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Urge una revisión de las policías del estado, plantea Martín Mora

 

 Adalberto Valle Sánchez

El presidente del PRD en Guerrero, Martín Mora Aguirre, reprobó la ejecución del empresario farmacéutico Domingo Mendoza Guzmán –quien era militante perredista–, y exigió a las autoridades que se castigue a los culpables y que no sea un delito más que quede sin resolver.

Mora Aguirre recalcó que es necesaria una revisión a fondo de quienes integran las corporaciones policiacas, luego de que los sicarios del empresario igualteco usaban ropa de la Policía Judicial del Estado.

El jueves, el propietario de Farmacias Mexicanas, Domingo Mendoza Guzmán, fue secuestrado afuera de su negocio en Iguala por tres presuntos judiciales. El lunes apareció muerto a cinco kilómetros de Ahuehuepan.

“Se menciona que no eran policías, pero cómo es posible entonces que anden en la calle con armas de alto poder de manera pública. Se lo llevaron porque era una supuesta detención, y exigimos que se investigue hasta lo último”, comentó.

Agregó que las autoridades deben tener mayor control entre quienes “supuestamente” protegen a la sociedad. “No pueden seguir saliendo sicarios de la policía. La PGJE debe hacer una revisión y terminar con ese tipo de mafias. No quisiera entrar en quiénes son culpables, pero cada quien debe asumir su responsabilidad”.

Martín Mora dijo que Domingo Mendoza estaba registrado como miembro del PRD. “Asistía a reuniones, como cualquier otro integrante del partido”.

Usar los cauces legales, pide el gobierno del estado a los policías encapuchados

No hay descuentos injustificados, responde en un boletín

 Se analiza aumentar el bono por el 10 de Mayo, otra de las respuestas del comunicado

 Zacarías Cervantes Chilpancingo

A través de un comunicado que se distribuyó ayer por la Dirección General de Comunicación Social, el gobierno del estado rechazó las denuncias de policías del estado que distribuyeron un comunicado y fografías donde aparecen encapuchados que se quejan por descuentos y demandan incremento salarial, así como el pago de aguinaldo y mejorar sus prestaciones.

Pero en el documento se indica que “el gobierno del estado manifiesta su completa disposición para atender todas las expresiones de inconformidad, siempre y cuando estas sean planteadas por los cauces y las instituciones legalmente establecidas para ello”.

El lunes pasado, policías inconformes, que integraron una Organización Clandestina para la Protección de la Familia, se presentaron encapuchados en una cancha de Chilpancingo donde leyeron y entregaron comunicados en los que exigen incremento salarial y pago al cien por ciento del aguinaldo, así como denuncian diversos descuentos que les aplica la Secretaría de Finanzas a sus quincenas, “de forma arbitraria”.

Con respecto a la reintegración de los descuentos que reclaman los uniformados, el documento del gobierno estatal subraya que a partir de enero se “revisó el procedimiento” e impactó en   la percepción de los trabajadores, no sólo de las áreas de Seguridad Pública, sino de todas las dependencias.

“Por lo tanto, no hay descuento injustificado, por el contrario, esto se hace con apego a la legislacion fiscal, evitando a la administracion pública estatal incurrir en delitos tipificados como graves, por omision fiscal”.

En cuanto a la demanda del bono de 2 mil pesos por el 10 de mayo, se informa que se otorga con motivo del Día de las Madres y es de mil 500 pesos, y este año se pagó a partir del lunes. En el acto para celebrarlas se le planteó al jefe del Ejecutivo estatal el incremento de este estímulo, y actualmente se analiza”.

Con respecto a la demanda de los policías de que se maneje con transparencia el fondo de ahorro, el gobierno estatal informa que la “caja de prevision” es manejada a traves del Comité    Técnico en beneficio de los agentes del Ministerio Público, peritos, agentes de la Policía Judicial, Policía Preventiva y custodios. “Este personal aporta a la caja de prevision un 6 por ciento de su sueldo base y sobre sueldo vida cara, para tener derecho al pago de seguro de vida, gastos funerarios, pensión por muerte en cumplimiento de su deber y pensión por invalidez”.

En el documento se señala que durante los cuatro años recientes, la caja de prevision ha otorgado 38 pensiones y 835 indemnizaciones globales.

En cuanto a la demanda de incremento salarial y a los días de aguinaldo de los uniformados, se informa que a partir de enero de 2001 a la fecha, la percepcion de los policías ha registrado un incremento del 37.8 por ciento.

En el comunicado también se da respuesta a la exigencia de los policías de que no los discriminen con los créditos que se otorgan sólo a algunos, y al respecto se señala que los créditos del Plan de Previsión Social se han otorgado indistintamente, tanto al personal de base, confianza y supernumerario.

Agrega que hay una cartera vencida de 203 trabajadores de Seguridad Pública, “motivo por el cual el Comité Técnico de Administracion del Fideicomiso del programa acordó, como uno de los requisitos para otorgar los créditos, la inclusión de una carta aval para salvaguardar la integridad de los fondos fideicomitidos”.

En el caso de la demanda para que no se disminuya el número de productos de la despensa, el gobierno estatal asegura que “el valor nutricional de las despensas, así como el número de productos es el mismo desde que comenzó el programa”.

En el pliego, los policías exigen que el pago de sus quincenas sea en efectivo y no en cheque, toda vez que estos no los pueden cobrar en los lugares donde se encuentran destacamentados, y cuando sus esposas acuden a los bancos no pueden cobrarlos.

Al respecto, se informa que desde hace dos años se cambió la modalidad de pago en efectivo a pago con cheque “para protección al salario de los trabajadores, para evitar cobros indebidos y salvaguardar la integridad física de los pagadores por posibles asaltos”.

Se asegura, asimismo, que el cobro de los cheques, con un endoso simple y la identificacion del endosante y del endosatario, puede hacerse en la institución correspondiente.

Y con respecto a la demanda de los policías para un incremento del 100 por ciento a su aguinaldo, se señala que “los trabajadores tendrán derecho a una gratificación anual equivalente a 40 días de salario, que será cubierto en dos partes iguales dentro de los primeros 15 días de diciembre y enero respectivamente”.

Los policías persiguieron a los colonos por el predio y a los que detenían los golpeaban y los aventaban a las camionetas

Testimonios de desalojados

 Los policías persiguieron a los colonos por el predio y a los
que detenían los golpeaban y los aventaban a las camionetas

Karina Contreras y Jorge Nava Ayer a medio día, en el predio desalojado en Metlapil, todavía se notaban los restos de las casas de palos y sábanas construidas por los precaristas y que fueron destruidas en la madrugada con máquinas retroexcavadoras.

Varios vehículos de los colonos tenían los cristales estrellados por las pedradas que hubo durante el desalojo, y todavía se percibía el olor a llanta quemada que tenían como barricada en toda la orilla del predio, y que fueron prendidas cuando los que hacían la guardia se dieron cuenta de la llegada de los policías antimotines.

Cerca del predio quedaron muy pocas personas desalojadas, y cuando accedieron a hablar de cómo fue el desalojo, lo hicieron con voz entrecortada, ojos llorosos y los cuerpos temblorosos. Mostraron moretones que, aseguran, fueron hechos con las macanas de los policías.

Afirmaron que los arrastraron por todo el predio, pero que se libraron como pudieron para huir, aunque fueron perseguidos.

Una señora de nombre Adela, que no quiso dar sus apellidos, era la más serena de los desalojados y accedió a contar su versión. Afirmó que en la madruga de ayer la mayoría de los colonos estaban dormidos cuando fueron rodeados por los policías antimotines, que sin considerar a nadie se fueron contra ellos a golpes como “si fuéramos animales”.

Recordó que como pudieron se defendieron hasta replegar a los policías en la entrada del predio, pero fue cuando los agentes rociaron los gases lacrimógenos, inclusive contra los niños, que gritaban aterrados.

Manifestó que en ese momento corrieron y fueron perseguidos por los policías, y a los que detenían los golpeaban y los aventaban a las camionetas como “sacos de papas”.

Los desalojados calificaron la acción de las autoridades como una injusticia, pues ellos necesitan un lugar donde vivir.

Otra señora de nombre Blanca comentó que los policías luego del desalojo, se portaron como “aves de rapiña”, porque esculcaron sus cosas y les quitaron el poco dinero que tenían.

Dijo que alcanzaron a recuperar estufas, tanques de gas y algunas bicicletas de las camionetas porque uno de los comandantes ordenó que les regresaran las cosas, pero cuando éste se fue, los “mañosos policías se las llevaron”.

Entrevistado afuera de los separos del Sector Central del MP, Bernardo Trujillo Joaquina, uno de los precaristas, dijo que los policías también lanzaron gas lacrimógeno a niños y ancianos.

Afirmó que los policías separaron a los niños de los adultos para meterlos en una Combi a la que también lanzaron un frasco de gas lacrimógeno.

Sostuvo que inclusive en la mañana a una niña la encontraron debajo de los escombros del desalojo, porque hubo gente que fue arrojada a una barranca que hay en ese predio.

Positivos, 42 policías en el segundo antidoping; sugieren al alcalde darlos de baja

 

 Los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia dieron a conocer los expedientes de 42 policías que reincidieron en el segundo examen antidoping y recomendaron al alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas, darlos de baja.

El síndico de procuración y Justicia, Fernando Donoso Pérez, informó que durante la sesión de la Comisión de Honor- el lunes por la tarde-, los integrantes, después de analizar los casos, determinaron la situación de 42 casos de policías, en los cuales recomiendan al presidente municipal darlos de baja de la Secretaría de Protección y Vialidad.

Donoso explicó que en el primer examen, realizado en mayo del año pasado, salieron positivos 243 policías y en el segundo, en noviembre de 2003, fueron 99 los que reincidieron.

Donoso Pérez dijo que el trámite fue largo y apenas concluye, porque hay algunos casos diferentes. Además aclaró que ya se hicieron 13 recomendaciones mediante la emisión de dictámenes; 33 están en espera del dictamen y que 10 policías “se fueron por su voluntad”, antes de que entraran a la comisión.

Precisó que de los 243 policías que resultaron positivos en el primer examen antidoping, 144 estuvieron “limpios en el segundo”, se sometieron a la prueba, pero ésta les salió negativa, “se está dando la oportunidad de que continúen mientras sigan dando negativa la prueba”.

Dijo que los policías acudieron al Centro de Integración Juvenil para participar en terapias de rehabilitación “con el nuevo examen vamos a ver si hay reincidencia”.

Integran la comisión son el secretario de Protección y Vialidad, Antonio Valenzuela Valdés; el director del Jurídico Juan Pablo García Murguía; el contralor municipal, Esteban Celis González; entre otros.

Se aplican por tercera vez exámenes antidoping a más de 2 mil policías

 

 Magdalena Cisneros El secretario de Protección y Vialidad, Antonio Valenzuela Valdés, informó que ayer comenzaron a aplicarse por tercera vez los exámenes antidoping a más de 2 mil policías municipales y que los resultados estarán en menos de 15 días.

Por su parte, el alcalde Alberto López Rosas mencionó que esperan continuar con estos exámenes que “por primera vez se están haciendo cada seis meses, y es el propósito de que podamos ir depurando y profesionalizando esas corporaciones”.

Dijo que quienes den positivo serán turnados a la comisión de Honor y Justicia para que exista una resolución y si es negativa para los policías serán separados de sus funciones.

En declaraciones posteriores a la entrega de reconocimientos de la asociación de Comerciantes de la Costera a policías, Valenzuela Valdéz informó que a las siete de la mañana empezaron los estudios a los policías, que esperan resulten negativos “que estén sanos, es una obligación que estén trabajando en sus cinco sentidos y es para cumplir con la Secretaría de Defensa Nacional, con la licencia 110, con el armamento que puedan portar”.

Mencionó que de los 76 policías que dieron positivo en los pasados exámenes, tres de ellos ya fueron dados de baja y los demás están sus casos en la comisión de Honor y Justicia.

Solicitan policía para la asamblea de comuneros sobre La Parota

Este domingo podría decidirse el futuro del proyecto

 Karina Contreras

Este domingo 25 de abril, se llevará a cabo la asamblea ejidal para tratar el futuro del proyecto hidroeléctrico La Parota que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretende construir en tierras guerrerenses. La asamblea ejidal está programada para las 10 de la mañana en la comisaría de los Bienes Comunales de Cacahuatepec. En previsión de que pudiera haber hechos violentos, por la presencia de grupos con posiciones diferentes al proyecto, las autoridades ejidales solicitaron resguardo policiaco.

Está será la tercera asamblea ejidal para tratar de legitimar el proyecto La Parota, luego de que el 28 de julio fueron suspendidos los estudios preliminares por comuneros inconformes con la construcción de la presa. Las última asamblea terminó enmedio de golpes, entre los que apoyan el proyecto y los que lo rechazan.

Debido a esto, las autoridades ejidales han pedido el resguardo policiaco, lo cual fue confirmado por el director de la Policía Preventiva, Roberto Abizaid Gracían, quien dijo que estarán el domingo en la asamblea para dar la seguridad.

El funcionario municipal manifestó que todavía desconoce cuántos policías acudirán a Cacahuatepec, pero que lo harán en coordinación con la policía estatal.

La asamblea, según fuentes consultadas por este medio, fue acordada en una reunión efectuada el jueves 15 de abril, en la residencia oficial Casa Guerrero, a la cual asistieron el gobernador René Juárez Cisneros; el representante de la CFE para el proyecto La Parota, Eugenio Laris Alanís; el alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas; el secretario de Gobierno, Luis León Aponte; el comisario de Bienes Comunales, Crecencio Jerónimo Aparicio, así como dirigentes priístas, pero ninguno de los grupos inconformes con la presa.

De acuerdo con la opinión, de algunos que estuvieron en esa reunión, los participantes coincidieron que el futuro del ambicioso proyecto depende de la asamblea de mañana, donde se espera la presencia de 4 mil de los 7 mil 200 comuneros empadronados con lo cual se pretende lograr la aprobación, por el voto del 50 más uno, que exige la ley ejidal.

También se informó que esa asamblea será el último intento para lograr la aceptación del proyecto, pues de lo contrario quedara cancelado, pero si hay un consenso,                 se legitimará y la CFE podrá entrar sin problemas a las tierras de los campesinos y no habrá reversa en la decisión.

El grupo inconforme de Gumersindo Joaquín Prudencio dijo que no asistirán a la asamblea ejidal, pues manifestaron que es ilegal y advirtieron que no van a pasar por encima de ellos.

Cancelan un careo entre policías y los acusados de matar a Zacarías Barrientos

 Tres de los agentes de la Policía Ministerial que llevaron a cabo el arresto no se presentaron a la audiencia

 Magdalena Cisneros

Por la inasistencia de tres integrantes de la Policía Ministerial del Estado se canceló el careo que se llevaría a cabo ayer por la mañana en el Primer Juzgado en materia penal –en una área del Cereso de Acapulco–, con los cinco acusados por el asesinato del testigo de la guerra sucia, Zacarías Barrientos Peralta, ocurrido el 26 de noviembre del 2003, en Atoyac de Alvarez.

En las instalaciones del Juzgado Primero, los familiares de los acusados señalaron que los policías Marcos Edgar Echeverría Rodríguez, Rafael de la Cruz Ramírez y Donaciano Victoriano Zúñiga estuvieron fuera del Cereso pero no se presentaron a la diligencia, aunque fueron citados para otra el 12 de mayo, a las 10 horas.

El 7 de enero, el procurador general de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, presentó como los actores materiales e intelectuales del asesinato del testigo a la esposa de Zacarías, María de Jesús Martínez Reyes, de 48 años; el trabajador de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), Isaías Martínez Gervasio, de 82 años; así como Apolinar Ramírez Barrientos, de 54; Benito Salgado Aguirre, de 65, y Ramiro Rosas Contreras, de 50.

El secretario de Acuerdos del Juzgado Primero, Bernardo Casarrubias Flores, indicó que recibió un documento justificando la inasistencia de los policías y canceló el careo.

Dijo que recibió el oficio 31 del coordinador general de la Policía Ministerial del Estado, quien informa que “no fue posible notificar a los policías en virtud de que no están adscritos a esta jurisdicción, y como alega que fue muy pronto la notificación por lo tanto se puede decir que está justificada la inasistencia”.

La integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino, que acudió al Cereso –junto a los parientes de los detenidos– acusó que el caso de los cinco detenidos “está congelado, no hay evidencias de su culpabilidad y ellos no pueden seguir presos”.

Dijo que la inasistencia de los policías se debió “tal vez a que se enteraron que llamamos a los medios de información para que escucharan lo que decían”.

Mientras esperaban a los policías, los familiares platicaron con los acusados, que estaban tras rejilla, y con su abogado defensor sobre lo que harían para continuar con la solicitud de libertad

María Estela Martínez Pérez, hija de Isaías Martínez, preguntó por qué los policías no se presentaron al careo. Aseguró que no acudieron porque “saben que las cosas que hicieron fueron injustas, así como actuaron que tengan cara para presentarse”, y reiteró que los acusados son inocentes y por eso exigen su libertad inmediata.

Andrea Martínez Rosas criticó la actitud de los policías al no presentarse a la diligencia porque desea ver a su padre Apolinar fuera de la cárcel, más ahora que la esposa del detenido está enferma.

Por su parte, uno de los acusados, Isaías Martínez, exigió que los policías se presenten, “que tengan valor, así como cometieron ese error de detenernos”; y sugirió que no fueron por “venganza, porque en la primera ocasión del careo su abogado no pudo asistir.

Pidió ayuda a las diversas organizaciones para recuperar su libertad, e insistió que es inocente igual que los otros cuatro acusados.

El abogado defensor Marco Antonio Valle Cabañas informó que el 6 de mayo, a las 11 horas, en Tecpan de Galeana habrá una audiencia testimonial de los agentes del Ministerio Público de la Federación, que testificarán a favor de Isaías Martínez.

Al salir del Cereso, los familiares señalaron a dos personas que participaron en la detención: en una camioneta color verde claro estaba el ex comandante de la Policía Judicial del Estado (ahora Policía Ministerial) en Atoyac, Bertoldo Delgado Bahena, quien indicó que ahora está en el sector 2, de Ciudad Renacimiento, y su presencia era para detener a una persona por robo calificado. A unos metros en un vehículo Tsuru, color rojo, los familiares señalaron a un hombre de 45 años aproximadamente como Rafael de la Cruz Rodríguez, pero él lo negó y dijo llamarse José Luis Mercado García.

Protestan policías en el Ayuntamiento; demandan aumento salarial y bonos

* Núñez Ramos dice que es un “movimiento político innecesario”

 * En reunión con la secretaria general, denuncian que que les cobran 100 pesos en Tránsito para usar patrullas; 50 o 100 pesos para poderse incapacitar; y los preventivos dijeron que las camionetas Ford tipo Lobo y Cherokee son usadas por esposas de comandantes o por ellos mismos y que para prestar auxilios tienen que usar las patrullas normales

 Jorge Nava * Cien policías preventivos, de Tránsito, de la Auxiliar y policletos se manifestaron en el Ayuntamiento en pro de sus demandas laborales, y cumplieron así la advertencia que fue desdeñada por el secretario de Protección y Vialidad, Antonio Valenzuela Valdez.

Durante la manifestación los policías solicitaron el aumento salarial que prometió en campaña electoral López Rosas, además exigieron el pago de bonos. Los policías también pidieron algunas explicaciones en torno a anomalías en el pago, en especial los policías preventivos, quienes firman talones de pago por una cantidad y cuando cobran, el monto es inferior.

A la reunión de protesta acudieron los policías que fueron convocados a través de un volante. Lo mismo ocurrió con policías de Tránsito, quienes después de cubrir su turno en la mañana se presentaron en la explanada del Ayuntamiento para manifestar sus inconformidades.

En un boletín de prensa del Ayuntamiento, la secretaria general María de la Luz Núñez Ramos, señaló que la protesta de los policías fue “un movimiento político innecesario porque todas las demandas han sido satisfechas”.

Aseguró que en 2003 se autorizó un incremento del 7.1 por ciento al salario base, “el cual representó el doble de lo aprobado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos”.

Durante la manifestación los policías inconformes adoptaron una actitud violenta, la cual provocó que de inmediato reaccionaran comandantes de diversos sectores de la Policía Preventiva, y se colocaran detrás de la puerta principal.

A la escena llegó el director de esa corporación, Roberto Abizaid Gracián; el director de Tránsito, Israel González Nava; y el jefe operativo de la preventiva, Humberto Hernández García.

Los jefes y directores propusieron a los policías exponer sus demandas a Núñez Ramos, alternativa que no fue aceptada, y reiteraron su decisión de hablar directamente con el alcalde Alberto López Rosas, quien entonces asistía como delegado al Congreso Nacional del PRD.

Humberto Hernández les pidió entonces que estaban en todo su derecho de manifestarse, pero que mantuvieran orden.

Los policías respondieron con el grito de: ¡Aumento! ¡Queremos solución! ¡Queremos viaje a Japón!

Transcurrió media hora y se presentó el secretario de Núñez Ramos, quien informó que el alcalde pidió a la secretaria que los atendiera, así que los policías ingresaron apresuradamente al Ayuntamiento, de donde salió la funcionaria a recibirlos y directamente le fueron expusieron sus quejas.

Núñez Ramos escuchó varias quejas en el camino, pero luego ocuparon la sala de Cabildo.

Después se integró el jefe de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Luis Andrés Lara García.

Hablaron Laura Diosdado, Carlos Izquierdo Urbano, Héctor Manuel Rodríguez Sánchez, Yair Arreiguen, Juan Soto Morales, Arturo Martínez Rodríguez, entre otros, todos ellos, en representación de sus compañeros pidieron la solución a sus demandas y acabar con la corrupción en toda la Secretaría de Protección y Vialidad.

La reunión duró dos horas, en ella los policías denunciaron que cobran 100 pesos en Tránsito para usar patrullas; 50 o 100 pesos para poderse incapacitar; y en el caso de los preventivos, dijeron que las camionetas Ford tipo Lobo y Cherokee, son usadas por esposas de comandantes o ellos mismos y que para prestar auxilios tienen que usar las patrullas normales.

Denunciaron que no hay material para reparar las patrullas que están descompuestas; le reclamaron al director de Recursos Humanos que acuda personalmente a comprobar que el personal dado de alta en esa dependencia, realmente acude a laborar, pues entregaron una lista de aviadores en la que aparece la comandante Maribel Marcial Angelito.

Según los denunciantes, también esta dada de alta, la esposa del comandante Rigoberto Escobar Avila, así como la esposa del comandante Juan Contreras; y comandantes ficiticios como el comandante Vianey Carranza Vega, una persona de nombre Julio César Soto Pano y Esmeralda Alarcón Rodríguez.

Acusaron al ex encargado de la Dirección de Tránsito, ahora subdirector administrativo de esa dependencia, Salvador Melesio Montiel de vender permisos a empresarios, además revelaron que los directivos de esas corporaciones no respetan convocatorias que emiten para cargos de comandante porque al final imponen a gente allegada a ellos.

Incluso hubo policías del gobierno del estado que participaron en la masacre del vado de Aguas Blancas, como Vianey Carranza Vega, Julio Contreras, y Rigoberto Escobar, quienes se refugiaron en esa dependencia y ahora son comandantes.

Los policías pidieron a María de la Luz Núñez que no sean reprimidos por esta acción y que si la sociedad los señala de malos es porque “bailamos al son que nos toquen”, pues criticaron que si desean acabar con la corrupción deben de empezar desde los directivos.

En respuesta la secretaria general dijo que atenderá el caso de los uniformes, pero sobre el aumento les adelantó que ese tema se verá en abril y sobre el Seguro Social se les indicó que próximamente ya todos los trabajadores contarán con el servicio que presta esa institución.

Los policías dieron de plazo el 16 de abril para que respondan a sus demandas, pero hicieron énfasis en que deberán comenzar a dar respuesta acabando con la corrupción en esa dependencia.

En el boletín del Ayuntamiento la secretaria Núñez Ramos insistió que la inconformidad resulta inoportuna porque el incremento al salario se pagó de manera retroactiva al 1 de enero de ese año. Dijo que de todos es sabido que las modificaciones de salarios se acuerdan en abril.

Agregó que en la actual administración los trabajadores de la SPV han visto mejoradas sus percepciones.

Respecto al bono solicitado, explicó que se aplicó en la conclusión del trienio anterior y que por lo tanto no existe razón alguna para solicitarlo en este momento. Sobre la solicitud de armamento, dijo que éste ya está presupuestado y se entregará conforme a la calendarización estipulada.

Sobre los supuestos descuentos irregulares, el director de Recursos Humanos propuso atender en los casos que corresponda y explicar a los solicitantes.

En cuanto a las vacaciones, Lara García aseguró que éstas se han garantizado conforme a la Ley y que a principios de 2004 se pagó incluso las correspondientes a 2002.

Sobre la necesidad de vivienda, la secretaria Núñez Ramos sostuvo que “me consta que el presidente municipal está muy preocupado por resolver de verdad el asunto de la vivienda, pues para el gobierno del alcalde es prioritario, pues significa un gran apoyo para los elementos de esa corporación y sus familias, que merecen un trato digno de todo gobierno y de la sociedad; de hecho, ya se está en pláticas con una empresa constructora de vivienda de interés social y sólo faltan afinarse algunos detalles legales y presupuestales para iniciar con este programa de gobierno”.

El miércoles, el secretario Antonio Valenzuela dijo que era “inverosímil” el volante en que se anunciaba la protesta porque nadie le ha manifestado a él ninguna inconformidad.

Golpes entre concesionarios y policías en operación contra camiones fuera de ruta

* Dos permisionarios resultaron lesionados

 

Los concesionarios del Bloque 1 –ruta de la Costera– Antonio Origel Ruiz y Armando Villanueva, resultaron lesionados en un enfrentamiento a golpes con agentes de la Secretaría de Protección y Vialidad, quienes apoyaban una operación de la delegación de Transportes efectuada ayer en el Asta Bandera, para detener camiones urbanos fuera de ruta.

Ayer por la mañana, inspectores de la delegación de Transportes, instalados frente al parque Papagayo, detuvieron al camión con número económico 859 –el cual circulaba fuera de ruta–, pero los concesionarios Olga Lidia, José Vega Durán, Rosa Isela Vega, Cecilia Tejeda, así como seguidores formaron una valla para impedir que la unidad fuera trasladada al estacionamiento del parque Papagayo, por lo que los agentes de la SPV intervinieron, lo que ocasionó la agresión.

Allí, el concesionario Armando Villanueva anunció que junto con otros compañeros decidieron no respetar el rol de rutas desde ayer, porque los concesionarios Rodríguez Otero siguen incurriendo en diversas irregularidades, “no quieren respetar el rol de rutas y tampoco quieren pintar las unidades con el color oficial, son 11 los camiones que trabajan de manera irregular”.

Armando Villanueva aseguró: “los Rodríguez Otero son culpables de los hechos violentos, sabemos que tienen dinero y todo mundo se les arrodilla y nosotros estamos trabajando en un área que nos corresponde”.

También acusó al comandante Francisco Ramírez, quien se encontraba a cargo de los policías, los cuales en su momento negaron el nombre de éste y uno de los policías municipales argumentó: “no sé el nombre del comandante, ya se fue”.

A pesar de que el camión urbano con número económico 859 circulaba en la ruta Base-Hornos, cuando la ruta oficial era Base-Cine Río, fue liberado después de que se registraron los                   golpes y jaloneos, el delegado de Transportes de la zona Centro, Arturo Heredia Agatón, argumentó que “la grúa no lo pudo sostener”.

El funcionario estatal dijo que buscarán dialogar con las dos partes para que nuevamente se ponga en marcha el reordenamiento vial, pero que las operaciones continuarán. (Luluani Vega)

Denuncian ambulantes que policías los encañonan para quitarles la mercancía

* Protestan en el Palacio Federal contra Profepa

* Nos quieren quitar de las playas pero no nos dan alternativas, aseguran inconformes * Intentaron negociar con un funcionario de la dependencia, pero no llegaron a ningún acuerdo, dice el secretario general de la organización de comerciantes de la Bahía Santa Lucía, José Luis Avila

Comerciantes ambulantes se manifestaron afuera del Palacio Federal en contra de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pues denunciaron que en las operaciones algunos de sus compañeros que laboran en las playas han sido agredidos e incluso amenazados con armas de fuego por parte de la policía.

El secretario general de la organización de comerciantes de la Bahía Santa Lucía, José Luis Avila Vázquez, dijo que los problemas comenzaron porque el delegado de la dependencia, Miguel Angel Calzada Adame, ha instruido a sus inspectores para impedir que los ambulantes trabajen en la playa, “pero no les da alguna alternativa”.

Alrededor de 50 comerciantes ambulantes efectuaron una caminata del Asta Bandera a las instalaciones del Palacio Federal, donde permanecieron por varias horas gritando consignas en contra del delegado de la Profepa.

Avila Vázquez dijo estar en contra de las acciones que han efectuado autoridades de esa dependencia federal y de la dirección de Vía Pública porque más de mil familias son afectadas económicamente al impedirles realizar su trabajo.

Señaló que no es justo la manera en que la fuerza pública trata a los comerciantes cuando les retira su mercancía, “llegan de manera violenta, los encañonan, les colocan el arma de fuego y por eso es la inconformidad”.

Señaló que todos los comerciantes ambulantes que trabajan en las playas del puerto han mostrado su inconformidad, y por tal razón no desechan la posibilidad de continuar sus manifestaciones.

El representante de los vendedores informales comentó que a pesar de la solicitud que han presentado desde hace años a las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que se les permita vender, no han obtenido ninguna respuesta.

Indicó que no están renuentes a pagar alguna cuota con tal de que los dejen trabajar, y citó como ejemplo que en otros estados de la República Mexicana hay comerciantes informales a quienes les permiten trabajar sin ningún problema; “en Puerto Vallarta se paga una cuota y se le deja vender al comerciante de manera tranquila”.

Una comisión de comerciantes ambulantes entró a las oficinas del delegado de la Profepa, a quien expondrían sus quejas, pero el funcionario no se encontraba y su secretaria argumentó que Miguel Anguel Calzada Adame había viajado a Chilpancingo a una reunión de trabajo.

Por ello el coordinador de inspectores de la dependencia, José Luis Zumárraga, atendió a los inconformes, aunque previamente dijo a algunos reporteros presentes que la reunión sería privada y la representante de Comunicación Social se encargaría de informar los resultados finales.

Posteriormente, Avila Vázquez informó, vía telefónica, que no hubo ningún acuerdo con el representante de la Profepa. (Luluani Vega).