El mayor daño autoinfligido del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyas consecuencias apenas se van a empezar a cuantificar, probablemente es su declaración del 21 de febrero pasado, cuando reveló que intervenía en la Suprema Corte de Justicia y le pedía al entonces titular del Poder Judicial, Arturo Zaldívar que “ayudara” hablando con los jueces, para que cambiaran sus resoluciones. Ese mismo día, tras la mañanera donde hizo pública la colusión de Zaldívar con él, la consejera jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos, le explicó la gravedad de sus palabras, pero el presidente se carcajeó. No entendía lo que había hecho y una semana después, al tratar de sofocar el escándalo, dijo que solo intervenía en la Corte cuando se trataba de “asuntos de Estado”.
Sin ver la dimensión de lo que había dicho construyó inopinadamente el edificio para la investigación más importante que haya realizado jamás el Poder Judicial, anunciada el viernes pasado en contra de Zaldívar y varios ex altos funcionarios de la Corte, ligados a Julio Scherer, en ese entonces superpoderoso consejero jurídico de la Presidencia, por “vulnerar la autonomía e independencia” del Poder Judicial, “con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros”.
La investigación parte de una denuncia anónima de 32 páginas presentada después de la revelación del presidente, en cuyo tercer párrafo señalan como una confesión de López Obrador “su influencia en decisiones de jueces y magistrados del poder judicial federal, reconociendo que, valiéndose del servilismo de Zaldívar, lo llamaba para que interviniera en diferentes procesos judiciales en beneficio de sus intereses, (dejando) claro que el ex ministro sacrificó la independencia del poder judicial a cambio de tener personalmente el favor del líder del partido en el poder, y con ello asegurar su futuro político y satisfacer su necesidad de protagonismo”.
Zaldívar, en efecto, fue premiado por el presidente. No logró que se reeligiera, porque implicaba una enorme violación a la Constitución, pero cuando renunció a la Corte un año antes de terminar su periodo, para que López Obrador pudiera colocar su última ministra, el presidente le ofreció ser secretario de Gobernación en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Zaldívar le dijo que serviría mejor a sus propósitos para reformar el Poder Judicial como consejero jurídico de la Presidencia, y lo mandó a trabajarla a su campaña presidencial.
La pesquisa que abrió Herbert Torres Coello, titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, fue calificada por Zaldívar como una “cacería de brujas” donde era “evidente la intencionalidad política” que buscaba “una especie de revancha contra la 4T”. Lo que ocultó Zaldívar es que entre 2019 y 2022 se abrieron en su contra 283 investigaciones por denuncias anónimas, que no es un procedimiento irregular o ilegal, sino que por estatuto deben indagarse. La ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, por ejemplo, tiene 68 denuncias anónimas del año pasado a la fecha.
No deja de ser una ironía que aquella declaración de López Obrador se hubiera dado como reacción a un fallo en tribunales en la víspera que le permitió al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, continuar su proceso en libertad por el caso de Odebrecht, porque ni siquiera reparó en las contradicciones. Lozoya siempre estuvo libre mientras se defendía hasta octubre de 2021, cuando la columnista Lourdes Mendoza publicó una fotografía donde estaba cenando en el mejor restaurante chino del país, que provocó furor ante la percepción de impunidad. Lozoya, además, había fraguado un acuerdo originalmente con Scherer, para denunciar a políticos de renombre del PRI y del PAN de haber recibido dinero de Odebrecht para campañas políticas a cambio de su libertad.
Scherer, figura central de la investigación, fue quien promovió a Zaldívar para llegar a la titularidad del Poder Judicial y quien lo acercó con el presidente. Jueces y magistrados celebraron cuando presentó su renuncia como consejero jurídico a fines de agosto de 2021, porque decían que se librarían de las duras presiones que ejercía para que modificaran fallos o favorecieran a quienes les indicaba. La denuncia anónima detalla lo que presumiblemente hacía Scherer con Zaldívar, y en la investigación determinarán, si como se afirma, tenía como subordinado para esos fines al brazo derecho del ex ministro, Carlos Alpízar.
La investigación salpica el corazón del despacho presidencial, no solo porque establece a partir de la denuncia actos de corrupción, presiones y amenazas penales contra jueces y magistrados para que no otorgaran amparos contra el Tren Maya, el aeropuerto “Felipe Ángeles”, la Ley de Hidrocarburos y la Ley Eléctrica, entre varios casos de alto impacto, sino porque golpea dos piezas que fueron fundamentales para López Obrador en una época marcada por el terror político y judicial sin contrapesos, Zaldívar y Scherer, a quienes señalan de haberse confabulado “para atentar contra la autonomía e independencia de los titulares de los órganos jurisdiccionales”.
Llama la atención en la investigación, sin embargo, que el foco de los presuntos actos de subordinación de Zaldívar a la Presidencia se encuentre en casos relacionados con concursos mercantiles y el Instituto de la Defensoría Pública, mencionando con detalle los presuntos brazos de presión del ex ministro, así como sus operadores, jueces y magistrados con los cuales quería copar el Consejo de la Judicatura, que es una de las principales reformas al Poder Judicial que quiere López Obrador. Lo sugerente es que no se toca en ningún momento al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que sería la pieza ejecutora para esos arreglos, y que tiene en Scherer a uno de sus dos más grandes enemigos –el otro es Santiago Nieto–, y en Zaldívar a un personaje que se quiso quedar con su puesto.
La investigación no puede verse fuera el contexto electoral y sacude al presidente, a la candidata y al ex ministro. Qué dimensión toma ahora aquel momento en tras la mañanera de aquel febrero de este año 2024 cuando López Obrador, riéndose, dijo que Zaldívar sabría cómo matizar sus declaraciones y que lo importante era que no lo agarraran fuera de base, que es lo que sucedió ahora en el pináculo del poder.

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Nadie se asombra de la belicosidad fúrica del presidente en contra de medios y periodistas. La sorpresa, que casi nunca hay, es que no sean parte central de sus mañaneras. Tiene una sección dedicada semanalmente, que solo tiene el reporte de seguridad y el avance de sus obras, pero a diferencia de todos los segmentos de que se compone su único espacio real de gobierno, no hay información; solo ataques, infundios, difamaciones y linchamiento. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que es un diálogo circular lo que realiza y un mecanismo de réplica. Esto es un decir. Sus diálogos circulares tienen descalificaciones a quien realiza preguntas que le incomodan, y sus réplicas son actos de fe porque no las hace a partir de datos, sino de dichos.
López Obrador demoniza a medios y periodistas, lanza amenazas de manera contrafactual para tener salidas plausibles, presiona a los propietarios para pedir de manera indirecta que despidan a sus periodistas críticos, pero presume ser demócrata que ha abierto la libertad de expresión como nadie antes, pese a ser el presidente más atacado desde Francisco I. Madero hace más de un siglo. No es cierto. Probablemente, en algunos casos, tiene razón cuando dice que lo critican más que a todos los presidentes, pero omite señalar que es el presidente que más ha hablado de todos –más de dos horas y media diaria–, que concentra un poder como no se había visto desde Luis Echeverría, y que ejerce un control absoluto sobre la palabra pública.
Su actitud contra medios y periodistas puede caracterizarse como una persecución, definida por la Real Academia de la Lengua Española como la acción y efecto de perseguir, y una instancia con que se acosa a alguien a fin de que condescienda a lo que de él se solicita. Esto es lo que hace diariamente López Obrador, que a base de hostigamiento sistemático quiere que lo que sucede en el país, como la ingobernabilidad, la violencia, la corrupción y la ineficiencia, se calle. Y que solo se hable positivamente de lo que hace.
No es un capricho lo que hace el presidente. Está embarcado en una guerra cultural donde se le está acabando el tiempo sexenal para cambiar la ecuación, mal citando frecuentemente a Tocqueville, de la sociedad que quiere nacer y la que se niega a morir. Las guerras culturales han estallado en el mundo este siglo con la emergencia de líderes populistas, que han desatado conflictos culturales entre grupos sociales y la lucha por el dominio de sus valores, sus creencias y prácticas, que comúnmente se refieren a temas altamente controvertidos en los cuales hay un desacuerdo social general y una polarización en la forma como ven los valores sociales, como lo ha definido el diccionario sobre el populismo del Centro Europeo de Estudios sobre el Populismo.
La última trinchera ante la embestida de López Obrador han sido los medios y los periodistas, abiertos defensores de valores como las libertades y un sistema cimentado en el Estado de derecho. La resistencia a la colonización de las instituciones, después de que ha logrado hacerlo con las mentes de millones, desquicia al presidente, que realiza una persecución infatigable contra la prensa. La imposición de una cultura diferente es fundamental para el proyecto de López Obrador, que evoca en algunos momentos a la Revolución Cultural de Mao Zedong en China hace casi 80 años. El libro de La Industria de los Libros en China de Qidong Yon (2019), recuerda cómo el clima político para la creatividad cultural era relativamente favorable antes de la Revolución emprendida, hasta que se inició una persecución política masiva bajo el pretexto de una “campaña antiderechista”, que excluía la posibilidad de cualquier crítica contra Mao o el partido. Su concentración de poder lo llevó a imponer una ideología oficial y llegar a la censura extrema de las publicaciones y otros productos culturales, como el teatro y la música, usando la lucha de clases como arma.
México no es China, ni 2024 es 1957, ni López Obrador es Mao, pero hay analogías que son escalofriantes. En aquella nación había una persecución dura. En este país la persecución es blanda, lo que no significa que es cosmética. Hay una parte pública en esta estrategia que se expresa en las mañaneras, donde sus principales enemigos, periodistas críticos que piensan diferente a él, son Carlos Loret, Ciro Gómez Leyva y Joaquín López Dóriga. Hasta el 6 de marzo, el último registro de menciones negativas acumuladas contra periodistas realizado por SPIN Taller de Comunicación Política, Loret sumaba 590 alusiones, Gómez Leyva 272 y López Dóriga 240. Desde entonces, al concluir la mañanera mil 317, Loret sumó 42 nuevos ataques y difamaciones, Gómez Leyva 35, y López Dóriga 17.
La resiliencia y experiencia de los periodistas y los medios es lo único que explica que no se hayan quebrado. López Obrador quizás no entiende que sus agresiones no dejaron a muchos alternativa alguna y tuvieron que cruzar el Rubicón, sabiéndose algunos que son soldados muertos, que al estar conceptualmente en esa lógica, son aquellos que actúan con más valor.
La persecución blanda no es solo retórica que busca la previa censura. Incluye, como también sucede en otros casos de periodistas y activistas, espionaje telefónico mediante el software Pegasus realizado por el Centro Nacional de Inteligencia, seguimiento físico de algunos de ellos temporal o permanente, revisión de sus cuentas bancarias, auditorías, y revelaciones públicas de sus ingresos y propiedades, que no sólo es una violación a la ley, sino que además, ciertos o no los datos, los vuelven a ellos y a sus familias, en material de secuestradores.
El conjunto de estas acciones están entre los requisitos que varios países piden para otorgar asilo político. Ningún periodista mexicano ha solicitado asilo político por ser perseguido por expresar su opinión –sí los hay por amenazas a su vida no políticas–, y están aquí enfrentando los embates. Tienen todos, por esta definición personal, la idea de que habrá un mañana, aunque como dijo un importante periodista, “algunos podamos todavía quedar en el camino”.

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Durante décadas, una característica del periodismo mexicano ha sido que la información de mayor calidad no es la que aparece regularmente en las primeras planas de los periódicos o los noticiarios electrónicos, sino en las columnas políticas. A través de esos espacios, sobre todo a partir de que se agudizaron las contradicciones en el sistema político y comenzaron a disentir y enfrentarse los grupos de interés en los 80, se generó una circulación de información fuera de los conductos institucionales que hacía público lo que era reservado, y permitía airear los conflictos de una clase política que públicamente era sibilina.
A lo largo de los años, esta relación simbiótica entre el campo político y periodístico ha sido motivo de críticas y autocríticas, de descalificaciones y reivindicaciones, pero el mecanismo no ha cambiado. Se pasó de un sistema cerrado, herencia de regímenes autoritarios, a uno abierto, que comenzó a nacer en los 90 en la antesala de la transición democrática, pero el viejo sistema, que a través de los espacios de opinión, particularmente las columnas, facilita el intercambio de mensajes entre quienes están en posiciones de poder, prevalece por funcional y efectivo. En este juego de valores entendidos, nadie pierde y la mayoría gana, pero sobre todo la sociedad, que obtiene información a la que de otra forma no tendría forma de acceder.
Esta semana hemos experimentado el método en su máxima expresión, porque a través de columnas periodísticas se está revelando un conflicto entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su candidata Claudia Sheinbaum. Esto no es normal, aunque tratándose de López Obrador, la normalidad es lo sorprendente. Lo que se ha visto en el pasado es un deslinde del candidato con el presidente, como sucedió con Luis Echeverría ante Gustavo Díaz Ordaz y Miguel de la Madrid frente a José López Portillo.
Pero que un presidente mostrara de una manera tan explícita su inconformidad con quien eligió para sucederlo, no lo habíamos visto antes. Lo más cercano se dio en 1994, cuando el presidente Carlos Salinas, ante el protagonismo que le permitió a Manuel Camacho ser el negociador de la paz con el EZLN, tuvo que enfatizar con la famosa frase de “no se hagan bolas”, de que el candidato a la Presidencia era Luis Donaldo Colosio. Por cierto, este mensaje crucial también se dio mediante trascendidos.
En 1994, los recados a través de las columnas jugaron también un papel relevante, mostrando la debilidad de la campaña de Colosio por medio de las infidencias del propio Camacho con columnistas políticos, y de la respuesta del candidato y sus cercanos de que Salinas estaba saboteando su campaña, creándose un clima donde se llegó a hablar en la prensa de que podría haber un cambio de candidato. Salinas nunca lo pensó, pero la mancha que le produjeron los mensajes enviados por los colosistas a través de la prensa, permanecen hasta ahora.
Hoy vivimos una situación más cruda y salvaje, porque a diferencia de Salinas, López Obrador ha sido explícito. En la mañanera del martes, modificando en 180 grados lo que un día antes había expresado sobre el debate, reclamó que durante esa discusión no se hubieran defendido los logros de su gobierno. Ese mismo día nos amanecimos con la columna de Salvador García Soto en El Universal, uno de los espacios por donde más circula la información de calidad sin cara ni nombre, que citando fuentes de Palacio Nacional reveló que no le había gustado al presidente la forma como Sheinbaum actuó en el debate, por no haber sido lo suficientemente clara y contundente para responder los ataques sobre la corrupción en su gobierno. La percepción era que se había enfocado en defender su trabajo en la Ciudad de México y “no supo defender lo que ha hecho este gobierno”.
Sheinbaum, como también lo apuntó García Soto, hizo lo que tenía que hacer, ignorar los señalamientos de la candidata opositora Xóchitl Gálvez sobre presuntos actos de corrupción de los hijos del presidente y sus cercanos, y de las críticas al manejo de la salud y la educación. Haberlo hecho hubiera sido un error táctico al caer en el terreno donde la quería Gálvez, que no ve el presidente porque no piensa en un proyecto transexenal de largo plazo, sino en su paso a la historia. El presidente no puede ocultar su comportamiento paternalista con la candidata y patrimonialista con el poder.
El primer mensaje de esto fue el lunes, cuando la Rayuela, el breve editorial de La Jornada en la contraportada, apuntó: “¡Claro que tengo padre!, sostenía la adorada mano. Si no, ¿cómo estaría aquí?”. Cáustico y codificado, el texto perfila a Sheinbaum, que va mano en las encuestas, como la destinataria. Su padre político es López Obrador, quien la sacó de la academia y la fue tallando a mano. Sin su apoyo no existiría la carrera política que tiene, ni habría sido la elegida para continuar su proyecto.
López Obrador no quiso hablar mucho del debate el lunes, pero consideró que había estado bien. El martes su cara estaba pintada de guerra. ¿Qué sucedió? Se puede argumentar que los puros del lopezobradorismo, que no quieren a Sheinbaum, no por ella sino por el equipo que la rodea del que piensan advenedizos, oportunistas y caballos de Troya, le alimentaron ira.
Sus quejas de que no se defendieron los avances en el debate eran generales, pero fueron colocadas en su contexto por la Rayuela del miércoles, que decía: “Fue tanta la preocupación por ganar la batalla que se olvidaron de los logros conseguidos por un fuerte liderazgo y muchos leales profesionales ¡que vaya que los hubo!”. El mensaje era consistente con lo publicado por García Soto un día antes y ubicaba el reclamo presidencial en el lugar correcto: Sheinbaum.
El momento que se vive es extraordinario, porque el conflicto entre el rey y la delfín alteró el metabolismo político-electoral que coloca a Sheinbaum en un campo de batalla impensable, donde López Obrador es su rival y la obliga a tomar decisiones y definiciones que la marcarán por el resto de su vida.

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Xóchitl Gálvez le estampó la etiqueta de “la Dama de Hielo” a Claudia Sheinbaum en la frente, evocando en la descripción de su frialdad y falta de corazón que resumió en la frase a Margaret Thatcher, “la Dama de Hierro” que sin miramientos encabezó la reconversión industrial del Reino Unido a finales de los 70 que dio inicio a la segunda liberalización económica del Siglo XX, que en América Latina se definió como “neoliberalismo”. Pese a su mano dura, Thatcher no se veía de hielo. Sheinbaum sí, y en ocasiones parece robot. La candidata presidencial del oficialismo es una mujer rígida, disciplinada, dedicada, profesional y obediente, que son virtudes y defectos en una vida pública.
Quienes no la conocían tuvieron en el debate presidencial del domingo un primer acercamiento a la verdadera Claudia Sheinbaum. La imagen de la Dulce Polly que se ha vendido al electorado de una Sheinbaum empática, sociable, que canta, baila, ríe y es buena onda, resultado de una cuidadosa e inteligente estrategia de la consultora preferida del régimen asociada con Mario Delgado, el líder de Morena, es falsa. El ruido provocado por las fallas técnicas en el debate y la actuación de la candidata opositora por debajo de las expectativas, sirvieron para esconder que en realidad no es una dama de hielo, sino que tiene una mecha muy corta, quizás más que la del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se mide en milímetros.
Sheinbaum no es lo que se ve. Gálvez le dijo a manera de descalificación que no tenía el carisma de López Obrador, lo que quedó en la superficie y la banalidad. Pero el rey y la delfín ciertamente no son lo mismo. López Obrador, aunque terco, es pragmático. Pese a estar altamente ideologizado, aunque sin tener el equipaje de un hombre de izquierda, no es dogmático como Sheinbaum, quien sí tiene una formación de izquierda. López Obrador maltrata a sus cercanos, incluso con obscenidades, y con los demás utiliza a terceros para que sean ellos quienes se desgasten. Sheinbaum explota fácilmente cuando le dicen cosas contrarias a su pensamiento, y no se detiene para gritar, humillar o insultar. Muy pocos, quienes han caminado con ella por décadas desde sus tiempos universitarios, se atreven a frenar su avasallamiento.
La candidata de López Obrador, que ha sido excepcionalmente bien entrenada, y ella excepcionalmente metódica, fue sacudida por Gálvez en el debate, y en su parte final empezó a responder sus ataques con menciones crecientemente agresivas, hasta llegar a llamarla “mentirosa”. Sheinbaum, que como estrategia no abre espacios para que debatan con ella –¿por qué lo haría si las encuestas publicadas le dan una amplia ventaja sobre Gálvez?–, estaba dispuesta a entrar a la lucha de lodo que planteaba su rival, que la estaba descuadrando. No funcionó al final porque la candidata de la oposición no pudo terminar de arrinconarla y llevarla al terreno que estaba planteando.
Hubo momentos en que se exasperó y sacó su talante despótico. Quizás el mejor momento para ilustrarlo fue cuando Manuel López San Martín, uno de los moderadores, le dijo sobre la base de lo que habían acordado los equipos de campaña y el INE, que hablarían de grupos vulnerables, a lo que Sheinbaum le respondió que ya habían hablado “suficiente” de mujeres –lo que era falso–, y procedió a promover los programas sociales del gobierno. La candidata decidió parar en seco al moderador y cambiar no solo el orden que llevaba sino el del debate en general de una forma impositiva, saliéndose con la suya. En otro episodio cuando Gálvez la estaba atajando, Sheinbaum dijo que no respondería y que dejaría que lo hiciera Jorge Álvarez Máynez, el candidato de Movimiento Ciudadano, que confirmó en el debate el papel de esquirol que el líder del partido Dante Delgado, acordó con López Obrador.
La manipulación de temas y personas emergió prístinamente, aunque fuera en pinceladas fugaces, pero pasaron largamente de largo en el debate ante audiencias que estaban atentas a otras cosas o cuyas expectativas y esperanzas se ubicaban en variables distintas. Es lo mismo que se ha ido dando en sus encuentros con grupos empresariales o mensajes a través de terceros a capitanes de la industria que con ella las cosas van a ser diferentes en forma y fondo a como lo han vivido en el gobierno de López Obrador.
Pero, ¿por qué sería así? Un argumento persuasivo, con una experiencia transmitida por quienes estuvieron cerca del poder, es que cuando se cruzan la banda presidencial en el pecho es juego nuevo, que es lo que muchos piensan que hará Sheinbaum en caso de ganar la elección y tome distancia de López Obrador. La debilidad del argumento es que esa reflexión parte de las vivencias de políticos cuya hechura es muy diferente a la de López Obrador, su grupo compacto y la legión de incondicionales.
Es obvio que López Obrador no es un político convencional. Se asemeja a los ayatolas de Irán, donde la política está supeditada a creencias y lineamientos dogmáticos. El movimiento lópezobradorista, como apuntan dos observadores agudos, es una grey religiosa que funciona como secta. Desde hace casi un cuarto de siglo Sheinbaum es parte de esa secta, cuya lealtad y obediencia va más allá de las pugnas internas entre sus integrantes. No está hecha con el mismo material de quien actuó contra Plutarco Elías Calles, ni quien envió a las Islas Fiji a su amigo, o el que detuvo al hermano del presidente.
Pero como en cualquier actividad donde el factor humano es agente de cambio, puede haber alteraciones en la conducta política por necesidades coyunturales. Eso, en caso de ganar la Presidencia, no eliminará el temperamento caliente de “la Dama de Hielo”, ni su autoritarismo o dogmatismo. El debate permitió atisbar un eventual futuro de México con Sheinbaum, que continuaría el sueño de López Obrador con formas y fondo imposibles de predecir, pero con características en su personalidad que permiten conjeturar escenarios de la relación que podría tener con sus gobernados la Dulce Polly de la política mexicana.

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Xóchitl Gálvez encontró en la paja en el ojo ajeno la salida fácil a su mala gestión durante el primer debate presidencial. Ayer acusó en la Universidad Iberoamericana que el formato del debate que diseñó el Instituto Nacional Electoral fue un “desastre” y que cambiaron las reglas acordadas, incluidas preguntas que no tenían previstas. Su queja es compartida por sus adversarios, que también sufrieron por los problemas de comunicación entre los consejeros o decisiones unilaterales que alteraron los acuerdos alcanzados entre ellos y los equipos de campaña.
Pero la evidente incompetencia de los consejeros electorales, no en la arquitectura del debate que es similar al que realizó con éxito el Instituto Electoral de la Ciudad de México a mediados de marzo por la jefatura de Gobierno, sino en su ejecución final, no justifica el tropiezo de Gálvez. Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez padecieron de lo mismo, pero la percepción sobre cómo transitaron es completamente contraria a la de Gálvez.
Los debates no dan ganadores a menos que haya un candidato que arrase claramente a sus oponentes, como sucedió con Diego Fernández de Cevallos en 1994 cuando se enfrentó a Ernesto Zedillo y Cuauhtémoc Cárdenas, o haya un error notable, como pasó con Francisco Labastida en el debate contra Vicente Fox y Cuauhtémoc Cárdenas en 2000. Un importante número de columnistas y analistas en la prensa política dieron como ganadora a Sheinbaum, pero es altamente subjetivo porque no hay valores asignados para determinar la victoria en un debate, como serían los puntos en una pelea de box. Como explica Luis Estrada, director de SPIN Taller de Comunicación Política, gana de quien se esperaba menos, y pierde quien estuvo por debajo de las expectativas.
A nadie puede responsabilizar de su mala noche salvo a ella misma, porque tuvo entrenamiento y realizó varios ensayos, donde algunos de quienes la vieron tenían dudas que fuera a estar a la altura de las circunstancias. Mencionaban su pasividad, a diferencia de otros candidatos que vieron practicar en el pasado, que se enfurecían porque las cosas no salían como lo deseaban y forzaban a su equipo aspirando a la perfección.
Gálvez llevaba material para intentar un nocaut y hacer caer a Sheinbaum, pero no fue capaz de golpearla con fuerza. Tenía algunos materiales con potencial, como un oficio que mostró que le daba elementos legales a Sheinbaum, cuando era delegada en Tlalpan, para cerrar el Colegio Rébsamen un año antes de que colapsara y murieran 26 menores y adultos, o los documentos de peritos internacionales que mencionaban que el accidente en la Línea 12 del Metro que produjo la muerte de 26 personas cuando era jefa de Gobierno capitalina, era consecuencia de la falta de mantenimiento.
La candidata de la oposición, que no parece haberse dado cuenta de lo que sucedió el domingo por culpa de ella, dijo que cuando mencionó esos dos temas Sheinbaum ni siquiera la volteó a ver, por lo que reiteró su señalamiento de que es una mujer fría y sin corazón. ¿Qué piensa Gálvez? Era obvio que Sheinbaum iba a esquivar esos temas e ignorarlos, por lo delicado y explosivos que son. La candidata y sus asesores prefirieron llevar los temas por separado, sin alcanzar a comprender que los debates presidenciales son puestas a escena, donde el drama produce imágenes que se quedan en la memoria de quienes lo vieron, o se pueden traducir en spots para masificar el mensaje. ¿Cómo hubiera sido si su primera intervención hubiera arrancado con algo que identificara a Sheinbaum como la primera candidata presidencial que llega a un debate con las manos manchadas de sangre de 52 personas?
No inyectó drama en su litigio con Sheinbaum donde, como ha sido en su campaña, fue muy dispersa. A la tragedia del Rébsamen y la Línea 12, le pudo haber sumado las más de 280 mil personas que murieron por la mala gestión del gobierno de la pandemia de la Covid-19, que mencionó de manera aislada, y la aplicación de Ivermectina para curarlos, pese a ser una medicina no aprobada y que su propio fabricante, Merck, había recomendado no usarla como tratamiento para el coronavirus.
Esa misma disgregación de temas restó fuerza a otros como el de la corrupción, que también manejó de manera aislada, pudiendo haber conectado el fenómeno a los temas de salud, del ecocidio ambiental con el Tren Maya y las presuntas relaciones de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador con corrupción, muerte y continuidad.
Gálvez llevaba un buen arsenal bajo el brazo, pero sus disparos fueron de escopeta y no alcanzaron a dañar a Sheinbaum ni sacarla de su zona de confort, o provocarla en busca de un error de la candidata oficialista. Al fallar en el golpe seco, también dejó sin terminar el camino para que las imputaciones y los documentos tuvieran vida después del debate, como se comprobó ayer cuando prácticamente desparecieron de la arena pública. Pudo haber perdido en el debate porque no noqueó, pero haberlo ganado en el post-debate, que tampoco sucedió.
La candidata de la oposición no termina de convencer a un importante segmento de la población que tampoco quiere a Sheinbaum para que vote por ella, y en el debate nunca mencionó por qué sería importante que optaran por ella. Gálvez no fue incisiva, incluso cuando Sheinbaum prometió que hablaría de la Ivermectina que nunca hizo, y tampoco se lo recordó su opositora. No la retó a que, como ella admitió que haría, tome el polígrafo para los temas que planteó sobre corrupción, opacidad y responsabilidad en las muertes.
La dejó ir con rasguños que nunca llegaron a heridas, con lo que al no ver a Sheinbaum en la lona, muchos consideraron que había ganado. Las percepciones son muy importantes y la valoración cualitativa que le asignaron a Gálvez tras el primer debate va a seguir abonando en la inevitabilidad de su derrota. Se le acaba el tiempo. En menos de tres semanas será el segundo debate, y si no cambia la percepción reinante en este momento, el naufragio será real.

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Romper relaciones con Ecuador fue una acción totalmente justificada al ser resultado de una violación de ese gobierno al territorio mexicano, como lo es la Embajada de México en Quito, contraviniendo la Convención de Viena, que establece que las sedes diplomáticas son inviolables, y la Convención de Caracas sobre el derecho de asilo, para detener al ex vicepresidente Jorge Glas, que se refugió en la misión azteca después de haber sido acusado penalmente por la justicia de su país. Es cierto que la crisis diplomática nació de una intromisión de López Obrador en los asuntos internos de Ecuador, al irresponsablemente utilizar un evento internacional para referirse sutilmente a temas domésticos relacionados con la elección presidencial en este país.
El conflicto no responde principalmente a la irrefrenable ira del presidente Andrés Manuel López Obrador por la derrota de Luisa González, la candidata del ex presidente Rafael Correa en las elecciones presidenciales del año pasado, quien vive en el exilio para evitar ser llevado a la justicia por los presuntos delitos de corrupción en el caso local de Odebrecht, y a quien le creó un santuario para que desde México operara políticamente durante el proceso que vivió su país. El fondo es más profundo.
López Obrador metió en la mañanera del miércoles pasado la referencia al proceso electoral en aquella nación suramericana, aparentemente sin contexto ni justificación. Como contexto, criticaba como todos los días a los medios de comunicación, y se quejaba una vez más de la etiqueta en redes sociales de “narcopresidente”, y de los publicistas que “impulsan la automatización de mentiras” que hacen campañas “extrañas” cuando, como suele suceder en su aparente dispersión, incorporó a Ecuador de la nada:
“Hoy hablaba de que de manera muy extraña… hubo elecciones en Ecuador, iba la candidata de las fuerzas como 10 puntos arriba”, dijo con su forma desparpajada y sin ideas concluyentes. “Como tres, cuatro, cinco candidatos más… Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba es asesinado y la candidata que iba arriba se cae y el candidato que iba en segundo sube. Pero la candidata que queda después de este asesinato como sospechosa sigue haciendo campaña en circunstancias, considero, muy difíciles, porque imagínense a todos los medios. Pero ella sigue y sigue.
“¿Y qué implementaron en la segunda etapa? El crear un ambiente enrarecido de violencia, al grado que los candidatos –y esto lo difunden todos los medios– con chalecos a los debates. Pero todo está armado. Pues no ganó la candidata y lo más lamentable es que continúa la violencia que utilizaron nada más el momento. Y esto lo estoy exponiendo para que los dueños de los medios y los que participan en todas estas campañas asuman su responsabilidad, porque todos somos responsables y todos estamos obligados a actuar con integridad, con principios”.
Las referencias de López Obrador fueron al asesinato de Fernando Villavicencio el 9 de agosto durante la campaña electoral, durante la que había denunciado que los cárteles mexicanos asediaban a Ecuador, y había exigido al presidente mexicano que encarara el problema de las organizaciones criminales del Pacífico y Jalisco Nueva Generación, señalando que una “gran parte de la clase política (había) sido financiada por el narcotráfico”. La muerte de Villavicencio no alteró el resultado de la primera vuelta, donde González –que tampoco fue acusada del crimen– obtuvo el 33.49% del voto sobre Daniel Noboa, que tuvo 23.47%. En la segunda vuelta Noboa ganó con el 52% del voto, cuatro más que González. Sin embargo, este resultado no obedece a la lógica de López Obrador.
Las segundas vueltas en elecciones presidenciales suelen darle la victoria al segundo lugar de la primera porque los contendientes perdedores se suman a esa fórmula, que es lo que sucedió con Noboa. López Obrador narró de manera tramposa el desarrollo del proceso para afirmar que González fue víctima del clima enrarecido por el asesinato y de la difusión mediática de los candidatos con chalecos antibalas –la correista también los utilizaba–, para rematar con la insinuación que el asesinato fue utilizado políticamente para derrotarla.
López Obrador habló de Ecuador pensando en México, victimizándose otra vez. La etiqueta “narcopresidente” no puede sacudírsela de su mente ni limpiar su imagen, y retomó la mentira de su propagandista Epigmenio Ibarra de que las acciones del crimen organizado son financiadas por sus opositores. Es un absurdo. La violencia de los cárteles obedece a que López Obrador les regaló el país al no combatirlos y tratarlos con respeto, en los dichos y en los hechos. Y sugerir que la derrota de González fue consecuencia de una campaña de violencia y miedo de sus opositores, tiene como destinatario final las audiencias mexicanas.
Se está viviendo el proceso electoral más violento en la historia moderna de México, señaló el último informe de la consultora Integralia, y es lo que está tratando de ocultar López Obrador al responsabilizar a terceros. No quiere que los medios hablen de la violencia –de ahí la referencia a la prensa ecuatoriana– porque el fenómeno de la inseguridad es el principal tema de campaña de la opositora Xóchitl Gálvez. Aunque la violencia inhibe el voto, lo cual ayuda al partido en el poder, la creciente presencia del crimen organizado en las campañas para ayudar a los candidatos de Morena, como sucedió en 2021, deslegitima el proceso. Lo mejor para él no es impedir que se expanda la violencia, sino que los medios la enmudezcan.
López Obrador quiere silenciar a los medios, y sin importarle que sigan muriendo a balazos en el país, no quiere que se hable de candidatos asesinados porque afecta su imagen. Su necesidad de que la realidad sea oscurecida y que sus presiones fructifiquen es tan grande y urgente que colocó como divisa de cambio la relación con Ecuador –aunque quizás no calculó la respuesta de Quito–, para mandar un mensaje a México. Hoy, sin embargo, tiene dos problemas a resolver: Ecuador, que lo puede patear hacia delante, y la violencia en México, que bajo su mando está en niveles nunca antes vistos en tiempos de paz.

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Hugo López-Gatell llegó a pensar en algún momento que podía ser candidato a la Presidencia allá en los primeros meses de la pandemia del coronavirus. Su equipo lo veía como una estrella fulgurante por la articulación de sus palabras y la forma didáctica como explicaba la enfermedad de la Covid-19. Cautivaba y atrapaba corazones de mujeres que suspiraban al verlo en las portadas de las revistas. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo había hecho zar del coronavirus y la exposición pública lo volvía loco.
Nadie se acordaba que el presidente Felipe Calderón lo había destituido en cuestión de días por el desastre de su estrategia para contener el virus A1H1, porque administraba la ignorancia en Palacio Nacional con su conocimiento científico sobre epidemias, que cubrieron su incompetencia para contener una pandemia. López-Gatell había demostrado que era un bombero que sabía bajar gatos de los árboles, pero no contener un incendio en el bosque. El engaño duró meses, pero para marzo de 2021, su estrella estaba abollada y venía en picada.
López-Gatell, que desde la Facultad de Medicina en la UNAM se había distinguido más por ser grillo, ya había dilapidado su capital profesional por la zalamería con el presidente, de quien dijo la estupidez de que su fuerza moral lo defendía de la Covid, y como enemigo de los cubrebocas que además saboteó la compra de vacunas Pfizer. En abril de 2021, cuando la Organización Mundial de la Salud afirmó que en México se habrían podido evitar casi 200 mil muertes por la pandemia, el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas le propuso al presidente sacarlo de las conferencias, con los datos de las encuestas sobre el desplome de su popularidad y el impacto que había tenido el informe en las redes sociales y su frivolidad.
En ese entonces, los datos eran preliminares, pero al término de la emergencia sanitaria hubo 805 mil muertes por encima de las curvas endémicas, de las cuales 501 mil 835 fueron certificadas directamente a la Covid-19 y el resto asociadas a la enfermedad. El exceso de mortalidad sirvió como contexto para una serie de demandas en 2022 presentadas por el abogado Javier Coello Trejo por “falta de deber de cuidado, negligencia y falsos informes dados a la población”, que sepultó la Fiscalía General hasta mayo del año pasado, cuando un juez federal le ordenó retomar la investigación contra el todavía entonces subsecretario de Salud.
López-Gatell comenzó a buscar un salvavidas y a buscar fuero. López Obrador no lo había destituido porque, como sucede con muchos otros casos, pensaba que hacerlo sería reconocer que se había equivocado y podía dañar su imagen, y pese a que llevaba meses de no tomarle llamadas ni darle citas, dejó que intentara buscar un cargo de elección popular. No lo consiguió. El presidente, que empezó a recibir informes de la Fiscalía General sobre una compra inexplicable de una casa en los años de la pandemia, no lo palomeó.
Hace unos 10 días lo nombró el presidente coordinador general de Política y Gobierno, un puesto que es donde colocó a dos personas que había mandado al basurero político, César Yáñez, quien tras acompañarlo por más de dos décadas, fue maltratado por el presidente que, sin reconocerle mérito, la difusión en una revista del corazón de su boda, fue suficiente para mandarlo al ostracismo, y Rabindranath Salazar, un impresionantemente incompetente funcionario que donde lo nombraban fracasaba.
Lo que no hizo el presidente, fue darle fuero.
En enero de 2022 se planteó en este espacio, a partir del largo conocimiento de personas que trataron a López-Gatell, la incertidumbre que podría tener sobre su futuro luego de haber sido soberbio con sus mentores e ignorado sus observaciones sobre el manejo de la pandemia del coronavirus por escoger el camino de la política por encima del de la ciencia, ante el canto de las sirenas en Palacio Nacional. Dos años después, arrumbado en una oficina en la Presidencia, apestado por muchos, un nuevo torrente se le viene encima.
Se trata del primer informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de Covid 19 en México, que será dado a conocer a finales de mes, que estima que el 36.62 por ciento de las muertes por la enfermedad se pudieron haber evitado de no haberse dado de fallas en la gestión de la pandemia y la ausencia de un liderazgo, que llevó a un uso engañoso de los datos que provocaron toma de decisiones inoportunas, como la inacción por minimizar la crisis, una evaluación inadecuada de los riesgos, desapego a los protocolos y negación de evidencias científicas, y por la falta de coordinación institucional. Por estas razones, concluye la Comisión, murieron 224 mil 244 personas innecesariamente.
La gestión de López-Gatell, a quien no mencionan por nombre, dejó a 215 mil niños en la orfandad, que de acuerdo con la Comisión, llevó a México al primer lugar en la tasa de menores huérfanos a causa de Covid. Ningún país en todo el Continente Americano tuvo un mayor número de pérdidas de vida (cuatro mil 500) en el sector de trabajadoras y trabajadores de la salud, y colocaron a este país en el cuarto en el mundo en porcentaje de muertes en exceso, detrás de Perú, Bolivia y Ecuador, que lo superan en términos proporcionales.
América Latina, que comprende el 8 por ciento de la población mundial, tuvo más de un tercio de las muertes totales por la pandemia, y México, con el 1.6 por ciento de la población global, tuvo 4.1 por ciento de exceso de muertes. La entidad que más resultó afectada por la mala gestión fue la Ciudad de México, donde se registró el 67 por ciento del exceso de mortalidad.
El manejo de la pandemia en México fue una “catástrofe”, dijo Jaime Sepúlveda, que coordinó el reporte y es uno de los mentores que se alejaron y criticaron a López-Gatell, responsable directo de una política ideologizada que produjo decenas de miles de muertos y que redujo 4.5 años la esperanza de vida de los mexicanos. Pero la justicia caerá tarde o temprano sobre este personaje, políticamente y en los tribunales.

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El asesinato de la candidata de Morena al gobierno de Celaya, Gisela Gaytán, le cayó como anillo al dedo al presidente Andrés Manuel López Obrador, por haberse cometido en Guanajuato, que gobierna el PAN. López Obrador continuó este miércoles con sus ataques al gobernador Diego Sinhue Rodríguez, respaldado por su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, la dirigencia de Morena y el aparato de propaganda del gobierno para enfocarse en este nuevo crimen y responsabilizarlo de la ejecución, para partidizar el homicidio y distraer a la opinión pública.
El asesinato es condenable, como censurable su uso político. Pero para entender la estrategia del presidente y sus adláteres hay que separarse del crimen, desde el punto de vista de la pérdida de una vida, y revisar fríamente los datos de violencia política en el actual proceso electoral, que de acuerdo con el segundo reporte sobre este tema, la consultora Integralia, afirma que “el proceso electoral 2023-24 ya es el más violento de la historia moderna de México”.
Guanajuato no se encuentra entre las entidades más violentas en el periodo, donde sí están, a la cabeza, Guerrero, Michoacán y Morelos. Esto lleva automáticamente al segundo objetivo del presidente: que las miradas vean hacia donde él quiere. Si tiene éxito, ¿qué es lo que por no verse dejará de discutirse?
1.- Que las entidades más violentas del país están gobernadas por Morena y sus parásitos, Guerrero por Evelyn Salgado, Michoacán por Alfredo Ramírez Bedolla, y Morelos por su protegido Cuauhtémoc Blanco. Salgado es hija del senador Félix Salgado Macedonio, el poder real en el estado, bajo cuya gestión como alcalde de Acapulco hace casi 20 años, se abrió la puerta a todos los cárteles de las drogas que la tocaron y pudrió a Guerrero. Ramírez Bedolla tiene vínculos con el crimen organizado a través de un tío y un primo, que están bajo proceso en Florida por sus presuntas relaciones con Cárteles Unidos, que controlan parte del territorio michoacano. Blanco ha sido vinculado a criminales y hasta fotografías se ha tomado con algunos de ellos.
2.- El naufragio de Salgado y el gobierno federal en torno al secuestro y asesinato de la menor Camila en Taxco, y el linchamiento de una de las presuntas responsables. López Obrador dijo que las autoridades municipales quedaron rebasadas, aunque no mencionó que cuando el alcalde buscó a la gobernadora por apoyo, ni ella ni nadie en su gobierno tomaron la llamada, por lo cual podrían son responsables por omisión. El presidente justificó el linchamiento porque surgió “de repente”, pero mintió, porque la cronología de la Secretaría de Seguridad federal, narra como el linchamiento se dio por la lentitud en la acción de las autoridades a más de 12 horas que sucediera, mientras se acumulaba frustración e impotencia por no actuar contra los responsables. López Obrador dijo que la Guardia Nacional no llegó a tiempo para impedirlo, aunque en realidad estaban en Taxco, pero huyeron del lugar del crimen.
3.- La incompetencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, autor de algunas de las frases más célebres, por insensatas, en estos tiempos de violencia, como cuando tras el secuestro de decenas de personas recientemente en Culiacán, aseguró que “son cosas que pasan”. En la comparación con Rodrí-guez, de quien dijo López Obrador que “gobierna pero no manda”, Rocha Moya queda al descubierto. Iván Archibaldo Guzmán, líder de Los Chapitos, ha dado instrucciones a través de narco mantas de que nadie debe producir ni distribiuir el fentanilo, y ha informado que su grupo realizó acciones punitivas contra delincuentes del fuero común, afirmación que el gobernador confirmó. López Obrador no aportó ninguna prueba de quién distinto al gobernador manda en Guanajuato, pero en el caso de Sinaloa, sí se sabe quiénes lo hacen: los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.
4.- El control territorial de los cárteles de las drogas y la sustitución del Estado, cobrando impuestos, vendiendo seguridad en comercios y casas-habitación, controlando los precios de los alimentos en los mercados y de la industria de la construcción en destinos de descanso y turísticos, adueñándose de las autopistas y carreteras durante las noches, y ordenando la vida en la Tierra Caliente de Guerrero y Michoacán, en la Sierra de Durango, en la Tarahumara, en la costa del Pacífico, de Puerto Vallarta a Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, en la frontera de Chiapas con Guatemala, en la frontera tamaulipeca con Texas, en Zacatecas, en zonas en la alcaldía de Iztapalapa y varias colonias trendy de la Ciudad de México.
5.- Las acusaciones de corrupción de la candidata de Morena al gobierno de Veracruz, Rocío Nahle, que prendieron en la opinión pública y la publicada tras la exhibición de facturas y documentos que difundió el empresario veracruzano Arturo Castagné Couturier en la plataforma X de dos predios de ocho millones de pesos aquiridos en los últimos14 meses. Tras estas revelaciones, el candidato opositor, José Yunes, presentó una denuncia en la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción por los probables delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, donde afirma que Nahle incrementó “de manera inexplicable” su patrimonio, y junto con su esposo y su sobrina compró inmuebles con un valor superior a los 60 millones de pesos.
6.- La crisis financiera de Pemex, que es la verdadera bomba que tienen este y el próximo gobierno, con problemas de pago a sus acreedores, una caída importante en la producción que obligó a recortar sus exportaciones en 46 por ciento, con lo cual dejarán de ingresar al país casi mil millones de dólares mensuales, con el propósito de privilegiar la refinación de gasolinas en Dos Bocas, que aún no produce un solo barril de gasolina, pero que apesta por la forma irregular como Nahle supervisó la construcción.
López Obrador genera distractores para lastimar a la oposición, restarle votos y allanar el camino de Sheinbaum a la Presidencia para evitar que estos, o las revelaciones sobre la presunta corrupción de sus hijos, se conviertan en carpetas de investigación el próximo sexenio y lo persigan transexenalmente.

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Antes de dispararle al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que era una “buena persona”. Muletillas consabidas, como cuando dice “con todo respeto”, López Obrador lo calificó de incompetente. “Como que el gobernador gobierna, pero no manda, para decirlo claro”, señaló el presidente, que hablaba en el contexto del asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán, en el primer mitin de su campaña.
Desde 2017 Guanajuato ha estado envuelto en una guerra entre dos organizaciones criminales que pelean por el control del robo de combustible, que ha llegado a tener mayor valor que la cocaína. El principal es el Cártel de Santa Rosa de Lima, que nació en Villagrán, un municipio que colinda con Celaya y Salamanca, donde se encuentra una refinería de Pemex, que si bien no es la que más produce, es la mejor conectada con las zonas industriales del país. Su adversario es el Cártel Jalisco Nueva Generación, cuya guerra, hasta 2018, último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, había causado tres mil 517 homicidios dolosos.
La llegada del gobierno de López Obrador estuvo llena de utopías y mentiras. El primer secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, prometió que en los primeros seis meses de la nueva administración, estaría contenida la violencia y bajarían los homicidios dolosos. Su primer reto, como parte de una guerra contra el huachicol que inició el gobierno en diciembre de 2018 para cubrir los errores en el abasto de combustible que causó una crisis, fue combatir el robo de combustible en Guanajuato, gobernado por el PAN. La captura del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, había ofrecido Durazo, sería el punto de inflexión de la violencia en el estado.
No fue así. Las fuerzas federales detuvieron al jefe de esa organización, José Antonio Yépez, El Marro, el 2 de agosto de 2020, pero el robo de cumbustible, que en 2019 había incrementado la cifra de homicidios dolosos en 500 con respecto a 2018, se disparó a cinco mil 370, algo natural por el descontrol tras la captura mientras se reorganizaban los liderazgos. De acuerdo con la consultora TResearch, los homicidios dolosos subieron a cuatro mil 333 en 2021 y cuatro mil 329 en 2022, pero bajaron el año pasado a tres mil 132, la menor cifra del sexenio de Rodríguez.
Aunque en el acumulado sexenal Guanajuato sigue siendo la entidad con el mayor número de homicidios dolosos, TResearch, que publica sus números a partir de la información del Inegi y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es la cuarta entidad que más ha disminuido ese tipo de delito en 2023 y 2024 (menos 16 por ciento), sólo superada por Sonora, Baja California y Aguascalientes.
No sorprende que el presidente, pese a los indicadores, haya aprovechado el asesinato de la candidata a alcalde en Celaya para enfilar sus baterías en el gobernador panista y dispararle. Fue, como se queja López Obrador de otros, un acto de “politiquería” en tiempos electorales.
El doble rasero del presidente es impresionante. Nueve de las 14 entidades donde han subido los homicidios dolosos en 2023 y lo que va de este año, están gobernadas por Morena: Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Guerrero, Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca, Sinaloa y Puebla. Dos más, Chiapas y Morelos, son gobernadas por el Partido Verde y Encuentro Social, que son rémoras de Morena, y otro más, Nuevo León, que está gobernado por Movimiento Ciudadano, cuyo liderazgo está al servicio de Palacio Nacional y la Fiscalía General de la República. De las restantes, Chihuahua está gobernado por el PAN, y Jalisco por la facción no oficialista de Movimiento Ciudadano.
Guanajuato está lejos de ellas en resultados contra la violencia, pero solo a su gobernador se ha referido López Obrador como un incapaz. Con el asesinato de Gaytán, suman dos homicidios políticos desde diciembre pasado, el mismo número que registran Veracruz y el estado de México.
Rodríguez no tiene los resultados de Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, un estado que lleva cuatro asesinatos políticos en el periodo, a quien López Obrador ha defendido con toda su fuerza pese al desastre en el estado, Rutilio Escandón, el gobernador de Chiapas, donde se han dado tres homicidios de aspirantes a cargos de elección popular, o Alfredo Ramírez Bedolla, en cuyo estado, Michoacán, han matado a tres políticos.
En los estados con el mayor número de asesinatos políticos hasta ahora, Guerrero, Michoacán y Chiapas, prevalece la violencia, la ingobernabilidad y sobresale la incapacidad de sus gobernantes. Pero los tres están blindados por López Obrador, que a todos los morenistas y satélites los considera buenos gobernadores, que están haciendo bien su trabajo y que los ataques en su contra se dan en el contexto de la contienda electoral.
Ciertamente, en estos tiempos políticos que vivimos, este doble rasero esta sazonado con cinismo e indecencia.

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Andrés Manuel López Obrador sabe desde hace mucho tiempo el poder del dinero sobre la voluntad de los que menos tienen. Lo hizo franciscanamente y sin interés cuando llevaba recursos a las comunidades indígenas a finales de los 70’s, y de manera interesada cuando fue jefe de Gobierno en la Ciudad de México en el primer lustro de este siglo, donde solía sacar dinero en efectivo de su escritorio y salir por las puertas laterales del Ayuntamiento para repartirlo en las calles aledañas. Lo que empezó con convicción, fue evolucionando a estrategia política en la medida que fue subiendo la escalera política hasta que llegó a la Presidencia y llevó la entrega directa de dinero a niveles extraordinarios.
La ruta que siguió consistentemente a lo largo del sexenio tiene en el umbral de la Presidencia a su candidata Claudia Sheinbaum, a quien le ha dado instrucciones claras para que continúe el proyecto que llama de la Cuarta Transformación. Sheinbaum, que hasta ahora obedece a su mentor y jefe político sin mostrar prácticamente ninguna idea propia en su campaña, supera cómodamente a su adversaria Xóchitl Gálvez en dos encuestas publicadas este lunes, al término del primer tercio de la campaña presidencial. El Financiero ubica a Sheinbaum con una ventaja de 17 puntos, mientras que el tracking de la consultora Áltica la tiene 12 puntos arriba.
El poder del dinero se puede apreciar con toda claridad en la encuesta telefónica de El Financiero, que incorporó dos preguntas sobre los programas sociales. A la pregunta sobre si el entrevistado conoce alguien que haya recibido un programa social, la respuesta fue que el 53 por ciento –ya sea la persona misma, un familiar o un conocido– sí ha recibido beneficios de los programas sociales del gobierno; o sea, 47 por ciento, menos de la mitad de los 130 millones de mexicanos, no han recibido ninguno. Traducido a la urna, la pregunta de por quién votaría si hoy fuera la elección, Sheinbaum se llevaría el 64 por ciento de apoyo de quienes han sido beneficiarios de los programas y el 36 por ciento de quienes no los han tenido, mientras que Gálvez recibiría el respaldo del 47 por ciento de quienes no han sido beneficiarios, y solo el 21 por ciento de los beneficiarios.
López Obrador ha secado al gobierno federal y le ha reducido significativamente los recursos, que ha volcado, empero, a programas sociales y a la construcción de sus megaobras emblemáticas. En los pre-criterios del presupuesto que envió el Viernes Santo la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados se aprecia la prioridad del gasto concentrado en el desarrollo social, para el que plantea 4 billones 384 mil millones de pesos, que representa casi el 67 por ciento del gasto programable total, que es el que provee bienes y servicios a la población. El incremento con respecto al presupuesto anterior es de 727 mil millones de pesos, que significa el 12.8 por ciento del PIB.
La dispersión masiva de recursos, junto con la narrativa permanente de López Obrador, es un arma electoral muy poderosa. No es algo nuevo, pero el presidente la ha llevado a niveles superiores. En enero del año pasado se abrió de capa en la mañanera y definió sus programas sociales como una estrategia política pues “ayudando a los pobres uno va a la segura, porque ya sabe que cuando se necesite defender, en este caso la Transformación, se cuenta con el apoyo de ellos, no así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad”.
El diseño de programas sociales para los pobres tampoco es inédito. Lo que sí cambió es que desde los albores del sexenio modificó la forma de entrega de recursos, donde no se hablaba que los daba el gobierno, sino lo personalizaban en López Obrador. Adicionalmente los eliminó como recursos preetiquetados para un programa en particular, toleró que utilizaran el dinero para lo que quisieran, educación o cervezas, salud o compra de bienes materiales. Con esta táctica, los programas sociales quedaron estampados con la cara del presidente, y el agradecimiento no ha sido para el gobierno, sino para López Obrador, como si fuera una dádiva de él, y no financiados con impuestos.
Las trampas de López Obrador son parte del juego político, como lo fue mentir que Gálvez había votado contra los programas sociales, y en fechas recientes insistir falsamente que el PAN y el PRI, los principales partidos de la coalición opositora, los rechazan y, por tanto, son enemigos de los pobres. La narrativa, ante los embates del presidente para sepultar a la oposicion, obligó a Gálvez a defenderse y defender los programas sociales, mientras Sheinbaum solo ha tenido que repetir los dichos de su jefe político.
Una vez más, López Obrador ha tenido éxito. El 15 por ciento de los encuestados por El Financiero dijeron que lo que más recuerdan de las propuestas de las candidatas es el apoyo a mujeres, pobres, jóvenes y adultos mayores, en el contexto de los programas sociales. Esta propuesta supera por tres puntos al tema de la seguridad, que aparece siempre como el principal problema en el país, y rebasa por 12 puntos al tercer tema que más recuerdan, el aumento salarial y la falta de agua.
López Obrador siguió aumentando este año el monto para algunos programas, como el de adultos mayores, al tiempo de adelantar sus entregas para que pudieran tener los beneficiarios el dinero en sus bolsillos antes de la elección del 2 de junio. La oposición lo ha criticado desde hace meses y ha denunciado que está comprando el voto. Incluso Gálvez ha repetido que Morena está usando los programas sociales para coaccionar el voto.
No ha funcionado porque López Obrador logró separar la inducción del voto al enmarcarlo en programas sociales cuya legitimidad respalda su viejo mantra de “primero los pobres”. Las encuestas no reflejan que el pueblo “sabio” y “altamente politizado” del que habla López Obrador, se haya percatado de lo que ha hecho con millones. Y no lo sabremos hasta la elección presidencial.

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