La última encuesta presidencial encuesta presidencial de El Financiero publicada el viernes pasado, en vísperas del segundo debate, es devastadora para Xóchitl Gálvez. La candidata opositora llega en “uno de sus peores momentos”, perdiendo popularidad y con una caída de 10 puntos en sus opiniones positivas, escribió el jefe del departamento demoscópico, Alejandro Moreno. Gálvez salió muy por debajo de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum en las cuatro regiones del país, y a 17 puntos de alcanzarla, que a 35 días de las elecciones, son números muy desalentadores.
Y sin embargo, ¿por qué desde todos los frentes del lopezobradorismo y Morena no han dejado de dispararle misiles? Con semejante diferencia, no habría necesidad siquiera de voltear a verla, ni existir esa notoria preocupación real que hay en Palacio Nacional, o de acciones contraproducentes.
Un ejemplo de ello es lo que sucedió el viernes pasado en su casa de campaña, cuando su equipo descubrió a una pareja que estaba tomando fotografías de quiénes entraban y salían, en lo que era una jornada intensa que comenzó con una reunión mañanera de la candidata con una treintena de generales en retiro y la sesión de prácticas para el debate de anoche. Los colaboradores de Gálvez llamaron a la policía pero la pareja se negó a identificarse y a que les revisaran el automóvil en el lugar, aceptando el protocolo en sus instalaciones.
No se sabe qué sucedió con la pareja, pero tampoco estaban cometiendo un delito, por lo que lo más probable es que se hubieran identificado, dejado que se revisara el vehículo y se fueran. Nadie en el equipo de Gálvez parece haber hecho un seguimiento para ver de quiénes se trataba. El sábado, el vicecoordinador de la campaña, Max Cortázar, aportó unos pequeños granos de información. La pareja, dijo al revelar el nombre complejo de la mujer y el primer nombre del hombre, trabaja en el Centro Nacional de Inteligencia y el auto que tenían era rentado. Nada más.
La pareja presta servicios en el área de Terrorismo de la agencia de inteligencia civil, lo que lleva inmediatamente a la conjetura que no estaban realizando actividades para las que existe el CNI, recopilar inteligencia y contrainteligencia que afecte la seguridad del Estado mexicano, sino que estaban realizando espionaje político, y la duda de por qué utilizar elementos que combaten el terrorismo, salvo que el disparate que el gobierno considerara que Gálvez es una terrorista.
El vehículo ciertamente fue rentado a una empresa en Huixquilucan, en el Estado de México, lo que no es un procedimiento inusual. En el sexenio anterior el CISEN, antecesor del CNI, tenían el mismo método. El director Eugenio Imaz –ex cuñado de Sheinbaum–, tenía presupuesto suficiente de la Secretaría de Gobernación, de donde dependía, que le autorizaba Miguel Ángel Osorio Chong para actividades de espionaje político. En la actualidad el CNI depende de la Secretaría de Seguridad, pero en realidad opera de manera autónoma y su director, el general Audomaro Martínez, solo le reporta al presidente Andrés Manuel López Obrador.
El CNI, que es una de las tres dependencias del gobierno federal que utilizan el software Pegasus para realizar espionaje político, es una de las dos áreas que están involucradas en el seguimiento de políticos, de Morena y de la oposición, cuyos reportes son entregados en Palacio Nacional. El CNI y la Fiscalía General de la República tienen intervenidas las comunicaciones, realizan vigilancia física y, como es el caso del equipo alterno que tiene el fiscal Alejandro Gertz Manero, han penetrado el cuarto de guerra de Gálvez.
Desde diciembre pasado cuando menos, Gertz Manero le ha ido informando al presidente sobre las discusiones, acciones y estrategias que se toman en el cuarto de guerra de Gálvez, así como le da resúmenes o copias de los discursos de la candidata, con días de antelación a que los pronuncie. No hay información disponible hasta este momento que sugiera que López Obrador le proporcione una copia de esos informes a Sheinbaum, pero sí le han permitido enviar instrucciones a su campaña para evitar sorpresas.
Gracias a este tipo de información, por ejemplo, causó extrañeza en Palacio Nacional que Gálvez no utilizara toda la metralla que tenía lista contra Sheinbaum en el primer debate presidencial, que sí son elementos que le pasaron a la campaña de la candidata oficialista. El espionaje, como es específicamente en el caso de la Fiscalía, no se limita a la campaña, sino a dos decenas de figuras de la oposición, así como también tiene intervenidas las comunicaciones de Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, los líderes de los partidos políticos de la coalición gobernante y de otras figuras cercanas al presidente.
El trabajo de espionaje del gobierno contra Gálvez y su equipo no ha sido contrarrestado. Ni siquiera lo han intentado. La candidata de la oposición, incluso, lo ha minimizado, como el viernes, cuando como reacción tras descubrirse a la pareja tomando fotografías, dijo “me han espiado todo el tiempo, siempre”. El tema la rebasa. ¿Si ya lo sabe por qué no ha hecho nada? Una explicación, que se origina en la responsabilidad delegada a su hijo, hasta que dejó la campaña, como la persona que veía las propuestas de sistemas de seguridad, cuya edad veinteañera no solo le limitaba el tiempo de maduración en temas sensibles y complejos como la seguridad, sino que carecía absolutamente de experiencia en ese campo.
Gálvez ha sido un libro abierto para la Fiscalía General y el CNI en lo más profundo de su cuarto de guerra, desde donde fluye información a raudales para el presidente sobre sus estrategias. Pero por lo mismo, levanta las cejas e introduce serias dudas la muy amplia ventaja porcentual de Sheinbaum sobre su rival en la mayoría de las encuestas publicadas, porque no corresponde a la inversión en recursos y capital humano pagados por los contribuyentes utilizados para espiarla, denostarla y atacarla todo el tiempo, síntomas en cambio de incertidumbres, temores o meramente paranoias.

[email protected]
X: @rivapa
Thread: @raymundoriva
 

¿Cómo es posible que el equipo de seguridad de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum la dejara llegar a un retén del Cártel del Pacífico en Chiapas instalado desde hace semanas? ¿Cómo es posible con la memoria fresca del asesinato de Luis Donaldo Colosio en un mitin en una zona de riesgo en Tijuana, en condiciones de riesgo inferiores a las que enfrentó Sheinbaum en Motozintla, su equipo de seguridad actuara con tanta irresponsabilidad?
Tanto Sheinbaum como el presidente Andrés Manuel López Obrador han tratado de minimizar el episodio acusando absurdamente un montaje de Latinus, el medio digital hipercrítico del poder moreno, escondiendo lo inocultable: la violencia política que vivimos, donde todas las semanas se acumulan los ataques, secuestros y asesinatos de candidatos a puestos de elección popular, han convertido este proceso, que de acuerdo con la consultora Integralia, es el más letal en la historia de México.
El Instituto Nacional Electoral informó que hasta el miércoles, 360 candidatos habían solicitado protección por razones de seguridad, de los cuales 300 están compitiendo a nivel federal –Presidencia, Congreso y Senado–, y 60 a nivel local. Según Milenio, la petición de seguridad se elevó en 44 por ciento durante la última semana. El miedo es patente. Integralia reportó en su actualización sobre violencia electoral, que hay 15 estados en riesgo de intervención del crimen organizado, de los cuales 12 están gobernados por Morena, dos por el PAN y uno por Movimiento Ciudadano.
Aunque la violencia política es transversal y ha tocado a todos los partidos y candidatos, se puede entender que haya tantas entidades encabezadas por Morena y sus aliados porque salvo en la Ciudad de México –que no se encuentra en esas 15 entidades–, se ha aplicado la política de López Obrador de contener sin no combatir, inhibir pero no enfrentar a las organizaciones delincuenciales. La estrategia de López Obrador ha sido catastrófica. En lo que va del sexenio, de acuerdo con el registro diario de la consultora TResearch, se han dado 185 mil 169 homicidios dolosos, que totalizan más asesinatos que en 12 años de gobiernos del PAN.
Cuando arrancó el satanizado gobierno de Felipe Calderón había 80 municipios controlados por los cárteles de la droga. Hoy en día, cuando menos hay 750 donde la autoridad y quienes proveen seguridad, establece las reglas del mercado y cobra impuestos, son las organizaciones delincuenciales. En este contexto se desarrolla la mayor contienda electoral que hayamos visto, donde pese a los antecedentes de las elecciones de 2021, cuando el crimen organizado operó a favor de candidatos de Morena en la costa del Pacífico, el Estado mexicano, o no está listo para enfrentar ese desafío, o hay una parte de ese corpus que está en complicidad con los cárteles de la droga.
Una advertencia de esto la deslizó la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, que también realizó una gira por Chiapas recientemente y cuya poca asistencia a sus mítines en Tapachula y Huixtla se debió, dijo, a que grupos armados bloquearon el transporte público que trasladaba a sus simpatizantes. Chiapas, que vive una guerra en los municipios cercanos a la frontera con Guatemala entre los cárteles del Pacífico y Jalisco Nueva Generación, se encuentra entre los estados de “muy alto riesgo” durante las elecciones por la presencia y posible intervención del crimen organizado, de acuerdo con Integralia.
En su categoría están Colima –donde se enfrentan los mismos cárteles que pelean en Chiapas–, Jalisco –controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, pero en etapa de descomposición y fragmentado en tres–, Michoacán -donde buscan el control territorial el Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana, La Nueva Familia Michoacana fundida en Los Viagras y una organización filial a ellos y al Cártel del Pacífico, Cárteles Unidos-. Clasificados como “alto riesgo” están Baja California, Chihuahua, estado de México, Guanajuato, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, donde además de prácticamente las anteriores organizaciones, se suman los cárteles del Golfo, del Noreste, Santa Rosa de Lima y los Zetas.
Las organizaciones criminales están en su propia guerra, sin control alguno y con casi una plena impunidad. El último informe de la organización civil Data Cívica de su proyecto “Votar entre Balas”, señala que el actual proceso electoral que empezó en septiembre del año pasado, se han registrado 30 asesinatos políticos, entre candidatos, sus familiares y funcionarios. Solo los recientes asesinatos de alto impacto pusieron a pensar a quienes aspiran a un cargo de elección popular que su vida, si no pactan con los criminales, está realmente en riesgo. Los números son persuasivos.
Integralia contabilizó 386 hechos entre el 7 de septiembre y el 21 de abril, de los cuales resultaron 501 víctimas. Es decir, 2.2 por día, que se refieren a amenazas, secuestros, atentados y asesinatos. No se incluyen actos de intimidación, que han llevado a candidatos y candidatas a retirarse de la contienda. Solo en Michoacán, al menos 22 aspirantes a un puesto de elección popular decidieron renunciar ante la inseguridad y la violencia en el estado. El último lo hizo el miércoles, Luis Lorenzo Martínez, candidato a la alcaldía de Zacapu por la coalición opositora, que renunció de manera irrevocable por “problemas de salud”.
Los datos oficiales no registran las amenazas de muerte que han recibido varios candidatos, que mantienen en secreto el gobierno federal, contra un importante político de la oposición, y contra figura una polémica de Morena. También hay temor de las autoridades que vaya a darse una acción violenta contra analistas críticos de López Obrador, y al menos a dos de ellos, les ofrecieron protección.
La violencia política está desbordada y no hay posibilidades reales que las autoridades, federales o locales, puedan proteger a quien lo solicite. No hay dinero ni capacidad humana, y la forma como se permitió el empoderamiento de los cárteles con apoyo de algunos políticos para apropiarse de franjas del territorio mexicano, deja a todos en la intemperie. Por lo mismo, quienes aspiran a un cargo, deben reforzar su propia seguridad sin esperar ayuda de nadie. Estas campañas, no se debe olvidar, son de terror.

[email protected]
X: @rivapa

 

 

Por segundo día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador explotó contra el gobierno de Estados Unidos en reacción continuada de su enojo por el reporte anual sobre derechos humanos que dio a conocer el Departamento de Estado este lunes. El martes les exigió respeto y que no se inmiscuyeran en los asuntos internos de México, y el miércoles, quizás porque lo ignoraron en Washington y no le ofrecieron la disculpa que hubiera esperado, escaló los epítetos. Los llamo poco serios y mentirosos, un país anquilosado y en decadencia que, dijo, tiene que renovarse.
Mucho grito y pocas nueces.
La indignación del presidente debió haber sido consecuente y haber instruido a la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, para que llamara al embajador estadunidense Ken Salazar y pedirle explicaciones o hacerle un extrañamiento, rechazando el informe que hace cada año Foggy Bottom sobre 200 países y territorios en el mundo. No lo hizo. Al parecer, por lo que respondió a pregunta expresa en la mañanera, ni se le ocurrió. Tampoco parece saber o entender que los insumos que utilizan en Washington para elaborar los informes, tienen como base los cables diplomáticos que les envía su embajada; o sea, Salazar.
Los gritos de López Obrador son algo a lo que están acostumbrados en el gobierno de Estados Unidos. Ya saben que lo hace para consumo doméstico y a veces como distractor de problemas profundos, y no le prestan atención. Lo hace únicamente cuando piensan o ven que el coraje se traslada al tema migratorio y que deja entrar libremente, contra lo acordado, indocumentados que tienen como destino final Estados Unidos, por lo que para apaciguarlo y que siga haciendo lo que le pidieron, un muro en la frontera sur, emiten un bálsamo en forma de declaración. Lo han hecho en otros momentos con lo cual serenan al presidente, aunque nada cambia en el fondo.
En términos de la relación bilateral, el fondo es lo que importa a Washington, mientras que la forma es lo único que le preocupa a López Obrador.
El mismo día en que explotó contra el Departamento de Estado, lo que sucedió de fondo en la relación, fueron concesiones y cesiones importantes de México a Estados Unidos.
Por la mañana, a petición del presidente, el Senado autorizó el ingreso a México de fuerzas especiales del Departamento de Defensa de Estados Unidos, armados con su equipo bélico, para dar cursos de capacitación. Esta acción insólita pasó casi desapercibida, pero para un presidente que presume de conocer de historia, en que tropas estadunidenses pisaran territorio mexicano desde la expedición del Ejército de ese país para perseguir a Francisco Villa, la contradicción entre su gestión y su reclamo, muestra su doble cara.
La aprobación en el Senado fue por una petición que hizo López Obrador en noviembre del año pasado para que once soldados estadunidenses armados, entraran a México para dar un curso de capacitación de enero a marzo. Ese ingreso fue limitado. Lo que ahora autorizaron al presidente fue la entrada de 180 elementos de la Compañía de Paracaidistas de la 82ª División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos, que es una unidad de élite de acción rápida y especializada en operaciones de asaltos en paracaídas en zonas hostiles.
Y por la tarde, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, anunció aranceles a 544 productos asiáticos porque estaban subvaluados y a bajos precios, que estaban desplazando a los productores mexicanos. La decisión mexicana coincide con los reclamos que desde octubre le ha hecho la representante comercial de la Casa Blanca, Katherine Tai a Buenrostro, y subsecuentes presiones de legisladores para exigirle que exprese a México la competencia desleal que está causando. Si fue o no esa la motivación del gobierno mexicano, debe servir para despresurizar el creciente conflicto comercial que se estaba creando.
El presidente dijo que no son serios en el gobierno de Estados Unidos y que existen posiciones diferentes en la Administración Biden. Para López Obrador, quienes critican a su gobierno en Washington y dan a conocer informes como los del Departamento de Estado, “están manejados por la derecha internacional… una internacional de derecha apoyada en Estados Unidos; sabemos que esos son los golpeadores, los halcones”.
Eso es lo que no es serio: que la derecha internacional tome decisiones en el Departamento de Estado por encima ¿de la Casa Blanca? ¿Plantea un choque entre el presidente y el secretario de Estado? Son juegos pirotécnicos para distraer sus audiencias domésticas y las clientelas políticas, buscando en el enemigo externo la cohesión interna, y una forma sonora para no responder al contenido. No puede hacerlo porque los señalamientos están documentados en México y buena parte de lo que incluyeron en las secciones son actos públicos de presión y hostigamiento del presidente. Como el de los ataques a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, donde la respuesta de López Obrador fue de molestia porque registraron lo que él admitió ayer, el enfrentamiento contra el Poder Judicial.
López Obrador calificó el reporte sobre derechos humanos como una “tomadura de pelo”. Pero lo que está haciendo con estas respuestas sí es una tomadura de pelo. Si en realidad quisiera cambiar de fondo los términos de la relación, no diría que mantendrá la cooperación con Estados Unidos. La suspendería en su totalidad, no solo efímeramente, como lo hizo recientemente en protesta por las investigaciones que lo vinculan con el narcotráfico, y dejaría de acatar las exigencias de la Casa Blanca sobre migración, el combate al fentanilo, el comercio o las industrias estratégicas que quieren que se instalen en México con recursos de Estados Unidos para garantizar su cadena de suministro.
Pero López Obrador no puede romper con Estados Unidos, aunque quiera, porque la economía de México colapsaría. Es lo correcto en términos de país, pero también podría hacer algo más que gritos que no sirven para nada y reproches en el circo de la mañanera, como una protesta formal y directa con Salazar primero, Blinken después, y terminar con Biden. Eso sería serio, no una pantomima política para salvar cara.

[email protected]
X: @rivapa

 

El reporte anual del Departamento de Estado sobre derechos humanos en el mundo le dolió al presidente Andrés Manuel López Obrador. No podía ser de otra manera: le dice que es mentira lo que presume sobre las libertades en México, lo pinta como un gobernante autoritario, lo deja como incompetente en la administración de justicia, y como un agresor de los valores fundamentales de la democracia, atacando a contrapesos como la Suprema Corte, y a los medios, guardianes incómodos con los que tienen que lidiar los poderosos.
El documento se publica cada año desde 1977 por mandato del Congreso, al que se entrega un informe sobre el estado de los derechos humanos en 200 países y territorios en el mundo. México está en las dos categorías y desde que se hace público el reporte, el gobierno ha expresado su inconformidad con el diagnóstico. La relación de violaciones a los derechos humanos se incrementó notablemente desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero las observaciones se elevaron aún más en el de López Obrador.
La sección mexicana, que se elaboró en la Oficina sobre México que depende de la Subsecretaría de Asuntos del Hemisferio Occidental (como llaman a América Latina y el Caribe) con la información enviada por la Embajada en este país, contiene siete secciones donde una sola, relacionada con los derechos de los trabajadores, tiene una nota positiva al mencionar el incremento en los salarios como consecuencia de las presiones del gobierno de Joe Biden. Las otras seis secciones son devastadoras.
Incluye reportes de asesinatos ilegales o arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales de las fuerzas de seguridad federales, que también se han involucrado en castigos o maltratos crueles, inhumanos o torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, injerencias en la independencia del Poder Judicial, restricciones a la libertad de expresión que incluye amenazas contra periodistas y amagos legales para limitar la libertad de prensa, al igual que violencia de género. No es lo único. Registra “los altos niveles de violencia” de las organizaciones criminales, donde la mayoría de esos delitos ni son investigados, ni son judicializados.
La respuesta de López Obrador ayer estuvo llena de sofismas, pero no desmintió nada de lo señalado. Los errores de ignorancia en su respuesta también fueron notorios. Al reporte le llamó “resolución”, que no es, y dijo que como él es respetuoso de Estados Unidos, así deberían de ser ellos, que “se quedaron con la manía de hace 200 años, desde la Doctrina Monroe”, refiriéndose al Destino Manifiesto que se creó hace dos siglos que bajo el axioma de “América para los americanos” cerraba la intromisión de los europeos en los asuntos continentales.
No obstante, espetó:
* “Nosotros no les decimos, ¿y por qué tienes a un candidato hostigándolo en los juzgados?”.
* ¿Y por qué no liberas a Assange, que lo tienen encarcelado injustamente?”.
* ¿Y por qué no atiendes a los jóvenes de Estados Unidos que fallecen por la adicción a las drogas, al fentanilo?”.
* ¿Y por qué reprimes, maltratas a los migrantes?”.
Lo que señaló es una intromisión directa en los asuntos internos de Estados Unidos, de la misma manera que desde 1977, al hacer público el reporte de derechos humanos, Estados Unidos se mete en los asuntos internos de otros países. Pero en la respuesta-ataque, comete errores fundamentales:
* El candidato hostigado es Donald Trump, que está siendo juzgado tras ser acusado de 34 delitos por haber falsificado documentos de sus empresas para pagar a una estrella porno, a través del ex propietario del tabloide escandaloso The National Enquirer, para que no revelara que había tenido relaciones sexuales con el ex presidente mientras su esposa Melanie estaba embarazada, porque pudo haber afectado su campaña presidencial en 2016. A diferencia de lo que ha hecho el gobierno mexicano, el estadunidense no fabricó pruebas contra Trump.
* Julian Assange fue detenido en el Reino Unido a petición del gobierno de Suecia por dos delitos de abuso sexual, en espera de su extradición, que nunca llegó. Aunque Suecia canceló su petición por las dificultades para procesarlo en ese país Assange pidió asilo en la embajada de Ecuador, donde vivió hasta 2019, cuando le retiraron el asilo político y la nacionalidad ecuatoriana. Se encuentra en una prisión londinense peleando la extradición a Estados Unidos que lo acusa de haber incurrido en presuntos crímenes de guerra al difundir en WikiLeaks, el portal que creó, secretos de Estado. Su caso es paradigmático y toca la libertad de expresión. Hace unos días se reveló que Biden está considerando cancelar las acusaciones.
* El gobierno de Estados Unidos declaró como una emergencia la crisis del fentanilo y ha solicitado mil 550 millones de dólares para abordarla desde un enfoque de salud, así como pidió mil 200 millones para combatir el tráfico de la sustancia, principalmente por la frontera con México. López Obrador tocó incorrectamente la parte de la salud, pero omitió que ya aceptó que México es parte de la solución del problema y se comprometió a combatir su tráfico.
* En el tema de la migración, fue López Obrador quien aceptó, primero con Trump y luego con Biden, hacer el trabajo sucio en migración, modificando la política de asilo y reprimiendo migrantes en la frontera con Guatemala, sin impedir la extorsión de las organizaciones criminales que operan en México, ni cuidar su seguridad, como en el centro migratorio de Ciudad Juárez, donde un incendio causó la muerte de 40 personas hace poco más de un año. No hubo responsables dentro del gobierno de la tragedia. El comisionado de Migración, amigo del presidente, sigue protegido y en su cargo.
Las no respuestas de López Obrador no cambiarán en absoluto la fotografía que hizo en el reporte del Departamento de Estado sobre lo que ven en México, ni le harán caso alguno. Su palabra no pesa. Las amenazas de permitir el paso libre de migrantes sin contención, es lo que le ha permitido espacio de maniobra, pero no impunidad para velar la fotografía de lo que ha hecho aquí con las libertades y los derechos humanos.

[email protected]
X: @rivapa

Contra lo que había calculado el presidente Andrés Manuel López Obrador al imponer a Clara Brugada y Rocío Nahle en las candidaturas para los gobiernos de la Ciudad de México y Veracruz, las cosas marchan mal y el riesgo de que pierdan preocupa en Palacio Nacional al estar extendiéndose la percepción dentro de Morena que la derrota viene. Acusaciones de corrupción y conflictos internos entre candidatas han acelerado la descomposición interna, contaminando las campañas para el Congreso, el Senado, y presidencias municipales.
Lo que está sucediendo en el partido en el poder no se había visto desde que irrumpió Morena en el escenario nacional en 2015, ni siquiera en las elecciones intermedias de 2021, cuando tuvo una derrota importante en la Ciudad de México. El entorno que acompaña la última parte de las campañas es de conflicto. Incluso, a manera de control de daños, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, se ha estado quejando en Palacio Nacional de que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, presidente del Consejo Político del partido, es el responsable primario de la debilidad electoral en muchas de las campañas.
La mayor preocupación se encuentra en la Ciudad de México y en Veracruz, donde el presidente está interviniendo activamente. Los semáforos amarillos se comenzaron a prender hace aproximadamente un mes y medio en Palacio Nacional, cuando se hizo el primer corte de caja sobre las tendencias electorales en las dos entidades y se concluyó que de no hacer nada urgente al respecto, la posibilidad de perder las gubernaturas era amplia. Hace tres semanas se reasignaron tareas a Marcelo Ebrard y a Ricardo Monreal para que trabajaran en la Ciudad de México, y se responsabilizó al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, para que operara la elección de Nahle. El dinero no era un problema, y recursos públicos se comenzaron a inyectar en las campañas de las candidatas.
Desde entonces, la ruta de Brugada y Nahle ha sido descendiente.
Veracruz es el mayor foco rojo. García fracasó en la operación electoral, mostrando una equivocación más de López Obrador al confiar en un oportunista de la política sin experiencia ni talento electoral. Las fallas del gobernador se juntaron a las denuncias crecientes de posibles actos de corrupción de Nahle. Una, presentada en la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción por el empresario veracruzano, Arturo Castagné Couturier, tiene que ver con la presunta compra irregular o ilegal de propiedades de Nahle, cuando era secretaria de Energía, y de su esposo José Luis Peña Peña, que trabajó en la petroquímica de Pajaritos, en Coatzacoalcos, y a quien hace años le atribuyen, sin pruebas documentables, actos de corrupción. Otra, publicada por el veterano periodista Édgar Hernández en el portal Línea Caliente, sobre presuntos depósitos en paraísos fiscales por unos 100 millones de pesos durante el tiempo que estuvo en el gabinete de López Obrador. Nahle ha desmentido todo, pero ante su palabra le han mostrado en ambos casos documentación.
Nahle ha ido arrastrando problemas desde que López Obrador se empeñó en hacerla candidata porque no nació en Veracruz sino en Zacatecas, por lo que se tuvieron que hacer triquiñuelas legales para que pudiera ser registrada. Su gestión al frente de Energía es memorable por su incompetencia en ese campo –un experto en energía y el servicio público dice que es la peor funcionaria que haya conocido jamás por su ignorancia e ideologización–, y la forma déspota con la que trata a la gente, incluidos miembros del gabinete cuando formaba parte del gobierno.
La candidata tiene muchos negativos y enemigos, y no parece que las sorpresas en torno a ella se hayan acabado. Hernández anticipó que vendría información sobre un presunto piso de ella en Nueva York, y hay algunos audios que la comprometen en presuntas corruptelas en Dos Bocas, con personas vinculadas a los hijos del presidente.
En la Ciudad de México, pese a las recientes denuncias de corrupción que hizo el candidato de la oposición Santiago Taboada en el segundo debate este domingo, Brugada no está manchada como lo está Nahle. Pero sus problemas no son menores, y comenzaron desde que López Obrador la impuso por encima del candidato de Sheinbaum, Omar García Harfuch, que la había derrotado claramente en las encuestas. La forma atrabiliaria como la hizo candidata el presidente, provocó una fractura en las clientelas de Morena y con Sheinbaum.
López Obrador exigió a Delgado resolver el conflicto entre ellas, pero no ha podido. De hecho, los choques entre sus equipos de campaña cada vez son más evidentes y la molestia de Sheinbaum no se limita solo a que la hayan obligado a aceptar que bajaran a García Harfuch, sino porque considera que ella no garantiza el triunfo de Morena porque considera que no tiene la estatura para gobernar la ciudad. El problema no se circunscribe a su pleito. También hay liderazgos políticos y sindicales que están considerando no operar a favor de Brugada porque si se hacen explícitos los respaldos, no quieren verse comprometidos con Taboada, ante la posibilidad real de que gane.
En la Ciudad de México y en Veracruz, las tendencias electorales que le ha proporcionado al presidente su confiable equipo de encuestas personal muestran a sus candidatas a la baja, y a sus opositores Taboada y el priista José Yunes, al alza. Pero López Obrador no se quedó con los brazos cruzados cuando le dieron los resultados y ha estado trabajando y presionando a la militancia de Morena para evitar las derrotas en dos de las entidades con mayor peso electoral y que tienen el potencial de incidir en la elección presidencial si se perdieran.
Una derrota en la Ciudad de México no podría atribuírsele a Sheinbaum. Al contrario; demostraría que su impulso a Harfuch, bajo el supuesto de que él ganaría votos que no obtendría Brugada era el correcto. El perdedor, como en Veracruz, sería López Obrador, lo que debe preocupar a la oposición porque el enemigo que tienen enfrente es el presidente, dispuesto a hacer lo necesario, legal o no, por ganar.

[email protected]
X: @rivapa

 

 

Mal le cayó al presidente Andrés Manuel López Obrador la aparición del libro del periodista Mario Maldonado sobre Enrique Peña Nieto, que teje a partir de tres entrevistas on-the-record que le hizo en Punta Cana, donde vive actualmente, y tres informales en Madrid. Peña Nieto le anticipó que iba a publicarse, pero le aseguró que no habría sorpresas, respetando el pacto de mutuo respeto que tenían, y sin intención de generar ruido en la elección presidencial. En sus confesiones a Maldonado, cierto, Peña Nieto trata bien a López Obrador, pero miente en algunos puntos paradigmáticos de su gobierno, la transición y el exilio.
Peña Nieto se entregó a López Obrador antes incluso de que arrasara en la elección presidencial. Por razones que difícilmente revelará públicamente, aunque justifica que la franquicia del PRI arrastraba mucho lastre, optó por un candidato fuera del partido, José Antonio Meade, a quien sabotearon y abandonaron sin que Peña Nieto hiciera nada al respecto, sin recursos ni operación electoral, y sin representación en el 30 por ciento de las casillas el día de la elección.
No significa que una participación más activa hubiera cambiado el resultado, pero tampoco hizo nada a favor de su candidato. López Obrador lo sigue elogiando por no haber intervenido –eufemismo de apoyado– en la elección, que es lo que allanó el camino para construir un pacto de no agresión. Ese acuerdo, que ambos niegan, fue durante la transición, y se enfocó en quiénes no serían perseguidos penalmente –como Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong–, y quiénes sí. Peña Nieto palomeó la lista para la guillotina encabezada por Emilio Lozoya, ex director de Pemex, seguido de Gerardo Ruiz Esparza, ex secretario de Comunicaciones, y Rosario Robles, que fue cabeza en Desarrollo Social y en Desarrollo Agrario. Solo Ruiz Esparza no fue a la cárcel, porque murió antes de ser imputado.
Peña Nieto le entregó el poder de facto a López Obrador desde el día siguiente de la elección presidencial y tuvo cuatro reuniones con su sucesor, que le narró a Maldonado, una de ellas en la casa de Tlalpan del presidente. Después de eso, solo tuvo algunas conversaciones telefónicas con él, como cuando le anticipó que vendría un libro con declaraciones que no despeinarían a su gobierno. Hubo más comunicación, a través de canales secundarios para enviarse mensajes.
Uno, la placenta del exilio, fue luego de que se publicaran fotografías de Peña Nieto en la prensa. Las primeras fueron de la boda de la hija de su abogado y amigo Juan Collado en mayo, y las segundas en unos XV años donde bailó con su entonces pareja, la modelo Tania Ruiz, en junio, que desataron muchas críticas en la opinión pública sobre el incumplimiento de su promesa de combatir la corrupción, que se trasladaron a Palacio Nacional, donde sus cercanos y la parte más radical de su movimiento, consideraban como un mensaje de impunidad.
López Obrador le envió el mensaje a través de Collado, y una semana volaron juntos a Madrid. En el libro, el ex presidente le dice a Maldonado que su partida no había sido a un “exilio político”, sino que fue una simple “formalidad para lograr una transición positiva en la entrega del mando presidencial”. Como explica el periodista a partir de las reflexiones de Peña Nieto durante las conversaciones informales, el ex presidente consideraba necesario irse del país para respetar la victoria y gestión de López Obrador.
La verdad es que Peña Nieto decía antes de dejar la Presidencia que no veía razón alguna para irse del país, y que seguiría viviendo entre Ixtapan de la Sal –donde jugaba golf– y la Ciudad de México. En el libro habla como si hubiera sido un estadista que veía más alto y más lejos, cuando en realidad era todo lo contrario. En sus confesiones ha encontrado justificaciones que lo enaltezcan, cuando la superficialidad y la falta de cuidado llevaron a que López Obrador, para protegerlo, le pidió que se fuera del país.
En sus confesiones Peña Nieto es ambiguo en varios puntos, como cuando recuerda lo “injusto” de la renuncia de su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que promovió la visita a Los Pinos de Donald Trump, candidato republicano a la Presidencia, durante la campaña electoral. Admite ahora que fue un “desastre” con un enorme impacto negativo en México, y aunque menciona que también molestó al presidente Barack Obama y a Hillary Clinton, la candidata demócrata, oculta que Videgaray salió del gobierno no por esas razones, sino porque se lo exigió la Casa Blanca. Si quería Peña Nieto recomponer su relación con Obama, le mandaron decir, tenía que cortarle la cabeza al responsable de la visita. Y así lo hizo.
Peña Nieto trata en el libro de esconder sus incapacidades, deficiencias y debilidades. Por ejemplo, omite detalles en el cese de Lozoya, dejando entrever a Maldonado que lo despidió porque le mentía y porque había realizado una “pésima gestión”. En realidad, Peña Nieto lo defendió varias veces de Videgaray que le pedía lo despidiera, topándose con un muro y al final, la advertencia que no volviera a tocarle ese tema. Peña Nieto se deshizo de él porque la Casa Blanca, molesta por la recepción a Trump, reclamó que hubiera realizado una visita oficial a Arabia Saudita, con quien tenían en ese momento una relación muy tirante.
El ex presidente también quiere mostrarse como un estadista, como cuando habla del Caso Ayotzinapa, y dice que “cuando supo de la desaparición de los normalistas, anticipó el momento más crítico de su administración”. Lo que mostró ese momento fue una insensibilidad por arrogante e ignorante, aceptando por más de dos semanas que era un problema municipal, y que la desaparición de los jóvenes “eran un ajuste entre narcotraficantes”, como dijo el ex procurador Jesús Murillo Karam.
La editorial Planeta, que publicó el libro, lo anuncia como “¿quién es realmente el hombre que gobernó México entre 2012 y 2018?”, a lo que podría añadirse otro remate: fue un cobarde y un mentiroso que trata de lavarse la cara escondiéndose en la desmemoria.

[email protected]
X: @rivapa

 

Hace ya casi un año que Alejandro Encinas, que por lustros caminó junto a Andrés Manuel López Obrador, cayó de la gracia del presidente. El crimen contra los 43 normalistas de Ayotzinapa que los unió en la campaña presidencial y con sus promesas levantaron altas expectativas de que los encontrarían y sabrían la verdad de lo que les sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014, también los separó. Hoy no solo hay distanciamiento sino una ruptura que se ha ido profundizando en las últimas semanas.
La violencia de los normalistas de Ayotzinapa en los primeros días de marzo comenzó este proceso. En esas manifestaciones varios jóvenes derribaron una puerta de Palacio Nacional en protesta por el estancamiento en la investigación sobre la suerte de los normalistas. Ese mismo día, López Obrador dijo que era un movimiento en contra de su gobierno, “un plan de provocación clarísimo”. En los días subsiguientes, dentro de Palacio Nacional se responsabilizó a Encinas por los hechos, por haberles allegado recursos para que se movilizaran y alentado la protesta.
En esos días, sin embargo, la información que se tenía era que su intención no había sido en contra del presidente, sino como una forma de presión para lograr que los militares a los que imputó responsabilidad en el crimen de los normalistas terminen definitivamente en la cárcel. En ese contexto, el secretario particular del presidente y hombre de todas sus confianzas, Alejandro Esquer, lo buscó para pedirle que dejara de incendiar el tema de Ayotzinapa y que desactivara a Vidulfo Rosales, el abogado de los padres de los normalistas, que es una figura central en la estrategia de movilización y negociación.
Las cosas se despresurizaron, pero nuevos datos sobre Encinas fueron surgiendo. Informes de inteligencia militar detectaron que fue Encinas quien no sólo había alentado la protesta, sino que le pidió a Rosales que la escalara hasta el derribamiento de la puerta en Palacio Nacional. Los reportes lo señalaron también como el instigador de la acción violenta de los normalistas en la Secretaría de Gobernación, a finales de febrero, donde lanzaron petardos.
El activismo disruptivo y violento de Encinas, de acuerdo con las informaciones del gobierno, escaló, tal como lo registró inteligencia militar del Ejército. El ex subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos y titular de la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa hasta octubre pasado, tiene un agravio histórico contra los militares, que trasladó a la investigación que encabezó, en donde se empeñó en demostrar que hubo comandantes y tropa que participaron en la desaparición de los jóvenes, coludidos con la organización delincuencial de los Guerreros Unidos. Hay ocho militares detenidos, dentro de un total de 17 a los que señala responsabilidades en ese negro episodio.
Las fricciones con el presidente comenzaron con la implosión que se dio en la Fiscalía General en septiembre de 2022, cuando le quitaron toda autoridad al entonces fiscal para el Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, llevado ahí por Encinas. Los dos habían construido un caso contra los militares, a partir de testimonios de criminales, incluido Gildardo Astudillo, el jefe de plaza en Iguala de Guerreros Unidos, y uno de quienes dio la orden de desaparecer a los normalistas, que lo declararon seis veces hasta que cuadraron sus dichos para imputar a los soldados, o de pruebas falsificadas, que los confrontó con el Ejército.
López Obrador, que lo tenía en alta estima, lo defendía del fiscal y de los altos mandos militares y comentaba en Palacio Nacional que sus fijaciones con el Ejército eran muy fuertes. Públicamente lo respaldaba hasta que, ante las presiones del alto mando militar y pruebas que presentó la Fiscalía sobre la manipulación de Gómez Trejo como fiscal del Caso Ayotzinapa para culpar a comandantes y soldados del crimen y denunciar encubrimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo orilló a renunciar.
Encinas renunció el 22 de septiembre pasado y al día siguiente se sumó a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Era una alianza que provocó mucha sorpresa porque había sido una de las piezas más importantes que descarrilaron la candidatura de Omar García Harfuch, que impulsaba Sheinbaum al gobierno de la Ciudad de México. A Encinas lo señalaban en el equipo cercano de López Obrador de haber promovido que en las marchas de los normalistas lo señalaran como uno de los responsables de su desaparición, luego de que en su último informe lo vinculó al crimen.
Esa alianza no duró mucho. El 17 de diciembre Clara Brugada, a quien había apoyado Encinas para la jefatura de Gobierno capitalina, anunció que sería su coordinador de campaña. La relación de Sheinbaum con Brugada es mala, y las instrucciones de López Obrador para que hagan las paces no han fructificado. En la actualidad, ante el riesgo de que Brugada pierda la elección y Morena la Ciudad de México, hay una coordinación entre las dos campañas, difícil, pero en busca de alcanzar la victoria.
Esta alianza electoral táctica será efímera, porque las ofensas y humillación en las que contribuyó Encinas contra Sheinbaum, no se van a olvidar. Pero este es un problema en el largo plazo. En este momento, la preocupación de Encinas tendría que estar en la información de inteligencia del Ejército y la eventual reacción que podrá tener López Obrador ante los señalamientos de rebeldía y acciones que han dañado la imagen presidencial.
Ayotzinapa es una pesadilla para el presidente, que no quiere heredar al próximo gobierno. La investigación que encargó a Encinas no llevó a nada sustancialmente distinto a lo que hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero le generó tensiones y presiones con el Ejército y la Fiscalía al grado que hace aproximadamente un mes dejó entrever que estaba dispuesto a sacrificarlo. Es difícil saber a qué se refería específicamente el presidente, pero la molestia creció notablemente luego de los informes militares sobre la actitud rebelde de Encinas sin importarle el presidente, lo que podría llevarlo a considerar una acción ejemplar contra su viejo colaborador para salvar cara con Ayotzinapa.

[email protected]
X: @rivapa

 

 

La visita que realizaron varios funcionarios del gobierno de Estados Unidos a Palacio Nacional para hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pasó con tanta pena sin gloria que lo que más llamó la atención a la prensa es que el embajador Ken Salazar saliera con el libro Gracias bajo el brazo. Sin embargo, el encuentro con la asesora de la Casa Blanca en seguridad territorial, Elizabeth Sherwood-Randall, y el coordinador de infraestructura energética Amos Hochstein, fue de la más alta relevancia, no solo porque se abordó uno de los temas geoestratégicos más importantes para el presidente Joe Biden, sino porque se rompió la hielera en donde López Obrador había colocado la relación bilateral.
Sherwood-Randall es la funcionaria que lleva la relación con López Obrador, que fue acompañada por Hochstein, con quien tuvo un primer encuentro de cuatro horas en octubre pasado. El cargo oficial de Hochstein es coordinador para la Infraestructura Global y la Seguridad Energética, que es una iniciativa que promovió Biden en la reunión del G-7 en Alemania en 2022 para fortalecer las cadenas de suministro que garanticen el abasto a Estados Unidos de minerales críticos, como el litio, para fabricar baterías y chips para industrias. En ese campo Biden ha ofrecido recursos para inversiones tecnológicas en México, vital en el juego de la geopolítica y la guerra comercial con China.
Como en la primera reunión, nada trascendió de estas conversaciones, aunque se puede conjeturar que están llegando a un acuerdo porque la canciller Alicia Bárcena sostuvo reuniones de trabajo aparte con los asesores de la Casa Blanca. Más hermético, porque ningún funcionario de ninguno de los dos países filtró casi nada a la prensa, fue el restablecimiento de un diálogo fluido que se interrumpió por instrucciones del presidente, como señal política de su gran molestia con el gobierno de Estados Unidos.
López Obrador puso la relación con la Administración Biden en un impasse como consecuencia de las primeras revelaciones en la prensa de ese país sobre las investigaciones de la DEA que apuntaban a financiamiento del narcotráfico en sus campañas presidenciales de 2006 y 2012, que lo desquiciaron y mantiene alterado hasta ahora, por la etiqueta en redes sociales de #NarcoPresidente, que no lo ha abandonado en las tendencias de X desde entonces. La instrucción a todo el gobierno fue tajante: no podían tener ningún contacto con funcionarios estadunidenses. Las llamadas telefónicas dejaron de contestarse y los contactos bilaterales en diversos campos se suspendieron.
Las únicas señales de que las cosas no marchaban bien las dieron el director del FBI, Christopher Wray, y el procurador general, Merrick Garland, que en audiencias en el Capitolio la semana pasada y el martes, respectivamente, dijeron que la cooperación en materia de seguridad con México era insuficiente y que hasta ahora no se había podido restablecer la colaboración de la DEA con el gabinete de seguridad que había, presumiblemente hasta la detención del exsecretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, en octubre de 2020, que marcó un ante y un después en la relación mexicana con esa agencia.
En el gobierno de Estados Unidos había preocupación por la actitud que había tomado López Obrador, cuyas órdenes de romper todo contacto con las contrapartes estadunidenses de las diversas áreas del gobierno, se siguieron cabalmente. Como no hubo ningún trascendido del hielo que echó López Obrador a la relación bilateral, tampoco lo hay sobre qué influyó en un restablecimiento en forma y fondo, que es lo que sucedió este martes. No obstante, hay un episodio que coincide con el levantamiento de este bloqueo político y diplomático, que tiene que ver con la ruptura de relaciones con Ecuador.
Tras el asalto a la Embajada de México en Quito, el presidente instruyó a la canciller Bárcena que cabildeara con gobiernos y organismos internacionales para una condena contra Ecuador por haber violado convenciones internacionales al allanar la misión diplomática. Bárcena hizo el trabajo de manera limitada, porque la primera reacción del gobierno de Estados Unidos fue ambigua, que provocó la calificación de “blanda” por parte de López Obrador.
El presidente no se quedó en palabras. Pidió a un alto funcionario de su gobierno y a un excolaborador que se mantiene cercano a él, que intercedieran ante el embajador Salazar para pedir una postura más fuerte a favor de México. El 6 de abril, un día después de la ruptura de las relaciones entre los dos países, el Departamento de Estado condenó la violación de la Convención de Viena, empató a los dos países como “socios cruciales” y pidió que resolvieran sus diferencias. Setenta y dos horas después la Casa Blanca, dijo que Ecuador había ignorado sus obligaciones internacionales y condenó a su gobierno.
La rapidez con la que rectificó Estados Unidos no es gratuita. Con migración en el eje de la campaña presidencial en ese país, López Obrador tiene a Biden como rehén en el corto plazo, aunque en los temas de largo aliento, las cosas sean al revés.

[email protected]
X: @rivapa

 

El ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, que lleva cinco días de control de daños por la investigación de la Suprema Corte de Justicia por presuntamente haber puesto el Poder Judicial al servicio de los intereses políticos del presidente Andrés Manuel López Obrador, entró a la contraofensiva. Ayer anunció que presentará una denuncia en el Congreso para que inicie un juicio político en contra de su sucesora, Norma Piña, por intervenir en el proceso electoral para favorecer a la candidata opositora Xóchitl Gálvez. Es decir, abrió una avenida para politizar un asunto que aunque inmerso en la polarización que vive el país, tiene un origen de orden legal.
Zaldívar ha buscado afanosamente establecer que la Corte está violando la ley con la investigación, y sostiene que carece de un marco jurídico para sancionarlo. El ex ministro se apoyó en la Ley Orgánica que no prevé esa posibilidad de manera expresa, pero ha omitido mencionar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuyo artículo 4 se refiere a las infracciones cometidas por personas que hayan sido servidores públicos, como es su caso, mientras no hayan prescrito las conductas ilegales, que tienen una vigencia de siete años, que prevé el artículo 74 de la misma ley.
El Consejo de la Judicatura, que llevará la investigación, está facultado para hacerla e, incluso, tiene la posibilidad de sancionar administrativamente, si el caso lo ameritara, a los imputados, que podría significar una inhabilitación que le afectaría su vida política dentro de Morena y cancelaría su posibilidad de ser consejero jurídico de la Presidencia, como aspira, y eventualmente ser fiscal general y candidato presidencial en 2030, como algunos de sus cercanos hicieron trascender como un objetivo de mediano plazo en vísperas de que renunciara a la Corte a finales del año pasado.
Adicionalmente, el Consejo de la Judicatura puede una vez terminada su investigación, si encuentra culpables de algún delito a los imputados, dar vista a la Fiscalía General de la República para que proceda penalmente en contra de uno o varios de ellos. Este último paso de la pesquisa que se inició la semana pasada es explosivo porque los tres actores centrales de la denuncia que motivó la investigación, son enemigos del fiscal Alejandro Gertz Manero: Julio Scherer, Santiago Nieto y Zaldívar.
En la columna publicada en este espacio ayer, se subrayó que la parte más delicada de la denuncia y la investigación tenía que ver con un tema que no es aparente, la mesa de judicialización que se inició en este gobierno, en donde se construyeron los casos políticos de interés del presidente López Obrador; la mesa la coordinaba Scherer, en ese entonces consejero jurídico de la Presidencia, pero Santiago Nieto, a la sazón jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, proporcionaba los principales insumos para que se abrieran las carpetas de investigación, que una vez armadas, Zaldívar se encargaba de instrumentarlas dentro del Poder Judicial.
La existencia de esa mesa de judicialización fue revelada en marzo de 2020 en este espacio, que nació de la necesidad de disponer de un cuerpo jurídico altamente especializado que pudiera actuar de manera expedita contra el crimen organizado, con un equipo de ministerios públicos trabajando en tándem con las áreas de inteligencia del gobierno y en coordinación con el Poder Judicial para tener toda la cadena de procuración y administración de justicia alineada para esos fines. El primer trabajo que vieron, en diciembre de 2018, días después de haber asumido López Obrador la Presidencia, fue el robo de combustible.
El objetivo primario fue cambiándose ante el poco interés de López Obrador por atacar al crimen organizado, por lo que los objetivos de la mesa de judicialización también fueron alterándose. Los cárteles de las drogas y los narcotraficantes dejaron de ser su prioridad, al ser remplazados por políticos, ex funcionarios y empresarios. En este segmento se enfocaron los esfuerzos, pero no todos los casos tenían sustento.
Nieto forzó varios casos y entregó documentación a la Fiscalía General que se topó con la imposibilidad de judicializarlos. Ante los ojos del presidente, quien fracasaba en su trabajo era Gertz Manero, no Nieto, que de manera regular, como lo hizo cuando lo conoció durante la campaña presidencial de 2018, tocaba la música que le gustaba a López Obrador, empeñado en la destrucción del sistema político vigente para imponer el suyo.
La documentación sin sustento que entregaba Nieto en la mesa de judicialización, fue una eterna fuente de conflicto con el fiscal general, que obligó a Gertz Manero a mostrar de manera extraoficial sus expedientes a los jueces –varios de ellos aparecen mencionados en la investigación como cercanos a Zaldívar–, para que antes de presentarlos les hicieran las observaciones pertinentes para ajustarlos y que los jueces no se los rechazaran por estar mal integrados.
Las fricciones entre dependencias se agudizaron. No solo fue entre la Fiscalía General y la UIF, sino también entre Scherer y el director del Centro Nacional de Inteligencia, el general Audomaro Martínez. Razones subjetivas afectaron también la homogeneidad de la mesa, como el conflicto que fue creciendo entre Gertz Manero y Scherer, alimentado por el apoyo a Omar García Harfuch en la secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, y del fiscal para delitos de Delincuencia Organizada, Alfredo Higuera –otro participante en la mesa de judicialización–, con quienes tiene diferendos. Con Zaldívar chocó luego por la misma razón por la que se enemistó con Scherer, su falta de apoyos para saldar cuentas contra su familia política.
La investigación abierta tiene varias pistas para entender qué sucedió dentro del gobierno y el Poder Judicial en la primera parte del sexenio, principal, pero no únicamente, y el potencial para que Gertz Manero, con la ley en la mano, pudiera cobrarse cuentas pendientes con ellos tres. La contraofensiva de Zaldívar que empezó ayer, cubre la parte política y mediática, quedando en el aire por algún tiempo los resultados de la investigación y lo que pudiera hacer Gertz Manero contra ellos, al ser un fiscal que trascenderá el sexenio.
[email protected]
X: @rivapa

 

 

Lo más delicado y grave de la investigación de la Suprema Corte de Justicia sobre el ex ministro Arturo Zaldívar, sus operadores políticos y el ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, se encuentra en un breve párrafo en la página cinco del documento, que si la pesquisa llegara al fondo de lo que toca por encima, se podría configurar un caso extraordinario de corrupción institucional desde los más altos niveles del Estado mexicano. Contenido en las imputaciones contra Carlos Alpízar, brazo derecho de Zaldívar y ex secretario general del Consejo de la Judicatura, dice: “Organizaba reuniones entre juzgadores y autoridades del ejecutivo (SEDENA o Gobernación), especialmente en materia mercantil y penal, con el propósito de socavar la independencia de los juzgadores bajo el argumento de ‘sensibilizar’.”
A lo que se refiere es a la Mesa de Judicialización, un invento de Scherer, atendía los casos de interés político del presidente Andrés Manuel López Obrador. El método empleado era la fabricación de casos con información cierta o falsa de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Centro Nacional de Inteligencia, que se entregaba a la Fiscalía General de la República para abrir las carpetas de investigación. Luego, el papel de Zaldívar era el de instrumentar esos casos en el Poder Judicial para encontrar culpables. Zaldívar era el último brazo de López Obrador para atacar a sus enemigos y alcanzar sus objetivos.
La Mesa de Judicialización, coordinada por Scherer, se reunía en Palacio Nacional y la integraban representantes de los secretarios de la Defensa, Marina, y Seguridad Pública (en ese entonces Alfonso Durazo), del fiscal general, del jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (que era Santiago Nieto), y del Centro Nacional de Inteligencia. Zaldívar estaba representado por Alpízar, que invitaba a jueces y magistrados a su rancho cerca de Toluca, donde organizaba reuniones y comidas con espectáculos para transmitirles instrucciones. Alpízar niega que esas fiestas sirvieran para tales propósitos.
Los temas en esa mesa, algunos de los cuales vienen referidos vagamente en la investigación de la Suprema Corte de Justicia sobre Zaldívar, fueron:
1.- Emilio Lozoya. Scherer primero y luego el fiscal Alejandro Gertz Manero, negociaron con él para que, a cambio de su libertad, implicara a priistas y panistas en el caso de la corrupción de Odebrecht (que se ha venido cayendo a pedazos), la venta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados de Alonso Ancira para obligarlo a venderla a un empresario muy cercano de Scherer, que había financiado campañas de López Obrador, que tampoco resultó como deseaban, y el Caso Fertinal, que querían quitárselo a Ricardo Salinas, sin tener éxito tampoco.
2.- Ayotzinapa. En la mesa se acordó culpar a funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto y meter a la cárcel al ex procurador Jesús Murillo Karam, acusándolo de encubrimiento de un crimen de Estado. Hasta hoy, que se encuentra bajo proceso en su casa, el gobierno no ha podido sostener su teoría ni tampoco sus investigaciones han avanzado más allá de donde las dejó Murillo Karam. La idea de meter a militares en la cárcel por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no fue un tema de la mesa, pero la investigación entró en una contradicción por la lucha entre civiles y militares, que aún prevalece.
3.- Genaro García Luna. El ex secretario de Seguridad Pública fue utilizado por el presidente como instrumento para golpear al ex presidente Felipe Calderón. García Luna fue detenido en Dallas y encontrado culpable por un jurado en Nueva York de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa, pero hasta su captura en Estados Unidos no había ninguna investigación en México. Las que se construyeron posteriormente a su detención, se han ido cayendo.
4.- Luis Cárdenas Palomino. El coordinador de Inteligencia de la Policía Federal, bajo el mando de García Luna, fue detenido por su probable responsabilidad en la tortura de varios miembros de una banda de secuestradores a la que perteneció la francesa Florence Cassez. Posteriormente fue acusado de estar implicado en la Operación “Rápido y Furioso”. Un juez lo liberó por este caso, pero sigue en la cárcel por el caso de la tortura.
5.- Rosario Robles. Por razones personales más que políticas, López Obrador quiso que la encarcelaran, acusada por los delitos del ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de emisión en el caso llamado La Estafa Maestra, por lo que estuvo tres años en prisión a partir de un fallo de un juez vinculado a la parte instrumental de la Mesa de Judicialización, sobre la base de una prueba, una licencia de conducir, apócrifa. Todavía enfrenta una acusación por delincuencia organizada.
6.- Caja Libertad. Este caso tiene que ver con Juan Collado, contra quien había un viejo agravio del presidente –fue quien facilitó la difusión de los videoescándalos en el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México–, y detenido por presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, y más adelante por posible fraude y defraudación fiscal. Collado denunció a Scherer de ofrecerle salir de la cárcel si vendía Caja Libertad, con la que no se pudo quedar el ex consejero jurídico.
7.- Infonavit. La Fiscalía General retomó el caso de un acuerdo reparatorio en el Infonavit por la celebración de contratos firmados por funcionarios del Infonavit y una empresa particular por presuntas conductas ilícitas. Durante el proceso se dieron denuncias de extorsiones para obligar a pagar sumas multimillonarias, y hasta hoy nadie de los implicados está en la cárcel.
La Mesa de Judicialización perdió impulso con la salida de Scherer del gobierno en 2021, pero lo que quedó fue un mapa de colusión de funcionarios, tráfico de influencias, uso indebido de facultades, violaciones al debido proceso y a los principios de ley que rigen. Fue un mecanismo de corrupción institucional que, si México fuera un país de leyes, varios secretarios de Estado y funcionarios de alto rango irían a la cárcel. La investigación de la Corte no parece que tocará el núcleo de este maquinaria ilegal y, en todo caso, llegará solo a jueces y magistrados, el hilo más delgado de esta madeja.

[email protected]
X: @rivapa