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Pretende la Sagarpa “adueñarse” del 60 o 70% del presupuesto del Pimaf, dice la CIOAC

Alfonso Marín Amezcua

Chilpancingo

El secretario general de la Central Independiente de Organizaciones Agrícolas y Campesinas (CIOAC-Roja), Gerardo León Hurtado denunció que el Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (Pimaf), solamente ha sido entregado a unos 8 mil productores de maíz en el estado, de las 86 mil hectáreas consideradas, principalmente en la Tierra Caliente y la zona Norte del estado.
El dirigente aseguró que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) pretende “adueñarse” del 60 al 70 por ciento del presupuesto del Pimaf, que ronda unos 180 millones de pesos.
El miércoles pasado, productores de 11 organizaciones agrícolas denunciaron que la Sagarpa no ha distribuido las semillas ni los productos agroquímicos del Pimaf, y advirtieron que de no entregarse a tiempo, se pone en riesgo el cultivo de alimentos básicos y la subsistencia de miles de campesinos.
Hace 10 días, el mismo dirigente de la CIOAC-Roja, Gerardo León Hurtado denunció que el programa federal no había sido entregado a 12 mil productores “de alto rendimiento” que cultivan 65 mil hectáreas de maíz de Guerrero.
Vía telefónica, León Hurtado reiteró que los productores de su organización siguen sin obtener el subsidio equivalente  a 2 mil 200 pesos por cada hectárea de maíz registrada.
Detalló que en una reunión el jueves pasado, el delegado de la Sagarpa, Mateo Aguirre Arizmendi explicó que los productores serán beneficiados únicamente con “cuatro, cinco y hasta una hectárea”, del programa, pese a que cientos de campesinos cuentan con al menos siete hectáreas registradas como lo consideran las reglas de operación; “por eso nosotros planteamos que si (Aguirre Arizmendi) hace esto, violentará las normas aplicables para el Pimaf de todo el país”.
Destacó que, con su postura, Aguirre Arizmendi pretende “robarse” el presupuesto federal, de las hectáreas restantes que no serán entregadas.
Manifestó que los productores exigen  transparencia y aseguró que “la delegación (de la Sagarpa) pretende adueñarse del 60 o 70 por ciento del presupuesto”.
El dirigente expuso que en la Tierra Caliente se encuentra la mayor cantidad de productores “de alto rendimiento”, y allí invierten unos 22 mil pesos para el cultivo, “y por eso, hablar de un apoyo de 2 mil 200 pesos por cada hectárea de alto rendimiento, es mínimo; sin embargo, no se ha cumplido hasta el momento”.
Asimismo, denunció que Aguirre Arizmendi ha politizado el programa federal, ya que ha dado prioridad a productores vinculados con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en todo el estado o de origen priista como el diputado local del PRD, Isidro Duarte.
El dirigente insistió en que el Pimaf ha sido entregado únicamente para productores dueños de unas 8 mil hectáreas, “por ejemplo, en Tierra Caliente se entregaron al diputado Isidro Duarte unas 600 bolsas; en Coyuca 450 bolsas y en Arcelia 400 bolsas,  cuando se debió haber entregado más de 56 mil paquetes” de semillas y agroquímicos.
León Hurtado insistió que el delegado federal “pretende robarse el presupuesto” de unos 180 millones de pesos, para 86 mil hectáreas de maíz, más lo adicional de los Prestadores de Servicios Profesionales (PSP) por cada 500 hectáreas.
Asimismo, explicó que el año pasado fueron entregados apoyos del Pimaf para 220 mil hectáreas, y para este año bajó a solamente 86 mil hectáreas, con un recorte presupuestal casi del 60 por ciento.
Agregó que los productores “sospechan” que dicho presupuesto para el Pimaf llegó a Guerrero desde finales de marzo, y por ello la Sagarpa no debió ser “juez y parte” en su distribución, ya que las reglas de operación indican que se deben depositar a un fideicomiso de cada organización o a los productores de manera individual, para hacer una compra consolidada del agroincentivo.

Exigen agricultores a la Sagarpa que no imponga proveedores ni dé preferencia a organizaciones del PRI

Integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), exigieron a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación (Sagarpa), no imponer a dos proveedores para la entrega de paquetes tecnológicos para productores de maíz en el estado, y que no haya preferencia a organizaciones afines al PRI.
En conferencia de prensa en el Samborns Oceanic, a nombre de los delegados regionales de la UNTA, el presidente estatal, Marco Antonio Reyes Campos, y la delegada en Acapulco, Pilar Campos Tapia solicitaron a la Sagarpa que sea equitativo el reparto de apoyos y no dar preferencia a las organizaciones afines al PRI.
Los dirigentes reiteraron su rechazo a la decisión de la dependencia de no validar las cartas de posesión de tierras emitidas por los comisariados ejidales y comunales. En un comunicado, urgieron al titular de la Sagarpa, José Eduardo Calzada Rovirosa, y al delegado en el estado, Mateo Aguirre Arizmendi, una mesa de trabajo y la conformación de un padrón único de productores de maíz.
Además de tener el derecho de elegir a los proveedores del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (Pimaf), Sostuvieron que en las regiones del estado se necesitan insumos diferenciados, por el clima, el suelo, las plagas, que no son las mismas.
Que sean reconocidas las cartas de posesión de tierras emitidas por las autoridades ejidales y comunales, y que sean los productores quienes definan qué despacho y técnicos los orienten y que no los imponga la dependencia.
Alertaron que el gobierno trata de perjudicar a los productores y viola las reglas de operación del programa Pimaf, porque desconoce las cartas de posesión de los ejidos y comunidades, y se direcciona la asistencia técnica a un despacho que en 2015 no dio la asesoría debida a los productores, y que aún así recibió 90 millones de pesos.
“En la Sagarpa se ve claramente la intención de cargar a los productores rurales el peso de la crisis económica. Producto de la baja del petróleo y la devaluación de nuestra moneda”, sostuvo Reyes Campos, y lamentó el poco apoyo a los productores de fríjol y de mamey, entre otros.
Reyes Campos informó que el 23 de febrero van a protestar en la Ciudad de México, el 8 de marzo lo harán las mujeres de la organización y el 8 de agosto lo harán de una forma masiva porque el gobierno se está olvidando del campo.
En la rueda de prensa, indicaron que en Guerrero hay la suficiente producción de maíz de buena calidad y a bajo precio. Consideraron que hay un sobreprecio del kilo de tortilla que ronda los 15 pesos, mientras el kilo de maíz cuesta por mayoreo hasta 3 pesos 70 centavos, una diferencia abismal.
Señalaron que el estado, a pesar de las afectaciones de la sequía del año pasado, tiene una producción que se mantiene desde hace ocho años, de cosecha de 2.8 toneladas de maíz por hectárea, lo que representa de manera anual una producción de 2 millones de toneladas.
La UNTA incluye a 20 mil productores en el estado, que cosechan 200 toneladas de maíz al año, detallaron. Pero la gran parte del maíz es vendido a otros estados porque en Guerrero no hay cómo guardarla. Sólo hay infraestructura para 128 mil toneladas de maíz, por ese se encarece el producto.