Las últimas encuestas presidenciales en Estados Unidos no recogen el sentir sobre el atentado a Donald Trump. Aun así, el expresidente aventaja por cuatro puntos al presidente Joe Biden (47 contra 43 por ciento en el agregador de noticias de Fivethirthyeight, y un importante número de analistas en Estados Unidos y el mundo consideran que el atentado pone en el carril de la victoria a Trump en las elecciones de noviembre a partir de la imagen de su cara dura, el puño en alto con la sangre en la cara y la bandera ondeando a sus espaldas, que evocan la heroica batalla de Iwo Jima, inmortalizada en un monumento junto al cementerio en Arlington.
Aunque hay razones para pensar en su victoria, no se pueden adelantar vísperas a partir de algo que no es excepcional. La violencia política no es algo ajeno a la vida pública en Estados Unidos y, para ubicarnos, tampoco en el mundo. El ataque a Trump, que está siendo empaquetado como una violencia política contraria a la esencia democrática del país y como resultado de la polarización, que si bien él desató sus adversarios políticos se mimetizaron y respondieron en iguales términos, no es más que una hipótesis por el momento, que no se sostiene en la historia.
Ronald Reagan iniciaba su gobierno cuando a la salida del Hotel Washington recibió un tiro en la cabeza de John Hinckley, cuyo único propósito era impresionar a Jody Foster, de quien quedó cautivado después de verla actuar en Taxi Driver. Gerald Ford sufrió un atentado en 1975 en Sacramento, la capital de California, al dispararle sin éxito Lynette Fromme, una de las figuras más radicales del culto a Charles Manson. George W. Bush y Mikheil Saakashvill, presidente de Georgia, una exrepública soviética, escaparon de morir en 2005 por una granada lanzada por Vladimir Arutyunian, un joven de 27 años que quería asesinarlos porque no concebía que su país fuera “títere” de Estados Unidos.
La historia de Estados Unidos está llena de atentados, algunos que terminaron en tragedias (Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley y John F. Kennedy fueron asesinados), y otros como el sustituto de McKinley, Theodore Roosevelt, a quien le dispararon en 1912 durante un discurso en su campaña por la Presidencia en Milwaukee, donde ayer inició la Convención Republicana que ungirá a Trump como su candidato, y vivió con la bala en el pecho hasta su muerte siete años después. Su agresor, John Schrank, fue liberado porque el jurado lo consideró loco. En Estados Unidos, escribieron ayer en The New York Times los historiadores Matthew Dallek y Robert Dallek, de los 46 presidentes y un expresidente que pasaron por la Casa Blanca, casi una cuarta parte fueron asesinados o sobrevivieron a un atentado.
La violencia política, dijo Biden el domingo, Reagan en su momento y otros muchos políticos estadunidenses también, no es parte de la cultura de ese país. Al contrario, es bastante común. Hay otros países donde no lo es tanto, como Suecia, donde en pleno ejercicio de su cargo como primer ministro, fue asesinado en 1986 una de las grandes figuras de la socialdemocracia, Olof Palme, mientras paseaba con su esposa por las calles de Estocolmo por un desconocido que nunca fue atrapado ni sus motivos descubiertos. Aquí en México Luis Donaldo Colosio fue asesinado por Mario Aburto, una persona con personalidad borderline que confesó su culpabilidad, y se contradijo en sus motivaciones. No era el primer magnicidio. Antes se dieron los asesinatos de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, que tuvieron un perfil político.
Igual sucedió con el asesinato de otra de las grandes figuras de la historia, la primera ministra de la India, Indira Ghandi, acribillada en 1984 por sus guardaespaldas sijs, meses después de haber ordenado una operación militar para detener a militantes sijs que habían tomado el Templo Dorado, su sitio más sagrado. Anwar Sadat, el presidente egipcio que firmó la paz con Israel, fue asesinado durante un desfile militar en 1981, cuando un grupo de soldados fundamentalistas se detuvieron frente a la tribuna donde estaba y le dispararon. Y Margaret Thatcher, la primera ministra británica, sobrevivió a una bomba en 1984 colocada por el Ejército Republicano Irlandés, en medio de una escalada de violencia entre republicanos y unionistas –respaldados militarmente por Londres– en Irlanda del Norte.
La violencia política, vista a través de la historia, no es algo inusual en ninguna sociedad, aunque siempre impacta y provocan discursos pacifistas y críticos sobre los aspectos más tóxicos de las sociedades. El atentado contra Trump refleja una de estas facetas, al recibir un disparo aparentemente de un fusil de asalto R-15, del mismo calibre que los republicanos se niegan a prohibir. La polarización, una de las discusiones más agrias en la actual campaña presidencial, está siendo metida como parte indisoluble del contexto del atentado, pero aún no se sabe si esta inspiró realmente el ataque.
La polarización, porque genera climas que a su vez construyen condiciones para asesinatos, no puede ser minimizada. Tiene diferentes caras y sus consecuencias las determina la impunidad, como en febrero de 2020, cuando una turba asaltó el Capitolio para descarrilar la calificación presidencial de Biden, pensando probablemente que saldrían impunes porque Trump estaba en la Casa Blanca. Si no hubiera sido presidente, posiblemente, como sucede en los países donde se aplica la ley, habrían pensado dos veces las cosas.
En muchos países hay locos, iluminados o quienes están dispuestos a cambiar su vida por la de la víctima por alguna razón política, como sucedió en los atentados contra Ghandi, Sadat, o Isaac Rabin en 1995 en manos de un ultraderechista para descarrilar el proceso de paz con los palestinos. Pero en los países donde la ley no se aplica, el clima que produce polarización en un entorno de impunidad, mata. Con clichés y lugares comunes no se combate la polarización. Tampoco se disipa con actos de fe o mentiras. Es una enfermedad que llega y no se cura. Se acota si la ley prevalece. Si no, encontramos a México.

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Claudia Sheinbaum anunció a Lázaro Cárdenas Batel como su jefe de Oficina en la Presidencia que arrancará el 1 de octubre, lo cual fue visto como el regreso del hijo de Cuauhtémoc y nieto del general a Palacio Nacional. Cárdenas Batel, la tercera generación de políticos de izquierda, se reintegrará al servicio público pero no de la causa, por la que aún después de haber sido maltratado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y expulsado de sus oficinas en el Zócalo por el secretario particular Alejandro Esquer, siguió trabajando.
Cárdenas Batel fue coordinador de asesores del presidente López Obrador hasta marzo de 2023, cuando renunció después de que el Presidente prácticamente acusó a su padre Cuauhtémoc Cárdenas de traición por haberse unido a un grupo de políticos y académicos opositores. Aunque Cárdenas se asustó y desistió seguir en esa corriente crítica del presidente tras declararlo su adversario político, su hijo quedó en una posición sumamente débil y salió del gobierno. Sin embargo, su declive en la Presidencia se venía dando meses atrás, después de haber sido una de las tres personas en quienes más se apoyaba López Obrador.
Durante buena parte del sexenio la triada de asesores políticos de López Obrador la componían Julio Scherer, su consejero jurídico, Jesús Ramírez Cuevas, vocero y jefe de la maquinaria de propaganda, y Cárdenas Batel. De ellos, su coordinador de asesores era a quien menos escuchaba, pero aun así le era funcional. Como los otros dos, era mensajero de recomendaciones, órdenes y reprimendas al gabinete y a los líderes del Congreso y del partido, incluidas algunas que parecían haber sido diseñadas para lastimarlo personalmente, como cuando lo instruyó a que hablara con los jueces para evitar que a Rosario Robles, la exsecretaria de Estado que estaba en la cárcel por la Estafa Maestra y que era muy cercana a él, la dejaran salir de la cárcel y defenderse en libertad.
Cuando Scherer renunció a la Consejería Jurídica de la Presidencia en octubre de 2021, Cárdenas Batel perdió espacios ante la participación cada vez más prominente de Rafael Barajas, El Fisgón, que rápidamente lo desplazó. Los resultados electorales en 2021 endurecieron a López Obrador y se fortaleció la línea purista de su movimiento, donde Barajas y Ramírez Cuevas se convirtieron en las figuras más influyentes sobre el presidente.
La agonía de Cárdenas Batel en la Presidencia fue lenta. López Obrador lo escuchaba pero no le hacía caso, mientras que Esquer lo mudó con todo su equipo a unas oficinas en Constituyentes, más cerca de Los Pinos que de Palacio Nacional. El manotazo de López Obrador a su padre, que reaccionó de manera poco digna, fue el epílogo de esa relación. El presidente no tuvo miramientos con Cuauhtémoc Cárdenas, quien desde entonces, se calló la boca. López Obrador no la emprendió con su hijo, aunque antes de ese episodio le habían sugerido en Palacio Nacional que hablara con su padre para silenciarlo.
Cárdenas Batel tenía, sin embargo, lo que nadie en el equipo principal de López Obrador tenía: una relación estrecha, de acceso e influencia en Cuba, un país idealizado por el presidente que lo tiene como referencia, aunque no es un hombre con formación de izquierda. A él se le atribuye, como coordinador de asesores de la Presidencia, la idea de importar médicos cubanos en la primera fase de la covid-19, que con el filtro de tiempo se puede entender hoy más como un subterfugio para financiar al gobierno de La Habana, que como un esfuerzo del gobierno mexicano para ocuparlos en plazas donde supuestamente no querían ir médicos mexicanos para enfrentar la emergencia.
Los médicos cubanos no han dejado de llegar pese a las críticas sostenidas a lo largo de los años por sus limitaciones clínicas. A López Obrador no le han importado los cuestionamientos. A cada médico cubano lo tratan aquí como especialista con un salario mensual de 20 mil pesos –25% del total va a las arcas del gobierno cubano–, reportó El Universal desde el primer año de la pandemia, mientras el portal Diario de Cuba señaló que por el primer trabajo de casi 600 médicos, La Habana recibiría 10 mil dólares por cada uno de ellos.
Otra intervención adjudicada a Cárdenas Batel se dio con el Tren Maya, al haber intercedido para que se le adquiriera el balasto a Cuba. Este tema ha sido muy polémico desde el principio. De acuerdo con constructores del Tren Maya, es poco resistente y tendría que darse un mantenimiento más frecuente, que elevaría los costos. No se ha llegado a ese punto porque de las 200 mil toneladas de balasto que compraría México en 8 millones de dólares, solo se emplearon 7 mil por la falta de puertos con infraestructura para su descarga y los altos costos de transporte, informó en su momento el portal cubano 14ymedio.
El amor de López Obrador con Cuba, sin embargo, no fue la razón por la que Cárdenas Batel llegará a la jefatura de la Oficina de la presidenta Sheinbaum. Para ese cargo estaba apuntado originalmente Carlos Ulloa, una de las personas más cercanas a ella que fue su secretario particular durante la primera parte de su gobierno en la Ciudad de México, pero en el rejuego de los cargos y la aparente necesidad de Sheinbaum de tener con ella la marca “Cárdenas”, encontró un puesto que se acomodara a los deseos de Cárdenas Batel.
El apellido le da lustre al equipo del gobierno que ha venido anunciado, y de alguna manera le sirve de contención contra el ala dura del obradorismo, que ha mantenido una actitud hostil contra ella. Aunque en el gabinete hay casi una mitad de cargos impuestos por López Obrador, no hay ninguno que pueda ser considerado pieza del ala radical del movimiento. Esa corriente, no la oposición, será el principal problema que tenga la nueva presidenta, que con Cárdenas Batel parece estarse apertrechando, puesto que hasta el momento, solo ella y él son los únicos políticos auténticamente de izquierda en el primer nivel de gobierno.

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En el último trimestre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la derrota en lo que dijo definiría el éxito o fracaso de su Presidencia es irreversible. No pudo pacificar el país y vivió el sexenio más sangriento de la historia. El crimen organizado ganó amplias franjas del territorio donde realiza funciones del Estado, como proveer seguridad, cobrar impuestos y gobernar. Los delincuentes mandan en ciudades como Acapulco y Fresnillo, dominan regiones como El Bajío, la Sierra Tarahumara y el Triángulo Dorado, y han profundizado su huella en el tejido social. El fiasco presidencial es inocultable.
La apuesta de López Obrador resultó un chasco. Pasó de querer desaparecer el Ejército durante los meses de la transición, a meterse en la cama con la cúpula militar y aumentarle sus privilegios. Comenzó con entregarles toda la seguridad pública destrozando la Policía Federal y creando la Guardia Nacional para revertir el desastre, dijo, que le habían dejado. Transferirá el poder a Claudia Sheinbaum en condiciones más precarias que hace seis años y un Estado diezmado. Pero, conociéndolo, no se va a quedar estático. Desde el martes ya no está buscando quién la hizo, sino quién se la pague: el Ejército.
López Obrador obligó al general Ricardo Trevilla, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional el martes pasado a admitir que la estrategia en Acapulco tras el huracán Otis, había naufragado y que iban a formular una nueva desde ese mismo día. Acapulco fue el último ejemplo del naufragio de la Guardia Nacional, construida sobre la estructura del Ejército, que comenzó cuando a mediados de marzo desplazó a la Marina, que había contenido a los criminales en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El presidente lo sabe, pero apoyó al Ejército cuando con el poder real en Guerrero, el senador Félix Salgado Macedonio, y su hija la gobernadora Evelyn Salgado como la operadora, movilizaron al Congreso para que destituyera a la fiscal general del estado, Sandra Valdovinos, teniente coronel del Ejército, que estaba trabajando estrechamente con la Marina y la Secretaría de Seguridad. El frágil equilibrio de contención de las principales organizaciones criminales que disputan la plaza, Los Rusos y el Cártel Independiente de Acapulco se rompió, y militares, gobernadora y senador, quedaron rebasados por su violencia.
Acapulco fue el último botón de muestra, pero la derrota más grande que han tenido el Ejército y la Guardia Nacional es Guanajuato, donde plantearon una estrategia integral que no ha servido para nada. Guanajuato es el estado con el mayor número de homicidios dolosos (23 mil 105 de acuerdo con el informe de ayer de la consultora TReserarch) y ha mantenido ese lugar por la lucha entre los cárteles de Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación por el negocio del combustible. A diferencia de Guerrero, el tercer lugar en homicidios dolosos (9 mil 101), ninguna otra dependencia participó en el combate contra los criminales que, a la vuelta de los meses, los ha derrotado.
Los cárteles penetraron a la Guardia Nacional en el estado, como recientemente se comprobó con la participación de varios de sus miembros en el asesinato de una familia en León, en coordinación con una de las bandas delincuenciales. Lo mismo hicieron en la frontera de Chiapas con Guatemala, donde los militares entregaron el territorio a la delincuencia organizada entre denuncias que apoyan a grupos que en otras partes del país combaten. Chiapas, como quizás ningún estado salvo Michoacán –donde el Ejército no juega un papel preponderante en la seguridad–, es donde controlan abiertamente la mayor superficie de territorio, que ha causado el desplazamiento de miles de personas de las comunidades que ahoga la violencia.
Otro fracaso de la Guardia Nacional ha sido en los corredores cuyas rutas criminales conectan con Guerrero, el Estado de México, la segunda entidad con el mayor número de asesinatos (12 mil 6), y Morelos, el estado número nueve en homicidios dolosos (6 mil 51), donde tampoco pudieron revertir la violencia y la inseguridad en las ciudades y las carreteras, que también están bajo su responsabilidad. Tamaulipas es el sexto estado donde el Ejército, a través de la Guardia Nacional, tuvo a su cargo la estrategia de seguridad, sin haber podido contener a las organizaciones criminales.
La Guardia Nacional tuvo como su primer comandante al general de brigada en retiro Luis Rodríguez Bucio, que le vendieron los militares al presidente como un experto en inteligencia, que no lo era. López Obrador lo aguantó casi cuatro años en el cargo, al frente de elementos ineficientes en restablecer la paz, y prolíficos en violaciones de derechos humanos (más de tres mil). Lo remplazó en enero del año pasado por otro general, David Córdova, que no ha dado resultados diferentes. Peor aún, los homicidios dolosos repuntaron este año, concentrándose casi la mitad en tres entidades donde el control total de la seguridad está en manos de la Guardia Nacional, Guanajuato, estado de México y Morelos.
El desastre de la seguridad y la violencia en México ya le dio un lugar a López Obrador en la Historia como el presidente que más sangre ha permitido en el país, con un promedio en lo que va del sexenio de 95 muertos diarios, contrastando con los resultados de todo el sexenio de los expresidentes Enrique Peña Nieto (71 muertos diarios), Felipe Calderón (55) y Vicente Fox (55). López Obrador desapareció la Policía Federal que fueron construyendo durante 30 años y la remplazó con una institución militar, no civil, con niveles de corrupción que no se erradicaron y de ineficiencia no vista antes.
Los resultados no han hecho cambiar al presidente de idea para que la Guardia Nacional se integre constitucionalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que apoya completamente Sheinbaum. Lo único en donde López Obrador empieza a moverse es para sacudirse la responsabilidad del fracaso y trasladársela al Ejército. Lo puede hacer. Después de todo, sí es cierto que les dio la plena responsabilidad de pacificar el país y no pudieron. Varios generales sabían que esta realidad podría alcanzarlos. Hoy, está muy cerca.

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La virulencia retórica de Alejandro Moreno contra toda una generación de liderazgos del PRI es bastante inusual, aún para sus estándares y conocidos comportamientos de pendenciero. Disparar los obuses contra quienes cuestionaron sus intentos reeleccionistas es difícil de entenderse solo en el contexto de que quiere apoderarse del PRI y quedarse con las prerrogativas del partido. Parece muy simple y reduccionista.
Moreno no necesita apoderarse del PRI. Desde hace tiempo lo tiene con el control del Consejo Político Nacional, y tampoco necesita los recursos de las prerrogativas, pues desde hace muchos años hizo de la política un medio para enriquecerse. Lo que necesitaba, impunidad, la garantizó al colocarse en el número uno de las listas para el Senado, aunque su desenfrenada cruzada contra connotados priistas sugiere que hay razones de otro tipo por debajo de sus motivaciones, porque el fuero no parece suficiente.
Las acusaciones y vituperios contra priistas renombrados no tendrían sentido desde el punto de vista de un desafío a su control político. Personajes como la ex líder del PRI, Dulce María Sauri, el futuro senador Manlio Fabio Beltrones, o el ex jefe de Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, no tienen el peso interno que le pudiera generar una fractura en el partido. No corre ningún riesgo de una división en el PRI, aun cuando los más de 200 miembros del partido que hicieron público su denuncia contra sus deseos reeleccionistas decidieran renunciar, porque no abrirían un boquete que alterara la correlación interna de poder.
Moreno ha renegado contra sí mismo atacando a quienes lo arroparon. Tampoco le importó meter en contradicciones a quienes lo respaldan, como se vio en las imágenes de su conferencia de prensa esta semana, donde a su costado derecho estaba el coordinador de los senadores, Manuel Añorve, que es hechura de Beltrones, y al izquierdo Rubén Moreira, coordinador de los diputados, cuyo hermano Humberto fue dirigente del partido en los tiempos en que Alito, como le llaman, era una de las focas aplaudidoras del expresidente Enrique Peña Nieto. El silencio cómplice de su burbuja de poder, exhibida en su silencio mezquino ante los insultos y acusaciones contra aquellos a quienes les deben buena parte de su carrera política, los desdibuja como políticos y los pinta como cómplices de las intenciones inconfesables de la persona que reconocen como jefe político.
Alito fue criticado por muchos priistas a partir de una realidad objetiva definida por Sauri como la peor derrota del PRI en su historia. La fuerza del partido cayó 65.66 por ciento entre la elección presidencial de Peña Nieto en 2012, y la del 2 de junio pasado. Perdió otro 25 por ciento entre las elecciones de 2018 con un candidato no priista, José Antonio Meade, y las pasadas con otra no priista, Xóchitl Gálvez. En el legislativo, donde apostó todo, tampoco salió bien. En 2018 obtuvo el 16.53 por ciento del voto para el Congreso, y este año apenas 11.11 puntos. En el Senado, donde logró el 15.89 por ciento en 2018, se achicó a un porcentaje de10.8 este año. La caída ha sido constante. Cuando llegó al PRI en 2019, el partido gobernaba en 12 estados; hoy solo en dos. Perdió bastiones históricos como el estado de México e Hidalgo, y Tamaulipas que siempre había gobernado.
El desprestigio, que ha ido acumulando a lo largo de los años es enorme. Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, dice que el 70 por ciento de los encuestados dicen, desde antes incluso de la última elección presidencial, que nunca votarían por el PRI. Si uno ve su desvanecimiento en las urnas y la pérdida de presencia territorial, se puede argumentar que va rumbo a su desaparición. Moreno ha apuntado lo que ve como una solución, cambiar el nombre del partido y borrar la marca del PRI como franquicia política. Sin embargo, su protagonismo beligerante está haciendo que sea él más prominente que el partido, por lo que el futuro, se puede argumentar, será definido por la persona no por la institución.
En esta carrera, quien busca el fortalecimiento es él, para él, y después el partido. La pregunta es porqué. Una respuesta puede encontrarse en julio de hace dos años, cuando la Fiscalía General de la República anunció que había abierto una investigación por los posibles delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal cuando era gobernador de Campeche, lo que lo llevarían a la cárcel en caso de ser encontrado culpable. Varios de estos, como enriquecimiento inexplicable y tráfico de influencias, son muy visibles, por el nepotismo cuando gobernó, y por la obscena riqueza de sus propiedades que se hicieron públicas, sin que hubiera una explicación sobre el origen del dinero para adquirirlas.
La investigación se congeló porque el presidente Andrés Manuel López Obrador así lo dispuso. Moreno, como control de daños, elevó su crítica al gobierno y empezó a construir un alegato de venganza política en caso de que la pesquisa avanzara y le giraran una orden de aprehensión. Sin embargo, haber frenado a la Fiscalía no significa que se sobreseyó el caso. En cualquier momento puede reactivarse y su libertad volverse a ponerse en vilo. Alito sabe que tiene la cabeza en la guillotina, pero tiene una pequeña palanca que le permite ver horizontes favorables para él, los votos que necesita López Obrador para obtener la mayoría calificada en el Senado y que se aprueben sus reformas constitucionales.
De mantenerse el reparto de diputaciones y senadurías que perfilan los resultados electorales, López Obrador tendrá la mayoría calificada en el Congreso y estará a dos escaños de alcanzarla en el Senado. Alito se ha vacunado y afirma que no votarán la reforma judicial, la que más quiere el presidente, pero muchas cosas ha dicho antes y ha rectificado. Hoy, sus gritos contra López Obrador para defenderse de las acusaciones en su contra, las ha reorientado contra los priistas pero por las mismas razones, para debilitarlos. ¿Prepara el voto a favor del presidente? Es posible. La traición la conoce bien, y hasta ahora ha caído parado.

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Nunca había sido convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la mañanera el general Ricardo Trevilla, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, desde que se creó esa instancia en febrero de 2022. Lo hizo en sustitución del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, que se ausentó ayer de Palacio Nacional y no fueron en su representación los generales que suelen hacerlo. La aparición de Trevilla levantó varias cejas, por lo insólito de su participación, pero sobre todo por el contexto en el que se dio.
En la víspera, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum respondió preguntas y ansiedades de la prensa, y anticipó que los nombramientos de sus secretarios de la Defensa y la Marina, los revelará hasta finales de septiembre, lo que no fue algo extraño, porque la designación de los jefes militares suele hacerse casi en vísperas de la toma de posesión para evitar el riesgo de un doble mando que genere inestabilidades internas. Trevilla, por ser uno de los generales que se menciona con mayor frecuencia en la prensa para ser el próximo secretario de la Defensa Nacional, despierta interés por las motivaciones que podría haber tenido el presidente, y qué tipo de señales estaba enviando.
López Obrador, como lo ha venido haciendo en la composición del próximo gabinete, se metió en la sucesión de las Fuerzas Armadas al ordenar que el general Trevilla tuviera un papel protagónico en la mañanera. El presidente juega con la óptica y la mente de todos. Por la coyuntura, un día después del anuncio de Sheinbaum sobre cuándo dará a conocer a su secretario de Defensa, el que Trevilla hubiera ocupado un lugar central en Palacio Nacional, hizo pensar a algunos que podría ser el tapado. No obstante, podrían plantearse otras tres interpretaciones adicionales. La primera es que fue un distractor; la segunda es que lo descarriló de la lucha por la Secretaría, y la tercera es una combinación de las dos.
La lucha por la máxima oficina militar se ha venido dando entre los generales Gabriel García Rincón, subsecretario de la Defensa, y Andrés Fernando Aguirre O. Sunza, director del Colegio de Defensa Nacional. Como se mencionó en este espacio hace 10 días, García Rincón es el elegido por el general Sandoval, mientras que Aguirre O. Sunza es la carta que han manejado desde hace varias semanas en el equipo de transición de Sheinbaum.
Trevilla, que es respaldado por generales de división en activo y en retiro, sería un relevo natural porque se daría un cambio generacional terso –ascendió a general de División en 2021–, ya que Rincón García, contemporáneo de Sandoval –ambos fueron ascendidos en 2017–, provocaría que por edad varios generales ya no podrían aspirar al cargo dentro de seis años. Aguirre O. Sunza representaría que una vez más un salto generacional como hizo López Obrador con Sandoval si fuera escogido por Sheinbaum, al ser uno los más jóvenes que apenas en noviembre pasado fue ascendido.
Que el presidente lo haya llevado a la mañanera un día después del anuncio de Sheinbaum, no puede ser fortuito. López Obrador no comete errores políticos, como podría haber sido enviar un mensaje equívoco meramente por descuido. Su señal, en todo caso, puede ser deliberadamente confusa.
Trevilla participó en la mañanera para hablar de un tema que no es de su responsabilidad directa, porque las funciones del jefe del Estado Mayor conjunto de la Defensa Nacional, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea, son técnicas, operativas y de colaboración con el Alto Mando, que encabeza al secretario y es responsable de organizar, equipar, educar, adiestrar, capacitar, administrar y desarrollar a las Fuerzas Armadas de tierra y aire.
López Obrador hizo que Trevilla respondiera una pregunta sobre la violencia en Acapulco, en donde tuvo que admitir que los delitos se habían incrementado en el puerto durante la recuperación del puerto que fue devastado por el huracán Otis en octubre, y que ha vivido una escalada de violencia este año –23 homicidios dolosos solo en la primera semana de julio– que llevó a la alcaldesa Abelina López a declarar el lunes que estaba totalmente rebasada y que sabía de lo que pasaba en la ciudad donde gobierna por las redes sociales, no por información que le suministraran las autoridades. En Acapulco está el Ejército y la Guardia Nacional, que como se quejó la alcaldesa, no le dicen nada.
El reporte que dio Trevilla era competencia del comandante de la Guardia Nacional, el general David Campos, quien sustituyó en enero pasado al general Luis Rodríguez Bucio, para tratar de revertir el desastre que hizo como responsable operativo de la Guardia Nacional. Rodríguez Bucio, que fue protegido del general Rafael Macedo de la Concha, el procurador general en el gobierno de Vicente Fox que quiso meter a la cárcel a López Obrador por el caso del desafuero, fue nombrado subsecretario de Seguridad Pública, lo que al final equivalió a su Principio de Peter. En algunas áreas del gobierno federal le adjudican a Trevilla la promoción de Rodríguez Bucio en el gobierno actual.
López Obrador colocó al general en una situación que debió de haberle sido incómoda. En la misma mañanera, escuchó informar a la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, que durante el primer semestre de este año, el promedio diario de homicidios dolosos se incrementó en 2 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado, convirtiéndose en la primera ocasión del sexenio que se registra un repunte. La responsabilidad y los fracasos son dardos directos a la Guardia Nacional, que pese a no estar legalmente integrada a la Secretaría de la Defensa Nacional, depende del Ejército, y en donde Trevilla juega un rol importante.
No puede asumirse que la presencia de Trevilla haya sido una promoción disfrazada del presidente, sino todo lo contrario: es un mensaje para quienes lo apoyan que no está bien evaluado en Palacio Nacional. La acción de López Obrador no resuelve la sucesión en la Secretaría de la Defensa, pero ayuda a ir disipando la tolvanera.

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A Ciro Gómez Leyva intentaron asesinarlo por encargo de alguien cuyo móvil aún desconocemos. La célula contratada para hacerlo fracasó por un error: la persona que investigó los movimientos del periodista no reparó que usaba una camioneta blindada. Los disparos que le hicieron a quemarropa la noche del 15 de diciembre de 2022 no perforaron los vidrios, pero hubo una víctima, el criminal que se comió el blindaje, y fue asesinado por Héctor Martínez, apodado El Bart, para cobrarle la equivocación.
El Bart formaba parte de la célula y esa noche descargó su pistola sobre el parabrisas del vehículo de Gómez Leyva. No se arrepiente de lo que hizo, dice desde la cárcel, donde enfrenta un proceso por tentativa de homicidio. El Bart habló hace unas semanas con Saskia Niño de Rivera, activista y fundadora de Reinserta, una organización que atiende a menores y adolescentes víctimas de la violencia, y un segmento de la entrevista que realizó para su podcast “Penitencia”, fue transmitido por Gómez Leyva este lunes en Radio Fórmula.
La conversación no aporta mayor información, pero no era el objetivo de su entrevistadora. ¿Qué pudiera saber quien es el último eslabón de una cadena criminal? Casi nada; era una pieza desechable. A él lo contrataron para ejecutarlo. Pero la plática arroja otro tipo de información que permite entrar a la cabeza de un asesino y saber qué piensa y qué cree, a partir de su entorno y de la información que recibe.
El Bart es un asesino a sangre fría, como se define a quien mata sin sentir emociones. “Mi idea era muerte, libre y con dinero”, le dijo a Niño de Rivera. “Lo mato, me voy a donde me tenga que ir, me escondo un rato, se enfrían las cosas, coronado y ya. Tengo dinero. Tan, tan. Lo que sigue. Esa era mi idea. Yo me lo imaginaba en su camioneta con una sábana blanca”.
Si tan solo fuera por dinero, volvería a intentar matar a Gómez Leyva. “Sí lo volvería a hacer, pero con más precaución”, agregó. Ya no iría acompañado; sería un asesino solitario. Haría la investigación previa, como lo ha hecho en un par de decenas de asesinatos que dijo ha cometido, y prepararía su escape. No cree, confió en la entrevista, que merece estar preso por el resto de su vida, mostrando que el valor de la vida no pasa de cambiarla por 10 años sin libertad. Delinquir ha sido parte de su vida, y aunque no le preguntaron detalles como a qué edad comenzó su carrera criminal, dijo que la inició vendiendo drogas en las calles, que es el punto de partida de los sicarios.
La entrevista, por lo que se adelantó, lo muestra sin remordimiento alguno, sin vergüenza cuando cruzaron miradas en el tribunal, y juguetón y cínico. No se le puede clasificar como inmoral, aunque tampoco como amoral, donde no procesa lo que está bien o mal. Decir, en una celda en la prisión de Santa Martha Acatitla, que cortando cabos sueltos y optimizando su escape volvería a atentar contra Gómez Leyva, refleja otra característica de los asesinos a sangre fría, no teme a las consecuencias.
Algunos asesinos tienen ese comportamiento porque es un psicópata –que tiene trastornos de personalidad antisocial– o es sociópata –que tiene una afección mental que traza un patrón de violación de los derechos de otros sin remordimiento. Estudios médicos arrojarían información sobre la cabeza de El Bart, aunque hay similitudes en la forma de actuar de los sicarios. Hace algunos años, un procurador de Chihuahua me contó como el líder de una pequeña banda en Ciudad Juárez entró a una casa donde vivían dos ancianos y los mató a sangre fría. No los conocía ni robó nada, pero al terminar se sentó en la puerta de la entrada y esperó a la policía.
En la cárcel fue muy insistente para que lo trasladaran al pabellón de los narcotraficantes. Intrigado, recordó el procurador, lo movieron a ese sector para vigilarlo y entender su motivación. Descubrieron que el asesinato había sido una demostración a los narcotraficantes que tenía la sangre fría para matar, porque quería que lo contrataran como uno de los sicarios del Cártel de Juárez.
El entorno de aquel joven solo le daba para pensar en dinero y vida de excesos, lo que no es el caso de El Bart. En su charla con Niño de Rivera, orillado por las preguntas, especuló que posiblemente el atentado se debió a su labor como periodista. Quizás, sugirió, querían matarlo “porque iba a hablar más de alguien”, algo que hacen los periodistas que “no se ponen a pensar que quizá tienen un paro (apoyo) más arriba que ellos”.
Su cavilación extraña, porque sus palabras se insertan en el campo de la política. Es claro que no es político ni tiene filiaciones políticas, pero se podría argumentar que habló de oído por las críticas a las que ha sido sometido regularmente por televisión. El Bart le dijo a Niño de Rivera que sabía quién era y lo seguía en Facebook, pero la refutó cuando lo llamó el mejor periodista del país. Es bueno, admitió, pero no el mejor. ¿Y quién sí? Joaquín López Dóriga y Carlos Loret, agregó. Mencionó a un cronista deportivo que se le hacía el más sobresaliente y a Eduardo Salazar, de quien dijo que no era “amarillista” con los periodistas que mencionó, y que le gustaba al verlo en Foro TV.
Por sus referencias, El Bart debe ser consumidor en algún grado de información, porque sus razonamientos reflejan señalamientos contra los periodistas. Gómez Leyva, Loret y López Dóriga son los más atacados por el presidente por ser críticos. En el contexto mexicano, pensó que podía salirse con la suya. “¿Cuántos periodistas… han matado y no pasa nada?”, dijo. Tiene razón: 95 por ciento en cuanto a asesinatos y 100 por ciento en desapariciones. Él fue a la cárcel porque no mató a Gómez Leyva. De haber sido así, confió, tendría dinero y libertad. Probablemente, también tiene razón.

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Los votos a mano alzada que este domingo allanaron la perpetuidad de Alejandro Moreno al frente del PRI en la Asamblea Nacional, son irrelevantes. El PRI está podrido y hace casi una década se viene desgajando a pedazos. Los gritos de traidores y cínicos con los Alito, como se le conoce, con los cuales quiso acallar las críticas y desviar la atención, no podían aplicarse mejor que a él, que forma parte de la generación priista corrupta en lo moral y lo político que se entregaron al presidente Andrés Manuel López Obrador desde 2019, a espaldas de una militancia que se negaba a aceptar que un nuevo renacimiento nunca llegaría. Ayer se confirmó el enanismo del ensamble de líderes que al apropiarse de la franquicia del PRI, lo están enterrando.
El partido se fue vaciando de ideología desde los 80 y de militantes en la segunda década de este siglo. Las decisiones cupulares de las reformas del presidente Enrique Peña Nieto fueron acompañadas por ambiciones personales y descuidos políticos. Peña Nieto endosó el poder en una triada, donde dos de ellos, Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong, el primero que se volvió indispensable por su control operativo e intelectual sobre el presidente, y el segundo que se volvió el eterno acompañante y fixer de parrandas semanales hasta las madrugadas, se disputaban la candidatura presidencial.
Les salieron muy bien las reformas estructurales por la complicidad política y económica de las dirigencias del PAN y el PRD en el Pacto por México, un andamiaje cupular cuyos beneficios –donde los hubo–, no fueron explicados a la militancia ni a sus electores. Las elecciones intermedias de 2015 le propiciaron el primer nocaut. Los estados petroleros del Golfo votaron contra el PRI en rechazo a la reforma energética; los estados sureños lo castigaron por la reforma educativa; y en el norte, no les perdonaron la reforma fiscal. La respuesta de Peña Nieto fue seguir en la misma frivolidad e insensibilidad de lo que pasaba en las calles.
El segundo nocaut fue en 2016, cuando perdió siete de las 12 gubernaturas en juego, incluidas las de Veracruz, Tamaulipas, Durango y Quintana Roo, donde habían mantenido el poder por casi 90 años. El tercer nocaut fue en 2018, cuando perdieron la elección presidencial, aunque al hartazgo del electorado contra todos los partidos, salvo Morena, tuvo la ayuda traicionera de Peña Nieto para contribuir a la victoria de López Obrador al sacrificar al candidato priista José Antonio Meade, quitándole apoyos y dejando que muriera solo en las urnas, para obtener la impunidad que disfruta en la actualidad.
Para entonces ya no había nocauts sino componendas ratoneras. La más importante, que es lo que metió al PRI en la etapa final de su tobogán, fue en agosto de 2019, cuando eligieron a Moreno como líder nacional del PAN, dejando en el camino a Ivonne Ortega, a quien también traicionó Peña Nieto, por quedar bien con López Obrador. Moreno, que es hechura de un viejo priista José Murat –cuyo hijo Alejandro, gobernador de Oaxaca, patéticamente se arrimó a pedir migajas a Morena el año pasado–, fue promovido por el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, quien lo llevó con el presidente a Palacio Nacional.
López Obrador vio con buenos ojos que Moreno fuera el dirigente del PRI para que lo apoyara en la agenda legislativa para sacar sus reformas. Palomeado por López Obrador, Velasco habló con Peña Nieto para decirle que López Obrador quería a Moreno en la dirigencia del partido. Con la incidencia que mantenía en el PRI desde Madrid, en donde se autoexilió por sugerencia del presidente, traicionó a José Narro –uno más en la cuenta peñista– para que Moreno fuera ungido como líder tricolor. Moreno no fue lo funcional que esperaba López Obrador porque sin la fuerza interna para vencer la oposición priista a la reforma eléctrica que propuso, incumplió con sus compromisos. Moreno trató de compensar a López Obrador con las gubernaturas de Campeche e Hidalgo, que aunque entregó no satisfizo al presidente por haber roto los acuerdo previos, y avaló su persecución política en Campeche. Sobrevivió porque no era tan importante como para descarrilar a un adversario político que, en realidad, estaba haciendo trabajo de zapa dentro del PRI.
Bajo Moreno el PRI continuó perdiendo gubernaturas, incluido el estado de México, el histórico bastión del partido. Al mismo tiempo Morena se fue nutriendo de priistas. Sus cúpulas, casi en pleno, se mudaron principalmente a Morena y al Partido Verde, incubadora de López Obrador mediante la cual abrió espacios a los tránsfugas del PRI. Las dirigencias que se quedaron, bajo la mano dura de Moreno y su aliado estratégico Rubén Moreira, el diputado cuya esposa Carolina Viggiano es la secretaria general del partido, se apoderaron de lo que queda del partido, cargos políticos y presupuesto, lo único tangible en términos reales, en el agonizante tricolor.
El PRI, como lo conocimos, está en extinción. Al mismo tiempo, aquel PRI que fue hegemonía por casi siete décadas, se encuentra en una rápida mutación hacia Morena, que como sucedió en el nacimiento del PRD, que fue su placenta, se está fortaleciendo por priistas de todas las corrientes. Es una paradoja. Ese partido que en los 80 perdió el alma antes que militantes y votos, y que se fue desvaneciendo interna y electoralmente, encontró en López Obrador, un ex priista que se quedó conceptualmente estancado en un país organizado y manejado como hace más de 40 años la puerta para su reinvención.
Por afinidades ideológicas algunas –Morena tiene la visión de izquierda que tenía el viejo PRI–, pero también porque es un atajo al poder, el partido-movimiento de López Obrador se ha ido enriqueciendo en militancia por los tránsfugas tricolores, que muy probablemente aumentarán su mudanza como consecuencia de lo sucedido en la Asamblea Nacional este domingo, donde optarán por el PRI que está vestido de Morena, que no apesta como el que encabeza la claque de Alito, que no se ha dado cuenta que están políticamente muertos.

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El tercer bloque de secretarios de Estado en el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum mostró la fortaleza del presidente Andrés Manuel López Obrador. Quería a Rosa Icela Rodríguez en la Secretaría de Gobernación, y Sheinbaum lo confirmó. Pedía la Secretaría de Educación para Mario Delgado, y lo cumplió. Deseaba que Ariadna Montiel repitiera en la Secretaría del Bienestar, y lo satisfizo. Sheinbaum pudo sostener a Omar García Harfuch para la Secretaría de Seguridad Pública, aunque su plan original era que ocupara la Fiscalía General de la República. La realidad es que no tiene muchos espacios de maniobra.
La demanda de López Obrador de un gabinete con paridad de género y al menos 10 carteras transexenales, va caminando conforme a lo deseado, aunque esas variables no muestran el peso de cada una de las secretarías, ni en dónde se encuentran los vectores del poder. Bienestar, en la forma como actualmente están organizadas las secretarías, es la más potente, no solo por el presupuesto asignada a ella –234 mil millones de pesos este año, 198 por ciento superior a 2023–, sino porque a través de ella se institucionalizó la operación electoral que antes se hacía de manera temporal, que fue uno de los motores de la aplanadora de Morena en las recientes elecciones.
Montiel, ligada a López Obrador desde hace unos 20 años, fue la ejecutora de la estrategia que diseñó el presidente con sus cercanos y especialistas latinoamericanos que ayudaron en el diseño electoral y seguirá al frente de la exitosa maquinaria política. Su importancia estratégica para mantener la intensidad de los programas sociales-electorales en el próximo gobierno, son superiores a las diferencias que tuvo con Sheinbaum el año pasado, cuando la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México se quejó con el presidente en marzo que se estaba entrometiendo en la sucesión capitalina, afectando el control sobre los grupos políticos. López Obrador no la frenó y Montiel continuó en abierta campaña por la candidatura.
Al final cedió ante el interés de Sheinbaum de que García Harfuch fuera su relevo y por instrucciones del presidente desvió seis mil millones de pesos el año pasado para apoyar lo que sería su campaña presidencial. Montiel fue institucional, como también lo fue Mario Delgado, nombrado como secretario de Educación contra los deseos de Sheinbaum, que no tuvo espacio para maniobrar. Su candidata a esa cartera era Rosaura Ruiz, pero el presidente demandó que se la entregara a Delgado, por lo que ajustó para la creación de una nueva Secretaría de Ciencia, que absorberá de la SEP la educación superior.
Delgado no figuraba en los planes de gabinete de Sheinbaum porque se le considera entre sus colaboradores como una figura de alto riesgo. Delgado tiene investigaciones abiertas en México y Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el robo de combustible y lavado de dinero, además de desvío de recursos de Morena. Pero la demanda del presidente fue inamovible, por lo que tuvo que abrirle el espacio del gabinete solicitado, aunque en el rediseño que está haciendo de la dependencia la va a dejar como lo que es, una secretaría política que invierte gran parte de su tiempo en negociar con los sindicatos, con la educación básica como el campo de litigio.
Otra cartera inapelable fue la de Gobernación para Rosa Icela Rodríguez, cuya participación en el gabinete de Sheinbaum se consideraba un hecho un año antes siquiera que se celebraran las elecciones. Rodríguez es la colaboradora más cercana y querida en el gabinete por López Obrador, y ha trabajado a su lado desde hace más de un cuarto de siglo. Cuando gobernó la Ciudad de México, Rodríguez participó en el diseñó y operación de un sistema de inteligencia alterno para darle un servicio único a López Obrador, y la única que trascendió de aquel trabajo.
Rodríguez estuvo en los gabinetes de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera –cuando Morena aún no se separaba del PRD– por petición expresa de López Obrador, y siempre le respondió al presidente con lealtad. En el gobierno federal, la utilizó como comodín en áreas donde necesitaba alguien de toda su confianza, donde le encargaba tareas fuera de su competencia, como tareas relacionadas con la política social mientras era secretaria de Seguridad Pública.
López Obrador también la utilizaba como vocera en asuntos delicados, como cuando se tuvieron que explicar la liberación del hermano de Nemesio Oseguera, El Mencho, jefe de la principal facción del Cártel Jalisco Nueva Generación, y el secuestro del obispo emérito de Chilpancingo, Salvador Rangel. Aunque era una de las protagonistas en las mañaneras cuando se hablaba de temas de seguridad, Rodríguez hizo poco en la materia porque la parte operativa, la Guardia Nacional, estaba fuera de su control y manejada por militares. Esto no cambiará con la llegada de García Harfuch al cargo, uno de los pocos nombramientos del futuro gabinete donde sí tiene amplia experiencia en ese campo y conocimiento profundo de los problemas que enfrentará.
García Harfuch nunca ha sido del agrado de López Obrador, pero lo ha tolerado por la cercanía con Sheinbaum. Dejó que lo promoviera para el gobierno de la Ciudad de México, y estuvo a punto de aceptar que fuera candidato, pero en vísperas de anunciarse los resultados de la encuesta para la candidatura, sus colaboradores más duros le entregaron un documento confidencial de presuntas vinculaciones con el crimen organizado. Al día siguiente de recibir el informe, llamó a García Harfuch y le dijo que no sería candidato.
Sheinbaum no lo abandonó y ha sido una pieza fundamental en el engranaje de su equipo. Pero para sostenerlo aceptó sin chistar que la Guardia Nacional pase legalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional, y dejar a Seguridad Pública como un esqueleto que solo administraría el sistema penitenciario. Sheinbaum y García Harfuch sabían que esto sucedería, y transformarán la secretaría en un área poderosa de inteligencia para el Estado mexicano. No había mucho qué hacer. Sheinbaum había confiado en su equipo que no se pelearía con el presidente por este tema. Ni por otros, se puede agregar.

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Algo muy extraño sucedió. El Tribunal Electoral reaccionó negativamente al emplazamiento de un juez administrativo para que designe dos magistrados para que se encuentre a plenitud en el número de miembros que debe tener, después de más de ocho meses que el Senado, que debía haberlos designado, saboteó al órgano violando la Constitución. Simultáneamente, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, elogió al Tribunal Electoral por lo que hizo y pidió juicio político contra el juez, Rodrigo de la Peza, para castigarlo.
Muy extraño. Cuatro de los cinco magistrados –la magistrada Janine Otalora fue la voz disidente–, quieren aniquilar jurídicamente a quien, ante la sistemática omisión del Senado, les proporcionó la justificación legal para restablecer el pleno en la Sala Superior que, en este momento, entre otras cosas, está invalidado para calificar la elección presidencial y darle la constancia de mayoría a Claudia Sheinbaum, porque para hacerlo tiene que sesionar con al menos seis de sus integrantes.
El Tribunal afirmó que desacatará la orden del juez por considerar su emplazamiento “injustificado y excesivo”, y adelantó que lo denunciará penalmente, saltándose el procedimiento que sería presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura que es el que da vista a la Fiscalía para que eventualmente lo persiga. Su posición fue contundente y fue respaldada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Sheinbaum, con el mensaje de inhibición y terror –la marca de la casa–, a la que se ajustó el Tribunal.
De la Peza explicó en una entrevista con Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, que nunca pretendió invadir las facultades del Tribunal, sino coadyuvar para que se asumiera como máxima autoridad para nombrar a los magistrados faltantes. No se metió en temas electorales, que es una crítica que se le hizo, sino que tomó la medida al resolver un amparo “ante la situación de incertidumbre en la protección de derechos humanos”. El choque entre dos derechos –electoral y derechos humanos– obligaría a una discusión jurídica saludable, pero cuatro magistrados no perdieron el tiempo: antes que debatir sobre las interpretaciones a la ley, que lo persigan los fiscales y, si se puede, que lo metan a la cárcel.
Muy extraño. Uno pensaría que lo óptimo que pudiera pasarle a un órgano colegiado como el Tribunal, es que tuviera su membresía completa para poder tener deliberaciones más amplias e interpretaciones plurales que permitan tomar mejores decisiones. Eso, sin embargo, no lo quiere el presidente, ni el gobierno ni la candidata ganadora. Habían logrado tener controlado el número de integrantes del Tribunal con las omisiones en el Senado –al fin que violar la ley en estos tiempos, si se es obradorista, se vale por la causa–, pero el juez De la Peza, que ha otorgado amparos en el pasado contra las mega obras del presidente por incumplir con la ley, se les cruzó en el camino.
La clave del nado sincronizado que hemos visto la dio el lunes por la tarde en su cuenta de X la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, que escribió: “El hecho de que el juez De la Peza… intentara forzar al (Tribunal Electoral) para nombrar a dos magistrados, no tiene otra intención más que la de tumbar por la mala el mandato popular del Plan C. La oposición y ahora la (Suprema Corte de Justicia) están presionando para obtener una mayoría en el Tribunal Electoral que les permita evitar que Morena y aliados tengamos mayoría legislativa en ambas cámaras. Es penoso atestiguar cómo hay jueces y ministros que operan en lo oscurito para que su minoría se imponga sobre la mayoría que el pueblo nos otorgó en las urnas”.
Más claro, ni el pecho que no es bodega del presidente. El gobierno está tratando de confundir las cosas. Una es la reforma al Poder Judicial, que es el Plan C, y otra el tema de los magistrados en el Tribunal Electoral, que tiene que ver con la calificación presidencial y con el tema de la sobrerrepresentación. Aquí es donde se juntan las cosas. Los resultados de la elección presidencial –lo que bien define Hernández como el mandato–, le dieron la mayoría calificada a Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados con 365 curules, pero se quedaron a dos para que sus 83 escaños se la dieran en el Senado. Entonces, si no tienen la mayoría calificada en la cámara alta y la oposición no flaquea o se dejan sobornar, podrán frenar el Plan C en septiembre.
Esta es la batalla importante para la oposición y lo que definirá el futuro de la nación. La reacción del gobierno y Morena ante el emplazamiento de De la Peza, sugiere que piensan que tienen el Tribunal Electoral en la bolsa, lo que parecería corresponder a la decisión de la presidenta del órgano, Mónica Soto y otros tres magistrados, de denunciar al juez política y penalmente. Conocedores de lo que sucede tras bambalinas en el Tribunal, dijeron que hay una corriente de opinión en el órgano, de que la resolución del juez apunta al tema de la sobrerrepresentación y a la inequidad en la elección presidencial.
En este sentido, hubo una decisión que pasó de noche, cuando un reciente punto de acuerdo pedido por el PRI sobre la afiliación efectiva, para que se realice la asignación de curules con base a qué partido pertenecían los candidatos antes de firmarse la coalición, fue respondido con que ese tema estaba resuelto –el PRI realizó una impugnación sobre esa base en 2018, pero le respondió el Tribunal que lo había hecho fuera de tiempo y no procedía–, pero que si el fondo era la sobrerrepresentación, sería en la distribución de curules en donde estarían a tiempo de impugnar.
De esta forma, la oposición seguramente presentará sus impugnaciones en el Instituto Nacional Electoral a partir del 24 de agosto, un día después de que el Tribunal Electoral resuelva las constancias de mayoría, lo que significa que el Plan C de López Obrador no tiene la garantía de que saldrá, porque la mayoría constitucional en el Senado está en el aire.

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La renuncia de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia Norma Piña, fue un escenario que se discutió entre personas con capacidad para la toma de decisiones como una forma de despresurizar la embestida ordenada desde Palacio Nacional para aprobar la reforma al Poder Judicial en los términos como lo había planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador, y encontrar de esa forma un camino para neutralizar aquello que ven los inversionistas como un riesgo para el Estado de derecho. En el fondo se buscaba construir las mejores condiciones para el arranque del gobierno de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum. Pero, antes de terminar de darle cuerpo a lo que era una idea, este lunes todo un plan de largo plazo fue saboteado, deliberada o inopinadamente.
La voz con decibeles estruendosos la llevó la ministra Yazmín Esquivel, que en una sesión privada de la Corte –que se realiza antes de la sesión pública–, pidió la renuncia de Piña por su nula interlocución, alegó, con el Ejecutivo y el Legislativo. Estaban presentes nueve ministros, aunque solo hablaron cinco. De estos, solo Esquivel, que responde a los intereses presidenciales, pidió la dimisión de Piña, en tanto Lenia Batres, ideológicamente la más identificada con los intereses de López Obrador, habló únicamente para deslindarse de las versiones periodísticas en los días previos de que formaba parte de un grupo que estaba buscando su destitución.
Tanto La Jornada, el periódico más cercano al presidente, como el columnista de El Universal, Salvador García Soto, publicaron este martes versiones precisas sobre lo planteado por Esquivel, cuyo posicionamiento fue magnificado en la primera plana de Reforma al señalar que “afines” al proyecto presidencial habían lanzado una ofensiva contra Piña, juntando lo que señaló la ministra con una declaración del quedabien senador Ricardo Monreal. La portada de este diario sorprendió en la Corte por la jerarquía y el empaquetado que le dieron al posicionamiento de la ministra, que colocó el tema en el centro de la agenda política del día.
La magnificación tuvo consecuencias importantes, al llevar la petición de que el presidente fijara posición durante la mañanera, y que al hacerlo, revigorizara su llamado a la elección de ministros, jueces y magistrados, mediante el voto popular. “No hace falta que renuncie nadie, (sino) nada más que continúe el debate sobre la necesidad de la reforma”, respondió López Obrador, al rechazar también que en un quid pro quo se pudieran hacer enmiendas a su reforma. “No, no, no”, dijo al atajar cualquier sugerencia de una negociación para descafeinar su iniciativa.
Esquivel, que tiene hambre (desea ser quien sustituya, con reforma o sin ella, a Piña) y Reforma, que tiene ganas de comer (lograr una exclusiva), sirvieron de pretexto a López Obrador para subrayar la intransigencia a que la nueva Legislatura modifique los puntos centrales de su iniciativa –la forma de acceso al Poder Judicial y la separación del Consejo de la Judicatura–, con lo cual quienes consideraron como alternativa la renuncia de Piña para coadyuvar a un inicio de gobierno de Sheinbaum sin alteraciones en los mercados, quedaron paralizados.
La discusión sobre la renuncia de Piña, que hasta donde se sabe no se le llegó a sugerir, lleva bastante tiempo por su manejo político ante los poderes de la Unión. No es nuevo lo que dijo la ministra Esquivel sobre su falta de interlocución con el Ejecutivo y el Legislativo. Hace tiempo la ministra Margarita Ríos Farjat lo ha venido diciendo sobre más acercamientos y mejor comunicación con ellos. Ríos Farjat fue una de las ministras que habló en la sesión privada, y al igual que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que nunca había señalado antes su inconformidad por la falta de interlocución, expresó la frustración por el aislamiento en el que está inmersa la presidenta de la Corte.
Piña, de acuerdo con observadores de la Corte, es la peor presidenta que ha tenido el máximo tribunal constitucional. Dentro de la Corte no la caracterizan de esa forma, pero sí consideran que su comunicación e interlocución ha sido muy deficiente, además de haber cometido errores monumentales, como acudir a una cena en la casa de Juan Luis González Alcántara, el único ministro que está cerca de ella, con la cúpula del Tribunal Electoral y el líder del PRI, Alejandro Moreno. Fue una decisión de primerizos, donde quedó atrapada al filtrarse la cena, cuya perversa autoría se la adjudican al mismo Moreno.
La presidenta de la Corte también habló en la reunión privada y puso sobre la mesa la palabra “renuncia”, pero no para abrir la puerta a ella o plantearla como alternativa, sino como forma de reconocer el sentir que estaba expresando Esquivel, que ha trabajado de manera sistemática para obstaculizarla y hacerla tropezar. Aunque Esquivel atiende todas las sugerencias que le llegan de Palacio, no hay ningún indicio que el llamado a la renuncia de Piña haya tenido como origen una petición expresa del presidente.
En todo caso funcionó. Con la publicación destacada en Reforma, la ministra Piña siguió su caída. Miedosa, que no pusilánime, ha expresado internamente en varias ocasiones las tribulaciones de las embestidas presidenciales y los ataques de sus incondicionales. Pero a eso iba a entrar, y varios de sus colegas se lo dijeron cuando contendió por la Presidencia de la Corte, sin que quisiera ver el contexto al cual caminaría en línea recta. Su falta de manejo político en un cargo que es político, tampoco contribuyó a fortalecerla y reforzar al Poder Judicial en el largo plazo.
Esas deficiencias en la gestión de su cargo y el enclaustramiento con un pequeño grupo de personas, inició una crisis que se ha ido expandiendo interna y externamente. Mantiene el apoyo de al menos ocho de los ministros –el número que se necesitaría que votara en contra para pedir su dimisión–, pero se podría decir que obedece a una defensa institucional del Poder Judicial, no de la persona, que no ha hecho mucho, o lo suficiente, para defenderlo con inteligencia y capacidad.

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