ESTRICTAMENTE PERSONAL

Algo no cabe en el sentido común. El Tribunal Electoral federal determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador cometió violencia de género en 11 ocasiones contra la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, porque sus declaraciones reforzaban el estereotipo de que la mujer está en inferioridad o dependencia de los hombres para acceder a cargos públicos y no es autónoma en sus decisiones, pero no anuló la elección. El sábado, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México decidió que Alessandra Rojo de la Vega, la candidata opositora en la alcaldía Cuauhtémoc, había cometido actos de violencia política de invisibilización y estereotipos negativos en contra de su rival, Catalina Monreal, y canceló la elección que había ganado.
¿Por qué dos tribunales que revisaron la violencia de género en elecciones llegaron a decisiones antagónicas? El Tribunal Electoral federal consideró que los dichos del presidente contra Gálvez no afectaron el resultado de la elección y tampoco sancionó a otros de sus colaboradores acusados del mismo delito –López Obrador tenía una situación de excepción en materia electoral–, porque sus palabras fueron hechas en el marco del debate público. En el Tribunal Electoral capitalino, la resolución señaló que los comentarios de Rojo de la Vega contra Monreal no podían estar cobijados por la libertad de expresión, ni tampoco contribuyeron al debate público.
En ambos casos hubo similitudes. López Obrador descalificaba a Gálvez y decía que había sido impuesta como candidata por el activista Claudio X. González, y que respondía a los intereses de los dirigentes del PAN, PRI y PRD. Rojo de la Vega criticaba a Monreal y la vinculaba política y operativamente con su padre, el diputado Ricardo Monreal, cuyo equipo –que trabajó con su hija- “han extorsionado (y) han cobrado piso como si fueran delincuentes”. Pero había otro factor notoriamente diferenciador: quien hizo el dictamen de la exoneración de López Obrador no se ha distinguido por seguirle la corriente; quien dio el voto de calidad para anular la elección en la Cuauhtémoc fue el presidente interino del Tribunal, Armando Ambriz Hernández, paisano y compadre del diputado.
Los Monreal, Catalina y Ricardo, pelearon en los órganos electorales la victoria de Rojo de la Vega. Ricardo, que tiene bastante experiencia en impugnaciones débiles –como las que presentó en dos elecciones presidenciales donde perdió López Obrador–, fue la mente para pedir recuento de votos total en la alcaldía. El Tribunal Electoral capitalino determinó que no había elementos suficientes para realizarlo, y ordenó que solo se hicieran en las casillas que presentaban irregularidades. Catalina ganó otros 300 votos, que no hacían ninguna diferencia con el resultado de la elección que perdió por 11 mil 296 votos.
Ambriz Hernández nunca debió haber participado en la votación en el Tribunal por el claro conflicto de interés, pero este concepto, que está definido por el Consejo de la Judicatura, no es un componente ético que abunde en los tomadores de decisiones en México. Su voto de calidad, es decir, definiendo el rumbo del dictamen, es un insulto a la inteligencia y una falta absoluta de ética política, lo que no sabíamos del magistrado pero sí del diputado Monreal.
Inteligente y preparado, Monreal lleva más de un año en rendimientos decrecientes, desde finales de 2022, cuando se decía totalmente decidido a enfrentar a López Obrador y buscar la candidatura presidencial enfrentando a Claudia Sheinbaum, pero que tras una visita de Palacio Nacional que se interpretó como un levantamiento de castigo de su inquilino al hijo pródigo, salió con los hombros hacia delante, la cabeza gacha y completamente domesticado. ¿Qué sucedió en el despacho presidencial? Solo ellos lo saben, pero Monreal abandonó sus pretensiones presidenciales y se volvió un apasionado defensor de todo lo que hacía López Obrador, y explicador de sus acciones y decisiones en artículos periodísticos muy bien articulados, pero con letras de barro.
Monreal había dejado de ser un hombre de confianza del presidente hacía años, aunque le resultó funcional en el Senado, y de Sheinbaum menos, desde que contendieron por la candidatura para el gobierno de la Ciudad de México. López Obrador lo volvió a acercar y lo impuso como coordinador de la bancada de Morena en la nueva Cámara de Diputados, que era un puesto que quería la presidenta electa para Alfonso Ramírez Cuéllar, vetado por el presidente. La idea de López Obrador era tener a dos piezas que le debieran todo a él –su amigo Adán Augusto López es el coordinador en el Senado–, que impidieran que Sheinbaum operara en las cámaras ajustes a sus iniciativas de ley.
Pero el presidente tenía compartamentalizado a Monreal. Si bien lo quería como cuña en el Congreso, no le parecía lo que estaba haciendo en la Cuauhtémoc tras la derrota de su hija, y varias veces le envió el mensaje de que abandonara esa lucha y que continuara con el encargo que le dio. Monreal no hizo caso y logró que su compadre anulara la elección, que ha motivado un nuevo escándalo político y un nuevo lastre para el presidente y Morena, porque la percepción es que avasallar en las elecciones no fue suficiente. Rojo de la Vega tiene hasta mediados de esta semana para impugnar la decisión en el Tribunal Electoral federal, la siguiente instancia a la que puede recurrir.
Ayer le salió un aliado inesperado, López Obrador, quien al dar su opinión sobre la anulación de la elección, dijo que el tema de violaciones por agravios de género hay que verlo con cuidado y ver bien las cosas a fondo. “Yo fui acusado de eso y nunca le he faltado el respeto a una mujer. Me acusó la candidata Xóchitl y no procedió”, agregó. “Existen otras instancias para que no se piense que nosotros queremos la ‘ley del embudo’, que nada más buscamos que las leyes nos beneficien a nosotros… Entonces, hay que esperar”.
El mensaje público es una reiteración de los avisos que en privado le enviaron a Monreal desde Palacio Nacional, contra su ego, terquedad y su voracidad. El recado presidencial está transmitido para que tomen nota.

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Miente como respira es una frase que acuñó Andrés Manuel López Obrador hace pocos años para denostar a un periodista que odia. Ahora, en el último informe de su gobierno este domingo en la gran plaza pública del Zócalo de la Ciudad de México, el presidente demostró que a mentir, nadie le gana.
No tiene rival tampoco para decir cosas increíbles –algunas francamente ridículas–, tergiversar datos, falsear otros, mezclar cosas, o expresar medias verdades para esconder fracasos, y salir indemne. La mayoría del electorado votó por su proyecto y su candidata. La propaganda fue un éxito y el terror hacia el interior y hacia fuera del régimen también. Se irá dentro de un mes victorioso –su definición de triunfo es la popularidad– y dejará una monumental responsabilidad para la heredera del legado, Claudia Sheinbaum.
La presidenta electa no tiene el cinismo de López Obrador –insistir que el sistema de salud que deja es mejor que el de Dinamarca, que la gasolina cuesta menos o que ya no hay corrupción en el gobierno, serán recordados como sus principales bufonadas–, pero tampoco los recursos dialécticos –un discurso que conecte de la manera más simple con la gente–, la forma simple de decir las cosas ni sus énfasis, que sintetizan una capacidad de comunicación como no habíamos visto nunca. Su personalidad, antagónica a la de su mentor, la deja en desventaja ante el estilo de gobernar del tabasqueño. A una le gusta ser seria; al otro le encanta la carpa.
Sheinbaum va a carecer de otras cosas, sobre todo dinero. El gobierno de Enrique Peña Nieto le dejó en caja a López Obrador 300 mil millones de pesos para que tuviera un cómodo arranque de administración, además de poco más de mil billones de pesos en fideicomisos. La inflación estaba en 4.3%, el tipo de cambio en 19 pesos por dólar, el crecimiento en 2.1% y el déficit fiscal en 2.3%. López Obrador deja la caja casi sin dinero –sólo habrá recursos adicionales para vivienda y hospitales–, menos de la mitad de los fideicomisos –concentrados ahora en las Fuerzas Armadas–, una inflación de 4.98%, un tipo de cambio altamente volátil que ha llegado a rozar los 20 pesos por dólar, un crecimiento de 1% y un déficit fiscal de 5.4%.
Contra lo que planteó el presidente en su último informe, deja un gobierno que apesta a corrupción –solo Segalmex, con 15 mil millones de fraudes, es tres veces más grande que el mayor en el gobierno de Peña Nieto, la Estafa Maestra–, con conflictos de interés y probables ilícitos en los sectores de petróleo, medicinas, alimentos y construcción del círculo cercano de su familia, una sociedad dividida y confrontada –la última, la reforma al Poder Judicial–, con el narcotráfico en poder de un importante pedazo de territorio nacional –siendo el poder real en casi la mitad de los municipios–, y con un creciente choque con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, poniendo en riesgo la renegociación del acuerdo comercial norteamericano.
El presidente dijo que se jubilará y que se irá a vivir a su rancho en Palenque, lo que no está en duda, salvo por cuánto tiempo lo hará, para seguir encauzando lo que es su estrategia transexenal, explicada recientemente por una pluma al servicio de Palacio Nacional, que apuntó que la radicalización de sus posiciones busca hacer más difícil que Sheinbaum busque correrse al centro, no por razones ideológicas –la presidenta electa sí es de izquierda; el saliente es un típico priista reaccionario setentero–, sino por necesidades pragmáticas. Ayer le volvió a mandar un mensaje: nada de APPs, asociaciones públicas privadas, que fue una de las innovaciones que presentó la presidenta electa en sus propuestas energéticas para los primeros 100 días de su gobierno. Y le remachó que tiene que terminar las obras de su sexenio, aunque sean ocurrencias de último momento.
El último Informe de Gobierno de López Obrador es la hoja ruta de Sheinbaum. No le tiene en el fondo confianza ciega a su delfín, y el tutelaje que ha hecho para con ella, arrastrándola a sus giras por el país para que se comprometa a seguir sin cambiar una coma el proyecto del obradorismo, es mucho más profundo de lo que se puede ver con la imposición, hasta ahora, de 11 secretarias y secretarios de Estado, varios más de los que ella ha logrado colocar.
Quiere el presidente que Jesús Ramírez Cuevas, el jefe de la maquinaria de propaganda del obradorato, repita en el área de Comunicación Social –que causa escalofríos en el equipo de Sheinbaum por el costo que tendría en el arranque de gobierno con los medios–, o que quede en una posición estratégica en el gabinete. Le ha insistido que mantenga como asesores a Rafael Barajas, el monero Fisgón –uno de los culpables de los mayores errores de López Obrador en política exterior–, y al videobiógrafo del presidente, Epigmenio Ibarra, como señal de continuidad. Lo último que está inquietando al equipo entrante es la presión para que Andrés López Beltrán, el segundo hijo del presidente –sentado ayer en el Zócalo junto a Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa–, asuma la Secretaría de Organización –que para efectos prácticos es la electoral– de Morena, perfilando con sus guardias rojas la construcción de una dinastía política en México para dentro de seis años.
López Obrador engañó con la verdad toda su vida pública y es un consumado mentiroso, como lo vimos en su último Informe de Gobierno. Sheinbaum debe saber que es un hombre sin escrúpulos, que ha traicionado a quienes más lo han ayudado sin condiciones y lastimado, para salvarse él, incluso a su familia más cercana. Está experimentando el maltrato ahora en carne propia, y la vamos a    seguir viendo navegar este mes que le queda a su tutor de presidente, con genuflexiones, sometimiento y zalamerías, lo que podría extenderse por muchos meses en su primer año de gobierno, alimentando las inquietudes en México y el mundo, si lo que se piensa que hace es por estrategia, es en realidad su verdadero yo.

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Qué peligroso están siendo los últimos días del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Tiene todo y, sin embargo, está enojado. ¿Es por las críticas que hacen a sus planes o por el síndrome de abstinencia de poder? Sus motivaciones son secundarias pero las consecuencias son las mismas, profundizándose proporcionalmente al tamaño de su berrinche. No le ha gustado que el gobierno de Estados Unidos, al que chantajeó con la migración, le haya puesto un alto en el tema de la reforma judicial, mostrándose sorprendido por una posición que, sin embargo, la sabía desde los primeros días de junio.
En esos días, poco después de las elecciones que perfilaron la mayoría calificada para Morena y la coalición de gobierno en el Congreso, partió a Washington una delegación oficial encabezada por la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, y el secretario de la Marina, almirante José Rafael Ojeda. El propósito era promover el Canal Interoceánico del Istmo de Tehuantepec con el fin de buscar inversiones estadunidenses en el proyecto obradorista. Los funcionarios fueron recibidos por oficiales de alto nivel, pero no había interés alguno en hablar de nada. Lo que querían era enviar un mensaje a López Obrador.
En las diferentes reuniones que sostuvieron expresaron sus preocupaciones por la reforma al Poder Judicial que planteaba el presidente, porque consideraban –la parte diplomática– que lastimaría al Estado de derecho, y que –la parte militar– el diseño propuesto por López Obrador abría la puerta para que el crimen organizado comprara jueces, magistrados y ministros, aumentando su poder y control sobre las instituciones mexicanas. Ese mismo discurso es el que le habían manejado sistemáticamente a la presidenta electa Claudia Sheinbaum los empresarios, banqueros e inversionistas extranjeros que hablaban con ella.
Sheinbaum escuchó con atención y discutió con su equipo las implicaciones negativas que tendría la reforma en el arranque de su gobierno. Se consideró hacer un cabildeo discreto con los nuevos legisladores de Morena para frenarla, pero desistieron del plan por miedo a López Obrador “que siempre se entera de todo”. El presidente tenía infiltrado al equipo de primera línea de Sheinbaum, y el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, como lo había hecho desde la precampaña, tenía intervenidos los teléfonos de sus principales colaboradores.
La presidenta electa decidió hablar con López Obrador para proponerle un cambio de tiempos en la votación por la reforma judicial a fin de que no se hiciera en septiembre, comprometiéndose a sacarla más adelante, durante la primera parte de su sexenio. El presidente rechazó la idea. Le vetó su propuesta de coordinador de la bancada de Morena –Alfonso Ramírez Cuéllar–, y nombró a quienes serían los coordinadores, Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados, y Adán Augusto López en el Senado. Sheinbaum se quedó bloqueada y no ha tenido más remedio que para evitar que se enoje con ella López Obrador, se radicalice como él en el tema de la reforma judicial y en ser su eco en las acciones contra los embajadores de Estados Unidos y Canadá por sus críticas a la iniciativa.
Sheinbaum y López Obrador ya vieron las consecuencias de la mera probabilidad que la coalición de gobierno pase reformas constitucionales como la judicial y la desaparición de los órganos autónomos. Desde que la votación del 2 de junio perfiló la mayoría calificada para López Obrador, el peso se ha depreciado 13% frente al dólar. La divisa mexicana cayó desde los 17.02 pesos por dólar el viernes previo a la elección, a 17.68 el primer lunes después de los comicios y 19.68 este miércoles. Ayer llegó a estar en 19.94 por la resolución del Tribunal Electoral que confirmó la mayoría calificada de la coalición de gobierno, la previsión de crecimiento de 0.8% el promedio sexenal –no visto desde hace seis sexenios, con el gobierno de Miguel de la Madrid–, y el reporte del crecimiento de Estados Unidos en el último trimestre, que llegó a 3%.
López Obrador, el presidente de la negación, desestima todas las señales económicas y financieras. Sheinbaum, para evitar que tome represalias contra ella, repite sus mentiras, incluida la aseveración que la reforma judicial no afectará el acuerdo comercial norteamericano. En privado está preocupada. Por eso envió con una enorme discreción a Washington a Artemisa Gómez, la empresaria tapatía a la que utiliza para misiones secretas en Estados Unidos, y a José Merino, una de las personas de mayor confianza que tiene y que dirigirá la Agencia de Transformación Digital que creará el nuevo gobierno, para conversar de manera informal con funcionarios del gobierno de Joe Biden sobre lo que hará a partir del 1 de octubre, para tranquilizarlos y darles confianza.
La iniciativa de Sheinbaum naufragó. Como bien sabían en su equipo, López Obrador se enteró y dio instrucciones para que de manera inmediata suspendieran su visita de control de daños y que no hablaran con ningún funcionario. Por lo que se ve, el presidente no quiere saber nada de los estadunidenses. Ayer decía que la relación con Estados Unidos en el futuro va a ser muy buena por convenir a los dos países, pero atajaba: “El único asunto es que aprendamos a respetar nuestras soberanías. Esto es lo único, (y) si se logra, se va a fortalecer mucho la región hacia delante”.
No termina de entender, o es un discurso doméstico, que la queja de Estados Unidos y Canadá es porque la reforma judicial genera incertidumbre jurídica, que es lo que impacta en el acuerdo comercial norteamericano, que también sería violado con la desaparición de los órganos electorales, que se concretará en unos días, por violar cláusulas democráticas. La injerencia en asuntos internos que reclama, obedece a que está violando los compromisos del tratado. Las exigencias para que respete lo que firmó y no viole los acuerdos van creciendo, y López Obrador se está endureciendo.
El presidente aceleró su radicalización y no parece importarle. Sheinbaum, en cambio, está en un dilema. ¿Qué va a suceder en septiembre? Es un enigma, aunque las señales no son promisorias, y mucho menos tranquilizadoras para la próxima presidenta.

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Ya uno no sabe si el presidente Andrés Manuel López Obrador es un farsante, un ignorante o un tramposo. En la mañanera de ayer se preguntaba por qué hay una reacción tan grande en el mundo por la reforma judicial. “No encuentro yo una explicación lógica, aunque a veces lo que no suena lógico suena metálico”, dijo. El presidente no necesita abrevar de la lógica para saber que lo que está agitando al mundo son intereses económicos, pero disfraza las motivaciones en el exterior como si fuera un espíritu pirata el que animara la crítica y las preocupaciones por las consecuencias de la reforma, ocultando lo que quien lea los argumentos planteados entendería como la amenaza expresada: centralización del poder y selección de ministros, magistrados y jueces federales por voto popular.
La suma de estos dos componentes generaría una incertidumbre jurídica, donde el solo horizonte de que sea promulgada como ley ha provocado que algunas empresas multinacionales estén pensando en cambiar sus oficinas de México a Estados Unidos, para que en caso de un diferendo judicial, sea bajo las leyes de aquel país y no bajo el nuevo andamiaje legal mexicano que viene en camino, para evitar que sus asuntos sean resueltos por “una Lenia Batres”, como apuntó un observador, al recordar a la ministra del presidente que carece de equipaje jurídico y le sobra el ideológico.
López Obrador está levantando cortinas de humo que, al mismo tiempo, le sirven para presionar domésticamente para que se apruebe la reforma judicial. Eso es lo que ha hecho con el conflicto artificial con Estados Unidos y Canadá, que es una farsa. O, ¿cómo entender que suspende relaciones con los embajadores pero mantiene la relación fluida con sus gobiernos? A menos que realmente sea un ignorante consumado, el presidente sabe que no se mandan solos, y que los diplomáticos, como Ken Salazar, a quien trataba como cómplice, por lo que es llamado en Washington “el embajador de México en el Departamento de Estado” por su lambisconería y defensa del macuspano, criticaron la reforma por instrucciones de sus gobiernos, no a espaldas de Joe Biden o Justin Trudeau.
López Obrador pretende sacar el nacionalismo mexicano del clóset y que broten los viejos agravios por la larga historia de intervenciones –156 registradas por el historiador Gastón García Cantú– de Estados Unidos en México, con triquiñuelas y desinformación. El sonido metálico con el que identifica las críticas en el mundo a su reforma es real, porque sí se trata de algo económico, contemplado en el tratado comercial suscrito por México, Estados Unidos y Canadá, donde hay una serie de compromisos que fueron respaldados con el voto del Senado en los tres países. Gracias a ellos, el 82 por ciento de las importaciones en Estados Unidos salen de México, con lo cual la economía mexicana se beneficia de estar injertada a su aparato productivo, y la proveeduría estratégica desde México, le da tranquilidad a Estados Unidos en su guerra comercial con China.
El presidente ha tratado en los últimos días de meter en la conversación mexicana que las reformas que impuso al Congreso no tendrán ningún impacto en el acuerdo comercial, aunque la desaparición de órganos autónomos viola el tratado al cancelar las cláusulas democráticas, ni la turbulencia en los mercados responden a esas inquietudes, como ha sucedido, contra lo dicho por él, desde que se abrió la posibilidad de que Morena y sus partidos aliados obtuvieran la mayoría calificada en el Congreso. El peso rompió el techo de 20 unidades por dólar el martes, y llevamos días que no baja de 19. El tipo de cambio fue durante la mayor parte del sexenio el ejemplo más utilizado por López Obrador para regodearse de su buena política económica, que en realidad no obedecía a méritos domésticos, sino al diferencial en la tasa de interés con Estados Unidos.
La devaluación de las últimas semanas, sin embargo, sí tienen que ver con lo que se percibe en México y el mundo como una amenaza al estado de Derecho. Los sobresaltos en los mercados ya deben haberle preocupado, aunque públicamente diga lo contrario. El anuncio que hizo el futuro coordinador de Morena en el Congreso, Ricardo Monreal, que la reforma no pasaría en fast track como lo había dicho, porque por petición de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, no se aceleraría su voto.
Este anuncio parece más control de daños que un ataque de conciencia sobre las consecuencias de la reforma. Después de lo que hemos visto en estos meses, ¿alguien cree realmente que Sheinbaum y Monreal tienen márgenes de maniobra para actuar a espaldas de López Obrador? Ambos, se ha comprobado en los hechos, son apéndices del presidente y hacen lo que les ordena. Esta suena, parafraseándolo, a una estrategia para ganar tiempo y atemperar los mercados, aunque por cómo se comportaron ayer, no les creyeron.
De cualquier forma, es una señal importante que le estén empezando a doler las reacciones en los mercados internacionales a López Obrador, que lo que menos debe querer es entregar el mandato con una crisis económica detonada por él, con decisiones apoyadas en el poder metaconstitucional que le resta, como lo hicieron en el epílogo de sus gobiernos Luis Echeverría, que expropió tierras ganaderas en Sonora, en un conflicto que le costó el empleo –para restablecer la estabilidad, al gobernador Carlos Armando Biebrich– y devaluó en casi 100 por ciento el peso frente al dólar rompiendo 22 años de paridad fija, y José López Portillo, que devaluó a meses de dejar el poder, decretó una moratoria al pago de la deuda externa y nacionalizó la banca.
Las secuelas de ese periodo, llamado “la docena trágica” se sintieron por el resto del siglo, y hasta 2000 se pudo dar una transición sin sobresaltos financieros. Hasta 2018 los cambios de gobierno fueron tersos, pese a que hubo tres cambios de partido en el poder, lo que no está sucediendo ahora, un relevo entre camaradas del mismo partido y proyecto terriblemente atropellado con múltiples alarmas prendidas. ¿Qué es entonces el presidente? Ignorante, definitivamente no.

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Como lo hizo con España y Perú, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en pausa la relación con Estados Unidos y Canadá. Tan ridículas las primeras –porque lo único que detuvo fue su comunicación personal–, como las segundas, aunque esta todavía fue más allá, porque no lo hizo con los gobiernos de Joe Biden y Justin Trudeau, sino que la personalizó en las oficinas que encabezan los embajadores Ken Salazar y Graeme Clark. No quiere saber nada de ellos, por ahora, pero más allá, business as usual.
López Obrador reconoce sus alcances y conoce a su gente. Su mensaje a la gradería busca que le aplauda y juntos enarbolen el estandarte nacional, con un nacionalismo cosmético que convenientemente evade el fondo, porque si estuviera hablando desde la indignación de un jefe de Estado que piensa que agredieron al país y no solamente que le llevaron la contraria a sus deseos, la intromisión en los asuntos internos de México que a su parecer cometieron los embajadores, sería suficiente motivo para declararlos personas non grata.
Obviamente, eso, no va a suceder.
Sin embargo, mostró lo que es: un neófito en las relaciones internacionales y un chivo en la cristalería del mundo con una prolija locuacidad de pandillero. López Obrador, que se ha metido en los asuntos internos de otras naciones –Argentina, Bolivia, Ecuador, Israel o Estados Unidos, por mencionar algunas–, se siente agraviado porque los gobiernos de Biden y Trudeau, con quienes tiene firmado un acuerdo comercial, advirtieron que la reforma al Poder Judicial violaba sus compromisos, insultando de paso a Canadá, al sugerir que, por sumarse a la queja, no porque tuviera una preocupación legítima, era un “estado asociado” estadunidense.
Pero el no comer fuego, tampoco significa que no está jugando con fuego con su determinación de sacar adelante una reforma judicial que día a día va sumando críticas en México y en el mundo, con consecuencias directas sobre la economía. López Obrador, que sí entiende lo que pasa, hizo un andrésmanuelazo: negó que la depreciación en el tipo de cambio tuviera que ver con la reforma judicial y siguió descuidando sus palabras. En las gráficas de los mercados de divisas se aprecia que cuando habló de la “pausa” con las embajadas norteamericanas, provocó una brusca caída ante el dólar, que a media mañana había roto el techo de las 20 unidades por dólar en el mercado interbancario y llegó a cotizarse en la venta en ventanilla a 20.14 por dólar.
López Obrador se va a tratar de sacudir el hecho de que lo que hace y dice sí está teniendo efectos contraproducentes para los días restantes de su sexenio, y para al menos el arranque de la próxima administración de Claudia Sheinbaum. No sería tan grave ni causaría daño real al país el que denuncie lo que quiera, que invente enemigos para buscar cohesión, que ataque a quienes odia para desviar las miradas y que grite y sermonee desde el atril de Palacio, porque no pasa del discurso. Lo que sí genera un daño a los mexicanos, es que mienta y desinforme, pero lo hace para no perder el consenso y mantener el apoyo para su reforma judicial.
Es el caso de su crítica a las calificadoras, que si bien es cierto que su papel en el mundo no ha sido lo más honorable ni certero –ya provocaron en este siglo una crisis financiera mundial por su complacencia con el exceso de bonos chatarra, que llevó a la recesión en 2007-2008–, como ha sucedido en la forma como han ido retrasando una baja en la calificación del grado de inversión de Pemex, que llevaría a una reducción en el grado de inversión soberano, siguen siendo quienes marcan la pauta a los inversionistas. López Obrador dijo que “no hay que tomarlas en serio”, porque no dijeron nada cuando se condonaban impuestos a las grandes empresas, a los bancos y a las corporaciones, lo que generaba una fuga de capitales.
El presidente se refería, sin mencionarlas por nombre, a Moody’s y a Fitch Ratings, que han expresado en los últimos días críticas a la reforma judicial, y planteado escenarios negativos en caso de que se apruebe. Pero los elementos para descalificarlas no tiene que ver con el trabajo que hacen, ni son los datos que revisan para hacer sus evaluaciones. Tampoco es correcto, como dijo, que no afectaría a México porque su economía es muy fuerte. Si las calificadoras bajan su grado de inversión, las posibilidades de acceder a recursos en los mercados se limita y se encarece porque se eleva el costo por el riesgo país. En otros casos, como es el caso de varios de los más grandes fondos de inversión, tienen como política sacar su dinero de un país que no tiene el grado de inversión.
López Obrador, como siempre, está doblando la apuesta y apurando a que la reforma judicial no se atore y se apruebe en el Congreso en los primeros días de septiembre. De ahí quisiera que casi en automático se aprobara en el Senado para enviarla a los congresos locales en el país, donde se necesita la aceptación de la mitad, más uno, de las legislaturas, con lo cual podría firmar la ley y publicarla en el Diario Oficial de la Federación. Hasta hoy, el plan no tiene alternativas, sin importarle las crecientes críticas y protestas contra la reforma judicial, como ayer, que a la condena que hicieron dentro de la Suprema Corte sus trabajadores, se sumó una carta de la Asociación Internacional de Jueces y una declaración de varios de los principales miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.
El presidente cree que todo es contra él, y su narcicismo no le permite ver que el temor se centra en que la reforma judicial cancele la certidumbre jurídica en la duodécima economía más grande del mundo, que también es una de las tres patas del principal mercado comercial del mundo, que es a lo que están reaccionando gobiernos, políticos, organizaciones internacio-nales y mercados.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador anda muy molesto con el gobierno y la prensa de Estados Unidos porque se le cruzaron en el debate sobre la reforma judicial, y los está desafiando. Cuidado, porque no parece estar viendo lo que hay detrás. Apretar el acelerador y decir que está dispuesto a sanciones comerciales supuestamente para defender la soberanía, pero en realidad llevado por el hígado, puede traer consecuencias. Por ejemplo, un apretón de los mercados financieros y un ataque al peso, heredando una crisis al gobierno de Claudia Sheinbaum.
Es cierto que la declaración del embajador Ken Salazar la semana pasada, donde afirma que la elección directa de jueces es un riesgo importante para el funcionamiento de la democracia y que las garantías para un Poder Judicial autónomo no deberían estar sujetas a la corrupción de la política, es una intromisión en los asuntos internos mexicanos. Pero nada dijo cuando una semana antes, Salazar dijo lo opuesto, metiéndose también en nuestra política doméstica. Intervencionismo a contentillo y soberanía discrecional, como lo quiere López Obrador, es retórica barata.
El jalón de orejas a Salazar, para alinearse a la convicción en Washington que la reforma amenaza la certidumbre jurídica de sus empresas y afecta los intereses económicos de Estados Unidos dio pie a una cascada de noticias y opiniones en la prensa más influyente de ese país.
El sábado, The New York Times publicó un despacho sobre Pemex, cuya producción este año está en un mínimo histórico en 45 años, una de las caídas más pronunciadas en el mundo durante el siglo. “El desorden en la industria de energía presenta un dilema que moldeará las fortunas del país y de la Presidencia de Sheinbaum en los próximos años”, agregó. “Sheinbaum ha señalado que quiere que México gire hacia energías limpias, pero el más grande obstáculo que tiene en su camino son las políticas nacionalistas de su mentor y su resistencia a chocar con el hombre que la puso en la Presidencia”.
El domingo, The Wall Street Journal publicó en línea la columna de Mary Anastasia O’Grady donde señala que López Obrador está proponiendo enmiendas constitucionales que violarán el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, y ha prometido que en su último mes en el poder impulsará sus reformas anti-mercado, que “llama democracia pero que parece más una mafiocracia”.
“La política está sangrando la economía”, apuntó. “Probable-mente no se materialicen los nuevos compromisos financieros de México porque el gobierno discrimina al capital privado, como está haciendo en energía. En tanto las inversiones en electricidad y petróleo se van a otro lugar, un déficit de electricidad barata para la industria podría ser inevitable, donde el último en irse podría no tener que apagar la luz”.
Y el lunes, el editorial institucional en The Washington Post señaló que el Estado de derecho en México está en peligro y que Estados Unidos hace bien en intervenir. Lo justificó de esta manera: “La reticencia de Sheinbaum a discrepar de López Obrador es quizás entendible, dado su control sobre el aparato político del cual dependerá la próxima Presidencia. Empero, es cortoplacista. Si el intento de su patrón de arrodillar al Poder Judicial fructifica, le asegurará que sus primeros meses, sino que años, su Presidencia será eclipsada por una pelea por la independencia judicial y amenazará la estrategia económica que anunció, que pende de la integración con la economía Norteamericana”.
Salazar y el embajador canadiense Graeme Clark, quien también se pronunció contra la reforma judicial, han ayudado a su causa de alguna manera, y debe Sheinbaum encontrar la forma de discrepar de López Obrador, señaló el editorial. “Sería una lástima que muriera la independencia judicial en México porque Sheinbaum carece de independencia política de López Obrador”.
La coincidencia del gobierno y los medios más poderosos de Estados Unidos refleja el malestar de la Administración Biden, de las empresas con intereses en México y de los inversionistas, sobre las garantías de que sus inversiones serán respetadas, lo que no sucedió durante el gobierno de López Obrador, que se saltó los acuerdos internacionales y en varios casos la ley, aún sin un nuevo marco constitucional, y que aseguró que no le importaban las sanciones comerciales porque él defendía la soberanía—siendo en realidad, el presidente que más soberanía ha cedido a Estados Unidos en casi un siglo.
El ex embajador de México en la Casa Blanca, Arturo Sarukhán, publicó este lunes un comentario en X en donde recuerda que siempre ha habido coyunturas en las cuales México ha enfrentado narrativas y lecturas adversas o negativas en la prensa internacional.
“Pero como nunca”, agregó, “ni en tantos frentes distintos de política pública (violencia y crimen organizado, el asesinato de periodistas, feminicidios, evisceración del Estado, el uso faccioso del poder y de las instituciones del gobierno y del Estado, la erosión democrática, la demagogia nacionalista, el desastre de nuestra política exterior, la militarización de las políticas públicas, el retroceso en compromisos contra el combate al cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la polarización desde el atril presidencial, la violación a compromisos adquiridos con tratados internacionales y comerciales), habíamos atestiguado como en este sexenio este tipo –y su profundidad y amplitud– de cobertura mediática tan mala y persistente, y consistentemente negativa en casi todas las geografías. Las percepciones internacionales sobre México están en el suelo”.
Es cierto.
Además de la prensa en Estados Unidos, noticias y opiniones críticas de López Obrador, así como crecientes dudas sobre si Sheinbaum gobernará por sí misma o como apéndice del presidente, han aparecido recientemente en The Economist, el semanario más influyente del mundo, en el Financial Times y Le Monde, que se cuentan entre los cinco periódicos más influyentes, en la televisión alemana, en la francesa, en la suiza. El mensaje es contundente.
Los negativos de López Obrador son crecientes. Sus rendimientos como político van para abajo. Ya no le importa cómo resolverá sus pleitos porque está a escaso un mes de dejar la Presidencia. Lamentablemente, para Sheinbaum, tampoco le interesa lo que sufra ella como consecuencia de sus bravuconadas tardías.

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El país se encamina a una autocracia y en el horizonte se asoma inmediato el poder en una sola persona, el Poder Legislativo al servicio de los deseos y ánimos del Ejecutivo y un Poder Judicial de competentes, incompetentes e ignorantes, pero al servicio de quien gobierne, de los caciques, de quien tenga dinero y de quien además tenga armas.
No habrá certidumbre jurídica y los inversionistas, salvo quienes trabajan en países como Afganistán, Irán, o naciones africanas controladas por warlords, se asustarán y quizás prefieran instalarse en Texas y Vietnam que hoy son los ganadores del nearshoring. Ya no habrá órganos autónomos, con lo cual nos denunciarán en los paneles del tratado comercial norteamericano, y eventualmente, ante la pérdida de ventajas competitivas y sin agua ni energía eficiente, cancelen el acuerdo.
El poder lo va a tener la presidenta Claudia Sheinbaum, pero la fuerza la tendrá el Ejército, que es el diseño que le heredará el presidente Andrés Manuel López Obrador, y no puede modificarlo, cuando menos por ahora. Cada vez nos pareceremos más a la Venezuela de Hugo Chávez, que también utilizó la democracia para destruirla, pero Sheinbaum no tiene la ascendencia del comandante venezolano sobre sus Fuerzas Armadas, y al contrario, hay mutuas desconfianzas. No habrá un gobierno bicéfalo, pero sí estará acotado, y de alguna manera sutilmente amenazado por ellas, para no salirse de la pista del primer piso obradorista y del segundo piso al que ella se ha comprometido.
Se puede debatir el tipo de régimen que se está construyendo, pero están claros los pilares de una autocracia, en un mundo totalmente diferente al que teníamos hace medio siglo y donde las libertades ya no serán un derecho institucional, aunque así lo diga la Carta Magna, sino que serán dispensadas, al igual que la ley, por Sheinbaum.
La próxima presidenta dice que no será así, pero la realidad es que la arquitectura que se está levantando está sepultando la democracia. En el fondo, ni ella ni López Obrador han tenido el coraje o la creatividad para argumentar racionalmente, como China o Rusia, que la democracia occidental no es el camino del desarrollo.
Para quienes creemos en los valores occidentales de la democracia, lo que está pasando en México es una tragedia. Años de luchas por abrir el sistema cerrado en el que vivíamos donde la izquierda fue un actor muy importante, para avanzar hacia un sistema democrático, habrán sido demolidos sin que se haya podido consolidar por las mezquindades y complicidades de los lideres de los partidos que solo querían poder y dinero y la sumisión de los órganos electorales al presidente.
Pero también, quienes creemos en un sistema de organización social democrático que no se limita a la democracia electoral, debemos tener claro que esta autocracia que se está formando no es por el diseño de un dictador, sino producto del deseo de la mayoría que en las urnas eligió a Sheinbaum presidenta. No es falso lo que dice López Obrador. Sí es cierto que la mayoría quiere este nuevo régimen y nadie puede llamarse a engaño. El presidente dijo el 5 de febrero en la conmemoración de la Constitución de 1917, que quería tener mayoría calificada en el Congreso para que aprobara su Plan C. La justificación que dio para ello, “reencauzar la vida pública por la senda de la libertad, la justicia y la democracia”, lo que fue una mentira, pero las palabras están tan desgastadas que pocos escuchan. Los mexicanos querían la continuidad y votaron por quien ofreció darla.
Tampoco se puede decir, como afirma una parte de la oposición, que fue una elección ilegítima. Es cierto que López Obrador intervino abierta y reiteradamente en la elección, pero cuando todos, quizás salvo los presidentes Enrique Peña Nieto y Ernesto Zedillo, lo hicieron, nadie se sumó a los reclamos de la izquierda que lo denunciaron.
También hubo carretonadas de dinero para manipular al electorado pero ahí están los resultados: las clases medias que no reciben programas sociales votaron por Sheinbaum, como también repartieron su voto entre ella y Xóchitl Gálvez quienes mayor ingreso tienen. Los jóvenes, que en este siglo votaron anti sistema, ahora escogieron la continuidad, como también millones de personas con estudios universitarios y posgrado. El crimen organizado operó en algunas regiones del país, pero no para anular la elección.
Argumentar que el 39% no votó por Sheinbaum, sugiriendo un rechazo significativo al obradorato, es un poco tramposo. Gálvez logró el voto del 27.5% y Jorge Álvarez Maynes el 10.32%, mientras que al resto de los electores –solo 6 de cada 10 fueron a las urnas–, les dio exactamente lo mismo quién resultara ganadora. Si viéramos números absolutos, sólo 22.7 millones de mexicanos le dijeron “no” al obradorato y más de 114 millones, por diferentes causas, le dieron la bienvenida al nuevo régimen prometido.
Esta es nuestra realidad. La mayoría de los mexicanos quieren una autocracia, los que no entienden de qué se trata, los que sí saben y quieren lo que viene, los tontos útiles –que abundan en la neoderecha disfrazada de izquierda panfletaria–, y otros más porque les permite vivir sin trabajar. A muchos les asusta lo que puede venir y les preocupa. Unos empacaron y ya se fueron de México porque tienen dinero para hacerlo; otros quisieran pero no pueden, y los más rumian lo que ven que está logrando López Obrador.
Honestamente, llevamos años de declive de nuestros valores democráticos, y hubo quien lo vio y no supo qué hacer para revertirlo; a otros no les importó porque pensaban que le arrebatarían a Morena la Presidencia. En cualquier caso, contribuyeron a anidar el huevo autocrático de López Obrador. Tendremos el gobierno que la mayoría quiso, con el proyecto que planteó al electorado. Faltan unos días para que veamos consumado el cambio de régimen, porque un giro en otra dirección en este momento de agonía sexenal parece imposible. López Obrador no se arrepentirá de lo que quiso toda la vida.

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La sucesión en las Fuerzas Armadas se está convirtiendo en un enorme dolor de cabeza para el equipo de transición de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Durante semanas ha estado batallando con el muro del Ejército, y en más de 10 reuniones que han tenido, han chocado con los militares por su reticencia a soltar espacios que les entregó el presidente Andrés Manuel López Obrador y con los intentos del general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, que quiere poner su pie sobre la Marina. No ayuda, desde luego, que la relación con Sheinbaum es “difícil”, como la describió una persona de su equipo, y que la comunicación con el próximo secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el principal enlace con el equipo de transición, sigue siendo de desconfianza.
Las negociaciones para recuperar posiciones que pertenecían al ámbito civil hasta que López Obrador las trasladó a la esfera militar, han dado resultados agridulces. El nuevo gobierno, de acuerdo con lo acordado hasta ahora, recupera para los civiles el Centro Nacional de Inteligencia y los cinco centros de fusión, creados al final del sexenio de Felipe Calderón con dinero de la Iniciativa Mérida, que concentran la información de inteligencia de todo el gobierno, donde se procesa, analiza y sirve para la toma de decisiones. En el primero está el general Audomaro Martínez, y en el segundo, desde donde se maneja el software Pegasus, Luis Rubén Sandoval, quien aunque no es militar, es hijo del secretario de la Defensa.
Donde el equipo de transición no ha tenido éxito es en el tema de las aduanas. López Obrador ordenó a mediados de 2020 trasladar el control de las aduanas al Ejército y el de los puertos a la Marina. El secretario de la Marina, el almirante José Rafael Ojeda, no se opuso a que los puertos marítimos regresaran a ser administrados por los civiles, pero el general Sandoval no cedió. Más aún, buscó integrar a la Marina dentro del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y que se sumara al Ejército y la Fuerza Aérea, que se encuentran actualmente bajo el mando del general Ricardo Trevilla, pero no tuvo éxito; lo frenaron.
La jugada del general, según lo han explicado quienes conocen de las negociaciones, era que el secretario de la Defensa quedara jerárquicamente por encima del secretario de Marina, y que su titular quede subordinado a Lomas de Sotelo. El esquema de un gran secretario de la Defensa –con Ejército, Marina y Fuerza Aérea bajo su control–, y un estado mayor conjunto de las Fuerzas Armadas unificado, se asemeja al organigrama del Pentágono, aunque en Estados Unidos el secretario es civil y el jefe del Estado Mayor Conjunto es militar. Eso, por lo menos por ahora, no va a suceder en México.
Los intentos controladores del general Sandoval no pararon ahí. Contrariamente a lo que han sido los procesos de sucesión dentro de las Fuerzas Armadas, donde los relevos en el Ejército y la Marina se manejan de manera independiente, ha querido influir en la designación de su par militar. Por ello, Sandoval propuso al equipo de Sheinbaum su candidato a encabezar la Marina, el almirante José Luis Vergara, cuya enemistad con el secretario Ojeda es tan grande, que lo transfirió a la agregaduría naval en la India. Vergara es un marino altamente capacitado –entre otros puestos tuvo bajo su cargo la Inteligencia Naval y a las Fuerzas Especiales que son las que capturaron a Joaquín El Chapo Guzmán–, pero nadie en la Marina podría estar más en las antípodas del secretario Ojeda que él.
Dentro del equipo de transición el responsable de entrevistar a los candidatos al cargo de secretario es Lázaro Cárdenas, quien será el jefe de Oficina de la presidenta Sheinbaum. Cárdenas ha hablado con varios candidatos, incluido el almirante Marco Antonio Siu, el jefe de la unidad que persiguió y físicamente detuvo a El Chapo. Otro candidato a revisión, a quien preferiría el actual secretario, es el almirante Alfredo Hernández Suárez, jefe del Estado Mayor General de la Armada.
No puede descartarse que en esta pugna entre candidaturas –a Vergara lo está apoyando uno de los hijos del presidente López Obrador–, surja un tercer almirante que sea una solución intermedia para evitar divisiones dentro de la Marina, como también está abierta la posibilidad de que eso mismo suceda en la Defensa, que podría alterar la terna que le propuso el general Sandoval a Sheinbaum, compuesta por el subsecretario Gabriel García Rincón, el director del Colegio de la Defensa Nacional, general Andrés Fernando Aguirre O. Sunza, y el general Trevilla.
El candidato de Sandoval es García Rincón, quien está respaldado también por López Obrador, aunque al secretario no le han gustado algunas iniciativas y acercamientos que ha tenido su delfín. García Rincón estableció una buena relación con García Harfuch y comenzó a formar lo que sería su Estado Mayor, lo que fue del desagrado de su promotor. Esta molestia coincidió con la aparición en la prensa de un caballo negro, el general Salvador Cervantes Loza, director general de Ingenieros, constructor de algunos de los megaproyectos de López Obrador, como el aeropuerto Felipe Ángeles.
Los nombramientos de los secretarios de la Defensa y la Marina serán los últimos en ser anunciados, prácticamente en la víspera del relevo presidencial, para no propiciar un doble mando en las Fuerzas Armadas. Pero el nombramiento de ellos, en particular del secretario de la Defensa será probablemente el más importante que haga Sheinbaum, porque la marcará como presidenta al determinar qué tanto pudo separarse del presidente López Obrador, sin que ello signifique deslindarse y mucho menos romper con él.
Este nombramiento definirá al menos la primera parte del sexenio, porque mostrará cómo será la continuidad sin cambio, en el entendido de que esa frase significa rumbo, proyecto y programa. No significa quedar maniatada al poder militar –que le produce escozor y recelo–, y que sean los militares quienes la apalanquen, le den legitimidad y fuerza. Ella, a diferencia de López Obrador, no los necesita estratégicamente para gobernar.

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Casi se cumple un mes de la captura y extracción de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López de México, y el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue en la oscuridad. Pero no se encuentra en la misma situación del 26 de julio, cuando la mañanera se llenó de galimatías al tratar de explicar su ignorancia sobre lo sucedido un día antes, sino que ha escalado para mal. El presidente se encuentra en un espacio ambivalente.
Por un lado, a la humillación del silencio por parte de Estados Unidos, se ha añadido el desprecio y las señales de hartazgo con él. Por el otro, las investigaciones internas están produciendo más información sobre el involucramiento del gobernador Rubén Rocha Moya con el Cártel del Pacífico/Sinaloa, pese a lo cual López Obrador insiste en una operación de Estado para apoyarlo, arrastrando en ello a la presidenta electa Claudia Sheinbaum.
López Obrador está girando fuera de su eje desde el mediodía del 25 de julio cuando fue informado de la captura, pero cayó en el desconcierto y la irracionalidad cuando el 10 de agosto se dio a conocer el comunicado de Zambada que involucraba a Rocha Moya con el cártel y el asesinato del diputado federal y su enemigo, Héctor Melesio Cuén. El presidente creyó que esa carta no tendría impacto porque la había dictado un criminal en problemas, olvidando que él festejó, se regodeó y legitimó las declaraciones de criminales en problemas cuando acusaron al ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna.
En Palacio Nacional entraron en una crisis de la cual aún no salen, sino al contrario. El presidente perdió articulación y rumbo en sus decisiones. De manera imprevista López Obrador tomó todo en sus manos. Modificó su gira de trabajo en el norte del país y se fue a Sinaloa para hacer personalmente un control de daños, que incluyó la redacción por parte de su equipo del discurso que pronunció el gobernador para deslindarse del cártel. Sus dos grandes preocupaciones son el tamaño de la protección institucional que podría tener Zambada del gobierno estatal y la posibilidad de que el comunicado de Zambada –insólito de sí, al ser la segunda vez en su vida que recurre a la opinión pública para lanzar mensajes–, tuviera como fondo el sentir de una traición del gobierno, que hasta que lo atraparon los estadunidenses, había sido laxo, por decir lo menos, con él.
Preocupado por las motivaciones de Zambada –lo que pueda hacer Guzmán López no parece importarle–, López Obrador autorizó que funcionarios de su gobierno cabildearan con diplomáticos estadunidenses –la cancillería fue excluida torpemente de estos contactos– para pedirle a Washington que lo que pueda decir El Mayo que afecte al gobierno federal lo mantengan en secreto. El gobierno de Joe Biden no tiene ningún incentivo para hacerlo, y como hizo cuando no le informó lo que iba a suceder el 25 de julio, le acaba de mandar un mensaje de hartazgo la semana pasada.
Lo que nunca había hecho el Departamento de Estado cuando López Obrador lo acusaba de financiar a sus grupos opositores en un abierto intervencionismo, ahora sí lo hizo. Le respondió a través de un funcionario menor, el director de la oficina en México de la Agencia para el Desarrollo Internacional, Jene Thomas, quien ante la reciclada denuncia de financiamiento a Mexicanos Contra la Corrupción, le dijo a El Universal que no sabían “por qué siguen hablando de eso”, pues el proyecto con esa ONG terminó casi ocho meses antes de la elección presidencial, a diferencia de otros 39 esquemas de cooperación que tienen con los gobiernos federal y locales “inspirados en ideas”, subrayó, del propio López Obrador. Entre ellos hay un ambicioso programa de salud que comenzó cuando Sheinbaum era jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y otra sobre combate al fentanilo con la Secretaría de la Defensa Nacional.
El presidente no parece haber buscado solo un distractor, sino darle salida a su furia contra Washington, aunque sin atreverse a llamar a consultas al embajador Ken Salazar –que lo plantó hace unos días– para que personalmente explique al gobierno lo que solo le ha mandado decir a través de personeros o en un comunicado. La interlocución del presidente con la Administración Biden, que ha ido cayendo progresivamente más de cuatro niveles, bajó un peldaño más.
López Obrador ya sabe que el gobierno de Estados Unidos no le va a dar información de calidad. Le están dando retazos de datos salpicados de burla. La última la reveló Peniley Ramírez en Reforma el sábado pasado al citar a una fuente de la Fiscalía General que le dijo que en la diligencia que realizaron en el aeropuerto “Doña Ana” en Nuevo México, donde aterrizó el avión con Zambada y Guzmán López, tan pronto tocó tierra y se detuvo la aeronave, el piloto se echó a correr. Cuando finalmente lo detuvieron, no le tomaron el nombre ni declaraciones. Aceptaron deportarlo, agregó Ramírez, pero no ha sucedido. Lo demás, como describe la misma columnista, es de risa.
Eso es lo que está haciendo el gobierno de Biden con el de López Obrador, burlándose, mientras que en México el problema está escalando por las evidencias crecientes de la vinculación de Rocha Moya no solo con El Mayo Zambada sino con Los Chapitos. La aparente estrategia de buscar que todo se centre y termine en la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa y que se busque en la ex fiscal Sara Bruna Quiñonez al chivo expiatorio, no parece que va a poder tener éxito. Para el presidente, esto hace más complejo su dilema.
Rocha Moya ha estado trabajando con él desde los tiempos del PRD, y López Obrador ha sido explícito en su muy estrecha relación con el gobernador. Rocha Moya no es solo muy cercano al presidente sino también, como se ha referido en este espacio, era el enlace con Zambada en temas electorales. De estas complicidades puede derivar la preocupación del presidente y su descontrol, porque lo que pueda decir Zambada está fuera de sus manos.
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El futuro de México con la reforma judicial que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador le regaló un anticipo a quienes la apoyan ciegamente, proyectando con el caso penal del ex gobernador de Chihuahua Javier Corral, lo que sería: si eres parte del régimen obradorista la justicia se puede torcer. Si la autoridad viola la ley para salvar de la cárcel a uno de los suyos, puede hacerlo por las buenas y por las malas porque los jueces y magistrados a su servicio avalarán las arbitrariedades. La justicia será discrecional y dependerá de razones políticas, y no de la ley.
Corral, panista de toda la vida, hizo lo que muchos políticos mexicanos cuando sienten que sus posibilidades para seguir avanzando no responden a sus expectativas, cambian de bando sin importar que tan lejos estaban de la nueva franquicia que quieren que los abrigue. Corral, que militó en el PAN durante 41 años, renunció al partido en noviembre pasado y se sumó al movimiento de López Obrador. El presidente lo recibió con los brazos abiertos –aunque no confía mucho en él–, y se lo mandó a Sheinbaum, a quien se le metió y le propuso una Fiscalía Anticorrupción.
El brinco de Corral se dio tras una lucha fratricida con Maru Campos, a quien trató sin éxito de meterla a la cárcel para evitar que fuera candidata a la gubernatura. Conforme avanzó el nuevo gobierno se supo por qué quería evitar que lo sucediera. La Fiscalía General y la de Anticorrupción estatales le abrieron una docena de investigaciones por denuncias de corrupción y tortura, junto con otras a 16 de sus colaboradores, entre los que estaban los secretarios de Hacienda, Salud, el fiscal Anticorrupción y su director de Comunicación Social, que apenas esta semana proporcionó detalles a la prensa estatal de la corrupción de su ex jefe.
No importó ese pasado. López Obrador lo arropó y ordenó que lo hicieran candidato al Senado. Sheinbaum lo iba a nombrar en la Fiscalía Anticorrupción, pero al final no se hizo y Corral prefirió el fuero. Lo que no se frenó fue el proceso penal en Chihuahua, que aceleró la Fiscalía Anticorrupción antes de que la puerta al fuero que le abrieron las urnas, se concretara al iniciar la próxima legislatura en dos semanas.
Este miércoles, elementos de la Fiscalía Anticorrupción intentaron detenerlo en un restaurante de la Ciudad de México, con lo que inició un momento oscuro en la vida pública del país donde predominó la política y la protección a los suyos, el desaseo jurídico y la impunidad, el cinismo oficial y la protección obradorista para Corral.
Elementos de la Fiscalía de Chihuahua estaban a punto de detenerlo cuando se apersonó Ulises Lara, encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que rescató a Corral. Lara dijo a los fiscales que estaban violando la ley porque si bien habían pedido la colaboración de las autoridades capitalinas, no se las habían respondido. Lara ha rechazado su acción como “rescate” y dijo que llegó al restaurante “con la finalidad de corroborar la legalidad de dicha diligencia”. En ese mismo momento concluyó que era ilegal. Pero según un oficio del 9 de agosto, la subdirectora de Control y Seguimiento de Ordenamientos Judiciales de la Fiscalía capitalina, Brenda Cruz Ibarra, autorizó a seis funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua que pudieran cumplimentar la orden de aprehensión contra Corral por peculado entre el 14 y el 20 de agosto. O no sabía Lara lo que sucede en la Fiscalía –algo poco probable porque los casos de alto impacto nunca dejan de comunicarse a los titulares–, o es un mentiroso. En cualquier caso, probablemente violó la ley.
Pero esto no le importa. El oficio autorizando la aprehensión de Corral se hizo público el miércoles y el jueves siguió diciendo que no existía. Lara hizo caso omiso del convenio de colaboración y personalmente fue a liberar a Corral, y le facilitó los trámites en el Ministerio Público para que presentara una denuncia en contra de la gobernadora y del fiscal Luis Abelardo Valenzuela por haber ordenado una acción autorizada por un juez en Chihuahua.
Corral escaló su caso al estadio político respaldado por López Obrador, quien reiteró este jueves que se trataba de un diferendo entre el ex gobernador y Campos, asumiendo completamente que es inocente y víctima de una venganza, sin cuidado de que pudiera ser culpable de algunos de los delitos que le imputan, y sin decir, como en otros casos, que hay que dejar que decida un juez. El presidente emitió su veredicto, inocente, y mandaron a su funcional fusible Lara a ensuciarse las manos mientras empezaba la operación para blindar y encubrir a un presunto delincuente.
Ya conocemos este patrón similar. Se vio recientemente para proteger al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al que Ismael El Mayo Zambada, jefe del Cártel Pacífico/Sinaloa vinculó con el narcotráfico, y se ha visto en otros casos relacionados a la delincuencia organizada, como las imputaciones al líder de Morena y próximo secretario de Educación, Mario Delgado, por su presunto involucramiento en el huachicol, o la corrupción en Segalmex, donde el presidente exoneró a su amigo y primer director, Ignacio Ovalle. En el caso de Corral se confirmó que la ley no existe sino para los que López Obrador considera sus enemigos y para quienes no tienen dinero para defenderse.
La Fiscalía de Chihuahua declaró a Corral prófugo de la justicia, lo que sería un escándalo en una sociedad políticamente madura, pero que se ha quedado en lo de siempre, una polémica encendida en la élite. El proceso contra el ex gobernador no va avanzar con López Obrador y, como van las cosas, tampoco en el de Sheinbaum. Si hoy tiene el régimen la fuerza para torcer la ley, con la reforma judicial que se avecina, jueces, ministros y magistrados serán empleados de la presidenta y responderán a sus designios, porque el Estado de derecho quedará subordinado al ánimo de quien despache en Palacio Nacional.

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