Xóchitl Gálvez, candidata de la oposición, acudió el lunes por la noche a una entrevista en el programa Tercer Grado y no parecía en ningún momento que se encontrara a 22 puntos de alcanzar a la oficialista Claudia Sheinbaum, como marca la encuesta de encuestas de Oraculus. Llegó de buen humor y echada para adelante, y terminó de la misma manera, aunque menos nerviosa y más sonriente que a su arribo. Había respondido la mayoría de las preguntas con rapidez mecánica, evadiendo algunas y trastabillando en ocasiones, con claridad en temas controvertidos y optando por el silencio al cruzar aguas pantanosas.
En la cita con la mesa periodística –donde soy uno de los panelistas–, se mostró ágil de reflejos, que no los tuvo en el primer debate presidencial, y con una soltura que ni siquiera en el segundo debate, donde mejoró sustancialmente con respecto al anterior, había enseñado. No se sabe cómo será su rendimiento en el tercer y último debate el domingo, pero se va a jugar su resto. Las encuestas publicadas se han vuelto una feria de porcentajes, pero en todas está en segundo lugar. Gálvez dice que la elección está cerrada pero que va a ganar. El tiempo se le está acabando.
En 2006 Felipe Calderón tuvo una mala participación en el segundo y último debate que lo tumbó y cayó seis puntos, pero estimuló a su cuarto de guerra que estaba hundido en la depresión, y le dio la vuelta a la contienda. No se le ven las mismas alas a Gálvez, que tiene otro obstáculo: el último debate será a tres semanas de la elección; el de Calderón fue a nueve.
No obstante, está segura en su dicho y en el lenguaje de cuerpo –no se vio derrotada en la entrevista–que va a ganar si la participación es de 63 por ciento. A mediados de abril le dijo a El Universal que la victoria sería suya si saliera a votar el 62 por ciento de la lista, sin explicar por qué un mes después modificó el porcentaje en un punto, ni justificar ese punto de quiebre pese a que fue similar a la participación en las elecciones presidenciales de 2012 y 2018.
Las inconsistencias no son menores, y deben reflejar los cálculos en su cuarto de guerra, donde tampoco se ha problematizado el por qué esa es la meta de participación, y no a partir del 65 por ciento, con un ideal de voto del 67 por ciento, que expertos independientes le han explicado a Gálvez y su equipo como los mínimos necesarios para darle la vuelta a la elección.
La ligereza de sus dichos la metió en algunos problemas en Tercer Grado, sin poder salir de manera muy convincente. En un momento, a preguntas directas, dijo que López Obrador no era un demócrata, y más adelante señaló que tenía que ganar con un alto porcentaje en las urnas, para que el presidente reconociera su victoria.
Pero al ser cuestionada sobre la contradicción de sus dichos –¿por qué debía de alcanzar una victoria contundente para que López Obrador lo reconociera si no es demócrata?–, su respuesta se ancló en el deber ser: tiene que reconocer el resultado. ¿Por qué si nunca ha reconocido una derrota en las urnas, respetaría un resultado adverso el 2 de junio cuando será la elección más importante de su vida, mucho más que la de 2018 cuando ganó la Presidencia, porque de esta dependerá su ansiada “trascendencia”? Le faltaron a Gálvez argumentos y recursos retóricos para alinear lo que quedó como una disonancia.
Otro de esos momentos fue cuando hizo una enumeración sobre sus denuncias de decenas de ilegalidades cometidas por el presidente por su intromisión en la campaña electoral y su abierto apoyo político y económico, con los recursos del Estado, a favor de Sheinbaum, pero no admitió que esto era el camino a una impugnación para anular la elección, que bien podría argumentar con la ley en la mano.
Gálvez no pareció haber pensado que su narrativa de violaciones a la ley de López Obrador sería una pregunta natural, y al ser presionada por una respuesta encontró la salida fácil: no tiene un Plan B; o gana o gana. ¿Y si pierde reconocería el resultado?, preguntó René Delgado. Ahí sí fue enfática: como demócrata, lo aceptará. Pero si todo esto sucede y sucumbe ante Sheinbaum, ¿qué caso tienen las denuncias de ilegalidades del presidente?
La candidata opositora dijo correctamente –si se ven las encuestas–, que la contienda presidencial es entre mujeres, descartando la candidatura de Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano. Pero cuando se le pidió una definición sobre el papel que está jugando en la campaña, describiendo su actitud negativa en los debates contra ella, se negó a descalificarlo. Ninguna crítica sobre él y muchas deferencias con Movimiento Ciudadano, lo que llevó a Denise Maerker a subrayarle el buen trato con ese partido que muchos vemos como un palero, haciendo el trabajo sucio al presidente para quitarle votos a Gálvez.
La candidata habló con respeto y admiración incluso de la militancia de Movimiento Ciudadano, pero ya no hubo tiempo en la mesa de Tercer Grado para preguntarle si su deferencia selectiva sobre ese partido obedecía a un acuerdo con alguno de los liderazgos, en particular el de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco –la tercera entidad de mayor peso electoral–, que públicamente ha mostrado sus desavenencias con el dueño de MC, Dante Delgado y pedido el voto diferenciado en el estado. Habrá otro espacio para hacerle a Gálvez esa pregunta.
Las discrepancias que tuvo la candidata son probablemente producto de la falta de refinamiento en sus argumentos, pero para efectos electorales, no importa. Lo que logró en Tercer Grado fue elevar las expectativas de triunfo de los suyos y crear momentum para la marcha del próximo domingo, en el último jalón para persuadir a los indecisos de que ella es la opción en la elección del 2 de junio, donde se votarán, como dijo, dos proyectos antagónicos de Nación.

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Arturo Zaldívar es un cadáver político. A lo mejor no quiere darse cuenta de ello y sigue luchando por evitar la caída libre en la que se encuentra. Las denuncias por el uso faccioso del Poder Judicial cuando era presidente de la Suprema Corte siguen apareciendo, en tribunales y en los medios, con nombre y apellido, arrinconando y dejando ver su otra faceta, la de un cobarde, alegando que no hay nada en las denuncias de abuso de poder públicas que lo vinculen, deslindándose de esa forma de Carlos Alpízar, su operador menos circunspecto en sus señaladas tropelías. Que se hunda Alpízar para que él haga el vuelo del Ave Fénix, parece ser su decisión.
En cuestión de unas cuantas semanas, la imagen de Zaldívar colapsó. La apertura de una investigación en el Consejo de la Judicatura a partir de una denuncia anónima de 32 páginas que detalla el modus operandi para “vulnerar la autonomía e independencia” del Poder Judicial, mediante presiones, amenazas y represalias contra jueces y magistrados “con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros”, en donde quedaba explícitamente expuesto el ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, que lo mangoneaba desde Palacio Nacional, e implícitamente el beneficiario político de la manipulación realizada por el ex ministro, el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Scherer, que sigue haciendo negocios amparado en su cercanía con Sheinbaum y enlaces con empresarios que le pide haga, ha mantenido silencio ante las imputaciones, que no parecen haberle causado mella en el cuarto de guerra de la candidata, ni reducido el trabajo legal en el área de seguridad, a través de dos despachos asociados a él que hacen el trabajo de lápiz para Omar García Harfuch. Zaldívar, que pasó del histrionismo a la histeria en su afán por demostrar que él podía ser más radical que los radicales, está hundido.
En su defensa pública ha señalado a la presidenta de la Corte, Norma Piña, como la autora de los ataques en su contra, que tienen como finalidad, argumenta, dañar a Sheinbaum. Se aferra a la candidata pero no hay ninguna referencia en la denuncia anónima, ni en las denuncias públicas que están comenzando a hacer magistrados contra Zaldívar y sus operadores, que la involucren a ella. Sí es claro el objetivo para que no sea el ex ministro quien elabore la reforma al Poder Judicial, pero no es por lo que pueda contener la iniciativa de ley, sino que el ex ministro, sobre el que hay decenas de denuncias de todo tipo en la Corte, sea el responsable.
La guerra contra él se abrió con la filtración de la denuncia anónima, cuya verosimilitud fue tomando la cara de una verdad al haber dado un paso al frente magistrados para ratificar con su cara, nombre y apellido en tribunales y medios, que lo expresado en ese documento, era verdad. Zaldívar no entendió los mensajes y la semana pasada, a través de un reportaje de N+ Focus, la unidad de investigación de Televisa, el noticiero estelar de la cadena dio a conocer una grabación hecha por el juez Alberto Roldán en la oficina de Alpízar, donde le sugiere cómo resolver un amparo y veladamente lo amenaza si no hace lo que le mandó decir el ex ministro.
El amparo era para exonerar a Frida Martínez, ex secretaria general de la Policía Federal, acusada de un fraude por dos mil 500 millones, que es parte de la forma como la Presidencia utilizaba a Zaldívar para alcanzar los objetivos de López Obrador o, como en este caso, cumplir con sus acuerdos políticos. Martínez es –o era, al menos–, pareja del hermano del ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con quien se vinculó desde 2004 en Hidalgo. Al llegar a Bucareli, Martínez, que era de todas sus confianzas, fue colocada en las áreas de manejo de recursos en diversas áreas de seguridad, protegidas por la secrecía que les daba el argumento que eran materia de seguridad nacional.
Hay miles de millones de pesos no cuantificados del paso de Osorio Chong por Gobernación, desde donde buscó la candidatura presidencial, cuyas investigaciones concluyeron en funcionarios de segundo nivel, aunque claves como Martínez, pero que no estaba protegida por el acuerdo de impunidad que pactaron López Obrador y el ex presidente Enrique Peña Nieto, en donde estuvo involucrado Scherer, que fue operando lo que necesitaba el presidente con Zaldívar.
Televisa, anticipó el jefe de investigaciones de N+, Omar Sánchez de Tagle, tenía un audio más que se iba a difundir. Y no parece ser el único. Funcionarios del Consejo de la Judicatura aseguran que a ese órgano de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial le han llegado más de 10 audios y que tienen una gran cantidad de evidencia que prueban irregularidades e ilegalidades de Zaldívar y sus operadores. Es decir, la pendiente del ex ministro es bastante larga.
Zaldívar ha dicho que lo atacan a él para golpear a Sheinbaum. No es así, pero hay una cosa cierta. En la medida que la candidata lo mantenga en su equipo y a cargo del proyecto de reforma al Poder Judicial, los negativos se le van a ir sumando. Zaldívar es una gangrena que le empieza a recorrer la pierna. Está totalmente desacreditado y deslegitimado no solo para la encomienda que le mandó López Obrador a hacer con Sheinbaum, sino para cualquier cargo.
Su colaborador es como un zombie y corre el riesgo de que el Consejo de la Judicatura lo encuentre responsable de los delitos que le imputan y lo inhabilite. Existe incluso la posibilidad de que el Consejo dé vista a la Fiscalía General para investigarlo por presuntos delitos penales. López Obrador tuvo en Zaldívar un activo y pensó que lo sería para Sheinbaum, como consejero jurídico y eventualmente secretario de Gobernación. Hoy es un lastre muy pesado, que no debería seguir cargando, sobre todo ante la inminente cita del tercer debate presidencial. Mejor recortar sus pérdidas y tener una salida política correcta, que cargar con el bulto de un cadáver político.

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No puede el presidente An-drés Manuel López Obra-dor quitarse la etiqueta de “narcopresidente” que le colocaron desde el 30 de enero tras la publicación de un reportaje en tres medios extranjeros, que revelaron que la DEA lo investigó por haber recibido presuntamente dinero del Cártel de Sinaloa para sus campañas presidenciales en 2006 y 2012, y cerró por razones políticas. Desde entonces es un tema frecuente en las mañaneras, aunque entre más patalea en ese pantano, más se hunde y más herido parece. En los últimos días, por una o por otra razón, las imputaciones lo han perseguido, dejándolo mal parado.
Ha habido momentos de comicidad involuntaria, como adjudicar a un periodista un “Premio Nobel de periodismo”, que obviamente no existe, confudiendo la presea con el Premio Pulitzer. O como quejarse de que The New York Times, que también publicó una investigación sobre su presunta relación con el Cártel de Sinaloa, haya sido distinguido con otro Pulitzer –en realidad fueron tres– esta semana, aunque no se enteró ni nadie le dijo que el Pulitzer más distinguido de todos, al Servicio Público, se le dio a ProPublica, uno de los tres medios que revelaron el financiamiento del narco a sus campañas en enero.
Quitando esos episodios hilarantes, queda lo más letal para su imagen, revelado por la periodista Anabel Hernández en su último libro, La Historia Secreta (Grijalbo), que reproduce el testimonio de Sergio Villarreal, El Grande, quien aseguró a la hoy Fiscalía General de la República y a la DEA hace más de 10 años, que como personero de los hermanos Beltrán Leyva, cuando eran parte fundamental del Cártel de Sinaloa, le entregó 24 millones de dólares para su campaña presidencial de 2006, incluidos 500 mil pesos que le dio en un hotel poco antes de la elección. López Obrador ha tildado a Hernández y a los narcotraficantes de “vil calumniadores”, por no haber presentado ninguna prueba que sostenga su dicho.
Ayer dijo: “Yo nunca he visto a ese señor que le apodan o le llaman El Grande. No lo conozco, nunca lo he visto. Y esa señora se atreve a decir que voy a un hotel y que me encuentro con él y ahí me da una maleta. Sí, y que la maleta yo se la paso al… general Audomaro Martínez (actual director del Centro Nacional de Inteligencia). A ver, ¿de dónde saca eso si yo no conozco a este señor y nunca lo he visto?”.
Aunque se puede tomar sin dudar el lado del presidente y cuestionar las declaraciones de criminales –como sería mi caso–, su problema es que él mismo le dio legitimidad a las palabras de El Grande. El 23 de enero del año pasado, el criminal testificó en el juicio en contra del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna en Brooklyn, y palabras más, palabras menos, dijo lo mismo que aseguró de López Obrador, aunque la suma de dinero que presuntamente le dieron, fue una quinta parte de la que supuestamente entregaron a López Obrador.
El presidente dio tanta credibilidad a sus palabras, que al día siguiente anunció que diariamente se iba a presentar un informe sobre el juicio de García Luna para rechazar todo aquello que tuviera que ver con la corrupción. “No queremos que pase de noche, (porque) se trata de un proceso aleccionador para que no se repita”, afirmó. “Es importante porque es muy vergonzoso. Se trata de una autoridad del más alto nivel que estaba a cargo de la seguridad pública durante el gobierno de (Felipe) Calderón y que tenía una doble función… al mismo tiempo que se encargaba de la seguridad pública, protegía a uno de los carteles o de los grupos de la delincuencia organizada”.
López Obrador ha utilizado las palabras de El Grande como lanza contra el ex secretario, para acusarlo sistemáticamente de corrupto, y sugerir responsabilidad de Calderón por omisión o comisión. “El poder, si no hay principios, corrompe absolutamente”, agregó en enero del año pasado. “Lo único que sostiene a un buen servidor son los principios”.
López Obrador no sabía que el testigo estrella de la Fiscalía contra García Luna había dicho cosas peores sobre él 13 años antes. Si se compararan los casos, sería más grave la imputación a López Obrador, al dejar abierta la posibilidad de que recibiera financiamiento para sus campaña en 2006 y 2012, como concluyó la DEA. Igualmente, si el testimonio de El Grande fue clave para condenar a García Luna, un juicio contra López Obrador en Brooklyn tendría el mismo destino, se puede argumentar, y estaría preso esperando sentencia.
Brooklyn debe estar entre sus escenarios para cuando deje de ser presidente, y preparar un equipo legal en lugar de lagrimear en público. “¿Qué tiene que hacer la DEA investigando al presidente de México? ¿Quién se los autoriza?”, se quejó ayer, sin saberse si está enterado que investigaciones de alto perfil como las que realizaron en su contra, tienen que ser aprobadas por un comité especial en el Departamento de Justicia. “¿Dónde está la información? ¿Dónde están las pruebas?”, preguntó. No hay, como tampoco las hubo en el caso de García Luna. Bastaron las declaraciones de los criminales y una buena narrativa de la Fiscalía para convencer al jurado que era culpable.
García Luna no tenía investigaciones previas en Estados Unidos, como sí las hay contra López Obrador. No se equivoque presidente. El hashtag #NarcoPresidente es lo menos grave que tiene enfrente.

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Hoy en día, en el corazón de la contienda por la Presidencia se encuentran las encuestas. Herramientas para la investigación de los electorados, para el diseño de las estrategias, de los mensajes, y para medir los resultados de su trabajo, también son utilizadas para impulsar sus narrativas en la arena pública para así estimular, inducir o inhibir a los votantes, además de conseguir recursos por debajo de la mesa. Las encuestas en campañas las contratan los equipos de quienes aspiran a un cargo, políticos a manera individual, empresarios para ver en dónde colocar su dinero y medios de comunicación porque les gana impacto y audiencias, trascendencia, influencia y, finalmente, poder.
Las encuestas tienen dos niveles. Uno es el que se realiza con fines estratégicos y se mantienen reservadas, fundamental para la toma de decisiones. El otro es cuando se contrata con fines de difusión pública. En el primer caso, las encuestas son químicamente puras, en el sentido de la aplicación de las metodologías de las casas demoscópicas. En el segundo, la pureza puede tener sus asegunes. Por ejemplo, que es un caso real mexicano, cuando para definir una candidatura el partido entregó la muestra a quienes harían el ejercicio sobre dónde quería que encuestaran, manipulando a priori el resultado de la medición.
Esta perversión es parte del fenómeno de destrucción del instrumento que hemos visto en los últimos años, ante la insana decisión de los partidos de jugar con las mediciones en la opinión pública. En una de las últimas elecciones por una gubernatura, el partido que ganó contrató todas las encuestas que pudo –acreditadas, desacreditadas y de ocasión– para construir la idea de que la victoria de su candidatura era irreversible y, de esa manera, inhibir el voto. Lo que hicieron fue realizar convenios de publicidad con medios y en lugar de propaganda abierta o disfrazada como gacetillas, les pedían que publicaran las encuestas donde su candidatura arrasaba. Desalentar el voto mientras ese partido aceitaba a sus clientelas para llevarlas a votar, es una forma simple y eficaz, aunque costosa, de ganar una elección.
El manoseo de las encuestas por parte de los partidos, que son dueños de los estudios demoscópicos como clientes y con el derecho a decidir si las publican o no, han trastocado a la industria y le ha quitado a todos credibilidad, aunque algunas de ellas realmente no la tengan o son desconocidas en el mercado. En la actual contienda presidencial, las casas encuestadoras, metidas todas en una sola bolsa sin distinguir experiencia, metodologías o incluso junto a supuestas empresas que nadie conoce, están siendo medidas en su calidad e integridad a partir de los resultados que están produciendo sus mediciones cada mes. Los datos son de locura.
Hay empresas que encuestan solamente a través de plataformas digitales con robots, que marcan empate (Massive Caller) o tienen diferencias de hasta 37 puntos MetricsMX) a favor de aquella candidata con la que tienen cercanía, o que trabajan para integrantes del cuarto de guerra. Hay encuestas que dan una ventaja de 57 puntos Gii360) a la candidata oficialista Claudia Sheinbaum frente a la de oposición, Xóchitl Gálvez, que no distinguen del resto pese a que la empresa que hace lo que se conoce como push-polls, seudo encuestas que a través de información falsa inducen las preguntas para obtener las respuestas que quieren.
En medio de ellas se encuentran las casas encuestadoras con años de experiencia, aunque aún dentro de estas también hay diferencias notables. Por ejemplo, tomando su última medición publicada en abril, la diferencia a favor de Sheinbaum fue de 20 puntos entre las reconocidas De las Heras Demotecnia (37 por ciento) y GEA-ISA (17 por ciento).
Las encuestas que publican los periódicos, que según Roy Campos de Mitofsky son las más creíbles por el prestigio que empeñan en cada ejercicio, también tienen diferencias relevantes, como las de El Financiero que le dio una ventaja a Sheinbaum de 17 puntos, contra la de Reforma que se la dio por 24, fuera del margen de error, pero en coincidencia con Buendía&Márquez y El Universal (23 por ciento). Mitofsky en El Economista con 28.2 Poe ciento, y Covarrubias en El Heraldo con 29.1 por ciento se alejaron más de 10 puntos de El Financiero.
Para entender mejor los porcentajes, habría que tomar en cuenta a cuánto equivale cada punto porcentual en las encuestas. Jorge Buendía, de Buendía&Márquez, dice que si la lista nominal es de 99 millones, cada punto representa 990 mil votos, porque su público objetivo son personas con credencial de elector. Si en la próxima elección presidencial votara el 65 por ciento de la lista nominal, cada punto porcentual equivaldría a 643 mil 500 votos.
Si tomamos como referencia la votación en 2018, cuando votó el 63.42 por ciento de la lista nominal, la diferencia de votos en el caso de las empresas que utilizan robots es de 37 millones, que significarían, tomándonos una licencia retórica, siete millones más de los que obtuvo Andrés Manuel López Obrador. Pero incluso en las de El Financiero y Reforma, la diferencia tomando como referencia 2018, hay cuatro y medio millones de votos de diferencia, y entre ocho y 10 millones más si incorporamos al resto de las mediciones publicadas en los periódicos.
En este frenesí de encuestas con resultados tan variados, contrastantes y antagónicos incluso, cada partido ha utilizado la que mejor le conviene para apuntalar su candidatura, añadiendo ingredientes a la confusión y convirtiendo la contienda en una carrera de caballos, donde los que seguro van a perder son los encuestadores. Unos porque los resultados distaron mucho de lo que estaban registrando; otros porque se equivocaron de ganador (como si el ejercicio fuera pronosticar); unos más porque las candidaturas les reclamarán que les dieron información errónea; y muchos porque las fotografías que fueron tomando durante la campaña, quedaron lejos de las expectativas del imaginario colectivo.
Pero hay un punto bueno dentro de todo lo malo, muy cínico pero real. Pase lo que pase, nadie pagará por sus errores, abusos y equivocaciones, como hasta hoy ha sucedido.

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María Amparo Casar ha dedicado su vida a fortalecer los contrapesos frente al Ejecutivo, que hace casi una década fortaleció con su activismo para frenar los abusos de poder a través de Mexicanos Contra la Corrupción, incluidos los que se estaban cometiendo en el gobierno de Vicente Fox contra el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Años antes de fundar la ONG, como coordinadora de asesores del secretario de Gobernación, Santiago Creel, operó a favor de quien hoy le ha cobrado una venganza irreversible contra su fama pública.
Casar, junto con el entonces vocero presidencial Rubén Aguilar, confrontaron a Fox y al entonces procurador general, Rafael Macedo de la Concha, para impedir que metiera a López Obrador a la cárcel para desactivarlo de la contienda presidencial. Fox, empujado por Macedo de la Concha, quería detener al entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, por haber desacatado una orden judicial para no hacer obra en un predio en Santa Fe que estaba en litigio. López Obrador fue desaforado por el Congreso, paso previo para proceder penalmente en su contra, pero persuadieron a Fox sobre los excesos de esta medida que, además, sería políticamente contraproducente.
Paradójicamente, el abuso de poder que del brazo de Aguilar impidió que se cebara sobre López Obrador, hoy lo sufre, al utilizar el presidente toda su fuerza para acabar personal, social y políticamente a Casar, al desempolvar un caso cerrado por Pemex hace 20 años sobre la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez, abriendo públicamente todos los detalles de esa tragedia y difundiendo las 384 páginas de que consta el expediente, que incluyen datos personales de ella y sus hijos.
La ruindad con la que López Obrador le ha cobrado la factura por encabezar la lucha por la rendición de cuentas de los poderosos –su trabajo de investigación sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto contribuyó a allanar el camino a la Presidencia a López Obrador–, la justifica con una acusación de corrupción, por haber cobrado, asegura, una pensión de viudez de Pemex –que sirvió para la educación de sus hijos– que no merecía por tratarse de un suicidio, y de haber recibido el seguro de su muerte.
López Obrador violentó la Ley y la ética política al asegurar que en temas de corrupción no hay datos privados que valgan, pero su actuar no corresponde a la lucha contra las irregularidades, sino a una venganza. Si pensaba que había corrupción, debió haberlo litigado en privado donde Casar pudiera apelar y defenderse en los tribunales. No lo hizo, porque la carga nuclear contra ella es política, no es contra la corrupción, sino un ajuste de cuentas asimétrico para inhibir que Mexicanos Contra la Corrupción siga documentando la corrupción de la familia presidencial en este sexenio.
La invención de culpas y responsabilidades es la marca de la casa, y se aplica para todos aquellos que se vuelven incómodos para López Obrador.
Casar recibió su pensión de Pemex hasta el 15 de febrero pasado, cuando la suspendieron sin darle ningún aviso. La pensión, de acuerdo con ex funcionarios de Pemex, procede más allá de la causa de la muerte, salvo que hubiera en el contrato una cláusula explícita sobre excepciones. Sin embargo, el capítulo XVII del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza, en lo concerniente a las prestaciones post-mortem, no especifica ninguna salvedad. Y sobre el seguro que cobró, no le costó a Pemex, sino a la aseguradora privada con quien tenía el contrato.
No hay nada en los documentos que ha difundido la Presidencia y el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, prueben ningún acto de corrupción. Incluso, la palabra “suicidio” no existe en ninguna parte del expediente, salvo en una nota informativa en el dictamen de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, tan descuidado que se desmiente a sí mismo.
En esa nota del 25 de octubre de 2004, Guillermo Omaña, representante legal de Pemex, informó al coordinador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría, Carlos Becerril de la Cruz, que Márquez “sufrió (el) accidente al estar sentado y recargado en la ventana de su oficina”. La Fiscalía Desconcentrada de Miguel Hidalgo, concluyó empero que Márquez había realizado “maniobras de tipo suicida para privarse de la vida”, pero no aportó nada para sostener su caracterización.
Las causas de la muerte que señala son las que señala el acta de defunción, como un “conjunto de traumatismos”, y la conclusión sin base del suicidio probablemente la sacó de las primeras declaraciones de los cuñados de Márquez, José Casar y Juan Rebolledo, que “manifestaron que posiblemente se trataba de un suicidio” por la reciente separación de su esposa. Sin embargo, en la ampliación de su declaración, señalaron que no creían que se hubiera quitado la vida.
Victoria Martínez, que era secretaria asistente de Márquez, detalló que solía sentarse en el filo de la ventana y que se recargaba contra la estructura del edificio para fumar, como lo hizo ese día. Martínez dijo que un día ante de los hechos, no notó ninguna actitud diferente de su entonces jefe. Octavio Aguilar, que era su jefe en la Dirección Corporativa de Administracion, dijo que se enteró de su muerte al regresar de un viaje, “pensando que se había tratado de un accidente… (porque) tenía la costumbre de fumar en su oficina y para ello se acercaba a la ventana… sentándose en el marco de la misma de espaldas, y el filo de la ventana era muy delgado, por lo cual creía que había perdido el equilibrio”.
Ese dictamen contradictorio de la Procuraduría que encabezaba Bernardo Bátiz en el gobierno de López Obrador, no fue relevante, pero es de lo que ahora el presidente y el director de Pemex se han aferrado para decir que Casar es una corrupta. La acusación es una mentira, de acuerdo con la información difundida hasta ahora y más grave aún por las imputaciones, al no ajustarse a ningún supuesto contenido en el expediente, incluso si la muerte de Márquez hubiera sido por suicidio.

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Una vez más, como ha sido recurrente a lo largo de su agonizante sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra medios y periodistas este lunes, y pidió a la ciudadanía que aprenda a leer periódicos, a escuchar la radio y ver la televisión, y que ya no le hicieran caso a los comentaristas o a los periodistas famosos, porque no son independientes y tienen partido, militantes de lo que ha llamado “el bloque conservador”, que abarca en su visión del mundo –literal– todo lo que no sea Morena ni sus satélites. Traducción: el presidente tiene miedo a que una votación copiosa el 2 de junio ponga en peligro algunas de sus joyas más preciadas y que su utopía de pasar a la Historia como el gran transformador de México se rompa en las urnas.
El miedo a una derrota electoral lo ha llevado a reforzar con sus ataques a la prensa desde Palacio Nacional la estrategia de daño reputacional contra medios y periodistas, reflejada por ese grito de “¡no les hagan caso!”. Golpear al mensajero ha sido el método diseñado por el jefe de la propaganda lopezobradorista, Jesús Ramírez Cuevas, que fue exitoso en la primera parte del sexenio, pero que se ha venido desgastando. Hoy contiene la avalancha de repudio popular que habría sin ese mecanismo de inhibición y difamación, pero no puede ocultar la realidad.
Ya no les están funcionando las plumas de carne y hueso a sueldo en los periódicos y sus intelectuales orgánicos en los programas de radio y de televisión, que en lugar de defender las ideas se dedican a denostar a los periodistas que, contra lo que dice el presidente, son independientes en su mayoría y no responden a intereses partidistas. Los paleros de las mañaneras dejaron de ser funcionales hace tiempo para esos fines, y los periodistas e intelectuales al servicio de Ramírez no han podido apagar las voces independientes por la sencilla razón de que la verdad arrolla la propaganda.
Quiere el presidente que se cierren los oídos, los ojos y que los electores sólo se fijen en él y escuchen sus sermones matutinos. No lo ha logrado porque los agravios son tantos, que los datos son inmunes a los ataques y las descalificaciones, y el daño inflingido por sus políticas públicas, o la ausencia de éstas, ha impactado negativamente sobre cientos de miles de mexicanos que no tienen que leer periódicos, escuchar radio o ver noticieros de televisión para darse cuenta de esta desgracia histórica, medida en resultados, que se llama “la cuarta transformación”.
Los actos de fe se han ido evaporando. La mañanera, convertida en un patíbulo dentro de Palacio Nacional, ha perdido eficacia. SPIN Taller de Comunicación Política reportó que el promedio de visitas diarias en Facebook a ese ejercicio inconstitucional que disfraza como “diálogo circular”, cayó a 34 mil en comparación con el millón 383 mil que llegó a tener en 2020. Los reporteros Carlos Loret y Joaquín López Dóriga, dos de sus principales enemigos, tienen respectivamente 9 millones 600 mil y 8 millones 300 mil seguidores en la plataforma X, contra 10 millones 700 mil de López Obrador, que es una diferencia nimia frente a la desproporcionalidad y asimetría de un Presidente de la República frente a cualquier periodista.
Pero hay que insistir, no son los reporteros sino la realidad. La prensa es mensajera y conecta a gobernantes con gobernados. Pero para que impacte es indispensable que sea verdad lo que reportan. La fama de algunos no es lo que les da credibilidad, sino la consistencia a lo largo de las décadas –efectivamente, décadas–, y su capacidad para transmitir los hechos. López Obrador no comunica hechos, sino verosimilitudes, y verdades alternas que apoya en desalificaciones, injurias e infamias.
Ayer le tocó a la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de Covid-19, que concluyó que la gestión del gobierno de López Obrador provocó 808 mil 619 muertes en exceso, de las cuales 511 mil fueron causadas directamente por la enfermedad. López Obrador acusó de “falsos” y “canallas” a los expertos que la integraron y consideró el documento como un “acto de vil politiquería” con el propósito de “perjudicarnos”.
La gente tendrá su idea de quién miente, pero no podrá olvidar que el zar del coronavirus Hugo López-Gatell estimó el máximo de muertes por la enfermedad en 60 mil, y dijo que la fuerza moral del presidente era suficiente para que no se contagiara. López Obrador sacó un detente contra la Covid, pero aún así tuvo dos veces el coronavirus. Terminó por mejor guardarlo.
Tampoco le gusta nada al presidente que se mencione la violencia, y suele decir que medios y periodistas la magnifican. Ayer aseguró que “no hay más violencia”, sino más homicidios, como si no fueran factores indisolubles. López Obrador dijo que hay menos robos y secuestros que en sexenios anteriores, pero son delitos del fuero común y responsabilidad de las autoridades locales, no federales, por lo que es una verdad a medias y tramposa.
Ciertamente hay menos robos, pero también más secuestros. La Asociación Alto al Secuestro reportó que el año pasado subieron 3.2 por ciento en comparación con 2022. Y sobre homicidios dolosos, el dato diario de TResearch sigue siendo prueba de su fracaso: 186 mil 139 a cuatro meses de terminar su sexenio –que en sí tendrá 60 días menos–, que son más de los que hubo en los 12 años de gobierno de Vicente Fox y Felipe Calderón y 30 mil arriba del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Salud y seguridad son los rubros donde su gobierno está peor calificado, seguidos de la corrupción. Los tres cruzan las campañas electorales en cuyas boletas no aparecerá él, sino a quien desea que tome su estafeta. Sus números perfilan posibles derrotas. Sus candidatas ya no darán más de sí, y solo le queda acabar con los periodistas. Con su poder, falta de escrúpulos y desesperación, se puede esperar lo que sea en las tres semanas y media que faltan para las elecciones, pero la realidad no desaparecerá.

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Desde hace tiempo hay una preocupación estratégica en Estados Unidos por la expansión tecnológica de China en México. Desde el sexenio pasado, Washington ha presionado a México para cancelar la tecnología de telecomunicaciones 5G china, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha negado. En los últimos meses, sin embargo, las preocupaciones han girado y se han ampliado. México, por el creciente uso de drones chinos por parte de los cárteles de las drogas, y Estados Unidos por los drones chinos espías que vuelan sobre territorio mexicano.
La preocupación doméstica es por la capacidad de fuego de los grupos criminales que se incrementó con la utilización de drones chinos, DJI, la fábrica más grande en China que produce la marca, y que prefieren y pueden comprarse en las tiendas departamentales mexicanas por unos dos mil dólares. Estos drones, adaptados con dispositivos para arrojar bombas, eran desconocidos en México hasta hace poco más de tres años, cuando el Cártel Jalisco Nueva Generación comenzó a utilizarlos con gran efectividad. Les facilitó atacar desde el aire y matar a sus enemigos, a fuerzas de seguridad y a población civil, minimizando sus costos.
El Cártel Jalisco Nueva Generación tiene su arsenal de drones en Apatzingán, Michoacán, el principal campo de batalla contra Cárteles Unidos. La utilización de ese equipo modificado con fines bélicos ha sido copiada por otra organización criminal, La Familia Michoacana, que opera en el Estado de México y Guerrero, y que se ha venido expandiendo en los dos últimos años a otros estados. Eventualmente se puede esperar que otros cárteles incrementen su capacidad de fuego con esta tecnología.
En el caso de los drones utilizados por las bandas criminales, las autoridades mexicanas hablaron con sus contrapartes en China para lograr su cooperación para neutralizarlos, ya que los drones que fabrican sus empresas tienen una huella digital, un código de aplicación universal, por lo que en China saben perfectamente en dónde está cada uno de ellos. El gobierno de Xi Jinping accedió a la petición y está aportando información sobre la ubicación de los drones.
Esta cooperación ha sido fluida, pero hay otro tema estratégico directamente relacionado con China, donde las cosas serán totalmente diferentes, al cruzar por el terreno de la geopolítica y el enfrentamiento entre China y Estados Unidos, como en el caso de la tecnología 5G, que tiene que ver con los drones chinos que pasan por territorio mexicano para realizar actividades de espionaje en Norteamérica. En las últimas semanas, el gobierno del presidente Joe Biden empezó a ejercer fuertes presiones contra México para que actualice los reglamentos sobre su espacio aéreo, con el argumento de frenar los vuelos espías que cruzan territorio mexicano y buscan recolectar información sobre Estados Unidos.
Los estadunidenses han detectado que drones espías chinos sobrevuelan el espacio aéreo mexicano, y se quejan de la falta de actualización en la reglamentación vigente. Las leyes mexicanas establecen que todo avión de otro país que quiera incursionar en el espacio aéreo, tiene que solicitar permiso para hacerlo, máxime cuando lleve armas –que podría ser el caso del equipo que va fotografiando la superficie terrestre o interviniendo comunicaciones–, que tienen que detallar y especificar su objetivo, que se fueron adecuando a las necesidades generadas por las nuevas tecnologías que pudieran aplicarse a la aviación civil, una preocupación planteada por la Organización Internacional de Aviación Civil, la OACI, desde los 80, y más adelante en 2005, cuando publicó un documento sobre la gestión del tránsito aéreo mundial en el que se establecen las estrategias mundiales para la organización y gestión del espacio aéreo.
La discusión en foros internacionales no ha concluido en un tratado internacional, por lo cual las leyes nacionales no son vinculatorias. En México se han tomado acciones para regular el espacio aéreo, pero enfocadas al uso de las tecnologías por parte del crimen organizado, como es el trasfondo de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, vigente desde el primero de marzo del año pasado, que establece los lineamientos para la coordinación y colaboración de las Fuerzas Armadas con las autoridades civiles para frenar los vuelos no autorizados que, señala, transporten cargamentos no documentados, que incluya dinero, armas y drogas, que signifiquen un riesgo de seguridad nacional.
Esa ley no habla de drones, y la normatividad la estableció la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 2016. Los drones están regulados comercialmente solo para uso recreativo y comercial y sin necesidad de autorización en tanto no vuelen a más de 122 metros de altura ni vuelen más de 450 metros de distancia, y aunque se deja entrever que para drones de mayor alcance se requiere un permiso especial, las disposiciones no son claras. La Ley, en todo caso, es de alcance limitado y reduccionista, a juicio de funcionarios estadunidenses, que quieren que México regule todo su espacio aéreo nacional, que de acuerdo con las leyes internacionales comprenden 22 kilómetros de todo su territorio sobre el nivel del mar.
Los aviones comerciales vuelan hasta alcanzar la velocidad crucero en alrededor de los 10 mil metros de altura (33 mil pies), y sólo un avión, el ya descontinuado supersónico Concorde, volaba a lo doble. Algunos drones espía, que no tienen problemas de presurización porque no son tripulados, llegan a volar hasta a 30 mil metros de altura, en un espacio aéreo considerado exterior. Estados Unidos, que se abroga derechos que no tiene para actuar en el espacio exterior, está presionando a México por drones chinos que tiene registrados que están volando dentro de su espacio aéreo nacional, y que es lo que quiere que se reglamente.
Las peticiones de Estados Unidos ya fueron hechas a altos funcionarios mexicanos, pero hasta ahora no se conoce ninguna respuesta. Tampoco se sabe cuál es la posición de López Obrador, que se ha resistido a exigencias estadunidenses previas como en el caso de la red 5G, favoreciendo la expansión de tecnologías chinas que son consideradas en Washington como sistemas de espionaje, como es el caso de los drones chinos sobre territorio mexicano.

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La desaparición de Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa está comenzando a tomar la ruta de un escándalo que no tiene nada que ver con las primeras versiones proporcionadas a los medios por el fiscal estatal Uriel Carmona quien, sin tener información clara ni la declaración del prelado, aseguró que se trataba de un secuestro exprés. Lo que está emergiendo a través de filtraciones de documentos oficiales a la prensa obliga a Rangel Mendoza y al Episcopado Mexicano, a aclarar rápidamente lo que sucedió y explicarlo con detalle –sea lo que sea.
El giro radical del caso de Rangel Mendoza se dio el miércoles, con revelaciones puntuales en el portal Central de Noticias de Morelos y en El Universal, que contradicen todo lo que hasta ahora se había dicho. Documentos oficiales que se entregaron a sus periodistas desmienten que el obispo, que fue reportado como desaparecido el lunes, hubiera ingresado voluntariamente el domingo al Hospital General de esa capital.
Las dos publicaciones señalaron que paramédicos lo recogieron en un hotel en Ocotepec, a una media hora de Jiutepec donde el obispo vive, y lo llevaron al hospital. Central de Noticias, que obtuvo una copia de los reportes oficiales citó: “Mencionan los paramédicos que lo recogieron inconsciente y desnudo en una habitación del Hotel Real de Ocotepec. Los paramédicos presentan las pertenencias del paciente en una bolsa negra, la cual se le recoge, y es un pantalón de vestir gris oscuro, una camisa de cuadros morada, un gel lubricante íntimo y un estuche pequeño color negro con seis condones (uno abierto) y cinco pastillas azules”.
El Universal subrayó los resultados de los exámenes toxicológicos, que mostraron presencia de cocaína y benzodiapecinas –un opiáceo que requiere prescripción médica para tratar alteraciones como la ansiedad–, sin encontrar marcas en el cuello o el tórax.
Los medios reprodujeron la bitácora que muestra que ingresó al hospital a las 10 de la mañana del domingo, poco más de 12 horas después de que lo vieran en una pizzería al sur de Cuernavaca y un día antes de que las autoridades lo localizaran, “con deterioro neurológico, a expensas de estupor, sin pertenencias y con blíster de dos pastillas de Sildenafil”, un medicamento que trata la disfunción eréctil y estimula sexualmente a quien lo toma.
Sobre esto el gobernador interino de Morelos, Samuel Sotelo, señaló sus dudas desde las primeras horas después de que fue localizado el obispo que no se trataba de un secuestro exprés. La puntilla se la propició al obispo el comisionado estatal de Seguridad Pública, José Ortiz Guarneros, que aseguró ayer que Rangel Mendoza entró al hotel por “voluntad propia” y acompañado por un hombre que “después se retiró”. El hotel Real de Ocotepec tiene servicio de hotel y de motel, no registró al obispo porque, dijo un dependiente, estaría por corto tiempo.
Rangel Mendoza salió de su casa a una hora no precisada el sábado pasado sin sus dos teléfonos celulares; uno se estaba cargando y el otro estaba apagado. Se fue en su vehículo, dijo un funcionario. El automóvil en el que se movió ese día no ha aparecido. El vehículo sería fundamental porque a través de él se podría reconstruir sus rutas, la hora exacta en la que entró y salió del hotel y el paradero actual de la unidad, pero se desconoce el avance de las investigaciones para encontrarlo –si no lo han hecho ya–, y revisar sus trayectos y recorridos. La declaración ministerial del obispo permitirá también llenar las lagunas de información sobre su desaparición y conocer su versión de los hechos.
El obispo no había declarado ante el Ministerio Público porque los médicos señalaban que no estaba en condiciones físicas y mentales para poder hacerlo, aunque no explicaron por qué si estaba siendo tratado desde la mañana del domingo, no se hubiera podido recuperar. El silencio no lo ayuda, como tampoco encontrará beneficio en ello la Conferencia del Episcopado Mexicano, que solo emitió una declaración cuando presentaron la denuncia sobre su desaparición, y una más cuando reapareció.
Rangel Mendoza ha sido un obispo altamente polémico desde hace varios años. Alcanzó notoriedad nacional en febrero, cuando se hizo pública la negociación que hizo con las dos principales bandas criminales en Guerrero, Los Tlacos y Los Ardillos, para lograr una tregua y restablecer la paz en Chilpancingo y otras zonas de la entidad. Desde hace más de tres años había estado proponiendo un pacto con criminales, generando una fuerte reacción negativa que lo obligó a renunciar a la diócesis en febrero de 2022. Pocos meses después regresó como obispo emérito, sin hacer las funciones de su sustituto José de Jesús González, pero absorbiendo todo el protagonismo.
Poco circunspecto, Rangel Mendoza es una figura mediática que al tener tantos reflectores encima, lo que le suceda, para bien y para mal, tiene un impacto en la alta jerarquía eclesiástica. Los comunicados de la Conferencia del Episcopado Mexicano abonan en esa relación simbiótica que tienen, aunque no todos los prelados coinciden con él ni comparten sus iniciativas. Sus enemigos están dentro y fuera, en particular por el frágil equilibrio cuando se trata con dos bandas criminales enemigas.
Pero en este caso, él y el Episcopado van juntos y tienen que actuar rápido y con la verdad para enfrentar la información que están dando a conocer las autoridades en Morelos –o algún otro poder fuera del gobierno con acceso a la información–, que apunta que lo sucedido tiene de fondo actividades que lastiman la credibilidad de la Iglesia católica y lo implican en acciones que tampoco sanciona El Vaticano. Los documentos que se han filtrado a la prensa elevan la necesidad de una respuesta contundente de él, mediante explicaciones que abonen a la transparencia, sean sólidas y creíbles.
Rangel Mendoza se está jugando su fama pública y las autoridades han puesto a la Conferencia Episcopal Mexicana en la disyuntiva de saber la verdad y apoyarlo hasta el final o deslindarse de él.

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Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial oficialista, canceló abruptamente su visita a Apatzingán, programada para los primeros días de mayo, ante la violencia reciente por el control de ese municipio en Tierra Caliente entre Los Caballeros Templarios y Cárteles Unidos. En sus recorridos por el país Sheinbaum debe estar empezando a ver una realidad que probablemente desconocía sobre la penetración y expansión del crimen organizado por la laxitud de la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Apatzingán es una secuela de lo que le sucedió a Sheinbaum hace 10 días en Chiapas, donde la detuvo un retén de encapuchados en una zona controlada por el Cártel del Pacífico (también llamado de Sinaloa), para conversar con ella. Este episodio, que ha sido minimizado por ella y por el presidente, es un estudio de caso de lo que está pasando hoy en México: el control de los cárteles sobre grandes franjas de territorio, donde el poder y el gobierno, lo tienen ellos. Pero también, de la opacidad de las cañerías de la narcopolítica que atraparon por dos días a la candidata en el sur mexicano.
Sheinbaum inició su gira por Chiapas el 20 de abril y recorrió ese día casi 400 kilómetros para pernoctar en Comitán. El tramo en donde entró al México más profundo, donde cruzó territorios en guerra entre los cárteles del Pacífico y Jalisco Nueva Generación empezó en Ocosingo y terminó en Comitán, un trayecto de 100 kilómetros serpenteantes por las venas de la sierra chiapaneca. Comenzó a la hora del crepúsculo y viajó de noche por sus estrechos caminos en un convoy prácticamente sin seguridad, con apenas dos vehículos de la Guardia Nacional con cuatro elementos en la caja de las camionetas.
Normalmente nadie puede circular por esos caminos, menos aún de noche, sin correr el riesgo de toparse con las milicias del Cártel del Pacífico, que cuidan la retaguardia de las fuerzas que combaten más al sur con los grupos armados del Jalisco Nueva Generación y las organizaciones criminales guatemaltecas.
Sheinbaum y su comitiva recorrieron los 30 kilómetros que separan Ocosingo de Altamirano, en donde inicia un territorio de nadie y, al mismo tiempo, de todos los grupos criminales, sin que nadie se interpusiera en su paso. Pasaron Altamirano rumbo a Las Margaritas, los 64 kilómetros más peligrosos de su trayecto nocturno, en donde cuanto más se adentraban en los caminos del sur, más huellas de la guerra se podían observar, bazucas dejadas a la orilla de la carretera como parte del arsenal militar que utilizan los cárteles en esa región.
Como sucedió en el tramo anterior, nadie la molestó. No la detuvieron en retenes criminales, ni se aparecieron las camionetas con las Barrett montadas en la carrocería. Nadie en sano juicio transita por esos caminos de noche, salvo que quiera poner su vida en peligro. Ese es un territorio propiedad de los cárteles donde el Estado y el estado, están ausentes.
El tramo entre Margaritas y Comitán es de apenas cinco kilómetros, y lleva de regreso a una zona donde el Cártel del Pacífico es predominante. Ahí no había vigilancia espacial para la candidata. Tampoco hubo presencia del Centro Nacional de Inteligencia, ni el Ejército dispuso de un operativo que habría sido normal para la candidata presidencial, que además puntea en las encuestas.
Sheinbaum no tenía ningún aparato de seguridad fuera de los vehículos de la Guardia Nacional. En todo el trayecto de esa noche la desprotegida candidata fue un blanco fácil para quien quisiera aprovechar su vulnerabilidad. Los paramilitares de la Guardia Nacional, en el escenario de guerra que se vive en la zona, no habrían servido para nada, y un bazucazo habría sido suficiente para eliminarlos.
El no haber sido molestada, ni toparse con ningún retén, no puede ser suerte. Los cárteles, se puede conjeturar, fueron informados que Sheinbaum iba a pasar por sus carreteras. Cómo lo supieron y cómo habría dado un acuerdo tácito para darle libre tránsito, no se sabe.
La candidata durmió en un hotel cerca del Parque Nacional de Montes Azules sin cuidados especiales. Tampoco el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón envió protección policial. Quien podría ser la próxima presidenta de México fue dejada a su suerte o, se tenía conocimiento de que estaba protegida por una fuerza superior. El viaje hacia el sur del estado se reinició al día siguiente, rumbo a Motozintla, cuyo recorrido fue a lo largo de la línea de fuego entre los cárteles del Pacífico y Nueva Generación.
Como en la víspera, nada interfirió su paso al cruzar las líneas de fuego. Pero al llegar a Motozintla sucedió lo que aparentemente fue inesperado, un retén de milicias del Cártel del Pacífico que vio la Guardia Nacional a lo lejos y no se detuvo, como indicaría el protocolo de seguridad, ni tampoco impidió que avanzara el vehículo de la candidata. En lo que podría interpretarse como una falla enorme de la escolta de Sheinbaum, se ahonda la duda de qué sucedió en las horas previas donde no hubo ningún sobresalto.
Cuando Sheinbaum llegó al retén pidió a los vehículos de la Guardia Nacional adelantarse. Poco a poco, fue abriendo su ventana y dialogó brevemente con los encapuchados, que le pidieron que al llegar a la Presidencia combatiera a los delincuentes en esa zona. En pocas palabras, que enfrentara al Cártel Jalisco Nueva Generación y a los guatemaltecos. Ella respondió que atendería su propuesta.
No se puede interpretar la respuesta como una promesa, sino como una frase mecánica. El micrófono de Latinus posiblemente los inhibió, porque no le dijeron lo que en otros momentos han afirmado a políticos en campaña, que se sienten traicionados por el apoyo que dieron militares y el gobierno chiapaneco al Cártel Jalisco Nueva Generación. En todo caso, Sheinbaum que viajó a través de esa zona de guerra, tuvo una aproximación al país que eventualmente podría gobernar, el de territorios bajo control de criminales, consecuencia de la política que escogió López Obrador para transitar sexenalmente sin importarle el futuro.

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El último debate presidencial se realizará el 19 de mayo, justo dos semanas antes de la elección, y una de las materias a discutir serán la inseguridad y el crimen organizado. Por qué razón Morena aceptó que este tema, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador obtiene sus peores calificaciones se discuta en vísperas de la elección es un misterio y, definitivamente, un error. Violencia y cárteles de la droga, corrupción y financiamiento criminal a López Obrador, se convirtieron desde antes de terminar el segundo debate el domingo pasado, en los ejes estratégicos que desarrollará la oposición. Ahí olieron sangre; ahí apretarán a la candidata oficialista Claudia Sheinbaum.
Temprano en el debate, la candidata opositora Xóchitl Gálvez comenzó la vinculación de los problemas económicos en las comunidades con el crimen organizado, y cuando había madurado la discusión, sin contexto ni justificación, llamó a Sheinbaum “narcocandidata”. En el posdebate en Televisa, Germán Martínez, vocero de Gálvez, mostró la portada del nuevo libro de la periodista Anabel Hernández, La Historia Secreta (Grijalbo), que en el adelanto da detalles de cómo el Cártel de Sinaloa, a través de los hermanos Beltrán Leyva, le dieron a López Obrador 25 millones de dólares para su campaña presidencial de 2006.
Invariablemente, López Obrador reaccionó el lunes. “No presentan una sola prueba”, dijo. “Son unos vil calumniadores. (Ni) una sola prueba y los convoco, los emplazo, a que presenten prueba”. Hernández escribió el libro con base en testimonios y entrevistas con testigos protegidos. A partir de sus dichos señala cómo un enviado de los Beltrán Leyva, Sergio Villarreal, El Grande, le entregó personalmente el 15 de junio de 2006, tres semanas antes de la elección, 500 mil dólares. Este episodio, agregó, lo declaró El Grande en la Procuraduría General de la República tras ser detenido en 2010, donde habló de otra reunión con el equipo de López Obrador en 2006, donde ofrecieron influir en la designación del titular de esa dependencia y en obstaculizar las operaciones de la DEA en México, aún cuando no sería presidente.
¿Es cierto? Por principio, nadie debe creer en ninguna declaración de un criminal, y debe asumirse que estarán dispuestos a decir lo que les pidan a cambio de obtener beneficios judiciales. Quien conozca a López Obrador encontrará difícil, casi imposible, que haya acudido personalmente a una reunión con un criminal. El presidente siempre ha sido cuidadoso de que nadie lo ligue con alguien cuya imagen pueda perjudicarlo, al grado que cuando le hablaban de mecenas que harían grandes aportaciones a su causa, solía decir que hicieran lo necesario, pero que no le dijeran nada.
El problema que enfrenta ahora es que quien lo acusa hizo lo mismo el año pasado contra el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, le dio toda credibilidad y utilizó su testimonio y el de otros narcotraficantes y testigos protegidos, para llamarlo “criminal”. ¿Cómo puede alegar que El Grande dijo la verdad respecto a García Luna y mintió en su caso?
Su boca es tóxica. López Obrador no se ayuda en nada. Apenas el jueves pasado, cuando trataba de minimizar que el Cártel del Pacífico (antes Sinaloa) hubiera detenido a Sheinbaum en un retén en Chiapas, un periodista le preguntó, probablemente en el contexto de sus relaciones laxas con esa organización, que si cuando ha visitado Badiraguato, la cuna de varios de los líderes del narcotráfico más importantes que han existido, “se porta bien el crimen”. De manera cándida, por decir lo menos, López Obrador respondió: “Siempre. No es ahora. Iba yo a todos los pueblos, a Tamazula (en la sierra de Durango, donde por lustros se escondió Joaquín El Chapo Guzmán)… Y respetuosos todos. Y sin guardaespaldas y sin carros blindados. Y claro que a veces se encuentra uno con gente extraña, pero respetuosa”.
Las palabras de López Obrador son consistentes con sus acciones y declaraciones. Nada de enfrentar a los cárteles de la droga –los choques con las fuerzas federales se han dado como reacción, no por combatirlos–, y nada de hablar mal de ellos. Los trata con enorme respeto –contrario a cómo se refiere a quienes no piensan como él– y deferencia, hablándoles de usted o como sucedió por una petición de la madre de Guzmán Loera, intercediendo por visas ante la Embajada de Estados Unidos, o instruyendo a medio gabinete de seguridad para explorar la posibilidad de que pudieran extraditarlo y cumplir su sentencia en México.
López Obrador ha podido manejar esas relaciones oscuras con impunidad, pero las declaraciones de El Grande lo meten en una contradicción: ¿cómo decirse difamado por quien hace un año reconoció por imputar a García Luna? El discurso en su contra puede ser letal: García Luna supuestamente los protegió por corrupto; él supuestamente lo haría para comprar la Presidencia.
El libro de Hernández, que estuvo cerca de su causa y a quien elogió varias veces, le llegó en el pésimo momento del último tramo de la elección presidencial. El contexto no podía ser peor. La semana pasada fue la más violenta del año y el número de homicidios dolosos sigue creciendo. Sheinbaum ya empezó a tropezar. Ayer refutó a Ciro Gómez Leyva en la radio y aseguró que el año más violento no había sido en el sexenio de López Obrador, sino en 2018. Mintió: 2020 es el más violento desde que hay registro. En 2019 se registró el tercero más sangriento, en 2021 el cuarto y en 2022 el quinto.
Sheinbaum tendrá que presumir su gestión en materia de seguridad en la Ciudad de México porque no hay forma de defender a López Obrador a nivel nacional, ni trasladar fácilmente la responsabilidad de crímenes federales al ámbito local. El tercer debate le llegará en muy mal momento, porque la vinculación del presidente con el crimen organizado podrá ser maximada para que permanezca en la mente de los electores por 15 días, que será relativamente sencillo con una narrativa de violencia e inseguridad muy difícil de contrarrestar.

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