El Estado está roto y no hay quien tienda un puente que impida se siga profundizando el desencuentro. No estalló ayer una crisis constitucional porque la mayoría de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia necesarios para declarar la inconstitucionalidad de la reforma judicial, se rompió con el voto de Alberto Pérez Dayán, pero no subsanó la crisis política en la que vivimos porque la interrelación de los poderes dejó de funcionar. Esto se va a resolver a partir del segundo semestre del próximo año, pero bajo un régimen diferente, donde el poder ya no tendrá contrapesos y será vertical.
En el camino se están llevando el país al despeñadero, sin querer verlo porque sus intereses coyunturales pesan más que las consecuencias a largo plazo. Los pilares del nuevo régimen que se erigirán a partir de la nueva reforma judicial, contraviene las normas internacionales sobre el debido proceso y la independencia de los juzgadores, lo que provocará que la justicia va a estar al alcance y al servicio principalmente de quienes tengan dinero para comprar juzgadores o armas para matarlos si no dictan sentencia en beneficio de sus intereses. Si no se tiene dinero, serán las amistades y complicidades en el nuevo régimen quienes proporcionen la llave de la puerta para obtener justicia.
La destrucción institucional, aún en vísperas de oficializarse, detonó que juzgadores vinculados al gobierno de Claudia Sheinbaum empezaran a vender plazas en el próximo Poder Judicial para que el control lo tenga el nuevo régimen, y que uno de quienes seleccionó la presidenta para formar parte del Comité de Evaluación propuesto por el Ejecutivo para la elección de juzgadoras, empezó a cabildear en la Corte para colocar a sus aliados en el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que se teme será utilizado como un instrumento de persecución política.
El nuevo Poder Judicial ya no vigilará la Constitución, sino la utilizará para ir apuntalando el nuevo régimen, desapareciendo como uno de los tres pilares del Estado Mexicano. Cuando surja un juzgador con espíritu legalista y autonomía, habrá una ley que evite que el Poder Judicial revise o bloquee una acción del Ejecutivo que considere ilegal, porque será la presidenta quien determine qué es legal y adecuado para sus fines. Va a ser el mundo de la arbitrariedad, donde un poder, el Ejecutivo, será el que determine la suerte del país y los ciudadanos.
A donde llegamos no fue mediante un curso natural. Fueron las personas, no las circunstancias, las que han llevado al país a este punto.
La Suprema Corte de Justicia se partió, no de manera simétrica, sino en dos bloques donde dejaron a un lado la observancia de la Constitución y jugaron a la política. Hay tres ministras –Lenia Batres, Yazmín Esquivel y Loretta Ortiz– cuya claudicación a su obligación para satisfacer cada deseo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a niveles de antología. Hay ministros, en particular la presidenta de la Corte, Norma Piña, que escogió el activismo para enfrentar los abusos de López Obrador, que en los reveses judiciales a sus actos ilegales fue alimentando su odio hacia los ministros y su estrategia de venganza, en la forma de una reforma judicial.
La presidenta Claudia Sheinbaum se apropió de los odios y la intransigencia de López Obrador, enfrentando con descalificaciones al Poder Judicial, calificándolos de egoístas que solo pensaban en sus privilegios y jubilaciones, generalizando las debilidades de los menos y difamando a la mayoría de los juzgadores, en una campaña sistemática que inició en el gobierno anterior para estigmatizarlos como corruptos. Borró la convivencia con otro poder del Estado mexicano al comprometerse con López Obrador, en los hechos y los dichos, para liquidar ese Poder Judicial y erigir uno donde la verticalidad autócrata será el cuerpo del nuevo régimen que está apuntalando.
El Congreso y el Senado se declararon en desacato contra las decisiones de la Corte que afectaran la reforma judicial que habían aprobado a toda prisa, llevando al país a una crisis constitucional y amenazando a los juzgadores con iniciar un proceso para meterlos a la cárcel. Los líderes legislativos de Morena, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, siguiendo las instrucciones de López Obrador, no de la presidenta, rompieron con el Poder Judicial llevándolo al terreno del enemigo a matar, y no del poder con el cual tendrían que armonizar. El último ejemplo lo dio Monreal ayer, al decir con una soberbia desafiante que los tenía sin cuidado la resolución en la Corte. Ergo, la Corte no es un Poder del Estado mexicano que merezca respeto institucional; la pueden pisar cuantas veces quieran.
Las reglas están demolidas. La anomia es el nombre del juego. La división de poderes del Estado mexicano, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, se ha descarrilado por diferencias insalvables, con lo cual el poder de autoridad que pretende su equilibrio y armonía se ha vuelto disfuncional. El principio de la necesidad de que las decisiones no debían concentrarse mediante un sistema de contrapesos inspirado en las teorías de John Locke y Montesquieu, que concebían como complemento a la regla de mayoría en los sistemas democráticos, la protección de las libertades individuales, se evaporó ayer.
El nuevo régimen que se empezará a construir condicionará las libertades individuales al capricho del poder supremo de la Presidencia, a sus ánimos y necesidades inmediatas, en perjuicio de las mayorías y de los que menos tienen, con un sistema político vertical, unipersonal sin límites ni equilibrios, donde la libertad, la ley y el destino dependerá de una sola persona, solo una que, además, podrá hacer lo que quiera porque así estará en la Constitución reformada. La democracia, como la conocemos, será cosa del pasado.

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La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó con energía en contra de su antecesor Ernesto Zedillo, que el sábado pasado en la edición digital de The Washington Post –con más de 10 millones de usuarios únicos–, afirmó que por apoyar la reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador, está destruyendo la democracia y alimentando una crisis constitucional. Dijo que su audiencia no era mexicana, sino estadunidense, lo que es cierto, pero luego lo llamó “vocero del conservadurismo” y retomó el recurrido disco del Fobaproa para descalificarlo. Las dos ideas combinadas revelan que no alcanza a ver el rechazo que provoca la reforma judicial en Estados Unidos, sin importar quién gane hoy la Casa Blanca.
Sheinbaum está ensimismada en la micro administración de la reforma judicial en México, sin estar viendo las posibles consecuencias. Su problema no es ignorarlo, sino carecer de un equipo que le esté traduciendo los síntomas del malestar. El vocero de las élites estadunidenses, el periódico más influyente en el mundo, The New York Times, le dedicó este fin de semana más de una página y media al tema, ocupando casi un 20 por ciento del total de su cobertura internacional a la reforma judicial. Fueron dos noticias publicadas el sábado, una cantidad sumamente rara cuando no se trata de desastres o eventos extraordinarios, y el domingo fue una entrevista con el ministro Juan Luis González Alcántara.
El artículo de opinión de Zedillo completó el cuadro, pero no parece que ninguno de sus colaboradores le haya hecho la traducción adecuada: a políticos e inversionistas, demócratas o republicanos no les gusta lo que están viendo, el surgimiento de un poder centralista y autoritario sin contrapesos. Sheinbaum y el obradorismo discrepan de esta visión, pero ese no es el fondo del problema que tiene enfrente. Así la están viendo y así la tratarán. Los llamados del canciller Juan Ramón de la Fuente al cuerpo diplomático para que defiendan las posiciones de la cuatroté en el mundo no están funcionando. Su cabildeo con el cuerpo diplomático acreditado en México, tampoco.
Quienes le están asesorando tampoco parecen entender cabalmente lo que es Estados Unidos. Ayer en la conferencia matutina se pudo apreciar que la información que le están dando es errónea. Dijo, a pregunta de la prensa sobre las elecciones en ese país, que respetaría la decisión del pueblo y que tomaría una posición y establecería la relación bilateral una vez que los órganos electorales “tomaran su decisión definitiva”. En realidad, la ratificación del resultado no la dan los órganos electorales –que son estatales, no federales como en México–, sino el Senado, en los primeros días del próximo año. ¿Lo que dijo es que mantendrá la relación con Estados Unidos acotada hasta enero?
López Obrador, que apoyaba al ex presidente Donald Trump en su búsqueda de la reelección, optó por no felicitar a Joe Biden cuando todos los mandatarios comenzaron a hacerlo con los resultados preliminares que ya no tendrían alteración en cuanto al ganador, y lo hizo hasta diciembre, tres semanas antes de que el Senado lo ratificara, no cuando tomaron su decisión definitiva los órganos electorales, como equivocadamente señaló Sheinbaum ayer. No sabemos exactamente qué es lo que va a hacer la presidenta, por lo que explicó ayer se contradice por su falta de información y muestra poca atención al calendario.
Pero si ella no lo tiene claro, Trump sí. En la víspera de la elección, en un mitin en Carolina del Norte –uno de los estados bisagra– dijo que le iba a informar “desde el primer día, o mucho antes, que si no detienen (la) avalancha de criminales y drogas que entran a nuestro país, voy a imponer un arancel de 25 por ciento a todo lo que mandan a Estados Unidos”. Y si no es suficiente, agregó, “apretaré el país con un 50 por ciento y entonces con otro de 75 por ciento”. Trump no va a esperar a que los órganos electorales tomen su decisión final, porque eso nunca sucederá. Lo mismo hará Kamala Harris si ella gana la elección.
Con todos los amagos que han hecho ambos, con mayor sonoridad uno de la otra, la relación con Estados Unidos no será buena, como cree Sheinbaum, sino difícil y ríspida, como se encuentra en estos momentos, no por el deseo del gobierno de Biden, que intentó un acercamiento tan pronto como asumió la Presidencia, sino por decisión propia. ¿Por qué endureció la mano y maltrató al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar? Podría decirse que por diseño, pues en una reciente reunión de De la Fuente con los embajadores en México, les repitió que la ventanilla con el gobierno sería con él, y les recomendó enviar reportes positivos a sus cancillerías, que algunos sintieron como una amenaza velada.
La secuela de declaraciones, decisiones y acciones son, hasta este momento, atropelladas. El manejo diplomático es accidentado, como cuando ayer, a otra pregunta, expresó su solidaridad con los españoles afectados por la terrible dana que golpeó a Valencia, lo que no hizo la semana pasada cuando padecieron las inundaciones, pero sin tomar posición sobre el rey Felipe VI y la reina Letizia que enfrentaron con entereza y dignidad la rabia y los insultos de los valencianos, que a los mexicanos nos recordó la cobardía de López Obrador cuando el huracán Otis y la forma como un jefe de Estado debe comportarse.
Hay atavismos en Sheinbaum compartidos con López Obrador y el obradorismo, como el caso español, pero hay una deficiente asesoría en el caso de Estados Unidos, donde están alineados los desafíos coyunturales, como los que plantea Harris, pero sobre todo Trump, y los de largo aliento, como la idea acendrada en ese país que México está abandonando su democracia para llevarlo por el camino de la venezolanización.
Tropicalizar su molestia con Zedillo sin relacionar su artículo con las publicaciones en la prensa extranjera llenas de críticas a la reforma judicial y a la “supremacía constitucional”, habla de un reduccionismo analítico en la Presidencia y en sus asesores en política exterior, que no parecen tener la capacidad ni estar a la altura del reto que se acerca.

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Treinta y seis días después de haber asumido la Presidencia, Claudia Sheinbaum enfrenta el mayor desafío que haya afrontado cualquiera de sus antecesores, cuando este martes la Suprema Corte de Justicia vote si aprueba o no un proyecto de sentencia que declara varias acciones de inconstitucionalidad de la reforma judicial, que puede detonar una crisis constitucional sin precedente al poner en entredicho el orden democrático en el país –de rechazarse– y marcaría su administración como autocrática, o de una confrontación entre poderes –de aprobarse–, en donde ella tendría que ser árbitro y factor de gobernabilidad. El problema es que no tiene la fuerza política, ni para evitar llegar a ese cenit con una negociación que evite el choque de instituciones, ni para obligar a los líderes de su partido en las cámaras, a que respeten la ley.
Hoy, la presidenta parece estar a la deriva porque no tiene pleno control del barco mexicano, aunque sus primeras reacciones refuerzan el anclaje de un régimen autoritario, porque el Poder Judicial perdería autonomía y quedaría en manos del gobierno y el partido en el poder, y de quienes tengan más dinero para manipular jueces y magistrados o capacidad de intimidación, como el crimen organizado. Sería ese grupo el que tendría un Poder Judicial a modo, dictando sentencias en su beneficio.
Sheinbaum ha dicho que la reforma judicial es democrática y generará más justicia. Es falso. Alega, como lo hacen el obradorismo y sus voceros, que es lo que el pueblo quiso, y que votó por Sheinbaum para que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, autor del esperpento judicial, hiciera lo que quisiera con la Constitución. Se pudiera argumentar que es cierto, en la Cámara de Diputados, donde el Tribunal Electoral le dio la mayoría calificada pese a no tener los votos, al ceñirse al sistema de asignación vigente desde hace años. Pero no se puede decir lo mismo en el Senado, donde la mayoría calificada la consiguieron mediante coerciones. Esto no es democracia sino chantaje.
El proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara no plantea una resolución jurídica sino una solución política. Propone declarar inconstitucional la elección por voto popular de jueces y magistrados, pero mantiene la elección popular de ministros y magistrados electorales. González Alcántara explicó que el proyecto es “un ejercicio de autocontención, deseando el final de la crisis” que se vive. Su proyecto le entrega las cabezas de los ministros al régimen para saciar su sed vengativa por haber frenado a López Obrador, pero el gobierno y Morena quieren todo.
Por eso, cuando sus argumentos de que la Suprema Corte no podía revisar una reforma constitucional –en el momento en que solo estaban revisando si podía o no aceptar que se analizara–, Morena introdujo una nueva reforma llamada “supremacía constitucional”, para declarar improcedentes los juicios de amparo, las acciones de inconstitucionalidad y la controversia contra modificaciones o adiciones a la Constitución. Es decir, el gobierno podría hacer lo que quisiera sin que nadie pudiera evitarlo. Un ejemplo extremo, solo con fines de ilustración, es que podría establecer la pena de muerte para los carteristas, y sería automáticamente legal.
Las bancadas de Morena en el Congreso y el Senado se apuraron para sacar la “supremacía constitucional”, para que el martes, sin importar la votación en la Suprema Corte, la reforma fuera irreversible. Corriendo, violando los procedimientos legislativos, se declaró la constitucionalidad de la reforma. Eso se logró con el voto de al menos 10 senadores que no se encontraban en el Senado. En tiempo récord 17 congresos estatales la ratificaron. Lo hicieron porque pueden. Ese mismo día Sheinbaum ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación para que entrara en vigor.
Sin embargo, por la impericia jurídica de Morena cometieron un error en su redacción, al señalar que la ley se aplicaría para todas aquellas reformas en “trámite”, por lo que no puede aplicarse a la reforma judicial porque no se encuentra en trámite, sino es un hecho. Pero para la forma como se comporta Morena, no parece que será relevante, porque han mostrado estar dispuestos a desacatar cualquier sentencia judicial que no les acomode.
Nadie sabe cómo resultará la votación en el pleno el martes. Se da por descontado que las tres ministras subordinadas a López Obrador –Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz– votarán en contra, pero no hay certeza que las ocho ministras y ministros que renunciaron la semana pasada por su rechazo a participar a la elección popular de los juzgadores, respalden el proyecto de sentencia.
Pero si lo hicieran, como ya lo advirtió Morena en el Congreso y el Senado, ignorarán lo que digan los jueces, provocando una crisis constitucional por el desacato a mandatos judiciales. Si eso pasa, la Corte está facultada para consignar a quien cometa desacato de un mandato judicial y girar la orden de aprehensión. Pero hasta ahí. La Fiscalía General tendría que cumplimentar la orden. Si la presidenta desacatara el mandato, también podría ser considerada una presunta delincuente. Se antoja imposible que el conflicto escale hasta ese nivel, pero para efectos de argumentación, ¿qué hará la presidenta?
Sheinbaum está por la reforma judicial en sus términos, y ya criticó el proyecto de González Alcántara. El ministro le regaló una salida política, que sería también una financiera, porque no hay dinero para organizar la elección de juzgadores el próximo año. Sheinbaum podría evitar una crisis y un probable fiasco electoral si respalda el proyecto de sentencia. Pero si lo hace, el obradorismo se le irá encima porque no tiene control sobre el movimiento, sobre Morena, o sobre sus coordinadores legislativos, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, que obedecen a López Obrador.
Nadie, como ella, estará a prueba el martes y los días posteriores. Depende del voto de los ministros, que en cualquier dirección que tome, definirá su gobierno: la presidenta que apostó por la gobernabilidad por encima de López Obrador y los radicales, o la presidenta que quedó subordinada a los radicales de López Obrador, que habrá mostrado tener más poder que la presidenta.

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Desde mucho antes que ganara la Presidencia, Claudia Sheinbaum comenzó a ver a Estados Unidos bajo una perspectiva distinta a la de su predecesor Andrés Manuel López Obrador. El entonces presidente había apostado por Donald Trump en la elección de 2020, autorizando la movilización de las células de Morena en Estados Unidos para impulsar el voto hispano por él. Cuando perdió, guardó silencio ante la victoria de Joe Biden, y fue uno de los últimos líderes en felicitarlo –más de un mes después de la elección, el mismo día que lo hizo otro trumpista, Vladimir Putin, el presidente ruso. Sheinbaum ha tomado un camino muy diferente.
Todavía en la campaña presidencial le pidió a Altagracia Gómez, que en ese momento era una asesora influyente y coordinadora del Consejo Empresarial de la entonces candidata, que fuera a Estados Unidos para establecer contacto con los equipos de campaña de Kamala Harris y Donald Trump. La empresaria tapatía cumplió la encomienda y tendió los puentes para que, llegado el momento, tuviera un canal de comunicación abierto desde donde se pudieran colocar los cimientos de la nueva relación bilateral.
Para bien y para mal, la elección del próximo martes tiene atrapado a México y al gobierno de Sheinbaum en la geoestrategia de las potencias y la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
Aunque con diferentes perspectivas y tácticas, Harris y Trump caminan en la misma dirección de enfrentar a China y doblegarlo en la guerra comercial que viven hace varios años por la supremacía en el mundo. Trump, que considera a China un enemigo, no es visto con tranquilidad en Beijing por la impredecibilidad de su conducta, mientras que a Harris, que la ven como adversario, no la ubican en la categoría de halcón como consideran a Biden, y con un conocimiento superior sobre China por la vía del candidato a la vicepresidencia, Tim Walz, que conoce bien ese país.
Harris, que no ha sido muy explícita sobre la política que llevaría a cabo con China en caso de llegar a la Casa Blanca, sí ha dejado ver que no le interesa una guerra comercial con ese país, mientras que Trump ha sido incendiario en sus amenazas contra México, particularmente en el sector automotriz –motor del comercio exterior mexicano–, amenazando con tarifas de más de 200 por ciento a todos los vehículos fabricados en México bajo el supuesto de que tienen un alto volumen de contenido chino. Biden, sin llegar a esos extremos, anunció en septiembre que impondría tarifas a vehículos fabricados en México con software y hardware chino a partir de 2027.
Hace unos días, la Secretaría de Economía advirtió sobre el daño potencial sobre el sector automotriz que provocaría esa medida, que rompería la cadena de proveeduría y elevaría los costos de producción, y que podría causar recortes de trabajadores en las plantas armadoras en México. Sin embargo, hay información de que, en efecto, hay un incremento significativo en las exportaciones de materias primas y componentes chinos a México, que entran en productos terminados a Estados Unidos.
Quedar en medio de la guerra comercial entre esas dos potencias, sin importar quién llegue a la Casa Blanca, es un problema serio, al depender México de la economía de Estados Unidos. El año pasado, las exportaciones a ese país representaron el 80 por ciento del total de las ventas al exterior, y las importaciones significaron el 42 por ciento del total. Pero además del impacto en las relaciones comerciales, México puede verse afectado también en los flujos de inversión y perder su ventaja geográfica en la relocalización de las empresas, porque las tarifas no harían atractivas nuevas inversiones.
En cualquier caso, los expertos consideran que si ganara Harris habría una diferencia en el trato con el gobierno de Sheinbaum. “No hay duda que el gobierno de Trump sería más problemático para México que el de Harris”, declaró esta semana a Los Ángeles Times Pamela Starr, una mexicanóloga y profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de California del Sur. “No hay ningún país más expuesto en el mundo a los riesgos relacionados con Trump que el de México”.
Un reciente análisis de Moody’s Analytics anticipó que si gana Trump y sube 10 por ciento tarifas –el 5 por ciento de lo que ha amenazado que hará–, el impacto negativo en la economía mexicana sería de 0.7 por ciento, con lo cual el pronóstico del Fondo Monetario Mundial de crecimiento para el próximo año, bajaría a un paupérrimo 0.6 por ciento. “El impacto estaría más concentrado en México (que en otras naciones latinoamericanas), donde la reducción de importaciones de Estados Unidos, una disminución en la migración mexicana y un baja en las remesas, pondría en aprietos a la economía mexicana”, agregó.
Los apremios económicos que vendrán, con mayor o menor énfasis dependiendo de quién gane la Presidencia, irán acompañadas también con presiones sobre la migración. Hasta ahora, México ha cedido ante los gobiernos de Trump y Biden para frenar la migración en la frontera sur de este país –a cambio de que voltearan los ojos ante las arbitrariedades autoritarias de López Obrador–, pero probablemente la demócrata y el republicano las elevarán, al estar vinculadas, cierto o falso, con el tráfico de fentanilo, donde ninguno de los dos transigirá.
En migración, Trump es más escandaloso, pero los demócratas son más duros. El récord de deportaciones lo tiene el presidente Barack Obama, la principal influencia sobre Harris. Lo mismo en el combate al narcotráfico, donde Trump es un gritón belicoso, pero Harris tiene la mano más dura. Lo experimentó López Obrador cuando viajó a ver a Biden en julio de 2022 y en un desayuno privado, la vicepresidenta le exigió la captura de Rafael Caro Quintero. Harris no le dio espacio para patalear y le dio las coordenadas en dónde se ubicaba. Achicado, a los cuatro días se detuvo a Caro Quintero, acusado de haber ordenado el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena.
La elección en Estados Unidos ha sido vista como un momento de redefinición para el mundo. México, donde será más profundo el impacto, debe pensar más allá del contexto bilateral, abrir sus horizontes y plantearse escenarios adicionales.

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Qué deteriorada debe estar la relación entre México y Estados Unidos para que el único vaso comunicante entre los dos gobiernos se cerrara definitivamente tras el enfrentamiento verbal entre el fiscal general Alejandro Gertz Manero y el embajador Ken Salazar. La relación entre ellos es lo que mantenía abierto un canal de comunicación entre Palacio Nacional y la Casa Blanca, obstruido desde principios de año cuando altos funcionarios de la Administración Biden se cansaron de las tomaduras de pelo del expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema del fentanilo, que detonó la operación para capturar a Ismael El Mayo Zambada.
Cuando finalmente decidieron en ese entonces tomar acciones unilaterales en Washington, la única ventanilla que dejaron ligeramente abierta fue la de esos funcionarios. La captura de Zambada a espaldas del gobierno desquició a López Obrador, pero no fue el único al que le aplicaron el frío. Salazar también fue dejado en la oscuridad sobre lo que vendría, ante el temor de que si lo hubieran puesto sobre aviso alertara a López Obrador. Igual pasó con la DEA en México, a la que imputan en Washington vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Salazar entendió el mensaje. Dejó de trabajar como embajador de López Obrador en el Departamento de Estado y comenzó a operar como representante de su gobierno. Salazar comenzó a alejarse de Gertz Manero, informándole por goteo sobre la detención de Zambada y contaba los días para que terminara el mandato de López Obrador. Para su sorpresa, la presidenta Claudia Sheinbaum le echó agua fría y dijo públicamente que no podría hablar con nadie que no fuera el secretario de Relaciones Exteriores, bajando un grado más el entendimiento bilateral.
El canciller Juan Ramón de la Fuente, totalmente ausente en esta crisis política y diplomática con Estados Unidos, tampoco parece haber hecho nada por rociar un poco de bálsamo en las heridas del humillado Salazar, que el martes, luego de que Gertz Manero se quejó públicamente que Washington no les ha dado información sobre cómo llegó Zambada a Estados Unidos, mostró dos cartas de su gobierno y dejó asomar con ironías las relaciones inconfesables del régimen obradorista con el Cártel de Sinaloa.
Las palabras de Salazar del miércoles no tienen desperdicio, al mostrarse sorprendido porque en lugar de festejar la “victoria del pueblo de México” por la captura de Zambada, la reacción del gobierno mexicano solo hubiera sido de quejas por la falta de información. No creían López Obrador ni Sheinbaum la versión oficial de que no hubo participación estadunidense en la detención. Admiten que fue un “secuestro”, pero reconocen implícitamente que fue parte de un operativo mayor montado por el gobierno en Washington. “El fin no justifica los medios”, dijo ayer la presidenta.
El interlineado de las palabras que está utilizando dice otras cosas. Si hubo un medio para un fin, significa que el gobierno estadunidense operó para llevarse a Zambada. Y es cierto. Un equipo coordinado por el principal especialista del FBI en el Cártel de Sinaloa que trabaja desde Washington, fue preparando por meses la operación, ejecutada por la poco conocida oficina de Investigaciones de la Secretaría de Seguridad Interna, facultada para neutralizar globalmente contra organizaciones criminales –terroristas– que atenten contra Estados Unidos. Sheinbaum sabe, como también López Obrador, que hubo una acción ilegal en territorio mexicano, pero no pueden decirlo abiertamente porque tendría que ser acompañado de una protesta diplomática enérgica, que ni el ex ni la actual presidenta se sienten, por lo que se ve, en condiciones de hacer.
La participación de esa unidad la hizo pública el secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, mientras que el procurador general, Merrick Garland, agregó que la captura había sido producto de una investigación de varios meses. En su respuesta a Gertz Manero, Salazar fraseó cáusticamente que en la detención no había habido ningún operativo policial –de la DEA o el FBI– en México, y reiterando la postura oficial, negó que su gobierno, directamente o a través de algún contratista, hubiera actuado en territorio mexicano.
No es lo que había dicho Gertz Manero, quien de manera vaga describió los protocolos de seguridad de Estados Unidos para el ingreso de un avión a su espacio aéreo, dejando abierta la sospecha de que si era una nave estadunidense o no, con un piloto estadunidense o no, con una matrícula clonada, fue autorizado para que con un plan de vuelo que tampoco les han entregado, aterrizara en un aeropuerto local en Nuevo México. Ese avión, que partió de un aeródromo cerca de Culiacán que se encuentra bajo vigilancia del Ejército –que tampoco ha mencionado el fiscal en sus averiguaciones–, voló por debajo del alcance de los radares mexicanos para evitar ser detectado, de acuerdo con información de inteligencia del gobierno.
La acción unilateral proviene de la certeza que verbalizó Salazar sutilmente de la colusión entre el gobierno de López Obrador –a Sheinbaum la revisaron las agencias de inteligencia tiempo antes de las elecciones y no le encontraron ningún vínculo con el crimen organizado– y el Cártel de Sinaloa. Esta creencia se sigue alimentando todos los días, que es la nuez del crítico mensaje del embajador, pero que no parece haber sido oído en Palacio Nacional.
“Lo que estamos planteando no es la detención per sé, sino cómo se hizo”, dijo Sheinbaum ayer. Lo que se ejecutó, por las palabras presidenciales, no fue un mero “secuestro” de Zambada planeado por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, cuyo curso de acción, que ya emprendió la Fiscalía General, es procesarlo por el delito de traición a la patria. Lo que hubo fue una acción estadunidense en la planeación y la ejecución, donde avalaron, véase por donde se quiera, una operación ilegal de captura y extracción de Zambada, que describe la presidenta como el fin que no justifica los medios.
En la resaca, ¿qué queda? Mucho grito. Cero represalia contra Estados Unidos. Mucha distracción en la forma y respaldo indirecto a Zambada en el fondo. Solo falta que por las razones esgrimidas, pidan su regreso a México para que aquí sea juzgado.

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La decisión del propietario del Washington Post de no llamar a los electores a votar por Kamala Harris en la elección presidencial mediante un endoso editorial, provocó una turbulencia dentro y fuera del periódico al haberse dado en vísperas de la elección que ha polarizado al país, sintetizada como la batalla final entre la democracia y la autocracia. Días antes del Post, Los Ángeles Times hizo lo mismo, pero su decisión no causó el impacto del periódico emblema de la lucha contra el poder, aunque ambos pertenecen al selecto grupo de los cinco principales diarios en Estados Unidos.
La reacción negativa contra la decisión fue brutal. La tercera parte del Comité Editorial renunció en protesta, y 17 articulistas, incluidos varios Premios Pulitzer, publicaron una declaración conjunta donde afirmaron que el no hacer un endoso en la campaña presidencial era “un error terrible que representa el abandono de las convicciones editoriales fundamentales del periódico que amamos y en donde hemos trabajado de manera combinada 218 años”. En horas, se cancelaron más de 200 mil suscripciones digitales, equivalente al 8 por ciento de su circulación pagada.
El propietario del diario, el multimillonario Jeff Bezos, dueño de Amazon, tuvo que justificar su decisión. En una nota titulada “La dura verdad: los estadunidenses no le creen a sus medios”, retomó una reciente encuesta de Gallup para decirle a sus periodistas que la credibilidad de los medios había caído al punto más bajo desde que se empezó a medir en 1972 “porque algo de lo que estamos haciendo, claramente, no está funcionando”, y puso en duda, por tanto, que endosar a un candidato pudiera mover las preferencias electorales.
Por más duro y cruel que parezcan sus afirmaciones para quienes hemos dedicado toda una vida al periodismo, en muchos puntos tiene razón. Lo que omite es que esa pérdida de credibilidad tuvo su punto de inflexión en 2016, en la campaña presidencial entre Donald Trump y Hillary Clinton, donde el republicano, como han hecho todos los populistas en el mundo, atacó ferozmente a los medios para provocarles un daño reputacional que le facilitara la demolición de la democracia desde adentro, para construir un régimen autócrata.
Trump viralizó contenidos de medios alternos de extrema derecha que difundían mentiras, difamaciones e impulsaban teorías de la conspiración, para manipular al electorado. En esa campaña, esos sitios inventaron noticias contra Hillary Clinton, que pudieron haber incidido en la derrota de la demócrata. Varios estudios han mostrado que la gente es más proclive a creer en mentiras y versiones fantásticas, que en la verdad o la realidad, creyendo ciegamente lo que leen en las redes sociales.
Un estudio de la Universidad de Luisiana publicado en 2020 sobre la elección de 2016, mostró que el 80 por ciento de quienes la respondieron no eran capaces de reconocer entre propaganda y publicidad y una información noticiosa. De esta forma, el argumento cuantitativo de la pérdida de credibilidad en los medios en Estados Unidos y el mundo, tendría que ser analizado bajo otro supuesto: qué tan importante son para una sociedad medios de comunicación con procesos para evitar los errores y castigar falsedades, que la realidad alterna que promueven los populistas para manipular a sus electorados.
La justificación de Bezos no está dentro de ese marco de referencia, que buscó defenderse ante la reacción negativa de esa decisión al haber sido tomada a 11 días de la elección, y después de que no tuvo reparo en que el Post endosara candidatos al Senado y al Congreso. Las reacciones, sin embargo, tienen un tufo de hipocresía en la prensa de ese país, que presume de imparcial y objetiva, estableciendo barreras –incluso geográficamente dentro de sus redacciones centrales– donde separa las áreas de opinión y comercial, para explicitar que la información no se contamina con los editoriales, y las ventas no modifican los contenidos editoriales.
Es discutible.
La visión épica de la libertad de prensa en Estados Unidos con casos como The New York Times vs Sullivan, piedra angular de la Primera Enmienda, o los Papeles del Pentágono y el Watergate, banderas de la dialéctica de la prensa con el poder, tiene claroscuros. La pureza no existe en los medios, y como en la vida, aproximarse a la verdad es una búsqueda incansable que tampoco, ni ahí ni en el mundo, transcurre sin tropiezos.
Hay muchos botones de muestra.
El legendario director del Post, Benjamín Bradlee, calló los amoríos de su amigo John F. Kennedy pese a que violaban la seguridad nacional. El Times ha sido cuidadoso durante años para no investigar regular-mente la corrupción inmobiliaria en Nueva York, porque la familia Sulzberger, que tiene el control editorial del diario, está metida en ese sector. El Boston Globe no quería publicar los escándalos de pedofilia en la Iglesia católica por los vínculos que tenían sus propietarios con los jerarcas religiosos.
La discusión sobre endosar candidatos presidenciales es otra de sus contradicciones. El Post inició esa política al apoyar a Jimmy Carter contra Gerald Ford en 1976, porque el republicano había sustituido y perdonado a Richard Nixon por sus ilegalidades en el Caso Watergate, lo que en sí muestra una posición políticamente ética, ante los ataques que sufrió de él, pero periodísticamente cuestionable. Endosar candidatos, presidenciales o cualquiera que busque un cargo de elección popular muestra, por más que se quiera argumentar lo contrario, una tendencia editorial.
El Times no se queda atrás. En las grandes marchas por la despenalización del aborto, el periódico reprimió a Linda Greenhouse, su extraordinaria reportera en la Suprema Corte, porque al haber marchado como ciudadana en una de esas manifestaciones, ponía en entredicho su imparcialidad al momento de reportar las discusiones judiciales sobre el aborto. ¿Por qué aquello estaba mal y endosar a un candidato, o volcarse contra Trump sábado y domingo de manera rabiosa está bien?
No hay blancos y negros en este negocio. Hay realidades y posibilidades, que se tienen que ir acercando. Pero lo más importante, es luchar contra las realidades alternas y las mentiras, que son las que dañan a la democracia y la armonía social.

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Hay frases que pasan a la historia. Algunas por su heroísmo y otras por lo infame. En ambos casos son palabras trascendentes que con el paso del tiempo van ubicándose en su lugar para que se juzgue, en tiempo y forma, a quienes las pronunciaron. Algunas son de antología, como las que dijeron en días recientes los líderes de Morena en la Cámara de Diputados, que recibieron con acarreos y brazos abiertos al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado de estar relacionado con el Cártel de Sinaloa y señalado como un probable delincuente en investigaciones federales.
Ricardo Monreal, coordinador de la bancada del oficialismo en San Lázaro, lo describió como un “hombre humanista” y un “político excepcional” que es “padre de familia ejemplar”. Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, agregó que estaba “haciendo un buen trabajo”, que le creían lo que les decía y confiaban en él. La inmoralidad de los morenos en San Lázaro no tiene límites.
El “hombre humanista” respaldó el encubrimiento y la alteración de pruebas del asesinato de un enemigo político, y uno de los hijos del “padre de familia ejemplar” presuntamente está vinculado con el narcotráfico. El “político excepcional” ha sido una figura ausente en la guerra que se vive en Culiacán desde hace casi dos meses como consecuencia de la fractura e implosión del Cártel de Sinaloa, que durante 45 días se centró en la capital y su periferia, y este fin de semana se extendió a Mazatlán.
En Culiacán, los criminales han impuesto un toque de queda virtual en los hechos de 12 horas cada día que tiene al centro de la capital por la tarde y noche como un pueblo fantasma, lastimando salvajemente la economía local. En Mazatlán lograron la veda en el puerto 24 horas al día, porque ante la violencia las autoridades municipales le pidieron a sus gobernados resguardarse y no salir a la calle porque, estaba implícito, no podían protegerlos.
Mazatlán es el segundo teatro de operaciones que se abre contra los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, que queriendo aprovechar la captura de Ismael El Mayo Zambada, jefe del Cártel de Sinaloa, quisieron quedarse con la organización. En esa plaza controlada desde hace años por los Guzmán López, enfrentaron la embestida de Los Cabrera, que forman parte del Cártel de Sinaloa leal a Zambada. Los Cabrera tienen grupos poderosos y son quienes, como parte de la organización de Zambada, están enfrentando al Cártel Jalisco Nueva Generación en Durango y Zacatecas.
El gobernador solo se hace presente con declaraciones. Saliva, le sobra, y ha agregado el tipo de agresividad retórica que exudaba su protector, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quien para salir de sus crisis se fugaba hacia delante. En el caso de Rocha Moya sin embargo, escapar del hoyo en el que se encuentra va a ser imposible.
En más de mes y medio, las noticias que provienen de Culiacán se dan como partes de guerra: muertos, heridos, enfrentamientos, ejecuciones, secuestros, afectacio-nes a la sociedad. El gobierno federal ha desplazado cientos de militares para contener, mediante la inhibición, pero no ha sido suficiente. Los soldados han estado empezando a enfrentarse a los criminales, pero para que dé resultados necesita que sea una estrategia sostenida y llevará tiempo. Lo que es inexistente, es el gobierno del estado.
Sinaloa vive en anomia. No hay presencia institucional que inhiba a los criminales, y la falta de liderazgo político del gobernador Rocha Moya para acompañar lo que no tiene, la fuerza para enfrentar la violencia, ha terminado de borrar las normas. Rocha Moya ha dejado de ser funcional al estar señalado de proteger a Los Chapitos, imputación que niega, aunque informes de inteligencia que tiene el gobierno federal desde el año pasado, lo vinculan no solo con ellos sino con Zambada, como lo confirmó el mismo jefe del Cártel de Sinaloa en agosto, cuando hizo pública una declaración sobre su captura.
La protección política que le dieron Monreal y Gutiérrez Luna al gobernador no se extiende a otros ámbitos. La vida de Rocha Moya corre peligro desde hace casi tres meses, cuando lo exhibió Zambada. López Obrador, que estaba al tanto de sus relaciones inconfesables y le era funcional, lo arropó y protegió. Embarcó en ello a la entonces presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien desde que inició su gobierno, se ha ido desmarcando del gobernador. Sin embargo, no puede ir mucho más allá.
Desde distintos frentes en el país se ha pedido su destitución, para lo cual existe un procedimiento legal, que es el proceso de desafuero en el Congreso local. El Senado podría intervenir también mediante la desaparición de poderes, pero no solo sería forzado a justificar que desaparecieron los poderes públicos –en la práctica no han desaparecido–sino que su cómplice político, Adán Augusto López, coordinador de Morena en esa cámara, lo bloquearía. Pero lo más importante a considerar es que si Sheinbaum decidiera buscar una de esas alternativas, sería su salida del gobierno la mejor opción en este momento.
En el panorama estatal, no parece haber nadie que pueda sustituir a Rocha Moya, no por cuanto a capacidad, sino por la duda que pueda provocar la persona elegida sobre si tendría la fuerza para llenar el vacío político que se generaría. El gobernador es un zombi, para efectos prácticos, que puede ser funcional para que siga recibiendo todos los golpes y desgastándose sin importar su salvación, porque es un fusible quemado.
Sinaloa puede gobernarse temporalmente desde la Ciudad de México, con una mayor presencia del gabinete en el estado para ver temas de gobernabilidad y de la reactivación económica. Se requiere estabilizar el estado antes de pensar en el relevo de Rocha Moya. También necesitan los legisladores de Morena y aquellos dentro del régimen que lo abracen con efusividad, que lo que están haciendo es tender una burbuja de impunidad que cuando se rompa, porque sucederá, también se estrellarán sus palabras y acciones, que apostaron por un político que apesta y que en México o Estados Unidos, podría terminar en la cárcel.

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En 33 palabras, el presidente del The Washington Post, William Lewis, revirtió una política editorial de casi cuatro décadas y anunció que a partir de esta elección presidencial, el diario dejaría de endosar a candidatos presidenciales. El Post, que originalmente no tenía esa política, la revirtió en 1976 cuando endosó al demócrata Jimmy Carter por “razones –dijo Lewis– entendibles en la época”. Carter competía contra Gerald Ford, que sustituyó a Richard Nixon, quien se enfrentó a su dueña, su director y reporteros, espiándolos y llevándolos a tribu-nales por la incansable cobertura sobre el Caso Watergate, que terminó forzándolo a renunciar. Éticamente se sentían obligados a enfrentar a Ford, pero en esta elección, los motivos están subyacentes.
La decisión del medio propiedad de Jeff Bezos, el titán de Amazon, provocó un cisma interno. El sindicato de trabaja-dores y periodistas del Washington Post la criticó, en particular al darse a días de una elección que tendrá “inmensas consecuencias”. El editorial que respaldaba a Kamala Harris ya estaba listo para publicarse cuando llegó la orden de matarlo. Marty Baron, el aclamado periodista estadunidense que dirigió el Post por casi una década, escribió en X: “Esto es una cobardía, con la democracia como la víctima. (Donald Trump) lo verá como una invitación a futuras intimidaciones al pro-pietario (y a otros). Inquieta la fal-ta de carácter en una institución famosa por su valor”.
Días antes, en la Costa Oeste del país, una revolución editorial en Los Angeles Times, uno de los grandes diarios de la nación, estalló cuando su propietario, otro multimillonario, Patrick Soon-Shiong, prohibió el editorial donde se pedía el voto por Harris. La directora del periódico, Mariel Garza, renunció porque como le dijo a la revista Columbia Journalism Review, “quiero dejar claro que no estoy de acuerdo con que nos quedemos en silencio. En tiempos de peligro, la gente honesta necesita ponerse de pie. Así es como me estoy poniendo, de pie”. El sindicato de trabajadores y periodistas del Times también expresó su inconformidad con la decisión del dueño, y le exigió respuestas frente al daño a la integridad de la redacción.
La decisión de los dueños de los diarios muestra los miedos que hay por las consecuencias que podría tener para ellos, no en los periódicos, sino en sus otros negocios, apoyar a Harris y que gane Trump. Esto recuerda el viejo debate sobre si lo que existe en el mundo es libertad de prensa o libertad de empresa, aunque hay medios que la han logrado armonizar. The New York Times, por ejemplo, en contraste con sus competidores, publicó el sábado una edición impresa y digital que pasará a la historia del periodismo.
En lo alto de su portada hizo algo inédito, sintetizar lo que Trump haría de ganar la Casa Blanca, en sus propias palabras, algunas de ellas casi apocalíticas para países como México, y desplegarlo en dos páginas interiores. Junto con ello, como una toma de posición frente al Post y al Times angelino, repitió en la apertura de su edición digital durante el fin de semana el editorial publicado el 30 de septiembre donde endosaron a Harris como “la única elección patriota para presidenta”, porque no podían “imaginar a un candidato más indigno para servir como presidente de Estados Unidos que a Donald Trump”.
Los medios impresos más liberales de la nación, el Times y el Post, están apuntando lo que viene en dos martes. El primero, remachando su editorial de hace mes y medio para que no se olvide, y el segundo en una actitud timorata para sus estándares, sugieren que Trump tiene serias posibilidades de ganar la Presidencia. Hoy, si fuera la elección, Harris ganaría la contienda al ir adelante por un punto en la preferencia electoral, y con 11 votos del Colegio Electoral por encima de los 270 que se necesitan para proclamarse ganadora, de acuerdo con la proyección del Times. Pero lo que están viendo los diarios y varios analistas es que Trump tiene el momento, o sea, la oportunidad.
Lo que nadie puede predecir es quién va a ganar. La prepocupación sobre una eventual victoria de Trump se da en la forma como se ha venido comportando el electorado en las encuestas. Un análisis en  The Hill, uno de los diarios digitales políticos más influyentes en Estados Unidos, señala que el impulso que tuvo Harris cuando entró a la contienda presidencial, no se sostuvo. Trump tenía una ventaja de 48% contra 45.7% contra Joe Biden cuando vino el relevo, y aunque Harris ha mantenido un margen muy reducido sobre su adversario –el menor en términos históricos en elecciones presidenciales–, no ha logrado ganancias.
Cuando Harris entró a la competencia rápidamente logró 50% de preferencia electoral contra 45.6% de Trump. Hoy, la diferencia es de un punto, 48.7% contra 47.7% en las encuestas del Times y The Hill, pero únicamente de 0.2% en el agregador de RealClear Politics. Nate Silver, un estadístico que se hizo famoso por sus acertadas proyecciones en el beisbol y que ha sido un referente político por más de una década, señaló recientemente que esta reducción puede significar un cierre adicional en la lucha por el voto popular.
Esta es una variante importante. En las seis elecciones presidenciales en este siglo, los candidatos demócratas lograron siempre el voto popular, aunque en tres la presidencia la ganaron republicanos. Hillary Clinton debió haberle ganado a Trump en 2016, pero no entusiasmó a suficentes demócratas para que salieran a votar por ella, pues aunque ganó el voto popular, solo alcanzó 227 votos en el Colegio Electoral –que es el que decide realmente la elección– contra 304 de Trump, que es lo que está sucediendo con Harris.
Trump está consolidando su voto duro, mientras Harris ha necesitado de la ayuda del ex presidente Barack Obama para agregar votos negros a su causa. En las apuestas, la mayoría van por Trump, una preferencia que expresaron sin muchas sutilezas el Post y el Times angelino al cancelar su endoso a Harris. Hay incertidumbre y miedo por lo que viene el 5 de noviembre, lo único cierto en el proceso electoral en Estados Unidos.

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La violencia está desbordada y está subiendo la calidad de fuego de las organizaciones criminales. En Guanajuato, en la zona que controla el Cártel de Santa Rosa de Lima, la organización que domina el huachicol, estallaron dos coches bomba, mientras que en Guerrero, en la Costa Grande, se enfrentaron militares con civiles armados. El teatro de operaciones criminales se amplió drásticamente en unos cuantos días, desde Sinaloa y Chiapas, hasta el centro del país. No se sabe aún si los estruendosos conflictos son parte de la extensión de la guerra interna en el Cártel de Sinaloa, pero lo que sí se ve es la primera crisis de seguridad que enfrenta la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, y que la pone a prueba sobre cómo manejar el desastre que le dejó Andrés Manuel López Obrador.
Los ataques en Guanajuato fueron al corazón del Cártel de Santa Rosa de Lima. Un coche bomba explotó en Acámbaro, a unos metros de las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, y poco tiempo después estalló otro en Jerécuaro, afuera de la sede de la Secretaría de Seguridad Municipal. Ese cártel nació en 2014 en el centro y el sur del estado, en Villagrán, contiguo a Celaya, y en la herradura que hace frontera con Michoacán –donde está Acámbaro– y Querétaro –donde está Jerécuaro. La selección de los objetivos sugiere que los agresores denunciaron colusión de la policía con los reyes del huachicol, aunque no se sabe de parte de quién fueron las bombas.
El Cártel de Santa Rosa de Lima, que tiene una alianza desde 2019 con Los Escorpiones, el brazo criminal del Cártel del Golfo, está enfrentado con el Cártel Jalisco Nueva Generación y con la fracción de Los Chapitos que están combatiendo a las milicias de Ismael El Mayo Zambada, en Sinaloa. La violencia que vivió ayer el sur de Guanajuato no fue inusual, pero lo escandaloso de los actos la colocó en el mismo nivel de atención pública de Sinaloa y Chiapas, los estados que estaban ocupando el interés nacional y los esfuerzos del gobierno de Sheinbaum.
Es el mismo caso de Tecpan de Galeana, que ha vivido bajo la violencia por largo tiempo entre dos grupos, Los Granados y los Chanos. Los Granados pertenecen a lo que se conoce como la Federación Gue-rrerense, donde Los Tlacos, el grupo criminal que respaldado aparente-mente por el gobierno de Evelyn Salgado, ha ido conquistando territorios y expandiéndose desde el centro y oriente del estado hasta la Costa Grande en busca de una salida al mar para su droga, y La Familia Michoacana, que tiene el mismo objetivo. No hay información sobre qué provocó el enfrentamiento y el bloqueo de la carretera de Acapulco a Zihuatanejo, en donde tienen al Cártel Jalisco Nueva Generación como su principal enemigo.
El país se le está yendo de las manos a la presidenta en materia de seguridad, pese a que toda la violencia no puede atribuírsele en estos momentos a su política. Es la herencia maldita del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y consecuencia del fracaso de su estrategia de no combatir a los cárteles de las drogas, e inclinar su preferencia por Los Chapitos y, en segundo lugar, el Cártel de Sinaloa, al que también se conoce como Cártel del Pacífico. Sheinbaum necesita tiempo para que la estrategia que planteó al iniciar su administración, apenas hace tres semanas, pueda empezar a dar frutos. El problema es que no lo tiene, y la narrativa que está intentando construir, retomando las líneas generales de su predecesor y sus tácticas dilatorias y distractoras, no le están funcionando.
Ayer, por ejemplo, dedicó 638 palabras para responder una pregunta sobre la notificación oficial de una jueza para eliminar del Diario Oficial de la Federación la publicación sobre la reforma judicial. Al coche-bomba en Acámbaro le dedicó 45 palabras. Del coche-bomba en Jerécuaro se supo después de terminada. No cambió el ciclo noticioso. Sheinbaum, como lo hacía López Obrador para huir del fondo de la problemática, dijo que el martes informaría el gabinete de Seguridad sobre los operativos que se están llevando a cabo para restablecer la seguridad.
Pero los habitantes de esos estados no tienen porqué esperar que les digan lo que están haciendo hasta la próxima semana. El resto del país, tampoco. Se necesita escuchar que la Jefa del Estado Mexicano está atenta, presente y actuando. Parecía que en el caso de Sinaloa lo estaba haciendo, y que el Ejército ya no tenía órdenes de huir, sino de enfrentar a los criminales cuando los atacaran: 19 civiles armados abatidos el martes parecían confirmarlo, aunque el índice de letalidad fue 19 civiles muertos contra 0 soldados heridos o muertos, un radio que excede ampliamente los márgenes de legitimidad del uso de fuerza letal.
Peor aún, un video publicado por Reforma reveló que hace 15 días ocho soldados estuvieron a punto de ejecutar a un joven, a quien detuvieron en la calle y lo acusaron falsamente de un delito, pero que se salvó de morir porque la videocámara de un negocio grabó lo que sucedía. Lo que mostró el video, por como actuaron y decidieron matarlo tras tratarlo de manera arbitraria, mentirosa y criminal, es que su proceder no era nuevo. Cabe la pregunta: ¿qué tantos de los abatidos han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales?
También, en lo que parecen ser usos y costumbres militares, Sheinbaum luce rebasada. Tampoco es atribuible a ella, sino a la necedad de López Obrador de llevarlos a la calle como policías. Ella, que lo respaldó, empieza a pagar las consecuencias de una política condescendiente con los criminales que les entregó un cacho de país. La presidenta no va a poder lidiar con el fenómeno con el viejo discurso presidencial fallido, dados los resultados, y débil, ante la realidad, ni construir el espacio que necesita para que su estrategia empiece a funcionar. Necesita tomar la iniciativa de manera firme, porque los cárteles se están adueñando del tiempo mexicano y a ella se le están escapando las cosas de las manos.

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¿Quién ordenó el asesinato del padre Marcelo Pérez en San Cristóbal de las Casas? Nadie sabe. Las autoridades federales y estatales ni siquiera han esbozado las líneas de investigación del crimen que ha sacudido a la Iglesia Católica, a defensores de derechos humanos, a activistas y a los chiapanecos. ¿Quién lo mandó matar? Ya tienen un presunto autor material, detenido en la misma ciudad chiapaneca días después de ejecutarlo, pero es extraño que tras un atentado de tan alto impacto, el responsable permaneciera en la misma ciudad donde lo cometió. La posibilidad de que sea un chivo expiatorio para aliviar la presión social, no puede descartarse.
Pérez sabía hace tiempo que su vida estaba en peligro. “En Simojovel le pusieron precio a mi vida”, declaró en agosto a El Heraldo de Chiapas, refiriéndose sin especificar al enfrentamiento que tenía con Los Herrera, un grupo criminal que se empoderó cuando su fundador Austreberto Herrera fue nombrado juez municipal en Pantheló –municipio vecino de Simojovel– en 2002, y creció para enfrentar a policías comunitarios y defensores de comunidades indígenas –como el padre–, durante el gobierno de su protegido Manuel Velasco, hoy senador verde. ¿Fueron ellos?
“Si no fueron ellos, es fácil acomodar la versión, (porque) los Herrera lo tenían amenazado públicamente”, dijo un conocedor profundo de la realidad chiapaneca. “Pero lamentablemente, en cada región de Chiapas ya hay ecosistemas criminales en donde los actores solo cambian de nombre y filiación, aunque el modo de operar es el mismo”. Pérez fue ejecutado por dos personas que viajaban en motocicleta, en esa ciudad donde opera el grupo de “los motonetos”, por que utilizan la motoneta como parte de su modus operandi y se benefician de las economías indígenas. “Los motonetos” son tsotsiles, como el sacerdote, lo que no sería impedimento para asesinarlo. ¿Es esta otra línea de investigación?
El asesinato del sacerdote Pérez volvió a colocar a Chiapas en el centro del infierno de la violencia nacional, pero la descomposición en la entidad comenzó en 2021. En septiembre de ese año se publicó en este espacio que Chiapas era el último estado en guerra civil. Los Zetas ya habían consolidado su negocio de trata y tráfico humano tras arrebatarle un poco del territorio al Cártel de Sinaloa, y en ese momento estaba irrumpiendo el Cártel Jalisco Nueva Generación. La correlación de fuerzas había cambiado porque el valor potencial de la tierra había subido de prácticamente nada, a miles de millones de pesos.
La revolución de la narcoeconomía se detonó con la construcción del Tren Maya, que al cambiar el status quo que hubo por décadas, la estabilidad criminal se alteró y se atomizó la lucha entre las organizaciones delincuenciales, que cambió el entorno cotidiano en el estado. La construcción del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec aceleró el control que tenía sobre todos los municipios una organización criminal que responde a los intereses del Cártel de Sinaloa. No había calculado el presidente Andrés Manuel López Obrador que eso pasara, pero sucedió y nunca tuvo una estrategia para impedirlo.
En junio del año pasado se ventiló aquí una de las consecuencias de ese abandono, mientras López Obrador decía que había tranquilidad y paz, lo que era una mentira flagrante. Ahí ya se libraba una guerra y su epicentro era Frontera Comalapa, colindante con Guatemala, que por años fue controlada por el Cártel de Sinaloa, donde la facción de Joaquín El Chapo Guzmán dominaba todo, en ambos países, pagando 50 mil dólares mensuales a generales guatemaltecos para que la dieran protección a los aviones que descargaban cocaína en las pistas clandestinas en Huehuetenango y el Quiché, para cruzarlas a México. Guzmán ya operaba en la frontera sur cuando Los Zetas empezaron a trasladarse hacia esa zona, diversificando su negocio criminal.
Los Zetas habían sido severamente golpeados en la parte del narcotráfico en el gobierno de Felipe Calderón, pero mantuvieron boyantes sus otros negocios ilícitos, construyendo bases de entrenamiento con el apoyo de exmilitares guatemaltecos que habían pertenecido a los kaibiles. Algunos de esos centros quedaron al descubierto al iniciar la obra del Tren Maya, y fue una de las razones por las que el presidente metió al Ejército en la construcción. El Cártel de Sinaloa, con El Chapo Guzmán, fue perdiendo poder, sobre todo cuando su operador, Gilberto Rivera Amarillas, El Tío Gil, fue detenido en 2016 en el aeropuerto de “La Aurora” en Guatemala cuando estaba por tomar un avión a la Ciudad de México, y extraditado un año después a Estados Unidos.
Su captura provocó un cambio en la correlación de fuerzas criminales en la frontera sur mexicana, que comenzó a aflorar con la captura del coronel guatemalteco Otto Fernando Godoy Cordón, que en abril de 2023 detalló en la Corte del Distrito Sur de California el mismo modus operandi que tenía El Chapo Guzmán, pero ahora con el Cártel Jalisco Nueva Generación. La irrupción de este grupo criminal en esa región en el último tercio del sexenio de Enrique Peña Nieto, provocó una escalada de violencia por el control del territorio, que se vio poco después en Chiapas al enfrentar primero a los chapitos, hijos de Guzmán, y luego a Ramón Gilberto Rivera, hijo de El Tío, que se alió con los guatemaltecos.
La participación de los guatemaltecos en la estructura de mando es reciente. Un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional encontrado en los Guacamaya Leaks por El Sol de Sinaloa, mostraba que hasta junio de 2022 cuatro células del Cártel de Sinaloa operaban en el estado. Lo que no mostraba era el choque con el Cártel Jalisco Nueva Generación, ni la forma como los viejos socios de los sinaloenses en Chiapas, estaban tejiendo relaciones criminales con los narcos guatemaltecos, que están empezando a tomar un papel importante en la guerra chiapaneca.
Para entonces, la situación que se vivía en Chiapas era altamente volátil e incierta sobre lo que vendría después. López Obrador se fue y el gobernador Rutilio Escandón vive escondido. Chiapas no merecía líderes tan frívolos ni incompetentes, como lo fueron López Obrador y Escandón, que dejaron un tiradero.

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