El presidente Andrés Manuel López Obrador lleva dos días acusando al gobierno de Estados Unidos de financiamiento intervencionista a Mexicanos Contra la Corrupción. Es una música conocida, por su odio a la organización que ha ventilado la corrupción en su gobierno, y por lo tramposo del alegato, porque los recursos que entrega a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional, son menores a lo que recibe, de ella misma, el Ejército.
La nueva embestida contra esa organización parece querer disfrazar su molestia por la captura y extracción de Ismael El Mayo Zambada sin conocimiento de su gobierno, su frustración porque no puede acusar a Washington de ello sin tomar acciones concretas que llevarían a un conflicto diplomático, y el temor que el jefe del Cártel del Pacífico/Sinaloa hable sobre los nexos y complicidades con el régimen.
Tres semanas después de la acción que puso en una cárcel estadundiense a Zambada, López Obrador sigue sin saber qué pasó, pero entiende lo que puede suceder. Se vio a través de sus voceros oficiosos que siguiendo la línea marcada por el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, ur-gían que Zambada revelara las li-gas del ex presidente Felipe Cal-derón con el cártel, pero se fueron al otro extremo y lo descalificaron luego de involucrar con el narcotráfico al gobernador de Sinaloa, a quien le pegó un tiro en el corazón que llegó a Palacio Nacional.
La declaración de Zambada los puso de cabeza en un pantano. López Obrador legitimó las imputaciones de criminales cuando declararon en el juicio contra el ex secretario de Seguridad Genaro García Luna, a quien golpeaba como piñata sin pensar que lo mismo le podría suceder. ¿Por qué lo que declararon contra García Luna el hermano de El Mayo, Jesús Reynaldo Zambada, y sus lugartenientes era una verdad absoluta, y lo que diga el jefe de todos ellos va a ser mentira? No hay forma de justificar la irracionalidad.
Las maromas que hacen sus voceros y el silencio de sus propagandistas sobre este caso, no apagarán la mecha que prendió Estados Unidos con la captura de Zambada, quien dibujó hasta dónde está dispuesto a llegar con el comunicado que publicó el sábado. López Obrador lo leyó y desde ese día sugirió que podrían venir imputaciones de Estados Unidos contra él. Posteriormente dijo que los ataques serían porque hay sectores en ese país a quienes les disgusta su estrategia. Es cierto, pero por razones contrarias: condenan su trato deferencial con el Cártel de Sinaloa y los privilegios de los que goza.
López Obrador ha sido cuidadoso. El lunes deslindó al presidente Joe Biden de lo que hicieron con Zambada y el martes, finalmente, sacó lo que en el fondo más le preocupa, que se publiquen sus presuntas relaciones con el narcotráfico. Ese día, después de la diatriba contra Mexicanos Contra la Corrupción y acusar al gobierno de Estados Unidos de financiar a grupos opositores en México, dijo que iba a enviar una carta a Biden pidiéndole explicaciones –¿por qué no le hablará por teléfono como en otras ocasiones han hecho los dos?–, y que le informe si la DEA es la fuente de los periodistas Anabel Hernández de la Deutsche Welle y Tim Gol-den de ProPublica, que publicaron investigaciones de esa agencia sobre el financiamiento del narcotráfico a las campañas presidenciales de López Obrador, que fueron canceladas por razones políticas.
Esa petición es un sinsentido, pero muestra la exasperación que tiene el presidente al permanecer en completa oscuridad sobre lo que está haciendo Estados Unidos, que dejó de ser condescendiente con él, sin importale exhibir la desconfianza que le tienen, y subrayar su vulnerabilidad porque la agenda y las decisiones fundamentales no están en Palacio Nacional sino en Washington.
En este nuevo episodio al cierre del sexenio, la sevicia que tuvo con García Luna se le puede revertir. La persecusión y el maltrato contra él fue hecho sin pensar en el futuro, que ya llegó. La confirmación fue el cambio radical del juez Brian Cogan en el caso del ex secretario. Cogan había aceptado la moción de la defensa para la anulación del juicio al presentar evidencia sobre perjurio de seis de los testigos criminales de los fiscales. El juez, en una acción inusual, les pidió que le llevaran a sus testigos protegidos para que pudiera interrogarlos personalmente antes de tomar una decisión.
En eso estaban los fiscales cuando capturaron a Zambada y se determinara que su juicio sería en Brooklyn. El metabolismo en la Corte del Distrito Este en Brooklyn cambió súbitamente. Cogan se corrió de un extremo a otro y sorpresivamente, tras cancelar todo lo que había solicitado, anunció que dictaría la condena contra García Luna en octubre. No hay explicación sobre sus razones, pero una interpetación jurídica externa es que ante el futuro juicio del capo mexicano en su Corte, no quiso poner en entredicho el valor que tienen para los fiscales en ese país los testigos protegidos. Es decir, la acción de Cogan deja vivas las declaraciones de criminales contra quien acuse el Departamento de Justicia.
Zambada no ha llegado aún a Brooklyn, por lo que es difícil aventurar cuándo podría comenzar su juicio. El de Joaquín El Chapo Guzmán tardó 16 meses desde que entró a la cárcel en Nueva York y comenzó el juicio. Pero esa no es la ventana que tiene López Obrador para desarollar una estrategia de control de daños y construir la idea de que quieren atacarlo en Estados Unidos por su estrategia de seguridad. Lo que tiene es una rendija de siete semanas que le quedan como presidente y los micrófonos de la mañanera.
Después de eso será un ciudadano más y su blindaje político se irá reduciendo conforme pasen los meses, donde no sobra, y sería inteligente hacerlo, que él y a quien le quede el saco que pintó El Mayo Zambada, busquen recursos para pagar abogados en Estados Unidos por si acaso y por las dudas. Tienen ante sí la experiencia de García Luna, sin recursos para abogados, con uno de oficio, donde las mentiras de los criminales servirán para sentenciarlo.

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La reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el próximo secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el miércoles pasado en Palacio Nacional, fue muy publicitada por la Presidencia, que colocó una fotografía de los dos en las redes sociales. El mensaje subrayaba la injerencia de López Obrador en el gobierno entrante y la forma irrespetuosa con la que está tratando a su sucesora, Claudia Sheinbaum. Pero también quiso dejar claro que la estrategia de seguridad tenía que ser la misma que implementó en su sexenio, aunque haya sido un fracaso.
García Harfuch salió sonriente de la reunión, mientras Sheinbaum dijo que veía con buenos ojos que el presidente hablara personalmente con su futuro gabinete. No podían haberlo hecho de otra manera. La presión de López Obrador, que sabe que no se puede aferrar al poder pero quiere dejar atada de manos a la próxima presidenta, ha ido creciendo conforme se está acercando el 30 de septiembre, su último día como jefe de Estado. Le están administrando sus ansias y arrebatos, sus pretensiones y exigencias, algunas de las cuales son transitables, al menos por un tiempo, pero otras son inaceptables.
La seguridad es una de ellas. La estrategia de López Obrador no será imitada por el nuevo gobierno. Fue un desastre que dio como resultado el mayor número de homicidios dolosos en la historia, y empoderó a los cárteles, a los cuales entregó de facto amplias franjas del territorio nacional y el destino de miles de personas. La relación con ellos, tejida por omisión o comisión, ha metido a López Obrador en un problema serio a mediano plazo, luego que el líder del Cártel del Pacífico/Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, señaló al gobernador de Sinaloa Rubén Rocha de tener nexos con la organización criminal.
La Secretaría de Seguridad ha sido desmantelada por López Obrador. Le quitó presupuesto y recursos humanos que trasladó a las Fuerzas Armadas, y destruyó la policía civil sustituyéndola por la Guardia Nacional, que no pacificó el país ni acabó con la violencia, que prometió en campaña. García Harfuch recibirá un esqueleto, pero ni él ni Sheinbaum se dirán sorprendidos, sabiendo de la destrucción institucional en ese campo.
Por diseño obradorista, la Secretaría no puede dar seguridad y protección a los ciudadanos, porque la Guardia Nacional, la que debería proveerlas, está bajo el mando militar y así seguirá. Sheinbaum sabía que esa era una pelea que jamás ganaría al presidente, pero ante tanta destrucción, se abrieron las posibilidades de armar una institución que permita ir caminando hacia la reducción de la violencia.
De acuerdo con los borradores de la nueva estrategia de seguridad, la Secretaría reforzará el área de inteligencia civil con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que está bajo su mando. En la actualidad, el CNI, encabezado por el general Audomaro Martínez, no responde a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, como debería por organigrama, sino al Ejército, aunque en los últimos tiempos se maneja de manera autónoma por un conflicto personal desde hace tiempo con el general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval. El CNI, hasta este momento, va a dejar de ser dirigido por un militar, y pasará a ser encabezado por un civil de carrera dentro de ese organismo –antes llamado CISEN–, que tendrá dos secretarios generales, contra un solo puesto de ese rango que tiene actualmente.
La batalla por el CNI fue una de las más difíciles y prolongadas que tuvo el equipo de Sheinbaum con el del general Sandoval, que se ha decantado por la próxima presidenta, aunque hasta que no salga el nombramiento no se puede decir que logrará el objetivo, como ha sucedido con otros cargos en el gabinete que también han sido motivo de disputa palaciega. Fue una lucha crítica porque Sheinbaum quiere abandonar el énfasis que le dio López Obrador al CNI en espionaje político, y enfocarlo a investigación criminal.
Junto con ese logro estratégico, se obtuvo otro no menos importante, la recuperación para un civil del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia –que hoy dirige Luis Rubén Sandoval, hijo del secretario de la Defensa– y de los cinco Centros Regionales de Fusión de Inteligencia. Estos centros, que se comenzaron a construir a finales del gobierno de Felipe Calderón, son unidades que integran en un mismo espacio a analistas de todas las dependencias, donde se comparten información de inteligencia que permiten tomar decisiones. En este sexenio estos centros fueron perdiendo efectividad por una mala calidad de análisis y por la penetración en algunas áreas del crimen organizado.
El énfasis para reformar la investigación criminal es lo que llevó a la creación de una segunda secretaría general, que tendrá como propósito judicializar los casos que investiguen. El CNI no tiene facultades para hacerlo, pero el objetivo es que armen prácticamente terminadas carpetas de investigación que puedan entregar a la Fiscalía General, para que puedan judicializarse los casos y que los responsables sean juzgados, que no es lo que sucede hoy en día en la mayoría.
Originalmente se planteó negociar con el fiscal Alejandro Gertz Manero que la Fiscalía Especializada de Delincuencia Organizada pasara al CNI, pero se desechó la idea. Lo que aceptó –sin recular hasta ahora– para reforzar las facultades de investigación, es que Sheinbaum nombre al nuevo titular de la Agencia de Investigación Crimi-nal. Otra área que inicialmente se pensó llevar al CNI fue el SAT, pero no lo logró. El SAT se queda en la Secretaría de Hacienda y según lo perfilado, estará a cargo de Arturo Medina, actual subsecretario de Derechos Humanos en Gobernación y ex procurador fiscal.
La Secretaría que quiere Sheinbaum requerirá de un nuevo marco legal que deberá aprobar el Congreso. Ese será el segundo escollo que tendrá que librar –si el primero, los acuerdos alcanzados, se mantienen–, porque las cámaras no responden a la futura presidenta sino al actual presidente, que es volátil, explosivo e impetuoso, sin saber en qué momento lo que aceptó lo reniega y trata de sabotear.

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El gobierno de México parece una pelota de ping-pong donde tres jugadores –Estados Unidos, Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López– se la tiran de un lado a otro y hacen lo que quieran de ella. El gobierno estadunidense sigue burlándose del presidente Andrés Manuel López Obrador con los escasos datos que le da sobre la captura de los narcotraficantes, y estos, cuentan versiones distintas y contradictorias entre ellos mismos. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador parece estar llegando al límite de su tolerancia.
López Obrador cambió el tono y el fondo de su discurso al hablar sobre este episodio el viernes pasado, cuando dejó abierta la posibilidad de que la acción hubiera sido producto de una operación clandestina de Estados Unidos que violaba la soberanía nacional. Esa es la información que tiene el presidente desde hace unos 10 días, pero no puede hacerla pública por la manera como el gobierno llegó a ella. Su dicho, que escalaba diplomáticamente el vacío informativo, provocó una declaración del embajador Ken Salazar que, para efectos prácticos, fue una nueva burla.
Salazar dijo que Zambada fue engañado por Guzmán López y lo entregó a las autoridades estadunidenses, que es lo mismo que funcionarios de su país le informaron a The Wall Street Journal la noche de la captura. O sea, nada fresco. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, en uno de los pocos datos que le ha proporcionado, le comunicó que no sabían que el avión en el que viajaba Guzmán López también tenía como pasajero a Zambada, lo que no sólo es inverosímil por los extremadamente rigurosos protocolos de seguridad aérea de ese país, sino ridícula.
López Obrador debe verlo de esa manera, por su reacción al comunicado de El Mayo Zambada el sábado pasado que mostró la relación de complicidad y ascendencia del líder del Cártel del Pacífico/Sinaloa con el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya. El sábado, tras negar Rocha tener relación con él y en contraposición de Salazar, que afirmó que los narcotraficantes les cayeron del cielo sin que tuvieran nada que ver ni México ni Estados Unidos, López Obrador dijo:
“Tenemos una buena relación con el pueblo estadunidense y los que gobiernan Estados Unidos, pero siempre hay esa tentación de meter las narices en todos lados. México es un país libre, soberano, aquí mandamos los mexicanos. A lo mejor antes que había gobernantes que no tenían autoridad moral y que establecían relaciones con el crimen de cuello blanco, se podía poner en el banquillo de los acusados a cualquier funcionario, pero eso ya no pasa”.
Este lunes volvió a la carga. “(El presidente Joe) Biden es muy respetuoso, y es a quien primero oí que dijo que la relación entre nosotros se iba a dar con un pie de igualdad”, profundizó López Obrador. “Pero como dice la canción, ‘es más fuerte la costumbre que el amor’. No se le quita a alguno la manía de estar metiendo la cuchara en todos lados”.
La información que tiene López Obrador es que El Mayo Zambada y Guzmán López fueron capturados en territorio mexicano y llevados a territorio estadunidense en contra de su voluntad, traicionados por el gobernador Rocha. De acuerdo con los detalles que tiene el gobierno mexicano, un comando de seis personas los llevó a una aeropista cercana al rancho donde lo secuestraron, en los suburbios de Culiacán, y fueron llevados al aeropuerto Doña Ana en Santa Teresa, Nuevo México, muy cerca de El Paso, Texas, aparentemente custodiados por un helicóptero Apache que utilizan las fuerzas especiales del Departamento de Defensa de Estados Unidos.
El reporte al presidente que viene de Sinaloa confirma la declaración del Departamento de Seguridad Territorial –y desmiente a Salazar– que señaló que las capturas eran “la culminación de una investigación conjunta de Seguridad Territorial y del FBI contra el Cártel de Sinaloa”. El secretario Alejandro Mayorkas agregó en un comunicado el día de la detención, que “felicitaba a los bravos agentes (del área de) Investigaciones de la Secretaría y del FBI cuyos años de trabajo, junto con el de otros miembros de la comunidad judicial, han logrado con gran sacrificio personal, interrumpir y desmantelar las operaciones del Cártel en todo el mundo”.
En su declaración, Zambada confirmó que un grupo de personas lo capturó y lo amarraron. Afirmó que Guzmán López fue quien le tendió una emboscada al pedirle que mediara entre Rocha y el diputado federal electo, Héctor Melesio Cuén sobre el futuro de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El capo dijo que sus dos escoltas están desaparecidas desde entonces; la información que tiene López Obrador es que el comando asesinó a cuatro escoltas. Cuén murió ahí, aseguró Zambada; la Fiscalía de Sinaloa, a la que pertenecía uno de los escoltas, reportó que había sido en una gasolinería donde lo intentaron asaltar.
La afirmación de la celada de El Chapito se contrapone a la de su abogado Jeffrey Lichtman, que ante las versiones periodísticas, negó en la primera audiencia en la Corte del Distrito Norte de Chicago que hubiera traicionado a su padrino y que hubiera concretado un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para entregarse, como también reiteró Salazar. En una de las líneas misteriosas del mensaje de Zambada, pese a tildar a Guzmán López de traidor, pide que no se desencadene la violencia en Sinaloa.
La realidad es que no ha habido incidentes de violencia entre las facciones del cártel en Sinaloa, como se esperaba tras la captura de Zambada, sino más tranquilidad que en otros momentos. Por la información que trascendió en la prensa, miembros del cártel creyeron inicialmente en la traición de El Chapito, pero días después, cuando se enteraron en Palacio Nacional, hablaban de la captura y extracción de ambos. En estos días, el único engaño a Zambada que se maneja en Culiacán se le atribuye al gobierno de López Obrador, que sigue diciéndole públicamente que no participó en la detención, y dando tumbos sin encontrar su salida a este entuerto.

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La realidad alcanzó de la peor manera a Andrés Manuel López Obrador a siete semanas que entregue la banda presidencial, al quedar el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, su “hermano”, como afirmó regocijante en un evento en febrero pasado, como una bisagra de la política de Morena con el narcotráfico. Nunca había sido señalado un político mexicano tan claramente por un capo como cómplice, ni un presidente tocado por la mano del crimen organizado de manera públicamente tan cerca como López Obrador.
La bomba la soltó el sábado Ismael El Mayo Zambada en un comunicado camino a la Corte del Distrito Este de Brooklyn, donde afirma que fue emboscado en una reunión que convocó Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, para mediar en una disputa entre Rocha Moya y el diputado federal electo Héctor Melesio Cuén Ojeda –asesinado el mismo día de la captura–, los dos originarios de Badiraguato y ex rectores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sobre quién debería de dirigir la institución. El pretexto parece nimio, pero la búsqueda de su arbitraje muestra el tamaño de su influencia y las complicidades.
La relación de Rocha Moya con Zambada quedó expuesta por el narcotraficante, dejando atrapado al presidente López Obrador que el sábado, cuando la prensa le preguntó durante una gira en Los Cabos sobre la declaración del jefe del Cártel del Pacífico/Sinaloa, eludió responder y le dejó al gobernador contestar el señalamiento. Después de hablar con el presidente en Culiacán, Rocha Moya declaró que no tenía ninguna liga con Zambada, que no estaba en Sinaloa el día de la reunión, y pidió a la Fiscalía General que abriera una investigación.
No pasará nada, pese a que el gobierno sabe que Rocha Moya, como se mencionó en este espacio el viernes, es el prominente político sinaloense de Morena muy cercano a López Obrador, que negociaba con Zambada puestos de elección popular, principalmente en Sinaloa y Durango, y con quien había tenido recientemente una diferencia porque el gobernador insistió en dejar a un amigo en un cargo de elección popular, contra los acuerdos previamente establecidos.
El gobernador, de acuerdo con fuentes de inteligencia mexicanas y estadunidenses, era el responsable de planchar con los cárteles de la droga, en particular con el Pacífico/Sinaloa, los cargos de elección popular de Morena, e incluso con aspirantes de otros partidos que se comprometían a apoyar la agenda de López Obrador. Según estos informes, Rocha Moya no veía los asuntos de dinero para las campañas, que recaían en otro gobernador cercano al presidente del norte del país.
Los reportes no establecen si la entrega directa de dinero y apoyos eran del conocimiento del presidente, pero hubo acciones de gobierno que sugieren que se trataba de una relación institucional, como el no combate a esa organización, el bloqueo a la extradición de Rafael Caro Quintero pese a la insistencia de Estados Unidos, el informal salvoconducto que tiene López Obrador para atravesar sin problema las regiones controladas por el narco, o incluso las dos carreteras sin necesidad aparente que cruzan la Sierra de Durango, donde vivía El Mayo, y conectan con las rutas del trasiego de drogas en Chihuahua.
El comunicado de El Mayo Zambada, difundido en inglés y español, confirma la versión oficial estadunidense de que lo traicionó Guzmán López, avalando los dichos de Washington de que en su captura y extracción no participaron agentes estadunidenses, por lo que tampoco se violó la soberanía nacional. Su afirmación se contrapone a lo que Jeffrey Lichtman, abogado de Guzmán López y que también defendió a El Chapo, dijo en la primera audiencia de su cliente en la Corte de Distrito Norte de Chicago, al asegurar que no traicionó a su padrino ni que había hecho acuerdo alguno con el gobierno de Estados Unidos para entregarse, como dijo el viernes el embajador Ken Salazar.
La declaración de Zambada añade más confusión a lo que sucedió el 25 de julio, donde el único que no tiene una versión oficial es el gobierno mexicano. Sin embargo, en este momento, quizás es secundario si Estados Unidos violó o no su soberanía, ante el cambio radical de la conversación, de un presidente herido porque le ocultan la información, a un presidente sobre el cual caen sospechas de presuntas relaciones con el Cártel del Pacífico/Sinaloa a través de Rocha Moya.
El comunicado deja claro el papel de El Mayo como mediador entre la clase política de Sinaloa, donde tiene legitimidad y capacidad de interlocutor con las fuerzas políticas. No solo eso. También revela la ascendencia de Los Chapitos sobre los políticos sinaloenses. La afirmación que “Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado”, dejan ver que Rocha Moya también tiene contacto directo, continuo y de confianza con los hijos del Chapo Guzmán.
La declaración ofrece también dos interpretaciones.
Una es que contradice la información que tiene el gobierno mexicano, referida en este espacio el viernes, que fue un comando estadunidense el que lo sometió y salió del país con él y Guzmán López a Estados Unidos. Es decir, le quita responsabilidad a Washington sobre una operación quirúrgica para atraparlo, aunque el Departamento de Seguridad Territorial de ese país informó el día de su captura que había sido resultado de un largo trabajo de su unidad de Investigaciones Criminales y el FBI. La otra interpretación es que El Mayo comenzó a hablar, mucho tiempo antes de que comience su juicio en Brooklyn.
La revelación sobre el papel de Rocha Moya es determinante, porque no queda solo en él la imputación, sino que se extiende a López Obrador por la vieja amistad que los une. No se sabrán las razones de Zambada para haberlo hecho por algún tiempo, pero su comunicado marca una ruptura con Morena y sus gobiernos, y de guerra contra Los Chapitos. No se puede olvidar por las probables implicaciones futuras, que López Obrador está a siete semanas de convertirse en ciudadano. Él, mucho menos.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador no deja de asombrar, a veces, por la candidez que en ocasiones lo perjudica. Como ayer, cuando le preguntaron porqué su gobierno no ejecutó las cuatro órdenes de aprehensión en contra de Ismael El Mayo Zambada, respondió que detener a los capos de la droga no erradica el narcotráfico, mientras que atacar las causas del fenómeno busca que no haya violencia. Como sabemos, en ambas vertientes ha fracasado.
Pero lo que admitió es que la Fiscalía General no actuó contra Zambada, incumpliendo con sus obligaciones legales, por lo que incurrió en el delito de omisión de responsabilidades, cuya línea de mando sube al presidente, que ha dado instrucciones de no detener a ningún líder del narcotráfico porque, como afirmó ayer, eso no va a acabar con ese problema. Públicamente planteó que el jefe del Cártel del Pacífico/Sinaloa no era un objetivo de su gobierno, y le permitió realizar sus actividades ilegales –incluido asesinar a sus adversarios, secuestrar comunidades en todo el país y generar zozobra en decenas de poblaciones– porque así habría una pacificación del país.
Su galimatías lo inculpa pero no lo ve. Muestra que se siente impune y que descarta que la ley lo alcance, cuando menos en México. Confunde su legitimidad con la legalidad, aunque existe la posibilidad de que siga descontrolado al desconocer cómo terminó Zambada en manos del FBI, y no entender la gravedad de lo sucedido. Lo paradójico no es que Zambada pudiera acogerse al programa de testigo protegido, como parece asumir López Obrador que así será –al recomendarle públicamente a quien toleró durante el sexenio que declare contra gobiernos anteriores al suyo–, sino lo que hay detrás de la operación ejecutada por la policía federal estadunidense.
Algunas preguntas que el presidente y su gabinete de seguridad tendrían que estarse haciendo es por qué les han dado información a cuentagotas, y por qué la DEA fue excluida de la operación del FBI. Aunque no lo vea, hay un común denominador: los presuntos nexos que tienen con el Cártel de Sinaloa. En el caso del gobierno obradorista, su proclividad hacia esa organización criminal, cuyo lugar de nacimiento, Badiraguato, ha visitado seis veces y quería realizar una más antes de concluir el sexenio. En el caso de la DEA, porque desde hace años Zambada es su informante. Ni al presidente ni a esta agencia le tiene confianza el FBI, y por lo que se ve, tampoco la Casa Blanca: ahí está el mensaje. La DEA es un daño colateral; a López Obrador le están diciendo lo que quisieran hacer con él.
La DEA, de acuerdo con fuentes de inteligencia, ha trabajado con Zambada por varios años, sin haber actuado en su contra a cambio de información sobre sus adversarios e incluso sobre sus socios, como Joaquín El Chapo Guzmán, de quien les dio datos para su captura. López Obrador no tendría que preocuparse de la información que podría dar a las autoridades estadounidenses, porque lo más seguro es que ya se las proporcionó, sobre las complicidades con gobiernos anteriores y sus vínculos con gobernantes y políticos morenistas de diversos niveles.
De lo que sí debería preocuparse es que si va a juicio, en no menos de un año, qué tipo de caso va a construir el FBI, que no tiene vinculación con el Cártel del Pacífico/Sinaloa. La DEA ya no podrá cuidar a su informante, que fue detenido por la agencia rival mediante una operación que se asemeja a la captura de Arturo Guzmán Loera, El Pollo, hermano de Joaquín El Chapo Guzmán, en 2001. El Pollo también era informante de la DEA, y la detención fue resultado de otra de las intrigas entre agencias estadounidenses, cuando la CIA aprovechó una reunión que iba a tener con uno de sus enlaces en un hotel de la Ciudad de México y se lo informó a Genaro García Luna, en ese entonces director de la Agencia Federal de Investigación, quien personalmente lo detuvo. El Pollo terminó en el penal de La Palma, en donde acordó con la DEA ser testigo protegido. Nunca se concretó porque en 2004 fue asesinado dentro del penal de máxima seguridad.
La analogía muestra la curva de aprendizaje de los servicios estadounidenses. No se buscó la extradición de El Pollo tan pronto como se le detuvo, porque no existía la desconfianza contra todo el gobierno de Vicente Fox. A Zambada lo extrajeron –no se sabe aún el método– porque sabía el FBI que el gobierno no lo iba a detener, como admitió ayer López Obrador, y lo quieren vivo, como querían a Guzmán Loera. ¿Para qué lo quieren? No es por información. Como se apuntó líneas arriba, la DEA ya debe tener todo lo que quiere por lo que les dio por años su testigo protegido. El agente especial del FBI que encabezó la operación contra Zambada, un anglosajón con profunda experiencia y conocimiento de casi dos décadas sobre la colusión de las instituciones mexicanas con el narco, tampoco necesitaría información vieja, pero sí reciente. Es decir sobre el gobierno obradorista.
El presidente ya recibió información que la captura de Zambada y Joaquín Guzmán López corrió en diferentes vías, por lo cual la información publicada de que el hijo de El Chapo había engañado a su padrino y lo había llevado contra su voluntad a Estados Unidos, carecería de sustento. La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, dijo que Los Chapi-tos acordaron su entrega a cambio de beneficios para Ovidio Guzmán López, sacrificando a Joaquín, el menos involucrado en actividades criminales de los hermanos. Sobre los detalles de la extracción de Zambada siguen a oscuras.
Como se apuntó ayer en este espacio, el silencio de Washington en el grito más sonoro contra un presidente mexicano en la memoria. A menos de 60 días de dejar el poder, un amplio sector del gobierno de Estados Unidos le está diciendo a López Obrador la tormenta que tiene por delante, si se levantan las consideraciones políticas que han impedido, hasta ahora, que lo procesen en aquel país.

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Es patética la forma como se ha comportado el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete en las casi dos semanas desde que Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López fueron puestos bajo custodia de las autoridades judiciales de Estados Unidos. Su reacción lo dejó al desnudo porque su escudo de defensa, la mañanera, para esto no alcanzó. López Obrador quedó atrapado entre cómo administra al Cártel del Pacífico/Sinaloa, que se maneja con impunidad y ayuda electoralmente a Morena, y la necesidad de la Administración Biden de quitarle la iniciativa al ex presidente Donald Trump de sellar la frontera con México para resolver la migración y la crisis del fentanilo.
Han transcurrido 12 días desde que Zambada –a quien el presidente trata con un respetuoso “el señor”– y Guzmán López están durmiendo en cárceles estadunidenses, sin que López Obrador sepa qué sucedió. Si es terrible que esté paralizado, es lamentable que lleve casi dos semanas pidiéndole información a Estados Unidos sobre lo que pasó en México, reconociendo que se vulneró la soberanía. Mejor ejemplo como el de la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, ninguno, al difundirse su petición a Washington para que informe de qué parte de México partió la avioneta con los narcos y ¡su plan de vuelo! El Ejército y la Marina, que controlan los aires y los aeropuertos mexicanos, están extrañamente ausentes.
El gobierno obradorista no gobierna o esconde. Es inepto o está paralizado por lo que pudieran decir Zambada y Guzmán López sobre sus relaciones con la cuatroté. En cualquier caso, este episodio, el más dañino del sexenio para López Obrador, provee un estudio de caso de lo que ha sido en estos años: gritón, insolente, hostil y represor contra quienes se le atraviesan en el camino; tolerante, laxo y en contubernio por omisión con el crimen organizado, al que le ha regalado amplias franjas del territorio mexicano.
Enseña la destrucción del edificio institucional y las consecuencias de haber puesto a las Fuerzas Armadas a realizar tareas ajenas a su misión y responsabilidad, debilitando la seguridad interna que impacta en la seguridad nacional, y el costo de haber girado el objetivo del Centro Nacional de Inteligencia de enfocarse en los cárteles de las drogas para ampliar el espionaje político, que dejó sin la información que ahora suplica a Biden se la proporcione.
Muestra además lo bien estudiado que lo tenían en Washington. Hace poco más de tres años, funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento de Estado admitían que Biden había decidido voltear la vista ante los abusos de López Obrador en materia de libertades y ataque a los contrapesos –la política estadunidense tolera a los autócratas cuando no afectan sus intereses vitales–, porque pese a sus gritos mañaneros, hacía lo que le pedían para frenar la migración. Pero cuando le levantaban la voz, se achicaba, como cuando bajo presión ordenó la recaptura de Rafael Caro Quintero y la detención de Ovidio Guzmán López. El perfil de López Obrador era claro: es un bravucón que cuando lo confronta alguien al que no puede reprimir, se acobarda.
Funcionarios del gobierno reconocieron que para bajar la presión de Estados Unidos el año pasado, se envió un mensaje desde Palacio Nacional a Los Chapitos para que dejaran de producir fentanilo, porque “las cosas estaban muy calientes”. Fue cuando Los Chapitos colgaron mantas diciendo que no estaban metidos en el fentanilo y que actuarían contra quienes lo estuvieran. Fue una burla, pero como López Obrador continuaba acatando sus peticiones migratorias, se la dejaron pasar. Lo que cambió la ecuación fue que Trump, en campaña electoral, escaló las amenazas contra México y se burló de la debilidad de López Obrador ante los cárteles. Las prioridades se modificaron.
No se sabe qué sucedió exactamente el jueves 25, pero algunas afirmaciones de funcionarios estadunidenses indican que los ahora detenidos no les cayeron del cielo por el engaño de El Chapito a su padrino, ni lo supieron una hora antes que aterrizaran en Nuevo México. Un periodista con fuentes de primer nivel en ese gobierno recibió la información de la captura de Zambada tres horas antes de que se hiciera pública. Se desconoce si fue entrega, detención, secuestro o extracción. Lo que se sabe es que la operación la encabezó un agente del FBI con gran experiencia en las redes de corrupción y colusión de autoridades con los cárteles, que estuvo tejiendo por años descabezar al Cártel del Pacífico/Sinaloa.
Dentro del gobierno mexicano hay dos hipótesis. Una del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que piensa que fue una entrega pactada; la otra, que ha circulado en los últimos días, es que los estadunidenses los capturaron en suelo mexicano. Nadie sabe nada aquí, porque no les han querido informar en Washington algo que los sacara de la oscuridad. El desdén con el que los han tratado es humillante.
Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, cabeza de la relación bilateral, no sabía de lo que le preguntaba Jesús Ramírez Cuevas, portavoz presidencial, buscando confirmación sobre lo que corría con frenesí en las redes sociales. Sigue igual, y su par como responsable de la relación bilateral, Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Territorial de la Casa Blanca, no le ha convidado ningún dato. Gertz Manero nunca estableció una relación entre pares con el procurador general de Estados Unidos, Merrick Garland, por lo cual tampoco tiene información directa.
El fiscal se achicó a sí mismo y escogió como interlocutor al embajador en México, Ken Salazar, que fue excluido por Washington de lo que iba a suceder. Salazar no ha recibido información de su gobierno, que se explica por la desconfianza que tienen de él, por su cercanía genuflexa a López Obrador. Incluso estuvo cancelando la semana pasada visitas a Palacio Nacional. La única intervención clara de Salazar, quizás por acomodaticio y no por instrucción, es que cuando López Obrador comenzó a decir que todo había sido producto de la cooperación bilateral, advirtió a sus enlaces que si continuaba engañando a los mexicanos, el Departamento de Justicia lo iba a desmentir. El presidente se calló. Y lo más grave, se cayó.

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Después de más de 50 horas de que Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López fueron puestos bajo custodia por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete de seguridad siguen sin tener ninguna idea de lo que sucedió. Lo más que han llegado a concluir es que se trató de una burla del gobierno de Joe Biden, la peor, se puede añadir, que se recuerda en las relaciones bilaterales. Hasta el fin de semana los estadunidenses no habían tomado las llamadas de los mexicanos, y la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, no había podido presentar el proyecto de respuesta a la afrenta que le pidió el presidente. En realidad, no hay forma como puedan salvar cara.
Biden, probablemente por las mismas razones electorales por las que volteó los ojos ante todo lo que hacía López Obrador en México –asalto a los órganos autónomos, ataque al INE, cruzada contra la Suprema Corte, linchamiento contra sus críticos, por citar algunas acciones que en otros momentos habrían sido consideradas abuso de poder– a cambio de frenar la migración, dejó de cerrar investigaciones que pudieran afectar al presidente mexicano, y detuvieron al máximo jefe del narcotráfico en el mundo en una operación de extracción que violó la soberanía mexicana. En Palacio Nacional se enteraron por los medios.
Le cobraron a López Obrador cuatro años de desdén y nula cooperación, en algo equivalente a una burla. La operación para la extracción de Zambada comenzó hace un año y medio, reveló el procurador general Merrick Garland, y se hizo de manera clandestina. Lo que explica la humillación al gobierno obradorista es haber ignorado una ley para que todas las acciones de la DEA fueran informadas al gobierno –que pasó con prontitud el Congreso–, propuesta por el presidente tras la detención en Los Angeles del general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa, en 2020.
La mofa está en la sutil ironía. La DEA no participó en la extracción, por lo que técnicamente, no engañó al gobierno mexicano. La operación fue coordinada por el área de Investigaciones del Departamento de Seguridad Territorial, que se coordinó con el FBI. Este pequeño detalle, que es monumental, ha pasado desapercibido por López Obrador y su gabinete de seguridad. Si tan solo recordaran que el tráfico de fentanilo –por lo que acusan a Zambada y a Joaquín Guzmán López, uno de los cuatro hijos de Joaquín El Chapo Guzmán–, fue clasificado por la Casa Blanca desde hace más de un año como un tema de seguridad nacional, entenderían que la captura de Zambada es solo el principio.
El que haya encabezado la operación el Departamento de Seguridad Territorial muestra en qué nivel de prioridad se encuentra el combate al fentanilo. Si la captura se dio en el marco de seguridad nacional, la probabilidad de que participaran varias agencias de inteligencia estadunidense –como la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional, para vigilancia electrónica y de telecomunicaciones durante la operación–, es altamente probable. El FBI, que tiene capacidad legal para actuar en México en tareas de inteligencia, fue utilizado para ver los asuntos legales de la captura, posiblemente para establecer salidas plausibles en caso de que México acusara a Estados Unidos de haber intervenido ilegalmente en su territorio. Lo que probablemente no esperaban es que el gobierno obradorista se quedara mudo.
El spin estadunidense reflejado en sus medios el viernes y el sábado cuenta que Guzmán López, actuando para lograr beneficios para su hermano Ovidio –detenido tras la presión de la vicepresidenta Kamala Harris durante un desayuno con López Obrador en su residencia en Washington poco antes de ver a Biden en 2022–, engañó a Zambada para que lo acompañara a ver unas pistas clandestinas en el norte de México, generó dudas entre algunos funcionarios, los más sofisticados y conocedores, como el fiscal general Alejandro Gertz Manero, que le dijo al presidente que creía que se había entregado.
En México se tomó la versión de Washington a ciegas, pero el sábado por la noche, Keegan Hamilton, el informado editor de justicia de Los Angeles Times, reveló nuevos elementos a la captura de Zambada que contradicen la versión de las autoridades estadunidenses, pero dejan peor parado al gobierno mexicano. Hamilton habló brevemente con Frank Pérez, abogado de Zambada, quien le dijo que su cliente fue secuestrado por un comando de seis personas en uniformes militares, amarrado de pies y manos, con una bolsa negra en la cabeza para evitar que viera nada, y lo subieron a un avión contra su voluntad. Los uniformes militares, de confirmarse la versión, no necesariamente pertenecerían a unidades del Ejército; el FBI y la CIA también utilizan uniformes tácticos, que parecen militares, en operaciones especiales.
La posibilidad de que haya sido secuestrado y llevado a Estados Unidos tiene más sentido que la hollywoodesca operación contada sobre el engaño a Zambada, dadas las medidas de seguridad extremas del principal narcotraficante del mundo, que vivía en la Sierra de Durango y nunca usaba dispositivos móviles para evitar que lo ubicaran, comunicándose solo por radio. Cuando tuvo una extraordinaria aparición en la prensa, hace unos 13 años en una entrevista con el periodista Julio Scherer, para enviar un mensaje al presidente Felipe Calderón de que las familias quedaran excluidas de su guerra, no fue el director de Proceso quien lo encontró, sino los abogados de Zambada quienes lo buscaron.
Las revelaciones de Los Angeles Times le abren la posibilidad a López Obrador de romper la parálisis en la que se encuentra y hacer algo sustantivo, como reclamar airadamente al gobierno de Biden por la operación secreta, ilegal y violatoria de los acuerdos bilaterales y de las leyes mexicanas. No resolvería nada de lo sucedido ni lo que vendrá, pero se podría quitar la bota que le pusieron a su gobierno en el pescuezo y recuperar algo de la dignidad, aunque sea tantas horas después de que se la mancillaron.

* Esta columna volverá a publicarse, salvo algún evento extraordinario, el próximo lunes.

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Claudia Sheinbaum resistió las presiones públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador y no modificó lo que dejó pendiente la semana pasada. Ayer designó a quienes la acompañarán en su gabinete y no cayó en el juego de López Obrador para ratificar al director del Seguro Social, al titular de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios y al subsecretario de Salud. La presidenta electa mantiene su calendario –pese a las turbulencias internas de las dos últimas semanas– y el gabinete ampliado vendrá después.
El presidente quiere dejar un gabinete marcado por él, pero Sheinbaum lo ha ido manejando bien. Las imposiciones que puso López Obrador sobre la mesa las ha administrado con sutileza, nombrando a varios que deseaba repitieran en diferente posición. Ayer tuvo que ceder con Marath Baruch Bolaños, que repetirá como secretario del Trabajo aunque no sea parte de su equipo sino del hijo del presidente, Andrés López Beltrán, con quien estudió en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.
Terco, López Obrador quiere 10 secretarios que hayan formado parte de su gabinete. No lo va a lograr, pero va a estar cerca. Sin embargo, no se trata de cuántos son, sino la importancia y calidad de los cargos. Ahí también van empatados: Gobernación, con Rosa Icela Rodríguez, para el presidente; Seguridad, con Omar García Harfuch, para Sheinbaum; y en Hacienda nada para nadie porque Rogelio Ramírez de la O es un arreglo por conveniencia. En septiembre, al nombrar a los jefes militares, se verá cómo quedó el equilibrio que quiso romper López Obrador a su favor en las secretarías estratégicas, y que evitó Sheinbaum, para su propio beneficio político.
Sheinbaum nombró ayer a dos secretarias suyas, Claudia Curiel, que fue su secretaria de Cultura en el Gobierno de la Ciudad de México, que hará lo mismo a nivel federal, y Josefina Rodríguez, que saltará de la Secretaría de Turismo de Tlaxcala a la federal. Las dos tienen experiencia en la gestión con el sector privado. Curiel ha mantenido una intensa y rica actividad cultural en la capital del país, mientras que Rodríguez ha estado envuelta en polémicas en Tlaxcala donde ha sido acusada de beneficiar a empresas de su familia y tolerar acciones irregulares de sus subordinados, aparentemente de grupos de interés afectados por ella.
No obstante, sus nombramientos le inyectan nuevamente frescura al gabinete y son parte del relevo generacional que está planteando Sheinbaun con la integración ecléctica de su equipo de gobierno. Lo mismo podría decirse del secretario del Trabajo, aunque su ratificación, si bien encuadra en el relevo generacional, se enmarca principalmente en el bloque de quienes desea López Obrador como diques para cuidar su legado, aunque a veces choque con el proyecto de país que quiere Sheinbaum pero, sobre todo, que pueda desarrollar de acuerdo con las condiciones políticas y económicas que enfrente.
De ahí podría interpretarse la tosudez de López Obrador para imponer, ya no en privado, como cuando se reunió con Sheinbaum en Palacio Nacional, sino en público, sus nombramientos para que no se desvíe. Haber adelantado que probablemente ratificaría a tres miembros de su gabinete, cruzó tanto las líneas que sus cercanos expresaron asombro y esbozaron lo que se vive en los pasillos palaciegos. Por ejemplo Enrique Galván Ochoa, un respetado columnista de La Jornada, defensor por años de López Obrador y que forma parte del quinteto que escribió su Constitución Moral, escribió  este miércoles en el diario orgánico del obradorato:
“No recuerdo –y tengo memoria desde finales del sexenio del priísta veracruzano Adolfo Ruiz Cortines– que un presidente de la República recomendara públicamente a su sucesor a que conserve en sus cargos a tres funcionarios ‘porque sería un desperdicio’ despedirlos. Pero López Obrador no se ciñe a las tradiciones y al final de su mañanera sugirió que Claudia Sheinbaum mantenga en sus puestos al director general del IMSS, Zoé Robledo, al subsecretario de Salud, Ruy López Ridaura, y al director de Cofepris, Alejandro Svarch. Le preguntaron si lo había consultado con la futura presidenta: ‘No, no, yo no hablo de eso, pero es un desperdicio… ¿Dónde los van a agarrar?, como dirían en mi pueblo’… Ella no lo hará, ni dirá ni pensará nada que se separe de la línea que marque el ‘mejor Presidente’ que ha tenido México, según sus palabras. Así que… seguirán en la nómina del sector salud el próximo sexenio… al menos los primeros tiempos”.
López Obrador ya socializó a quién quiere en el segundo piso, que como bien apuntó Salvador Camarena este jueves en El Financiero, “el control está en el segundo nivel”, en las subsecretarías y en el gabinete ampliado. Ahí está el poder. Una primera escaramuza que libró Sheinbaum fue no acatar la petición de López Obrador para nombrar a Raquel Buenrostro directora de Pemex, porque tiene un compromiso con Ramírez de la O para que sea él quien pueda designar al titular. No se sabe aún en quién recaerá, y si podrá mantener el acuerdo, que incluyó también el nombramiento del SAT, en donde López Obrador ya sacó las uñas.
El presidente quiere que Sheinbaum ratifique a Antonio Martínez Dagnino, que es muy cercano a sus tres hijos mayores, con quienes estudió la preparatoria en una escuela que es propiedad de Sergio de Botton, cuyo hijo Juan Pablo es el subsecretario de Egresos en la Secretaría de Hacienda, otro puesto fundamental para el manejo político de la economía, que quiere arrebatarle el presidente a su sucesora en su vorágine de fin de sexenio.

Nota 1: Manuel Velasco, en referencia a la columna “Oligopolio de medicinas”, se deslindó de cualquier toma de decisiones en el IMSS y dijo que el responsable de contrataciones y contratos es su titular Zoé Robledo. Dijo que tampoco es socio de una empresa distribuidora de medicinas en Tabasco. En la columna se mencionó a Manuel Pedrero como asesor de Robledo; su nombre es Humberto.
Nota 2: Esta columna se dará una pausa y retomará su publicación el 5 de agosto.

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El presidente volvió a sacudir el gallinero de la transición del poder con otra irrupción indebida al anticipar que los directores del Seguro Social, de la Cofepris y el subsecretario de Salud que lo han acompañado estos años, “probablemente” serían ratificados en sus cargos en la próxima administración. Una vez más no le dejó espacio a la presidenta electa Claudia Sheinbaum para tomar la última decisión ni para que fuera ella, a quien le compete, darlos a conocer. El albazo de Andrés Manuel López Obrador no deja de tener un hipertexto preocupante, porque ese sector, y en particular en el rubro de las medicinas, los escándalos en su entorno sobre presunto tráfico de influencias y corrupción, han sido constantes y sonoros.
Bajo su mandato se han consolidado dos grupos que controlan el mercado de las medicinas, un negocio de 150 mil millones de pesos anuales en el sector privado y de 120 mil millones en el gubernamental. Los grupos están en pugna, y ambos han crecido al amparo del obradorato, que al iniciar la administración emprendió el desmantelamiento del sistema de distribución y comercialización de medicinas argumentando que estaban rompiendo con un mecanismo de corrupción. Lo que resultó de esa cruzada fue contraproducente.
Las empresas mexicanas a las que dejaron de contratar, comenzaron a vender en el mundo y elevaron sus ganancias, mientras que el desastre que provocó la dupla de Raquel Buenrostro, como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, y el exsubsecretario de Salud Hugo López-Gatell con sus fijaciones ideológicas, provocó un desabasto que causó muertes, mientras que la nueva institución que se creó para que el gobierno realizara las compras y la distribución, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), fue un experimento fallido que obligó a que el gobierno saliera a comprar medicinas al mundo, varias de ellas manufacturadas por los laboratorios mexicanos a quienes dejaron de adquirírselas, pero a mayor precio por todos los costos agregados.
En el caos de las medicinas surgieron los dos grandes grupos que han formado un oligopolio, uno privado y otro cercano a López Obrador.
El relacionado al presidente es conocido como el Grupo Tabasco, que según fuentes de la industria, encabeza Alejandro Calderón Alipi, responsable de la compra consolidada de medicamentos y equipos en el Insabi, y desde agosto titular del IMSS-Bienestar, en remplazo de una funcionaria con más de 30 años de experiencia, que no duró un año en el cargo. La conexión con Tabasco, reveló en diciembre pasado Mexicanos Contra la Corrupción, se dio por la relación de negocios entre el hermano de Calderón Alipi, César Mauricio, con Jorge Amílcar Olán Aparicio, viejo amigo de Andrés López Beltrán, hijo del presidente, y el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
López Hernández apadrinó a los Calderón Alipi en Arcar, una empresa de distribución de medicamentos en Tabasco, donde presuntamente es socio Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas, que colocó en el Seguro Social a varios miembros de su equipo administrativo, incluido a su exsecretario de Finanzas Manuel Pedrero, asesor del director Zoé Robledo, y Nemesio Ponce, coordinador técnico de Servicios Indirectos de la institución, que está relacionado con los proceso de licitación, y que operan con Salim Orci, titular del Órgano de Control Interno de la dependencia, que a su vez está asociado con Adrián Cervantes, que hasta este gobierno había sido uno de los más importantes distribuidores de medicinas y equipos para el sector público.
En ese grupo figura Olán Aparicio, cuyos negocios en el sector y sus relaciones han sido detallados por Mario Gutiérrez Vega y Mauricio Rubí en Latinus, revelando grabaciones donde presume su relación con los hijos del presidente. Otro integrante de este bloque de beneficiados es Mario Pacciano, un joven empresario que se relacionó con los tabasqueños durante la pandemia a través de la empresa Maremi, bastante indiscreto y que alardea de haber inyectado recursos a la campaña presidencial de Sheinbaum.
El otro bloque en el oligopolio de las medicinas lo componen empresarios que tienen tiempo en el sector, como el Grupo Kosmos y Darobi, de la familia Landsmanas –la futura secretaria de Energía, Luz Elena González trabajó con Jack Landsmanas, cabeza del grupo–, que también recibió contratos para proveer de alimentos en las cárceles federales por parte de Sergio Montaño, cuando fue oficial mayor de la Secretaría de Seguridad Pública en la gestión de Genaro García Luna. El otro con experiencia es Alexis Nikkin Gaxiola, experto también en criptomonedas y finanzas digitales y uno de los socios de Latinus.
En este bloque de empresarios, la compañía que sobresale como la que mayor contratos tuvo durante este gobierno es Traxión, que encabeza Aby Lijstszain, un consorcio de transportes consolidado, que tiene las mudanzas MyM y LIPU, que durante el gobierno de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México, obtuvieron el contrato para proveer el servicio de transporte obligatorio para todas las escuelas primarias. Traxión, que no tenía experiencia en el transporte de medicamentos, compró en marzo de 2022 la empresa experta en logística Medistik, y a los tres meses obtuvieron su primer contrato de distribución de medicamentos del Seguro Social y de todos los medicamentos de la paraestatal Birmex, que produce, importa y comercializa vacunas.
Antes de entrar al ramo de las medicinas, Traxión proporcionó apoyo logístico al gobierno a través de Gabriel García Hernández, quien era el operador electoral del presidente. Ya metido en el sector, Traxión tuvo resultados que levantaron las cejas de muchos. El año pasado tramitó y obtuvo 300 registros nuevos de medicamentos por parte de la Cofepris, con lo que controlaron la oferta y la venta de medicinas en el Seguro Social, cuando el promedio para concluir ese proceso es de dos años y en comparación con PISA, el gran consorcio mexicano, que no logra más de 30 registros nuevos por año.
El negocio de las medicinas en este sexenio tiene un camino sembrado de minas, algunas de las cuales han explotado, pero otras más todavía no, lo que permite pensar que los escándalos en el sector serán transexenales.

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