Las primeras 72 horas de Claudia Sheinbaum en el poder incluyeron la bienvenida a la cotidianeidad del desastre que le dejó su antecesor Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad. En su primer día como presidenta hubo 80 homicidios dolosos; en el segundo 85. Y en su tercer día la saludaron Los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán que están en guerra contra las milicias de Ismael El Mayo Zambada, con mensajes en mantas colocadas en Culiacán para denunciar que un grupo criminal que bañó de sangre Durango y Zacatecas quiere expandirse a esa capital y a Mazatlán, pidiéndole sutilmente que tome parte en el conflicto por el control del Cártel de Sinaloa, la organización criminal más grande del mundo.
En otro lado del país, Chiapas tuvo su primera llamada de atención por el uso de militares en tareas de seguridad pública, al matar dos soldados a cuatro inmigrantes y herir a 12 que eran transportados por polleros a Estados Unidos, que ignoraron la orden para detener sus camionetas y aparentemente, porque está bajo investigación, dispararon primero. La Fiscalía General determinará si actuaron al ser atacados o con alevosía y ventaja contra los inmigrantes, pero Sheinbaum ya adelantó que cualquiera que sea el resultado, eso no debe pasar. ¿Cómo le va a hacer?
Los Chapitos deben haberse sentido con la confianza de pedir su apoyo para enfrentar a Los Salazar, cuyo fundador Adán Salazar fue uno de los lugartenientes de El Chapo Guzmán en el Cártel de Sinaloa, pero que en la lucha de sus hijos contra los leales al todavía jefe de la organización, sus herederos tomaron partido por Zambada y abandonaron a sus viejos aliados. Los Chapitos quizás pensaron que la tolerancia y cobertura que les dio el gobierno de López Obrador podría extenderse al de Sheinbaum, pero no va a ser así.
Favorecer a un grupo criminal a cambio de dinero para campañas de Morena, por lo que se puede anticipar ahora, va a dejar de ser una práctica que se avaló en Palacio Nacional. Sheinbaum, que fue revisada por las agencias estadunidenses desde hace meses sin que encontrara ningún vínculo con el crimen organizado, ha dado muestras de rechazo a cualquier nexo con el crimen organizado, y desde la campaña tomó acciones para neutralizar a personas de las cuales recibió expedientes sobre su vinculación con el narcotráfico.
El acercamiento con una facción del Cártel de Sinaloa funcionó electoralmente, pero no trajo la tranquilidad que ofreció López Obrador en su campaña presidencial. El gobierno obradorista impulsó la Pax Narca, que nunca logró porque no entendió las lógicas criminales, como tampoco lo comprendió el gobierno de Enrique Peña Nieto, que le dejó una incidencia delictiva al alza. El sexenio obradorista terminó con 199 mil 619 homicidios dolosos, que hubieran rebasado ampliamente los 200 mil de no haberse dado un subregistro, eliminación de esos delitos o su reclasificación para ubicarlos como homicidio culposo (que aumentó 12 por ciento), como detectó una investigación de Causa en Común.
Sheinbaum tampoco conoce las lógicas del negocio criminal, pero ha permitido que sus colaboradores más cercanos con experiencia desarrollen la estrategia de seguridad –que será anunciada la próxima semana–, y cuyos lineamientos hechos públicos la semana pasada perfilan una visión sin vocación política-electoral y dirigida al combate del crimen organizado, pero de manera integral a fin de que baje la violencia.
Este fenómeno tiene tres vertientes que se entrelazan entre sí. Uno es el negocio de la delincuencia organizada, que se concentra en los mercados negros de las drogas, la trata, el huachicol, la piratería, la pornografía infantil, las adopciones ilegales, y el tráfico humano, de órganos, de especies prohibidas y de agua. Otro es la logística criminal, que incluye el dinero y su ingeniería financiera, las armas, los giros negros, la extorsión y los autos robados. Finalmente, lo que permite que florezca el negocio ilegal, es el deterioro institucional de las corporaciones policiacas, los ministerios públicos, los jueces y el sistema penitenciario.
La parte más importante es esta última, la debilidad institucional, porque si las instituciones son fuertes, pueden enfrentar con éxito la delincuencia organizada, como sucedió en Italia con la mafia, en Colombia con Pablo Escobar y el Cártel de Medellín, y en Miami, Nueva York y Chicago, con las subsidiarias del crimen trasnacional. Una de las principales variables de la estrategia del presidente Felipe Calderón, la llamada “guerra contra las drogas”, fue esa debilidad institucional. Garantizar su solidez permite combatir integral y eficazmente los mercados negros y romper su logística criminal, que es lo que, en el papel, está apuntando la estrategia de Sheinbaum.
Un segundo nivel de la estrategia, no menos importante, tiene que ver con atacar las causas que generan la violencia, que está contemplada, aunque no necesariamente, si nos atenemos a los discursos, está bien enfocada. Las causas de la violencia han sido identificadas en los grupos de la sociedad de menor ingreso, por el dinero fácil y rápido de jóvenes que no tienen opciones de vida. Sin embargo, reducirlas a esos grupos es un error, porque el negocio criminal es transversal sociocultural y socioeconómicamente.
López Obrador redujo su estrategia de seguridad a atender las causas –los inolvidables “abrazos, no balazos”–, pero sin combatir a las organizaciones criminales. Se entiende la parcialidad de sus acciones por el objetivo político-electoral que las animaron, cuya externalidad no fue solo el fortalecimiento de las organizaciones criminales, sino la cesión de territorio nacional: más de mil 200 municipios –casi la mitad de total nacional–, controlados por ellas.
Sheinbaum no está en la lógica de López Obrador, pero su discurso es contradictorio: prepara todo para combatir al crimen, sin desatar una nueva “guerra contra las drogas”. Parece más una diferencia semántica que una discrepancia de fondo, porque quiere hacer lo que hizo exitosamente en la Ciudad de México a nivel nacional. No será sencillo por la complejidad del fenómeno a nivel nacional, muy distinto a la realidad de la Ciudad de México, pero significa un avance que no puede convertirse al final solo en un buen propósito.

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Desde esta madrugada Claudia Sheinbaum es presidenta de México. La primera jefa de Estado en más de 200 años de vida independiente y junto con Giorgia Meloni, primera ministro de Italia, líder de una de las 15 economías más fuertes del mundo se convirtió también –como observó el Financial Times, el diario económico más influyente que existe–, en una de las mujeres más poderosas. Sin embargo, la duda prevalece en México y en otras naciones: ¿podrá sacudirse de encima a su mentor Andrés Manuel López Obrador?
Su transición fue de pesadilla. López Obrador se apoderó de su agenda y le quitó tiempo útil al llevársela a su gira nacional de despedida. Incluso, programó una reunión con ella en vísperas de la toma de posesión para hablar sobre encargos de último minuto –como la corrupción interna– y decirle cómo resolvió y enfrentó problemas. López Obrador y sus principales colaboradores asumían que Sheinbaum no tenía el capital político del que él gozó él para sortear la protesta social, confrontar a los medios o presentar otros datos para neutralizar la realidad.
Sheinbaum no ha estado contenta con su proceder, pero tuvo que hacer un extraordinario ejercicio de tolerancia y soportar humillaciones, para tener un cambio de gobierno lo menos ríspido posible. Su prudencia, sin embargo, tuvo costos de imagen, expresados en una feroz ridiculización de ella en las redes sociales y dudas en la prensa internacional. Al haber estado tanto tiempo a la sombra de López Obrador, sin el protagonismo de otros que fueron cercanos a él, no hay un conocimiento a fondo de su personalidad.
La presidenta no es la sumisa que algunos creen. Su temperamento siempre tiene el mercurio alto y en reuniones privadas, en comparación con López Obrador, mientras él desdeñaba asuntos importantes porque no interesaban y en ocasiones se comportaba de manera frívola, ella se mete a los detalles, pregunta mucho hasta quedar satisfecha y cuando ha escuchado voces que la contradicen, aunque tengan razón, se disgusta tan fuerte que incluso les deja de hablar por días, aunque después los reivindica.
Carácter es lo que va a necesitar de ahora en adelante, y mucha inteligencia. Con su mentor deberá tener un cuidado extremo para que no piense que existe un deslinde –el narcisismo de López Obrador lo hace un ser muy sensible–, y por cuanto a las imposiciones de sus guardias rojos en el gabinete y en el staff de la Presidencia, tendrá que dejar que pasen los meses, quizás hasta un año, para irse sacudiendo al ala radical obradorista que la perjudica –por su radicalización– más que la ayuda.
Su visita a Acapulco este miércoles, que es un primer deslinde de su antecesor al mostrarse como una jefa de Estado atenta a la gente y a sus necesidades –contra la notable falta de empatía que tuvo López Obrador–, será también la primera prueba para medir cuántos demonios trae el ex presidente en la cabeza y el estómago, y le permitirá analizar qué tanto puede ir mostrándose diferente a él y a qué velocidad, sin antagonizar con él ni con sus radicales incondicionales.
Sheinbaum no tiene muchos márgenes de maniobra política. Por el momento tiene menos lealtades que el presidente, que en la última semana en Palacio Nacional recibió la visita de gobernadoras y gobernadores de Morena que le fueron a expresar lealtad. Sorprendente en varios de ellos fue que cuando López Obrador sugirió que no se iría plenamente a la jubilación y que consideraría compartir su tiempo entre Palenque y la Ciudad de México, le dijeron estar listos a su llamado. Este tipo de traiciones institucionales son con las que tendrá que lidiar Sheinbaum para ir sofocando pasiones, al tiempo de ir sorteando el terreno sembrado de minas económicas que le dejó el presidente.
El futuro es incierto y tiene como siguiente estación la presentación del presupuesto en noviembre, donde los ojos de los mercados estarán puestos en el déficit fiscal para el próximo año. Para este, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, está buscando bajarlo del 6 por ciento que tiene previsto ahora, pero para el próximo apuesta por uno de 3 por ciento, que significa un recorte en el gasto público de unos 800 mil millones de pesos, lo que podría detonar una recesión, porque el crecimiento pudiera ser de 0.5 por ciento. Es un riesgo que Sheinbaum tuvo que aceptar en una reciente reunión con Ramírez de la O, porque la alternativa era su renuncia antes de iniciar su siguiente periodo como titular de Hacienda.
Sheinbaum arranca su gobierno en una especie de encrucijada, porque a la vez que enfrenta una situación de alta complejidad y falta de recursos que le impiden dar resultados en plazos corto o mediano, se ha generado una muy alta expectativa sobre ella.
Una encuesta que dio a conocer De las Heras/Demotecnia el domingo, revela lo que esperan los mexicanos de su presidenta. El 61 por ciento de los encuestados votó por ella, pero el 70 por ciento de quienes respondieron dijeron que confían en ella, contra solo 28 por ciento que desconfían. El 66 por ciento dijo tener una buena opinión de ella y el 75 por ciento consideraron que a México le irá mejor con Sheinbaum. No hay rubro donde las expectativas estén por debajo del 70 por ciento, salvo en seguridad, el principal problema que ven los encuestados, aunque el 67 por ciento estima que sí estará mejor que con López Obrador.
Sheinbaum no puede dar resultados inmediatos, pero tendrá que administrar las expectativas mediante acciones que cambien las percepciones. A quienes la señalan de ser manejada por López Obrador, la gira en Acapulco es su primera respuesta. Si el tema de mayor preocupación es la inseguridad, necesita un golpe efectista casi de inmediato. López Obrador demostró que tenía una mano firme (y autoritaria) para gobernar, y ella tiene que dar pronto un fuerte golpe de mano sobre la mesa para evitar que empiecen a calificarla como débil y los guardias rojos obradoristas la acusen de flaqueza. A su favor juega que no tiene que romper con su mentor para mandar el mensaje de que ella sí es diferente.

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Varios columnistas concluyeron este fin de semana su última colaboración sobre Andrés Manuel López Obrador como presidente con un “gracias a Dios”. Qué bueno que ya terminó su mandato y qué bueno que se va, fue su inferencia. Hoy será el último día de su sexenio corto, que pareció fugaz en meses y años pero larguísimo en el día con día. La síntesis de la experiencia fue resumida por Alejo Sánchez Cano en El Financiero el viernes: “En este sexenio se instituyeron la mentira, la farsa y las manipulación como ejes centrales de las políticas públicas. Hasta nunca, Andrés Manuel López Obrador”.
Hay quienes disputan esta postura que abunda en la prensa de opinión, que vivió el ataque más vil y abusivo que jamás se haya dado contra los medios, como entes y periodistas, desde la dictadura de Porfirio Díaz. Fue una lucha desigual, asimétrica, donde desde el poder se utilizó toda la fuerza represiva –el SAT, la UIF, la Fiscalía General, el Ejército y el CNI– para hostigar, amedrentar y castigar a quien levantara la voz. Pero era intelectualmente inevitable. El cinismo y la negligencia en momentos críticos lo obligaban.
Su “imperio de los otros datos”, como tituló su libro Luis Estrada, director de SPIN Taller de Comunicación Política, fue una afrenta al sentido común que reclamaba abordajes críticos, por la minimización de la violencia, su canto de victoria en políticas públicas que fueron un descomunal fracaso, su irresponsabilidad al afirmar que con un escapulario frenaba una pandemia, o su política ecológica depredadora y el mundo fantasioso con el que engañó durante el sexenio.
Para enferentar los hechos con falsedades, durante mil 436 días –incluida la de hoy–, sacó durante dos horas su lengua de fuego para atacar medios y periodistas, difamarlos, animar su linchamiento, dañarlos reputacionalmente y restarles credibilidad. López Obrador logró así desviar sus yerros y deficencias, y terminar con 74% de popularidad en el promedio general de las encuestas. El presidente ganó la guerra cultural y colonizó la mente incluso de sus críticos más duros, que asumieron su lenguaje peyorativo, como la popularización del término “PRIAN”, o que interiorizaron su grandilocuencia, asumiendo como un momento histórico “la cuarta transformación”.
López Obrador logró injertar en la mente mexicana que fue el presidente más criticado desde Francisco I. Madero, que se convirtió en una más de las 100 mentiras que dijo diariamente en promedio, porque no hay datos que demuestren la veracidad de su dicho, conforme al registro de SPIN. Sin embargo, lo anidó en el imaginario mexicano.
A lo largo de su sexenio realizó su mañanera, una combinación de ejercicio de información y divulgación, pero cuya parte toral fue una supuesta conferencia de prensa –violatoria de la Constitución porque está fuera de sus atribuciones legales–, diseñada para que los youtuberos inventados por su maquinaria de propaganda literalmente, aunque pueda oirse mal, le lamieran los pies y lo ayudaran a evadir los temas delicados, y para empujar durante una buena parte de las 2 mil 870 horas –344 mil 400 minutos, hasta el viernes– un monólogo de diatribas contra la prensa crítica y la moderada. Pero también invirtió cientos de miles de pesos para tener una nómina de periodistas reconocidos que fueron colocados en diversos medios para que mediante la normalización de las cosas, sus errores y fracasos siempre fueran matizados con referencias al pasado.
En su relación con los medios, López Obrador siempre se comparó con Madero, no solo porque también se cree un apóstol de la democracia, como se llamó al infortunado presidente, sino por la forma como lo criticó la prensa. Fue otro simplismo del presidente, que englobó a toda la prensa mexicana y a periodistas, inclusive a algunos que mostraron honestidad intelectual y lo criticaron en donde lo consideraban pertinente, para equipararlos con los periódicos porfiristas. La analogía reduccionista replicó pronunciamientos de hace más de un siglo en sus expresiones.
Un estupendo estudio sobre el periódico El Mañana, publicado por el historiador Jesús Méndez Reyes en 2001, es de alta relevancia para nuestro presente porque ahí se encuentran algunas de las claves de la narrativa de López Obrador. Méndez Reyes recordó que El Mañana, dirigido por Jesús M. Rábago, que había sido parte de la aristocracia durante la dictadura de Porfirio Díaz, lidereó por más de dos años una lucha con ataques sistemáticos al gobierno de Madero en busca de la restauración de los privilegios idos a través de quien había sido su secretario particular, Victoriano Huerta.
El tema de los privilegios perdidos y la crítica como herramienta para recuperarlos, ha sido constante en el discurso de López Obrador. Méndez Reyes registró cómo Madero dejó fuera del presupuesto y de las prebendas del porfiriato a muchos intelectuales y periodistas afines a Díaz, que alimentó la crítica –otro elemento de la narrativa del presidente–, y que el crecimiento de la prensa durante el maderismo fue signo indiscutible del apoyo financiero de la oposición al primer gobierno democrático del país –¿les suena?–. A la par, orilló al régimen a crear sus propios medios de comunicación, como lo intentó López Obrador.
En seis años, López Obrador logró lo que Dilma Rouseff, la ex presidenta brasileña, reconoció en el documental “Al filo de la democracia” al decir que le faltó a ella y a Luis Inazio Lula da Silva para mantener el poder controlar al Poder Judicial, pero el macuspano no pudo con la otra pinza de la estrategia, controlar los medios.
Lo intentó con todo, hasta lo impensable, como cabildear en Estados Unidos para que varios periodistas críticos fueran vinculados al narcotráfico durante el juicio de Genaro García Luna, pero como me dijo a principio de año Ciro Gómez Leyva, sobreviviente de un atentado político y uno de los periodistas más reprimidos por este régimen, “ya ganamos”. Su frase fue en el contexto del colectivo de medios y periodistas que no pudo liquidar.
El adiós que le desearon varios columnistas a López Obrador solo será por lo que toca a su mandato constitucional. Hoy termina su Presidencia y mañana comienza su séptimo año de gobierno.

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El gobierno de Estados Unidos desclasificó un memorando de seis páginas que la agregaduría legal de la Embajada de Estados Unidos en México envió en marzo de 1986 a la oficina del entonces director del FBI, William Webster, donde se ventilan las sospechas de que Manuel Bartlett, a la sazón secretario de Gobernación, estaba vinculado al narcotráfico. Ieva Jusionyte, profesora de seguridad internacional de la Universidad de Brown y el periodista Juan Alberto Cedillo, lo obtuvieron tras dos solicitudes bajo el Acta de Libertad de Información, cuya publicación esta semana revivió el avispero sobre la narcopolítica morena.
El memorando está muy testado, lo que es común cuando se desclasifican documentos secretos, pero su redacción sugiere que dos funcionarios mexicanos que buscaron apoyo del FBI, no lo obtuvieron por reportes que señalaban que estaban involucrados en el narcotráfico, y si sus jefes no tomaban acción contra ellos, los considerarían cómplices que recibían beneficios económicos de sus actividades. El informe apuntaba que la corrupción alcanzaba los niveles más altos del gobierno y Bartlett es el único nombre que aparece sin testar, lo que es inusual.
En varias ocasiones a lo largo de los años he solicitado información a diferentes agencias del gobierno de Estados Unidos en algunas de las cuales he agregado nombres, tanto por ser personas de interés con fines periodísticos o para obtener datos de contexto. Las peticiones fueron rechazadas porque para que pudieran desclasificarse los memorandos con la información específica solicitada necesitaba el permiso de las personas señaladas, o en el caso de que estuvieran muertas, de su familia. Por la forma como se publicó el memorando, se puede concluir que Bartlett no dio su consentimiento para que se desclasificara el memorando. ¿Por qué sucedió ahora?
El informe se liberó el 12 de agosto pasado, dos semanas después de la captura de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, en Culiacán. No hay nada que vincule los dos episodios, salvo algunos puntos circunstanciales, como que en ambos casos están involucradas dos personas muy cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Bartlett es director de la Comisión Federal de Electricidad, y Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, fue ligado al Cártel de Sinaloa directamente por El Mayo Zambada.
Bartlett y Rocha Moya son figuras altamente mediáticas y las manchas sobre ellos acompañarán al presidente en los cuatro días que le quedan a su sexenio, aunque probablemente lo trascenderá cuando los árboles formen un bosque.
Las imputaciones a Bartlett han sido una carga para el funcionario, que siempre ha negado su vinculación con el narcotráfico y en particular su involucramiento en el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar en 1985 por órdenes de dos líderes del Cártel de Guadalajara, Ernesto Fonseca, que terminó su condena en 2017, y Rafael Caro Quintero, que fue recapturado en 2022 días después de que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, le proporcionó a López Obrador las coordenadas de dónde se encontraba, exigiéndole su detención. Caro Quintero no ha sido extraditado aún, y de acuerdo con fuentes en la Corte del Distrito Este en Brooklyn que conocen de la narcopolítica mexicana, se debió a un acuerdo a cambio de que inyectara dinero a campañas políticas de Morena.
López Obrador ha descalificado todos los señalamientos contra él o su gobierno por presuntos vínculos con el narcotráfico. Ayer, en lo que pudo haber sido su antepenúltima mañanera, dijo que no tienen cabida ni credibilidad los planteamientos que señalan que tiene relación con el crimen organizado, como recientemente lo aseguró en una carta pública el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que este jueves fue nuevamente motivo de críticas de su parte.
No se sabe si las imputaciones de García Luna tendrán una secuela documental que implique a López Obrador con el narcotráfico, como amenazó, pero no es lo único que está sucediendo en Brooklyn. Información que ha trascendido en esa Corte señala que El Mayo Zambada ya comenzó a hablar con los fiscales de Estados Unidos, sin saberse hasta este momento lo que tienen sobre la mesa. Zambada, cuyo enlace político con el gobierno era Rocha Moya, de acuerdo con información que se filtró, fue traicionado por el gobernador, que le tendió la trampa para que lo capturaran.
Zambada tiene más de 30 años de relacionarse con el poder, que fue su modus operandi para comprar protección e impunidad. Una demostración del método lo proporcionó su hermano, Jesús El Rey Zambada, quien era responsable de la plaza en la Ciudad de México, donde fue detenido en 2008 y extraditado a Estados Unidos. El Rey Zambada declaró a los fiscales que el Cártel de Sinaloa sobornó a funcionarios del gobierno de la Ciudad de México cuando López Obrador lo encabezaba –lo repitió durante el juicio a El Chapo Guzmán–, y que aportó dinero para su campaña presidencial en 2006.
Si El Mayo Zambada comienza a dar detalles sobre cómo compraban protección e impunidad, nadie sabe en qué terminará. Su captura la ha atribuido a una traición de Guzmán López, involucrando a Rocha Moya, que parece asustado. En el avión que supuestamente lo trasladó a Los Angeles el mismo día que capturaron a Zambada, viajó su familia, y la información que tiene el gobierno mexicano es que se quedó viviendo en Mid City, en la parte central del área metropolitana de Los Angeles, un vecindario residencial que no tiene mucho turismo, lo que deja entrever que Rocha Moya sabe que su vida y la de su familia están en riesgo.
La madeja de la sospecha de la narcopolítica en los más altos niveles del gobierno de López Obrador tiene muchos cabos sueltos que no puede eliminar. El memo desclasificado sobre Bartlett y el inicio de las declaraciones de Zambada en Brooklyn en vísperas de que termine su sexenio, son una muestra de lo que está fuera de su alcance. Pero más delicado aún, de lo que podrá enfrentar cuando regrese a ser un ciudadano sin poder formal.

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El jefe de la maquinaria de propaganda del presidente Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas, no saldrá de Palacio Nacional. Por instrucción de su jefe, trabajará con la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, oficialmente hasta ahora como coordinador de asesores, pero sus funciones, como lo han sido hasta ahora, trascenderán el cargo administrativo. No es algo que deba tener tranquila a Sheinbaum, porque la lealtad nunca estará con ella sino con López Obrador, y su grupo de poder no se encuentra entre los “dialoguistas”, como llaman ahora a los cercanos de la presidenta electa, sino a la facción más radical del obradorismo. Pero por lo pronto, no tiene para dónde hacerse.
Es una situación delicada y compleja la que va a enfrentar cuando empiece a despachar Sheinbaum en Palacio Nacional el próximo martes, al tener a un indeseado tan cerca, que abiertamente ha jugado políticamente contra ella. En su equipo consideraban que tener a Ramírez Cuevas en las oficinas presidenciales, sobre todo en un área vinculada a comunicación, sería iniciar el gobierno con desventaja por la política de confrontación con medios y periodistas mediante difamaciones y linchamientos.
No ocupará el mismo puesto que en el gobierno actual –que se espera recaiga en Paulina Silva, que la ha acompañado desde hace buen tiempo–, pero ha venido trabajando asuntos vinculados con los medios para Sheinbaum, intentando repetir su modelo de circo en las mañaneras, y presionando para que deje que se les acerquen los youtuberos que usó como zalameros del Presidente. La presidenta electa no ha querido recibirlos, ni ha mostrado interés en ese modelo de propaganda, pero no puede sacudirse a Ramírez Cuevas, al menos en lo inmediato, porque sería enfrentarse a López Obrador.
Con el país que recibirá de López Obrador, reprobado en prácticamente todas las políticas públicas, sin dinero, endeudado, con compromisos presupuestales con el Presidente, Sheinbaum no tiene muchas posibilidades de hacer cosas nuevas que le impriman su tono a su gobierno. Lo que sí puede hacer es comunicación política a partir de la construcción de percepciones que le permitan generar expectativas y el sentir de que las cosas están siendo diferentes, sin apartarse de la línea marcada por López Obrador, para ganar tiempo y poder colocar las ruedas para lo que serán sus cambios de fondo.
Para un objetivo estratégico de esta naturaleza, Ramírez Cuevas, que se perfila a tener bajo su supervisión a quien se encargue de la comunicación presidencial, es un lastre, no un activo, un obstáculo en el mejor de los casos, y un quintacolumna por definición. La forma como diseñó la mañanera, un invento de López Obrador cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, fue un instrumento muy eficaz para contrarrestar las críticas, desviar la atención de los temas relevantes y mediante el daño reputacional a medios y periodistas, quitarles credibilidad.
Lo hizo a través de mentiras y desinformación, que de manera tardía pero finalmente captó la atención en el mundo sobre lo que estaban haciendo. López Obrador fue señalado recientemente en una iniciativa de ley presentada en el Senado de Estados Unidos, como parte de una corriente en América Latina que ha utilizado esas herramientas, junto con la propaganda, para minar la gobernabilidad democrática y los derechos humanos. López Obrador fue puesto a la par de Jair Bolsonaro, en Brasil; Nayib Bukele, en El Salvador, y Nicolás Maduro, en Venezuela. También fue terreno para una campaña de desinformación pagada por el Kremlin en 13 países de la región, incluido México.
No es el ecosistema mediático que mejor le pueda acomodar a Sheinbaum, que ha dado muestras de estar menos interesada en la confrontación para polarizar y avanzar política y electoralmente, y más preocupada por gobernar de manera eficiente y estar a la altura de las muy elevadas expectativas que se tienen sobre ella. Sus espacios, cuando menos en el primer tercio de su gobierno, van a estar muy reducidos y acotados por el equipo de propaganda de Ramírez Cuevas, y la necedad del Presidente, aceptada por Sheinbaum, de sostener una mañanera diaria después del gabinete de seguridad.
Las mañaneras de Sheinbaum no serán como las de López Obrador. Sólo hay un actor político en México, y probablemente en el mundo, que tenga la capacidad para mentir sin dudar, de hablar de sinsentidos artera y cínicamente, o capotear con destreza y cara dura los hechos y las críticas, utilizando la violencia retórica para blindarse y el sarcasmo para fingir que no está alterado o afectado. Su necesidad de tener siempre un enemigo para pelearse con él y retroalimentarse no la tiene ella. Su megalomanía tampoco es inherente a Sheinbaum.
La forma como Sheinbaum va a desarrollar su política de comunicación no debería de ser un misterio si tomamos como antecedente la forma como la realizó durante su campaña presidencial y las primeras semanas de la transición, que fue puntual, profesional, transmitiendo información y contexto, y delegando en sus colaboradores los temas de su competencia, como hizo tras la presentación del primer bloque de miembros del gabinete. Cómo será su comunicación es una incógnita, porque estará rodeada de enemigos en Palacio Nacional que tratarán de incidir en ella.
Además de Ramírez Cuevas, el Presidente quiere que se queden en la asesoría presidencial Rafael Barajas, El Fisgón, el monero que ha sido su principal asesor político, y el propagandista Epigmenio Ibarra, que son parte fundamental de la radicalización del discurso de López Obrador. Si permanecen, lo harán también sus equipos que no han trabajado estrategias de comunicación sino de desinformación y propaganda, traducidas a las masas por un Presidente talentoso para transmitir mensajes de manera simple, aunque sean equívocos o falsos.
La comunicación política de Sheinbaum en el primer año que se anticipa de su gobierno –un país polarizado, sin recursos, con presupuesto atado, violencia desbordada y la renegociación del acuerdo comercial norteamericano– tiene que ser su herramienta fundamental para manejar las crisis económicas y sociales potenciales que tiene enfrente, pero no a partir del choque y la confrontación o la radicalización, a la cual sus enemigos internos querrán llevarla.

 

El 27 de septiembre de 2018, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se comprometió con los familiares de los 43 normalistas de Ayozinapa que desaparecieron en Iguala en 2014, a esclarecer el crimen, encontrarlos, y que los responsables pagaran por sus delitos. El 18 de mayo siguiente, Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación que era responsable de la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa, ratificó el compromiso del gobierno de encontrar a los jóvenes con vida y sancionar a “aquellos gobernantes que le dieron la espalda al pueblo”. Aquellas frases hoy los condenan.
A seis días de que acabe el sexenio, se puede decir que lo que hicieron fue una farsa, inventaron una “verdad alterna” que era una mentira y engañaron a los familiares de las víctimas. Los dos se embarcaron en buscar un crimen de Estado y llevar a la cárcel a generales, tenientes y soldados, y poner tras las rejas a ex funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto. El hoyo en el que están es más profundo de lo que se aprecia.
Encinas y el fiscal que escogió para el caso, Omar Gómez Trejo, fabricaron testigos y pruebas, violaron la ley y cuando el presidente ya no quiso seguir culpando a militares, construyeron la narrativa de la impunidad. El presidente traicionó a Encinas, a quien después de aprobar la investigación contra el Ejército y avalar las órdenes de aprehensión contra 16, reculó y lo sacrificó.
Esa línea que sustentaba la llamda “verdad alterna” del obra-dorato, se derrumbó. La “verdad histórica” del ex procurador Jesús Murillo Karam, que está en prisión domiciliaria acusado de encu-brimiento, desaparición forzada y tortura, ha cobrado inesperadamente nueva vida.
La Suprema Corte de Justicia determinó reponer el proceso de delincuencia organizada contra siete miembros de la organización Guerreros Unidos a quienes se les imputó originalmente el crimen de los normalistas –uno de ellos, Felipe Rodríguez Salgado, El Chereje, ya fue aprehendido–, y contra el más importante de todos, Gilberto López Astudillo, El Gil, jefe de sicarios de Guerreros Unidos en Iguala, quien ordenó que los asesinaran, como se desprende de chats interceptados por la DEA.
La decisión de la Corte revocó el criterio de oportunidad que le dieron Gómez Trejo y Encinas, que lo utilizaron como testigo central para inculpar a los militares porque, se desprende de la resolución, no aportó nada salvo el pretexto para armar lo que hoy se desmoronó, un “crimen de Estado”.
La reposición del procedimiento que pidió la Corte fue resultado de una acción de los criminales de Guerreros Unidos, que presentaron hace tiempo amparos relacionados con el incumplimiento de una sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas sobre supuestos actos de tortura, inscripción en el Registro Nacional de Víctimas y pagos por la reparación de daño, derivado de la resolución del juez Samuel Ventura Ramos, que los liberó, descali-ficando al Ministerio Público, y sentando las bases para la Comisión de la Verdad que encabezó Encinas.
Los amparos siguieron su trámite y llegaron a un tribunal de alzada, que es un órgano jurisdiccional que resuelve en segunda instancia la solicitud de una persona para revocar, modificar o enmendar la sentencia de un tribunal inferior, que se declaró incompetente. El caso terminó en la Suprema Corte, donde el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena desestimó lo que pedían y consideró, en cambio, que sí había elementos suficientes para juzgarlos.
La reposición del proceso lleva directamente a Ventura Ramos, por haber incurrido en irregularidades y absolver a 24 criminales confesos sin haber tomado en cuenta una jurisprudencia que establece que, en casos de tortura, desestime aquello que fue obtenido mediante esa ilegalidad de la autoridad, pero sin dejar de revisar si el resto del cúmulo probatorio daba para juzgar a los inculpados, para encarcelarlos, liberarlos, o incluso ordenar la reposición del proceso.
Conduce también a Gómez Trejo, para entonces fiscal para el Caso Ayotzinapa, que no presentó pruebas supervenientes para evitar la liberación de los criminales. Tampoco ordenó nuevos Protocolos de Estambul para determinar si habían sido torturados para obtener sus declaraciones inculpatorias. El gobierno de Peña Nieto había presentado los exámenes, pero era natural que no se aceptaran por ser la parte acusada de tortura. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también realizó los Protocolos de Estambul en 62 personas, pero en solo nueve dieron positivo de tortura.
Encinas y Gómez Trejo no utilizaron esos resultados, porque habrían probado su objetivo, un crimen de Estado, al no ser una acción generalizada contra un alto número de personas. Lo que hicieron, en cambio, fue reclutar a casi dos decenas de matones de Guerreros Unidos como testigos protegidos, encabezando al grupo “Juan”, como llamaron a López Astudillo, que mintió cuantas veces se lo pidieron para cuadrar las declaraciones y justificaran la acusación contra el gobierno de Peña Nieto y sentar en el banquillo de los acusados al Ejército, como institución.
Gómez Trejo renunció a la Fiscalía en el otoño de 2022 y de la noche a la mañana se convirtió en un enemigo del gobierno mexicano. López Obrador lo responsabilizó de la investigación que no le permitiría cumplir con su promesa de 2018, e incluso admitió que pudo haber manipulado a Encinas. López Obrador se ha lavado las manos de cualquier responsabilidad, pero no es ajeno a los resultados de Encinas, a quien ha querido pintar como ingenuo, también para quitarle culpas, y trasladar toda la carga a Gómez Trejo.
Al final del sexenio no se sabe dónde están los normalistas, nunca aparecieron y todo apunta que a quienes identificaron como los culpables del crimen –ex funcionarios de la PGR–, no lo fueron, de acuerdo a lo que deja entrever la resolución de la Corte. Los que sí son, los asesinos confesos de Guerreros Unidos, están regresando a la cárcel para ser juzgados, lo que significa que la base de la investigación sobre el crimen que desarrolló durante los primeros días de la desaparición el fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, se reconfirma, así como la “verdad histórica” que parece haber derrotado, seis años después, a la “verdad alterna” del obradorato.

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Qué gran paradoja estamos viendo: Claudia Shein-baum, la candidata presidencial que obtuvo el mayor número de votos en la historia desde que hay elecciones libres y competidas, será la presidenta más débil que asuma el cargo. La razón es obvia. Andrés Manuel López Obrador no quiere irse. Dejará la Presidencia, pero está aferrado al poder, y en lugar de haber permitido lo que por gravedad política sucede, el desvanecimiento del suyo y el empoderamiento de la sucesora, la acota y domina en forma y fondo.
La metáfora y a la vez anécdota la vimos en el último Grito de la Independencia, cuando tañó la campana de Dolores en 60 ocasiones y no quería terminar las arengas, y días antes, en una mañanera donde al final forcejeó con su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller que le decía que ya había terminado y sutilmente lo jalaba, sin que él quisiera dejar de hablar. La forma en él ha sido destino y el fondo un puente. Cumplirá el mandato sexenal que comprometió desde un principio y que no puede cambiar legalmente.
No le ha dado respiro a Sheinbaum, a quien hace mucho escogió como su sucesora, y la ha arrastrado por todo el país en su gira de despedida, en lugar de ser prudente con los tiempos de quien será presidenta, para permitirle trabajar en el arranque de su gobierno y articular la transición. La verdad es que no hay transición, por decisión de López Obrador, que tampoco parece concebir un nuevo gobierno, entendido como una administración que despierte ánimo y expectativas, porque la continuidad manifestada por ambos ha sido tan abrumadora que la presidenta electa ha sido reducida a administradora de su legado.
Forma y fondo. A principios de septiembre López Obrador dijo que ya había empezado la mudanza de sus libros, pero en lo general, en el departamento donde vive en Palacio Nacional y en las oficinas de la Presidencia, no se aprecian los preparativos para la llegada de la nueva inquilina. De hecho, adelantó que no se iría hasta cuando menos el último día de su gobierno, sin interesarse en las reglas no escritas donde el incumbente deja la sede oficial para que se aliste para quien va a llegar. El presidente que más se resistió a dejar la residencia oficial fue Vicente Fox, yéndose un mes y medio antes de que llegara Felipe Calderón.
López Obrador quiere seguir restregándole quién es él. En las giras a donde va obligada Sheinbaum, es testigo de primera fila para que vea cómo lo aplauden, cómo lo quieren, cómo le gritan que no se vaya, y él contesta que ella hará lo que él comenzó y la compromete a portarse bien, ya sean comunidades o militares.
Le impuso a más de la mitad del gabinete, lo que no solo es un tema cuantitativo, sino cualitativo. La Secretaría de Gobernación quedará en manos de Rosa Icela Rodríguez, que está adquiriendo un poder creciente en estas semanas más allá del control de Sheinbaum. Se quedó en la Secretaría del Bienestar Ariadna Montiel, que operó para López Obrador los programas sociales dentro de un diseño electoral que se construyó en Palacio Nacional con la participación directa de Andrés López Beltrán, el hijo del presidente, que será el operador de la maquinaria electoral de Morena. En la Secretaría de la Función Pública, que se encarga de revisar los temas de corrupción dentro del gobierno, quedó una incondicional del presidente, Raquel Buenrostro. En Educación Pública, otra secretaría política, le colocó contra sus deseos, a Mario Delgado. Sheinbaum había acordado desde el año pasado una elevada cuota de repeticiones en el gabinete, pero no más del 50 por ciento y no más allá del gabinete legal. Ilusiones.
López Obrador dejó a Zoé Robledo al frente del Seguro Social y le impuso a otro enemigo político de Sheinbaum, Martí Batres, en el ISSSTE. Como le fue muy difícil mantener a Octavio Romero Oropeza al frente de Pemex –haberlo hecho era un suicidio político y financiero– López Obrador lo dejó al frente del Infonavit, que es el único, como el Sector Salud, que tiene recursos por fuera de presupuesto para construir hospitales y vivienda, dejando también la caja abierta para respaldar operaciones político-electorales.
El presidente ha carecido de sentido mínimo de institucionalidad. Cuando el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hizo pública una carta donde dijo tener documentación que vinculaba al presidente con el narcotráfico, se comunicó con Juan Ramón de la Fuente, que será el próximo secretario de Relaciones Exteriores, para preguntarle su opinión, ignorando a su canciller Alicia Bárcena y al embajador en Washington, Esteban Moctezuma. También ordenó al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que no le dijera el destino del dinero que habían tenido los 350 fideicomisos que desapareció, ocultándole información.
Ramírez de la O refleja parte de la debilidad de Sheinbaum, al surgir versiones que quería renunciar al cargo de Hacienda que aún no asume, cuyos motivos presumiblemente eran ver las exigencias de López Obrador de seguir regalando dinero cuando está en serios problemas para poder reducir el déficit fiscal del 6 por ciento –que podría provocar la cancelación definitiva de inversiones y la salida de fondos de inversión que conllevaría a la casi segura pérdida de grado de inversión–, y perfila una crisis financiera de arranque de sexenio. Sheinbaum dijo que no se iría, pero la decisión no recae en ella, sino en López Obrador.
Es la primera vez que antes de iniciar un nuevo gobierno se filtra información de que uno de los futuros secretarios quiera renunciar, pero Ramírez de la O no fue el primero. Otro de los miembros del gabinete de Sheinbaum también le planteó la renuncia por los bloqueos que estaba recibiendo del gobierno obradorista, pero la próxima presidenta lo persuadió. Son muchas las primeras veces, los inéditos y los insólitos que se han vivido en esta transición, que no parece el relevo de un gobierno, sino de la gerencia de la empresa llamada México, dirigida ad infinitum por López Obrador.

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La llegada de Andrés López Beltrán a la dirigencia de Morena para hacerse cargo de la operación política-electoral son malas noticias para la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que desde que fue informada de su encumbramiento en el partido, no le cayó bien la noticia y a varios de sus colaboradores se les indigestó el nuevo cargo. López Beltrán, el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador más involucrado en la política y que trabajó junto a él las estrategias electorales que lo llevaron a Palacio Nacional, es una cuña para Sheinbaum y un mensaje de que su sucesión presidencial será una batalla entre la presidenta de la República y los López de Macuspana.
Falta buen tiempo para que esa lucha se materialice, pero de saque, Sheinbaum entra con desventaja. Ayer pronunció un discurso que pese a los superlativos recargados para elogiar a López Obrador, no arrancó ovaciones ni entusiasmó. Hubo aplausos tibios o de cortesía, y algunos momentos ni siquiera motivaron la corrección. Morena no le pertenece, ni le reconoce liderazgo. No se guardaron las apariencias. Hubo momentos incómodos durante la alocución de Sheinbaum, donde el discurso diseñado para que la multitud coreara el final de la frase, se estrelló con el silencio.
Más de tres mil consejeros y consejeras eligieron sin contratiempos a Luisa María Alcalde, como presidenta nacional y a su directiva, donde la única persona que sobresalió y acaparó los reflectores fue Andy López Beltrán, el nuevo poder real en el partido, como secretario de Organización, la ventanilla de donde saldrán las futuras candidaturas a puestos de elección popular, palomeadas por él y su padre, que en donde se encuentre, seguirá jugando un papel central en el destino de Morena y, a través de él, del país. “Nuestro trabajo al frente de esta secretaría”, ratificó López Beltrán al aceptar el cargo, “será mantener ese legado”.
Esa era el plan de los guardias rojos del presidente, encabezados por Rafael Barajas, el monero de La Jornada conocido como El Fisgón, el jefe de la maquinaria de propaganda Jesús Ramírez Cuevas, y el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, uno de los que perdieron contra Sheinbaum la candidatura presidencial, como se reveló en este espacio el lunes pasado cuando convencieron a López Obrador de apoyar la unción de su hijo como el factótum de Morena, para consolidar su proyecto y trascendencia histórica. No será solo eso. A través de él existirá un poder bicéfalo en el nuevo régimen.
Se vio en el Congreso Nacional del partido este domingo. La idea de los puros del obradorismo fue un diagnóstico correcto de lo que hay en Morena. Las lealtades están con López Obrador, no con Sheinbaum, y harán lo que les mande decir a través de Andy, aunque en ocasiones choque con las necesidades coyunturales de la presidenta para gobernar. El planteamiento había sido sembrado hace meses, luego que López Beltrán le expresó a su padre que su candidata no era de fiar, lo que le sembró dudas sobre su sucesora.
Una expresión clara de ello fue que cambió su discurso, de aceptar que Sheinbaum probablemente tendría que correrse al centro por razones de pragmatismo, a la radicalización de sus palabras para acotarle los espacios de maniobra. La presidenta electa acusó recibo públicamente este domingo con una exposición calca de las políticas irreductibles de López Obrador en materia energética –contrario a la moderación que ha mostrado ante los inversionistas para tranquilizarlos por la reforma judicial–, y con una narrativa de polarización, que no es usual en ella.
López Beltrán se convertirá en el comisario político del régimen, una pesadilla que tendrá que enfrentar Sheinbaum anualmente, para ir midiendo si es posible cambiar lealtades de López Obrador para ella, una vez que despache en Palacio Nacional y utilizar como herramienta de persuasión el presupuesto, para superar la primera mitad del sexenio, y superar la amenaza de la revocación de mandato.
La decisión de que Andy ocupe la posición más estratégica de Morena es, a la vez, una afrenta del presidente contra Sheinbaum. López Beltrán, con quien tuvo una relación muy cercana por años, pasó de ser su controlador político en las elecciones para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México hace seis años, a un adversario en las elecciones capitalinas de este año. El hijo del presidente fue uno de los bulldozers que derrumbó al candidato de Sheinbaum al cargo, Omar García Harfuch, y operó junto con los guardias rojos del obradorismo a favor de Clara Brugada.
El cerco obradorista en torno a Sheinbaum se ha ido cerrando. Inicialmente López Obrador iba a tener su única testaferra en la presidencia de Morena a Luisa María Alcalde –hija de Bertha Luján, su eficiente operadora por un cuarto de siglo–, pero vieron en el círculo íntimo de los guardias rojos, que no era suficiente. López Obrador no confiaba en su capacidad, pero con los guiños de Sheinbaum al sector privado que motivaron la radicalización de su narrativa, se consideró que tampoco sería funcional. Alcalde no serviría de parapeto, ni tampoco con la fuerza que frenara que la presidenta, por necesidades coyunturales, se desviara del guion escrito por López Obrador.
En una columna publica en este espacio en febrero de 2018, se mencionó que si los partidos en el mundo no son democracias sino estructuras verticales, en el caso de Morena su conformación era más monárquica. La verticalidad unipersonal es autoritaria y el manejo simulado para acceder a puestos de elección popular aquellos que han sido tocados por la mano de López Obrador, no permite juego interno entre facciones. El poder, como son las monarquías, no se entrega mediante el ejercicio democrático o por el sistema de méritos, sino que se cede a su misma sangre. Hace seis años y medio, no había condiciones para el nepotismo ni necesidad de consolidar el legado. Hoy, donde las condiciones están creadas, es totalmente diferente y Andy, como fue siempre, es el primero en la línea de sucesión del obradorismo.

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Desde finales del año pasado, Andrés Manuel López Obrador, su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y su jefe de propaganda, Jesús Ramírez Cuevas, estaban convencidos que una vez que terminara su Presidencia se convertiría en el líder de América Latina. ¿De dónde sacaba esa idea? De los sueños de grandeza que alimentaban su respetable ego. López Obrador quería convertirse en guía moral y político de la región, sin hacer nada importante y trascendente para ello.
Regalar árboles en Centroamérica, no era el camino, aunque lo planteara de forma demagógica como lo contrario. Ausentarse de las grandes reuniones internacionales –el G-20, las asambleas de las Naciones Unidas o cumbres regionales–, escudando sus complejos en que tenía cosas más importantes que hacer en México, lo fueron aislando. Batallas pírricas y absurdas como exigir a España que ofreciera perdón por la Colonia, o pelearse con Austria por el famoso penacho de Moctezuma del cual no hay evidencia que haya sido del emperador azteca, no lo hicieron ver serio sino como un político bananero.
Designar embajadores para deshacerse de ellos, no por cumplir con el perfil adecuado –como Esteban Moctezuma en Washington–, o por complacer caprichos familiares –como Josefa González Blanco en el Reino Unido o Blanca Jiménez en Francia–, o protegidos por la familia presidencial –como Eduardo Villegas en Rusia–, fue una señal del poco interés que tenía López Obrador en las relaciones con el mundo. Su ignorancia y limitaciones conceptuales en asuntos internacionales, y haberse recargado en un pequeño grupo de incompetentes que lo asesoraron en política exterior, lo encerraron en una pecera donde solo se veía a sí mismo.
López Obrador nunca va a ser líder de nada fuera de México, ni será reconocido como él cree que se merece. Hay referencias en la prensa extranjera donde lo ridiculizan por acciones que consideran irracionales o extravagantes, y críticas recientes por algunas de sus reformas constitucionales que son vistas como cargas de profundidad contra la democracia, donde pintan su proclividad autocrática, que tampoco le han granjeado respeto, y mucho menos admiración. El problema es que esto no se quedará en él allá en Palenque, sino afecta la imagen de México y está arrastrando a su sucesora Claudia Sheinbaum.
Los síntomas de la pérdida de gravitas de México en el mundo se aprecia en la relación de invitados a la toma de posesión de la primera presidenta que tendremos. Cuantitativamente ha sido muy pobre la respuesta a la convocatoria. Se corrieron invitaciones a 208 dignatarios –se excluyó a los presidentes de Perú y de Ecuador, aunque se entiende porque no hay relaciones diplomáticas con el presidente Daniel Noboa–, y hasta ahora solo han confirmado 16 líderes. Cualitativamente también deja mucho que desear.
Los socios comerciales en Norteamérica han mostrado desdén. Justin Trudeau, primer ministro de Canadá no ha confirmado, ni nadie de su gobierno. El presidente de Estados Unidos –que nunca asiste a ninguna toma de posesión en el mundo– Joe Biden, enviará solo a su esposa Jill, a diferencia de la toma de posesión de López Obrador, cuando asistieron en representación del presidente Donald Trump su hija Ivanka y el vicepresidente Mike Pence, y en la de Enrique Peña Nieto, donde el representante de la Casa Blanca fue el vicepresidente Biden. No ha confirmado ningún jefe de Estado o de Gobierno europeo, y destaca la ausencia del rey Felipe de España, pues esa monarquía ha estado presente en todas las tomas de posesión en este siglo.
Confirmaron su asistencia el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el primer ministro de Belice, John Briceño, que son los otros dos países que tienen frontera con México, así como el presidente de Cuba, la frontera estratégica mexicana, Miguel Díaz-Canel, manteniendo la práctica de los líderes cubanos que desde Fidel Castro, que asistió a la toma de posesión de Carlos Salinas, suelen participar en la ceremonia.
Ningún líder de un país miembro del G-20, que reúne a las 20 economías más poderosas del mundo, salvo Luis Inazio Lula da Silva de Brasil, han confirmado su participación hasta el momento, y con la excepción de Gabriel Boric y Gustavo Petro, presidentes de Chile y Colombia, ningún otro dignatario de los 38 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. De otro de los grandes bloques internacionales a los que pertenece México, la OPEC+, sólo anunció su presencia el presidente de Libia, Mohamed Yunos Al-Menfi.
Entre las confirmaciones están aquellos que forman parte del eje ideológico de López Obrador, Xiomara Castro, presidenta de Honduras, y Luis Alberto Arce de Bolivia, además de algunos dignatarios que aceptaron la cortesía diplomática de Sheinbaum, pero sin peso específico en la geopolítica mexicana, como los primeros ministros de Dominica, Roosevelt Skerrit, y de Santa Lucía, Philip Joseph Pierre, y la consejera presidenta del Consejo Presidencial de Haití, Régine Abraham, pero sin estar presente el líder de la Comunidad del Caribe, que podría haber dado otra dimensión con esa región.
En el comunicado de la oficina de Sheinbaum anticiparon su expectativa que se sumen otros cuatro vicepresidentes y 17 ministros del Exterior, así como titulares de organismos internacionales, de los cuales no anunciaron nombres por encontrarse en el proceso de confirmación.
La lista es pobre en número y calidad estratégica, lo que sorprende por el enorme interés que despertó la victoria de Sheinbaum en las elecciones al convertirse en la primera mujer presidenta del bloque comercial más importante del mundo. No parece hasta ahora que exista interés especial en establecer un vínculo con ella, ni tampoco refleja el poco interés mostrado hasta ahora, o que México tenga peso político pese a ser la 12ª economía del mundo.
López Obrador está logrando otro efecto transexenal contra Sheinbaum al haberse convertido en un líder prescindible para el mundo y lastimar su imagen antes de que tome posesión. Faltan 11 días para la ceremonia, pero se agota el tiempo para que su equipo confirme a líderes con presencia e influencia en el concierto internacional, porque tiene que quitarse lastres y comenzar a ser ella, sin ataduras.

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La guerra intestina en el Cártel de Sinaloa que se libra desde hace 11 días, que comenzó en Culiacán y se ha extendido a prácticamente todo el estado, metió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mayor contradicción de su estrategia de seguridad, no solo porque está estallando en pedazos en los últimos días de su sexenio, sino porque la descomposición en esa organización criminal que detonó la captura de su jefe máximo, Ismael El Mayo Zambada, lo dejó en medio del conflicto del grupo criminal con el cual fue tolerante, además de beneficiario del combate contra sus rivales del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El presidente y los altos jefes militares están enredados. El general Jesús Leana Ojeda, comandante de la 3ª Región Militar en Sinaloa, dijo el lunes que la paz en el estado estaba en manos de las facciones del Cártel, que el presidente no quiso desmentir ayer cuando le preguntaron sobre los dichos, y se limitó a señalar que su gobierno estaba trabajando en la protección de la población. Qué significa y qué alcance tiene esa protección, no precisó.
La economista Cristina Ibarra analizó en Ríodoce el impacto económico de lo que está provocando la guerra: en 2020, un día de actividad económica equivalía a mil 800 millones de pesos, pero al pararse en seco por esta guerra, las pérdidas diarias podrían llegar a cuando menos 900 millones de pesos, al dejar de trabajar con normalidad más de 700 mil personas, la mitad de la fuerza laboral. El Debate reportó que el sector más afectado ha sido el transporte público porque los grupos en conflicto secuestran las unidades y las incendian. El transporte de carga y turístico ha sufrido al evitar la circulación por la carretera federal 15, una de las vías más importantes de comunicación, pero bañada por el conflicto.
El secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, dijo que el gobierno desconocía qué información tenían los grupos leales a Zambada y a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán sobre las circunstancias de la detención del Mayo, y sugirió que podrían estar especulando sobre lo que sucedió. El general desmintió en su cara al presidente. López Obrador ha explicado la violencia en Sinaloa a partir de la captura de Zambada y su posterior carta acusando a los hijos del Chapo de traición, a la cual él y la Fiscalía General de la República, que inició carpetas de investigación sobre sus dichos, le han dado total credibilidad.
El choque de declaraciones esconde la información que tienen sobre la captura de Zambada, que proviene de fuentes del Cártel, que no pueden revelar ni actuar en consecuencia. Datos nuevos sobre la extracción del Mayo señalan a un grupo de oficiales y soldados que participaron en la seguridad perimetral del comando que lo detuvo, y que en un aeródromo que tienen bajo control clonaron la matrícula del avión en que lo transportaron ilegalmente a Estados Unidos desde otro aeródromo que también tienen bajo su cuidado.
La información apunta a que esos militares actuaron a espaldas de sus superiores, pero el gobierno está atrapado en sus propias contradicciones. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que inició una carpeta de investigación contra Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo a quien Zambada acusa de haberle puesto una trampa, por el presunto delito de traición a la Patria, no puede abrir otra contra los militares involucrados en su captura por la misma razón. Tampoco puede hacerlo contra funcionarios de Migración en Sinaloa y Tamaulipas, un estado que fue parte de la ruta que siguió el avión que trasladó a Zambada. Admitirlo sería reconocer que un comando estadunidense operó sin autorización en territorio mexicano, que obligaría a López Obrador a tomar medidas diplomáticas extremas, lo que no quiere y prefiere tragarse la realidad de lo que sucedió.
Tampoco puede el gobierno ir contra el gobernador Rubén Rocha Moya, a quien involucró Zambada con el Cártel de Sinaloa, y que de acuerdo con la información que tienen varios de sus miembros al gobierno, traicionó a su jefe al entregarlo a Estados Unidos –no está claro si hizo lo mismo con Guzmán López. El gobernador, según fuentes de primer nivel, sí tenía relación con el Cártel de Sinaloa y era el enlace político-electoral de la Ciudad de México con El Mayo. Rocha Moya ha negado cualquier vinculación con los narcotraficantes, pero su vida, por la imputación de Zambada, está en peligro.
Rocha Moya, según la información confirmada en la carta de Zambada, tenía nexos con las dos facciones del Cártel, al que varias políticas del gobierno beneficiaron. Una carretera que comunica a Badiraguato, donde nacieron varios de los más importantes narcotraficantes, a Parral, Chihuahua, cruzando la sierra, que con territorios controlados por las milicias de El Mayo, ha facilitado el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. A Los Chapitos se les advirtió desde el gobierno que había fuertes presiones de Washington para acabar con el fentanilo y les pidieron que dejaran de producirlo. Lo hicieron por breve tiempo, y luego de que regresaron a lo mismo, altos funcionarios de ese país concluyeron que el gobierno de López Obrador los estaba engañando y dejaron de hablar con él.
La guerra que estalló en Culiacán los dejó descolocados y profundamente desinforma-dos, o intentando encubrir y controlar daños. El general Sandoval dijo el miércoles que hasta la sexta semana tras la captura de Zambada tuvieron señales que se preparaban enfrentamientos, aunque el 12 de agosto, a casi tres semanas de la detención, The Wall Street Journal reveló que las dos facciones del cártel estaban comprando armas y reclutando sicarios para los enfrenta-mientos que venían.
A esta historia, definiti-vamente, le faltan muchos episo-dios.

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