Ninguna gracia le hizo a la presidenta Claudia Sheinbaum que durante un foro en la Escuela de Derecho de Harvard –que ocupa el primer lugar en el ranking de facultades de Derecho en Estados Unidos–, estallaran en risas cuando el ministro de la Suprema Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena habló de los requisitos para aspirar a ocupar una de las sillas en el máximo tribunal constitucional. “Nadie se burla de los mexicanos y las mexicanas”, exclamó molesta Sheinbaum. “El pueblo de México tomó una decisión”, agregó, para recordar que el mandato en las urnas le dio la posibilidad a su partido para que la decisión de qué es legal, quien se muere en la cárcel o quién salga libre pese a ser culpable, lo tomen quienes iniciaron su carrera a la Suprema Corte con un promedio de 9 en la escuela, un ensayo y cinco cartas de recomendación de, por ejemplo, sus vecinos.
Arrebatada, demandó que la Escuela de Derecho de Harvard hiciera una investigación sobre la corrupción del Poder Judicial mexicano, aunque quienes se burlaron de los requisitos fueran alumnos no la institución. Pero no le importó, como tampoco para seguir con la mentira de que la elección de jueces por el voto popular existe en Estados Unidos, cuando en realidad ningún juez o magistrado federal es selecto por ese mecanismo, y menos todavía un ministro de la Corte. Sheinbaum lo sabe, pero quiere desviar la atención, evadir las críticas… y las mofas. Las risas probablemente habrían sido más sonoras, si Gutiérrez Ortiz Mena les hubiera contado el proceso mediante el cual se despedirá a cientos de juzgadores. Describir el uso de una tómbola para algo tan serio, como el futuro de la nación, debe ser mucho más complejo de explicar.
La indignación de Sheinbaum contra el pitorreo por la explicación del ministro durante una plática el 14 de octubre en el Wasserstein Hall, es parte de la confrontación que tiene el Ejecutivo contra el Poder Judicial, porque la jueza Nancy Juárez Salas le ordenó a la Presidenta eliminar la promulgación de la ley que reforma el Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación. Fue una suspensión definitiva, porque el primer freno que emitió, el 12 de septiembre, lo ignoró López Obrador.
Sheinbaum se negó el viernes a acatar el mandato de la jueza, lo que en la práctica significa un desacato. Esta acción, viniendo de la Jefa del Estado Mexicano, fue ampliamente criticada al sentar un pésimo ejemplo. Si ella se niega a cumplir una orden judicial, ¿qué impide que nos neguemos a pagar impuestos? La presidenta argumentó ayer que el juicio de amparo que otorgó la jueza es improcedente contra adiciones y reformas a la Constitución. Este alegato abriría una discusión de interpretación jurídica interesante, salvo que existen precedentes de que la jueza sí está dentro de sus facultades, por lo cual sí cometió desacato.
Hay dos precedentes relevantes que lo explican:
1.- En 2014, Ernestina Godoy, que actualmente es su consejera jurídica, Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, y Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, promovieron un amparo contra la aprobación, publicación y entrada en vigor de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto, y pedían revisar el proceso.
2.- Arturo Zaldívar, como ministro de la Corte y actualmente miembro del staff presidencial, tuvo una intervención donde afirmaba que las mayorías legislativas tenían límites y la Corte la facultad y la obligación de ponerle freno a una reforma constitucional, utilizando una figura retórica como ejemplo: “(Si) el día de mañana el poder revisor puede establecer en la Constitución la tortura, los azotes, la pena de muerte, los tratos inhumanos, la esclavitud… ¿este tribunal no podría hacer absolutamente nada? A mí me parece que… no solo tenemos atribuciones (sino) la obligación de interpretar la Constitución armónicamente”.
Pero el argumento más contundente de que la jueza está bien y la Presidenta mal, es una sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte del 19 de septiembre de 2012, donde el ministro era Zaldívar y su secretario Javier Mijangos y González, donde afirman que ese tribunal, como garante de la Constitución, puede hacer uso de lo que se ha denominado “la competencia de la competencia”, que significa la facultad para determinar por sí misma los límites que circunscriben sus funciones y, en general su competencia.
Sheinbaum no está reaccionando bien. Ayer declaró que está en marcha “una nueva campaña” que busca insistir en que no existe en México el Estado de derecho, mientras que la aplanadora de Morena intentó una especie de golpe técnico contra la Suprema Corte. Mediante una enmienda constitucional, cuyo borrador está firmado por los coordinadores en el Senado y la Cámara de Diputados, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, así como por los presi-dentes de ambas, Gerardo Fernán-dez Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, pretenden cancelarle a la Corte sus atribuciones para que no pueda tocar la reforma judicial ni los amparos. Esta iniciativa, que tam-bién afecta a millones de mexicanos, es exactamente lo contrario a lo que denuncia Sheinbaum; están apuntalando un país sin certidumbre ni garantías jurídicas.
Los mensajes que está enviando son ominosos y contradictorios. Apenas hace unos días, ante decenas de empresarios, dijo que no tenían de qué preocuparse, porque la certidumbre jurídica estaba garantizada. Sheinbaum no está teniendo una asesoría jurídica adecuada, sustentada en la política y la ideología. Quienes la asesoran en materia de la reforma judicial en Palacio Nacional son Godoy y Zaldívar. Monreal es un constitucionalista. Godoy, Zaldívar y López, decían lo opuesto cuando no estaban en el poder. La aritmética política de estas posiciones es que la ley es legítima cuando los beneficia, y cuando no va de acuerdo a los intereses coyunturales del régimen, es ilegítima.
Sheinbaum cree en lo que le dicen y se está equivocando. No se da cuenta, en la pecera de Palacio, que la están llevando a cometer una ilegalidad y una traición a la Patria, y que solo ella terminará pagando los costos de sus extralimitaciones.

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Estamos viendo en tiempo real cómo se escribe la página más importante de la narcopolítica en México en una generación. Los protagonistas son, aquí, el fiscal general Alejandro Gertz Manero y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y en Chicago, los hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos de El Chapo Guzmán. La trama muestra el quiebre del poderoso Cártel de Sinaloa, producto de, una vez más, traiciones internas y guerras fratricidas, que no se vivían desde que Ismael El Mayo Zambada traicionó al Chapo, su socio y compadre y contribuyó a que un comando de élite de la Marina, con el apoyo logístico de la DEA, la CIA y el Departamento de Alguaciles, lo detuviera en 2015.
Gertz Manero difundió el domingo un comunicado donde no aportaba ninguna novedad sobre la captura de Zambada, pero ratificaba sus dichos sobre la traición de Joaquín hijo, de una reunión con los exrectores de la Universidad de Sinaloa, Rocha Moya y el diputado federal Héctor Nemesio Cuén, y del asesinato de este último. El boletín informativo que no informaba, agregaba a lo irregular por el día de su difusión, lo cual se puede explicar porque este lunes, Ovidio iba a tener una nueva audiencia en la Corte Federal de Chicago donde lo importante no estaba en el desahogo ante la jueza sino en lo que reveló su abogado, que sus clientes están negociando con los fiscales estadunidenses un acuerdo de colaboración.
Esta dinámica del uno-dos establece dos bandos. Uno, el mexicano, donde el apoyo implícito es por El MayoZambada, a quien le dieron credibilidad a sus dichos en una carta que difundió en las redes sociales casi dos semanas después de su captura, y denuncia la traición de Los Chapitos. El otro, el estadunidense, donde el respaldo es para Los Chapitos, con quienes tuvieron deferencias desde antes de la captura del jefe del Cártel de Sinaloa, al trasladar a Ovidio de una cárcel a una casa de seguridad 48 horas antes de que oficialmente su hermano entregara a Zambada a las autoridades estadunidenses, quien también fue llevado a otra casa de seguridad –¿o sería la misma?– en lugar de ingresar a la prisión.
En medio de todo esto quedó Rocha Moya porque quedó expuesto y desprotegido. La carta de El Mayo le colocó el rayo láser sobre la frente al mostrarlo como un intermediario regular de las diferentes facciones del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, en los dichos de Zambada, queda colocado del lado de Los Chapitos, pues en la narrativa que hizo pública el capo mayor, es el único que, o no fue detenido en Estados Unidos, o está muerto, como Cuén, con quien tenía una enemistad tan profunda, que en un video reciente lo hizo responsable de cualquier cosa que pudiera pasarle.
Rocha Moya ha negado que hubiera sido invitado a esa reunión, más aún que hubiera estado presente. Ha insistido que viajó a Los Angeles, pero la única información que está documentada en los informes de inteligencia del gobierno mexicano, es que quien viajó en el equipaje de una tercera persona era su teléfono celular –para que pudieran reastrearlo mediante el GPS–, junto con 15 miembros de su familia y amigos muy cercanos, que viven en uno de los condados angelinos. No obstante, la relatoría reincidente de la Fiscalía General del domingo, lo pone no solo en entredicho sino en calidad que podía interpretarse como de una traición, como lo sugiere en su carta Zambada. ¿O existe una interpretación alterna?
La declaración de El Mayo dice fue invitado a una reunión a un rancho llamado “Huertos del Pedregal”. El comunicado de la Fiscalía lo corroboró. Zambada dijo que ahí vio a Cuén y que ahí fue asesinado. La Fiscalía afirma que en el rancho encontraron sangre que corresponde a la del diputado. En la carta señala que fue engañado y emboscado por Joaquín. El boletín de la Fiscalía dice que en “la desaparición forzada de varias personas… (está) vinculado directamente Joaquín”. Zambada aseguró que también asesinaron en el rancho a Rodolfo Chaidez, que era uno de sus guardaespaldas. El comunicado oficial informa que en el automóvil que se utilizó para fingir la muerte de Cuén en una gasolinera lejana al rancho, se encontró sangre que correspondía a “Rodolfo”.
El Mayon negó la versión de la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa que Cuén hubiera muerto por los disparos de dos personas que iban en una motocicleta y le querían robar la camionera, que llamó una “falsa historia”. La Fiscalía dijo en el comunicado que la versión de las autoridades sinaloenses era un “montaje” y que buscaba fincar responsabilidades penales y administrativas a policías, ministerios públicos, peritos y otros funcionarios de la fiscalía estatal. Es decir, Zambada tenía razón; Rocha Moya mintió.
Gertz Manero sabía hace tiempo que el gobernador lo estaba engañando sobre lo que había sucedido y en dos ocasiones se lo dijo al expresidente Andrés Manuel López Obrador, que le pidió que apoyara al gobernador. ¿Por qué razón? Rocha Moya era el enlace de Palacio Nacional con Zambada para asuntos político-electorales. Lo que López Obrador no sabía, según un informe de inteligencia, era que Rocha Moya, para obtener inmunidad para él y su hijo en Estados Unidos, traicionó al Mayo.
El uno-dos de la Fiscalía y la audiencia de Ovidio refleja también en dónde están paradas las partes. Los Chapitos y Rocha Moya están alineados a los intereses de Washington. Zambada, su hijo y sus aliados que están en guerra contra los hijos del Chapo, tienen el respaldo implícito del gobierno mexicano. La historia está escribiéndose.
Falta el siguiente paso de Gertz Manero para alcanzar a Rocha Moya, y que declare sobre su responsabilidad en los sucesos del 25 de julio, cuando capturaron a Zambada, aunque no tiene margen de maniobra por el “montaje” sobre el asesinato de Cuén. Solo Los Chapitos podrían salvarlo si declaran que no tenían relación con él, pero la colaboración con Estados Unidos, sin embargo, pasa por que revelen qué funcionarios en Sinaloa y la Ciudad de México, los protegían.

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Distraídos por lo que sucede en Sinaloa, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Sonora y Michoacán, nos hemos olvidado de lo que está sucediendo en Chiapas, donde
como en ningún otro estado salvo en donde desgobierna Evelyn Salgado, una alianza del crimen organizado, con autoridades estatales y partidos políticos está realizando desplazamientos forzados para quedarse con tierras que desde hace tres décadas trabajaban las comunidades zapatistas y empujando a una lucha armada. “No es exageración”, escribió el viernes pasado Luis Hernández Navarro, director de las páginas de opinión de La Jornada y profundo conocedor de la problemática en ese estado, “en Chiapas la guerra civil llama a la puerta”.
Su afirmación, respaldada al día siguiente por un comunicado del Ejército Zapatista de Liberación firmado por su jefe, el Subcomandante Moisés, no parece ser exagerada ni alejada de la realidad. Obedece a una agresión que comenzó hace varias semanas en el poblado zapatista “6 de Octubre”, que pertenece al Caracol de Jerusalén, que hasta finales del año pasado fue la forma como se organizaban administrativamente las comunidades autónomas zapatistas, y que fueron desaparecidos, explicó en su momento Moisés, por la ocupación de los “sicarios” del crimen organizado, que realizan bloqueos, asaltos, secuestros, cobro de piso, reclutamiento forzado y balaceras, con el padrinazgo del gobierno de Rutilio Escandón.
No era algo nuevo. La violencia había estallado hacia más de un año en las comunidades lacandonas, vecinas a la frontera con Guatemala, y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador respondió con el envío de guardias nacionales, que fueron meros espectadores. En Chiapas, el silencio institucional fue criminal. En ese territorio, la disputa es entre los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y una facción de ambos que se denomina Chiapas y Guatemala, y los militares, según denuncias de las comunidades, habían tomado partido por alguno de los cárteles.
La agresión en contra del poblado zapatista “6 de Octubre”, sin embargo, como calificó Hernández Navarro, “es un parteaguas en esta escalada de violencia” –les están quitando sus tierras, sus pocas propiedades, y empujándolos a la nada. En su comunicado, afirma que pobladores de Nueva Palestina reclamaron la propiedad de las tierras del poblado “6 de Octubre” –fundado hace 25 años en tierras ocupadas por el movimiento zapatista–, con el respaldo de las autoridades municipales de Ocosingo, controlado por el Partido Verde, y del gobierno de Escandón –que pertenece al grupo original que apoyó a López Obrador en Tabasco desde principio de los 90. Hernández Navarro identificó al síndico verde Martín Martínez, como uno de los operadores del asalto.
Moisés dijo que las amenazas fueron “subiendo de tono” hasta in-cluir la presencia de personas de Nue-va Palestina con armas largas de alto poder, que amenazaron con violar mujeres, quemar casas, y robo de pertenencias, cosechas y animales. Hernández Navarro especificó: “Desde junio de este año, desco-nocidos portando armas de distintos calibres y con uniformes de color negro recorrieron el poblado, ame-nazaron a sus habitantes y tomaron fotos. Días después, a dos bases de apoyo zapatistas que salieron a jornalear les advirtieron que tenían que irse de la comunidad o los iban a sacar por ‘la mala’. Un dron ha sobre-volado el pueblo. El 23 de septiem-bre, los atacantes levantaron chozas en el pueblo y se dedican a intimidar a los simpatizantes rebeldes.
“Algunos lacandones (incluyen-do autoridades) se han asociado al crimen organizado. En su territorio descienden avionetas cargadas con cocaína. En Frontera Corozal y en Nueva Palestina algunos comuneros, una minoría muy adinerada, son ‘polleros’ y venden alcohol (actividad vinculada a la explotación sexual de centroamericanas migrantes). Están armados. Han acaparado tierras mediante préstamos leoninos y controlan indirectamente programas sociales como Sembrando Vida, rentando hectáreas de ‘su’ tierra a campesinos que carecen de ella, para que participen del programa y las trabajen”.
Las denuncias de Moisés y Her-nández Navarro, son puntuales. La del periodista debe ser reproducida para llamar la atención del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, porque las alertas de esa tragedia en la prensa nacional desde hace casi dos años fueron ignoradas por López Obrador, que abandonó las comu-nidades, se mostró negligente ante el avance del crimen organizado, y apoyó a Escandón, que sumió a Chiapas en el peor momento de su historia moderna.
“Secuestros, asesinatos, amena-zas de muerte y bloqueos se ex-tienden por todo el territorio”, es-cribió Hernández Navarro. “Apenas el pasado 30 de septiembre, un co-mando armado incendió la presi-dencia municipal de Benemérito de las Américas. En las regiones Sierra y Frontera los combates entre cárteles se suceden sin interrupción, mientras miles de pobladores se encuentran desplazados. El 9 de octubre, en Ixhuatán se produjo un fuerte enfrentamiento armado, con un saldo de al menos dos muertos. Pobladores tomaron el chalán Rizo de Oro exigiendo la presentación con vida de cuatro pescadores desaparecidos. Migrantes fueron baleados por el Ejército en Villa de Comaltitlán”.
El senador verde Luis Armando Melgar urgió el sábado la inmediata intervención del gobierno de Escandón y el establecimiento de una mesa de diálogo que neutralice la amenaza contra la comunidad “6 de Octubre”. Eso no sucederá con el gobernador siendo cómplice de los criminales. La presidenta Sheinbaum tiene que intervenir. La protección que le dio López Obrador a Escandón no puede ser parte de la continuidad del régimen que propone Sheinbaum. La connivencia de las autoridades locales y federales en Chiapas tampoco puede sostenerse.
Hace tres años se publicó en este espacio que la degradación de la vida social y el empeoramiento de la seguridad se estaba agravando aceleradamente. No se hizo nada, pese a que Chiapas está ubicado en una posición estratégica para México y en su frontera, la segunda más grande que tenemos, se dijo en su momento, se juega la gobernabilidad. Hoy, Chiapas vive en la ingobernabilidad y la vida la determinan tres cárteles trasnacionales. Chiapas era un cinturón de contención de esas organizaciones, y hoy es propiedad de ellas. Eso puede cambiar, si toma la decisión Sheinbaum, o cerrar los ojos como su mentor y dejar que el crimen organizado continúe su avance por el país hasta llegar, en algún momento, al Zócalo.

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Dispararle al mensajero es un recurso que utilizan los políticos para esconder deficiencias de su actuar, errores, actos criminales o encubrimientos. Y eso fue lo que hizo esta semana el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuando dijo que dos periodistas, Luis Chaparro y Azucena Uresti, habían puesto en peligro su vida. El primero por publicar lo que sus fuentes de información –que a lo largo del tiempo han probado ser bastante confiables– le dijeron que no había evidencia que hubiera entrado a Estados Unidos el mismo día en que Ismael El Mayo Zambada, el jefe del Cártel de Sinaloa, lo ubicó en la reunión en donde lo capturaron. La segunda, por retomar la revelación y entrevistar a Chaparro.
Rocha Moya sintió que publicar que no estaba donde dijo que estaba, lo colocaba en una situación de riesgo. Curioso que el gobernador enfilara sus críticas y denuncias contra periodistas que solo estaban haciendo su trabajo. Chaparro, en un ejercicio de periodismo básico –que paradójicamente suele no hacerse en México–, buscó checar la información. Uresti, que ha buscado 12 veces al gobernador para que dé su versión de los hechos, no le ha tomado el teléfono. Los periodistas no lo pusieron en riesgo; al revés. Tras su señalamiento, Chaparro recibió amenazas de muerte.
Lo que ocultó el gobernador con esa fuga hacia delante fue el fondo de esta discusión. Quien le prendió fuego a su hoguera fue El Mayo Zambada, que en una carta pública señaló que Joaquín, el hijo de su viejo socio Joaquín El Chapo Guzmán, le tendió una trampa al invitarlo a una reunión como mediador entre Rocha Moya y el diputado Héctor Melesio Cuén, para resolver un enconado conflicto entre ellos por el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde ambos fueron rectores.
La UAS ha sido el vórtice de la política en el estado, con grupos radicales en diferentes momentos de su vida y, en los últimos años, una de las cajas negras donde se encuentran algunas claves del narcotráfico. Desde hace tiempo la universidad estaba en disputa entre las facciones que respondían a Rocha y a Cuén, y el conflicto llegó al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que instruyó al gobernador en diciembre que lo solucionara, lo que sucedió después de la captura y el asesinato de Cuén en el lugar de la reunión, la persecución de las autoridades universitarias por parte de la Fiscalía de Rocha Moya, y una nueva Ley Orgánica en la UAS que raya en la ilegalidad.
Rocha Moya ha negado las afirmaciones de Zambada, pero la Fiscalía General de la República investigó algunos de sus señalamientos y corroboró que había existido ese encuentro y que el asesinato de Cuén no fue como aseguró la fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñonez, sino que el crimen fue en el rancho donde el capo dijo que había estado también el gobernador. Extrañamente, ni él ni ella han sido investigados por su presunta responsabilidad en los hechos. Por el contrario, López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, lo han respaldado incondicionalmente.
Todavía como presidente, López Obrador le pidió al fiscal Alejandro Gertz Manero que hablara con el gobernador, que según una queja posterior, solo le había dicho mentiras. Gertz Manero le dijo a López Obrador que tenía sospechas que no había viajado a Los Angeles, como aseguraba, a lo cual se agregó un dato posterior de que Rocha Moya había enviado su dispositivo móvil a Estados Unidos, para que el GPS mostrara que sí había viajado. Lo que hizo Chaparro fue corroborar lo que ya le habían informado al entonces presidente.
El gobierno de Estados Unidos no ha aportado ninguna información o documentación sobre la captura de Zambada o sobre Rocha Moya, quien de acuerdo con un informe que le dieron a López Obrador, efectivamente organizó la emboscada contra el capo y entregó al jefe del Cártel de Sinaloa a los estadunidenses. La carta de Zambada refleja la molestia contra el gobernador, y lo señala claramente como un político que tenía una relación estrecha con él y con Los Chapitos.
Señalar a Chaparro y a Uresti como las personas que ponen en riesgo su vida es un absurdo. Su vida sí corre peligro, pero no por los periodistas sino por la denuncia de Zambada, por lo que considera el jefe del Cártel de Sinaloa como una traición. Informes que tienen en Palacio Nacional plantean la posibilidad de que pueda ser objeto de un asesinato.
Pero Rocha Moya no está solo. De manera inexplicable Sheinbaum le ha mantenido su respaldo y echó a la prensa la responsabilidad primaria de investigar si había viajado o no a Los Angeles. Esto es una omisión de sus responsabilidades. El gobierno, a través de su Fiscalía y los ministerios públicos, es el que tiene la obligación legal de investigar a Rocha Moya y sus presuntas relaciones con el Cártel de Sinaloa, no la prensa, que por lo demás, es la única que ha ido aportando datos sobre este caso.
La indolencia gubernamental tiene fecha de caducidad. Este viernes, en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, El Mayo Zambada escuchará las acusaciones que tiene la Fiscalía en su contra. La audiencia será breve, y podrá declararse inocente o culpable, o incluso allanarse. Será el principio de un juicio donde surgirán probablemente nombres de personas en México, de todos los sectores, con quienes tuvo relación o que estuvieron en la nómina del Cártel de Sinaloa durante más de 30 años.
El Mayo Zambada ya comenzó a platicar con los fiscales en Brooklyn y para Rocha Moya y para la presidenta que lo respalda, la probabilidad de que repita la acusación que adelantó en su carta pública, es enorme. Peor aún para ambos, vista la experiencia del juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, recién sentenciado a 38 años de cárcel por haber trabajado en favor del Cártel de Sinaloa, lo que diga Zambada, contra quien desee él o los fiscales, podrá ser tomado como verdad aunque no presente prueba alguna de sus dichos.

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Genaro García Luna, el más poderoso secretario de Seguridad Pública que haya tenido México, fue sentenciado ayer a 38 años de cárcel por haber trabajado para el Cártel de Sinaloa y recibir millones de dólares de la organización criminal. García Luna pensaba que le iban a dar de tres a cuatro cadenas perpetuas. La fiscalía pidió una cadena perpetua, mientras la defensa solicitó 20 años. La decisión del juez Brian Cogan de la Corte del Distrito Este de Brooklyn, sorprendió a todos. La sentencia no dice mucho de lo jurídico –era un caso juzgado–, pero mucho en lo político, y renovará el flagelo contra García Luna, cuya personalidad le generó numerosos enemigos, y azuzará las críticas contra quien fue su jefe, el expresidente Felipe Calderón.
García Luna tenía semanas de haber preparado a su familia que este sería el desenlace del juicio porque sabía que la moción que presentó para la anulación del juicio sería muy difícil que la ganara. La moción, sin embargo, sirvió para que la defensa comenzara a preparar los alegatos de las apelaciones, que serán presentadas en breve, contra la condena del jurado popular y contra la sentencia de Cogan, sustentadas ambas en la violación del debido proceso.
El abogado de García Luna, César de Castro, presentará una apelación contra el veredicto del jurado popular que lo encontró culpable, y otra apelación ante un tribunal de pleno derecho, para que se desahoguen las pruebas de perjurio de los testigos cooperantes que presentó, pero ni Cogan ni los fiscales revisaron, aunque alegó que habían incurrido en ocho violaciones a las obligaciones Brady, que obliga a los acusadores a revelar toda la evidencia incriminatoria o exculpatoria en su poder para garantizar el debido proceso.
Cogan fue aceptando las mociones de la defensa con una celeridad inusual y llegó, incluso, a pedirle a los fiscales que le llevaran a sus testigos cooperantes para que él, personalmente, pudiera hablar con ellos y formarse un criterio sobre si había sustento en la acusación de perjurio. Los fiscales argumentaron que había testigos que no encontraban pero se estaba en el proceso de llevarlos a la Corte de Brooklyn cuando se dio la captura de Ismael El Mayo Zambada, el jefe del Cártel de Sinaloa.
Su detención cambió la dinámica en la corte de Cogan. Menos de una semana después de la detención, cuando estaba claro que Zambada sería juzgado por él en Brooklyn –su primera audiencia es mañana–, Cogan canceló todas las gestiones y fijó la fecha para dictar la sentencia de García Luna. Un matiz de alta relevancia en su decisión fue que Cogan descartó la evidencia que presentó la defensa para que se anulara el juicio, pero dejó activos a todos los testigos que con mentiras y dichos convencieron al jurado de encontrar culpable al exsecretario.
El caso fue político, como lo planteó la moción para la anulación del juicio, pero Cogan, saliéndose de ese contexto, dejó abierta la puerta para que en el futuro, con los mismos testigos u otros nuevos que repitan el guión que presentó la fiscalía –De Castro probó cómo habían puesto los acusadores de acuerdo a los criminales para declarar lo mismo–, se pueda juzgar a más políticos o funcionarios mexicanos.
Cuando detuvieron a García Luna, López Obrador vio la oportunidad de acabar con el viejo régimen y le ofreció al gobierno de Trump todo lo que quisieran para frenar la inmigración a cambio de que los fiscales convencieran a García Luna de imputar a decenas de personas –los expresidentes desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto, todos los exsecretarios de Gobernación y Hacienda, los principales empresarios y los dueños y periodistas de los medios de comunicación más influyentes– de estar vinculados con el narcotráfico. Los fiscales le hicieron la propuesta a García Luna, quien se negó argumentando que no imputaría a nadie que no tuviera pruebas. El fiscal adjunto en la Corte de Brooklyn, Michael Robotti, le dijo que no necesitaba pruebas, que solo mencionara los nombres que le habían enviado el gobierno de López Obrador y ellos armarían los casos.
García Luna nunca aceptó negociar con los fiscales en sus términos, pero en una carta que hizo pública su defensa hace un mes, le hizo un guiño a los fiscales para negociar en sus términos. La defensa tiene documentos, fotografías y videos que prueban que los testigos cooperantes, el agente de la DEA,Miguel Madrigal, a quien se jubiló prematuramente cuando presentaron la moción de anulación del juicio, y el ex agente de Agencia Federal de Investigación, Francisco Cañedo Zavaleta, que declararon contra García Luna, cometieron perjurio.
De haberse anulado el juicio por haber cometido perjurio, como lo pidió la defensa de García Luna, los testigos cooperantes habrían quedado invalidados para ser utilizados más adelante en casos futuros. Al no investigar la validez de sus dichos o determinar si habían mentido como alegaba la defensa, seguirán activos para participar en cualquier otro juicio que inicie la fiscalía de Brooklyn. Para entender la forma como operan los fiscales, uno de los testigos cooperantes, Sergio Villarreal Barragán, declaró que la nunca le pidió pruebas que respaldaran sus dichos. Ninguno fe los testigos cooperante presentó evidencias. Fueron solo dichos y mentiras flagrantes.
García Luna fue un caso de éxito para el Departamento de Justicia, que ha mostrado su apetito por llevar a México al banquillo de los acusados. En el caso del exsecretario se confabularon con López Obrador y lavaron cara tras el revés que sufrieron con el general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa, detenido en Los Angeles en 2020 con base en imputaciones absurdas de criminales. Cienfuegos fue liberado por la presión de López Obrador, no por gusto, sino obligado por una rebelión de generales.
El derrotero de García Luna tomará su propia dinámica y después de los ataques se irá desvaneciendo en la opinión pública hasta que se conozca el resultado de la apelación. Lo que permanecerá vigente es la amenaza para políticos mexicanos con nuevos testigos cooperantes, como Zambada, que ya comenzó a hablar en Brooklyn.

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Una animada discusión se está dando en la prensa política a propósito de quién controla la agenda legislativa, por la serie de contradicciones que se han dado entre los líderes de Morena en el Senado y su presidenta Claudia Sheinbaum. Se han dado decisiones legislativas que contradicen las afirmaciones de Sheinbaum, que también ha reconocido que decisiones tomadas por ellos no han sido de su conocimiento. La conversación de los columnistas tiene un gran trasfondo, porque si partimos del hecho que el cambio de régimen, cuyos cimientos colocó el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, pasa por el cambio de leyes y está entrando en conflicto con varias posiciones de Sheinbaum, la pregunta es si ella encabeza la misión o va en el cabús de la transformación.
No hay claridad sobre lo que está sucediendo en el Partenón morenista, pero hay indicaciones que quien está moviendo las piezas en el tablero de ajedrez es López Obrador, y que el cambio de régimen que propuso desde que inició su extinta Presidencia, no está pasando por Palacio Nacional.
La operación en el Senado la tiene Adán Augusto López, amigo de López Obrador desde jóvenes, cuando vivió en su casa, quien cuenta con un apoyo discreto de Alejandro Esquer, el escudero del exmandatario, de quien fue secretario particular en la Presidencia. En la Cámara de Diputados tiene el control de la operación Ricardo Monreal, el moreno rebelde que salió dócil y domesticado por López Obrador de una reunión en Palacio Nacional de la cual no se supo qué hablaron, pero de la que emergió redimido y volcado apasionadamente a la causa del expresidente.
Todos ellos fueron colocados en las cámaras estratégicamente por López Obrador, sin cabildearlo con la entonces presidenta electa, pero con órdenes de operar las reformas que propuso para cambiar el régimen. Ejecutaron las instrucciones antes de que dejara la Presidencia, y por lo que se ha visto en los últimos días, también luego de su aparente retiro. No se sabe si López Obrador vive en Palenque, Tlalpan, Copilco o se encuentre en otro lugar, pero aunque no se ve, se siente.
Lo vimos en los últimos días cuando los senadores resolvieron un entuerto que ellos mismos habían generado por las prisas para que López Obrador promulgara la reforma judicial el 15 de septiembre, y aprobaron efímeramente una enmienda para corregir que la elección libre, directa y secreta de jueces, magistrados y ministros, ya no fuera ni libre y tampoco directa, porque lo que voten los electores iba a ser pasado por un filtro para su ratificación o veto de Morena, con lo cual garantizarían la colonización total del Poder Judicial por los proxys de López Obrador.
Interrogada por esta enmienda, Sheinbaum dijo ayer que su gobierno no había estado de acuerdo con la iniciativa y que pidió que se quitara. Obvio. En los prolegómenos del voto por la reforma en el sexenio de su mentor, aseguró que sería un proceso democrático en donde no habría “dados cargados” a favor de Morena, por lo que lo que hicieron sus senadores la dejaban exhibida.
Sheinbaum agregó que desconocía de quién había sido la iniciativa, lo que es muy extraño que sea cierto porque algo tan importante como esta enmienda, tendría que habérsela informado su secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que en este gran escenario de dudas sobre quién está mandando, hay que recordar que fue una imposición de López Obrador no solo para llevarla al gabinete, sino para colocarla en ese puesto. Pero aún en el caso que así hubiera sido, ya le debería de haber dicho su equipo que la iniciativa fue presentada por el senador veracruzano Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que es parte del establo de incondicionales de López Obrador.
El no estar al tanto de lo que hacen los morenos, pero que le impactan, es algo que extrañamente ha sucedido en varias ocasiones en estos días. El martes la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, fue invitada al Senado para tener un diálogo con ella, pero cuando le preguntó la prensa a Sheinbaum sobre este encuentro, dijo que no sabía nada porque no le habían informado los senadores. Como era inconcebible que un evento de esta naturaleza fuera desconocido por ella, se interpretó en los medios que era el principio del restablecimiento del diálogo con el poder moreno. La presidenta contradijo las opiniones y dijo que ella no se reuniría con la Corte, que para eso estaba facultada la Secretaría de Gobernación.
Pareció un berrinche presidencial. Es cierto que Gobernación tiene la facultad de hacerlo, pero la par de Sheinbaum es Piña, como cabezas ambas de dos de los tres poderes del Estado Mexicano. Sus declaraciones contradijeron su actuar republicano cuando tomó posesión como presidenta y saludó a Piña en la tribuna del Congreso de la Unión, contrastando lo que había hecho poco antes López Obrador, que la ignoró.
Sugerirlo como berrinche puede parecer subjetivo, pero su zigzagueo en cuanto a su comportamiento no lo es. Tampoco lo es la forma como ha estado expresando la discordancia e incomunicación que admite tener con los líderes morenos en las cámaras, lo que no le ayuda pero sí le perjudica, dando pie a la conversación en la prensa política sobre el control de la agenda legislativa. Es interesante, en el contexto de esta falta de sincronía política, la radicalización de su discurso.
Sheinbaum está haciendo cosas que durante la transición dijo que no haría, mostrándose sobre todo como una persona radical, sin esconder su ideología dogmática, y abandonando el pragmatismo conciliador que había mostrado para que quienes habían dudado y des-confiado de López Obrador, le dieran el beneficio de la duda.
La lucha interna que parece haber entre la Presidenta y el obradorismo está enseñando públicamente sus síntomas, lo que no debería de sorprender tanto, porque lo que está en juego no es solo el cambio de régimen, que va viento en popa, sino quién será la o el garante de que así sea, porque será quien detente realmente el poder.

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La presidenta Claudia Sheinbaum fue muy enfática al presentar su estrategia sobre seguridad cuando dijo: “Lo primero, que es muy importante, es: no va a regresar la guerra contra el narco de Calderón”. La némesis de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, el expresidente Felipe Calderón, es otra de las herencias que le dejó a su sucesora. La lucha contra el crimen organizado hace 12 años sigue siendo pretexto y motivación política del obradorismo, pero en esta ocasión, en el primer gobierno químicamente puro que surgió de ese movimiento, las palabras empiezan a sonar como mera retórica para el control de daños.
Es posible que Sheinbaum tenga una diferencia ideológica con Calderón, pero en sus acciones sobre seguridad, de quien se ve lejos es de López Obrador. Su plan para enfrentar el desbordamiento de la violencia basado en la prevención, la atención a las causas, la inteligencia y la presencia, es una versión abreviada e incompleta de lo que Calderón llevó a cabo, como se aprecia en el programa sectorial publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2008.
Retomar los fundamentos de aquella estrategia –pero llevarla a un éxito integral– no puede ser visto como una traición al obradorismo, sino como un acto de lealtad de Sheinbaum con López Obrador –aunque ninguno de los dos lo vea así en este momento–, porque disminuir la inseguridad y los muertos –que se logró en mayo de 2011– es un avance hacia un país pacífico que consolide el proyecto que ganó en las urnas, y que haga olvidar el desastre que le dejó su antecesor. En el éxito de ella estará la trascendencia de López Obrador.
Sheinbaum no es López Obrador ni, en temas como la seguridad querrá asemejarse a él. Lo que fue López Obrador lo vaticinó Calderón, cuando durante un discurso en Guadalajara le respondió a un joven que por la llamada “guerra contra las drogas”: “Si tú u otro pretenden que mi gobierno se quede cruzado de brazos viendo cómo atentan contra los jóvenes, cómo secuestran y cómo extorsionan, están muy equivocados. Lo que más quisieran los criminales es un gobierno como el que tú reclamas, que no se meta con ellos”.
“Quienes pretenden que el gobierno no defienda a la gente, están muy equivocados”, agregó Calderón. “A lo mejor viene otro presidente y a lo mejor hace lo que tú quieres… sentadito, calladito y volteando para otro lado. Pero pensar que eso va a acabar con la violencia o con la criminalidad, es una ingenuidad”.
Sheinbaum lo debe saber porque de otra manera no hubiera presentado una estrategia con los alcances perfilados. Extorsiones y secuestros –señalados por Calderón– son los delitos de alto impacto en los cuales se enfocará el plan, mientras el combate a las grandes bandas se hará frontal –como lo hizo el expresidente–, aunque al explicarlo, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, lo fraseó diferente, quizás como una delicadeza política para no enfrentar a su jefa con el expresidente.
García Harfuch especificó que uno de los objetivos principales será “neutralizar generadores de violencia y redes criminales, con atención a zonas de alta incidencia delictiva”, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Sinaloa, donde la actividad criminal no abruma solo en términos cuantitativos sino cualitativos. Dicho sin las sutilezas, “neutralizarlos” significa enfrentarlos.
Para eso va a construir un Sistema Nacional de Inteligencia “con mejores capacidades de investigación para combatir mejor la delincuencia y el crimen”, agregó García Harfuch. Esto es un cambio fundamental del gobierno obradorista, donde las capacidades dejaron de servir al Estado Mexicano y se enfocaron en el espionaje político. Este sistema integrará las áreas civiles y militares para coordinar los esfuerzos en su combate, la logística criminal y la disrupción de sus finanzas.
En este esfuerzo participarán el Centro Nacional de Inteligencia, la inteligencia militar y naval, y la probable reconstrucción de lo que fue Plataforma México, una potente base de datos criminal. En el gobierno de Calderón funcionó una coordinación similar junto con la Procuraduría General de la República, que siempre tropezó por los conflictos entre sus titulares. La confianza que permita un intercambio de información de calidad dentro del gabinete, será uno de los grandes desafíos que tenga García Harfuch, porque de no tenerlo, la estrategia no funcionará debidamente.
Hay innovaciones en la estrategia. Una de alta relevancia ataca directamente el robo de combustible, que es lo que tiene a Guanajuato desde hace tiempo en el primer lugar de homicidios dolosos. Bajo la coordinación de Harfuch estará Pemex Logística, que tiene que ver con los ductos por donde se transportan combustibles, donde fue nombrado como titular Israel Benítez, que fue subsecretario de Operación Policial en la Ciudad de México y quien lo sustituyó mientras convalecía de un atentado. Otra fundamental, por el combate anunciado contra el fentanilo, es Cofepris, que sin salir del Sector Salud, se coordinará con García Harfuch, desde donde se podrán monitorear las importaciones de precursores químicos que se utilizan para su producción.
Para cerrar el círculo de instituciones que se pretenden alinear para el combate al crimen, trabajarán áreas dedicadas a la seguridad en la Unidad de Inteligencia Financiera –que ya lo hace de manera sistemática–, el SAT, la Procuraduría Fiscal y la Comisión Nacional de Valores y Cambios, desde donde se rastrearán las rutas del dinero para cortar el financiamiento a las organizaciones delincuenciales y el lavado de dinero.
La Fiscalía General aportará al modelo, a la Agencia Federal de Investigación, y a los ministerios públicos. La estrategia plantea las mesas de judicialización que se instrumentaron en el gobierno de López Obrador con fines de lucha contra criminales, pero que se volvieron con el apoyo de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, en un instrumento político donde se decidía a qué oponente del presidente iban a doblegar o encarcelar. La Corte ya no estará presente, y se reforzará el trabajo del ministerio público para elaborar expedientes, sólidos y a prueba de jueces, que fue una de las grandes debilidades y deficiencias en el gobierno anterior.

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En un país donde las muertes se han convertido en estadística, el asesinato del alcalde de Chilpancingo tuvo un tratamiento periodístico de mediana relevancia. Ningún periódico generalista de la Ciudad de México, el mercado informativo más grande, salvo Reforma, lo jerarquizó como su noticia principal. La Jornada decidió que era más importante hablar de los pandas chinos que darle un espacio en su doble portada. El Universal, Excélsior y Milenio le dieron una modesta cobertura por debajo del doblez, que es donde menos se fija el lector. El de Chilpancingo, sin embargo, no fue un asesinato como muchos otros, al tener una equivalencia que no habíamos visto: la bota criminal sobre el pescuezo del Estado Mexicano.
Desnudó que quien manda en Chilpancingo –y en Guerrero, para todos los efectos–, es el crimen organizado. Expuso de manera dramática la debilidad institucional del estado y el gobierno de opereta que encabeza Evelyn Salgado, que junto con su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, el verdadero poder, se han entregado a la delincuencia. Y aunque es un problema que no nació con su Presidencia, puso a prueba a Claudia Sheinbaum, cuyas primeras declaraciones y acciones han sido tímidas.
El asesinato de Alejandro Arcos Catalán este domingo en Chilpancingo es el síntoma de la enfermedad crónica que vive Guerrero. Pero también marca un hito. Es el primer alcalde en funciones de una capital estatal que es asesinado. Es el primer político de primer nivel a través del cual los criminales mandan un mensaje al decapitarlo y dejar su cabeza sobre el toldo de un automóvil, con su cuerpo en el asiento del copiloto. Igual hacían Los Zetas hace dos décadas para imbuir terror a sus enemigos, copiando el recurso propagandístico de Al Qaeda. Pero en este caso, el aviso no se quedó en los rivales de los criminales, sino fue también para aquellos que los protegen.
Arcos Catalán fue asesinado cuatro días después de tomar posesión. Tres días antes, ahí mismo en Chilpancingo, asesinaron a Francisco Gonzalo Tapia, su secretario del Ayuntamiento, el segundo cargo más importante en la naciente administración. Cuatro días antes de la toma de posesión acribillaron en la misma capital a Ulises Hernández Martínez, quien se presumía sería nombrado secretario de Seguridad. En casi una semana, los criminales descabezaron a la parte más alta del organigrama de gobierno municipal y la gobernadora no hizo nada para evitarlo.
Los crímenes de González Toledo y Hernández Martínez eran más que un aviso; integraban una lista de la muerte. Tras el asesinato de su secretario, Arcos Catalán dijo en entrevistas de radio que había buscado a la gobernadora para pedirle protección, pero no le había tomado la llamada. Afirmó también que estaba trabajando de la mano con el Ejército, pero no sirvió de nada porque lo mataron.
Estos crímenes no se fraguaron en las dos últimas semanas. Las condiciones que llevaron a su asesinato probablemente se comenzaron a construir en julio del año pasado cuando se difundieron videos de la entonces alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, en una reunión con Celso Ortega Jiménez, líder del grupo criminal Los Ardillos, que en ese momento tenían el control de la capital del estado. Hernández dijo que no sabía con quién se había reunido. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, informó al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los malos pasos de la alcaldesa, pero los ignoró. En un exceso de imprudencia, se postuló para la reelección, pero la frenaron y la expulsaron de Morena, por “supuesta conductas contrarios a la normatividad interna del partido”, ¡14 meses después!
Si no por diseño pero sí en los hechos, la clase política guerrerense decidió hacer a un lado a Los Ardillos. Morena y la coalición opositora presentaron a Jorge Salgado Parra y a Arcos Catalán como sus respectivos candidatos, quienes habían trabajado en el gobierno del priista Héctor Astudillo. No parece coincidencia que Tapia y Hernández Martínez también hubieran colaborado en el gobierno de Astudillo, que tenía alianzas con Salgado Macedonio.
Durante su gestión se protegió a Los Tlacos, se contuvo a La Familia Michoacana en Tierra Caliente y se distribuyeron los territorios con Los Ardillos. En la administración de Salgado, aparentemente para reforzar esa estrategia, su padre intentó nombrar como fiscal a un ex colaborador suyo en la alcaldía de Acapulco, sospechoso de pactos oscuros con los Beltrán Leyva. El Ejército nombró como fiscal a la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos que quería desmantelar la red de protección de Los Tlacos, y logró obtener órdenes de aprehensión contra sus líderes, pese a las presiones y sabotajes de los Salgado, que finalmente lograron que la sustituyera el general de Brigada Rolando Solano, cercano al ex secretario de la Defensa.
El equilibrio de fuerzas criminales se mantuvo hasta el relevo en la alcaldía de Chilpancingo, donde Los Ardillos deben haber calculado que la impunidad de sus líderes era insuficiente porque la nueva administración municipal estaría respaldado por los grupos políticos que permitieron la expansión de Los Tlacos a costa suya. No se ha confirmado que ellos ordenaran el asesinato de Arcos Catalán, pero debería de ser una sólida hipótesis del asesinato.
Sheinbaum dijo que están recopilando información para elaborarla, pero bastaría pedirla a la Fiscalía. El dilema es que calla como López Obrador o actúa en consecuencia, lo que pudiera afectar a la gobernadora y al senador. No parece estar en esa línea, pero si queda impune el asesinato del alcalde, la fuerza de los delincuentes no tendrá freno y más adelante podría darse el asesinato de un gobernador o gobernadora, o alguien más arriba, cuando el poder político no se someta al poder criminal.

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Gobernar es, esencialmente, la administración de expectativas. No es un ejercicio de demagogia –aunque algunos así lo hacen en el poder–, sino un método, sobre todo en el arranque de una administración nueva, cuando hay altas expectativas y ansiedad de prontitud. Y cuando ese inicio se da en medio de condiciones difíciles y articulación compleja, el método se convierte en una necesidad estratégica donde la comunicación política es fundamental.
Esta pieza está fallando a la Presidencia de Claudia Sheinbaum, probablemente por la curva de aprendizaje de buena parte de su equipo que ha llegado a tomar el control de un aparato manejado desde la óptica de la propaganda por el ex vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, quien pese a sus intentos por mantener el control en la estrategia, ha sido relegado, por lo menos, hasta ahora.
Sheinbaum asumió la Presidencia con altas expectativas, reflejó la encuesta de El Financiero publicada el día que tomó protesta. El 65% dijo que la economía iba a mejorar con ella y el 62% opinó sobre la pobreza. En dos temas reconocidos como difíciles de resolver, seguridad pública y combate a la corrupción, Sheinbaum recibió el apoyo del 57% y de 55% de los encuestados respectivamente, que señalaron que mejorarían ambos. Aunque en todos los rubros la expectativa es inferior a lo que se esperaba de Andrés Manuel López Obrador cuando asumió la Presidencia, 6 de cada 4 esperan que haga mejor trabajo que él.
La encuesta registra un dato relevante que requiere interpretación entrelíneas, porque Sheinbaum aparece con más negativos (27%) que aquellos con los que terminó su gestión López Obrador (18%), lo que puede mostrar que mientras que el ex presidente no le transfirió suficientes positivos para mejorar sus números, los mexicanos le están trasladando los negativos del ex presidente. La combinación de expectativas altas sin el prolongado bono que tuvo López Obrador con un lastre heredado, necesita una comunicación política que neutralice, lo que no sucedió en los primeros días de su gobierno.
La comunicación política de Sheinbaum está fallando. Su equipo tuvo cuando menos tres meses para prepararse, sin importar los jaloneos en las últimas semanas previas a la toma de posesión ante las exigencias de López Obrador para que la presidenta mantuviera a sus propagandistas. Algunas de las deficiencias de su equipo se notaron en el discurso de los 100 compromisos de su gobierno que pronunció en el Zócalo, durante la ceremonia de la entrega del bastón de mando de pueblos originarios.
Sheinbaum tuvo que frenar en algunos momentos su lectura, como en el punto 8 que se refería a la reforma judicial, para corregir sobre la marcha una redacción que por la forma como lo expresó, pareció haber sido redactado como si no se hubiera aprobado la ley. O el 44, que estaba repetido. En uno más, enfocado a mujeres, enmendó al vuelo y señaló que el programa propuesto también debía ser para los hombres. Antes, en la introducción del discurso, dijo que en 503 años no había habido una mujer presidenta de México, lo que es una barbaridad porque México no existía en los tres siglos previos a la vida independiente.
Si esas fallas son imperdonables, aunque no hubieran tenido un costo político inmediato, hubo otras deficiencias que se tienen que corregir rápidamente porque están directamente relacionadas con la comunicación política que necesita. La debilidad más clara que quedó registrada fue en el manejo de las redes sociales, donde su equipo fue incapaz de colocar temas de conversación que le beneficiaran, sucumbiendo ante algunos que perjudicaban su imagen.
Un análisis sociodigital de la consultora MW Group reveló que la conversación en Facebook y X sobre su victoria en las elecciones alcanzó el 58.23% de toda la conversación digital, mientras que la de la toma de protesta llegó apenas al 41.77%, lo que es una caída significativa. Su equipo, en donde hay nativos digitales y expertos en el ciberespacio, no tuvo ni creatividad ni músculo para lograr que Sheinbaum dominara la conversación mexicana el 1 de octubre y los días siguientes a su toma de posesión.
La principal línea de conversación resaltada en el análisis fue el hecho de ser mujer y su estilo de gobernar, que su equipo enfatizó en el mensaje en San Lázaro, que sin embargo no pudo evitar que el tema más importante de su mensaje (61%) fuera la forma como abordó la continuidad del proyecto obradorista, que generó trending topics críticos en las redes sociales que la opacaron en el mundo digital. Aunque la conversación fue favorable a ella (67%), su equipo no pudo colocar los temas de vanguardia de su mensaje, como el relacionado a la ciencia y las innovaciones tecnológicas, donde la fabricación de un auto eléctrico de bajo costo, pasó desapercibido o fue motivo de burlas.
Sheinbaum va a tener un primer año de gobierno bastante complicado por las restricciones presupuestales derivadas del desorden financiero en el epílogo de la administración de López Obrador, que abrió la caja para repartir miles de millones de pesos en programas sociales previos a la elección y destinó el grueso de los recursos a terminar sus caprichosos megaproyectos, endosándole los costos. Por ello tendrá pocos recursos para poder cumplir con sus primeras promesas de campaña, por lo que varios de los proyectos que anunció el martes, no podrán concretarse hasta después de su segundo año.
Para poder navegar el año que tiene enfrente con compromisos ajenos, necesita generar expectativas y acciones que le ayuden a manejar las percepciones. Esto, que es para dar tiempo a que se concreten sus políticas y proyectos, necesita de una comunicación política eficiente. López Obrador pudo vender el cielo azul a millones todo el sexenio, porque su política no fue de comunicación sino de choque, ataques y polarización.
Sheinbaum, ni parece estar en ese camino, ni tiene el cinismo y talante pendenciero de su mentor. Sus fortalezas son otras, que tienen que ser optimizadas y maximizadas por su equipo que, hasta ahora, solo ha podido proyectarla como una administradora del encargo que le dejó López Obrador.

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