Ramón Gracida Gómez

Los dos policías estatales detenidos por el asesinato del normalista Yanqui Kothan Peralta Gómez fueron vinculados a proceso en la audiencia que se llevó a cabo este martes, en la que se presentaron 34 medios de prueba, pero el fundamental es el video del C-4 que se reprodujo y demuestra el “uso excesivo de la letalidad”.
En declaraciones después de la audiencia en los juzgados federales ubicados en la Zona Diamante de Acapulco, la defensa de la víctima informó que son cinco meses de investigación complementaria, y que la sentencia pudiera ser de más de 30 años. Los policías imputados argumentan que el homicidio del estudiante de la Normal de Ayotzinapa fue por “legítima defensa” porque los normalistas dispararon primero.
La audiencia comenzó a la una de la tarde, pero los dos abogados de la familia de Yanqui Kothan entraron antes del mediodía y no asistió su mamá, Lilia Vianey Gómez.
Uno de los defensores, quien omitió su nombre, salió a declarar a reporteros a las 8:30 de la noche junto con el director del Centro de Derechos de las Víctimas Minerva Bello, sacerdote Filiberto Velázquez.
El padre resaltó que se logró la vinculación a proceso de los dos agentes implicados y la Fiscalía General de la República (FGR) sigue investigando el paradero del tercer policía, que está prófugo.
Precisó que fueron presentados 34 medios de prueba para procesar a los policías estatales como presuntos responsables de los delitos de homicidio doloso y tentativa de homicidio contra Yanqui Kothan, y los dos estudiantes que sobrevivieron.
Indicó que la defensa quiso desvincular a los policías de este hecho argumentando legítima defensa, “pero las pruebas demuestran que nunca hubo ninguna agresión de los jóvenes hacia los policías. Fue por eso que se alargó un poco esto”. Se establecieron cinco meses para la investigación complementaria.
Luego intervino uno de los abogados del Centro Minerva Bello, quien dijo varias ocasiones que no podía dar información porque son “datos sensibles”, la primera vez fue por la pregunta de si se comprobó la siembra del arma y las drogas a los normalistas, y después por la implicación del coordinador del Grupo Táctico de Reacción Inmediata Centauro, Pedro Castro Muñoz, y la presencia de una camioneta militar.
Indicó que los dos policías estatales, Sigifredo “N” y Francisco “N”, tienen prisión preventiva en la cárcel de Acapulco.
Dijo que la prueba “contundente” y “fundamental” es el video del C-4 porque “se demuestra que los policías en su forma de actuar no respetaron su protocolo de actuación, y hubo uso excesivo de, digamos, de letalidad, con respecto a la cuestión de las armas de fuego que utilizaron”.
Explicó que lo que sigue es aportar más medios de prueba, “seguir robusteciendo la investigación, seguir, sobre todo, colaborando a las víctimas directas e indirectas de todo este proceso tan difícil. Es un ambiente álgido, desgastante, sobre todo en lo emocional, pero que a través de todas las instituciones han concurrido, sobre todo, a fortalecer este proceso de investigación, a apoyar a las víctimas”. Hizo un llamado a la justicia, la reparación de daño y el esclarecimiento de la verdad.
Indicó que la sentencia pudiera ser de “más de 30 años de prisión, pero eso todavía está por definirse, seguimos el curso de la integración del expediente, aportando algunos medios de prueba que tal vez aún no han sido considerados y en su defecto, ellos tienen la oportunidad de ejercer una defensa”.
Los policías estatales “no aceptaron y no van aceptar hasta que lo declare un juez competente a través de una sentencia” porque siguen argumentando que los normalistas dispararon.
Pero el abogado reiteró que “la prueba fundamental fue el video y creo que tanto la defensa, como la Fiscalía, nosotros como asesores de víctimas, sugerimos que se reprodujera y a la luz de ese tenor, el juez sacó sus conclusiones, además del fortalecimiento que tenían los medios de prueba convincentes que se establecieron dentro del expediente penal”.
El director del Centro Minerva Bello, Filiberto Velázquez Florencio, llegó a las 7 de la noche en una camioneta blanca y antes de entrar a los juzgados federales fue abordado por los reporteros.
Respecto a la remoción de la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón, Filiberto Velázquez declaró que es “algo mínimo que el estado se comprometió hacer y es conducente. Lo que sí nos preocupa no es tanto la remoción, sino la continuidad de militares en este puesto”.
Calificó de “bueno” que una funcionaria civil, Jesús Castro Gutiérrez, fuera designada como encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), pero le preocupa que el puesto sea ocupado por otro mando militar.
Dijo que sobre los hechos del 7 marzo, además de la cámara de C-4, están los videos de un hotel y otros negocios y casas. En total serían cuatro videos solicitados como pruebas y son “contundentes” porque “los disparos son de afuera hacia adentro”. El vehículo en el que iban los normalistas tiene cuatro impactos.
“Esperemos que esto permita ventilar, abrir las ventanas de una institución que ha sido de alguna manera corrupta, que no ha dado resultados en cuestión de prevención de violencia”, continuó.
Al mediodía, unos 70 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa se manifestaron afuera de los juzgados. Con micrófono en mano, un estudiante dijo que los abogados de la familia de Kothan buscan justicia por medios legales, pero que ellos se manifestaban para “hacer presión y que este caso no quede impune, que este caso se resuelva honorablemente”.
Además de los policías implicados en el asesinato del joven normalista, exigió que “sean investigados todos los funcionarios públicos que tuvieron participación directa e indirecta en los hechos del 7 de marzo”.
Asimismo, pidió que los gobiernos estatal y federal investiguen “por qué hubo tanta omisión en el caso durante más de una semana y que a la fecha no hay detenidos aún. Por qué esa complicidad, por qué esa tardanza en dar con los responsables si son parte del mismo gobierno”, dijo en referencia a los funcionarios que renunciaron, el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y el de Seguridad Pública, general Rolando Solano Rivera, la fiscal destituida Sandra Luz Valdovinos, además del policía fugado que presuntamente disparó la bala a la cabeza del estudiante asesinado.
Aseveró que el gobierno “tiene muchos intereses que está cuidando, por eso se están tardando tanto, por eso no han querido encontrar culpables, por eso se les fugó, porque ellos mismos lo están protegiendo, no quieren que se sepa toda la verdad, que no haya fuga de información”.
Indicó que los policías implicados saben quién les ordenó “asesinar al compañero, saben qué intereses están buscando, qué intereses están defendiendo, por eso se están tardando tanto”.
Señaló que los gobiernos de todos los partidos han reprimido a los normalistas de Ayotzinapa, “no hay a cuál irle y en las campañas se van adornar de flores, van a decir que son lo mejor de lo mejor; sin embargo, en los hechos, está demostrado que solamente defienden los intereses de una oligarquía nacional e internacional, defienden el saqueo”.
Recordó la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa para decir que se siguen cometiendo violaciones de derechos humanos “porque piensan que van a seguir en la impunidad. Sin embargo, ésta no es la ocasión, vamos a seguir presionando a este Poder Judicial de la Federación que tiene el caso del compañero para que este hecho pueda ser aclarado, buscando de manera favorable encontrar justicia para el compañero y para su familia”.
Otro estudiante señaló que el asesinato de Yanqui Kothan es una muestra del “abuso de poder” del gobierno y cuestionó que no se vayan en contra de los narcos.
Después de los discursos, los normalistas, todos tapados de la cara, entonaron el himno socialista Venceremos con el puño izquierdo en alto y luego se fueron de los juzgados federales en los autobuses de línea Estrella de Oro en los que llegaron.
Yanqui Kothan Peralta Gómez fue asesinado la noche del 7 de marzo en Chilpancingo. Horas después, el gobierno del estado dijo que los policías fueron atacados a balazos por los ocupantes de una camioneta con reporte de robo, en la que encontraron drogas y un arma. El viernes 8 el presidente Andrés Manuel López Obrador repitió esa versión pero el lunes 11 cambió y dijo que fue un “abuso de autoridad”.
La FGR atrajo el caso y la primera audiencia se llevó a cabo el jueves pasado 14 de marzo, en las que se dictó prisión preventiva por homicidio calificado doloso y tentativa de homicidio a los dos policías estatales.