Integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), exigieron a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación (Sagarpa), no imponer a dos proveedores para la entrega de paquetes tecnológicos para productores de maíz en el estado, y que no haya preferencia a organizaciones afines al PRI.
En conferencia de prensa en el Samborns Oceanic, a nombre de los delegados regionales de la UNTA, el presidente estatal, Marco Antonio Reyes Campos, y la delegada en Acapulco, Pilar Campos Tapia solicitaron a la Sagarpa que sea equitativo el reparto de apoyos y no dar preferencia a las organizaciones afines al PRI.
Los dirigentes reiteraron su rechazo a la decisión de la dependencia de no validar las cartas de posesión de tierras emitidas por los comisariados ejidales y comunales. En un comunicado, urgieron al titular de la Sagarpa, José Eduardo Calzada Rovirosa, y al delegado en el estado, Mateo Aguirre Arizmendi, una mesa de trabajo y la conformación de un padrón único de productores de maíz.
Además de tener el derecho de elegir a los proveedores del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (Pimaf), Sostuvieron que en las regiones del estado se necesitan insumos diferenciados, por el clima, el suelo, las plagas, que no son las mismas.
Que sean reconocidas las cartas de posesión de tierras emitidas por las autoridades ejidales y comunales, y que sean los productores quienes definan qué despacho y técnicos los orienten y que no los imponga la dependencia.
Alertaron que el gobierno trata de perjudicar a los productores y viola las reglas de operación del programa Pimaf, porque desconoce las cartas de posesión de los ejidos y comunidades, y se direcciona la asistencia técnica a un despacho que en 2015 no dio la asesoría debida a los productores, y que aún así recibió 90 millones de pesos.
“En la Sagarpa se ve claramente la intención de cargar a los productores rurales el peso de la crisis económica. Producto de la baja del petróleo y la devaluación de nuestra moneda”, sostuvo Reyes Campos, y lamentó el poco apoyo a los productores de fríjol y de mamey, entre otros.
Reyes Campos informó que el 23 de febrero van a protestar en la Ciudad de México, el 8 de marzo lo harán las mujeres de la organización y el 8 de agosto lo harán de una forma masiva porque el gobierno se está olvidando del campo.
En la rueda de prensa, indicaron que en Guerrero hay la suficiente producción de maíz de buena calidad y a bajo precio. Consideraron que hay un sobreprecio del kilo de tortilla que ronda los 15 pesos, mientras el kilo de maíz cuesta por mayoreo hasta 3 pesos 70 centavos, una diferencia abismal.
Señalaron que el estado, a pesar de las afectaciones de la sequía del año pasado, tiene una producción que se mantiene desde hace ocho años, de cosecha de 2.8 toneladas de maíz por hectárea, lo que representa de manera anual una producción de 2 millones de toneladas.
La UNTA incluye a 20 mil productores en el estado, que cosechan 200 toneladas de maíz al año, detallaron. Pero la gran parte del maíz es vendido a otros estados porque en Guerrero no hay cómo guardarla. Sólo hay infraestructura para 128 mil toneladas de maíz, por ese se encarece el producto.