Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, habló públicamente ayer, por primera vez desde que fue detenido en Dallas en diciembre de 2019. Lo hizo mediante una carta dada a conocer por su abogado César de Castro –quizás inspirado en lo que hizo Ismael El Mayo Zambada una semana después de su captura–, y a tres semanas que el juez Brian Cogan, de la Corte del Distrito Este de Brooklyn, le dicte sentencia tras haber sido encontrado culpable de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa, en donde enfiló sus baterías contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Todo lo que dice en la carta no paliará el veredicto de Cogan, que si uno se atiene a las experiencias en el sistema de justicia estadunidense, es probable que la sentencia sea por más de 200 años, a sabiendas que posteriormente suele haber negociaciones y las penas se reducen significativamente. García Luna da por descontado que eso sucederá, pero también que apelará la sentencia en un tribunal colegiado, con la apuesta que la reviertan junto con la condena. En esas líneas que esboza en su comunicado parece encontrarse el fondo de lo que finalmente desea, la anulación del juicio y la reposición del proceso, que en el caso que se diera, probablemente se desista la Fiscalía y se sobresee.
Eso pretendió la defensa de García Luna cuando presentó una moción al juez Cogan para la anulación del juicio, argumentando que seis testigos de la Fiscalía habían cometido perjurio. Cogan aceptó la moción y le pidió a los fiscales hablar personalmente con los testigos –cinco de ellos vinculados al Cártel de Sinaloa–, lo que es inusual.
El 8 de agosto, sin embargo, canceló todo lo que había promovido y anunció que rechazaba la moción, fijando para el 9 de octubre la lectura de la sentencia. Abogados en Nueva York interpretaron el cambio radical de Cogan a la captura de Zambada dos semanas antes, cuyo juicio va a presidir él, para no entrar en un terreno donde pudiera dañar la credibilidad de testigos protegidos criminales que pudieran ser utilizados por los fiscales en futuros casos.
La carta de García Luna es un alegato de inocencia. Refiere que las pruebas que ofreció el gobierno de López Obrador a Estados Unidos –que pidió el exprocurador William Barr al entonces secretario de Seguridad, Alfonso Durazo– fueron falsas –presuntos ingresos del crimen organizado, cuyos juicios en México contra la Fiscalía General ganó en octubre pasado–, y que los criminales que lo imputaron su equipo los detuvo, los encarceló y fueron extraditados a Estados Unidos. Pero sobre todo, en dos momentos del escrito, hace señalamientos directos contra el presidente.
El primero, al iniciar la carta, al afirmar que los fiscales le ofrecieron repetidamente un acuerdo para que se inculpara de los delitos por petición del gobierno mexicano, que quería “no imputar a delincuentes-narcotraficantes, (sino) imputar a personas e instituciones que en el corto plazo debilitaría el desarrollo, paz pública y vida institucional del país”, a cambio de su libertad en seis meses y recibir beneficios económicos. García Luna nunca aceptó el trato, como se reveló en este espacio el pasado 12 de marzo.
El segundo está en el primer párrafo de la tercera hoja de la carta, donde revela que “en los registros oficiales de México y Estados Unidos”, existen los contactos, videos, audios, fotografías, registro de comunicación y gestión entre López Obrador y sus operadores del narcotráfico, uno de los cuales, que había testificado contra él, imputaron al presidente y a sus operadores de estar vinculados con ellos. García Luna no lo identificó, pero se trata de Jesús Reynaldo El Rey Zambada, que hizo esas acusaciones durante el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, y que De Castro intentó, sin éxito, incorporar en su defensa. El Rey es hermano de El Mayo, y era el encargado de cuidar la plaza de la Ciudad de México cuando López Obrador era jefe de Gobierno.
El fraseo de este párrafo parece un guiño a los fiscales en Brooklyn y, en general, al gobierno de Estados Unidos, que en los últimos meses parece haber llegado a un hastío con López Obrador y han comenzado a filtrar en la prensa de los dos países investigaciones en su contra por vínculos con el narcotráfico, que se cerraron por razones políticas. Es posible que una doble apuesta del exsecretario tenga que ver con la búsqueda de un acuerdo con ellos, pero no en los términos que habían planteado, porque él se sigue diciendo inocente y ha rechazado ser testigo protegido, sino en los suyos.
García Luna ha dejado ver los misiles que dice tener contra López Obrador. El ex secretario se formó en las áreas de inteligencia desde mediados de los 80, compartiendo durante muchos de ellos información sensible con las agencias estadunidenses. Como secretario de Seguridad Pública conoció los detalles de la captura de El Rey Zambada y quiénes en el gobierno de López Obrador negociaron el acuerdo de protección al Cártel de Sinaloa. Como secretario de Seguridad, conoció el expediente que le dio la DEA al presidente Calderón sobre los vínculos de López Obrador con el narcotráfico, que nunca quiso utilizar para dañar a su adversario.
Lo que parece un guiño a los fiscales es una amenaza directa a López Obrador. ¿Cuántos videos, audios, fotografías e intercepciones telefónicas tendrá García Luna en sus manos contra el presidente? ¿Cuántos de funcionarios en su gobierno? ¿O del próximo de Claudia Sheinbaum? Difícil saber lo que tiene su mina de información, probablemente hoy en día resguardada en Estados Unidos. Difícil también saber cuánta información adicional ha recopilado en el Centro de Detención Metro-politano de Brooklyn, en el que se encuentra, donde también están recluidos narcotraficantes de diversos cárteles mexicanos.
Lo que no puede desdeñarse o minimizarse es el potencial de fuego que tiene García Luna y la decisión de hablar, no después de la sentencia, sino antes, lo que subraya su decisión final a no quedarse callado, pase lo que pase con él.

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El ex presidente Ernesto Zedillo estuvo en la Ciudad de México este domingo para pronunciar un discurso en la sesión inaugural de la Conferencia Anual de la Internatonal Bar Association –que reúne a 190 barras de abogados y más de 80 mil abogados en el mundo– en donde, como admitió, rompió una regla que mantuvo durante casi un cuarto de siglo: no hablar de su gestión ni opinar sobre acontecimientos políticos nacionales. Lo hizo de manera excepcional ante la aprobación de la reforma judicial y los cambios constitucionales venideros que “destruirán el Poder Judicial y enterrarán la democracia mexicana y lo que quede de su frágil Estado de derecho”.
El discurso de Zedillo contiene la crítica más dura que un ex presidente haya hecho del presidente Andrés Manuel López Obrador, al que llama, sin nombrarlo, un “oportunista” y “demagogo” que ha lucrado políticamente en el pasado, y un traidor a la democracia, que busca instaurar una tiranía. Sus palabras tienen mayor peso porque fue gracias a él que López Obrador saliera impune de violaciones graves a la ley y que, mediante una ilegalidad, comenzara su carrera política nacional. Zedillo es el facilitador de ese monstruo político que hoy denuncia.
En 1996 López Obrador tomó 51 pozos petroleros en Tabasco alegando afectaciones de Pemex al hábitat de los lugareños, y pedía una indeminización para campesinos y pescadores. Ese tipo de presión era su modus operandi, puesto en práctica con sus marchas por la democracia tras haber perdido la elección para la gubernatura de Tabasco en 1994 ante su ex camarada de partido, el priista Roberto Madrazo.
Las marchas, pintadas como resistencia civil ante el fraude electoral, llegaban a la Ciudad de México, y regresaban a Tabasco luego de que Manuel Camacho, el entonces jefe del Departamento del Distrito Federal, a través de su segundo de a bordo, Marcelo Ebrard, le daba al menos ocho millones de pesos en efectivo para que se fuera. Ese dinero ilegal o irregular ha sido definido por López Obrador cada vez que ha quedado exhibido como recursos para la causa.
Esa toma de pozos, sin embargo, provocó una situación muy peligrosa en un bloqueo, porque López Obrador, sin saberlo, movilizó a campesinos a un puente que debajo tenía materiales químicos almacenados que podían explotar. Las autoridades federales decidieron desalojarlos al costo político que fuera, y en el operativo golpearon a López Obrador en la cabeza. Personas que vivieron ese momento recuerdan cómo quedó pasmado por el miedo, mientras sus cercanos se lo llevaban a un escondite.
Quien dio la cara por él fue su esposa Rocío Beltrán, que habló con el entonces gobernador Madrazo para preguntarle si lo iba a detener. Madrazo le aseguró que no. Pemex, sin embargo, presentó 14 denuncias por obstrucción a sus centros de trabajo y la PGR obtuvo una orden de aprehensión contra López Obrador. Un grupo de ministerios públicos llegó a Tabasco para capturarlo. López Obrador se enteró, pero una vez más fue Rocío Beltrán quien sacó la cara por él.
Habló con Madrazo para pedirle que intercediera por su esposo, pero el ex presidente Zedillo, enemistado con el gobernador, lo ignoró. La señora Beltrán logró hablar con otros políticos tabasqueños que pudieron convencer a Zedillo de no actuar penalmente contra López Obrador, con la promesa que lo sacaría de Tabasco. Rocío Beltrán cumplió y Zedillo respetó su palabra. La frase de López Obrador en uno de sus mitines durante la toma de pozos de que “la cárcel es un honor cuando se lucha por la justicia”, se quedó en eso, un discurso vacuo, porque en las dos ocasiones que estuvo a punto de ir a prisión se asustó y su esposa fue quien lo salvó.
López Obrador se mudó a la Ciudad de México y con la ayuda de dos priistas, Enrique Jackson y José Carreño Carlón, le consiguieron el departamente en Copilco, junto a Ciudad Universitaria, donde vivió muchos años. Instalado en la capital, llegó a la presidencia del PRD, que hasta 2012 fue su partido, y posteriormente buscó la jefatura de Gobierno capitalino. Legalmente no podía aspirar a ese cargo porque no cumplía con el requisito de residencia, por lo que otro perredista, Pablo Gómez, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo denunció.
Por presiones en el PRD Gómez se desistió, pero su denuncia fue retomada por el PRI, que la presentó ante el Instituto Electoral del Distrito Federal. López Obrador dijo que se trataba de un ardid con pruebas falsas para evitar que contendiera. Las autoridades electorales se perfilaban a declarar la inegibilidad de su candidatura pero intervino Zedillo y le ordenó al PRI que retirara su queja. Así lo hizo y López Obrador se convirtió en jefe de Gobierno, la plataforma que lo llevó a la Presidencia.
Por el lenguaje de su discurso, Zedillo parece sentirse traicionado. El ex presidente fue el arquitecto de la democracia, con la reforma al Poder Judicial para volverlo inde-pendiente del Ejecutivo, las electorales para impedir que el partido de un solo hombre controlara la vida política y se respetara el derecho de las minorías, y que el entonces Instituto Federal Electoral organizara elecciones justas, equilibradas y competitivas, y ahora reseña su destrucción por parte de López Obrador.
“Confiaba en que cualquier nueva reforma reforzaría nuestra democracia hasta convertirla en una democracia sólida e irreversible, y que bajo cualquier circunstancia se respetarían la legalidad, la competencia y la independencia de las instituciones electorales (y) del Poder Judicial como piedras angulares del sistema”, agregó. “Lamentablemente, esta condición clave ha venido siendo transgredida amplia, sistemática y agresivamente por el partido hoy en el gobierno y su jefe, el presidente”.
“Los nuevos antipatrias”, agregó recordando la traición a Francisco I. Madero en 1910, “quieren transformar nuestra democracia en otra tiranía. Ahora ya sabemos por qué se postulan como la cuarta transformación. En realidad no hablan de la Independencia, la Reforma y la Revolución. Se refieren a las felonías que transformaron esos episodios extraordinarios y promisorios de nuestra historia en tragedia para la Nación”.
Tarde, muy tarde, llegó su reflexión.

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La reforma judicial produjo algo impensable: la división en el obradorismo. Colaboradores del presidente Andrés Manuel López Obrador, políticos, intelectuales orgánicos, sus columnistas y el periódico oficial, han expresado en público y en privado su desaprobación por sus probables consecuencias y por la forma como se logró la mayoría calificada para lograr su aprobación en el Senado.
Dos argumentos fueron expuestos al presidente y llegaban al mismo punto, la elección popular de jueces, magistrados y ministros, cuya selección y promoción sería impulsada por quien tuviera poder y dinero. Aquí se bifurcaban los alegatos. Uno era por la incertidumbre jurídica por la politización de la justicia, por el control sobre el proceso de selección e instrumentos de castigo que iba a tener el Ejecutivo sobre el Poder Judicial y el Legislativo. Adicionalmente, plantearon la facilitación al crimen organizado para comprar jueces. El otro alegato era que con dinero pudiera promoverse a políticos contrarios a la ideología de Morena, con lo cual podrían amenazarlos electoralmente.
López Obrador rechazó los argumentos. Ha insistido que no habrá impacto económico por la reforma y como reiteró ayer, las inversiones, lejos de haberse suspendido, llegaron este año en sumas sin precedente. En realidad, los 35 mil millones dólares de inversión extranjera directa a los que se refiere son reinversión de utilidades, y apenas 650 millones de dólares es dinero fresco. En cambio, como reportó The Wall Street Journal, se detuvieron 35 mil millones de dólares en inversiones programadas, además de que varias multinacionales –entre ellas una de las principales empleadoras en el país–, cerraron plantas o preparan su mudanza fuera de México.
El presidente está confiado porque no vio ningún impacto en el tipo de cambio, aunque esto se debió a que la inflación en Estados Unidos bajó, debilitando al dólar, y por la probabilidad de que la próxima semana la Reserva Federal baje la tasa de interés. López Obrador está en la negación y la descalificación, pero la calificadora Moody’s, una de las instituciones a las que ha criticado, insistió el miércoles que la reforma podría generar un choque de confianza prolongado, volatilidad e incertidumbre financiera, que ele-varía el costo de la deuda, pondría en riesgo el crecimiento, las finan-zas públicas y el grado de inversión.
La minoría en torno a López Obrador ganó la discusión interna y uno de ellos fue su brazo en el Senado para operar la sesión del martes y miércoles, Alejandro Esquer, que trabaja como su secretario particular y como senador. Durante el debate Esquer se sentó a un costado del pleno, fue muy discreto y solo se levantó del escaño para ir al baño. Pero cada vez que el coordinador de Morena, Adán Augusto López, se paraba a cabildear, pasaba por su aduana para consultarle. López Obrador, a través de Esquer, manejó la estrategia.
Esquer fue también quien administró las observaciones contra la reforma que le hicieron llegar al presidente, y vigiló la puerta para ver a quién dejaba entrar, aún a sabiendas que iba a alegar en contra. Fue el principal apoyo de López Obrador para que no tuviera duda alguna sobre lo que estaba haciendo, y la correa de transmisión para que las cosas salieran como lo nece-sitaba.
Una de las estrategias fue conseguir un senador, al menos, que les diera la mayoría calificada. El coordinador de la bancada fue el encargado de conseguirlo y lo logró con el panista Miguel Ángel Yunes Márquez. Pero el senador se acobardó y pidió licencia por motivos de salud, escudándose en su suplente, su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, para que diera la cara ante los indignados panistas en el arranque de la sesión.
Causó una conmoción, por el pasado de Yunes Linares y por lo que representa en la historia política de los últimos 30 años, manchada por canalladas contra la izquierda –sabotajes a mítines de Cuauhtémoc Cárdenas–, manipulación de documentos falsos insinuando corrupción de López Obrador, traiciones al PRI, su primer partido, a la maestra Elba Esther Gordillo que lo impulsó en el gobierno de Felipe Calderón, y al PAN, además de imputaciones penales por presunta pederastia en complicidad con el empresario Jean Succar Kuri, a quienes la activista y periodista Lydia Cacho denunció en un libro en 2006.
Yunes Linares tiene un pasado de giros políticos a cambio de impunidad para él, sus hijos y su esposa. Con el ex presidente Enrique Peña Nieto negoció en 2016 la cancelación de seis averiguaciones previas por lavado de dinero y defraudación, y el no ejercicio de la acción penal a cambio de operar en Veracruz contra Morena y López Obrador. El pleito con él es viejo –lo llamaba “el loco”–, y en 2020 López Obrador ordenó que le reactivaran una carpeta de investigación por operaciones de recursos de procedencia ilícita. Sus hijos y la esposa de Yunes Márquez, también tienen carpetas de investigación en curso.
Ante los señalamientos de que el voto fue a cambio de la cancelación de todas las investigaciones, López Obrador aseguró que era falso, lo que se podría comprobar si las fiscalías informan sobre el estado de las investigaciones y garantizan que continuarán el proceso. El fin justificó la inmoralidad de usar a Yunes Linares y a Yunes Márquez para sacar la reforma, aunque López Obrador dejó claro su desprecio por ellos: expulsados de su bancada, Morena no los arropó en la suya; los dejaron sin escaño, parados en el pasillo expuestos a cualquier agresión.
No obstante, su uso político ha resultado imposible de asimilar en sus medios aliados y columnistas a sueldo, que no encuentran justificación política suficiente para apoyarse en una familia tan desprestigiada y sobre las que hay tantas denuncias penales. Rocío Nahle, la gobernadora electa de Veracruz y acérrima enemiga de él, tuvo que tragarse los sapos presidenciales. Citlalli Hernández, que dirigirá el Instituto Nacional de la Mujer y varias feministas declaradas de Morena en el Senado, igual.
La reforma judicial, en fondo y forma, dejó un mal sabor de boca en el obradorismo. No habrá ruptura, pero con la inmoralidad del actuar presidencial, tampoco puede haber inocencia.

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Lo que sucedió ayer en la mañana en Culiacán, puede leerse perfectamente como un parte de guerra:
6:10 horas: Cuatro personas fueron heridas en la sindicatura de Costa Rica, cuando se trasladaban en un autobús de transporte de la empresa “Don Saúl” en el poblado de La Loma, en la sindicatura de Quilá. Las dos sindicaturas, que forman parte del municipio de Culiacán, se encuentran en la parte final de la mancha urbana al sur de la capital, y son territorios que han estado controlados por las milicias de Ismael El Mayo Zambada desde hace años.
7:45 horas: Civiles armados en uniformes tácticos, presuntamente de los grupos de sicarios de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, despojaron a familias de sus vehículos particulares en la autopista Culiacán-Mazatlán, conocida como “la costera”, poco antes de enfrentarse a unos 25 kilómetros, en los poblados Estación Dimas y Las Labradas, con las milicias de Zambada.
8:03 horas: Civiles armados incendiaron dos vehículos en la colonia Prados del Sur, prácticamente en la periferia de Culiacán, donde operan los sicarios de Los Chapitos.
8:58 horas: Incendio en un camión de la Coca-Cola en la colonia Pemex, cercana al aeropuerto de Culiacán, que es una zona controlada por grupos de Los Chapitos.
9:18 horas: Tres tráileres incendiados bloquearon la carretera 15, la libre, que conecta Culiacán con Mazatlán, a la altura del poblado El Carrizal, controlado también por los sicarios de Zambada.
En ningún momento intervinieron las unidades de élite que envió el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ni la Guardia Nacional, ni las fuerzas de seguridad estatales. Para efectos de prevención y protección de la ciudadanía, están de adorno. Las únicas participaciones activas que tuvieron ayer fue ayudar a Protección Civil del estado y a los bomberos a sofocar los incendios y a resguardar la zona. En donde hubo bloqueos, fue la propia población la que reabrió la circulación.
Hay una guerra declarada en la zona metropolitana de Culiacán entre las milicias de Zambada y de Los Chapitos, pero las fuerzas de seguridad federal y estatales se encuentran como observadores, dejando a la ciudadanía a su suerte, replicando lo que hizo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en la primera parte de su gobierno cuando después de apoyar a uno de los grupos criminales que se disputaban la Tierra Caliente michoacana, permitió que se aniquilaran entre ellos para, al final, apoyar a quien iba ganando la guerra.
La estrategia, como se ha comprobado, fue un desastre y hoy, amplias regiones de Michoacán se encuentran totalmente controladas por los delincuentes. Eso es lo que se apunta en Sinaloa, donde se abrieron las hostilidades entre las dos facciones de la organización criminal tras la captura de Zambada a finales de julio, y el señalamiento directo del aún jefe del Cártel del Pacífico/Sinaloa, que fue traicionado por los hijos de su viejo socio El Chapo Guzmán.
La guerra se está librando fundamentalmente en el sur de Culiacán, donde se está observando desde el gobierno federal que la capacidad militar de los grupos de Zambada es superior a la que tenían calculada. De acuerdo con los informes gubernamentales, las milicias de Zambada tienen su fortaleza en las zonas rurales y están sacando armamento que probablemente fueron acumulando durante los 20 últimos años, para enfrentar a las fuerzas de Los Chapitos que se localizan en la zona urbana de Culiacán, que de acuerdo con las fuentes consultadas, tienen bajo su control. Esta división de territorios, según un conocedor de las entrañas del poder sinaloense, se refleja también en las lealtades de las policías corrompidas en el estado, donde los municipales responden a Los Chapitos y la estatal a Zambada.
El gobierno de Sinaloa está totalmente rebasado, y el gobernador Rubén Rocha Moya ya no pudo seguir ocultando la realidad, como el martes, que dijo que no había enfrentamientos en Culiacán. Ayer reconoció que los ciudadanos “se han visto impactados” por la violencia generada por los dos grupos, y adelantó que era probable que siguieran los enfrentamientos armados, extendiéndose a Elota y Cosalá.
No hay explicación del porqué mencionó estos dos municipios en las faldas de la sierra de Durango, bajo control de Zambada, ni aportó detalles sobre cuál fue su fuente de la información. Sin embargo, por las denuncias del jefe del Cártel, a la cual el presidente y la Fiscalía General le dieron legitimidad y fueron utilizadas para abrir carpetas de investigación, Rocha Moya ya tomó partido en esta guerra por Los Chapitos.
La batalla por Culiacán es parte de la guerra en la que están embarcados las dos grandes facciones del Cártel del Pacífico/Sinaloa, pero difícilmente va a poder contenerse a la capital y a su zona metropolitana hacia el sur. De acuerdo con fuentes en el estado, Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, que llegó a desafiar y a derrotar a El Mayo Zambada en el norte de Sinaloa y controla Guasave, Los Mochis y Sinaloa Leyva, extendiéndose al sur de Sonora, ha tomado partido en esta guerra en apoyo de su hijo Ismael Zambada Sicairos, el Mayito Flaco.
Lo que está pasando en Culiacán probablemente tendrá repercusiones en Sonora y Nayarit, donde antiguos cómplices de la organización, como el Cártel de Caborca y los Beltrán Leyva, buscarán aprovechar la debilidad de los sinaloenses. En Jalisco, en cambio, se repetirá el fenómeno que se está viviendo en Sinaloa, porque la debilidad por enfermedad de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, tiene fracturada en tres a esa organización criminal, disputando el futuro liderazgo.
La captura de Zambada está generando una reorganización entre los cárteles mexicanos que no se veía desde 2008, cuando la captura de Alfredo Beltrán Leyva, traicionado por El Chapo Guzmán y sus socios del Cártel de Sinaloa, rompió lo que se llamaba La Federación, integrada por los cárteles de Sinaloa, Juárez y Milenio. Pero a diferencia de ese momento, el gobierno de López Obrador es un testigo pasivo de la descomposición criminal, profundizando la crisis de seguridad y de violencia que enfrentará el nuevo gobierno.

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La discusión final en el Senado sobre la reforma judicial comenzó de manera estruendosa, apasionada y violenta, sin hablar nada sobre el dictamen aprobado en comisiones, pero colocando en el aparador nacional la escatología del sistema político mexicano, que no solo se mantiene intacto en el epílogo del gobierno obradorista, sino que ha socializado desde esa gran tribuna del Estado mexicano los recursos e instrumentos que tiene un poder autoritario para someter a sus adversarios y obligarlos a que hagan lo que se les exige.
Las presiones del poder contra los senadores Miguel Ángel Yunes Márquez, panista de Veracruz, y Daniel Barrera de Movimiento Ciudadano de Campeche, los hicieron esconderse. El primero rompió todo contacto con sus compañeros de partido desde el lunes al mediodía y ayer pidió licencia antes de iniciar la sesión, para ser sustituido por su padre y suplente; el segundo también se esfumó, en medio de denuncias de que su padre y él habían sido detenidos ilegalmente en Campeche.
La desinformación causada por el silencio de ambos provocó un cruce de acusaciones y especulaciones que no fueron apagadas ni por su presencia para aclaraciones, ni por las fiscalías informando si existen o no las carpetas de investigación. Varios senadores han admitido que los han amenazado con investigaciones penales, y en cuando menos un caso, por presuntos delitos de delincuencia organizada a menos que cambien el sentido de su voto a favor de la reforma judicial.
Ha habido otro tipo de presiones con la participación directa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que avaló la compra de voluntades siempre y cuando no trascendieran a la opinión pública para mantener su narrativa de que son “diferentes” –razón por la cual se molestó y ordenó reprender al senador verde Manuel Velasco cuando adelantó que tenían la mayoría calificada–, pero también de secretarios de estado, gobernadores y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que operó alineada a los intereses del presidente.
El caso mejor documentado y que mejor refleja el modus operandi del avasallamiento es el de Araceli Saucedo, que llegó al Senado por el PRD en Michoacán por el principio de primera minoría, y a quien en la víspera de rendir protesta, la hicieron abandonar su partido y sumarse a Morena. Lo que le hicieron es una radiografía de los diversos métodos usado.
La primera puerta que se tocó para convertirla en morenista fue la del líder del PRD en Michoacán, Octavio Ocampo, que recibió una llamada del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para que junto con Saucedo fueran a verlo. Ramírez Bedolla les pidió que Saucedo saltara a Morena para que ayudara a darle la mayoría calificada en esa cámara y votara por la reforma judicial, pues de negarse, los 14 ayuntamientos que son gobernados por el PRD en la actualidad, iban a sufrir las consecuencias y les iban a bloquear presupuestos y apoyos.
Estaban dubitativos, por lo que vino otra amenaza: o accedían, o Morena iba a absorber los ayuntamientos, quitándoselos política y electoralmente al PRD. Si se sumaba a Morena, en pago los ayudarían a hacer del PRD un partido regional poderoso que eventualmente pudiera contribuir a recuperar el registro nacional. No se comieron esa zanahoria, pero las intimidaciones tenían que ser evaluadas. Entonces vino una segunda llamada, de la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, amiga de los dos desde sus tiempos en el PRD, que volvió a insistirles sobre los beneficios que tendrían con Morena, que como les había dicho Ramírez Bedolla, podrían tenerlos sin que Ocampo renunciara al PRD.
Un telefonazo de refuerzo provino de Lázaro Cárdenas, que revela la sincronía con la que están actuando López Obrador y Sheinbaum. Cárdenas, cuya familia tiene una fuerte ascendencia en Michoacán, que su abuelo, su padre y él mismo gobernaron, será el jefe de Oficina en la Presidencia de Sheinbaum, y durante la transición lo han responsabilizado de algunos de los temas más delicados, como recientemente fue haber entrevistado a todos los candidatos a las secretarías de la Defensa y la Marina, los presionó para que Saucedo aceptara sumarse a Morena.
Después de la llamada de Cárdenas vino otra, de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y que será la próxima secretaria de Gobernación, que insistió en que brincara de bancada y apoyara el proyecto de López Obrador-Sheinbaum, que parecía haber sido la última palanca de presión, sin imaginarse que la siguiente en hablar con ellos sería la presidenta electa. La participación de la presidenta electa no solo fue sorpresa para ellos sino para todos los que supieron de estas gestiones.
Revela que en la definición de los tiempos para sacar adelante la reforma judicial, que Sheinbaum quiso patear para adelante a fin de que no generara un problema económico al arranque de su administración, solo era una acción estratégica coyuntural porque comparte las mismas ideas de López Obrador sobre el país de un solo hombre (y en semanas de una sola mujer), por lo que trabajó en estos días para él, como una más de sus operadoras subordinadas, no como la próxima presidenta de México. Nadie deberá llamarse engañado en el futuro.
En el contacto que tuvieron con ella, confiaron Ocampo y Saucedo a perredistas, Sheinbaum no entró en ningún detalle, asumiendo que la senadora estaba de acuerdo en incorporarse a Morena, y les pidió hablar con el coordinador de la bancada en el Senado, Adán Augusto López, quien inmediatamente afinó los detalles de su cambio.
La marejada aplastó a Saucedo, y en vísperas de rendir protesta se fue a Morena. Sucumbió a la coacción sin necesidad de corromperla con dinero. Las voluntades también se ganan con miedo. Eso es lo que sucedió con Yunes Márquez y Barrera, aunque todavía no se ve la profundidad de la operación de terror que hizo Morena estos últimos días para buscar su voto.
Aun así, lo que estamos atestiguando estos días nos permite ver el México que fue y asomarnos al México que viene donde el poder se usa sin escrúpulo ni pudor, con prepotencia y fuerza para satisfacer a quien despache en Palacio Nacional.

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Desde que fueron capturados Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López en un rancho cercano a Culiacán, el frágil equilibrio en el Cártel del Pacífico/Sinaloa se alteró. Pero cuando dos semanas después publicó Zambada una carta donde señaló su vinculación con el gobernador Rubén Rocha Moya y acusó al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán de haberlo traicionado, el mensaje que le dio a sus incondicionales fue de quiénes encabezaban la lista para ser ejecutados. Desde entonces ha habido diversos enfrentamientos entre las dos facciones de la organización criminal, aunque ninguna había estado tan cerca del entorno más íntimo de Zambada como este lunes en La Campiña, un fraccionamiento en Culiacán, donde vive una parte de su familia directa.
La situación en Sinaloa, particularmente en Culiacán, se está comenzando a desbordar, coincidentemente con el inicio del proceso de Zambada en la Corte del Distrito Este en Brooklyn, donde será juzgado por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Zambada se había resistido a ser trasladado a la corte del juez Brian Cogan, que sentenció a su viejo socio El Chapo Guzmán en 2019, pero el jueves llegó a un acuerdo con los fiscales para ser juzgado en la ciudad de Nueva York. No han trascendido los términos del acuerdo, pero dada su disposición actual a revelar secretos de Estado, como lo hizo al difundir sus relaciones con políticos sinaloenses, todo puede esperarse de él.
La captura de Zambada cambió por completo la relación formal e informal del gobierno con el Cártel del Pacífico/Sinaloa, que durante el sexenio había sido de tolerancia, laxitud y consideraciones: seis visitas negociadas del presidente Andrés Manuel López Obrador a Badiraguato, la tierra de El Chapo, un proyecto hidráulico de envergadura para Sinaloa, y una nueva autopista que conecta el estado con Chihuahua, a través de la sierra que controla la organización criminal y que sirve de ruta de trasiego de drogas hacia Estados Unidos. A cambio, de acuerdo con informes de áreas de inteligencia de los gobiernos mexicano y estadunidense, dinero para campañas políticas de Morena.
La información más reciente a la que se ha tenido acceso, proveniente de fuentes mexicanas que han ido aportando detalles al gobierno de López Obrador sobre lo que sucedió, es que Zambada fue puesto –eufemismo criminal de traición– por el gobernador Rocha Moya que, como se reportó en este espacio a principios de agosto, les tendió una trampa a él y a Guzmán López a espaldas de todos menos de los servicios policiales de Estados Unidos, a cambio de que él y su hijo, presuntamente vinculados con el narcotráfico, no fueran detenidos ni procesados en ese país.
Rocha Moya, de acuerdo con la información, tiene la protección del gobierno de Estados Unidos, que ha seguido negando detalles de la captura de Zambada y Guzmán López a México. El fiscal general Alejandro Gertz Manero no ha logrado obtener información de calidad del embajador Ken Salazar, su ventanilla a la Administración Biden, y cuya relación se ha enfriado por la negativa del diplomático a aportarle datos.
Siguen sin entregarles el plan de vuelo del avión que los llevó de un aeródromo el 25 de julio cerca de Culiacán, a un aeropuerto regional cerca de El Paso, pero información que ha obtenido el gobierno mexicano apunta que la ruta original del avión tenía como destino Tamaulipas, pero giró hacia Estados Unidos en pleno vuelo a una altitud fuera del alcance de los radares mexicanos. Las autoridades estadunidenses tampoco han proporcionado datos sobre la bitácora de vuelo que publicó Rocha Moya para probar que no había estado en el rancho el día que Zambada afirmó que lo iba a ver para mediar en un conflicto con su rival político, el diputado Héctor Melesio Cuén, que fue asesinado en ese lugar.
El fiscal se quejó hace poco más de dos semanas con López Obrador que el gobernador le había mentido cuando habló con él por petición del presidente, y que sospechaba que su bitácora había sido falsificada. La información más reciente corrobora que Rocha Mora no voló ese día a Los Ángeles, como aseguró, aunque para darle fuerza a su coartada y neutralizar una eventual geolocalización a través del GPS de su teléfono celular, un enviado de él se llevó el móvil en el vuelo a Estados Unidos, para que pudieran ubicarlo fuera de México.
Dentro del gobierno mexicano existe la certeza de que la de Zambada y Guzmán López fue una operación de captura y extracción que realizaron comandos estadunidenses en Culiacán, pero hay una nueva pieza de información delicada: la participación del Ejército en el perímetro de seguridad de esa unidad de élite. “Lo que no sabemos es ‘qué Ejército’ es el que participó, porque hay varios Ejércitos”, dijo una de las fuentes consultadas, reflejando las contradicciones internas en la Secretaría de la Defensa Nacional. “Lo que sí sabemos es que no se informó al presidente López Obrador”.
Las piezas del rompecabezas de la captura de Zambada siguen fluyendo, aunque muy lentamente y con información que le ha llegado al gobierno principalmente de fuentes del Cártel. La versión oficial que mantiene Washington sobre la detención de Zambada y Guzmán López es que el hijo de El Chapo le tendió una celada y lo entregó a las autoridades en El Paso.
El gobierno de López Obrador no tiene mayor información que la que les proporcionó Salazar, al encontrarse interrumpidas las comunicaciones oficiales de funcionarios estadunidenses, al punto de estar prácticamente rotas. Salazar ha tratado de dar una imagen de normalidad en la cooperación de seguridad en declaraciones que ha hecho a la prensa y posiciones en las redes sociales, para esconder que los contactos con el obradorismo se han reducido al máximo.
En Palacio Nacional están viendo la descomposición en Sinaloa por una fractura de la cual no tienen todavía la información completa, pero están viendo las consecuencias. López Obrador terminará su mandato sin saber qué sucedió, dejando el tiradero a su sucesora por una política de convivencia con el cártel que terminó estallándole en las manos.

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Totalmente contrario a las formas y modos, incluso a los que puso en práctica la presidenta electa Claudia Sheinbaum para nombrar a su gabinete, la designación más importante de su gobierno, el secretario de la Defensa Nacional, que define su sexenio, lo hizo en un boletín –junto al del próximo secretario de la Marina– en las redes sociales la tarde del viernes que acompañaba al presidente Andrés Manuel López Obrador en un recorrido en el Tren Maya. No fue un sabadazo lo que hizo Sheinbaum, pero tampoco fue un movimiento terso, como se esperaba fuera el relevo de las Fuerzas Armadas.
La designación del general Ricardo Trevilla como próximo titular de la Defensa Nacional, y del almirante Raymundo Pedro Morales para la Armada, fueron un revés para los actuales secretarios, el general Luis Cresencio Sandoval, y el almirante Rafael Ojeda, que apostaban por dos cercanos a ellos. También fue un golpe de mano, aunque suave y sutil de Sheinbaum en Lomas de Sotelo, contra la apuesta de Sandoval que impulsó al general Gabriel García Rincón con el aval del presidente, y su interés en promover –indebidamente– al almirante José Luis Vergara en la Marina, aunque tampoco quedó el favorito de Ojeda y del equipo de la presidenta electa, el almirante Alfredo Hernández Suárez.
Los nombramientos, a tres semanas del cambio de poder, provocarán lo que no querían hacer y que estaban cuidando, como los predecesores de Sheinbaum hicieron: generar un doble mando militar. Para efectos prácticos, los titulares de las Fuerzas Armadas se convertirán en una especie de lame duck, un concepto político anglosajón cuya traducción no tiene sentido, que significa que aunque mantienen el cargo, fueron despojados del poder. No se verá tanto en la Marina, pero en la Defensa será muy notorio, porque este mes es de alto protagonismo para el titular, que encabeza el 13 de septiembre la conmemoración de la gesta heroica de los Niños Héroes del Castillo de Chapultepec en 1847, y preside junto con López Obrador el desfile del 16 de septiembre.
Cuáles fueron las razones de la presidenta electa para realizar con tanta antelación los nombramientos, sabiendo lo que generaría dentro de las Fuerzas Armadas, no vamos a saberlo. Lo que había trascendido es que había una fuerte disputa dentro de las Fuerzas Armadas, principalmente en el Ejército, por el cargo de secretario. Pero igualmente, durante las reuniones con el equipo de transición el trato fue muy áspero, a veces prepotente y altanero con los representantes de Sheinbaum, con quien Sandoval no tiene una buena relación, lo que es recíproco.
Trevilla fue parte de la terna que presentó el general Sandoval a la presidenta electa, en donde se encontraban los generales García Rincón y Fernando Aguirre O. Sunza, quien estaba siendo muy cuidado por el equipo de Sheinbaum para impulsarlo al cargo. García Rincón se comenzó a acercar a Omar García Harfuch, que será el próximo secretario de Seguridad Pública, que molestó a Sandoval, aunque no lo suficiente para cambiar de delfín. Trevilla era cercano a Sandoval, que lo hizo jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, pero la apuesta que hizo el secretario y su incondicional secretario particular, el general Javier Montejano Andrade, amigo también de él, por García Rincón hizo que se distanciara de ellos.
El aún jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional tenía, sin embargo, el cobijo de un importante grupo de generales, en activo y en retiro, en donde destaca el general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional, que ya había mostrado su músculo, cuando fue detenido por la DEA en 2020.
López Obrador, con el silencio del general Sandoval, definió la detención como “una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública durante el periodo neoliberal”. Su afirmación, como se publicó en su momento en este espacio, provocó una rebelión dentro del Ejército.
Diecinueve generales en activo y retirados le exigieron a Sandoval salir en defensa de Cienfuegos, en lugar de quedarse callado ante las afirmaciones ligeras e irresponsables del presidente –la acusación contra Cienfuegos era absurda e ilógica–, que obligó al secretario a plantearla a López Obrador lo que estaba sucediendo en Lomas de Sotelo quien se asustó tanto, que reculó y giró 180 grados.
Pero Sandoval quedó dañado y perdió definitivamente el consenso interno que se había estado deteriorando por la forma como accedía a las propuestas del presidente para convertir al Ejército en constructor y sus miembros en albañiles, vacunadores, policías de crucero, administradores de puertos y aeropuertos, de trenes y líneas aéreas, vaciándolos de sus funciones y entregando la mitad de su fuerza operativa a la Guardia Nacional, un cuerpo paramilitar que no ha resuelto el problema de la inseguridad ni la violencia.
La designación del general Trevilla no cambiará este estado de cosas. De hecho, el próximo secretario de la Defensa supervisaba al jefe de la Guardia Nacional desde que se creó y era quien le llamaba la atención por sus errores. Sandoval, en la recta final de la sucesión, quiso quemarlo permitiendo que en una mañanera en julio Trevilla admitiera que el fracaso de la seguridad en Guerrero era responsabilidad suya. La Guardia Nacional se quedará en la Defensa y el próximo secretario de Seguridad no podrá hablar directamente con su jefe, sino a través de Trevilla.
Hacia el interior de la Defensa, el nombramiento deberá terminar con el conflicto interno. Trevilla era el relevo natural, por mérito y antigüedad, en la institución, porque García Rincón, que pertenece a la de Sandoval, significaba volver a eliminar a toda una generación de generales con aspiraciones, como hizo López Obrador al escoger a Sandoval por encima de 21 generales con más carrera y experiencia, provocando divisiones e inconformidades en Lomas de Sotelo.
Pero lo más importante es el nombramiento que al final logró Sheinbaum, el más importante de su administración por lo que representa el Ejército hoy en día en la vida pública de México, cortándole una extensión de poder transexenal a su mentor.

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De repente, el espíritu de Pitágoras se apoderó de Adán Augusto López, el encargado de cuidar los intereses políticos del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Senado, y cuando le preguntó la prensa sobre la construcción de la mayoría calificada que aprobara la reforma judicial, dijo que se necesitan 85 votos a favor, detonando una controversia, porque la última vez que todos checaron la ley, la cifra mágica era de 86. “Hay quienes interpretan que son 85 porque dicen que cuando es resto mayor o menor de 50, entonces se reduce”, dijo el coordinador de Morena. “Cuando el resto mayor es de 50, se escala. Entonces, vamos a esperar. Yo soy un estricto legislador; estrictamente respetuoso de lo que dice la ley”.
¿Supera los 85 o no?, le insistió la prensa en busca de claridad. “Bueno”, respondió, “dice la ley que es 85.36, si la matemática no me falla, (y) si Pitágoras no falla”. La matemática no falla, lo que no puede decirse de la honestidad política, porque todo apunta a que sembró la posibilidad de consumar una chicanada la próxima semana.
El artículo 135 de la Constitución establece que las reformas constitucionales deben ser aprobadas por las dos terceras partes de los votos de los integrantes de cada cámara –y con similar proporción por la mitad más uno en los congresos estatales–, que son 86. La ley no considera el concepto matemático del resto mayor o menor, y quienes legislaron jamás pensaron que alguien plantearía alcanzar la mayoría calificada con el .36 por ciento del cuerpo de una persona.
El disparate político debe tener una razón de ser, vinculado a que lo que anticipó el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en la víspera: que la coalición de gobierno de Morena, el Partido del trabajo y el Verde tenían asegurada la mayoría calificada. Lo que López dejó entrever con su declaración sugiere que esa mayoría calificada se complicó, y que la reforma judicial está en riesgo de morir en la cámara alta, cuando menos en este momento.
No parecía que López Obrador tendría problemas para conseguir los votos para su reforma judicial cuando hace 10 días el coordinador del Verde en el Senado, Manuel Velasco, afirmó que ya tenían la mayoría calificada, lo que solo podrían obtener con votos de la oposición. El presidente se enfureció por la indiscreción de Velasco y mandó a López a desmentirlo el día siguiente. Sin embargo, ya había comenzado un movimiento callejero de oposición a la reforma judicial y presiones con paros en el Poder Judicial al que se sumaron cientos de estudiantes de escuelas de Derecho en el país. La declaración de Fernández Noroña agregó nuevas presiones contra senadoras y senadores de oposición.
Se ventilaron nombres de figuras en el Senado, que forzaron desmentidos. Amalia García de Movimiento Ciudadano y el priista Manlio Fabio Beltrones, fueron los primeros en reiterar que votarían contra la reforma judicial. Una súbita operación en la rodilla del priista Miguel Riquelme lo colocó en el aparador de quienes podrían darle la mayoría calificada a López Obrador, porque las ausencias benefician a la coalición de gobierno, pero esta semana tuvo que dar la cara y reiterar que participaría la próxima semana en la sesión y votaría contra la reforma. El ultimo que faltaba por fijar su posición era Daniel Barreda, de Movimiento Ciudadano, por lo que comenzaron a tildarlo de “traidor”, informó en las redes sociales que no se dejaría intimidar por ningún grupo de poder del color que sea, y que su voto sería congruente con “lo que sea mejor para México”. Fue enigmático, pero horas después terminó sumándose al resto de la oposición.
Alejandro Moreno, líder del PRI, denunció que sus senadoras y senadores habían recibido ofertas millonarias por votar por la reforma judicial, sin dar pruebas de ello. Versiones de que la oferta ha sido de 25 millones por voto, no fueron confirmadas de manera independiente. Lo que sí se corroboró es que dentro de los partidos de oposición en el Senado había fuertes presiones para evitar que alguien votara por la reforma judicial, elevando aún más el costo social que las protestas de los trabajadores del Poder Judicial y los universitarios en todo el país han colocado sobre ellas y ellos.
Un reflejo del momento político y social que se vive fue reflejado por Pascal Beltrán del Río, director de Excélsior, que en su columna titulada “Se busca traidor”, enumeró a todas las senadoras y senadores de oposición susceptibles de presiones de Morena y sus partidos coaligados para votar con ellos. “Solo uno, de 43. Nada más”, apuntó. “Es todo lo que requiere para completar la cuenta de 86 senadores, necesaria para modificar la Constitución –en caso de que la asistencia sea total– y acabar con la independencia del Poder Judicial federal y único contrapeso al mando presidencial”. Si no hubiera asistencia total, la mayoría calificada se alcanzaría con las dos terceras partes del quórum.
La lucha política en el Senado definirá el México en el que viviremos. López Obrador requiere la reforma judicial para transformar el régimen y restablecer una Patria donde el poder esté centralizado en él –y en semanas en la presidenta Claudia Sheinbaum– y sin contrapesos, a lo que se están enfrentando quienes prefieren un poder compartido que rinda cuentas, cuyos esfuerzos recuerdan de alguna manera el discurso de Winston Churchill, a un mes de ser nombrado primer ministro británico, tras el desastre militar francés en el inicio de la Segunda Guerra Mundial que terminó con la ocupación nazi de París, preparando a la nación para la Batalla de Inglaterra.
Churchill les dijo a los ingleses que Adolfo Hitler sabía que tendría que quebrarlos o perdería la guerra, pero que si podían hacerle frente, “toda Europa (podría) ser libre y la vida del mundo avanzar hacia tierras altas iluminadas por el Sol”. De otra forma, advirtió, caerían a una nueva era oscura, urgiéndolos a cumplir con sus responsabilidades y preservar el Imperio Británico, para que mil años después se dijera que esa fue “su hora más gloriosa”.

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Tanto poder acumuló Andrés Manuel López Obrador durante su Presidencia, para que a tres semanas y media de llegar al final de su mandato lo esté usando para destruir lo logrado. No parece el acto de un hombre inteligente, sino de alguien sordo y ciego que ante las diarias llamadas de atención y advertencias sobre las potenciales consecuencias por sus reformas constitucionales a chaleco, responde con frivolidades y descalificándolas con su inamovible alegato que todo obedece a que los poderosos quieren mantener la corrupción y sus privilegios.
Las advertencias aparecen cada día, como desde hace casi dos meses, aceleradas por la reforma al Poder Judicial que se ha convertido en su piedra de toque, y que de ser una estrategia electoral en febrero enmarcada en el llamado Plan C –convencido que nunca pasaría–, se volvió una realidad tras los resultados de la elección del 2 de junio. Ahí comenzó lo que hoy niega.
Desde su victoria en las elecciones presidenciales que le dio la mayoría calificada en el Congreso y lo colocó a milímetros de alcanzarla en el Senado, comenzó su apresurada carrera hacia el despeñadero, pensando en su trascendencia histórica –su legado, como dice– sin tomar en cuenta que México no es una isla y que sus acciones tendrían consecuencias internacionales. La primera, por inmediata, la depreciación del peso: el viernes 31 de mayo, dos días antes de la elección, el tipo de cambio cerró en 16.69 pesos por dólar; tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma judicial, el peso llegó ayer a 19.95 unidades por dólar.
Lo que está sucediendo en México ha sido motivo de interés en el exterior por tratarse de un miembro del acuerdo comercial norteamericano –el mercado económico más poderoso del mundo–, y del principal socio comercial de Estados Unidos. La reforma judicial junto con la desaparición de los órganos autónomos, cuya iniciativa se encuentra en la cocina legislativa, ponen en riesgo los acuerdos con Estados Unidos y Canadá, pero también impactan el acuerdo comercial con la Unión Europea, no solo por potenciales violaciones comerciales, sino por socavar las cláusulas democráticas.
López Obrador y su pupila, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, han rechazado estos señalamientos. Por el contrario, según Sheinbaum, habrá mayor certidumbre jurídica y democracia. Quién sabe si lo crea, pero ya está en el terreno de donde lo que piense es menos importante que lo que haga. Sheinbaum es una convencida, ideológica y políticamente, del proyecto de López Obrador, pero a diferencia de él –quizás porque no tiene su fuerza–, se había mostrado pragmática en diversas reuniones con empresarios e inversionistas antes y después de la elección, donde les garantizó que las cosas serían diferentes una vez que llegara a la Presidencia.
Probablemente no les mintió, pero deben estar viendo que está completamente acotada por el presidente.
López Obrador está aprovechando el tiempo que le queda en Palacio Nacional para instalar un gobierno en la sombra, pero con los dientes que carecen los llamados shadow cabinet en algunos países industrializados, donde la oposición establece un grupo-espejo de las acciones del gobierno para vigilarlo, que quiso hacer él sin éxito en 2006, tras su derrota en las elecciones presidenciales, con el llamado “gabinete legítimo”.
Su peso específico transexenal se sigue ampliando mucho más allá del gabinete legal. El domingo, cuando la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, entregó el sexto informe de Gobierno en el Congreso, utilizó el micrófono durante ocho minutos para hacer una arenga de apoyo a López Obrador, totalmente fuera de lugar. Pero Alcalde, que decidió el presidente que sería la próxima dirigente de Morena, no estaba hablando como la líder del partido que acompañará a la próxima presidenta, sino al actual, mostrándole que no se había equivocado al escogerla y que podría ser la continuidad de su legado en 2030.
Ricardo Monreal, a quien designó López Obrador coordinador de la bancada de Morena en el Congreso durante los primeros tres años de gobierno de Sheinbaum, hizo lo mismo el martes al defender la reforma judicial. No hizo un discurso parlamentario, sino que habló como si estuviera en un mitin, y al igual que Alcalde con López Obrador como destinatario principal, buscó decirle que tampoco se había equivocado con él, a quien redimió tras una plática en Palacio Nacional hace casi año y medio, donde entró rebelde y salió domesticado.
Con la disposición de los aliados de Morena, el Partido del Trabajo y los Verdes, Monreal y a Adán Augusto López, nombrado por López Obrador como coordinador de la bancada en el Senado, tendrán las presidencias de las Juntas de Coordinación Política de sus respectivas cámaras por tres y seis años, lo que duran sus mandatos, que es una decisión altamente significativa. Las juntas controlan políticamente las cámaras, deciden la agenda, los tiempos, los asuntos, la distribución de comisiones y, sobre todo, el presupuesto. El cargo es por un año, pero al prolongárselos, su poder se amplía y reduce la capacidad de maniobra de Sheinbaum para hacer política parlamentaria, porque los coordinadores no le responden a ella, sino a López Obrador, y los asuntos que priorizarán –utilizando el dinero en sus cajas–, serán los de él, no los de ella.
López Obrador no está tratando a Sheinbaum como su sucesora, sino como las administradora del gobierno entrante. Las acciones que ha emprendido para amarrarla dificultan cualquier giro de Sheinbaum para actuar pragmáticamente, como ofreció a los inversionistas, que desactiven las bombas que le está prendiendo el presidente, que provocan ingobernabilidad, amenazan el acuerdo comercial norteamericano –motor de la economía– y la llegada de capitales para el desarrollo y para cumplir con los compromisos que le etiquetó López Obrador.
Es una paradoja caprichosa la que vive. Si la pesadilla que vaticinan en el mundo por las reformas constitucionales se materializa, el legado de López Obrador se habrá truncado y él mismo lo habrá enterrado. Sheinbaum, que no es su enemiga sino su mejor aliada, quizás, en el caso extremo de que se empiece a cumplir la profecía autorrealizable, tenga que sacrificar a Andrés Manuel para salvar al obradorismo de la destrucción.

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Desde el movimiento estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de México de 1999 contra la actualización de pagos de inscripción y servicios que provocó la renuncia del rector Francisco Barnés de Castro, no se había registrado ninguna movilización universitaria en casi un cuarto de siglo hasta la que surgió la semana pasada en protesta por la reforma al Poder Judicial planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en pocos días logró una marcha de miles de estudiantes de Derecho en el país para pedir tiempo para discutirla. Hasta ahora, la respuesta del oficialismo han sido las burlas, las descalificaciones, y de manera riesgosa, un contra movimiento para neutralizarlos.
La movilización, que comenzó en la UNAM, donde una vez más en la historia está la placenta de una diferencia de fondo con el gobierno, descolocó a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que sabe que si un movimiento en esa institución, su alma mater, agarra tracción, es muy difícil detenerlo. Lo sabe porque ella misma formó parte de uno de ellos, en 1986, cuando como integrante del Consejo Estudiantil Universitario –varios funcionarios del gobierno federal y de la Ciudad de México saltaron de ahí a la vida política–, frenaron la reforma del rector Jorge Carpizo que pretendía cobrar cuotas de inscripción y eliminar el pase automático de las preparatorias.
Varios colaboradores de Sheinbaum trataron de desactivar la protesta, pero no tuvieron éxito. La idea de algunos en su equipo, evocando lo que ha dicho López Obrador, era que la izquierda había perdido la UNAM, que se había vuelto de derecha. Esto, para quien conozca la institución, no es correcto. A lo largo de su historia, la UNAM ha sido plural aunque algunas de sus facultades se han caracterizado por tener inclinaciones ideológicas claras, como siempre hubo de izquierda y derecha.
Lo que ha disminuido es el obradorismo –la profundización de la caída en la circulación de La Jornada en Ciudad Universitaria es un reflejo de ello–, por el golpeteo constante contra la institución, la estigmatización que ha intentado el presidente, y la ocurrencia de inventar un sistema de universidades quitando recursos a las universidades públicas para fabricar seudo profesionales que no van a encontrar trabajo en el mercado laboral. La retórica de López Obrador, las políticas contra el conocimiento que impulsó desde la Secretaría de Educación y la anti-científica que estimuló desde el Conacyt, habían generado un problema para Sheinbaum con la comunidad, que fue resuelto durante la campaña para ganar su voto –que le dieron los universitarios.
Pero la reforma de López Obrador, que retoma parte de la proletarización de la sociedad que ha buscado, deliberada o inopinadamente el presidente, afectó a los estudiantes de Derecho, de la UNAM y del resto de las escuelas públicas y privadas, que piden discutir la elección popular de jueces, magistrados y ministros, para que sea inclusiva, sin filtros políticos y partidistas, con respeto a las garantías objetivas respecto a los principios de la carrera judicial, la no regresividad de los derechos humanos y el respeto de los derechos adquiridos.
La respuesta del oficialismo ha sido preocupante por la falta de empatía y de sensibilidad para abordar el incipiente problema. Sheinbaum cometió un error al pedirle a los universitarios que se informaran antes de protestar, que provocó críticas de los manifestantes. López Obrador sugirió que estaban siendo manipulados por sus profesores, que los estaban engañando (a nadie le gusta que lo llamen tonto). El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se burló de los universitarios y dijo que nunca se enteraron de la existencia de la reforma hasta que regresaron de vacaciones, inspirados, quizás, por sus maestros. El redactor de la reforma, el ex ministro de bolsillo del presidente, Arturo Zaldívar, dice que fue ampliamente discutida a lo largo del año, por lo que, señala, no hay nada más que hablar. Cerrazón total al diálogo.
Pero el gobierno no se quedó cruzado de brazos. Este lunes, 62 estudiantes de instituciones de educación superior de todo el país publicaron un desplegado bajo la firma del colectivo “Jóvenes por la Reforma”, donde expresaron su apoyo a la reforma judicial y convocaron a “una jornada de actividades y manifestaciones pacíficas” hasta el próximo viernes, con un llamado a movilizarse este miércoles en las 32 entidades del país. “Es una provocación”, dijo un alto funcionario en una universidad pública. “Es un error; los van a enfrentar”.
Habrá que ver la convocatoria que tienen esos estudiantes, que representan un mosaico muy disperso de alumnos de instituciones públicas donde figuran entre los abajo firmantes no más de seis educandos del Politécnico, tres de la UNAM, cinco de la UAM, no más de uno de las universidades autónomas del estado de México, Tabasco, Sonora o Zacatecas, y muchos otros de escuelas técnicas en lugares como Zongolica, Cuautla, Los Mochis.
De cualquier forma es una estrategia de alto riesgo porque la reacción oficialista entró en un terreno volátil en el momento de aceleramiento del descontento. La movilización universitaria se ha unido, aunque en protesta por diferentes razones a la movilización de los trabajadores del Poder Judicial, y cuando menos ayer fue complemento importante en el bloqueo que hicieron los trabajadores en la Cámara de Diputados, con lo que impidieron la sesión donde se iba a discutir y votar en lo general la reforma, mientras los estudiantes hicieron lo mismo con la sede alterna que se instaló para cumplir con las órdenes del presidente.
La movilización sacó a los universitarios del pasmo en el que se encontraban desde hace casi un cuarto de siglo, al confrontarse con la realidad de una reforma judicial que ha logrado cohesionarlos, pero que no está siendo abordada con inteligencia y tolerancia por el oficialismo. La reforma judicial irá, y por lo que se aprecia, será tal y como la quiere el presidente, aunque sume al legado de inestabilidad que le deja a su sucesora, una potencial protesta universitaria en el entendido de que lo que pase del primero de octubre en adelante, no será de su incumbencia, ni responsabilidad o culpa, sino de Sheinbaum.

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