La guerra cultural que ganó Andrés Manuel López Obrador para avanzar en su proyecto político autoritario minando a la oposición y la crítica con ataques sistemáticos, espionaje, intimidaciones discursivas y físicas, auditorías y amenazas penales, ha regresado. Pero ya no existe un mariscal que encabece la guerra, como lo fue en el sexenio pasado, sino que hay varios generales que han emprendido la batalla, sobre todo en Morena, en donde la presidenta Claudia Sheinbaum apenas es una generala más en el campo de batalla. Sheinbaum es una víctima de los puros del obradorismo, un daño colateral en este momento de regeneración del régimen.
En las tres últimas semanas se ha notado la reactivación de las cuentas en X asociadas al ex vocero de López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas, actual coordinador de asesores de Sheinbaum, para fortalecer el legado autoritario de López Obrador, cuya actividad se acentúa los fines de semana en la tarea conocida de difamar y buscar la neutralización de los críticos al régimen. Pero no parece ser parte de una acción coordinada con la presidenta, pues Ramírez Cuevas se ha tomado atribuciones que no le corresponden, en la narrativa y en los hechos, como bloquear la invitación a la presidenta de la Suprema Corte al desfile del 20 de Noviembre, sin consultarlo con ella, pero en la línea de su jefe López Obrador.
Ramírez Cuevas inicialmente fue marginado de la política de comunicación social por la nueva responsable, Paulina Silva, pero ha logrado, pese a los deseos iniciales de Sheinbaum, rearmar una segunda línea de mercachifles acreditados como “periodistas” para controlar las preguntas en las mañaneras y plantear temas que a veces parecen incomodar a la presidenta. La inexperiencia del equipo de Sheinbaum también ha permitido el regreso de preguntas monetizadas, que volvieron a cotizarse como en los primeros meses de López Obrador, 200 mil pesos, contra los 70 mil en las que se depreciaron en la agonía del sexenio.
Sheinbaum siempre estuvo en contra de tener mañaneras, pero López Obrador la obligó a realizarlas. Hizo cambios discretos y piensa profundizarlos hasta llegar a cancelarlas, pero está metida en una contradicción, donde ha retomado lo peor de López Obrador por cuanto a ataques y descalificaciones –alejándose de los momentos en que respondía con seriedad y solidez–, agarrándose a su técnica para minimizar las cosas, aunque a diferencia de su mentor, de tremenda cara dura, a ella no le está funcionando, porque su equipo no ha podido desarrollar una narrativa golpeadora –o de cualquier otro tema–, ni la están asesorando adecuadamente, como sucedió con la tergiversación que hizo de su conversación con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien la corrigió horas después.
Otra falla importante se dio durante la reciente cumbre del G20 en Río de Janeiro, cuando declaró públicamente en una entrevista con N+ que le había pedido informes al presidente Joe Biden sobre cómo fue la captura en México de Ismael El Mayo Zambada, el jefe del Cártel de Sinaloa, una iniciativa que fue muy mal interpretada por el Departamento de Estado, que le hizo saber que lo que había informado el embajador Ken Salazar –motivo de su insatisfacción–, era todo lo que le iban a dar.
No obstante, el mejor ejemplo de lo que está sufriendo Sheinbaum en términos de comunicación política es que los golpes que ha realizado su gobierno en materia de seguridad, algunos muy relevantes –como la recaptura de dos sicarios de Guerreros Unidos en el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa–, no tuvieron la atención pública que merecía, ni tampoco otros aciertos que ha tenido la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que no han logrado el objetivo de ir modificando la percepción, sino que se ha incrementado la idea de que las cosas están peor que con López Obrador.
La narrativa original de Sheinbaum ha sido rebasada por las posiciones del obradorismo, que la han visto débil e incapaz, como política y como equipo, para tomar el control y asumir el rol de mariscal de la gran batalla en la instauración del nuevo régimen. Ramírez Cuevas es el Caballo de Troya en Palacio Nacional, a quien se podría decir que detesta por el activismo en su contra de los dos últimos años, pero que al mismo tiempo, en reconocimiento implícito de su debilidad comunicativa, ha tenido que recurrir por ayuda, para transmitir mensajes políticos o que realice cabildeos donde su equipo ha naufragado.
No es el único enemigo. Los desplantes de los coordinadores en el Senado y la Cámara de Diputados, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, no han sido solo contra la oposición y el sentido común, sino también la han afectado a ella.
La primera reacción de Monreal sobre el helicóptero de lujo en el que lo pillaron, que lo seguiría haciendo, fue interpretada en algunos sectores del gobierno federal como una afrenta a ella –que respondió viajando en un avión comercial lechero a Río de Janeiro–. La respuesta de su camarada de juergas y más, Pedro Haces, de no negar que tiene problemas serios con el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, el principal enlace de la presidenta en San Lázaro, y que no se van a terminar, es otro reto a su investidura.
La expresión pública más cristalina del obradorismo, La Jornada, es otro botón de muestra de los tormentos de la presidenta. Periódico sui géneris desde su inicio por la diversidad, a veces antagónica de su línea editorial –es legendaria la anécdota de una mañana en la que su entonces director, Carlos Payán, molesto por la noticia principal del día, preguntaba “quién había hecho el periódico” la noche anterior–, algunos días a la semana es claudista, pero la mayoría es opositora al gobierno y crítica de aquellos momentos en que la ven dubitativa de mantener la línea marcada por López Obrador.
Sheinbaum enfrenta una batalla en mútiples frentes, pero el más delicado y difícil de enfrentar es el interno, donde seguimos viendo la lucha por el poder entre ella y su predecesor.

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Hay gobernadores buenos, malos, pésimos y Miguel Ángel Navarro Quintero, de Nayarit. Por largo tiempo ha estado por debajo del radar de la opinión pública nacional, por lo que sus abusos, despojos, leyes draconianas, persecuciones políticas y denuncias de corruptelas, han pasado relativamente desapercibidas. Pero sus excesos tuvieron un punto de inflexión. Después de buscar contener al gobernador en su intento por meterse en la vida interna del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, su dirigencia finalmente hizo pública su denuncia con un desplegado dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum donde centra sus arbitrariedades.
Navarro Quintero se metió en el proceso de renovación del Comité Ejecutivo del SNTE y ha estado hostigando al candidato para encabezarlo, Óscar Flavio Cedano, para intimidarlo por medio de la Fiscalía estatal y descarrilarlo del proceso electoral. En el desplegado el secretario general del sindicato magisterial, Alfonso Cepeda, dijo que se trata de una campaña de intimidación que violenta la autonomía sindical y representa un abuso de poder. Muchos meses antes, Flavio Cedano reveló que, por su oposición a la llamada “Ley Navarro”, Navarro Quintero había ordenado que se abrieran carpetas de investigación contra quien se opusiera.
La “Ley Navarro” es una aberración. Desapareció dos mil 500 millones de pesos del fondo de pensiones, por lo que los trabajadores del estado lo denunciaron penalmente, sin éxito, y un grupo de ciudadanos quiere promover la revocación de mandato, que aparentemente sigue el mismo camino. Redujo en más de 30 por ciento la pensión máxima que puede tener un jubilado y eliminó los aumentos en las pensiones del personal en activo, que impactó al poder adquisitivo. Se ha metido en los contratos colectivos de la burocracia para quitarles derechos adquiridos, como en el caso de los maestros, donde esa ley canceló sus aguinaldos. Para neutralizarlos, ordenó acciones judiciales e incautó bienes del SNTE.
En mayo pasado, Cedano declaró a la prensa que en Nayarit, si “levantas la voz, señalas alguna violación que se esté haciendo por parte del gobernador, te abren una carpeta de investigación e inicia la persecución y el amedrentamiento. Ves patrullas en las esquinas de tu casa para que no alces la voz y señalar que está haciendo un mal trabajo. Estamos viviendo una dictadura en el estado”. Su caso, como dijo, es el de muchos.
La utilización de la Fiscalía con fines políticos ha sido una constante de Navarro Quintero. Uno de los objetivos del gobernador se ha enfocado en neutralizar y desaparecer a todos sus opositores en Bahía de Banderas, el municipio de mayor crecimiento y desarrollo en el estado, corazón de la Riviera Nayarita. Navarro Quintero impuso en la alcaldía a Héctor Santana, a quien está impulsando para que lo releve en 2027, para lo cual ha perseguido penalmente a quien se le cruce. La Fiscalía nayarita abrió una investigación contra Mirtha Villalvazo, casi recién inició su segundo periodo en la alcaldía, y la acusó de fraude inmobiliario y malversación de fondos públicos, por lo que pidió licencia y se dio a la fuga. Con esta acción, la puerta de Bahía de Banderas se abrió para el delfín del gobernador.
Esta acción fue asociada con el Mega Operativo Nuevo Nayarit, que inició Navarro Quintero al asumir la gubernatura para recuperar, dijo, los bienes inmuebles del estado que le habían sido arrebatados ilícitamente en Bahía de Banderas y Compostela. Uno de los empresarios afectados, Eduardo Valencia, acusó al gobernador en una entrevista en la prensa nacional de manejar una red de despojo a particulares, empresarios y ciudadanos extranjeros de sus propiedades en Bahía de Banderas.
De acuerdo con un reporte del periódico Tribuna de la Bahía a finales de octubre, el Mega Operativo abrió la puerta a reformas fallidas, como la controvertida reforma del Registro Público de la Propiedad, donde el gobierno federal interpuso un recurso de inconstitucionalidad porque cerraba esa base de datos y le quitaba su esencia pública, por lo que Navarro Quintero la abrogó, pero sustituyéndola por una ley para los trabajadores públicos que también los afectaba.
La que quedó intacta, como parte de sus reformas, fue la digitalización del registro catastral, donde, reportó el Tribuna, una serie de “descuidos” permitió que “defraudadores en Bahía de Banderas ya endeudados, (aprovecharan) esta omisión y el borrón de sus deudas en los libros catastrales para volver a solicitar millonarios créditos en cuatro bancos a los que ya estaban sujetos, desatando el mayor desfalco a la banca en la historia de Nayarit”.
Navarro Quintero ha sido un gobernador altamente controver-tido y bastante repudiado por sus gobernados. De acuerdo con el ranking de gobernadores que publica mensualmente Consulta Mitofsky, se encuentra en el lugar 29 –de un total de 32–, donde sólo Evelyn Salgado de Guerrero, Layda Sansores de Campeche, y Américo Villareal de Tamaulipas, están peor evaluados que él. De estos cuatro, solo él ha estado lejos de los reflectores nacionales, pero el descrédito en su estado está asociado con los señalamientos de atrabiliario e incompetente, así como de presunción de corrupción.
Hay algo, adicional que levanta mucho las cejas por su interés en tener bajo control Bahía de Banderas. Tanto en ese destino turístico como en Tepic, la capital de Nayarit, se ha incrementado la desaparición de mujeres, particularmente entre 20 y 30 años, que en los primeros 10 meses del año habían sumado una decena más que en todo 2023, de acuerdo con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Información que le proporcionaron colectivos de personas desaparecidas, apunta a una red de trata de personas en Bahía de Banderas que opera con impunidad en la región, gracias a la complicidad del gobierno estatal.
Desde septiembre diferentes grupos sociales han estado movilizándose y realizando manifestaciones, pero no han tomado tracción. El desplegado del SNTE, aunque enfocado en el tema sindical, ha sido un catalizador por el cual muchos ojos comenzaron a voltear a Nayarit, donde los “atropellos” y los “actos de autoritarismo e intolerancia” que le achacó Cepeda a Navarro Quintero, rebasan el conflicto con el magisterio y se convierten en un tema estatal con implicaciones nacionales al involucrar, pidiendo acción en respuesta, a la presidenta.

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Cuando menos durante 2025, Claudia Sheinbaum cobrará como presidenta pero administrará el séptimo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No es probablemente lo que hubiera querido, pero es el compromiso que hizo con su predecesor, que la escogió, como se está viendo, porque era quien más tendría deudas con él y quien más difícilmente podría deslindarse de él. El presupuesto para el próximo año así lo subraya, aunque habría que recordar, también será para cubrir los miles de millones de pesos que se inyectaron para que Sheinbaum ganara la elección presidencial.
El presupuesto que entregó la Secretaría de Hacienda al Congreso la semana pasada, tiene muy poco de Sheinbaum y mucho de López Obrador. Tiene muy poco de la agenda de una izquierda, al sacrificar al sector salud, al que le quitó 34 por ciento de su presupuesto, al sector educativo que le redujo 0.6 por ciento, y al medio ambiente que le rebanó casi 40 por ciento de lo que tenía el año pasado, pero es bastante neoliberal, un modelo económico que repudia públicamente la presidenta, al hacer más chico al gobierno, que es el mundo ideal de los Chicago Boys.
Claro, lo que estamos viendo en México no está pintado de blanco y negro. Así como hay este tufo neoliberal en el campo macroeconómico, también está lo opuesto cuando se ven los detalles. De ninguna manera abre la puerta a los mercados, sino todo lo contrario.
Refuerza las prioridades de López Obrador, inyectando miles de millones de pesos en programas sociales improductivos, que mantienen aceitada la maquinaria electoral de Morena, y prioriza obras de infraestructura, pero fundamentalmente para acabar –si es posible–, sus megaproyectos, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, así como también se dedican más de 70 mil millones al aeropuerto Felipe Ángeles, un poco incomprensible porque se supone que la instalación aérea estaba totalmente terminada –no así la conectividad terrestre–, que no le corresponde hacer al Ejército.
Para satisfacer las necesidades de López Obrador, Sheinbaum ordenó un recorte parejo de 10 por ciento en la burocracia federal, que probablemente tendrá nuevos ajustes en las próximas semanas, porque se está considerando pedir a los gobiernos estatales bajar otro 5 por ciento del presupuesto asignado.
Reducir el tamaño y gasto del gobierno, bajando drásticamente el déficit fiscal, fue la condición del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para no tirar la toalla hace unas semanas, porque como se venían perfilando las intenciones de Sheinbaum, para cumplirle a López Obrador sin un sacrificio de su gobierno, se lo esbozó, iría al despeñadero. El requisito central del secretario para mantenerse en el cargo fue bajar el déficit fiscal en 3 por ciento –de poco más de 6 por ciento en la actualidad–, que significaría una disminución de alrededor de 850 mil millones de pesos, que aceptó la presidenta. No obstante, le echó a andar a sus leales, y al final quedó en 3.9 por ciento.
Ramírez de la O chocó con Luz Elena González, que fue secretaria de Administración y Finanzas en el gobierno de Sheinbaum en la Ciudad de México, y que fue nombrada como secretaria de Energía, mientras terminaba el periodo de un año que quería que durara en su cargo el secretario de Hacienda. Ambos discutieron los pormenores del recorte presupuestal, no en su totalidad –el gasto del gobierno es 2.6 por ciento más alto que en 2024, pero 3.6 por ciento menor en términos reales–, sino dónde se harían los ajustes. La revisión final con la presidenta no la hizo con él, como correspondería, sino la subsecretaria Bertha Gómez, que había sido subalterna de González en el gobierno capitalino.
Gómez fue la responsable del error de los recortes presupuestales a la UNAM y a las instituciones de educación superior de unos 10 mil millones de pesos, que fue corregido por Sheinbaum durante su conferencia matutina hace seis días y obligó a que Hacienda, de manera insólita, diera a conocer un comunicado reconociendo la falla. Esta equivocación fue producto de haber marginado Sheinbaum a Ramírez de la O en la revisión final de los presupuestos, porque Gómez le mostró los porcentajes absolutos sin entrar en detalles.
Estos dos enfrentamientos de Ramírez de la O muestran la punta de los jaloneos en Palacio Nacional por el presupuesto. Uno, tan importante como el déficit fiscal, fue la estimación de crecimiento para el próximo año, donde por presiones en Palacio para que lo ajustara al alza, Hacienda lo estimó entre el 2 y el 3 por ciento, que se contrapone a las previsiones de todos los bancos e instituciones financieras, que ajustaron a la baja el PIB, como el Banco Mundial (1.5 por ciento), Banamex (1.4 por ciento), el Fondo Monetario Internacional (1.3 por ciento) y, la más reciente, de la calificadora Moody´s (1.3 por ciento).
La predicción del crecimiento económico ha sido un punto muy criticado por los expertos, pero Ramírez de la O, se ha visto obligado a defenderlo públicamente, argumentando que las estimaciones no tomaron en cuenta el dinamismo de la economía en el tercer trimestre de este año, ni contemplaron el crecimiento que generan los programas sociales (lo que es altamente discutible) estimulando el consumo (que provoca tendencias inflacionarias).
Ramírez de la O también tuvo que poner la cara para justificar el tipo de cambio, fijado en el presupuesto en 18.70 pesos por dólar, que está calculado, señaló, sin considerar las variables políticas que, sin embargo, parece un error porque son precisamente esos factores subjetivos los que deprecian al peso, como sucedió con una simple declaración de Donald Trump antes de ganar la elección al amenazar a México con elevar aranceles, que puso a bailar a la moneda mexicana, que cerró ayer en 20.31 unidades por dólar.
El presupuesto, construido políticamente como lo son todos, es una mezcla de manejo macroeconómico responsable –aunque algunas de las variables no están siendo creídas–, y de satisfacción de las necesidades de López Obrador en su séptimo año de gobierno, porque esto es lo que está administrando Sheinbaum, fortaleciendo un Estado más centralizado, como lo soñaba su predecesor, y queriendo a la vez, dejar satisfechos a los mercados mientras sigue comprando las lealtades de sus clientelas electorales.

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Tan patán Ricardo Monreal se comportó la semana pasada ante la opinión pública, como desnudo quedó, mostrándose como un personaje abyecto y rastrero cuando le pegaron un manotazo sobre la mesa. La charlatanería del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados se topó con la palabra de la presidenta Claudia Sheinbaum que le recriminó el uso de helicópteros privados, indigna actitud de quien ha presumido la austeridad de la cuatroté.
Hace meses que la opinión sobre Monreal viene a la baja, sobre todo después de que sus arranques de dignidad se esfumaron cuando salió agachado de Palacio Nacional después de una plática con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, su voz autónoma se volvió la de un merolico del poder, que no le importó porque la victoria de Morena en las elecciones presidenciales le permitió ocultar sus debilidades, y como a muchos de sus correligionarios, el poder lo emborrachó.
El episodio del helicóptero lo dejará marcado. Se hizo público cuando circuló el video donde se aprestaba a tomarlo acompañado del diputado Pedro Haces. Cuestionado por la prensa, el insuflado zacatecano dijo que usaba helicópteros desde sus tiempos de gobernador cuando había emergencias, y para que no hubiera duda, agregó que lo seguiría haciendo seguido porque no era hipócrita. Tenía razón. No era hipócrita sino cínico. También mentiroso. Cuando Sheinbaum cuestionó su actitud, bajó la cabeza y ofreció disculpas, reconociendo que no viajaba por una emergencia, sino para acompañar a un “entrañable amigo”, que no identificó, aunque el único con el que se vio era su entrañable pareja Haces.
Ellos forman la pareja de la ignominia, y desde hace varios años tienen una complicidad abierta. Haces ha difundido sin recato imágenes donde lo lleva a lugares donde se derrocha dinero y alcohol bajo la música de grandes bandas, así como a sus fiestas en su el cortijo “Santa Martha”, en el Ajusco, que quienes lo conocen hablan de la vulgaridad y mal gusto de la propiedad, vigilada por hombres con armas largas prohibidas en México, similares a las empleadas por narcotraficantes.
Haces tiene un historial oscuro. Su nombre aparece en el expediente en la Corte del Distrito Sur en Brooklyn en contra del exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, juzgado y condenado por narcotráfico. Veytia estaba asociado al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, que se vinculó con el Jalisco Nueva Generación en 2014, cuando estaba creando negocios legítimos y legales, como el de los materiales de construcción –donde se ha metido el diputado para participar en la construcción del Tren Maya–, y lo mencionó casualmente, no como denuncia, como un enlace con esa organización. Aunque imputado en Estados Unidos, no ha sido indiciado en ningún juicio, cuando menos que se sepa oficialmente hasta ahora. En México, por supuesto, todo ello le hizo lo que el viento a Juárez.
Haces ha tenido el blindaje político de Monreal, que lo apoya para convertir la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) que fundó, en una nueva central sindical que remplace a la prisita Confederación de Trabajadores Mexicanos, la CTM. Su complicidad es tan sólida que para neutralizar a Alfonso Ramírez Cuéllar y Gabriela Jiménez, a quien quería Sheinbaum que fueran los vicecoordinadores de la bancada en el Congreso, le creó a su camarada de juergas una supercoordinación por encima de ellos. Ha sido un desastre, por lo que un par de semanas antes del episodio del helicóptero, se comprometió con Palacio Nacional que desaparecería ese puesto. Hasta ahora, ni con el escándalo a cuestas lo ha hecho. ¿Qué le debe a Haces? ¿Qué tanto le da? Monreal lo presume, pese a que el diputado huele a gas.
En diciembre de 2021, la corresponsal del periódico Imagen del Golfo, propiedad de José Pablo Robles Martínez, gran amigo de López Obrador, le preguntó en la mañanera sobre las amenazas y las extorsiones de tres sindicatos en los complejos petroquímicos de Veracruz. López Obrador reconoció las prácticas indebidas e ilegales de sindicatos charros y agregó, sin que nadie le preguntara, que un sindicato que vendía grava de mala calidad, había afectado la construcción del canal transístmico. Se refería a la CATEM, que es uno de los principales proveedores de ese material para el Tren Maya en el sur del país, la construcción que cambió la plusvalía de la tierra y la convirtió en territorio en disputa entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, con quien los Beltrán Leyva han tenido contacto hace casi 10 años.
Haces es un fierro caliente, y sus excesos y protagonismo lo han llevado a una situación cada vez más incómoda. El episodio del helicóptero subió el calor contra los dos y revivió las preguntas del origen de su dinero. Nadie duda que Haces tiene mucho, pero no se sabe con certeza su origen. Se conoce de su afición a la tauromaquia, y fundó dos ganaderías bravas. Creó también Don Bull Productions México hace casi un cuarto de siglo, que promueve eventos de toros. Hace dos años se asoció con el controvertido empresario taurino español de origen francés, Simón Casas, con quien administra la plaza de toros de la catedral taurina de Las Ventas, en Madrid, y dos de las cinco plazas más importantes de Francia.
El millonario líder sindical y diputado no es del agrado de Sheinbaum. Desde la campaña presidencial procuraba estar lejos de él, pero Monreal, sin consultarlo con su equipo, lo subía a los templetes en los mitines. Esta pareja sufrió un fuerte revés con el tema del helicóptero, pero paradójicamente no por haberlo utilizado, sino por como Monreal respondió a la prensa, palabras más, palabras menos, con un háganle como quieran que seguiré volando si no sale del erario. Haces salió al quite y dijo que “el que trabaja, anda por cielo, mar y tierra, trabajando por la gente”. Días después, se revelaron como un par de farsantes.
Sheinbaum lo puso en su lugar, pero falta que los ponga en su lugar. No será por ahora con Monreal, pero el tiempo parece haberle llegado a Haces.

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El nombramiento del senador de Florida Marco Rubio como próximo secretario de Estado en la segunda Administración Trump, no es una buena noticia para México. Rubio tuvo una pésima relación con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, prolífica en insultos recíprocos por su complacencia con el narcotráfico, lo clasificó entre los países latinoamericanos que no eran aliados de Estados Unidos, sino adversarios. Lo que fue, sigue siendo ahora. Los principios de la nueva política exterior mexicana que instauró López Obrador se mantienen intactos y el segundo piso del proyecto obradorista que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum corre sobre los mismos intereses.
El pensamiento de Rubio es conocido por sus intervenciones en el Senado, donde aún es el republicano más importante en los comités de Relaciones Exteriores, que supervisa la política exterior de Estados Unidos, el Subcomité para Asuntos del Hemisferio Occidental, que ve la política hacia América Latina, y en el Comité Selecto de Inteligencia –donde es el presidente interino–, que es el que recibe información confidencial del gobierno sobre análisis de riesgo y operaciones clandestinas en el mundo. Hijo de migrantes cubanos, está en las antípodas de regímenes como Cuba, Nicaragua y Venezuela, por dictatoriales, y no le gustan Brasil, Chile, Colombia y México, que considera ideológicamente cercanos.
En un artículo publicado en abril en la influyente revista de pensamiento conservador The National Interest, apuntó que mientras se hablaba mucho de “la ola rosa” con el arribo al poder de gobiernos de izquierda en América Latina –incluido México–, había viajado a la región y se había topado con un grupo de líderes que no estaban impresionados por la moda política en sus vecinos. Hablaba específicamente de Daniel Noboa, Dina Boluarte y Javier Milei, presidentes de Ecuador, Perú y Argentina, con quienes López Obrador se enfrentó a groserías y con cuyos gobiernos mantiene México una relación mínima o inexistente, como en el caso ecuatoriano.
Junto a ellos, con Nayib Bukele en El Salvador, Rodrigo Chávez en Costa Rica, Luis Abidaner en República Dominicana, e Irfaan Alí en Guayana –amenazado por el presidente Nicolás Maduro para apoderarse del 30% de su territorio, que tiene enormes reservas petroleras–, Rubio planteó una alianza económica –incluyendo el nearshoring–, acceso a los recursos argentinos de litio –tiene 10% de las reservas del mundo–, las de cobre en Perú –que posee una décima de las que existen–, y los miles de millones de reservas de hidrocarburos en Guyana, que generan una riqueza colectiva de más de un trillón de dólares. En materia de seguridad, Bukele lo ha sorprendido y ve los esfuerzos de Noboa para caminar en la misma dirección de rudeza contra los criminales, que no vio en México.
Pero Rubio no fue seleccionado por Trump por su enfoque político hacia América Latina, sino por su posición frente a China, el principal adversario de Estados Unidos, y contra el que demócratas y republicanos están luchando por evitar que les arrebate la hegemonía. China, no obstante, se cruza completamente en la región latinoamericana, donde ha aprovechado la falta de una estrategia para la región de la que ha adolecido por décadas la política exterior estadunidense. De hecho, se podría argumentar que desde el gobierno de James Carter en los 70, cuando forzó el final de la era de la Doctrina de Seguridad Nacional que fortalecía a las dictaduras latinoamericanas que habían jugado un papel central en la Guerra Fría, no ha existido una política consistente de Washington en la región.
China aprovechó los vacíos mientras se construía como una potencia económica, y en lo que va del siglo pasó de no tener inversiones en la región, a ser el principal país en inversión extranjera directa de Panamá hasta la Patagonia. La última, la semana pasada. Boluarte y el presidente chino, Xi Jingpin, que estuvo en Lima para la reunión de la APEC, inauguraron un megapuerto en Chancay que generará ingresos anuales de 4 mil 500 millones de dólares, más de 8 mil puestos de trabajo, y reducirá los costos logísticos de la ruta entre los dos países en un 20 por ciento.
La presencia china en América Latina es la principal preocupación de Estados Unidos en la región. Aunque Rubio no está de acuerdo con los regímenes dictatoriales o iliberales en el Hemisferio, el énfasis de Trump no está en la lucha ideológica, sino en la económica, donde el eje de izquierda latinoamericano no es confrontado por el tipo de gobierno que tienen, sino por los nexos que establecen con China. En este contexto, México entra claramente en las preocupaciones de Washington.
Desde septiembre el presidente Joe Biden impuso un 100 por ciento de aranceles a los automóviles chinos, lo que provocó un problema potencial para las exportaciones mexicanas por las acusaciones de que los chinos están utilizando la puerta trasera de México para meterse al mercado estadunidense. Rubio lo advirtió desde su artículo en abril, señalando que los chinos quieren mover sus armadoras a México para “explotar” el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. No hay armadoras chinas aún en México, pero desde la pandemia llegaron más de 20 marcas chinas con autos de todos precios, pero más bajos que sus competidores. Y en los últimos días, los canadienses comenzaron a hacer el trabajo sucio a Washington y pedir la exclusión de México del acuerdo comercial si no deja de servir a los intereses económicos chinos.
No será hasta las audiencias de confirmación de Rubio en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, cuando veremos sus prioridades y objetivos, pero México, hay que asumirlo plenamente, estará en la lista. Y aquí, tenemos un problema. Su contraparte, el canciller Juan Ramón de la Fuente, es inexperto en política exterior, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aparentemente tiene un conflicto de interés por sus relaciones con los chinos. La presidenta Sheinbaum no tiene un equipo sólido y experimentado para este nuevo juego que está planteando Trump, con operadores sazonados y una agenda muy clara en mente, que acentuarán la asimetría entre los dos gobiernos cuando empiecen las negociaciones con el gobierno entrante.

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La cohesión y obediencia prusiana ante Andrés Manuel López Obrador se rompió ayer en la discusión final sobre si Morena respaldaba en bloque a Rosario Ibarra para ser reelecta como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La votación se demoró horas mientras las negociaciones hacia el interior de la bancada oficialista buscaba un consenso. El sector más duro de la bancada, aunque minoritario en este caso, presionó para que se respetara la orden del ex presidente y se reeligiera a su protegida. La vergüenza de respaldar a una probada incompetente cuyo único mérito fue haber ayudado a López Obrador a colonizar y neutralizar a la CNDH, pesó en la división.
Ibarra no estaba en los ánimos de la presidenta Claudia Sheinbaum ni de Morena. Estaba en el interés de López Obrador, que se metió abiertamente en el proceso la semana pasada, cuando quedó eliminada de la terna finalista e instruyó desde Palenque –donde reside desde finales de octubre–, que la bancada de Morena la respaldara. No fue una tarea fácil para el coordinador del grupo, Adán Augusto López, ni para el cerebro detrás de él, Alejandro Esquer, el ex seceretario particular de López Obrador, que es quien transmite las instrucciones desde Chiapas.
Piedra había quedado fuera de la contienda al seleccionar originalmente el Senado, con el apoyo de Morena y sus dos satélites, el PT y el Partido Verde, a Paulina Hernández Diz, secretaria ejecutiva del Instituto Jaliciense de las Mujeres, Nashieli Ramírez, titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia. Pero llegó la orden y los morenos, maromeros sin pudor ni ética al servicio de López Obrador, eliminaron sin explicación alguna a Tania Ramírez, pese a haber sido la segunda con mayor puntaje.
Fueron las chapucerías que hicieron los pastores de la bancada de Morena para abrirle un espacio en la terna definitiva, pese a que había sido la peor evaluada de todas las candidaturas. Javier Corral, el paria que rescató López Obrador, presidente de la Comision de Justicia, dijo que el dictamen aprobado en las Comisiones Unidas para incluir a Piedra, se había hecho para buscar el “consenso político”, dejando ver que no era un asunto de méritos ni buscar al mejor perfil, sino conciliar y atemperar los ánimos ante una decisión ideológica impuesta.
Otra irregularidad solapada por las cabezas de Morena en la cámara fue cuando Piedra entregó sus documentos a la CNDH donde incluyó una carta de apoyo del obispo emérito Saúl Vera, apócrifa. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la también morenista Reyna Celeste Ascensio Ortega, dijo que había llegado tarde por lo cual no la habían considerado. Si lo de Corral fue una atrocidad política, lo de Ascensio Ortega fue un ataque a la inteligencia de todos: normalizar una ilegalidad y una mentira para un cargo donde no puede haber violaciones a las normas ni falsedades.
La increíble búsqueda de la reelección de una funcionaria desacreditada, moralmente cuestionada, pero que sirvió al ex presidente a costa de su propia imagen y la historia de su familia, dividió a Morena como nunca había sucedido desde 2015, cuando tuvo su primera bancada, por el rechazo mayoritario de Piedra. Dos terceras partes de las y los 65 senadores de Morena expresaron su oposición a que fuera reelecta, con lo cual se generó una polarización que preocupó en Palacio Nacional porque exacerbaba la lucha entre las facciones del partido en el poder.
La división se extendió hasta ayer, el último día de la definición, y a lo largo del día los morenos tuvieron varias reuniones –una de ellas con Piedra– para lograr un consenso y votar por su reelección. Era tal la molestia que los inconformes comenzaron a hablar con la prensa. El Universal fue el primero en reportar las divisiones y la forma como estaban forzando el consenso, argumentando algunos de sus líderes que era una “decisión de Estado”.
Era una mentira absurda. La decisión no era de Estado sino de López Obrador, que movilizó al coordinador de la bancada, su títere operativo en el Senado –aunque en el pleno arrogante y soberbio–, y a los más duros del obradorismo para sacar adelante su imposición. Piedra no estaba en el ánimo de la mayoría, por lo notorio de su incompetencia, que había generado un torrente de críticas lapidarias. Piedra fue cuestionada por haber llevado a la CNDH al nivel más bajo e indigno desde que fue creada hace 32 años.
En lo institucional, los cuestionamientos más fuertes fueron por haber claudicado a su mandato de protección y de contrapeso para “plegarse” al proyecto político del obradorato, como dijo Humberto Guerrero, de la organización civil Fundar. Entre los grupos más afectados se encontraron los activistas y los periodistas, por quienes no hizo nada. Tampoco levantó la voz ante el traspaso de la Guardia Nacional al Ejército, una acción denunciada en México y el mundo por verse como antesala de violaciones a los derechos humanos. En lo personal, trabajadores de la CNDH denunciaron varias veces actos de corrupción, pero nunca le pasó nada porque estaba blindada por López Obrador.
Sheinbaum quería en el cargo a Nashieli Ramírez, una experimentada defensora de derechos humanos con quien trató cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Desde Palacio Nacional se desplegó una estrategia mediática para impulsarla, donde varias plumas cercanas a la Presidencia o en las viejas nóminas que manejaba el hoy coordinador de asesores de la presidenta, Jesús Ramírez Cuevas, se pronunciaron por ella para que fuera votada como titular de la CNDH.
Las lealtades de la dirigencia de Morena en el Senado, sin embargo, no estaban en el campo de la presidenta, sino del ex presidente. Los líderes morenos no respondieron a las preocupaciones de Palacio Nacional sobre no profundizar las divisiones y pasaron horas alargando con triquiñuelas parlamentarias la sesión mientras trataban de lograr una votación lo menos rota posible. El daño estaba hecho. Forzar la reelección de una incapaz había sido demasiado, incluso, para una bancada que actúa como manada.

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La importancia de México para el presidente Donald Trump se ha reflejado en el comienzo del armado de su equipo para cuando llegue a la Casa Blanca. Pero no hay nada que celebrar. De los cuatro primeros nombramientos, dos están directamente relacionados con el tema de la migración y ambos son Halcones, con mayúscula, los más duros y radicales en la materia dentro del círculo interno de Trump, y autores de las políticas migratorias más crueles durante su primer cuatrienio de gobierno: Stephen Miller y Tom Homan.
Hay un dato adicional que subraya la alta prioridad que tendrá México en el arranque de la nueva administración. De acuerdo con una fuente diplomática estadunidense, el embajador Ken Salazar fue llamado por el Departamento de Estado a Washington para que hable directamente con Trump o con su equipo de asesores, para que aporte información de primera mano sobre las posiciones y las ideas del gobierno mexicano sobre el acuerdo comercial, la migración y el crimen organizado. Una reunión de esta naturaleza no tiene precedente durante una transición de poder en ese país.
El primer nombramiento lo hizo Trump el viernes al designar a Susie Wiles como jefa de Gabinete de la Casa Blanca, entregándole la responsabilidad de llevar la política interior del gobierno y la relación con el Congreso. Wiles fue la jefa de campaña de Trump, donde el endurecimiento de la política de migración fue uno de los ejes de la contienda. El domingo por la noche anunció el nombramiento de la diputada republicana de Nueva York, Elise Stefanik, como embajadora en las Naciones Unidas, y el de Homan como “zar de las frontera”.
Homan fue director interino de Migración y Aduanas en su primer periodo, y saltará a un cargo creado para ajustar los intereses estratégicos del presidente electo, que combina la migración y el combate al crimen organizado dentro del concepto de “frontera segura”, donde los dos fenómenos son atacados de manera integral. El nombramiento tiene un gran significado, al no necesitar Trump revisar perfiles para ese cargo –como lo está haciendo para los departamentos de Justicia y de Seguridad Territorial, que también tienen mucho que ver con su propuesta fronteriza–, sino que escogió a una persona que conoce, que vio responder a sus expectativas y con quien comparte totalmente los objetivos que busca.
El próximo “zar de la frontera” trabajó como policía durante 34 años y después en investigaciones criminales a lo largo de la frontera con México. Durante la primera administración trumpista trabajó estrechamente con Miller, que fue consejero y redactor en jefe de discursos del presidente, y con quien diseñó la controvertida política de separación de menos inmigrantes de sus padres, que fue cancelada cuando llegó el presidente Joe Biden por violar los derechos humanos.
Miller fue nombrado –aunque aún no se oficializa– como jefe de Gabinete adjunto, responsable de la elaboración de políticas públicas como, precisamente, la política migratoria. Homan ya perfiló las primeras durante una entrevista este lunes con la cadena de televisión Fox News, donde adelantó que se priorizarían las deportaciones de migrantes indocumentados que representen riesgos y amenazas para la seguridad pública y la nacional.
Los nombramientos tienen que ser vistos dentro del inusual llamado del embajador Salazar, representante de un gobierno democrático, a platicar con el presidente electo o el equipo que estará involucrado o cerca de los asuntos mexicanos, y la expectativa que ha comenzado a flotar en Washington de que antes de que asuma la Presidencia en casi dos meses, podría hacer anuncios contundentes sobre lo que espera hacer con México.
Trump está abriendo rápidamente sus cartas con el énfasis en migración, pero en el gobierno mexicano no están reaccionado con la celeridad y puntería necesarias. Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió al nombramiento de Homan con una respuesta inocua y limitada. “Siempre vamos a defender a las y los mexicanos que estén del otro lado de la frontera”, dijo. El lugar común que utilizó Sheinbaum no dice absolutamente nada. Más preocupante fue el anuncio que su gobierno se pondría en contacto con el equipo de Trump antes de que asuma la jefatura de la Casa Blanca.
Los contactos ya deberían de estar buscando un encuentro con Homan y Miller para tener claridad sobre los detalles de cómo, cuándo y en qué escala serán las primeras deportaciones, y saber de esa forma el impacto que tendrán en México, para anticiparse y cabildear aquellos puntos donde podría haber afectaciones. Ese trabajo les permitiría hablar con empresarios estadunidenses que también van a resultar afectados por las deportaciones masivas, y unir esfuerzos en el trabajo de contención a Miller y Homan.
El gobierno mexicano se ve pasmado. No hay ninguna señal que la Secretaría de Relaciones Exteriores esté realizando controles de daños, y tampoco hay algún indicio que el canciller Juan Ramón de la Fuente esté presentando el atlas de riesgos y los escenarios a la presidenta. Tampoco se ve actividad práctica en el otro polo de la ecuación estadunidense, la Secretaría de Economía, donde Marcelo Ebrard solo hizo una declaración voluntarista pero hueca, cuando dijo que las amenazas de Trump se enfrentan con “sangre fría e inteligencia”.
Con frases y buenos propósitos no va a llegar el gobierno mexicano a ningún lado. Con una actitud pazguata, menos. Tampoco basta que estén atentos a lo que está sucediendo en el equipo de Trump, sino que tiene que pasar de una actitud pasiva a una activa, con menos declaraciones y más acciones. Todos conocemos a Trump y sabemos que hay que creer lo que dice, por lo que el tono de complacencia que han expresado Sheinbaum y Ebrard están fuera de lugar.
Hay que volver a preguntar si Sheinbaum tiene un interlocutor que respeten Trump y su equipo, porque nadie en su gabinete parece tener el acceso o la capacidad para ello. Si no lo tiene, debe buscarlo de inmediato porque está perdiendo tiempo para poder incidir en lo que están planeando sus halcones, porque de otra manera empezará la relación con Trump con una derrota y solo reaccionando a lo que haga.

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La idea de dar golpes espectaculares a la delincuencia organizada al inicio del nuevo gobierno para comenzar a cambiar la percepción de zozobra en materia de seguridad, no se ha podido materializar. El uso de las encuestas del Inegi para replicar que la percepción de inseguridad ha disminuido en el país se enfrenta con la realidad de la guerra en Culiacán y en Chiapas, masacres y actos de terror en Guanajuato.
El número de homicidios dolosos en el último mes de gobierno de Andrés Manuel López Obrador estimó la consultora TResearch, fue 109 menos que en el primer mes de gobierno de Claudia Sheinbaum, aunque el fenómeno de la violencia no cambió. Lo único que es diferente es que las Fuerzas Armadas están respondiendo con fuego, pero con una tasa de letalidad superior a la que se ha visto en todo el siglo. Existe también una cifra negra, porque no se han contabilizado más de un centenar de desaparecidos en Sinaloa.
La narrativa que le permitió a López Obrador culpar al ex presidente Felipe Calderón de la violencia, saltándose el sexenio de Enrique Peña Nieto y desviando la atención que su gobierno había sido el más violento en la historia del país, no la tiene Sheinbaum, que va perdiendo la batalla contra la inseguridad y el mensaje. Esta variable ha provocado una creciente actitud de negación de la presidenta con algunos funcionarios que le han presentado los datos, asumiendo la misma postura de su antecesor de acusar que eran solo intentos por lastimar su gobierno.
La creciente irritabilidad de la presidenta ante los informes negativos en materia de seguridad coinciden con una creciente crítica al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sobre la incapacidad para frenar la violencia. De ahí la relevancia de la ausencia de golpes espectaculares que ayuden a cambiar la percepción y le den espacio para poder poner en marcha la estrategia de seguridad, con una serie de reformas constitucionales que Sheinbaum presentó la semana pasada al Senado, que en el papel apuntan a la creación de una super Secretaría.
No obstante, la arquitectura de la nueva Secretaría difícilmente resolverá el problema que tienen enfrente y probablemente generará conflictos dentro del gabinete por una suplantación de funciones. La mayor, en ambos casos, es la facultad para investigar delitos. Sheinbaum quiere otorgarle funciones de Ministerio Público a nivel nacional y estatal como las tiene la Fiscalía General de la República y las fiscalías en los estados, mediante las policías ministeriales, y del Ejército a través de la Guardia Nacional.
En el articulado de la iniciativa se menciona que busca que esa policía ministerial bajo García Harfuch genere y aporte “elementos de prueba que originen y fortalezcan las carpetas de investigación ministerial”. El fiscal general Alejandro Gertz Manero, que tiene una pésima relación con García Harfuch y una tensa y a veces ríspida comunicación con Sheinbaum, no debe haberlo recibido con agrado, porque lo que esta sugiere deficiencias e ineficiencias en su trabajo, porque al señalar que “la finalidad de que los indicios, datos y pruebas que se recaben sean admisibles a juicio”, está diciendo que el fracaso de los casos y las sentencias obedecen a errores de la Fiscalía.
La creación de una policía ministerial bajo el mando de García Harfuch parece la respuesta a la fracasada gestión con el fiscal Gertz Manero durante el periodo de la transición para que la Policía Ministerial pasara al ámbito de la Secretaría de Seguridad Pública. Sheinbaum tampoco pudo concretar el deseo de García Harfuch de alinear diversas áreas del gobierno a la Súper Secretaría, ante el rechazo de López Obrador, salvo en la dirección del Centro Nacional de Inteligencia, totalmente bajo su control con Francisco Almazán Barocio, y la Cofepris, donde nombró a Armida Zúñiga. La Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT, y las Aduanas, se quedaron como estaban en el sexenio anterior. La Comisión Nacional de Valores y Cambios, que también quería bajo su control, aún está bajo disputa.
Sheinbaum pretende resolverlo entregándole constitucionalmente a García Harfuch responsabildades en casos extraordinarios, por encima del gabinete. Una de las reformas es que en caso de su ausencia, asuma las funciones de la presidenta en las sesiones Pública y del Consejo Nacional de Seguridad Nacional. La ley establece que quien sustituye a la presidenta es la titular de la Secretaría de Gobernación, como jefa del gabinete. Es decir, para una súper Secretaría, un súper secretario.
Sheinbaum está apostando todo a García Harfuch, dotándolo de un poder que no lo tienen los secretarios de la Defensa y Marina, y restándole al fiscal general. Hasta ahora todo funciona semióticamente, pero las cosas al interior de Palacio no están tan claras. Los jefes militares, por ejemplo, prácticamente no hablan en las reuniones del gabinete de seguridad, pero son los más activos y efectivos en el terreno. El fiscal general está viendo el incremento de la fuerza letal que están desplegando en el país, pero la presidenta no lo quiere escuchar. El secretario de Seguridad repite el viejo formato de informar las menudencias, pero acotándolo a su espacio, si no como en el sexenio anterior, periódicamente en la mañanera.
Esto lleva a que la presidenta acorte los tramos de responsabilidad y le caiga directamente. Le funcionó a López Obrador, por su cinismo para que se le resbalara todo, pero Sheinbaum no tiene esa personalidad ni ese talento. El fuego que apagaba con facilidad su predecesor, a ella sí la puede quemar.
Los síntomas son de un creciente conflicto en el gabinete de seguridad, y se están repitiendo patrones de otros gobiernos, en donde el empoderamiento del funcionario que menor fuerza tiene, provocó la descoordinación y la desarticulación de los esfuerzos colectivos. La negación de la presidenta sobre la realidad que le presentan, no la modifica. Imponer un diseño institucional con forceps para fortalecer a García Harfuch solo será posible si tiene toda la fuerza interna para hacerlo, pero le llevará tiempo para obtener resultados. Lo único que puede hacer en este momento es ganar la narrativa, que hoy tampoco tiene.

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El nombre de esta columna está tomado del libro de Alan Riding Vecinos distantes. Un portarretrato de los mexicanos, publicado en 1985, que fue el primer esfuerzo por explicar a una audiencia universal la complejidad de la cultura mexicana, sus matices, su carácter sibilino, su elasticidad inmoral y lo diferente que somos de Estados Unidos. El libro de Riding, un agudo periodista británico que fue corresponsal de The New York Times por medio siglo, comenzaba con esta afirmación: “Probablemente no existen en el mundo dos países tan diferentes como México y Estados Unidos que vivan lado a lado”.
Muchas de esas diferencias se fueron achicando por la integración económica, pero los recelos, por la naturaleza de sus experiencias, se mantienen prácticamente intactos. El libro de Riding viene a la memoria porque ayer, por primera vez, la presidenta Claudia Sheinbaum habló con Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos. No podía haber sido una plática de vecinos más distantes, más allá de enmarcarse en una historia bilateral compleja, sino porque, además, son la antítesis uno del otro.
Sheinbaum se encuentra demasiado lejos de él. Educada en la Universidad de California en Berkeley, epicentro de resistencia y protesta, cuna del movimiento de la libertad de expresión, con origen judío y mujer. Trump, racista, misógino e hipermachista, es tan altanero como grosero. Trump no tiene filtros, como lo prueban su memorable animosidad con la ex canciller federal de Alemania, Angela Merkel, que en algún momento lo comparó –sin que hasta hoy se sepa si entendió– con Adolfo Hitler. En todo caso, Trump le dijo “estúpida” durante una llamada telefónica, y con sus asesores se refería a ella como “la perra Merkel”. Sheinbaum también es grosera en privado, intolerante y con un fuerte temperamento, sin saberse hasta dónde pudiera llegar ante uno de ese tipo de arrebatos de Trump. Por lo pronto, de saque, Sheinbaum dijo que su conversación fue “cordial”.
Había anticipado que buscaría hablar sobre la agenda bilateral, pero aunque lo haya hecho, habrán sido generalidades porque el tiempo no permite profundizar. Lo que sabemos de antemano es que la presidenta discrepa de los dichos de Trump sobre la poca cooperación de México en materia migratoria, y minimiza –o esconde de esa manera su temor– que tal como lo haya advertido, imponga aranceles descomunales a los productos mexicanos. Cómo vendrá la mano de Trump a partir del 20 de enero próximo, no lo sabemos, pero la posibilidad de una pesadilla está traducida en un documento de 922 páginas que es el punto de partida del nuevo gobierno, elaborado por la Fundación Heritage, un tanque de pensamiento ultraconservador que en los 80, durante la Administración Reagan, produjo materiales incendiarios e intervencionistas contra México.
La hoja de ruta se llama Proyecto 2025, del cual Trump aseguró durante su campaña que no tenía vinculaciones con los autores del documento. Sin embargo, la cadena de televisión CNN encontró que al menos 140 personas que trabajaron en lo que llamaron “Mandato para el Liderazgo”, habían sido funcionarios en su gobierno. Kevin Roberts, el presidente de la Fundación Heritage, que trabajó en el equipo de transición de Trump en 2016 y fue uno de los principales promotores para descarrilar la elección presiden-cial en 2020, ha descrito públi-camente a esta organización ultra-conservadora como un instru-mento para “institucionalizar el trumpismo”.
El Proyecto 2025 establece una serie de políticas públicas que reestructuran radicalmente al go-bierno y proponen derogación de leyes y aprobación de nuevas en varios campos, como la inmi-gración y el asilo. Apunta como objetivos del endurecimiento de sus acciones a comunidades de inmigrantes, donde plantea redadas y deportaciones masivas, terminar con el otorgamiento de la ciudadanía por nacimiento –para evitar que inmigrantes indocu-mentados puedan tener un pie legal en Estados Unidos–, retomar la separación de las familias –que se suspendió en el gobierno de Joe Biden por su crueldad y violación de derechos humanos– y desmantelar el sistema de asilo.
Trump tocó todos estos puntos en sus mítines y entrevistas durante la campaña. En el campo de las redadas, quiere reducir las limitaciones que tienen las autoridades para detener a quien consideren, tan subjetivo como se oye, a quienes les parezcan migrantes, llevarlos a centros de detención (que recuerdan los campos de concentración contra japoneses en la Segunda Guerra Mundial) que han sido propuestos en el Proyecto 2025, y deportar un millón de migrantes por año, que ha generado preocupación en ambos países; allá por el impacto que tendría en la economía y en la fuerza laboral (40 por ciento de la mano de obra es extranjera), y aquí por la incapacidad para recibir tal cantidad de deportados.
Trump quiere reforzar la seguridad en la frontera con México y terminar la construcción de un muro, que frene la migración y el tráfico de drogas, así como restablecer el programa Permanecer en México, para que este país sirva, como en la primera parte del gobierno obradorista, como estación de paso de miles de migrantes mientras se procesan sus solicitudes de asilo. El Proyecto 2025 propone adicionalmente restringir las visas temporales H-2 para trabajadores agrícolas, que tendrían un fuerte impacto en México.
Con el Senado y la Cámara de Representantes controlados por los republicanos, la fuerza que tendrá Trump para implementar sus reformas y enmiendas será la más fuerte que haya tenido un presidente estadunidense en 20 años, aunque la última vez se utilizó para la guerra contra el terrorismo. Hoy es México.
La migración y una frontera segura es alta prioridad para Trump, quien en concordancia con sus advertencias de campaña declaró ayer en una entrevista con la cadena de televisión NBC –que apostó por la candidata perdedora Kamala Harris–, que entre las primeras acciones que tomará al asumir la jefatura de la Casa Blanca, será reconstruir una frontera fuerte y poderosa que impida la inmigración y el narcotráfico.
Sheinbaum no podrá decirse sorprendida, porque Trump no la está engañando. Ser cordial no cambia las cosas. La mano dura contra México está sobre la mesa y en semanas comenzará a golpear. Tiene 12 semanas para prepararse a lo que viene.

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La presidenta Claudia Sheinbaum rectificó ayer una decisión que le iba a costar cara. Por la mañana había dicho que no reconocería la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales hasta que fueran dados a conocer los resultados oficiales, pero ocho horas y media después, dio marcha atrás y le extendió sus parabienes a través de un mensaje en X donde reconoció al pueblo de Estados Unidos y mandó un mensaje al próximo presidente: continuar trabajando de manera coordinada, con diálogo y respeto. Parece que no necesitaba hacer mucho, pero fue todo lo contrario.
Sheinbaum, que se encuentra acosada por los radicales fieles a López Obrador, había replicado lo que su mentor hizo hace cuatro años con Joe Biden, quien alegó también que no había resultados oficiales, y terminó felicitándolo un mes después de su victoria. Sheinbaum había hecho declaraciones absurdas, como tomar una posición hasta que los resultados fueran oficiales, trasladando hasta al 6 de enero, cuando se comprobaran los certificados electorales en el Capitolio, iniciar los acercamientos con el equipo que llegará a la Casa Blanca.
La presidenta, una dogmática de izquierda, sacó una de las mejores cualidades que tiene, escuchar y cambiar decisiones aunque no le gusten, si entiende que son mejores de lo que tenía en mente. El razonamiento para la rectificación en tan corto tiempo debe estar asociado al sentido común.
Trump fue declarado ganador, no oficialmente pero con toda la evidencia del cómputo a la mano, cerca de las cinco de la mañana de ayer. Kamala Harris, la candidata demócrata que perdió la elección, le llamó al mediodía del miércoles para felicitarlo y por la tarde, aceptó la derrota. El presidente Joe Biden también lo felicitó y lo invitó a la Casa Blanca para iniciar la transición. ¿Cómo podría esperar más Sheinbaum?
Por la mañana había tratado de desviar la presión mediática sobre su falta de pronunciamiento, y dijo que no había nada de qué preocuparse por la victoria del republicano. ¿De verdad? Un botón de muestra: cuando el candidato Trump dijo en el Club Económico de Detroit el 14 de octubre que al asumir la Presidencia invocaría el artículo para renegociar el tratado comercial con México y Canadá, la cotización del peso con el dólar era 19.38. Sus palabras tiraron nuestra divisa, convirtiéndose en la moneda más depreciada entre los países emergentes. Ayer en la madrugada llegó a rebasar los 20.80 pesos por dólar, su nivel más bajo en más de dos años.
Eso había sido producto de una declaración de campaña. Hoy es un juego nuevo. Así lo estaban leyendo en el mundo, donde varias de las naciones e instituciones a quienes Trump criticó durante la campaña y adelantó que cambiaría la política llevada a cabo por el presidente Biden, fueron los primeros en felicitarlo por su victoria. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, dijo que apreciaba su compromiso por “la paz a través de la fortaleza”, buscando alejar su tentación de dejarlo a merced de Rusia. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lo llenó de miel calificando su victoria como “el regreso más grande”, para que no le quite la ayuda militar. El jefe de la OTAN, Mark Rutte, dijo que esperaba seguir trabajando para fortalecer la paz a través de la organización militar atlantista, de la que se ha quejado amargamente Trump porque no pagan sus cuotas.
Presidentes y reyes, primeros ministros y jefes de gobierno de todo el mundo, demócratas y autoritarios, felicitaron a Trump. Sheinbaum, rehén de López Obrador en sus formas, y atrapada en su propia ideología trasnochada donde su visión del mundo está anclada en la Guerra Fría, volvió a quedarse en el bloque de Rusia, China, Venezuela, Cuba y Nicaragua, enemigos de Estados Unidos, como sucedió hace cuatro años con su predecesor en la felicitación a Biden. No son buenas compañías, dado que la presidenta ha asegurado que está en el mayor interés de México y de Estados Unidos seguir fortaleciendo la relación comercial.
La felicitación era un gesto, no un compromiso. Regatearla con el argumento de que no es un resultado oficial pese a que la forma como fue declarado electo, se traduciría como un desdén y un acto de enemistad. López Obrador lo hizo al utilizar la migración como instrumento de chantaje, ya que Biden y Trump necesitaban que se frenara por razones electorales y ambos tenían la reelección en el horizonte, por lo que administrarla y tenerla bajo control era prioritario. El fenómeno migratorio evolucionó en “frontera segura”, un nuevo concepto que unía la migración con el narcotráfico por la crisis del fentanilo que transformó la relación bilateral hace 21 meses, por la cual López Obrador fue crecientemente presionado desde Washington.
Por estas características delicadas en la relación bilateral, Sheinbaum, como Zelensky, Netanyahu y Rutte, debió de haber tenido la sensibilidad de ellos para olvidarse del machismo político de López Obrador y llamarlo por teléfono o, como hicieron muchos, escribir un mensaje en X. No era una buena manera de iniciar una relación con un líder misógino, hipermachista, soberbio y violento, que además ha probado ser rencoroso. Pero ante tantas felicitaciones, comenzando por Harris y Biden, la sensatez llegó a Palacio Nacional.
La hoja de ruta de la presidenta con Trump estaba siendo inadecuada, y lo peor de él no se ha visto todavía, como un grupo de radicales en su círculo interno que alimentan su radicalismo contra México, al que consideran un “estado fallido” donde tienen que intervenir militarmente. Sheinbaum ha estado normalizando las amenazas y las ha minimizado, pero ayer, con la felicitación, parece haber corregido ese camino.
Entró en la lógica mundial que ve en Trump un político impredecible y mercurial, y en la rápida reacción de aquellos líderes de países amenazados por su regreso a la Casa Blanca, e hizo a un lado el recuerdo de López Obrador con Biden y felicitar a Trump. No fue políticamente incorrecto o imprudente. Fue inteligente y sirve como acción preventiva por lo que viene, una relación compleja y difícil con un presidente que tiene una alta iniciativa, y que toma decisiones sin consultar ni consensuar.

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