Etiqueta: PGR

Sólo incidentes menores en centros nocturnos en Año Nuevo: Reglamento

 

El director de Reglamentos y Espectáculos, Juan Añorve Mejía, informó que sólo se registraron “incidentes menores” en el último fin de semana del año en centros nocturnos.
Señaló que el único grave fue el granadazo en el bar El Quelite, caso que corresponde a la PGR.
Añorve Mejía indicó que en las discotecas Alebrije, Baby’O, Mandara y Palladium se registraron incidentes de personas que querían ingresar pero no se les permitió el acceso porque los establecimientos ya estaban al límite de su capacidad.
Agregó que estos incidentes se registraron en la zona de la Condesa y en algunos casos pretendían entrar a los centros nocturnos con niños menores de edad.
Dijo que no se aplicaron sanciones a los establecimientos porque antes de que empezara la temporada vacacional se reunió con los empresarios para exhortarlos a que respetaran las normas.
Indicó que el día 6 de enero concluye la temporada vacacional y que el 7 se dará un informe “detallado” junto con los representantes de las cámaras empresariales de las actividades del 16 de diciembre de 2006 al 6 de enero de 2007.
Respecto a las granadas que el día 24 individuos arrojaron al bar El Quelite, Añorve Mejía explicó que las diligencias las lleva a cabo la PGR y ellos no intervienen.

Niega la PGR que afis estuvieran en Real Hacienda; nada se sabe de los tres levantados



La Delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) informó ayer que policías adscritos a Guerrero de la Agencia Federal de Investigación no llevaron a cabo ninguna operación en la unidad Real Hacienda, en la que fueron detenidos tres vecinos que están desaparecidos.
En un boletín de prensa, la dependencia federal exhortó a la población a que denuncie las irregularidades en las que presuntamente participen personas que se ostenten como agentes de la AFI, para proceder contra ellos “con estricto apego al estado de derecho”.
La PGR inició en el Ministerio Público Federal la averiguación previa AP/PGR/GRO/ACADDII/179/2006, mientras que del paradero de los levantados el fiscal regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Enrique Gil Mercado, declaró que no se sabía nada.
La madrugada del lunes, los hermanos Ranferi Oswaldo y Edgar de apellidos Aguirre Terrazas, y el vecino Noé Peralta Balanzar fueron levantados violentamente por individuos que se identificaron como agentes de la AFI.

Niega la PGR que afis estuvieran en Real Hacienda; nada se sabe de los tres levantados




La Delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) informó ayer que policías adscritos a Guerrero de la Agencia Federal de Investigación no llevaron a cabo ninguna operación en la unidad Real Hacienda, en la que fueron detenidos tres vecinos que están desaparecidos.
En un boletín de prensa, la dependencia federal exhortó a la población a que denuncie las irregularidades en las que presuntamente participen personas que se ostenten como agentes de la AFI, para proceder contra ellos “con estricto apego al estado de derecho”.
La PGR inició en el Ministerio Público Federal la averiguación previa AP/PGR/GRO/ACADDII/179/2006, mientras que del paradero de los levantados el fiscal regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Enrique Gil Mercado, declaró que no se sabía nada.
La madrugada del lunes, los hermanos Ranferi Oswaldo y Edgar de apellidos Aguirre Terrazas, y el vecino Noé Peralta Balanzar fueron levantados violentamente por individuos que se identificaron como agentes de la AFI.

No han visto al grupo especial que enviaría Cabeza de Vaca, dicen en la PGR




Aunque durante este fin de semana se observó una intensa movilización de policías federales, estatales y municipales, fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR) aseguraron que, hasta ayer, no habían visto a ningún agente del grupo especial que el procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, presuntamente enviaría a Acapulco para reforzar la lucha contra las organizaciones criminales que se disputan la plaza.
Luego del ataque en contra del coordinador de la Policía Investigadora Ministerial, Alfredo Camacho Millán, en el que murió una de sus tres escoltas, este fin de semana se intensificaron las operaciones de policías de los tres niveles que participan en el programa México Seguro.
Como ha ocurrido en los días posteriores a otros hechos de violencia similares, agentes de las policías Ministerial, Preventiva Municipal, Preventiva del Estado, Federal Preventiva, y de las Fuerzas Federales de Apoyo –los menos– el sábado instalaron retenes en varios puntos de la ciudad, como en la avenida Cuauhtémoc, frente a la tienda Gigante, donde fueron detenidos varios camiones urbanos con el objetivo de revisar a sus pasajeros, principalmente a los hombres.
Por otro lado, el pasado viernes, en una nota publicada por el periódico de circulación nacional El Universal, firmada por los reporteros Silvia Otero y Alberto Magallón, se informó que –durante un gira de trabajo por Colima– Daniel Cabeza de Vaca anunció el envío a Acapulco de un grupo policiaco especial, para reforzar el combate en contra de las organizaciones criminales que se disputan esta plaza.
En la nota se indica que Cabeza de Vaca precisó que: “En el caso concreto de los hechos del puerto de Acapulco hemos enviado un grupo especial que va a tener que hacer acciones más definitivas y más contundentes”.
Además del anuncio, Cabeza de Vaca comentó que “es muy importante que las autoridades locales nos ayuden a revisar a sus policías, que realmente veamos una capacitación, una preparación, una depuración, una investigación, para ver realmente qué grado hay de involucramiento. Es así como vamos a poder combatir este fenómeno todos en conjunto”.
Según la nota, el grupo estaría integrado por policías federales y agentes ministeriales públicos.

De 7 denuncias ante la Fepade, 2 son de la elección en curso: Fromow




La titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) de la PGR, María de los Ángeles Fromow Rangel dijo que ha recibido 125 denuncias en el país relacionadas con la elección federal, sin embargo, dijo que esas cifras cambian diariamente porque se promueve la cultura de la denuncia por medio de spots, los cuales se incrementarán en los 40 días previos al 2 de julio.
Ayer en su visita a la capital afirmó que de las 125 denuncias presentadas ante la Fepade, 7 son de Guerrero y de éstas 2 corresponden a la elección en curso.
Dijo que en la Fepade trabajan 300 servidores públicos, pero que también cuentan con el apoyo en todas las delegaciones y subsedes de la PGR y de todos las Procuradurías de los estados para recibir las denuncias.
Mencionó que actualmente se lleva acabo en todo el país la capacitación del fuero común y del fuero federal, “y se están afinando todos los mecanismos de coordinación y de apoyo para la recepción de denuncias y la atención inmediata de éstas”.
Sobre las denuncias que se han presentado dijo que la mayoría se relacionan con servidores públicos, compra y coacción del voto por medio de programas sociales, así como el condicionamiento de servicios asistenciales.
Dijo que las denuncias presentadas se están revisando e integrando “no puedo decir en cuántos porcentajes podemos acreditar como denuncias probatorias, todas son muy recientes y se están trabajando con la celeridad necesaria; pero si decirles que para nosotros la Fepade será darle cuentas a la ciudadanía para que podamos rendir fruto necesario a esta democracia”.

La PGR ya no investiga ninguna ejecución en Guerrero, dice Murueta a diputados




Durante la mesa de trabajo con diputados, el procurador general de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia, dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) ya no investiga ninguna ejecución en Guerrero porque se retiraron a la ciudad de México para estar atentos en la elección del 2 de julio.
Dijo que en el caso del crimen del empresario acapulqueño Alexis Iglesias tenía “información” pero los responsables evadieron la justicia, aunque no abundó más; mientras que del homicidio del ex secretario general de Gobierno figueroísta, Rubén Robles Catalán –que se lo adjudicó un grupo guerrillero– afirmó que tiene “información importante”, pero no dijo más.
La reunión de trabajo con el procurador se llevó a cabo a las 10 de la noche al final de una larga jornada, en la que sólo estuvieron 17 de 46 diputados. Encabezó la sesión el presidente de la Comisión de Justicia, el diputado perredista, Ramiro Solorio Almazán.
A diferencia del secretario general de Gobierno, Armando Chavarría y del de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Heriberto Salinas Altés, el procurador leyó un resumen de lo que ha sido su desempeño al frente de la Procuraduría, lo cual volvió tediosa la reunión.
En la primera ronda sólo intervinieron seis diputados, y el procurador informó de manera breve sobre las acciones que desarrolló en 2005, pero fue tan breve lo que dijo, que los perredistas Rossana Mora Patiño y Ramiro Solorio Almazán le pidieron un informe pormenorizado.
En la ronda de preguntas y respuestas, el diputado Wulfrano Salgado Romero habló sobre la desaparición del periodista, Leodegario Aguilera Lucas director de la revista Mundo Político, que luego de dos años no se conocen los avances de la investigación y el procurador dijo que habló con “gente” del Instituto de Estudios Periciales de la ciudad de México y no lograron determinar el ADN de los huesos quemados encontrados en Acapulco; además mencionó que hay consignados y que serán liberadas más órdenes de aprehensión contra otros sospechosos.
Sobre los salarios de los Ministerios Públicos, dijo que en diciembre se les otorgó un aumento y en abril se les dio el aumento a auxiliares del MP y a peritos. Dijo que en julio o agosto se hará lo propio con los policías ministeriales e informó que ya no ganan cuatro mil pesos mensuales sino seis mil.
Murueta contestó a la panista Jessica García Rojas sobre el homicidio del empresario acapulqueño presidente de la Coparmex, Alexis Iglesias y dijo que están investigando desde que asumió el cargo, porque le fue heredado por la administración anterior y que tenía “información”de presuntos responsables pero “se evadieron”.
Del homicidio de Rubén Robles Catalán, el procurador dijo que tiene “información importante” y no dijo más.
Los policías no son suficientes para atender las investigaciones
Reconoció que la Procuraduría no tiene los policías suficientes para atender el rezago en las investigaciones de homicidios. Dijo que el números de casos graves, en 2001 es de 4 mil 348; en 2003 es de 4 mil 108; en 2004 es de 3 mil 207 y en 2005 es de 2 mil 256 en las siete regiones.
El priísta Raúl Tavera denuncio que un agente del MP que le pidió dinero para favorecerle en un caso que no explicó, “y aquí está presente pero no lo voy a denunciar, porque todos debemos avanzar juntos en cambiar esa actitud de los Ministerios Públicos”.
Lo anterior sacudió a unos dormilones diputados, funcionarios, Ministerios Públicos presentes y demás funcionarios de la PGJE y de los pocos reporteros de la fuente.
Pero en su respuesta, el procurador sólo dijo que lentamente erradicará viejos vicios y malos ejemplos desde sus titulares en la PGJE para que dejen de pedir dinero por sus servicios.
Solorio pidió un informe de los casos resueltos y preguntó cuándo se designará a un fiscal especial para investigar el homicidio del ex delegado de Transportes en Acapulco, Salvador Melesio Montiel.
El poder económico de sicarios dificulta su detención, afirma
Pasada la media noche en la segunda ronda de preguntas, el coordinador de los diputados del PRI, Abraham Ponce Guadarrama criticó la actuación de la Procuraduría en los casos de violencia y Murueta justificó que habló con “gente” de la PGR pero no dijo quién y que fue a la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO) para pedir su intervención y que esa dependencia envió agentes pero sólo estuvieron dos semanas y se regresaron a la ciudad de México sin hacer investigaciones, aunque no precisó de qué casos.
Afirmó que el crimen organizado ha intervenido en sus investigaciones y que su solvencia económica eso dificulta la detención de sicarios, porque éstos pasan desapercibidos cuando huyen a refugiarse, en muchos casos, a centros vacacionales como balnearios, sin aportar mayor datos.
También dijo que en el caso de los granadazos en Zihuatanejo, encontraron que los responsables huyeron a Colima por Michoacán desde donde también vienen a realizar ejecuciones a Guerrero.
Reconoció que en Guerrero “se dejó crecer a los dos grupos delictivos existentes y llegan hasta a amenazar a policías”, además de corromper a la gente para que se involucre con ellos.

Funcionario de la PGR atacado en Tamaulipas fue vinculado en Guerrero con el cártel de El Chapo




El subdelegado de Procedimientos Penales y Amparo B de la Procuraduría General de la República (PGR) en Ciudad Victoria, Tamaulipas, Jorge Frías Vázquez, quien resultó gravemente herido en un ataque cuando llegaba a su residencia acompañado de una agente del Ministerio Público federal que murió en el lugar de los hechos, aparece en un expediente de la SIEDO como uno de los funcionarios que brindaron protección en Acapulco a los hermanos Beltrán Leyva, del cártel de Sinaloa que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán.
En ese hecho, de acuerdo con medios nacionales, un grupo de sicarios ejecutó el jueves con rifles de asalto AR-15 a la agente del Ministerio Público Federal Rocío del Carmen Vega e hirió de gravedad al subdelegado, Frías Vázquez.
De acuerdo con una nota del diario de circulación nacional Reforma, fuentes indicaron que Vega tenía cerca de tres semanas de llegar del estado de Guerrero porque aquí recibió amenazas contra su vida por parte del grupo de sicarios del cártel del Golfo, Los Zetas, que dirige Osiel Cárdenas Guillén.
En el caso de Jorge Frías, según investigaciones hechas por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la misma PGR, sobre Los Zetas secuestrados y torturados que aparecieron en el narcovideo exhibido en televisión en diciembre del año pasado, daba protección a integrantes del cártel de Sinaloa, según notas periodísticas publicadas en esos días en diarios nacionales, con base en el expediente de la investigación ministerial.
Menciona presuntamente a Abelardo Camacho Reyes, que era encargado de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo en Zihuatanejo; al ex subdelegado en Acapulco, Francisco Lara Saldaña, y a los comandantes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), José Luis Sánchez Báez y Fernán Félix Araiza.
El video muestra cómo interrogan y torturan a cuatro miembros del grupo armado Los Zetas –y uno de ellos es ejecutado ante la cámara– perpetrado presuntamente por policías de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) adscritos a Acapulco.
En diciembre pasado Frías fue enviado a Tamaulipas como subdelegado de la PGR, después de que venía desempeñándose como subdelegado de procedimientos penales A, con sede en Chilpancingo.

El presunto amparo no significa que La Barbie esté en Acapulco: procurador




El procurador General de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia indicó ayer que no puede informar si existe una averiguación o denuncia en contra de Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, identificado por la PGR como el jefe de los sicarios del cártel de Sinaloa que dirige Joaquín El Chapo Guzmán.
El procurador indicó que el hecho de que presuntamente haya solicitado un amparo contra cualquier orden de presentación o aprehensión ante el juez federal cuarto de Distrito del puerto de Acapulco, “no significa que se encuentre en Guerrero”.
“De manera oficial no tengo conocimiento sobre esta situación, yo sólo vi la referencia periodística, pero te puedo decir que todo ciudadano tiene el derecho de promover un recurso legal y depende de la autoridad judicial otorgarlo o no”, expresó el fiscal guerrerense.
Por su parte, el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera dijo ayer que no tiene conocimiento alguno sobre el caso y adelantó que preguntará al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Edmundo Román Pinzón, acerca de “cómo está ese caso y en función de eso podré dar mi opinión”.
En su edición del jueves 17 El Sur confirmó versiones publicadas originalmente en periódicos de la ciudad de México según las cuales Valdez solicitó un amparo “rastreador”, como se le llama en los medios judiciales, porque sirve para saber si hay juicios en contra de alguna persona.
Entrevistado al respecto en su oficina en Chilpancingo, Murueta señaló que no puede informar si en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) existe una averiguación previa o denuncia en contra de La Barbie, considerado como el responsable del secuestro y asesinato de cuatro presuntos integrantes de Los Zetas que fueron video grabados presuntamente en el puerto de Acapulco.
Acerca del amparo Murueta abundó que como se trata de un área relacionada con garantías individuales, “en cualquier lugar se puede solicitar un amparo” y aseguró que no tiene información que indique que La Barbie se encuentra en el puerto de Acapulco, pues “puede estar en el extranjero y haber ordenado a sus abogados presentar la supuesta solicitud de amparo”.
Consultado a ese respecto por teléfono, Chavarría contestó por su parte que apenas sabe del caso por lo que se publicó aquí ayer.
A pregunta expresa, Chavarría insistió en que no contaba con elementos para afirmar que esa acción indicaba una institucionalización de los representantes de los cárteles; ni tampoco quiso opinar sobre si ese amparo adelantaba más violencia y ejecuciones en la entidad o si demostraba que había compra e intimidación de los narcos a los jueces.
El funcionario indicó que hablaría más tarde con el presidente del TSJ, para conocer en qué circunstancias se dio ese amparo, si así fue; destacó que por eso “ahorita no cuento con elementos, estaría haciendo una declaración en el vacío”.

El MP federal de Azueta fue cambiado desde enero; la PGR no es fidedigna, dice una fuente

 

Fuentes policiacas aseguraron que los anuncios de los cambios de agentes del Ministerio Público federal que hizo la Procuraduría General de la República (PGR) y que fueron publicados en la edición de El Sur ayer jueves, no son fidedignos o claros, pues en el boletín que esta dependencia difundió señala que fue cambiado el fiscal de Zihuatanejo, Jesús Isaac Acevedo Román, “cuando este agente fue cambiado de aquí desde el mes de enero pasado”.
La fuente reveló que además Acevedo Román estuvo adscrito a la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo del 20 de diciembre de 2005 al 20 de enero de 2001, en sustitución de Abelardo Camacho Reyes, quien presuntamente fue removido por tener nexos con el narcotráfico.
Hasta la fecha, la UMAN en Zihuatanejo ha tenido cuatro fiscales a partir de la fecha de inauguración, el 14 de octubre de 2005.
Éstos han sido Abelardo Camacho Reyes, quien fue cambiado de plaza luego de que en una edición de la revista Proceso se le relacionó con el narcotráfico; en su lugar, se nombró a Jesús Isaac Acevedo Román, en diciembre y dejó el cargo un mes después, cuando Salvador Anaya del Carmen tomó su lugar, el 26 de enero de este año.
Anaya fue relevado en los últimos días de febrero, y en su lugar fue nombrado Nicolás Fernando Rojas López, quien junto con la fiscal Silvia Margarita López Silva, atiende también la agencia del MP federal de delitos diversos.
La fuente dijo que desconoce por qué la PGR dio a conocer hasta ahora el cambio de Acevedo Román cuando ya tiene poco más de tres meses que no está en Zihuatanejo.

Cambian de sede a cinco agentes del MP federal; mejorar resultados, el fin: PGR

 

La delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Guerrero, informó ayer mediante un boletín de prensa, del cambio de cinco agentes del Ministerio Público federal, mismos que serán enviados a otras áreas, entre ellos el titular del MP de Coyuca de Catalán, destituido por presuntos nexos con el narcotráfico, según el alcalde de Arcelia, Nicanor Adame Serrano.
En el boletín DPE/2078/06, la institución federal indica que en la agencia del Ministerio Público de la Federación (MPF) especializada en delitos Contra la Salud de Coyuca de Catalán, rindió protesta Ricardo Damián Pacheco.
De esa agencia, este lunes Adame Serrano informó a El Sur que tanto el comandante de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y el MP asignados allí fue removidos por tener vínculos con el narcotráfico.
De acuerdo con esa dependencia, los otros cambios fueron el de Jesús Isaac Acevedo Román, quien se desempeñó como agente del MPF en Zihuatanejo, y actualmente atenderá la mesa especializada en la Ley de Armas de Fuego y Explosivos en Acapulco, en sustitución de Moisés Jiménez Hipólito, quien fue adscrito al MPF del juzgado Segundo de Distrito en ese mismo puerto.
Se indica que en Chilpancingo, en la agencia del Ministerio Público de la federación adscrita a los juzgados Primero y Séptimo de distrito, quedará a cargo de Uriel Loaeza Nava, mientras que Jesús Alejandro Ruiz Olmos que estaba en ese cargo se desempeñará como titular de la mesa especializada contra Delitos Ambientales, en esa misma ciudad.
Según el texto oficial, el objetivo de los cambios es reforzar las acciones y mejorar los resultados obtenidos por esa dependencia federal, por lo que el delegado de la institución, José Martín Godoy Castro, tomó protesta ayer de los MP.
Abunda que los funcionarios federales fueron designados porque cuentan con las características de honorabilidad y probidad para cumplir su función.
“Como titulares de áreas estratégicas para la procuración de la justicia federal, su actuación es constantemente supervisada por el área de inspección interna de la Visitaduría General de la PGR”, señala el documento.
Dice que esos cambios, se realizan de manera constante entre el personal de la PGR, en cumplimiento del programa de Transparencia y Combate a la Corrupción, “cuyo objetivo es ofrecer imparcialidad en la investigación y persecución de los delitos del fuero federal”.