dos ocasiones, que aterrizaron en una sentencia local del TEE del 25 de mayo, para que la Comisión de Justicia del PAN emitiera una nueva resolución en diez días hábiles, valorando las pruebas del caso.