La encuesta mensual de aprobación presidencial de El Financiero publicada ayer, refleja el crecimiento de la fascinación que tienen los mexicanos con Andrés Manuel López Obrador –66 por ciento, el nivel más alto desde diciembre de 2021–, que apunta a que le seguirán perdonando las deficiencias en la gestión de su gobierno y las promesas incumplidas, como el combate a la corrupción. Seis de cada 10 mexicanos consideran que en materia de corrupción está reprobado y la percepción es que va creciendo de manera significativa, pero no importa.
López Obrador no ha pagado ningún costo por encabezar un gobierno tan corrupto, como piensa la mayoría de los mexicanos, pero en el corto plazo el presidente se va a quedar sin la mañanera, la muralla que ha evitado que su nave haga agua. Sin su voz linchando políticamente a quienes ventilan las corruptelas sexenales, y sin la reiteración goebbeliana que corrupto es el pasado y el presente brilla por su honestidad, la luz se irá apagando de manera natural y el blindaje tenderá a debilitarse.
Lo sabe perfectamente.
Desde hace unos dos años el fiscal general Alejandro Gertz Manero comenzó la protección legal de sus hijos, y el monstruo en el que se convierte López Obrador cada vez que le plantean sus presuntos actos de corrupción, refleja de alguna manera el temor de que una vez que entregue la banda presidencial, su familia será vulnerable. Debe saber el presidente que las investigaciones periodísticas sobre la corrupción de la familia López Obrador y sus cercanos no se detendrá, lo que ayuda a entender su empecinamiento para aniquilar civilmente a Carlos Loret y financieramente a Latinus, que han sido el vehículo más eficaz para ventilarla.
López Obrador necesita que el escudo de protección sea transexenal, y ya se está armando. Gertz Manero se mantendrá como fiscal general cuando menos por un año en donde se toparán las denuncias por corrupción que lleguen contra las personas de interés del presidente. La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, como lo desea, regresará la opacidad del siglo pasado. La Función Pública también estará blindada, con Raquel Buenrostro, incondicional a López Obrador, como la encargada de despacho de esa secretaría.
La designación de Buenrostro por la virtual presidente electa, Claudia Sheinbaum, fue interpretada en algunos sectores como un tapón para las denuncias de corrupción dentro del gobierno. No significa que la Secretaría de la Función Pública no lo haya sido durante el sexenio, pero sí es un candado de seguridad. Pero por si acaso y por las dudas, en lo que resta de la administración obradorista se cerrará el caso paradigmático de la corrupción del gobierno, en la dependencia que se creó en este sexenio, Seguridad Alimentaria Mexicana, donde el fraude asciende a 15 mil millones de pesos –hasta ahora–, que es tres veces más que la llamada Estafa Maestra, que se consideró el más grande acto de corrupción en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Segalmex es el caso más claro de encubrimiento. Cuando el estallido de la corrupción hizo inviable que su primer director, Ignacio Ovalle, amigo muy cercano de López Obrador que le dio su primer trabajo a nivel federal hace más de 40 años, pudiera mantenerse en el cargo, el presidente aseguró que era inocente y que lo habían engañado sus colaboradores. La Fiscalía General solicitó 56 órdenes de aprehensión, de las cuales solo ejecutaron 10, y dos de las personas detenidas están en libertad bajo fianza. El funcionario más importante detenido es René Gavira, que fue director administrativo de la empresa, acusado de daño a las finanzas públicas por 140 millones de dólares.
No deja de ser altamente irónico que Gavira, quien antes de llegar a Segalmex ya había enfrentado sanciones por irregularidades administrativas, no era una persona que llegó de la mano de Ovalle, sino que era un recomendado de Buenrostro, la próxima secretaria de la Función Pública, la primera comisaria política del presidente –en su cargo como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda– en la cruzada contra la corrupción, que desarticuló el sistema de distribución de medicamentos sin haber metido a nadie en la cárcel por presuntos actos ilegales, causando un desabasto que provocó la muerte de niños con cáncer.
Segalmex tendrá su carpetazo, como lo tuvo en su momento la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre Pío López Obrador, el hermano del presidente que fue grabado recibiendo fuertes sumas de dinero en una bolsa de papel, y que encontró que no tenía ninguna actividad profesional ni estaba registrado en el SAT, lo que no le impedía administrar un equipo de beisbol y sostener económicamente a su hijo, cuando estudiaba en Canadá. La UIF se lavó las manos. No procedió a informar a las instancias correspondientes que había indicios de lavado de dinero y presunta delincuencia organizada, y le turnó al INE la investigación, acotándolo a un presunto delito electoral.
Ninguna área del gobierno ha actuado conforme a su mandato y responsabilidad en el caso de los presuntos actos de corrupción de la familia presidencial. Tampoco la Fiscalía General, que es autónoma pero que en los hechos hay una relación estrecha entre López Obrador y Gertz Manero. El encubrimiento ha sido perfecto. Cuando las diatribas del presidente no son suficientes para acallar las denuncias, entran al largo túnel de la administración y procuración de justicia obradorista, donde se desvanecen.
Las diatribas van a cesar el 1 de octubre, cuando el ciudadano López Obrador se retire a su rancho. La dinámica cambiará porque ya no dispondrá de los recursos de la Presidencia, y las lealtades se irán debilitando como parte del desvanecimiento natural de los expresidentes, mientras que seguirán revelándose presuntos actos de corrupción de este sexenio, que paradójicamente le vendrán bien a Sheinbaum, porque los espacios que se le cerrarán a su mentor en la opinión pública, se le abrirán a ella para gobernar con menos presión. Esto, hay que aclarar, es una hipótesis. Pero para evitar que se pruebe, el blindaje y el encubrimiento, ya comenzó.

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La designación del próximo secretario de la Defensa Nacional es la que más captura la atención de la sociedad política. Se entiende perfectamente. El Ejército es el pilar de la legitimidad del presidente Andrés Manuel López Obrador y, como dijo recientemente al Financial Times Nicholas Watson, director general para América Latina de la consultora Teneo, la militarización de México “es (su) más grande legado… y el más difícil de desmontar”. López Obrador, que distrajo con la fantasía de un golpe blando de la oposición, construyó con una cúpula militar a la que llenó de contratos y de dinero sus bolsillos un andamiaje sólido que amarra las manos a su sucesora, Claudia Sheinbaum, que ha expresado su deseo de reducir su papel en actividades que tocan al ámbito civil.
La primera parte de su estrategia para lograrlo fue el nombramiento del futuro secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, que negociará con el Ejército la forma cómo ir reduciendo su participación como el principal constructor del país. La segunda parte es más complicada. ¿Quién quedará al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional? La pregunta no tiene todavía respuesta.
Sin embargo, la designación ha causado tensión al interior del Ejército, donde pese a que garantizan ser institucionales, lo que queda en el aire es qué tipo de institucionalidad es la que veremos en la jefatura, a Sheinbaum, como jefa de Estado, o a López Obrador, para que su proyecto de grandeza y recordación se concrete rápido y como lo desea, para que en su séptimo año de gobierno pueda presumir la materialización plena de sus obras, aunque sea a costa de recursos que necesitará la próxima presidenta para mantener funcionando su gobierno sin dolores de cabeza.
La definición de lealtades es más que una conjetura. Es lo que está a discusión en los pasillos del poder desde principio de año, cuando la sucesión en la Defensa Nacional comenzó a moverse ante la certeza de todos, en el gobierno, que Sheinbaum ganaría la elección. El general secretario Luis Cresencio Sandoval llegó incluso a acariciar la posibilidad de repetir en el cargo, leyendo la necesidad de López Obrador para que su sucesora mantuviera fijo el rumbo, sin importar sus necesidades presupuestales para gobernar, pero como el presidente ni siquiera dejó que se lo planteara, cambió de estrategia.
El general le propuso a López Obrador como su sucesor al general Gabriel García Rincón, a quien nombró subsecretario en septiembre del año pasado. Lo hizo en una reunión del gabinete de seguridad en vísperas de la elección, aunque el nombre solo lo conoció el presidente. López Obrador avaló el nombramiento y fue la carta presentada a Sheinbaum. El nombre que ha manejado su equipo para encabezar la Secretaría es el del general Andrés Fernando Aguirre O. Sunza, director del Colegio de la Defensa Nacional, y que fue promovido a general de división –lo que lo hace elegible al cargo– en noviembre pasado.
El nombre del general Aguirre O. Sunza se ha mantenido de manera muy hermética en el equipo de Sheinbaum –como también ha sido su candidato para la Secretaría de la Marina–, para evitar su descarrilamiento. El perfil del general es académico, similar al que tuvo el general Clemente Vega, secretario de la Defensa en el gobierno del presidente Vicente Fox, aunque a diferencia de Aguirre O. Sunza, en una parte de su carrera tuvo mando de tropa. Pero el haber volteado a verlo recuerda la manera como López Obrador escogió al general Sandoval, que era el penúltimo de una veintena de generales elegibles, pero fue seleccionado precisamente porque suponía correctamente que sería quien menos relaciones y compromisos tenía con la cúpula militar.
El aval del presidente al general García Rincón es precisamente lo opuesto a lo que hizo hace seis años, porque está estrechamente vinculado con el secretario saliente. Lo que le era fundamental no hace hace seis años, ahora es vital para López Obrador para consolidar la continuidad de la militarización del país y garantizar su legado. La definición final explicará finalmente lo que sucedió en estos días, y se verá si Sheinbaum cede ante López Obrador y por primera vez en la memoria queda como titular de la Defensa Nacional el delfín del secretario, o si logra llevar a quien desea, u opta salomónicamente por un general alternativo.
La principal opción es el general Ricardo Trevilla, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es el candidato de los generales de división. Trevilla sería un relevo natural, si se toma en consideración el cambio generacional, que no es el caso con Rincón García, que es contemporáneo de Sandoval y cuya designación alteraría ese tránsito biológico-institucional y produciría tensión en el Ejército. Se ve difícil que López Obrador, en una situación de ir por una tercera vía, aprobara a Trevilla –que no es mal visto en el equipo de Sheinbaum–, por lo que el nombre del general Ricardo Gustavo Vallejo, que ha sido mencionado en la prensa como una posibilidad para el cargo, estaría más cerca de sus preferencias.
Vallejo, que fue jefe de ayudantes del general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa del ex presidente Felipe Calderón, y quien era el responsable de todas las grandes obras –incluidas las realizadas en el frustrado aeropuerto de Texcoco– que se construyeron durante el periodo del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa del ex presidente Enrique Peña Nieto, también ha sido el responsable de las mega obras de López Obrador, el aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya. Otro nombre barajeado en la prensa es el general Ernesto José Zapata, comandante de la Primera Región Militar, con cabecera en la Ciudad de México, cuya relación con Sheinbaum fue institucional, porque con él se coordinaba su equipo de seguridad cuando era jefa de Gobierno capitalina.
No está claro hacia dónde quedará alineada la Secretaría de la Defensa Nacional, ni el resultado de las negociaciones de un nombramiento que mostrará cómo se concilió la ambición de un legado amarrado con una autonomía deseada.

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El anuncio del segundo bloque del gabinete mostró que sigue el forcejeo con Palacio Nacional. No provocará controversia porque está compuesto por personas con experiencia que llegan con fama pública a cuestas. Pero en los entretelones se ve el ajedrez que están jugando el presidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora, Claudia Sheinbaum, que está capoteando inteligentemente las imposiciones de su mentor.
La gran sorpresa en este bloque fue Raquel Buenrostro, incondicional del presidente, que desde que era oficial mayor en la Secretaría de Hacienda tenía acuerdos directos con él. López Obrador la envió al SAT, donde aplicó una política de terror fiscal y de ahí la llevó a la Secretaría de Economía, para reducir el enfrentamiento comercial con la Casa Blanca.
Buenrostro llegará a la Secretaría de la Función Pública, que aspiraba Javier Corral, que había sido otra imposición del presidente a Sheinbaum. Corral le preparó un profundo rediseño de la Función Pública y un nuevo organismo, la Agencia Federal Anticorrupción, aunque no lo animaba y optó por irse al Senado. Para el cargo estaba lista Estela Damián, una política guerrerense muy cercana a Sheinbaum, que se quedó en el camino por la concesión que tuvo que hacer al presidente.
López Obrador, empero, quería a Buenrostro como directora de Pemex, y seguir la línea ideológica, aunque errática, encargada a Octavio Romero Oropeza, que se contrapone con la idea general que tiene Sheinbaum para esa empresa, a la que quiere sacar de los combustóleos y llevarla a energías limpias. Quién irá a Pemex, uno de los nombramientos más importantes y estratégico de la próxima administración, es todavía un enigma.
El primero en levantar la mano para dirigirlo fue el subsecretario de Hacienda Gabriel Yorio, que por su perfil financiero no es mal visto. Yorio, sin embargo, no se encuentra en el entorno de Sheinbaum, quien tiene a varios colaboradores que llenan el perfil, como Gerardo Esquivel, uno de los principales economistas en el equipo de la virtual presidenta electa, aunque no es del agrado de López Obrador. El darling de los medios para Pemex es Lázaro Cárdenas, que no tiene las herramientas técnicas y financieras para dirigir la empresa, pero tiene la marca, que no es suficiente para lo que busca Sheinbaum.
Cárdenas, sin embargo, no está fuera del radar de la próxima presidenta. Le ofreció la Secretaría de Energía, pero hasta hace unos días no había dado respuesta sobre su decisión. Esa dependencia la había acariciado Jorge Islas, un académico de la UNAM con una visión nacionalista y moderna del sector, que escribió el capítulo energético del plan maestro que dio a conocer Sheinbaum en marzo “para la transformación”. La designación recayó en otra persona, Luz Elena González.
La nueva secretaria de Energía fue secretaria de Finanzas en la Ciudad de México durante el gobierno de Sheinbaum, y es una persona de su total confianza. González fue su emisaria para ofrecerle en diciembre al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quedarse en el cargo en la nueva la administración para que manejara las apretadas finanzas que le iba a dejar López Obrador. Ramírez de la O negoció con González el plazo que aceptaría mantenerse en Hacienda, con la única petición de que le permitieran nombrar a la jefa del SAT y al director de Pemex. Al no llegar Buenrostro a Pemex, su titular se mantiene en el aire como el caso del SAT, donde todavía existe posibilidad de que Sheinbaum cumpla su promesa.
Una que no pudo cumplir en este segundo bloque de nombramientos del gabinete fue el de Renata Turrent, que originalmente fue un nombre que presentó a López Obrador para convertirla en su vocera. No le hizo caso alguno, y su nombre evolucionó en jerarquía dentro del nuevo equipo. Sheinbaum pensó en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, pero tuvo que ajustar para cumplir con el compromiso con López Obrador de tener un importante número de funcionarios actuales en su equipo en un gabinete transexenal. El nombramiento recayó en la actual subsecretaria Edna Elena Vega, una funcionaria con experiencia y con gran experiencia en el campo en el cual de desenvolverá.
Fue una decisión fina, como otras que realizó en este y el anterior bloque de miembros del gabinete, donde sin enfrentarse con el presidente, integró personas capaces al nuevo equipo. Sin embargo, no fue el caso de David Kershenovich, futuro secretario de Salud, cuya designación no fue algo que se tuviera decidido hace tiempo. Hasta el lunes, no lo habían requerido.
Su nombramiento, no obstante, será muy bien recibido. Es un afamado hepatólogo, nacional e internacionalmente, y hasta recientemente dirigió el Instituto Nacional de Nutrición. El problema que tiene es su edad (82 años) y ese cargo requiere mucho trabajo de campo, como por ejemplo en desastres naturales. Otro déficit es que no sabe nada de políticas públicas, indispensable para un buen desempeño.
Kershenovich es un nombramiento de Sheinbaum, como lo fue el del próximo secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, actual secretario de Obras de la Ciudad de México, y muy cercano a la próxima presidenta. El encargo para él pasa por dos acciones estratégicas. La primera es una reconciliación con los constructores, con quienes se enfrentó Sheinbaum cuando llegó al gobierno capitalino y canceló todas las construcciones, que frenó el desarrollo urbano. La segunda es la mano suave y el reconocido pedigrí ingenieril –por su famoso padre y por su muy capaz esposa–, que tendrá que utilizar en su trato con la Secretaría de la Defensa, para irles reduciendo gradualmente el papel de constructores que han tenido en este sexenio y recuperando el nivel y peso de la Secretaría en el desarrollo del país.
La segunda tanda de nombramientos de gabinete no dejan de reflejar la tensión que existe con Palacio Nacional por un equipo transexenal, pero también la forma como Sheinbaum ha ido logrando los acomodos con un equipo de calidad, cediendo ante López Obrador, pero estableciendo los términos de autonomía que requerirá a partir del 1 de octubre.

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La liberación de Julian Assange ha sido celebrada en el mundo, pero no hay nada qué festejar salvo para él, su familia y sus amigos, porque tras 14 años de persecución y cárcel, ha dejado de ser buscado por Estados Unidos. Assange, fundador de WikiLeaks, la plataforma a través de la cual se difundieron más de 250 mil documentos secretos y videos, quedó en el centro de una controversia internacional sobre la seguridad nacional y la libertad de prensa en donde ganó la primera, con lo cual el mensaje para quienes buscan en la información confidencial de los gobiernos limitar y evitar sus abusos, es ominoso.
Assange es un hombre libre, pero no porque un jurado lo encontró inocente de las acusaciones en su contra, sino como resultado de una negociación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde se declaró culpable de una imputación por conspiración y por publicar documentos clasificados del gobierno de ese país, por lo que fue condenado a 62 meses de prisión, que no cumplirá porque se le tomaron en cuenta los meses que pasó detenido en una prisión en el Reino Unido. Está libre, pero el precedente que deja el caso será una amenaza permanente para el periodismo de investigación.
El laborista Julian Hill, miembro del Parlamento australiano le dijo a la prensa de su país que “nadie debería juzgar a (Assange) por aceptar el acuerdo para salir de la cárcel y regresar a casa”, tratando de minimizar lo sucedido. Pero la abogada de Assange, Jennifer Robinson, dijo al salir de la corte en las Islas Marianas, que el caso contra el fundador de WikiLeaks ha sido “la amenaza más grande a la Primera Enmienda en el siglo XXI”. La Primera Enmienda, un pilar constitucional de la democracia en Estados Unidos, defiende la libertad de expresión y ha sido fundamental en la protección legal de medios y periodistas.
El pacto, sin embargo, admitió Robinson, “sienta un peligroso precedente” porque “supone la criminalización del periodismo”. Assange tuvo que aceptar que violó la Ley de Espionaje de Estados Unidos, que prohíbe obtener cualquier información y fotografías relacionados con la defensa nacional, que pudiera ser utilizado para dañarlo. Pese a que la ley data de 1917, nunca se había utilizado, y menos contra un extranjero como Assange, que es australiano, que fue uno de los argumentos que utilizó infructuosamente su defensa.
La extraterritorialidad fue uno de los alegatos que presentó el gobierno australiano y miembros del Parlamento de ese país durante dos años de negociaciones discretas –“no creo que todos los asuntos de política exterior tengan que ser hechos con un altavoz”, dijo en un momento el primer ministro Anthony Albanese, clave en su liberación–, pero no fue escuchado. Hace escasos tres meses, cuando se abrió por primera vez la puerta para que Assange quedara en libertad, el secretario de Estado Antony Blinken le dijo a la ministra del Exterior australiana, Penny Wong, que debían de tomarse en cuenta las preocupaciones de Estados Unidos.
El gobierno del presidente Joe Biden no cedió, y al final chocaron dos leyes y dos intereses que muchas veces se confrontan, los que conciernen a la seguridad nacional, y los que tienen que ver con la libertad de prensa. Para que se cerrara el caso, como buscó afanosamente Albanese, venció la seguridad nacional, revirtiendo años de cuidarla sin arrollar la libertad de expresión. “El resultado es un final ambiguo a una saga legal que ha puesto en peligro la capacidad de los periodistas para reportar información militar, de inteligencia o diplomática que los funcionarios consideren secreta”, señaló Charlie Savage, corresponsal en temas de seguridad nacional y legales del The New York Times. “Este acuerdo significa que por primera vez en la historia de Estados Unidos, obtener y publicar información que el gobierno considere secreto ha sido manejada exitosamente como si fuera un crimen”.
WikiLeaks fue la plataforma a través de la cual se conocieron miles de documentos secretos que Chelsea Manning, analista de inteligencia del Pentágono, entregó a Assange, quien en algún momento de su defensa afirmó que lo había hecho con el propósito de evitar los abusos, como fueron algunos claramente de los que salieron a la luz pública, como un video en donde se ve que militares estadunidenses dispararon contra un grupo de civiles en Irak. Algunas críticas sólidas contra la publicación de documentos secretos no estaba en los materiales en sí mismo, sino en que no se curaron terabites de información, que como le dijo Todd Gitlin, profesor de la la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia a Vox en 2019, no podría llamarse periodismo.
No obstante, Jammed Jaffer, director ejecutivo del Instituto Knight de la Primera Enmienda en la Universidad de Columbia, comentó al Times que el acuerdo colocaba una sombra sobre la libertad de expresión al establecer su actividad como criminal y no protegida por la Primera Enmienda. Las preocupaciones no se limitan a Estados Unidos, sino a muchas partes del mundo, donde la libertad de expresion se ha deteriorado y enfrenta el abuso del poder.
Aquí en México hemos visto que el gobierno ha usado a discreción todos los recursos del Estado y violando la ley ha lanzado acusaciones criminales contra periodistas y medios, mientras que legisladores de Morena han propuesto –sin éxito aún–, que se lleve a juicio a críticos o que se sancione penalmente a quien publique información que afecte a la Presidencia.
El pacto por el cual Assange debilita la libertad de expresión. Establece parámetros que podrán ser imitados por otros gobiernos, demócratas como lo vimos, populistas con tentaciones autoritarias, o autócratas, para criminalizar la divulgación de secretos hechos por considerar que sirven al interés público. Hay países donde el deterioro democrático ha sido consistente, donde la prensa se vuelve más vulnerable y los riesgos para los periodistas aumentan, que es preocupante en la extrapolación de lo quer tuvo que hacer Assange para recuperar la libertad, pese a la campaña masiva internacional que por años clamó por su inocencia.

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El Instituto Mexicano del Seguro Social reaccionó de manera extraordinariamente expedita a la columna publicada en este espacio titulada Anestesias riesgosas sobre una controvertida licitación de anestesias con la empresa CBH+ Especialistas en Innovación Médica, por la forma como obtuvo el contrato y por los incumplimientos en los equipos y materiales prometidos. A las 9:54 de la mañana distribuyó una réplica cuestionando en forma y fondo lo publicado. Para poder entender la importancia de la premura, habría que conocer el proceso normal de una respuesta de una dependencia a una información publicada, que en otros casos donde algo revelado tiene un nivel prioritario, el tiempo para procesarla suele llevarse unas 12 horas, más del doble de lo que ocurrió ayer.
El procedimiento comienza cuando el área de síntesis detecta una información de interés para la dependencia (en este caso, por el anuncio del tema de la columna que se difunde en X en la víspera, debieron haber estado atentos). La columna fue vista, dado que la publicación señalada en la réplica es El Financiero, a partir de las 5 de la mañana, que es cuando la opinión se refleja en su página Web. Si es de interés se alerta a la Dirección de Comunicación Social, que, a su vez, informa a la Dirección General. El siguiente paso es solicitar a las áreas involucradas una tarjeta informativa que especifiquen, en primer lugar, si es cierto o falso lo difundido. La tarjeta es revisada y enriquecida por el área jurídica, y entonces se envía a Comunicación Social y, a su vez, al director general, quien revisa, corrige y aprueba, para que el responsable de medios la envíe.
La velocidad inusual como trabajó un alto número de personas, por todas las áreas involucradas, produjo una réplica de dos páginas y seis puntos, donde mintieron y pretender consumar un engaño. La primera falsedad está, precisamente, en el primer punto, donde mencionan que la licitación referida en la columna, que indica que fue impugnada, no tuvo ningún problema. La réplica precisa que el Órgano de Control Interno del IMSS no encontró evidencia de lo que se publicó. Es falso.
El Órgano de Control Interno sí encontró irregularidades en cuando menos una de las partidas, por lo que determinó que tendría que reponerse el concurso. Como producto de la misma investigación, encontraron que otras tres partidas que se habían adjudicado a CBH+, estaban en situación de atraso. Este tema se conecta con el punto 3 de la réplica, que señala que no había sido omiso en el caso de incumplimientos y se habían aplicado las penas establecidas en el contrato. “Incluso –agregó–, se ha iniciado la recisión de algunos contratos de acuerdo a la ley de adquisiciones, arrendamiento y servicios y a las cláusulas de los propios contratos”.
El punto 3 contradice a lo que sostiene en el punto 1. No podían haber llegado a ninguna sanción de no haberse revisado por el Órgano de Control Interno y determinado por la autoridad competente la recisión de los contratos, como se enfatiza en el punto 6 de la réplica. De hecho, el propio fallo de reposición de la licitación admite que había partidas con atrasos, pero la réplica no aclara lo que está sucediendo dentro del IMSS a propósito de esta adjudicación, y genera más preguntas al no precisar cuáles son las partidas que fueron sujetas de sanción, ni cuál es la penalidad para cada una de ellas.
En el mismo punto 6 manifiesta que se ha iniciado el proceso de recisión “sin que esto haya impactado la programación de cirugías”, que fue señalado en la columna citando una investigación de Animal Político publicada en mayo pasado. En los puntos 4 y 5 de la réplica descartan que se hayan provocado afectaciones por el incumplimiento en la entrega de equipos y productos por parte de CBH+. No obstante, en un documento del Órgano de Control Interno del 9 de enero pasado, se señala que el IMSS resultó afectado por el retraso en el inicio de la prestación del servicio y concluye que la empresa no podría recibir nuevos contratos o adjudicaciones porque hubo graves perjuicios.
La columna Anestesias Riesgosas establece la sospecha de una posible colusión de las empresas CBH+ y GNK, que es tocado en el punto 2 de la réplica al asegurar que “dentro de todos los documentos presentados por todas las empresas participantes no se encuentra ninguna evidencia” de lo señalado en el texto. En este se mencionan similitudes en las propuestas de CBH+ y Casa Plarre, cuyo propietario es su exesposo, que tienen el mismo domicilio fiscal, pero estas, particularmente con GNK son mayores.
Por ejemplo, ambos presentaron para una partida que requería ventiladores de emergencia y transporte al mismo proveedor, lo que no es significativo. Lo relevante es que la presentación es prácticamente idéntica, con misma imagen, ilustraciones, colores y hasta los subrayados. Es lo que se conoce como comisión por grado de similitud, que se establece por indicios circunstanciales, como sucedió en Pemex en este gobierno, que descalificó a las empresas concursantes en una licitación mediante las pruebas indirectas de colusión.
No se entienden las falsedades e imprecisiones en la réplica del IMSS, que combinadas con la velocidad con la que elaboraron su respuesta a la columna, refuerza la conclusión de lo publicado que apunta a profundizar, a partir del contrato para CBH+, si existió tráfico de influencias para lograr con un contrato que no pudieron cumplir poniendo en riesgos vidas en el sistema de salud público mexicano.
Nota: En la columna Anestesias Riesgosas se identifica a los socios del medio Latinus, que están en el negocio de medicamentos, como accionistas de GNK, una de las empresas que obtuvieron parte de esa licitación de más de cinco mil millones de pesos. Los propietarios de Latinus, atacados en estos días de manera artera por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se deslindaron por completo de la empresa GNK, con la que afirman no tener ninguna relación.

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Desde octubre del año pasado, la empresa CBH+ Especialistas en Innovación Médica que encabeza Samantha Bárcenas, ha estado metida en un problema de anestesias. En aquel mes, una empresa impugnó un contrato del Seguro Social por más de cinco mil millones de pesos, argumentando que CBH+ y tres de las que participaron en el concurso, estaban ligadas entre sí y se habían coludido al presentarse en la licitación. Mientras la impugnación corría por los conductos legales del Seguro Social, CBH+ comenzó a distribuir las anestesias, donde volvió a toparse con otro problema: cambió de último momento de proveedor y no pudo cumplir con el contrato. Sus fallas estuvieron a punto de costar vidas.
Las autoridades responsables en el Seguro Social no tomaron en cuenta las primeras alertas que dieron los medios de comunicación desde noviembre, cuando registraron que no estaba brindando los servicios comprometidos en su parte del contrato de casi tres mil 500 millones de pesos, porque no contaban con el equipo que prometieron, ni las anestesias que debían entregar. La omisión de la autoridad llevó a casos más graves. Una investigación de Animal Político publicada en mayo reveló que por la falta de material se tuvieron que posponer o cancelar cirugías, y que hubo una incluso donde por problemas de una máquina de anestesia, un paciente despertó en medio de una operación.
En la actualidad, varias de las partidas que ganó CBH+ ya están en proceso de cancelación por incumplimiento, luego de haber sido amonestada y penalizada. El 10 por ciento del contrato que se anuló como resultado de la impugnación, aún está por resolverse. No está claro el por qué el Seguro Social ha sido tan parsimonioso para proceder contra la empresa, pese a tener evidencias de los riegos que causó su servicio. En la industria y en el gobierno federal señalan que más allá de conductas éticas y formas que le atribuyen a la señora Bárcenas para lograr las licitaciones, hay un tema más profundo de tráfico de influencias.
Bárcenas tiene relación con el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, un bróker audaz, que según fuentes de la industria le ha brindado ayuda, incluso tras haber renunciado al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, para tocar las ventanillas correctas para ganar licitaciones. Pero también, como sucedió con el contrato de las anestesias, estuvo coludida con otras empresas para aparentar competencia y quedarse con la licitación.
Una de ellas fue Casa Plarre, de su exesposo Adrián Cervantes, cuyas propuestas tenían similitudes. En una carta que envió a este espacio en noviembre para refutar lo señalado en una columna que tocaba su caso, la señora Bárcenas dijo que las similitudes se debían a que Casa Plarre era uno de sus proveedores, negando que tuviera relación empresarial alguna con su exesposo. No obstante, el domicilio fiscal de las dos empresas era el mismo, y un mes después del concurso de anestesias se presentaron de manera conjunta a otra licitación en la Secretaría de la Defensa Nacional de anestesias, por 215 millones de pesos, que le fue asignado.
No era la única similitud. La otra empresa ganadora del concurso de anestesias, GNK Logística del Bajío, presentó los mismos catálogos de los equipos que utilizarían que entregó CBH+ a los representantes del Seguro Social. Aunque la señora Bárcenas también negó que fueran los mismos catálogos, pese a ser idénticos, salvo por una serie de ediciones que hicieron a las fotografías y los textos acompañantes. GNK es presidida por Alexis Nickin Gaxiola, el principal socio de Latinus, y es yerno del exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, que es muy cercano de Eduardo Robledo, un político chiapaneco contemporáneo muy experimentado, que es padre de Zoé Robledo, director del Seguro Social.
El caso de las anestesias peligrosas se mantuvo fuera del radar federal, a excepción del Seguro Social, hasta que apareció la investigación de Animal Político, que prendió las alertas en la Fiscalía General. El fiscal Alejandro Gertz Manero le envió una tarjeta al presidente a mediados de mayo donde señalaba que las fallas en la proveeduría de anestesias podría crecer como un escándalo mediático que, en algún momento, podría tocar a su hijo Andrés.
Gertz Manero no detalló en la tarjeta si el hijo del presidente estaba involucrado con CBH+, una empresa donde no hay ni documento o información que lo vincule, o si se refería al contexto que se manejaba en la opinión pública sobre los presuntos negocios de la familia presidencial. Previamente, Mexicanos Contra la Corrupción había revelado que Romedic, una empresa propiedad de un amigo de Andrés López Beltrán, había ganado contratos por 490 millones de pesos para vender medicamentos y material de curación. Romedic es de Jorge Amílcar Olán Aparicio, que aparece como protagonista de negocios turbios en decenas de grabaciones telefónicas que le entregaron a Latinus, incluidas licitaciones en el Seguro Social.
El caso de la adjudicación de CBH+ y la señora Bárcenas apunta a que se la van a cancelar definitivamente por sus fallas flagrantes, y que se abrirán concursos para licitar todas las partidas en donde incumplió. Pero esto no borra todo lo que hay detrás, que tiene como punto de partida a los altos funcionarios en el área de licitaciones del Seguro Social, que podrían aportar información sobre si hubo presiones y tráfico de influencias para que se otorgaran ese y otros contratos, y si fue así, hasta dónde llega la colusión en el penthouse de la institución, o cuáles son los resortes que tiene el amiguismo en este gobierno.
Sin embargo, esto no va a suceder. Las impugnaciones que se hicieron contra CBH+ tienen que ver con irregularidades en la adjudicación, y las empresas quejosas no iniciaron ningún procedimiento legal adicional. Contraloría Interna del Seguro Social podría actuar de oficio. La Dirección General podría también interesarse, si puede ser imparcial y no tiene conflicto de interés propio. La verdad es que son muchos podrías en el país del no se puede. Como por ejemplo, la tarjeta del fiscal nunca tuvo respuesta.

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Las diferencias entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum siguen aumentando, que está aprovechando el sector puro que envuelve al presidente para llenarle la cabeza de ideas malsanas contra la próxima presidenta, y seguir acotándola para inmovilizarla lo máximo posible. Es un juego peligroso para cualquier político sensato, pero no para López Obrador ni su claque, que quieren seguir gobernando por la convicción de que los más de 35 millones de votos y el de cerca de 40 millones que al no votar refrendaron las acciones sexenales del tabasqueño, le pertenecen a él, no a ella.
Al presidente no le ha bastado imponer la agenda legislativa para los 30 últimos días de su mandato, ni el programa de gobierno para el primer año de Sheinbaum, ni imponer un gabinete transexenal, o traer a Sheinbaum persiguiéndolo por todo el país para que lo acompañe en mitines donde le declaran su amor eterno y la compromete a no desviarse ni una coma en la consolidación de su legado –obras, programas sociales y veneración–, distrayéndola de lo que debería estar haciendo: afinando su equipo de trabajo –que lo está haciendo Juan Ramón de la Fuente, como coordinador de la transición–, y ordenando las prioridades –que están realizando su esposo Jesús María Tarriba y Omar García Harfuch–. Mientras la distrae, en Palacio Nacional preparan darle otro apretón a la tuerca.
Los puros están aprovechando las molestias del presidente con Sheinbaum, que ha socializado en Palacio sus inconformidades con políticas públicas en materia energética y con sus discursos sobre su apertura a los proyectos de coinversión con el sector privado, y su malestar con la agenda feminista y LGBT de la próxima presidenta. El entorno de contrariedad del presidente con su sucesora abrió la puerta para que su principal asesor político, Rafael Barajas, El Fisgón, monero de La Jornada, le propusiera un mecanismo para obligar a los legisladores de Morena en la próxima legislatura para que voten de acuerdo a lo que desee López Obrador, sin titubeos. De otra forma, el castigo que se ventila es la expulsión de Morena de quien no acate las órdenes de López Obrador, con lo cual sus posibilidades de acceso al poder quedarían canceladas.
Barajas es director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, donde se capacita a los cuadros del partido en el poder. Como parte de la estrategia realizó cursos introductorios para los nuevos legisladores y se prepara un decálogo para que les sea entregado, donde se detallan acciones concretas que tienen que cumplir durante los tres años que dura su mandato. El decálogo no contiene nada de lo que ha propuesto Sheinbaum dentro de su todavía incipiente agenda legislativa pública, sino que refuerza todo aquello que debe salir en septiembre y durante la siguiente administración. La línea que se les dará es de lealtad a López Obrador, no a Sheinbaum, obligándolos a firmar una carta compromiso que, de no cumplir, los castigarán.
El plan de Barajas fue aprobado por López Obrador, que en la medida que avanza la agonía de su sexenio, da más y más señales de querer controlar a Sheinbaum mediante los dos pilares del Estado mexicano, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. La reforma al Poder Judicial, que es una de las exigencias a los legisladores, la va a seguir armando e instrumentando Arturo Zaldívar, enviado al equipo de Sheinbaum para esos fines, de conformidad con los planes del presidente, sin que haya escuchado las sugerencias de la presidenta electa para que no fuera un tema con el cual arrancara su gobierno, ante el temor de la inestabilidad de los mercados y un posible freno a inversiones frescas, sino que fuera aprobada más adelante, dentro del primer trienio de su administración. El rechazo de López Obrador a su propuesta fue tajante. La instrucción que se dará a la nueva Legislatura es que no muevan absolutamente nada que pueda afectar “el legado” del presidente.
A López Obrador no le importa lo que suceda en el próximo gobierno. No alcanza a ver que el éxito de Sheinbaum será la consolidación de su legado. Su visión de corto plazo –en todo lo que no es electoral–, tiene la lógica que si las cosas salen mal, el costo sea para ella, no para él.
Las acciones que está realizando el presidente no han pasado desapercibidas por la presidenta electa, pero no puede hacer mucho hasta que tome posesión el 1 de octubre. Para entonces, la operación de López Obrador y los puros para someterla estará instalada. El espacio de maniobra es tan estrecho que varios de sus colaboradores han confiado que ni siquiera pueden hablar con legisladores que llegarán a las cámaras en septiembre, por el riesgo de que el presidente se entere y tome represalias.
A varios colaboradores de Sheinbaum les ha llamado la atención la calidad de información que tiene el presidente sobre lo que hace su sucesora y lo que pasa en el equipo de transición. Las dos principales fuentes permanentes de información son las personas que tiene injertadas en el equipo desde la campaña, que responden al líder de Morena, Mario Delgado, y el sistema de intercepción de comunicaciones que maneja de manera autónoma el fiscal general, Alejandro Gertz Manero desde la precampaña. De ahí el manejo hermético en la toma de decisiones finales, que discute la presidenta electa con su esposo y García Harfuch antes de que las instrumente su equipo de confianza.
A diferencia de López Obrador, Sheinbaum no tiene ninguna garganta profunda en Palacio Nacional para adelantar las acciones que están tomando contra ella. Algunas son evidentes, como el prácticamente obligarla a viajar los fines de semana con él y junto con las señales de animadversión de los obradoristas, como se vio el viernes pasado en la primera plana de La Jornada, donde su noticia principal fue una reiteración retórica del presidente sobre el Caso Ayotzinapa, mientras que la designación del primer bloque de secretarios de Estado apenas ocupó un modesto espacio en el sótano de la primera plana.

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Los primeros cinco nombres del gabinete de Claudia Sheinbaum son peso completo. Desentona la presentación de Ernestina Godoy como consejera jurídica de la Presidencia, que se puede explicar en el anuncio de esta primera tanda de funcionarios del próximo gobierno por las negociaciones en Palacio Nacional y los reacomodos que tiene que hacer la virtual presidenta electa para salir lo mejor librada posible de este primer ejercicio de separación de Andrés Manuel López Obrador, cuya mano, se vio, pesó mucho en la designación de este bloque.
El origen de lo que vimos ayer fue en mayo del año pasado, cuando López Obrador le entregó un decálogo a los aspirantes a la candidatura presidencial, en donde incluyó dos puntos específicos sobre el gabinete: que hubiera paridad, que hasta este momento está equilibrado –la Consejería Jurídica de la Presidencia es considerada parte del gabinete–, y que para dar continuidad al proyecto, se incorporara al mayor número posible de propuestas de López Obrador.
El caso más claro del cumplimiento del decálogo como primer requisito para ser candidata, fue cumplido por Sheinbaum con la designación de Alicia Bárcena, actual secretaria de Relaciones Exteriores, como próxima secretaria del Medio Ambiente. Bárcena ocupará una cartera más acorde con su vocación y experiencia –fue la primera subsecretaria de Ecología cuando se creó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en el gobierno de Miguel de la Madrid, y durante más de dos décadas trabajó proyectos de desarrollo sostenible.
Bárcena necesita la plataforma que le ofreció López Obrador y refrendó Sheinbaum, porque aspira ser secretaria general de las Naciones Unidas, cuando se ponga en juego el cargo que ocupará António Guterres hasta enero de 2027. El cargo de canciller se lo dejará a Juan Ramón de la Fuente, quien por instrucciones de López Obrador fue nombrado por Sheinbaum como el coordinador del equipo de transición. La orden del presidente añadía la sugerencia de que sería el indicado para armar el gabinete.
Sheinbaum había encargado los perfiles de posibles secretarios de Estado a la empresaria tapatía Altagracia Gómez, a quien también le pidió establecer contacto con los equipos de campaña del presidente Joe Biden y el ex presidente Donald Trump, y aunque la llegada de De la Fuente desde la campaña, donde fue responsable de organizar los Diálogos por la Transformación, no le gustaba a Sheinbaum, fue acomodándose a trabajar con él y viendo que no le restaba, sino que le sumaba por su prestigio y respeto de sus interlocutores.
A estos dos miembros del gabinete impulsados por López Obrador se puede sumar el nombramiento de Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía. Su caso es más transparente. Desde que estableció las reglas para la contienda por la candidatura presidencial, adelantó que los perdedores irían a coordinar las bancadas de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado, y el restante se integraría al gabinete. Adán Augusto López, quien defenderá los intereses políticos de López Obrador, estará en el Senado y Ricardo Monreal en el Congreso, donde Sheinbaum tuvo que bajar a Alfonso Ramírez Cuéllar, quien ya estaba preparando su llegada a San Lázaro.
Sheinbaum tampoco pudo entregar la Secretaría de Educación a Rosaura Ruiz, amiga y colega de muchos años, que la acompañó en el gobierno de la Ciudad de México y ya había estado trabajando de manera extraoficial con la dependencia, donde fue quien persuadió a la actual secretaria, Leticia Ramírez, de que México no podía estar al margen de la prueba Pisa. Hasta hace dos semanas ese era el destino de Ruiz, pero todo se tuvo que ajustar para dejar la cartera de Educación para que el presidente pague compromisos realizados durante la campaña. El diseño original de Sheinbaum era que Educación absorbiera el Conacyt, pero en el reacomodo anunció a Ruiz como secretaria de una nueva dependencia, Ciencias y Humanidades, que absorberá la educación superior.
La Secretaría de Agricultura no fue una cartera contenciosa entre López Obrador y Sheinbaum. Al presidente no le interesaba el campo y dejó a su entonces consejero jurídico, Julio Scherer, nombrar al titular, quien llegó por su relación personal con el ex funcionario. Sheinbaum decidió hace tiempo que Julio Berdegué, que coordinó el eje de desarrollo rural y soberanía alimentaria de su programa de gobierno, sería el titular de Agricultura.
Berdegué es una de las joyas del bloque de secretarios de Estado que anunció. Primo de unos exitosos empresarios de Mazatlán y de Imanol Ordorika, que fue uno de los tres líderes más importantes del movimiento del Consejo Estudiantil Universitario –donde Sheinbaum era una líder de segundo nivel– que paró de cabeza a la UNAM en 1987, tiene una carrera distinguida en México y el mundo en el desarrollo agrícola, y fue el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, de 2017 hasta que se sumó al equipo de Sheinbaum hace alrededor de un año.
La sorpresa en el primer bloque del gabinete fue Godoy, fiscal de la Ciudad de México bajo el mando de Sheinbaum, y que ha sido su incondicional. Desde que preparaba su gabinete para el gobierno capitalino, pese a las objeciones que le hizo el equipo que diseñó la arquitectura de la nueva Fiscalía, la nombró y la respaldó para que la ratificaran, lo que no sucedió. Ese puesto había sido el que le pidió Arturo Zaldívar al presidente cuando lo envió a la campaña de Sheinbaum, para operar la reforma al Poder Judicial, pero la candidata triunfante logró llevar a Godoy, preparándola para que en unos dos años remplace al fiscal general Alejandro Gertz Manero.
Zaldívar, aunque no era del agrado de Sheinbaum, era una imposición del presidente pero también le era funcional. La mayoría calificada en el Congreso y la posibilidad de tenerla en el Senado cuando se vote en septiembre, de acuerdo con el esquema original que propuso, le quitó fuerza. Qué tanta, en el entendido de que su principal apoyo es López Obrador para un objetivo específico, no se podrá saber hasta que sea nombrado otro bloque del gabinete el próximo jueves.

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No porque nos tiene acostumbrados a decir mentiras debemos acostumbrarnos a sus mentiras. El que las mayorías no le exijan rendición de cuentas y le sigan aumentando puntos a su popularidad, tampoco significa que debamos sentirlas tan normal como respirar. Ya sabemos que hasta el 30 de septiembre Andrés Manuel López Obrador seguirá inventando la Historia y contando historias, por lo que lo recordaremos como el presidente de los engaños. Sin embargo, para quien tiene el oído entrenado para escuchar, sus mentiras tiene luego desenlaces que debían de preocupar. Sobre todo a Claudia Sheinbaum, que a partir del 1 de octubre será quien mande aquí.
Recapitulemos.
Desde antes de su sexenio López Obrador decía que no se reelegiría y que sería un presidente de seis años. Legalmente ha cumplido a cabalidad, pero sus palabras y acciones vistas bajo el prisma político, dejan mucho que desear y más de qué preocupar. Lo más importante es que sus promesas reiteradas de que una vez que se quite la banda presidencial se retirará a su rancho de Palenque, donde presume que se jubilará políticamente, desconectándose de la vida pública y de sus protagonistas, han sido enmendadas con amenazas veladas.
La mañana después de la elección presidencial, López Obrador comenzó a cambiar su discurso. Ya no solo estarían abiertas las puertas de su rancho para sus hijos y nietos, sino también para Sheinbaum. “Si ella me busca, sí, porque es mi presidenta”, subrayó. “Va a ser mi presidente, pero yo voy a procurar no molestarla”. Cinco días después precisó: atendería el llamado de su presidenta, pero “haciendo uso de mi derecho a disentir”.
El 3 de junio, cuando reiteró que al entregar la banda presidencial viajaría a Palenque, dijo que terminaría un ciclo, y ocupará su tiempo ocupado, curándose de sus enfermedades, platicando con los árboles y los pájaros, y con las guacamayas, que aunque su pecho no es bodega, como le gusta decir, debería tomarse como una metáfora de que tendrá una rica vida interna y no interpretarse de manera literal. Junto con ello, dijo que escribirá sobre la cultura en el mundo prehispánico, para eventualmente publicar un libro.
Entonces, uno puede preguntarse, si su vida estará en comunión única con la cosmogonía de Palenque, ¿de qué puede disentir con Sheinbaum? No se engañe. López Obrador seguirá conectado con la vida pública. No se aislará. Incluso física y biológicamente, para quien ha vivido lustros nadando en adrenalina, acostumbrado a ordenar e imponerse, con una permanente actividad bañada en el rencor y la sed de venganza, ¿es clínicamente posible detener ese frenesí de la tarde que entregue la banda presidencial a la mañana que despierte en el rancho? Salvo lo que concluya un médico, no parece posible este ayuno de choque.
López Obrador suele moverse en el campo de las proyecciones freudianas, como cuando afirma que no hay que tener mucho apego al poder, que es totalmente contrario a lo que ha demostrado siempre, pero con la particularidad ominosa de los últimos 10 días, por su actitud pública y privada donde asume que los 36 millones de votos de Sheinbaum no le pertenecen a ella, y son de él. Es cierto que pudo haber sido el arquitecto de lo que sucedió y el motor de la motivación en las urnas, pero el mandato es de Sheinbaum y el suyo está en fase terminal.
“No aspiro a ser líder moral, ni jefe máximo, ni caudillo, ni mucho menos cacique”, agregó hace dos lunes. En realidad se comporta como tal, líder moral de un movimiento que provocó “la revolución de las conciencias”. Actuó como jefe máximo –devenido caudillo– al controlar su sucesión, ordenar quiénes competirían por la candidatura, cómo premiaría a los perdedores, cuáles serían los temas de la campaña y el programa de gobierno de Sheinbaum. Y esto, justamente, ¿no permite aplicarle la descripción de cacique?
López Obrador nunca se contiene. Sus mentiras, cuando hablan de lo que hará y no hará, no tienen larga vida. Tras la elección, duró 12 horas el escenario de su retiro y alejado de la vida pública, y unos días más para dejar claro que si algo no le gusta del gobierno de Sheinbaum, ventilará su crítica. Que hable sobre la gestión de quien lo sucede no es lo que la corrección política sugiere, pero ¿cuándo ha sido políticamente correcto? Para eso inventó la revocación de mandato para chantajear a su sucesora, ante la amenaza de la destitución. La guillotina estará lista, y la cabeza de Sheinbaum en su base.
La presidenta Sheinbaum debe estar entendiendo cada vez más que López Obrador es un dolor de cabeza que tendrá que administrar por un tiempo. Hay quien piensa que gobernará con esa migraña porque no es capaz, emocional o políticamente, de cortarse las cadenas para volar. Hay quienes piensan que una vez asentada en el poder, tendrá la fuerza para deslindarse de López Obrador –no del proyecto del segundo piso del nuevo régimen– y corte el cordón umbilical. Solo los ingenuos piensan que no volveremos a saber de él.
El presidente de las mentiras podrá decir lo que quiera, pero sus palabras –que ha demostrado no son dichos sino anuncios de lo que hará–, revelan que intentará seguir gobernando. Sus expresiones también lo delatan. Al pensar en Plutarco Elías Calles –por sus referencias de jefe máximo o caudillo–, piensa en Pascual Ortiz Rubio, a quien apodaban El Nopalito, que fue su pelele hasta que en un acto de dignidad renunció. Otros títeres llegaron para perpetuar el poder de Calles, hasta que Lázaro Cárdenas asumió la Presidencia y lo exilió.
López Obrador ha hecho más cosas para perpetuarse en el poder que las que hizo Calles, sometiendo a Sheinbaum que asumirá en condiciones parecidas a las de Cárdenas. Calles fue exiliado por Cárdenas, que tomó esa decisión casi dos años después de llegar a la Presidencia. La ventana de Sheinbaum es similar y si López Obrador se mantiene como lo que es, tendrá que actuar con inteligencia y determinación para dejar claro quién manda aquí.

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El anuncio de Carlos Loret que tomaría dos meses de vacaciones y que su noticiero en Latinus tendría una pausa, generó especulaciones entendibles. Ningún periodista en el mundo toma 60 días de vacaciones al año, ni un noticiero queda en suspenso. Pero tampoco, ni en los tiempos más álgidos de la polarización que llevó al presidente Donald Trump a enfrentarse con CNN, ni del presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, cuando chocó con El País, un periodista y un medio había sido sometido a la virulencia vitriólica de un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que se valió de información confidencial y datos fiscales, violando flagrantemente la ley.
Loret y Latinus han sido una molestia permanente para López Obrador desde que la plataforma digital comenzó sus operaciones el 7 de marzo de 2020, porque su énfasis ha sido en la investigación del presidente y su entorno, en presuntos actos de corrupción y evidentes ilegalidades de personas cercanas a él, convirtiéndose en una poderosa caja de rendición de cuentas del poder. La plataforma ha evolucionado hacia un sitio de noticias, pero ciertamente, sin las revelaciones de su equipo de reporteros de investigación, no es un medio indispensable.
Latinus es propiedad de LatinUs Media Group LCC, una sociedad de responsabilidad limitada registrada en diciembre de 2019 en Dover, la capital de Delaware, donde mejores condiciones fiscales existen en Estados Unidos. Surgió como una idea de Miguel Alonso Olamendi, que había sido secretario particular del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y del empresario Christian González Guadarrama, por lo que desde su nacimiento fue descrito como un medio con intereses políticos. La llegada de dos nuevos socios, Alexis Nickin Gaxiola y Federico Madrazo Rojas, yerno e hijo de Roberto Madrazo, que derrotó a López Obrador por la gubernatura de Tabasco en los 90’s, contribuyeron a la percepción.
Pero el trabajo de Latinus ha sido fundamental para el conocimiento general. Por la plataforma se supo de dinero en efectivo trasladado del gobierno de Chiapas, cuando Manuel Velasco era gobernador, a los hermanos del presidente. Se conoció de la casa en Houston en donde vivía el primogénito del presidente con su esposa, que era propiedad del ejecutivo de una empresa petrolera texana que tenía negocios con Pemex. Reveló una amplia red de presuntas complicidades de amigos muy cercanos a dos hijos de López Obrador que supuestamente se beneficiaron de adjudicaciones y contratos en varias de las megaobras del sexenio, así como negocios cuestionables y beneficios fiscales de personas ligadas a Palacio Nacional.
Las plumas orgánicas del lópezobradorismo dicen que no sirvió para nada ese tipo de trabajo o la crítica al presidente y su gobierno, porque el electorado no prestó atención y votó abrumadoramente por la candidata presidencial Claudia Sheinbaum y Morena. Los medios, sin embargo, no buscan movilizar a los electorados, no es su función y mucho menos su papel. Los medios pueden movilizar a los agentes de cambio reales que pueden cambiar las cosas, como sucedió con The Washington Post y su investigación sobre Watergate, que obligó al Congreso a investigar al presidente Richard Nixon y a la Suprema Corte a preparar su desafuero, que no llegó porque renunció. Las instituciones y las organizaciones políticas en México, no son como las de Estados Unidos. Si a la oposición le pasaron una división Panzer por encima el 2 de junio, fue por sus propios errores. Si no supieron utilizar lo que revelaron los medios durante el sexenio, y sobre todo lo que aportó Latinus, es problema de ellos. Los medios y los periodistas deben seguir haciendo su trabajo. Pasó una elección, pasará otro sexenio. Se cierran capítulos y se abren nuevos.
Pero el contexto de la cobertura agresiva, en ocasiones beligerante de Latinus y Loret sobre el presidente y su entorno, con sus vacaciones prolongadas y la salida del aire del noticiero, desató la especulación. No puede ser por el impacto general que pudieran tener, pues su audiencia es limitada y no ha crecido, sino por el contexto político en el que sucede. Cuáles fueron las motivaciones de los propietarios de Latinus y de Loret, solo ellos lo saben. Pero más allá de estas, sí tienen un problema real con el poder, actual y el que viene.
Hay toda una maquinaria en marcha para ahogar a Latinus, cortándoles sus fuentes de financiamiento. Sus aparentes socios principales en la actualidad, Gaxiola y Madrazo, están en el negocio de las medicinas, que ha sido el primer objetivo del gobierno de López Obrador, y lo será de la próxima presidenta Sheinbaum, que, de acuerdo con sus colaboradores, tiene fuertes agravios contra el periodista y el medio. Por lo pronto, los contratos de medicinas en dos estados del centro del país, ya fueron cancelados, y de acuerdo con lo que ha trascendido, seguirán cancelando sus relaciones comerciales con sus empresas. Se desconoce si tienen otras fuentes de financiamiento para mantener vivo a Latinus, aunque cuando estaban analizando asociarse en la plataforma decían que sus flujos estaban resueltos.
Loret es su eje y motor. El periodista ha sido sometido a un espionaje político prácticamente a lo largo de todo el sexenio. Tienen intereceptadas sus comunicaciones, clonados sus teléfonos y, además, de manera permanente tiene un seguimiento militar físico. No hay ningún otro periodista en México al que hayan sometido a una vigilancia sistemática como a Loret, quien sin embargo ha enfrentado las agresiones, las intromisiones y la hostilidad directa del presidente con entereza. En la última edición del noticiero dijo que regresaría pasando el verano para seguir ejerciendo su trabajo “al costo que sea”.
Loret ha dado muestras cabales a lo largo de los años que no se agachará ni reculará en lo que hace. Los socios de Latinus han caminado ya varios años sin hacerlo tampoco. Deben saber hace tiempo que los tienen en la mira y que quieren asfixiarlos financieramente. Probablemente no le alcanzará el tiempo a López Obrador, pero el cambio de gobierno no será diferente. La presidenta Sheinbaum también irá por ellos.

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