ESTRICTAMENTE PERSONAL

 

Raymundo Riva Palacio

 

Ayer dos personas ganaron la elección presidencial. Claudia Sheinbaum obtuvo la victoria en las urnas y Andrés Manuel López Obrador ganó su plebiscito. Sheinbaum, la primera mujer que asumirá la Presidencia de un país machista y misógino, triunfó con y pese al respaldo de López Obrador, coronando una campaña sin errores fundamentales. López Obrador, que comenzó su campaña por el referéndum desde que inició su sexenio y la aceleró 24 horas después de las elecciones intermedias, debe sentirse satisfecho: su estrategia de polarización y propaganda tuvo éxito. Su candidata se impuso en las urnas y, como lo estableció, terminará lo que empezó. Solo hasta después de los pendientes, ella podrá gobernar como desee.

Sheinbaum ganó por los puntos que necesitaba para un alineamiento en el electorado como el que se dio en 2018, cuando López Obrador ganó en todos los segmentos y en todos los cruces posibles, con el 53% del voto, superior al de todos sus adversarios juntos. No parece que haya habido diferencia alguna en esta ocasión. Conforme vayan publicándose las encuestas de salida se podrá ir viendo el comportamiento de los segmentos en esta elección y poder confirmarse el impacto de los programas sociales en los grupos de menor ingreso, el previsto rechazo de las clases medias y en las clases de mayor ingreso.

No obstante, sin restarle méritos al profesionalismo que mostró en su campaña, su victoria es gracias a López Obrador. La mañanera cumplió su propósito. El espectacular dato de Gallup, la respetada encuestadora internacional, que lo colocó la semana pasada con una aprobación de 80%, es prueba de cómo el diario ejercicio de propaganda y ataque a sus críticos logró que millones de mexicanos vean más al individuo que al presidente, y que transfirieran su apoyo a Sheinbaum para que continúe con las políticas del gobierno más ineficiente, incapaz, y probablemente, el más corrupto en décadas.

López Obrador tiene garantizado que sus proyectos serán concluidos, con lo que espera cimentar su gobbeliana trascendencia, donde lo recuerden a través de las obras monumentales. Sheinbaum tiene que terminarlas y hacer funcional el aeropuerto “Felipe Ángeles”, no solo porque así lo pidió el presidente, sino porque a diferencia de él, no hay recursos que pueda despilfarrar tan absurda e irresponsablemente, como López Obrador lo hizo con el aeropuerto de Texcoco.

A partir de hoy hay dos poderes, el formal de López Obrador y el fáctico de Sheinbaum. De manera natural se irá trasladando de Palacio Nacional a la casa de transición de la candidata ganadora, pero está claro que el presidente no será el pelele que fue Enrique Peña Nieto de él, y que gobernará hasta su último día, a diferencia de su antecesor que claudicó el primer día tras la elección.

Esto no significa que Sheinbaum, con la victoria en las urnas, comenzará un deslinde. Probablemente no lo hará ni siquiera cuando salga del Congreso con la banda presidencial. Después de ver la fuerza de López Obrador pese a todos sus fracasos en la gestión gubernamental, sería un error político cualquier asomo de parricidio. Sheinbaum será la presidenta con la marca de su antecesor más profunda desde los tiempos de Plutarco Elías Calles y Pascual Ortíz Rubio, y aunque la sucesión se haya parecido a la de Miguel de la Madrid con Carlos Salinas, las condiciones son absolutamente diferentes: López Obrador no tiene la pulcritud política de De la Madrid, ni Sheinbaum la autonomía de Salinas.

Estas condiciones no parece que vayan a cambiar sustancialmente con el resto de los resultados de este domingo, algunos controvertidos y con posibilidades de llegar a tribunales, por lo que las miradas pasarán ahora a la composición de la Cámara de Diputados y el Senado, donde la apuesta del presidente y al menos en términos declarativos también de Sheinbaum, es por una mayoría calificada que permita que las iniciativas que se espera envíe López Obrador en los 90 días que le quedan de poder constitucional, como la del Poder Judicial y de seguridad, pasen sin problema.

Las iniciativas son controvertidas y Sheinbaum ya tuvo avisos de ello, en particular con la reforma al Poder Judicial. Miembros de su campaña recuerdan que en cada reunión que sostuvo con empresarios y con miembros de la comunidad internacional, esa reforma era la que estaba en el centro del diálogo y, en la mayoría de los casos, el único en la agenda que llevaban.

La candidata ganadora, que desde entonces dejó de hablar de esa reforma en público, estaría mejor, pensando en las necesidades que tendrá para manejar un país con presupuesto encadenado y acotado, que no hubiera mayoría calificada y que esa reforma fuera pateada para adelante, quitándole un punto de fricción con el presidente que no ve las necesidades políticas objetivas de Sheinbaum, sino que sus obsesiones y fijaciones se cumplan como lo exige.

Sheinbaum, a diferencia también de otros ganadores presidenciales, no tiene los apoyos suficientes para ampliar sus márgenes de maniobra. No estuvo en ella el diseño de los tiempos ni la agenda de su campaña, ni pudo meter mucho la mano en la entrega de candidaturas para gubernaturas, diputados y senadores. La mayoría de quienes ganaron lo hicieron por López Obrador, por lo que las lealtades, cuando menos en la agonía del sexenio y el arranque de la siguiente administración, son para él, no para ella. Más aún, ahora quiere López Obrador que repita prácticamente todo el gabinete para mostrar la continuidad, obligando a Sheinbaum a una pronta definición.

Ahí se encuentra el dilema que enfrentará a partir de ahora que es virtual presidenta. Su victoria en las urnas fue compartida con López Obrador, aunque fue el presidente que con su diseño de entrega de dinero masivo para comprar votos, los ataques sistemáticos contra la oposición y medios, y las violaciones regulares a las leyes electorales, debe sentir que tanto le debe, que le tiene que cumplir cabalmente.

El presidente considerará que el triunfo bicéfalo en la elección tiene que traducirse en un poder bicéfalo, y Sheinbaum enfrentará el desafío de cómo evitarlo sin confrontarlo.

 

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La sucesión para la titularidad de la Secretaría de la Defensa se ha complicado. Bueno, al menos para el general secretario Luis Cresencio Sandoval, que apenas hace poco más de un mes parecía haber resuelto el dilema sexenal revelado en una columna publicada en este espacio el 20 de mayo, donde se mencionó que le propuso al presidente Andrés Manuel López Obrador al subsecretario Gabriel García Rincón para sucederlo. Desde entonces, las cosas para el general se han complicado y su relación con el presidente se ha deteriorado. Tanto, que López Obrador lo tiene congelado.
El distanciamiento del general se dio cuando quiso insistir con el presidente sobre su sucesor, pero lo paró. López Obrador le impidió que cabildeara por el general García Rincón y tampoco le permitió comentarios sobre la sucesión en las Fuerzas Armadas. Sandoval tenía grandes expectativas –como su ambición de que la Marina quedara subordinada a la Secretaría de la Defensa Nacional–, pero como suele suceder con el presidente, cuando alguien deja de serle funcional, lo desecha. Los problemas para el general, que durante todo el sexenio se convirtió en una de las pocas voces que consultaba y escuchaba, no terminaron con el descolón.
El frío se acrecentó el domingo 19 de mayo, cuando se realizó al mitin de la marea rosa en apoyo a la candidata opositora Xóchitl Gálvez. El presidente había dicho días antes que, a diferencia del anterior mitin de la oposición donde no permitió el izamiento de la bandera, ese acto simbólico se realizaría sin contratiempos. Pero la instrucción al general Sandoval fue que lo hicieran de noche, aparentemente para evitar las imágenes que pudieran ser tomadas como una derrota de López Obrador.
La bandera, sin embargo, no fue izada durante la noche. La Policía Militar quiso izarla a las 6 de la mañana, como lo acostumbra, pero la disidencia magisterial que invadió el Zócalo no lo permitió hasta las 8:40. Lo que hizo el Ejército no pasó desapercibido en Palacio Nacional y mucho menos para López Obrador. En el último gabinete de seguridad celebrado la semana pasada en Palacio Nacional, le quedó claro al general.
La mecha corta de López Obrador quedó clara cuando enfrente de los asistentes, el presidente le reclamó con voz enojada al general que hubiera desatendido su instrucción. La Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales no establece ninguna hora específica para izarse la bandera, por lo que la instrucción del presidente, como comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, debió haberse acatado. Lo que hizo el general fue desobediencia.
Los reveses de Sandoval, que durante el sexenio fue el pilar sobre el que se apoyó la legitimidad a las acciones, decisiones y ocurrencias del presidente, han comenzado a incrementarse en este último tramo de la administración. La aquiescencia del general con el presidente, en menoscabo incluso del andamiaje legal del gobierno, le ha empezado a cobrar facturas dentro del Ejército.
El general tiene problemas arriba y abajo en la estructura militar.
A nivel de generales de división, que es de donde saldrá su sucesor, hay entre 25 y 28 –la Secretaría es muy hermética con su información– de los cuales no más de cuatro, de acuerdo con fuentes bien informadas, respaldan en este momento al general secretario. García Rincón es uno de ellos y aparentemente también lo apoya el recientemente ascendido a general de División Gustavo Vallejo, el constructor del aeropuerto y el Tren Maya, cuyo nombre ha surgido en las últimas semanas como un probable secretario, dada su experiencia de tres sexenios en el manejo de grandes recursos de dinero.
En el otro campo, según la información, hay entre 21 y 24 generales que están a disgusto de la forma como Sandoval se ha comportado públicamente, y un bloque de militares con fuerte ascendencia interna están respaldando al general Ricardo Trevilla, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional. Importantes generales en retiro se han alineado detrás de Trevilla.
La molestias de la oficialidad y la tropa con el general Sandoval tienen que ver con el trato que les ha dado por la obediencia sin objeción a los deseos de convertir a los soldados en albañiles, en aplicadores de vacunas, afanadores de baños en el Tren Maya, policías de crucero, repartidores de despensas y otras tareas fuera de su área de responsabilidad. Pero no es todo.
Existe una percepción generalizada de que el presidente le dio muchos recursos a la Secretaría, que facilitó el enriquecimiento en los rangos más altos sin que hubiera derrama hacia abajo. Esto ha ocasionado protestas silenciosas, como por ejemplo, no trabajar en las obras con la calidad y el rigor con el cual suelen hacerlas. Generalizan en todos los generales la idea de que con el aeropuerto “Felipe Ángeles” y en el Tren Maya, se llenaron los bolsillos de dinero por comisiones, pero no es preciso.
Una gran parte de los recursos para los megaproyectos del presidente no se quedaron en la Secretaría de la Defensa Nacional, sino que fueron transferidos en forma casi automática a contratistas y proveedores, varios de los cuales fueron impuestos directamente de Palacio Nacional o por el influyente entorno de López Obrador. No obstante, hubo un grupo selecto de generales que no han escondido las inyecciones de dinero inusuales en su historia patrimonial –expresada en propiedades, joyas y alhajas– que empezaron a aparecer a la par de la construcción de las obras.
Sandoval, que pensó en repetir en el cargo, enfrenta ahora la posibilidad de quedar excluido de su sucesión. El distanciamiento con el presidente y la nula comunicación con la candidata oficialista Claudia Sheinbaum –que da por hecho como ganadora–, lo obligó a acercarse con Omar García Harfuch, de quien tiene mala impresión, pero que es el enlace con el Ejercito y quien le presentará los perfiles para secretario.
Está en el peor de los mundos. Si ganara Gálvez, quedaría totalmente relegado. El secretario no cuidó nada, como lo hicieron otros generales que a finales de abril se reunieron con ella.

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Morena tenía hasta hace 10 meses a cuatro importantes operadores financieros. Hoy solo está vivo uno. De los otros tres, dos fueron ejecutados y uno murió en un accidente de aviación. ¿Coincidencias? Algunos no lo creen y piensan que hay un patrón para eliminar a quienes manejaban los dineros, pero no hay pruebas que vinculen las tres muertes que impactaron a dos ex candidatos presidenciales, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, y golpea al presidente de Morena, Mario Delgado, que coordina la campaña de Claudia Sheinbaum. En cualquier caso, esta es una de las historias más sórdidas de la sucesión presidencial donde no sucedió nada en la superficie, pero mucho pasó –y está pasando– en las cañerías políticas del poder.
El primero en morir fue Daniel Flores Nava, operador financiero de López, al desplomarse la avioneta en la que viajaba al salir de Veracruz, rumbo a Toluca el 28 de julio. El segundo fue José Guadalupe Fuentes Brito, operador financiero de Ebrard, asesinado la noche del sábado 29 de julio junto con su hijo a pocos kilómetros después de salir de Chilpancingo, sobre la Autopista del Sol rumbo a Cuernavaca. El tercero fue Carlos Narváez Romero, operador financiero de López, asesinado en la Ciudad de México el pasado 13 de mayo cuando regresaba de dejar a su hijo en la escuela.
¿Quiénes los mataron? No se sabe. ¿Qué provocó la caída de la avioneta? Tampoco hay información concluyente. Sus muertes siguen siendo un misterio.
Flores Nava era un contratista del gobierno y fue uno de los beneficiarios de la construcción de la refinería de Dos Bocas. El incremento de su fortuna en este sexenio fue galopante. De acuerdo con Animal Político, fundó en 2011 Proyecta, una empresa que durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto obtuvo contratos por 196 millones de pesos. Pero en la primera mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, obtuvo contratos por más de 27 mil millones de pesos, un incremento de 13 mil por ciento.
La avioneta, según fuentes de inteligencia, pertenecía a tres socios, Flores Nava, Fernando Padilla, el operador financiero de Morena que sigue vivo, y Sergio Carmona, que pagó decenas de campañas electorales del partido en el poder, incluidas ocho para las gubernaturas en 2021, y fue asesinado en Monterrey en noviembre de 2021.
Carmona ha sido vinculado a Delgado en investigaciones criminales en México y Estados Unidos, al que también vinculan con el tráfico de combustible robado y recursos de procedencia ilícita. El presidente de Morena lo ha negado.
El segundo operador financiero de Morena en morir, el empresario inmobiliario, automotriz y comercializador en los gobiernos de Héctor Astudillo y Evelyn Salgado, José Guadalupe Fuentes Brito, era muy cercano a Ebrard, y operaba desde Guerrero, un estado donde hace algunos lustros el excanciller ha tenido una importante base de apoyo político. Era tío de Rubén Hernández Fuentes, actual pareja de Salgado, y se inscribió en el conflicto entre las tres principales organizaciones criminales en Guerrero, Los Tlacos, Los Ardillos y La Familia Michoacana.
Las investigaciones sobre su asesinato, aparentemente suspendidas, son un misterio. Nada se sabe sobre sus ejecutores ni los móviles del asesinato. Es lo mismo que sucede con los dos asesinos de Narváez Romero, a quien López, desde su puesto como secretario de Gobernación, impulsó como el administrador de Aduanas tras la salida de Horacio Duarte, un cargo que ha sido una especie de botín durante este sexenio, alrededor del cual se han tejido relaciones oscuras, en particular durante la primera parte del sexenio, cuando el jefe de Aduanas fue Ricardo Peralta, que nombró a Julio Carmona, hermano del “Rey del Huachicol” como administrador de la aduana de Reynosa –en este espacio se señaló incorrectamente que lo fue de la de Altamira–, y que hoy es testigo protegido en Estados Unidos.
Desaparecidos Flores Nava, Fuentes Brito y Narváez Romero, solo queda Padilla, el hombre más poderoso en el entorno de López, que conecta con toda la red de complicidades políticas y relaciones extrañas en torno a Carmona. Padilla está vinculado con Rosalinda Hernández, hermana del exsecretario de Gobernación, y actualmente administradora general de Auditoría Fiscal Federal del SAT. Junto con ella, Padilla recolectó recursos entre factureros de todo el país para la campaña presidencial de su hermano. También lo metió a la campaña de Sheinbaum.
Padilla opera junto con Delgado y el secretario de Finanzas de Morena, Javier Cabiedes, una figura clave en la estrategia financiera abierta y en la oscuridad del presidente del partido, así como con Édgar Garza, que de acuerdo con los informes de inteligencia, tiene una red de factureros y de presunto lavado de dinero. Garza ha estado asociado a Peralta, que tiene probables vínculos con el crimen organizado, y junto con su esposa, Gabriela Jiménez, financió a través de asociaciones civiles a políticos de Morena y manejó dinero a prominentes políticos panistas. Jiménez es parte del cuarto de guerra de Sheinbaum, y algunos de los panistas ligados a él, están dentro del cuarto de guerra de la candidata opositora Xóchitl Gálvez.
Entre más avanza el epílogo del sexenio, más información inquietante surge de las cañerías de Morena. Investigaciones en curso van profundizando y detallando los vínculos y complicidades dentro de la red de la narcopolítica en el país, donde aparecen líderes de Morena con presuntas ramificaciones a los principales cárteles de las drogas, y emergen los nombres de asociados a la dirigencia, al gobierno y a la campaña presidencial, como los operadores financieros y sus vasos comunicantes con el mundo legal y el mundo criminal.
Las muertes de los operadores financieros son una capítulo del que pocos quieren hablar. ¿Fueron extrañas coincidencias? ¿Ajustes de cuentas? ¿Hay alguien que quiera eliminar cabos sueltos? Difícilmente sabremos la verdad. El gobierno de López Obrador no quiere encontrarla o, si la sabe, desea encubrirla. Lo que eventualmente sabremos son los millonarios recursos que circularon a través de los operadores financieros y cuánto dinero del total surgió de actividades ilícitas. Quizás entonces se rompa la Omertá.

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Documentos presuntamente obtenidos a través de la penetración de cuentas bancarias en paraísos fiscales han llenado de sospechas a varios miembros de la cúpula de poder de Morena, y en particular a personas muy allegadas o apoyadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La publicación de documentos en las redes sociales brincó rápidamente a los medios de comunicación a partir de acusaciones contra la candidata al gobierno de Veracruz, Rocío Nahle, de haber realizado varios depósitos en Bahamas por más de 91 millones de pesos.
Nahle desmintió las acusaciones, pero débilmente, y limitando su desmentido al campo político y no, donde al venir de un particular procedía, en tribunales, donde podría argumentar daño moral.
Las acusaciones contra Nahle, a través de documentos que son prácticamente imposibles de verificar, salvo por la propia titular de la cuenta, tomaron carta de identidad de manera instantánea pese a algunas inconsistencias en los presuntos estados de cuenta, que aunque incluyen instituciones financieras en Bahamas que sí existen, aparecían líneas en español y un correo donde solo se había testado el nombre del usuario, supuestamente de la cuenta institucional del FBI, y no de los órganos reguladores en Estados Unidos donde, en caso de investigaciones penales en curso, serían quienes tuvieran esa información.
La razón fundamental porque se le dio todo el crédito a los supuestos depósitos de Nahle y su esposo José Luis Peña, se debe a las acciones irregulares y tráfico de influencias que ha tenido la pareja desde que la candidata fue secretaria de Energía, así como presuntos actos de corrupción en el sector petroquímico en Coatzacoalcos y en la construcción de la refinería Dos Bocas, a las que se sumaron las denuncias del empresario veracruzano Arturo Castegné sobre propiedades en México y Estados Unidos que, de acuerdo con funcionarios del gobierno, son ciertas.
Castegné y la diputada federal María Elena Pérez-Jaén presentaron 35 denuncias penales contra Nahle la semana pasada por irregularidades durante su gestión como secretaria de Energía, particularmente en la construcción de Dos Bocas, que suman un presunto quebranto de 533 millones de pesos. Los problemas de la candidata no solo están en México. Existe una demanda de investigación en la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Comission) de Estados Unidos, que equivale al SAT, por corrupción y pagos ilegales a funcionarios mexicanos y extranjeros, que incumple con el Acta de Violaciones y Prácticas Extranjeras Corruptas, y por sus presuntas cuentas en Bahamas e Islas Vírgenes, al haber pasado el dinero por el sistema financiero de ese país.
Tener dinero en un paraíso fiscal no es delito. Aunque los países que ofrecen incentivos fiscales para sus depósitos fiscales sin riesgo de alteraciones políticas, tienen mala fama porque suelen estar vinculados con personas y empresas que buscan evadir impuestos o esconder dinero mal habido. Lo que es un delito es no haber declarado ese dinero en el país donde se generó.
Los documentos de paraísos fiscales de personajes de Morena han ido apareciendo regularmente en las últimas semanas. La última que figura en ellos es Clara Brugada, candidata de Morena al gobierno de la Ciudad de México, luego de que Castagné dio a conocer en redes sociales este domingo presuntos depósitos realizados por ella –o sus intermediarios– por más de dos millones y medio de dólares en una institución en las Islas Seychelles, en el Océano Índico que sí existe. Brugada negó la acusación horas después en las redes sociales y dijo que su patrimonio estaba a la vista de todos.
Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, ha dicho que las acusaciones que se están haciendo contra las candidatas y políticos de Morena son parte de una guerra sucia electoral. Es evidente. Pero hay más que ello.
Presuntos estados de cuenta de paraísos fiscales a los que se ha tenido acceso, que no han sido difundidos aún, involucran a personas muy cercanas al presidente que no están compitiendo por un puesto de elección popular. Uno que se está convirtiendo en el epítome de la corrupción galopante que se está viviendo en el sexenio es Amílcar Olán Aparicio, amigo de toda la vida de Andrés y Gonzalo López Beltrán, hijos de López Obrador.
Amílcar Olán, sobre quien el portal Latinus dice tener 40 horas de grabaciones –un pequeño fragmento de ellas ya ha sido dado a conocer–, aparece como eje de una red de tráfico de influencias y enriquecimiento a través de empresas en las obras públicas de los megaproyectos del gobierno, que opera en un piso en el edificio donde está el Hotel St. Regis. Los presuntos estados de cuenta de instituciones financieras en Bahamas muestran depósitos realizados en dos días en 2021 por 64 millones de dólares.
Todos los presuntos estados de cuenta tienen el mismo formato –información en inglés y español– y provinieron de un correo del FBI. Todas fueron abiertas en las Bahamas y las Islas Seychelles, y tienen identificada al ejecutivo que les maneja el dinero. En todos los casos –salvo el del amigo de los hijos del presidente, que aún no es público–, la respuesta ha sido política. Extraña que ninguna de las personas a quienes se les adjudican esos depósitos haya hecho un alegato sobre los formatos o el correo supuestamente de origen de los documentos.
La falta de un alegato técnico sólido para enfrentar las acusaciones de Castegné y los señalamientos originales de los depósitos en paraísos fiscales que se publicaron en la prensa veracruzana, así como desmentidos contundentes que desvirtúen convincentemente la veracidad de los documentos, no ayuda en nada a neutralizar la creciente percepción de corrupción en los altos niveles de poder de Morena, cercanos a Palacio Nacional.
A menos de una semana de la elección presidencial, de gobernadores, el Congreso y el Senado y miles de cargos de elección popular en todos los niveles, se puede prever que más presuntos depósitos en paraísos fiscales saldrán a la luz pública que peguen debajo de la línea de flotación de López Obrador, que hizo de su honestidad su carrera política y la construcción de su legado.

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Las reiteradas acusaciones de la candidata de la oposición Xóchitl Gálvez contra el presidente de Morena, Mario Delgado, sobre su presunto involucramiento en el negocio del robo de combustible y daños al erario, fue motivo de preocupación y discusión toda la semana pasada en Palacio Nacional. Gálvez no ha aportado pruebas que sostengan su dicho, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador está nervioso y junto con su equipo más cercano de colaboradores, decidió que Delgado se defienda él mismo. Ante la posibilidad de que surja la documentación que lo vincula al crimen organizado, el repliegue táctico presidencial equivale a un abandono político.
Los andares de Delgado por caminos oscuros no son nuevos. Desde hace más de un año la Fiscalía General ha estado documentando sus vinculaciones con personajes relacionados con el crimen organizado, particularmente con Sergio Carmona, un empresario tamaulipeco financiero de Morena a quien llamaban “el rey del huachicol”, que fue asesinado en Monterrey en noviembre de 2021. Los servicios de inteligencia mexicanos tienen una investigación amplia sobre las relaciones entre ellos dos y cómo el dinero de Carmona fue utilizado en cuando menos ocho de las elecciones para gobernador ese mismo año, Baja California, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
En varias ocasiones el fiscal Alejandro Gertz Manero le comentó al presidente los hallazgos que se estaban haciendo sobre Delgado, no solo de sus relaciones peligrosas sino también del uso de recursos de procedencia desconocida, pero los ignoró. Gertz Manero informó a fines del año pasado a López Obrador sobre una propiedad que había adquirido el líder de Morena en Valle de Bravo, cuya remodelación se estimaba en 50 millones de pesos, y este año agregó la compra de otras dos casas en la Ciudad de México, cuyo valor no corresponde a sus ingresos públicos.
Las sospechas sobre Delgado se convirtieron en líneas de investigación tras el asesinato de Carmona, y se volvieron prioritarias para varias áreas del gobierno federal en vísperas del proceso para seleccionar la candidatura presidencial de Morena, que arrojaron vínculos que alarmaron por la relación del empresario asesinado con varios cárteles de la droga y su cercanía con importantes figuras de Morena en Tamaulipas. También, porque políticos ligados a los principales cárteles de las drogas, penetraron los equipos de las tres principales candidaturas.
Código Magenta, el sitio que dirige Ramón Alberto Garza, tuvo acceso a los archivos de los teléfonos celulares de Carmona, que incluyen comunicaciones y conversaciones, videos e imágenes de políticos muy cercanos a Delgado con el empresario. Entre estas figura Gabriela Jiménez, miembro del Consejo Nacional de Morena y aspirante a una diputación por Azcapotzalco, a quien Delgado colocó en el cuarto de guerra de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, y Erasmo González Robledo, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que en los informes de inteligencia figura como la presunta bisagra del dinero procedente de la delincuencia organizada generado por Carmona, y el financiamiento a Morena.
Los señalamientos de Gálvez llevaron al presidente a pedirle a Gertz Manero que consulte oficialmente al Departamento de Justicia de Estados Unidos si existe una investigación formal contra Delgado en ese país. Información extraoficial sobre esta investigación se la proporcionó el fiscal a López Obrador el año pasado. Delgado buscó varias veces a Gertz Manero para pedirle su intervención ante Estados Unidos, pero por la forma como ha seguido actuando el fiscal, no parece haberle ayudado en nada. Delgado, dijeron funcionarios, ha buscado desde el año pasado abogados ante la eventualidad de una acusación, mientras que hay recomendaciones para que ni él ni el gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal, ni su hijo Américo Villarreal Santiago, candidato plurinominal al Senado, viajen a Estados Unidos.
Oficialmente, como sucede normalmente cuando hay casos abiertos, las autoridades estadunidenses no han confirmado ni negado que exista una investigación que involucre a Delgado. Pero un reportero de Código Magenta tuvo acceso a finales de diciembre pasado a un fragmento del expediente de la DEA que forma parte de la acusación contra Carmona en la Corte del Distrito Oeste de Texas por lavado de dinero.
Código Magenta vio un memorando de la reunión que tuvo el hermano del empresario Julio Carmona con la DEA semana y media después de su asesinato, para convertirse en testigo protegido. Carmona había sido director del puerto de Altamira, nombrado por el entonces director de Aduanas en el gobierno de López Obrador, Ricardo Peralta, y despedidos ambos por presuntos actos de corrupción. Peralta fue rescatado por la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que –con el aval del presidente– le autorizó hablar con cárteles de la droga para reducir la violencia, hasta que lo despidieron y se incorporó al equipo del ex candidato Adán Augusto López. Julio Carmona no es el único testigo protegido que está aportando información sobre las redes de vínculos criminales y políticos de Carmona, sino también está el hijo de un general.
Todas las informaciones que fueron trascendiendo de la relación de la probable relación criminal de Delgado con Carmona fueron minimizadas por el presidente, quien solo hasta ahora, tras la denuncia de Gálvez, reaccionó. Sheinbaum tampoco actuó y Delgado se mantiene como el coordinador de su campaña y de todas las campañas de Morena en el país, y Gabriela Jiménez permanece en la sala de control y decisión de la candidata. El costo-beneficio en términos de ética política no es una variable que tomen en cuenta quienes están en el poder. Que no se interrumpa la operación política y la aplicación de los recursos, es lo fundamental a seis días de las elecciones.
Pero en el mediano y largo plazo, el control de daños comenzó.
La decisión fue que el presidente no hablara del tema ante el temor de que si hay pruebas que involucren a Delgado con el crimen organizado, que fuera él quien pagara el costo. El problema es que no pararía con él, pues la información hasta ahora es que dinero del narco presumiblemente ha sido factor estratégico en las victorias electorales de Morena.

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En el epílogo del sexenio, Andrés Manuel López Obrador ya se está imaginando su séptimo año de gobierno con el canto de los pájaros y las caminatas por la selva tropical de Palenque. Pero no todo será apacible durante su reinvención como expresidente, porque lo están persiguiendo pesadillas de más revelaciones sobre presuntos actos de corrupción de sus familiares y cercanos, cuya defensa una vez que su residencia no esté en Palacio Nacional ni tenga una mañanera todos los días, será cada vez más difícil de enarbolar al irse debilitando la conexión con el Centro y sus amarres volviéndose más borrosos y frágiles.
La estrategia para enfrentar su séptimo año de gobierno, que comienza el 1 de octubre de este año, tuvo su primer diseño en la segunda semana de mayo, y se comenzó a aplicar en la tercera. En los primeros 15 días de este mes, López Obrador acordó con el fiscal general Alejandro Gertz Manero que iniciaría un proceso legal en contra de María Amparo Casar, presidenta de la organización civil Mexicanos Contra la Impunidad y la Corrupción (MCIC). El 13 de mayo, la Fiscalía anunció que había abierto una carpeta de investigación contra Casar y sus dos hijos, por presuntas irregularidades en la obtención de una pensión de Pemex tras la muerte de su esposo y padre en 2004. La siguiente semana, le abrieron otra carpeta por el presunto delito de falsificación de declaraciones. Vendrán más, al haber instruido el presidente al fiscal para que amplíe las acusaciones contra sus hijos.
Una tragedia familiar hace 20 años fue revivida por el presidente para castigar, como a nadie había hecho durante su de sí violento sexenio, en una vendetta contra la presidenta de una organización civil que detesta, al grado de haber acusado al Departamento de Estado de estar interviniendo en los asuntos internos por un limitado financiamiento anual que aporta la cancillería estadunidense a instituciones privadas y públicas en México, como la Secretaría de la Defensa Nacional.
Casar no ha tenido acceso a las carpetas de investigación y se ha ido enterando de ellas por los medios o en la mañanera. Jurídicamente, la Fiscalía tiene un pequeño espacio para litigar contra ella por ser una acción (la pensión) continuada, pero en cuanto a sus hijos, no tiene pies ni cabeza legales: la ayuda para su educación terminó en 2008, uno, y en 2010, la otra. Es decir, si hubiera un delito que perseguir, ya habría prescrito. Pero como han sido todos los casos de alto impacto de interés político para López Obrador, lo importante no es la legalidad ni la justicia, sino la venganza y, en este caso, la neutralización de Casar que, para elevarle el costo y el descontrol, se incluyó a sus hijos a propuesta de Jesús Ramírez Cuevas, el jefe de la maquinaria propagandística presidencial y vocero de López Obrador.
Desde su fundación a finales de 2015 como una organización en tres pisos, investigaciones periodísticas, académicas y litigios estratégicos, MCIC ha sido una caja de rendición de cuentas del gobierno en turno y revelado múltiples actos de corrupción. La organización fue clave en la construcción de la percepción masiva de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto, con una de sus investigaciones más aclamadas, la “Estafa Maestra”, y allanó el camino para que con una cruzada retórica contra la corrupción, López Obrador arrasara en la elección presidencial de 2018. Pero no es lo mismo ser oposición a gobierno, y cuando fue el turno de ser sometido al mismo escrutinio, no le gustó, no lo aceptó, y reaccionó para aplastar a la presidenta de la organización civil.
La estrategia diseñada en Palacio Nacional busca que con el atosigamiento jurídico y la sistematización de un ataque a su reputación, Casar recule y, para llamarlo coloquialmente, tire la toalla. No solo quiere el presidente que MCIC deje de publicar investigaciones en contra de su familia y sus cercanos, sino que la andanada política y legal, alimentada permanentemente desde las redes sociales, la inhiban para que una vez que termine su sexenio, continúe revelando acciones presuntamente corruptas.
Peña Nieto, que nunca actuó abiertamente en contra de sus críticos –su aparato de seguridad espiaba pero actuaba discrecionalmente en sus venganzas–, dejó de ser tema prioritario de MCIC una vez que concluyó su mandato, que es un antecedente que, o se soslayó en Palacio Nacional, o no forma parte de sus escenarios a partir de octubre. El temor en el entorno de López Obrador, cuya principal voz es Alejandro Esquer, el secretario particular del presidente que también ha sido objeto de investigaciones de la organización, es que una vez en calidad de ciudadano, las investigaciones continúen y puedan llegar a documentar irregularidades.
Dentro de Palacio Nacional no se reconoce ningún acto de corrupción ni de la familia del presidente ni de su entorno, pero se admite que puedan darse casos de anomalías que generen críticas y acusaciones públicas de tráfico de influencias y enriquecimiento inexplicable, que son algunos de los presuntos delitos que han emergido de las investigaciones de la organización. Hay temor de que el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum –están convencidos de su victoria–, en la eventualidad de que surgieran nuevos casos escandalosos, tendría espacios de maniobra reducidos para aminorar las críticas.
Ante esta posibilidad, el presidente instruyó a Ramírez Cuevas a que dé un seguimiento puntual a quienes han escrito a favor de Casar. Cuando se agudizaron los ataques contra ella, un grupo de 15 intelectuales, periodistas y exfuncionarios publicaron un desplegado titulado “Ya Basta”, donde acusaron al presidente de violar la ley por la forma como cobró una venganza contra ella. Ese posicionamiento fue creciendo y en cuestión de días, las firmas sumaban más de un centenar.
Hasta ahora, la tarea de neutralización por miedo no se ha planteado contra nadie de los abajo firmantes, pero como lo ha probado el caso de la presidenta de MCIC, nadie tiene la vida política ni jurídicamente asegurada hasta que, cuando menos, el gobierno de López Obrador pase a la historia.

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La elección más importante en la Historia de México, por su escala y derrotero, está en riesgo por la incompetencia del peor Instituto Nacional Electoral. Está infectado por la política de austeridad que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo deshidrató, y por la incompetencia de varios de sus consejeros, encabezados por Guadalupe Taddei, importada de Sonora donde fue incapaz de organizar los procesos locales que cayeron bajo su responsabilidad, y que llegó a la Presidencia del órgano autónomo como cabeza de playa para su colonización.
La renuncia de cientos de capacitadores y supervisores del INE, que se encargan de orientar a los ciudadanos qué hacer el día de la elección, el último episodio de una conducción fallida que se tratará de resolver a semana y media de la elección, revela una falta de previsión y anticipación de Taddei. Aunque varios consejeros están minimizando la fuga de este equipo fundamental el día de la jornada electoral, nunca se había visto una renuncia masiva de este tamaño.
El origen de esta deficiencia está en la austeridad ordenada por López Obrador y las instrucciones para ir haciendo purgas que acabaran con todo lo que representó o significó el pasado. Horacio Duarte, representante de Morena en el INE hasta noviembre de 2018, colocó en el organismo a Jesús George Zamora como jefe del Órgano de Control Interno, desde donde hostigó a funcionarios –como al director de Administración, Ignacio Ruelas, forzado a renunciar por negarse a cumplir con sus componendas–, a consejeros electorales que no eran afines al gobierno, y canceló contratos y proveeduría, entre los que se contó uno fundamental: la renta de equipos de cómputo.
La argumentación para cancelar el servicio de arrendamiento de equipo de cómputo fue porque resultaba más barato comprarlo, lo que era cierto, aunque se les olvidó adquirir las licencias de programas y el soporte técnico para las computadoras, por lo que tuvieron que improvisar y generar un sistema de recopilación de información que se pondrá en juego el 2 de junio, sin saberse con certeza si el método patito instrumentado será capaz de procesar la información de la jornada electoral.
Las políticas de austeridad y los métodos represivos de George Zamora –que actualmente es el director jurídico en el gobierno del estado de México donde Duarte es el gobernador de facto– provocaron también la renuncia del experimentado equipo de informática del INE, que garantiza la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que no fue remplazado con personal de calidad similar, por lo que la elección más importante en la historia de este país está en manos de una estructura de calidad ligeramente inferior y pobre, como observaron expertos en ese campo.
La inexperiencia ha llevado a situaciones ridículas. Una de las más absurdas fue cuando el INE, que determina la transmisión de los spots por día y hora, comenzó a enviar requerimientos y sancionó a empresas de radio y televisión por incumplir con el horario exacto para su difusión en Chihuahua, que las obligó a documentar que el problema no era de ellas sino de los ignorantes censores del instituto, que no registraron que ese estado, por la intensidad de su comercio con Texas, había mantenido la misma hora que en Texas.
Otra de las acciones delirantes del INE fue cuando aceptó una queja de Movimiento Ciudadano porque los medios de comunicación electrónica públicas y privadas no estaban cubriendo la campaña de su candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez, y sancionó a las empresas. La ley electoral, sin embargo, es muy precisa en señalar que la cobertura de candidatos no es obligatoria, y cada medio y comunicador decide sus contenidos.
Taddei, la consejera presidenta del INE, ha sido constante en su demostración de incompetencia o de sesgos hacia el gobierno de López Obrador. Durante nueve meses dejó sin cabeza formal la Secretaría Ejecutiva –los brazos operativos del INE– y nueve direcciones ejecutivas y unidades técnicas, que manejaba a través de encargados de despacho. El vacío paralizante que había creado Taddei pudo ser resuelto por que seis consejeras y consejeros, que integran un bloque opositor al grupo de cuatro que respaldan a la presidente del INE, impusieron su resolución para forzar los nombramientos. En justificación a la inacción, Taddei utilizó la fórmula lópezobradoristas y dijo que todo se debía a que le habían dejado un INE “desvalijado”.
Consecuetemente, ordenó auditorías contra el equipo cercano a su antecesor, Lorenzo Córdova, equivalente a una cacería de brujas. Córdova es uno de los enemigos públicos de López Obrador, y desde un principio Taddei, que llegó al INE impulsada por el gobernador de Sonora Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, y uno de los responsables de la maquinaria electoral oficialista, se ha esmerado por cumplir los compromisos con quienes la llevaron a encabezar la colonización del instituto.
Taddei respondía a Durazo y al secretario de Gobernación, Adán Augusto Hernández, hasta que renunció en junio del año pasado para contender por la candidatura presidencial de Morena. Desde entonces, López Obrador ordenó que la persona que llevaría la relación con Taddei sería su vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, jefe de la maquinaria de propaganda, y uno de sus principales consejeros políticos en Palacio Nacional, que se ha convertido en la correa de transmisión de las órdenes de López Obrador a la consejera.
La incompetencia, la estructura menguada, relevos sin la calidad de a quienes sustituyeron, sistemas informáticos endebles, violación a las leyes electorales por parte de la autoridad, y la subordinación de Taddei a la Presidencia de la República, son señales ominosas para el epílogo del proceso electoral más sucio en la memoria, donde López Obrador ha alterado el principio de equidad y justicia en la competencia. Y puede ser peor.
¿Qué impediría que la noche del 2 de junio Taddei declarara con resultados muy preliminares que la tendencia favorece a Claudia Sheinbaum? El cobre que ha mostrado permite trabajar ese escenario, un golpe que dañaría al proceso y lo dejaría en manos del más fuerte. YSQ, ¿recuerdan?, es el más fuerte.

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Claudia Sheinbaum, la candidata oficialista, estuvo en el programa de televisión Tercer Grado –donde soy uno de los panelistas– el lunes por la noche, y desde la primera pregunta se tensó el ambiente. No iba a ser un encuentro fácil, por las peculiaridades del personaje, que se ha empapado de las formas y mañas del presidente Andrés Manuel López Obrador a lo largo de más de dos décadas de estar junto a él, reforzadas por el entrenamiento de la consultora de cabecera de Morena, que la han convertido, aprovechando sus fortalezas de disciplina y rigor, en una máquina que busca devorar terreno sin demoras. Pero Sheinbaum, verdad de Perogrullo, no es López Obrador, elástico, flexible, maleable y astuto, sino todo lo contrario, además de intransigente.
En abono de Sheinbaum, accedió a la entrevista sin condicionar preguntas ni pedir adelanto del contenido, lo que hizo de sus respuestas un ejercicio de espontaneidad a la vez de franqueza. Por eso fue muy sorprendente desde el comienzo del programa, cuando el moderador René Delgado, en una pregunta espejo a la que formuló una semana antes a la candidata de oposición, Xóchitl Gálvez, inquirió si, en caso de perder la elección presidencial, reconocería la derrota. Hace seis años, en esa misma mesa, López Obrador dijo que sí lo haría; el lunes antepasado, Gálvez respondió lo mismo porque, señaló, era una demócrata.
Sheinbaum escuchó a Delgado sin asentir lo que cualquier demócrata haría, que respetaría los resultados de las urnas. Sin ningún gesto de duda afirmó: “Hay que ver como se desarrolla. Siempre hemos dicho que nosotros confiamos en el pueblo de México”. Traducción: ya que las encuestas publicadas le dan una muy amplia victoria, no aceptaría una derrota y estaría dispuesta a la movilización social para defender lo que considerara un triunfo. Igual que López Obrador lo hizo en 2006 tomando Paseo de la Reforma con un enorme campamento para el desfogue de pasiones, que ya no repitió en 2012, aunque impugnó la elección.
Fue muy desoncertante su respuesta porque la pregunta tenía la intención clara de colocarle un piso a la eventualidad de un conflicto postelectoral, cuyas raíces, explicó el periodista, se encuentran en las medidas cautelares de las que se ha hecho acreedor el presidente por su intervención en el proceso electoral, que había iniciado una discusión en la esfera pública sobre la impugnación del proceso y, en dado caso, su nulidad. Pero haber dejado abierta la posibilidad de rechazar los resultados esclarece otras declaraciones de Sheinbaum que parecían no tener sentido, hasta encontrar su gozne el lunes por la noche.
En la charla en Tercer Grado Sheinbaum recordó que en el último debate presidencial había hecho un llamado al voto para que la diferencia entre el primero y el segundo lugar fuera muy grande, a fin de que cualquier impugnación quedara mi-nimizada. Las impugnaciones tienen cabida en los órganos electorales cuando la diferencia entre los dos punteros sea menor a cinco puntos, que es lo mínimo que se considera podría cambiar el rumbo de la elección y quizás el resultado. Un porcentaje mayor reduciría la fuerza de una impugnación por otras razones, como la intervención presidencial en el proceso en violación de la ley, que es lo que ha hecho López Obrador.
El escenario que implícitamente planteó Sheinbaum es un margen de victoria inferior a cinco puntos, que cambiaría por completo el metabolismo del proceso y colocaría el resultado de la elección en vilo. Ahí es donde tiene cabida una denuncia extraña, que la oposición está preparando un fraude electoral. Si bien este delito lo puede cometer cualquier persona, una persona operando de manera individual no tiene el alcance ni para modificar la elección en una casilla. El fraude electoral consecuencial se realiza desde el poder, no desde la oposición porque la asimetría de recursos entre ambos es tan grande para tener éxito, que la clasificación para que los débiles pudieran imponerse a los fuertes tendría que ubicarse en un golpe de Estado.
La hipótesis de un golpe de Estado ha sido parte de la conversación de López Obrador desde febrero de 2022, cuando empezó a señalar que sus enemigos pretendían dar un “golpe blando” para impedir que “se lleve a cabo un verdadero cambio en el país”. Sus enemigos fueron creciendo: periodistas, intelectuales, medios, la Suprema Corte de Justicia, el Departamento de Estado, la DEA, la CIA, la Unión Europea, el Capitolio, la ultraderecha en el mundo, The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, Financial Times y la oligarquía internacional.
Bajo esa balandronada fue reforzando su narrativa. A lo largo de más de mil 300 mañaneras, ha mencionado al menos 170 veces “golpe de Estado”, “golpe de Estado técnico” y “golpe blando”, de acuerdo con SPIN Taller de Comunicación Política, tomando como marco teórico un libro publicado en 1993 en el epílogo de la Guerra Fría, por el finado filósofo estadunidense Gene Sharp, el experto en revoluciones no violentas más famoso del mundo, cuya obra ayudó a millones de personas en todo el mundo a liberarse sin violencia de regímenes autócratas, con 198 recetas para transitar hacia sistemas democráticos.
Parecía una estrategia política con alta dosis de paranoia, pero fue sembrando en la cabeza de los mexicanos esa idea, podría decirse, para cuando viniera a cuento. El fraude electoral que ha estado planteando Sheinbaum, acompañada de su mentor, solo podría tener una cabida argumentada en un “golpe blando” que generara una cohesión interna entre los lopezobradoristas y el combustible para tomar la calle.
Esto, por supuesto, es un disparate, proporcional sin embargo a lo que plantean la candidata y el presidente, salvo que como se ha mencionado en varias ocasiones en este espacio, los números de sus encuestas privadas no correspondan con los datos de los estudios publicados. Sheinbaum –como Gálvez una semana atrás–, está convencida de que va a ganar, contradiciendo sus declaraciones de los últimos días que reflejan extraños temores que la llevaron a sacar los tambores de guerra.
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El tercero y último debate presidencial fue una oportunidad perdida para Xóchitl Gálvez, la candidata de la oposición. El principal tema era la seguridad, donde tenía la mesa puesta para contrastar la realidad con los resultados de la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador que la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, se ha comprometido a mantener. Al centrarse en un debate rebasado –la discusión sobre “narcocandidata” y “narcopartido”–, Sheinbaum, cuya estrategia fue desviar todo y banalizar las acusaciones como “ficción”, pudo escaparse impune. Gálvez no la confrontó con datos, ni mostró sus contradicciones y mentiras.
Sheinbaum buscó ocultar la realidad nacional sobre la incidencia delictiva con los datos de su administración en la Ciudad de México, donde mostró indicadores a la baja como un ejemplo de que su modelo de seguridad es eficiente. Fue cuidadosa para evitar analogías entre su estrategia y la de López Obrador –que están en las antípodas, una de combate con información de inteligencia y la otra de contención sin confrontación–, pero habló con verdades a medias o mentiras abiertas que tampoco supo atajar y desmontar Gálvez.
Durante el gobierno de Sheinbaum fue anidándose una violencia que antes era inusual en la capital federal, como cuerpos descuartizados y personas colgadas de los puentes. Colonias como la Condesa, que ha estado de moda y hoy llena de extranjeros, se ha vuelto en una zona muy tranquila gracias, no al reforzamiento de la seguridad, sino a que el cártel de la Unión Tepito, es la fuerza criminal hegemónica, que mantiene la Pax Narca para mantener los altos niveles de consumo y renta que les permite incrementar sus cuotas de extorsión –cobro de piso– a establecimientos comerciales. Este fenómeno, se ha extendido por toda la Ciudad de México, donde hay un cobro de impuesto criminal.
Sheinbaum dijo en el debate que la incidencia delictiva bajó 51 por ciento de 2018 y junio del año pasado, cuando dejó el gobierno capitalino para buscar la candidatura presidencial. No está claro de dónde y cómo obtuvo ese porcentaje, porque de acuerdo con las estadísticas del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la reducción ha sido de 2.7 por ciento. En 2018 se registraron 241 mil 29, que subieron a 242 mil 838 al año siguiente, bajaron a 198 mil 155 en 2020, cuando comenzó la pandemia del coronavirus, y se elevaron en 2021, pese a mantenerse la emergencia sanitaria a 223 mil 742, para tener un brinco más en 2022 a 232 mil 644, y terminar el año pasado con 234 mil 474.
En cuanto a homicidios dolosos, entendiéndose que se refiere a los “delitos de alto impacto”, donde presumió también una disminución de 58 por ciento, los datos del Secretariado dicen otra cosa. En un comparativo a los 60 meses de gobierno entre Sheinbaum y Miguel Ángel Mancera –la candidata oficialista dijo que los crímenes habían venido a la baja durante los gobiernos de López Obrador y Marcelo Ebrard–, el total de homicidios durante los primeros cinco años de gobierno de Sheinbaum fueron 9 mil 216, contra 8 mil 387 de Mancera, una diferencia negativa para la candidata de 9.1 por ciento. Durante ese periodo, la morenista tuvo 829 más homicidios que el perredista, sin contar que los totales de Mancera incluyen homicidios culposos, mientras que los de Sheinbaum no.
Los datos que ha presentado la candidata oficialista al gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, han mezclado las carpetas de investigación con víctimas, un manejo desaseado que se ha dado en los gobiernos morenos. En la Ciudad de México, como en otras partes del país, los datos de homicidios dolosos no son los reales –aun así en el sexenio de López Obrador se han dado cuatro de los cinco años más violentos desde que se contabilizan los homicidios dolosos–, porque hubo una reclasificación de ellos como “otros delitos que atentan contra la vida”, que ha sido señalado por organizaciones civiles como un maquillaje para disminuir las cifras de estos crímenes. Otra forma de manipulación, como han denunciado los expertos, fue la alteración del censo sobre desapariciones, que borró decenas de miles del registro, igual que lo que pretende López Obrador a nivel nacional.
La historia de éxito de la seguridad en la Ciudad de México no es tal. Sheinbaum trata de venderla para ganar legitimidad ante la ciudadanía que tiene como principal preocupación en todo el país la inseguridad. La candidata oficialista ofrece a los mexicanos paz y seguridad, parafraseando lo que ha señalado López Obrador, mediante una estrategia que básicamente sería la misma que llevó a cabo el presidente y que hasta ayer, el día más violento del año (104 homicidios dolosos), acumulaba 187 mil 617 asesinatos, más que en los dos sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón juntos, y 31 mil más que en todo el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La propuesta de la candidata oficialista no es viable, porque aun cuando disimule la réplica de la estrategia de López Obrador para que no se enoje con ella, lo que hizo en la Ciudad de México, pese a disponer de poco más de 83 mil policías –un superávit de 224 por ciento de acuerdo al estándar de la Organización de las Naciones Unidas–, además de 23 mil elementos de las Fuerzas Armadas, sus resultados son mediocres. Ni en el debate ni a lo largo de su campaña ha ofrecido algo que pudiera sugerir una ruta alterna a lo que ha hecho el presidente.
El horizonte es de mayor violencia y muertos, y mayor pérdida de territorio ante los cárteles. Hoy, en el 74.42 por ciento de los municipios en México (mil 820), hay presencia de al menos una de las 52 organizaciones criminales que operan, de acuerdo con el reporte anual de la consultora DataInt. El Cártel Jalisco Nueva Generación está en 652 municipios y el de Sinaloa en 412. ¿Cómo impedir su expansión y neutralizarlos? Tendría que hacer todo lo contrario de lo que hizo López Obrador y dejarse de las simulaciones como lo hizo en la Ciudad de México, lo que no es previsible que sucederá.

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Andrés Manuel López Obrador no quería, a dos semanas de la elección presidencial, que el Zócalo de la Ciudad de México se pintara de rosa en una expresión unánime de repudio a su Presidencia y de apoyo a Xóchitl Gálvez. Utilizó al grupo de choque y extorsión que es la Coordinadora Magisterial y el gobierno capitalino quiso inhibir la asistencia con una contingencia ambiental y cerrando la plancha del Zócalo hasta las ocho y media de la mañana, como si esa plaza no fuera pública. No lo logró.
Decenas de miles de personas, mayoritariamente ciudadanos de carne y hueso, colmaron la Plaza de la Constitución para decirle que, a diferencia de él, no le tienen miedo. Los mercenarios de la disidencia magisterial pusieron obstáculos y pretendieron echar a perder el mitin, que estuvo acompañado por manifestaciones similares en más de 60 ciudades, y trataron incluso de bloquear el acceso al Zócalo, que tras escaramuzas y empellones, optaron por mejor recular.
Las acciones emprendidas con el aval de la Presidencia y la complicidad del gobierno de la Ciudad de México, muestran la estatura real de López Obrador como jefe de Estado, inmerecedor de ser llamado así porque nunca quiso representar a todos los mexicanos, ni gobernar para todos.
Ayer domingo va a quedar como uno de los momentos negros de su Presidencia, cuando la historia revise su gestión a partir de sus resultados y de sus acciones, y encuentre que hizo todo lo posible, hasta el límite para no dar un manotazo autoritario, por impedir la concentración en el Zócalo y evitar que fuera en ese lugar, que por años consideró como suyo, donde lo increparan. Las preguntas que quedan de ayer son del por qué el miedo a Gálvez y por qué el miedo a la oposición. ¿Por qué todas esas acciones punitivas y saboteadoras si como dice su candidata Claudia Sheinbaum, la elección es un mero trámite?
El lenguaje político sugiere que no será de trámite. Sin embargo, Gálvez, los partidos de la coalición y todos los grupos de la sociedad civil o ciudadanos de manera autónoma, deben recordar que un Zócalo lleno no gana elecciones. Cuauhtémoc Cárdenas llenó Zócalos en 2000, 2006 y 2012, y nunca se acercó a la Presidencia. En 1988 no lo hizo pero arrasó a Carlos Salinas en la zona metropolitana de la Ciudad de México y Michoacán, en una elección controvertida y bajo litigio político y ético hasta hoy en día, en buena parte porque uno de los hombres más cercanos de López Obrador en la actualidad, Manuel Bartlett, a la sazón secretario de Gobernación, carga sobre su espalda “la caída del sistema” como eufemismo de fraude electoral.
Esta es apenas una de las paradojas y el regreso del pasado al presente.
Nadie como López Obrador conoce el valor del Zócalo como instrumento para mostrar músculo, y sacar dinero extorsionando al gobierno.
La llamada marea rosa de ayer mostró que la energía que la motivó a la defensa del Instituto Nacional Electoral en las calles en febrero del año pasado, se ha mantenido, por lo que no deja de ser irónico que la consejera presidente del INE, Guadalupe Taddei, que recibe instrucciones del vocero del presidente, Jesús Ramírez Cuevas, dijera en la víspera que los organizadores del evento y los ciudadanos, no podían utilizar el color rosa. El patético llamado generó anticuerpos en el INE, donde varios consejeros dijeron que no era una posición institucional sino personal.
Las organizaciones civiles, los ciudadanos y los partidos, a diferencia de lo que solía hacer López Obrador no realizaron el mitin para chantajearlo. López Obrador hizo ese juego durante el gobierno de Salinas, cuando realizaba plantones en el Zócalo en coincidencia con festividades oficiales donde la Plaza de la Constitución se utilizaba para desfiles, que levantaba luego de que el entonces jefe del Departamento del Distrito Federal, Manuel Camacho –su brazo derecho era Marcelo Ebrard–, le retacaba las bolsas del pantalón con millones de pesos.
Esa dialéctica de la política mexicana que tan bien conoce y de la que lucró tanto como para construir un movimiento que lo llevó a la Presidencia, no podía operar ayer. Por eso recurrió a estrategias del viejo PRI para sabotear, utilizando a la disidencia magisterial, que se mueve al sonido del dinero, para manchar el evento. Era una obviedad, como ridículo pareció la contingencia ambiental –aunque hubiera sido cierta–, porque fue parte de una serie de acciones en donde lejos de inhibir a quienes estuvieron en el Zócalo, los inyectó de coraje e indignación. Hubo gente –conversé con varias personas que iban caminando ayer por la mañana hacia la cita– que iban con temor de lo que pudiera pasar con el grupo de choque, pero en ningún momento dieron señales de recular. El miedo fue menor que su deseo de que Morena salga del poder.
La línea estratégica de la Presidencia a lo largo de la semana era que el mitin no sería de ciudadanos sino de partidos. En el campo de batalla digital, las cuentas pagadas por la Presidencia y Morena –expertos estiman que invierten al menos 100 millones de pesos al mes– tuvieron por horas como trending topic en X la palabra “acarreados”, que superaba el hashtag de “MareaRosaConXochitl”. Pero las redes sociales, llenas de una multitud ruidosa y de legiones de robots, tampoco se traducen automáticamente en votos. Gálvez, de cualquier forma, citando al general Miguel Negrete, enemigo de Juárez, que se sumó a la defensa de México en la Batalla de Puebla con una frase memorable “tengo Patria antes que partido”, respondió a las voces del lopezobradorismo.
La victoria política de la oposición le dio combustible adicional a Gálvez durante su último debate presidencial con Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, y el empuje final para los 11 últimos días de campaña presidencial. Parecen pocos para cambiar lo que parece será el curso de la elección, pero hay estrategias que no vemos, o persuasión para un voto estratégico que abandone a Álvarez Máynez, que no miden las encuestas ni registran las percepciones.

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