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Critica Vidulfo que AMLO encabece investigación de los 43 pues respalda a ultranza al Ejército

El 25 de septiembre, en la Ciudad de México, Mario César González Contreras, padre de uno de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, habló frente a los medios, como parte del movimiento para exigir que el Ejército entregue información sobre la desaparición de los normalistas Foto: Cuartoscuro

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El abogado de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, dijo que la declaración del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respecto a que él es quien ahora encabeza las investigaciones del caso Ayotzinapa, “despierta preocupación” y les parece “peligroso” porque no es garantía de imparcialidad en el caso porque ya ha tomado partido por el Ejército mexicano.
Entrevistado por teléfono, el abogado dijo que una cosa es que el presidente diga que tiene la voluntad y que está interesado en el caso, y otra decir que es él quien encabeza las investigaciones, “eso nos parece peligroso”.
Dijo que “es delicado” que encabece las investigaciones el presidente por la posición que ha asumido en el caso al “respaldar totalmente a ultranza al Ejército que tiene la obligación de aportar información”.
Reiteró que el Ejército tiene en sus archivos documentos que refieren que 17 estudiantes fueron desaparecidos, y que esa información, archivos, audios, videos y comunicaciones intervenidas, deben aportarse toda.
“Pero si el Ejército se niega y el presidente lo respalda a ultranza, al grado de descalificar y desprestigiar a quienes estamos acompañando la investigación, con tal de encubrir y respaldar la obstrucción que está haciendo el Ejército mexicano, y si con esa posición va a investigar no se va a lograr grandes avances”, declaró Rosales Sierra.
Para el abogado es más importante que el presidente siga su labor, “mostrando esa voluntad política y que siga estando pendiente de la investigación porque decir, de pronto, que él la dirige despierta preocupación”.
Explicó que esa preocupación es porque “estamos en un punto en el que desde la Presidencia de la República se ha tomado partido por el Ejército mexicano”.
E insistió que es riesgoso porque la investigación ha llegado a un punto en el que se implica a personajes claves del 27, 42 y 50 batallones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el caso y resultan con responsabilidad y tienen que ser investigados.
“Se tiene que verificar todos los archivos que hay dentro de esta institución. (Los militares) ya son parte de la investigación porque los ha tocado, los implica y les imputa responsabilidad en diferentes niveles, por lo cual deben responder y se les debe realizar una investigación”.
Insistió que tan están implicados los militares que hay 14 de ellos detenidos, “y ya no pueden decir nosotros nada tenemos que ver con el caso. No, están implicados en el caso Ayotzinapa y el presidente de la República ya no puede estar tomando partido a su favor, ya no puede estar diciendo que el Ejército no tiene nada que ver, que no lo toquen, que ya entregó la información y que ha colaborado, porque no es así, por el contrario, ha obstaculizado y ha ocultado la información durante nueve años al más alto nivel, y está negando en este momento la información”, declaró Rosales Sierra.
Contó que el jueves se reunieron los padres con el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas Rodríguez, quien les mostró más documentos; por lo menos 18 folios en los que existe información relevante, que indica que miembros del Ejército mexicano hicieron más intervenciones telefónicas a una diversidad de personas que están hablando del caso Ayotzinapa, “pero son conversaciones fragmentadas, incompletas, no se sabe quiénes fueron esas personas que fueron objeto de esas intervenciones telefónicas”.
Sin embargo, aseguró que esas personas están hablando del caso Ayotzinapa, “es decir, están hablando de los hechos que tuvieron lugar del 26 de septiembre hasta a mediados de octubre”.
Explicó que de los 800 folios que están reclamando los padres, el subsecretario Encinas buscó y encontró 18 y de ésos varios son intervenciones que hizo el Ejército el 26, 27 y 28 de septiembre y los primeros días de octubre.
Informó que personal del Ejército transcribió fragmentos muy pequeños de esas conversaciones que intervino en esos días en las que es claro que las personas están hablando de lo que está pasando en el caso Ayotzinapa.
“Eso nos da cuenta de que hay más información en los archivos militares que el Ejército tendría que estar poniendo a disposición, aparte de los 800 folios que nosotros estamos solicitando. Hay información relevante que están ocultando”, insistió el abogado.
Los conservadores están en el gobierno de AMLO

Rosales Sierra reprochó que el presidente, en vez de ordenar que se investigue al personal del Ejército implicado, insiste en su narrativa de descalificar a quienes lo cuestionan y critican, al colocarlos del lado de los conservadores, “no importa quiénes sean”.
El abogado dijo que supone que cuando el presidente López Obrador se refiere a que hubo injerencia de grupos conservadores en el caso, se refiere al ex fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo y a Karla Quintana ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
Pero recordó que ambos vienen del movimiento social y de los derechos humanos.
“Es la narrativa del presidente descalificar, denostar, cuestionar, desprestigiar y colocar a las organizaciones que han defendido los derechos humanos del lado conservador para debilitarlas y socavar el trabajo que vienen realizando”.
Defendió que jóvenes como Karla Quintana y Omar Gómez Trejo surgieron del movimiento de derechos humanos en México en la década de los 80 desde cuando estuvieron cuestionando el autoritarismo, las graves violaciones a los derechos humanos y fueron férreos defensores de las causas populares y de los derechos económicos y sociales.
En este mismo movimiento ubicó Rosales Sierra a organismos como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh), y al Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan) “que desde los años 90 trae un empuje fuerte, cuestionando las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército, la imposición de proyectos hidroeléctricos como la presa La Parota, y contra las incursiones ilegales del Ejército en las comunidades indígenas”.
Sostuvo que estas agrupaciones y quienes participan en ellas han respaldado el movimiento de los padres, “y lejos de ser parte del movimiento conservador han estado de parte del movimiento democrático, somos aliados del movimiento social, hemos defendido a los presos políticos y a defensores sociales que han reivindicado grandes luchas”.
E insistió: “Pero el presidente, con su juego de palabras nos coloca como conservadores, cuando somos parte de las luchas de la izquierda progresista y democrática y pugnamos por cambio”.
Dijo que incluso estos movimientos son parte del cambio que encabeza el presidente, mismo que ahora está desviando.
“Yo creo que los conservadores no son ni Karla Quintana ni Omar Gómez, los conservadores están en su gobierno, él hizo una coalición con personajes de derecha y tiene enquistados en su gobierno a personajes que estuvieron en el PAN y en el PRI, que haga una revisión”.
“Los conservadores están infiltrados en su gobierno y son los que lo están llevando ahora a colocarse del lado de la derecha”, dijo el abogado.

Desvarío, reconocer a Salvador Cienfuegos

Dijo que entregar un reconocimiento al ex titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, forma parte de ese “desvarío de la 4T, de la pérdida de rumbo y de la desviación de este gobierno, que, de pronto, a quienes hemos luchado en el movimiento democrático, social, de izquierda y progresista, nos coloca del lado de los conservadores y a los militares sumamente cuestionados y responsables de graves violaciones a los derechos humanos les entrega reconocimientos”.
Recordó que los militares son los responsables de la represión de los ferrocarrileros en los años 50 y 60, del asesinato y represión del movimiento que encabezó Rubén Jaramillo, son responsables de la matanza del 2 de octubre de 1968, que sigue sin esclarecerse, de las graves violaciones a derechos humanos del movimiento social de los años 70 en llamada guerra sucia, de violaciones a los derechos humanos en el año 2000 cuando incursionó en comunidades indígenas de Guerrero que derivaron en violaciones sexuales a mujeres indígenas como Inés Fernández y Valentina Rosendo y ahora responsables del caso Ayotzinapa.
“Es un Ejército que siempre ha jugado del lado de la derecha, ideologizado y que ve a los movimientos sociales y al movimiento campesino como enemigos a los que tiene que mantener a raya”.
Explicó que el caso Ayotzinapa ilustra claramente cómo infiltró a la Normal por considerarla un enemigo, y que al movimiento social en Guerrero “nos tiene dentro de las listas a las que hay que espiar y darles seguimiento. No se preocupa de la delincuencia organizada, el Ejército está preocupado en el movimiento social. Es un Ejército contrainsurgente”, denunció.
Concretamente del general Salvador Cienfuegos que recibió un reconocimiento del presidente López Obrador, el abogado Rosales dijo que es imposible que él no haya estado al tanto del ocultamiento de información del caso Ayotzinapa.
“Es difícil imaginar que no sepa que el Ejército infiltró a la Normal y que estaba al tanto de todo lo que estuvo pasando de principio a fin, y que ocultaron y tergiversaron los hechos”.
Señaló: “Claro que tiene responsabilidad y debería enfrentar una investigación por el caso Ayotzinapa, en vez de reconocimientos”.

 

Guerrero es el tercer estado más peligroso para las mujeres periodistas, advierten

Durante el Foro Libertad de expresión y el derecho humano de las mujeres a comunicar, se informó que Guerrero es el tercer estado en el país más peligroso para que las periodistas ejerzan su profesión.
Además, en términos generales, enfrentan adversidades para ocupar cargos de decisión en los medios para los que laboran, no son consideradas en la línea editorial y se desempeñan en un contexto violento, donde la violencia misma se naturaliza.
Este jueves se celebró en el Museo José Juárez el Foro Libertad de expresión y el derecho humano de las mujeres a comunicar, además fue presentada la Red de Periodistas Guerrerenses con Visión de Género.
Las ponencias estuvieron a cargo de Lucía Lagunes Huerta, premio internacional Libertad de Prensa 2015 por la Universidad de Málaga y directora general de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), y por la activista Fabiola González Barrera, responsable del área de Redes de Periodistas y Libertad de Expresión de CIMAC.
En el evento, además de reporteras guerrerenses, asistieron también la secretaria de la Mujer, Gabriela Bernal Reséndiz; la de Desarrollo Social, Alicia Zamora Villalva; la directora del Museo, Anabela Latabán, y la universitaria Aleida Tello Divicino.
En su exposición, Lagunes Huerta aseguró que las mujeres periodistas enfrentan situaciones adversas a la hora de desempeñar su trabajo, no sólo por su trabajo, sino por su condición de mujer.
Explicó que la dirección general de casi todos los medios de comunicación están a cargo de hombres, además de cada cien noticias publicadas en apenas 24 hay una voz femenina; y de cada cien artículos o columnas sólo tres son escritos por mujeres.
“Las mujeres que nos dedicamos al periodismo tenemos licenciaturas, incluso posgrado, pero ellos que no tienen la licenciatura concluida o no tienen su título son los jefes, los dueños de los medios y quienes deciden la línea editorial”, dijo.
Lucía Lagunes explicó que eso es muestra de que el periodismo en México no se ejerce con visión de género, lo que se extiende también a la información que se publica en los medios.
Por ejemplo, mencionó que de cada cien notas que se publican en las secciones de política, sólo en 19 la fuente es mujer, es decir, la mayoría de la información generada se atribuye a hombres (funcionarios, políticos, dirigentes).
Pese a esa estadística, dijo que México es uno de los países en los que los medios de comunicación publican información referente a mujeres. Indicó también que en los casos de las agresiones contra mujeres periodistas, muchas de éstas se dan cuando ellas investigan casos de corrupción.
En tanto, Fabiola González informó que Guerrero es el tercer estado en el país más peligroso para las periodistas, sólo después de Veracruz y la Ciudad de México.
Explicó que la violencia de género es un mecanismo utilizado por el Estado mexicano contra las mujeres periodistas, al que se agrega la desigual participación de las informadoras en los puestos de decisión de los medios, el contexto violento, la condición social de la población femenina y la naturalización de esta misma violencia.
“El alarmante número de asesinatos y amenazas de muerte contra los periodistas desdibujó la violencia contra sus colegas mujeres por considerarla de menor gravedad, tanto en las formas como en el número de ataques, sin entender los obstáculos estructurales que naturalizan la violencia contra las mujeres, y la dificultad que esto genera en el reconocimiento de las agresiones, el acceso a la denuncia y por tanto a la atención”, expuso.
Explicó que la invisibilidad de este problema, la naturalización de la violencia contra las mujeres y del riesgo en el ejercicio periodístico, justificándose como “gajes del oficio”, colocan a las periodistas en una situación de desventaja y las aleja del acceso a la justicia y la reparación de los daños personales y profesionales generados por estos ataques.
Informó que en el país de 2002 a 2013 los ataques contra las mujeres periodistas se incrementaron en más de 2 mil 200 por ciento, mientras que las agresiones contra los comunicadores varones aumentaron 276 por ciento.
De las 32 entidades dijo que no existe una libre de violencia contra las periodistas, incluso en los estados donde no tienen registros saben que las condiciones de inseguridad no permiten denunciar por vía alguna, ya sea legal o a través de una organización de la sociedad civil.
“Las mujeres periodistas no pueden acceder a la justicia desde el inicio de las investigaciones, que son con mirada patriarcal, que son vistas (ellas) como las culpables de la violencia por la que están pasando y que las condena, (justicia) que hace pública muchas veces su vida privada”, dijo.
Según el informe presentado en el foro, el 61 por ciento de los periodistas en el país son mujeres, de las que el 55 por ciento trabaja o colabora en prensa escrita, el 29 por ciento cubre situaciones que tienen que ver con corrupción y el 49 por ciento de sus agresores son funcionarios públicos.
En el foro fueron expuestos casos de agresiones en contra de periodistas guerrerenses en los últimos años, incluido el de la reportera de El Sur, Rosalba Ramírez García, a quien diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso en la pasada legislatura le exigieron revelar la fuente que le proporcionó información de irregularidades en la cuenta pública de varios ayuntamientos.