El gobierno ha tomado la decisión de no detener de manera provisional, mientras se analiza su extradición o no a Estados Unidos, al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Los señuelos de que no tiene fuero y podría ser llamado a declarar, fueron alimento para las sobremesas. Rocha Moya es un asunto de Estado. El régimen en su totalidad lo respalda, lo exonera –pese a contar con pruebas documentales de sus actos ilegales– y, para que no quede duda, la Guardia Nacional lo está cuidando. Protegido. Blindado. Después de todo, es la llave que abre la puerta del oscuro santuario de Andrés Manuel López Obrador.
Vale el exgobernador no por él, sino por lo que sabe: las extrañas desapariciones del expresidente en su compañía para adentrarse en la Sierra Madre Occidental, donde estaba el refugio de Ismael El Mayo Zambada; los arreglos con el exlíder del Cártel de Sinaloa, en nombre de su jefe de Palacio, sobre quiénes serían los candidatos a puestos de elección popular, y en cuáles municipios; las razones por las que López Obrador ordenó la liberación de Ovidio Guzmán cuando lo detuvieron; los 150 millones de pesos en efectivo que aportó a la campaña presidencial de 2024. El exgobernador tiene mucha información y ya amenazó: si me hundo, no me voy solo.
El mensaje llegó a su destinataria en Palacio Nacional, pero la presidenta Claudia Sheinbaum no puede hacer mucho, salvo acuerparlo: es una bomba devastadora para el régimen como para dejarlo en la intemperie. Es tan importante Rocha Moya como uno de los pilares del morenismo –por su vínculo con López Obrador–, que camina hacia un choque de trenes con el presidente Donald Trump por protegerlo. El inicio de esta loca carrera fue la petición de captura con fines de extradición, que fue negada durante días por falta de pruebas, hasta que entendieron de qué se trataba el Tratado de Extradición y movieron su rechazo apoyados en una frase del artículo 11: “en caso de urgencia…”. Es un artilugio.
Como no hay urgencia documentada, es el argumento, que cada quien esté tranquilo o, para que luego no nos digamos sorprendidos, tengan tiempo para esconderse en algún lugar del mundo o, viendo lo inevitable, negocien ser testigos cooperantes de la Fiscalía en la Corte del Distrito Sur de Manhattan, el poderoso tribunal que está lejos de ser una mera oficina del Departamento de Justicia, como describió la presidenta. La negativa mexicana contradice el espíritu del Tratado firmado en 1978 y hace lo mismo con el artículo 119 de nuestra Constitución, que dice que cada Estado se compromete a entregar “sin demora” a los criminales.
Rocha Moya y otros nueve sinaloenses no serán criminales hasta que lo determine un juez, pero esto no podrá hacerse hasta que México respete el Tratado y los detenga por un máximo de 60 días, límite para que la fiscalía estadunidense presente las pruebas y un juez en México determine sus méritos, para que entonces, la Secretaría de Relaciones Exteriores decida si los extradita o no. Esto, hoy, no va a suceder, porque como anticipó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, no existe ningún señalamiento, menos aún denuncia, que Rocha Moya anduviera en malos pasos. Por lo tanto, no abrirán ninguna investigación en su contra. Ni siquiera se tomarán las denuncias públicas y ante la autoridad en 2021 sobre la participación de Los Chapitos en la manipulación de las elecciones en donde Rocha Moya obtuvo la gubernatura, que es el eje de la acusación en Manhattan, porque lo que está en firme es el encubrimiento.
El garantismo tramposo con el que tratan ahora a Rocha Moya contrasta con la borrachera de felicidad bailando sobre la suerte del exsecretario Genaro García Luna en la Corte de Brooklyn, y la forma ilegal y atrabiliaria con la que desterraron a casi un centenar de narcotraficantes, violando el debido proceso –que hoy se quejan hizo Estados Unidos con el exgobernador–, el derecho de amparo –que varios tenían para evitar la extradición–, y el invocado artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, que utilizaron para la expatriación –que no contempla ninguna ley en México.
La respuesta de Estados Unidos va a venir. Podrían denunciar el Tratado (con 60 días de aviso), que es una forma jurídico-diplomática de proceder. Pero también, simultáneamente con la solicitud de detención con fines de extradición, hacer la acusación formal y presentar las pruebas. Estas sí contarían con la máxima secrecía, pero como no hay credibilidad y respeto en un Poder Judicial controlado por el obradorismo, la posibilidad de que aparezcan en la primera plana de los principales diarios estadunidenses, es grande.
No son las únicas opciones que tiene Washington. El Departamento de Justicia tiene prácticamente listas otras acusaciones contra gobernadores y líderes de Morena por vínculos con el crimen organizado. Mandar caza recompensas por narcopolíticos, para disfrazar las operaciones de sus comandos de élite como la extracción de Zambada, es una alternativa de las fuerzas especiales. El acuerdo comercial norteame-ricano es otra pistola sobre la cabeza de la presidenta para lastimar la economía. Un nuevo banco al que tres párrafos de un comunicado del Departamento del Tesoro sepulte, golpearía la certidumbre. Gravar remesas, le da directamente a la gente.
La presidenta insistió en el discurso de la soberanía, pero ella misma la ha entregado cada vez que quiere apaciguar a Trump. Lo hizo con los capos desterrados. Lo hizo aceptando, sobre hechos consumados, el vuelo de aviones espía de la CIA sobre territorio mexicano. No tiene un poder simétrico y las palabras están empezando a escucharse huecas por tantas contradicciones y vaivenes en su gestión presidencial. Las voces del régimen dicen que sí tiene op-ciones, la carta de la migración que actualmente no parece poderosa.
Sheinbaum ha planteado una fuga hacia adelante. Escalar el conflicto le funciona muy bien con el ala dura del obradorismo, pero fuera del régimen va en picada. Javier Tejado lo demostró en su artículo semanal en El Universal, al revelar que la conversación digital sobre Rocha Moya tuvo un alcance de mil 800 millones de personas, con un humor negativo de 75 por ciento, que también arrastró a la presidenta con un idéntico porcentaje negativo.
Es una incógnita hasta cuándo Sheinbaum mantendrá a Rocha como un asunto de Estado, porque antes tiene que resolver, aunque lo niegue, su dilema: ella o su mentor.

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No hay que desviarse: la crisis política que vive el régimen obradorista –gobierno y partido– no es producto de una “campaña” de la derecha internacional, ni de la oposición, ni de los medios de comunicación. Tampoco la acusación en Manhattan contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses, por haber recibido dinero y apoyo del Cártel de Sinaloa para ganar la gubernatura en 2021. Los señalamientos de complicidad de líderes de Morena con el crimen organizado no tienen punto de partida en el gobierno de Claudia Sheinbaum sino en el de Andrés Manuel López Obrador.
Apuntar hacia los sospechosos de siempre no cambia la esencia de la crisis, porque no elimina el problema que tiene el régimen con el gobierno de Donald Trump. Ahí está su fondo, no con figuras secundarias para el tamaño del conflicto que vive Palacio Nacional, donde solo funcionan para victimizarse, ganar tiempo y distraer al público de las implicaciones de la acusación en Estados Unidos: líderes de Morena y del régimen cercanos a López Obrador, cómplices del crimen organizado, ¿y cuántos más podrían encontrarse en la misma situación?
La oposición es inexistente. La mayoría son ratas asustadas porque están amenazados con sus expedientes criminales o porque, carentes de ética, buscan aliarse con lo peor de Morena para acceder al poder. ¿La derecha internacional? Vamos. Como decía López Obrador, al régimen le hace lo que el viento a Juárez. ¿Los medios? No son agentes de cambio y su papel alcanza solo para movilizar a quienes sí lo son: el caso clásico es Watergate, donde el Washington Post no derrocó al presidente Richard Nixon, pero movilizó al Congreso y a la Suprema Corte de Justicia que lo obligaron a renunciar.
La calificación a esos grupos como “traidores a la Patria” es un discurso amenazante, que también refleja miedo al haber sacado de la ecuación a quien realmente los metió en este trance, Estados Unidos. Al mismo tiempo, sirve para esconder acciones y decisiones para apaciguar a Washington. Como botones de muestra:
1.- La presidenta insistió ayer que la operación en Chihuahua de la CIA, violó la Ley de Seguridad Nacional. Es correcto. La violación fue flagrante porque se hizo a espaldas del gobierno federal. Procedía el juicio de procedencia contra la gobernadora Maru Campos, pero no se hizo; la exoneró el gobierno federal. Procedía a cuando menos expulsar al jefe de la oficina de operaciones de la CIA que se encuentra en el Consulado estadunidense en Monterrey, y tampoco se hizo nada. Las operaciones coordinadas continuaron, y la CIA les regaló la captura de Audías Silva Flores, El Jardinero, colocándose el gobierno la medalla.
2.- La presidenta dijo que el embajador Ron Johnson se había entrometido en los asuntos internos de México, lo cual es absolutamente cierto. No se recuerda una injerencia en tiempos de paz de un embajador estadunidense tan grande como la de Johnson. De su discurso en Los Mochis hace 10 días Sheinbaum redujo todo a “declaraciones desafortunadas”. Por mucho menos, el presidente Felipe Calderón pidió el retiro del embajador Carlos Pascual, cuando se revelaron en Wikileaks –de manera ilegal–, cables diplomáticos con el Departa-mento de Estado –memorandos confidenciales–, donde calificaba al Ejército mexicano de “lento” y con “aversión al riesgo”.
3.- La acusación contra Rocha Moya fue recibida con una catarata de discursos nacionalistas y señalamientos de que no había pruebas, tergiversando la petición de captura provisional con fines de extradición. Pero forzaron al gobernador a pedir licencia y que el coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, dijera que el fuero se elimina al dejar la función, sugiriendo que podían detenerlo en cualquier momento. La presidenta no llegó a ese punto, pero fueron pasitos para adelante, como en su mañanera de ayer, donde cambió los acentos incendiarios por tonos menos beligerantes.
La violencia retórica tuvo su expresión catártica en la derecha internacional, la oposición y los medios de comunicación. Pero ¿“traidores de la Patria”? ¿Qué hicieron para merecer la acusación y recibir algunos amenazas de la presidenta? Traidor a la Patria es un señalamiento que se le aplica, objetivamente hablando, al expresidente López Obrador. Con la política de “abrazos, no balazos”, ¿quién traiciona más a la patria: quienes pactan con los criminales o quienes los exhiben?
Estos dos planos no son equivalentes, pero sirven para efectos de argumentación. Tolerar o pactar con organizaciones criminales implica ceder funciones esenciales del Estado: el monopolio de la fuerza, la impartición de justicia, la rectoría sobre la economía, atribuciones fiscales y, sobre todo, la soberanía territorial. En términos técnicos, es una erosión deliberada del Estado de derecho. No fue algo retórico, sino un diseño de poder. “Abrazos, no balazos” se vendió como una estrategia humanista, pero en la práctica derivó en una asimetría operativa. El Estado se replegó en múltiples regiones mientras los grupos criminales expandieron control social, económico y territorial.
Traición a la patria, en su sentido más estricto, implica colaborar con actores que socavan la integridad del Estado. ¿Lo hicieron los sospechosos de siempre? Al contrario. No era ninguno de ellos, sino funcionarios del régimen quienes directa o indirectamente, facilitaron condiciones para que los grupos criminales operaran con impunidad. Rocha Moya lo hizo. Hernán Bermúdez Requena, con La Barredora y sus implicaciones con el Grupo Tabasco, está en el mismo supuesto.
La discusión, como se está planteando, no es moral sino institucional. El señalamiento desde el poder y convertir en adversarios a los medios, contra quienes fue el énfasis, insinuando complicidades para erosionar su credibilidad y sacar la jauría, cumple una función política clara: desviar el foco. Cuando el debate gira hacia los medios, deja de girar hacia el núcleo del problema. En un ecosistema de narcopolíticos como el que vivimos, el periodismo no es el problema; es el termómetro. Puede fallar, sí. Puede exagerar o quedarse corto. Pero no sustituye decisiones de Estado ni define estrategias de seguridad.
Las acusaciones pueden ser prolegómeno de acciones legales de otra naturaleza, como ha venido utilizando Morena a los tribunales para inhibir la crítica y la libertad de expresión, pero al final, más allá de cuántos pudiéramos quedar en el camino, el problema no desaparecerá.
El régimen podrá cantar victorias pírricas, que solo ocultarán su frustración porque la bestia que tienen como enemigo enfrente no se detendrá, y para quien no esté libre de culpa, sus días en libertad están contados.

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México y Estados Unidos se encuentran en la peor crisis de relación bilateral que se recuerde en tiempos de paz. Y lo más grave, es que puede profundizarse por el endurecimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum, condicionada por el ala dura de Morena al servicio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. El gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya fue el detonante. Están listas otras cinco acusaciones de la Fiscalía en la Corte Sur de Manhattan, y su difusión dependerá principalmente si la presidenta comienza a actuar contra políticos vinculados con el crimen organizado, como se lo estuvieron pidiendo en Washington por meses.
Una señal en esa dirección fue la solicitud de licencia de Rocha Moya, y del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, dos de las 10 personas acusadas por la fiscalía estadunidense de haber llegado al poder con el respaldo de Los Chapitos y servir a sus intereses, junto con la publicación en X del coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, quien al tomar partido en el viejo debate entre constitucionalistas sobre el fuero, dijo que quien está con licencia y no ejerce su función, puede ser detenido.
Estas acciones son mensajes a Washington de un ajuste en las decisiones presidenciales, que son las que cuentan, por encima de los discursos nacionalistas irrelevantes en la política realista, y que tienen como destinataria a la gradería local. No comenzó así la semana pasada, cuando se tocó el nadir de la relación bilateral, que aunque mantuvo su volumen en la arena pública, tuvo un punto de inflexión.
Funcionarios federales revelaron que en la escalada retórica de protección a Rocha Moya y la exigencia de pruebas a Estados Unidos, la Presidencia tuvo acceso a información del Departamento de Justicia sobre el esquema de protección y colaboración de políticos con el crimen organizado en México, que a cambio de trabajar impunemente, inyectaron dinero para elecciones donde Morena ha resultado el partido mayormente beneficiado, y entregaron millones de pesos a políticos para su peculio, a quienes les fueron detectadas operaciones para el lavado de dinero.
La información sugiere un mapa nacional que incluye al menos cuatro estados gobernados por Morena y uno más, al menos en el capítulo de la oposición, gobernado por Movimiento Ciudadano.
Funcionarios estadunidenses dijeron por su parte, que además de Rocha Moya, en la primera lista de casos que están prácticamente concluidos, sobre figuras de Morena presuntamente involucradas con el crimen organizado, se encuentran los gobernadores de Baja California, Marina del Pilar Ávila, Sonora, Alfonso Durazo, y Tamaulipas, Américo Villarreal. Junto con ellos se preparan en esta primera relación, los expedientes de los dos últimos líderes nacionales de Morena, Mario Delgado y Luisa María Alcalde.
Ávila, Durazo y Villarreal tienen conexiones directas con Delgado y con el expediente en la Corte del Distrito Oeste de Texas, en San Antonio, que incluye financiamiento a ocho candidaturas a gobernador en 2021 por parte del empresario Sergio Carmona, asesinado poco después de las elecciones. Las victorias de los tres actuales gobernadores fueron alimentadas con dinero del combustible robado, de acuerdo con las investigaciones.
Delgado, que ha sido un nombre recurrente en las peticiones de las autoridades estadunidenses para que la presidenta actúe penalmente para deslindar responsabilidades, tiene prácticamente cancelada su aspiración a gobernar Colima, tras lo cual la nueva dirigencia de Morena tendrá que realizar una doble verificación de su selección de coordinadores de la cuatroté en los 17 estados con elecciones para gubernaturas –virtuales candidatos a ellas– para confirmar que no tengan relaciones directas o indirectas con el crimen organizado.
Sería un cambio radical en Morena. De acuerdo con las investigaciones estadunidenses, el partido fundado por López Obrador fue parte de la estructura criminal en algunos estados del país. De ahí la inclusión de Alcalde en esta primera lista para acciones prontas del Departamento de Justicia, porque aunque no estuvo en la etapa crítica que revisó la Fiscalía en Manhattan, cuando era secretaria del Trabajo, se presumen relaciones con personas que están implicadas con el crimen organizado en la Secretaría de Gobernación, donde estableció relaciones con el Grupo Tabasco que encabeza el senador Adán Augusto López, que es otro de los nombres que siempre aparecen en las peticiones de Washington para que se le abran procesos penales en México.
Las autoridades estadunidenses han ido soltando información al gobierno mexicano de lo que tienen sobre políticos vinculados al crimen organizado, pero siguen siendo generalidades porque no están dispuestos a entregar información sólida que no sea como parte de la integración judicial de sus casos. No obstante, lo que están haciendo ha subido el nivel de presión por la exasperación de Washington ante la inacción del gobierno mexicano.
Sin control sobre lo que sucederá, los tiempos están fuera de las manos de la presidenta, y los dos secretarios que más contacto tienen con la Administración Trump, los de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que no han sido tomados en cuenta por Washington en la apertura de causas judiciales, y lo más probable es que siga agriándose la relación y se anuncien nuevos acusados.
Sheinbaum necesita crear un gabinete de crisis. El gabinete de seguridad, con el que procesa estos temas, está rebasado. Con policías, militares, y un reducido grupo de políticos ideológicos y sin conocimiento profundo del Estados Unidos de hoy, no llegará a buen puerto. Se vio el martes de la semana pasada, cuando le informaron a la cancillería de la solicitud de captura y extradición de Rocha Moya y los otros nueve funcionarios sinaloenses.
Las únicas decisiones que tomaron en el gabinete de seguridad convocado esa noche, fueron que la Consejería Jurídica de la cancillería analizara la solicitud –lo hizo mal, mezclando tiempos procesales– y silenciar a la fiscal Ernestina Godoy, que suele equivocarse en sus declaraciones, dejando en el fiscal Ulises Lara la voz institucional. Un equipo tan limitado no recomienda opciones sólidas y, en cambio, amplía el riesgo para decisiones contraproducentes.
Las cartas de Washington están completamente abiertas. La opción militar todavía es un plan en la Oficina Oval, y lo único que puede impedirla en este momento, es procesar en México a políticos vinculados con los cárteles. Ya saben quiénes pueden ser los primeros. Falta tomar la decisión sobre qué hacer, pues la opción de no hacer nada está cancelada.

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La conferencia mañanera de ayer terminó de manera festiva: a ritmo de “Chin chin el que se mueva”, un rock and roll infantil lanzado en 2008, la presidenta Claudia Sheinbaum brincó y bailó por unos momentos con dos decenas de menores para celebrar el Día del Niño. Junto a ella estaba el secretario de Educación, Mario Delgado, que también dio unos cuantos brincos. Qué diferente parecía el humor con el que había comenzado su conferencia diaria casi dos horas antes, cuando fijó su posición ante la acusación de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y 10 funcionarios sinaloenses, de trabajar y proteger a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.
La presidenta abrió la mañanera con un posicionamiento sobre Rocha Moya, utilizando un tono duro, como era de esperarse, ante la imputación criminal más grave, profunda y de incalculables repercusiones en la historia de la relación con Estados Unidos. El mensaje era necesario para mantener la cohesión dentro de su partido y darse días para seguir analizando y revisando los escenarios para tener una respuesta que compagine la pretensión estadounidense con los intereses y temores del régimen, que en este momento parecen totalmente incompatibles.
El problema no fue este saque, sino algunas palabras que utilizó, como plantear que si no existen pruebas contra el gobernador, no lo extraditará, porque se contradice con varios casos anteriores, en particular el del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, donde en lugar de pedirlas durante siete años lo linchó el régimen y lo usó para acusar de narcotraficante al expresidente Felipe Calderón. Si no hay pruebas, afirmó la presidenta, se demostrará que la acusación no es jurídica, sino política.
No necesita haber pruebas: la acusación del Departamento de Justicia es política.
El fenómeno de la narcopolítica en México tiene una dimensión de seguridad nacional en Estados Unidos no solo por la crisis del fentanilo, sino porque, de acuerdo con la investigación de las agencias de inteligencia y policiales de ese país, el expresidente Andrés Manuel López Obrador construyó una economía criminal paralela, aliado a los enemigos de Washington: los cubanos, los rusos y los chinos.
Cubanos y rusos, de acuerdo con la premisa de la investigación, diseñaron la corrupción de las Fuerzas Armadas mediante su involucramiento en obras y negocios, y en el establecimiento de una relación estructural con los cárteles para traficar con el fentanilo chino a ese país. Hugo Chávez en Venezuela, fue su primer caso de éxito; López Obrador en 2018, el segundo. La acusación contra Rocha Moya y la estructura política y de seguridad y procuración y administración de justicia en Sinaloa, de esta forma, es un estudio de caso de lo que sucedió en el país durante el sexenio anterior.
No está claro que la presidenta conciba el fenómeno de la narcopolítica como un asunto de geopolítica. Por lo mismo, no ve cosas fuera de la caja. Por esta razón fue sorprendente la forma como terminó la mañanera, de manera divertida para aparentar normalidad –probablemente una estrategia trazada en sus reuniones sobre la gestión de esta crisis–, pero con una señal que, o fue producto de un error en sus análisis, o como mensaje de guerra a Washington, anunciando la defensa por la soberanía de Morena y la sobrevivencia del régimen, que es lo que quedó bajo amenaza el miércoles en Nueva York.
En el juego de los símbolos, la presencia del secretario Delgado junto a ella, como único acompañante en la mañanera, dibujó el blasón del régimen. Para efectos de argumentación, asumamos que no se trató de una increíble torpeza, sino que fue un movimiento cuidadosamente calculado para desafiar al gobierno de Trump.
La acusación en la Corte Sur de Manhattan, que lleva los asuntos criminales de cuello blanco y crimen organizado –bajo los supuestos de la Ley RICO–, menciona que Rocha Moya llegó a la gubernatura de Sinaloa en 2021 con el apoyo financiero de los chapitos, los hijos de Guzmán Loera (se puede consultar en la página 3 de la versión en español de la acusación en esta liga: https://urli.info/1oM0r). Esta acusación permite platear la hipótesis de que el siguiente que podría ser acusado públicamente es el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, que era el estratega político en la campaña de Rocha Moya.
Villarreal conecta con el caso que se lleva en la Corte del Distrito Oeste de Texas, en San Antonio, de la red del huachicol del empresario Sergio Carmona, asesinado poco después de las elecciones en 2021. Un voluminoso documento confidencial de la Marina mexicana con información de la DEA, muestra que Carmona tenía como socios a su hoy viuda, Villarreal, y Ricardo Peralta, a quien López Obrador le autorizó, cuando era subsecretario de Gobernación, que estableciera contacto con los cárteles de la droga, para supuestamente bajar la violencia.
Debajo de Carmona, como su operador político, se encuentra en ese organigrama criminal Erasmo González, que era presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, quien presentó al empresario huachicolero con Delgado, en ese entonces líder de Morena. Según el documento de inteligencia, Delgado financió con ese dinero ocho gubernaturas en el centro y norte del país –incluida la de Rocha Moya–, y varias candidaturas a diputados, incluida una que formó parte del cuarto de guerra en la campaña presidencial de Sheinbaum.
Visto desde la perspectiva de las investigaciones federales en Estados Unidos, la aparición de Delgado en la mañanera es equivalente a mostrarlo como la persona que engarza a las cortes en Manhattan y San Antonio pero que a través de la semiótica mañanera, sintetiza el respaldo presidencial. La presidenta no es ingenua ni, en este caso, desinformada. El informe confidencial está en sus manos desde su campaña presidencial, pero no hizo nada con las personas en su entorno que aparecían en él, ni dejó de apoyarlas políticamente.
En los casos de los políticos presuntamente vinculados al crimen organizado a quienes les vayan a aplicar la Ley RICCO, también pasarán por el tamiz más pernicioso: la clasificación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas –firmada por Trump el primer día de su segundo mandato en la Casa Blanca–, que le da la extraterritorialidad a la justicia estadunidense para que, en caso de existir una orden de aprehensión, puedan ir a capturarlos en donde se encuentren, como lo hicieron con el expresidente de Venezuela Nicolás Maduro.

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Nadie debe llamarse sorprendido por el anuncio de ayer en Nueva York. El anuncio de la apertura de una acusación formal contra 11 funcionarios en activo y exfuncionarios, incluidos el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez –su candidato a sucederlo el próximo año–, por su relación con Los Chapitos, era algo donde lo único sorprendente es que no fue antes. La acusación de la Fiscalía en la Corte de Brooklyn junto con la DEA colocan, por primera vez en la historia, a un gobierno mexicano –en este caso estatal–, al servicio del narcotráfico.
Le han disparado un tiro al corazón del régimen obradorista que no creía que la relación de los políticos con el crimen organizado era una prioridad de la Administración Trump. En el primer capítulo de la historia que apenas comienza, acusó a la parte más alta de la estructura política y a todo el aparato de seguridad y fiscalías, de haber servido a los intereses de Los Chapitos. En el proceso están los dos políticos sinaloenses más importantes, el alcalde de Culiacán, el vicefiscal, los ex secretarios de Administración y Seguridad, y varios exjefes policiales.
Las implicaciones son muy graves y delicadas, como también complejas de resolver para la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien el embajador Ron Johnson le pidió en enero que actuara contra políticos vinculados con el crimen organizado, para que no lo hiciera el Departamento de Justicia, y fue omisa. El jueves pasado, en Los Mochis, junto a Rocha Moya, Johnson anunció que pronto vendrían las acusaciones en Estados Unidos. Llegaron, y no puede descartarse que un paso siguiente sea pedir su extradición.
Esta acusación es una explosión de alcances inimaginables.
En la escalera del poder, arriba de Rocha Moya se encuentra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que no es mencionado en la acusación (que se puede consultar en esta liga: https://shorturl.at/WiJQ9), pero tarde o temprano su nombre emergerá en la opinión pública, porque además de lo que están declarando los jefes del Cártel de Sinaloa ante las fiscalías, hay dos investigaciones abiertas contra él en Brooklyn. Para subrayar hacia donde apunta la luz, en el anuncio de ayer estuvo el director de la DEA, Terence Cole, que estuvo en México cuando era presidente, y quien elaboró la primera lista con 35 políticos, mayoritariamente morenistas, vinculados con el crimen organizado.
El antecedente inmediato a la acusación en Nueva York es agosto de 2024, cuando Ismael El Mayo Zambada, días después de ser capturado por un comando estadunidense en Culiacán, imputó a Rocha de estar coludido con el Cártel de Sinaloa y lo acusó de traición por aliarse con Los Chapitos. En lugar de tomar las cosas con la seriedad que ameritaba, y abrir una investigación para determinar responsabilidades, López Obrador lo protegió y corrió a Sinaloa para abrazarlo. Obligó a la presidenta electa a ir con él y a los gobernadores de Morena a publicar desplegados en su apoyo. Tenía que protegerlo: era su enlace con el Cártel de Sinaloa, que a cambio de dinero y apoyo de sicarios para inhibir elecciones, le dio amplios márgenes de operación a Los Chapitos…
No dijo la Fiscalía de dónde salió la información para abrir el proceso, pero no es difícil saberlo. Una fuente de inteligencia estadunidense dijo que la captura de Zambada había sido para que aportara información sobre la relación del Cártel de Sinaloa con el expresidente Nicolás Maduro, con lo cual se determinó su extracción de Venezuela. Pero también, para llenar algunas lagunas sobre la relación de los cárteles con la clase política. Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, está colaborando con las autoridades estadunidenses, con información sobre esas relaciones y operaciones, que han terminado con detenciones y la destrucción de laboratorios de fentanilo.
La acusación formulada es brutal: “Los acusados desempeñaron diversas funciones esenciales para el Cártel… presuntamente protegieron a los líderes del Cártel de la investigación, el arresto y el enjuiciamiento; proporcionaron información confidencial de las fuerzas del orden y del Ejército a miembros del Cártel y narcotraficantes aliados para facilitar sus actividades delictivas; ordenaron a miembros de organismos policiales estatales y locales… que protegieran cargamentos de droga… en tránsito a Estados Unidos, y permitieron que miembros del Cártel cometieran actos de violencia brutal sin consecuencias. A cambio… recibieron colectivamente millones de dólares provenientes del narcotráfico”.
Sheinbaum no puede hacer lo que López Obrador: blindar a Rocha Moya y fingir que no pasa nada. Fue investigada por los servicios de inteligencia estadunidenses durante la campaña presidencial, y no encontraron relación alguna con el crimen organizado, pero Rocha Moya se convirtió en una losa con la cual ha tenido que cargar, por compromiso heredado, y para evitar, como argumentan, que la acción en contra de un militante, sería el reconocimiento de fracaso del régimen.
Esta protección es imposible de mantener tras lo que sucedió en Nueva York, salvo que la opción suicida fuera endurecer la posición con Estados Unidos y buscar alianzas con sus enemigos. No es el pensamiento de la presidenta, pero algunos en el ala dura de Morena piensan que es una alternativa. Están equivocados. Se acaba de demostrar. Ni cabezas frías, ni pensar que Trump no dañaría una relación comercial ni alteraría la frontera común, como argumentaban es una defensa soberana. Aplicar la ley, como se lo pidieron por meses, es la solución.
Ya no lo hizo Sheinbaum, pero puede recortar las pérdidas. El problema es cómo. Una acusación tan grave inhabilita al gobernador, al alcalde y al senador. Deben entender que política y judicialmente están muertos y allanar una salida a la presidenta, al gobierno y al movimiento, renunciando y contratando abogados en Estados Unidos. La presidenta puede salir a decir públicamente, como lo hizo varias veces en privado, que quiere pruebas antes de proceder. Ganará algunos días pero nada más. Si antes le dijeron que no se las podían dar por temor a filtraciones, ahora menos, que es una investigación en curso.
No es una decisión fácil la que tendrá que tomar en Palacio Nacional, porque la acusación contra Rocha Moya tiene fuertes repercusiones en Tlalpan y Palenque contra López Obrador, a quien se le había ido el miedo porque pensaba que Trump estaba demasiado ocupado con Irán, ignorando las voces que si se había parado de la mesa, regresaría a terminar de comer.

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El escándalo sobre la participación de cuatro agentes de la CIA en una operación contra el Cártel de Sinaloa en territorio mexicano para el desmantelamiento de un mega laboratorio para producir fentanilo, ha sido reducido por el gobierno federal a un tema doméstico y focalizado: Chihuahua. La violación a la Ley de Seguridad Nacional que cometieron el gobierno estatal y la CIA ya no está a discusión, y se están reduciendo los chivos expiatorios, como sucedió el lunes por la noche con el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui.
Esta es la salida menos costosa, porque un juicio político para destituir a la gobernadora Maru Campos, está fuera de todo escenario, al ser ayer virtualmente exonerada por el gobierno federal. Una acción limitada, pero de fuerza para recordarle a la CIA lo que no puede hacer –como podría haber sido la expulsión de los agentes en la oficina de Operaciones que tienen en el consulado de Monterrey–, es letra muerta. La razón la aportó Palacio Nacional, donde fue caracterizado como un caso de “excepción”, eufemismo para justificar voltear hacia otro lado, cerrar los ojos y dejar que la opinión pública lo olvide.
Este problema en el que quedó atrapado el Estado mexicano, demasiado serio para ser omisos, como describió hace días la presidenta Claudia Sheinbaum, está siendo resuelto al estilo mexicano: de manera sibilina. El caso del Chihuahuagate tiene combustible para unos días más, particularmente porque la gobernadora declinó la invitación de la mayoría de Morena en el Senado, para acudir ayer a dar explicaciones sobre este episodio que desnudó a todos. Probablemente la próxima semana ya estemos en un nuevo escándalo, y en una discusión más fresca.
Pero hay algo que no es político que no debe pasar desapercibido: el papel del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, en todo este episodio.
El CNI no es ajeno al trabajo de la CIA en México. Como en todos los países, el servicio de inteligencia doméstico mantiene relación y enlaces con la compañía, como se le conoce coloquialmente. Normalmente la conversación es entre los titulares, aunque en ocasiones han sido las cabezas de la Secretaría de Gobernación –como Fernando Gutiérrez Barrios–, quienes llevaban la relación, o los secretarios de Seguridad –como en los casos de Genaro García Luna y Omar García Harfuch. No se sabe si además de Garcìa Harfuch, el actual titular del CNI, Francisco Almazán Barocio, tiene una relación fluida con la jefa de la Estación de la CIA en México.
De cualquier forma, en el Chihuahuagate el CNI mostró limitaciones y deficiencias. No tenía conocimiento de las operaciones con el gobierno de Chihuahua, como admitió la presidenta Sheinbaum al señalar que el gobierrno federal nunca fue enterado de ellas, o sí sabía, y no informó a Palacio Nacional. Almazán Barocio, que es uno de los funcionarios que diariamente participan en la reunión del gabinete de seguridad con la presidenta, antes de iniciar la mañanera, no alertó de estas acciones, de acuerdo con lo que ha trascendido. Su papel, como servicio de inteligencia y contrainteligencia, debía haber estado enterado de lo que sucede en el submundo de la política realista, porque de ello dependela seguridad nacional del país. Sin embargo, falló.
De manera inopinada, quizás descuidada, el gabinete de seguridad reconoció la existencia de una operación con cuando menos un agente encubierto en Chihuahua. En un comunicado que publicó el sábado, dijo que uno de los agentes de la CIA que murieron en el accidente en la Sierra Tarahumara hace dos domingos, que fue lo que destapó el escándalo, estaba registrado como diplomático, lo que significa que tenía la cobertura del Departamento de Estado, que es la que tienen la mayoría de sus agentes en el mundo, que trabajan en otro país con conocimiento del gobierno local. Pero el otro agente que murió, ingresó a México como turista, que significa que entró de manera clandestina a realizar una operación en específico.
El CNI debió haber detectado la entrada de ese agente. Es difícil para un servicio de contrainteligencia detectar agentes que ingresen clandestinamente a su país, pero por la información a la que se ha tenido acceso, no era la primera operación que realizaba en Chihuahua. De ser este el caso, la falla es mayor, porque habría tenido meses operando clandestinamente sin que les hubiera llamado la atención.
Esta falla nos lleva a lo que está sucediendo dentro del CNI. De acuerdo con fuentes gubernamentales, el servicio de inteligencia civil ha sido degradado. Dejó de ser un órgano autónomo, como en su fundación y décadas de funcionamiento, y fue adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ya no sirve como un instrumento de información autónoma para la Presidencia, el ideal para los servicios de inteligencia civiles en el mundo.
Pero todavía más grave es el desmantelamiento que se ha profundizado, con la peculiaridad de que el perfil de quienes están al frente del CNI no es el adecuado. Quien encabeza el CNI debe tener la capacidad y el equipo para procesar información y detectar patrones débiles, que requiere una formación que reúna capacidades técnicas, conocimiento de estrategias de control político –que no significa espiar a los oponentes políticos, como desde hace dos sexenios–, y de gestión de riesgos. Almazán Barocio, es un abogado especializado en materia penal, cuya carrera es eminentemente policial.
El Chihuahuagate mostró las debilidades del CNI: fue ineficiente en vigilar el territorio y falló su mandato de detectar y monitorear las actividades de actores extranjeros que pudieran poner en peligro la seguridad nacional, o que realizan operaciones no autorizadas. La presencia de un agente clandestino de la CIA implicó una falla en la recolección de inteigencia humana (HUMINT), problablemente como resultado del despido de cientos de elementos experimentados del CNI, que redujo ojos y oídos del territorio, y la mala calidad de sus sistemas de interceptación de comunicaciones (SIGINT), quizás por razones presupuestales.
La presencia de la CIA se ha dado en México de tres maneras: autorizada y coordinada; tolerada pero no publicitada, y unilateral y clandestina. Cuando es autorizada, el CNI está en regla; si es tolerada, aunque entra en una zona gris, se mantiene la soberanía, pero si es unilateral y clandestina, la falla es incuestionable y hay una responsabilidad política y técnica. Esto último es lo que le sucedió en Chihuahua.

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De manera radical, la presidenta Claudia Sheinbaum bajó el tono de la protesta por la participación de la CIA en operaciones terrestres conjuntas con los agentes ministeriales de Chihuahua, bajo el correcto supuesto que violaron las leyes mexicanas que, como señaló, es algo muy serio para ser omisos. No quiere pelearse con el gobierno de Donald Trump y tiene razón. La violación a la ley puede contenerse y sancionarse de manera enérgica, sin escalar al punto de generar una crisis diplomática.
Dio un giro de 180 grados después de que el jueves, el embajador de Estados Unidos, Ron Johnson, habló muy fuerte sobre la corrupción y la incertidumbre jurídica, sobre la opacidad y la discrecionalidad en la rendición de cuentas en México. Es decir, Johnson apretaba el acelerador, en la medida que la denuncia de violación a la soberanía crecía. Las palabras de Johnson eran parte de un discurso que debió haber pronunciado en Los Mochis al poner la primera piedra de un proyecto de inversión en el sector energético de más de tres mil millones de dólares, que no pudo decir porque un grupo de personas se manifestaron, bloquearon y sabotearon el evento, con el respaldo público del gobernador Rubén Rocha Moya.
El discurso, sin embargo, lo pronunció en un evento cerrado y lo distribuyó la Embajada de Estados Unidos en México, que pasó desapercibido en la prensa de su país hasta que Los Angeles Times lo recuperó en su primera plana con dos agregados de fuentes anónimas: que a Rocha Moya le cancelaron la visa desde el año pasado, y que el discurso de Johnson era parte del lanzamiento de una campaña anticorrupción en donde el gobierno de Donald Trump se enfocaría en funcionarios del régimen con presuntos vínculos con el crimen organizado.
La paciencia del gobierno estadunidense se agotó en cuatro meses. En enero le hicieron llegar a Washington una especie de ultimátum que si no actuaba –procesaba– contra políticos de Morena vinculados con el crimen organizado, el Departamento de Justicia empezaría a abrir investigaciones en contra de ellos. La presidenta no hizo nada y las cosas se comenzaron a mover en el terreno político-diplomático, que tiene como apoyo a la CIA y a la inteligencia del Pentágono, que abierta y encubiertamente están recolectando información sobre esas relaciones.
Existe una lista de nombres sobre los que Washington desea que se actúe de manera expedita en México, en donde siempre aparece en lo alto de ella el senador Adán Augusto López, uno de los grandes operadores del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, el general Audomaro Martínez. Rocha Moya aparece en un lugar secundario, junto con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal y su viejo amigo, Ricardo Peralta, actualmente representante del gobierno de Tlaxcala en la Ciudad de México.
La petición se la han repetido desde hace casi seis meses, directamente o a través del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, pero la respuesta de la presidenta ha sido la misma: pruebas, que no le dan porque le dijeron que temían que se filtrara la información, lo que revela desconfianza, e inacción.
Por eso, el camino que siguieron fue lo que se descubrió por un accidente en Chihuahua. El papel de la CIA en ese estado puede servir como un estudio de caso de cómo, ante la insatisfacción sobre el ataque a los políticos que forman parte del crimen organizado, se optó por rutas paralelas. En ese caso específico, fue trabajar con un gobierno estatal. con acciones más profundas.
Los agentes de la CIA destacados en el noreste de México, han infiltrado la Fiscalía y la Agencia Estatal de Investigación, pudiendo establecer redes de vínculos de funcionarios con el crimen organizado. De acuerdo con fuentes en posición de saber, han reclutado altos funcionarios del gobierno de la panista Maru Campos que habían tejido una red de relaciones con los diferentes grupos criminales. Para evitar procesos en Estados Unidos en su contra, el funcionario prefirió hablar con las autoridades de ese país.
Este funcionario pudo recuperar su visa para ingresar a Estados Unidos, pero de manera restringida. Le otorgaron una visa que denominan “parole”, que no es un permiso de ingreso abierto, sino controlado en sus movimientos dentro de territorio estadunidense y, a cambio, tiene que aportar la información que le soliciten. No es el único funcionario mexicano en esta situación. Un gobernador de Morena a quien le habían cancelado la visa, logró una visa “parole”, y lleva meses como un activo de las agencias de inteligencia de ese país.
El gobierno de Estados Unidos ha desplegado una estrategia diplomática, policial y de inteligencia que no se había visto antes. La forma como públicamente vuelan sus aviones espías sobre territorio mexicano y operaciones colaterales al gobierno federal, muestra que, aunque pese a todos los distractores globales, México sigue siendo una prioridad. Estar pidiendo a cancillerías en Europa que no otorguen beneplácitos a figuras de Morena sobre las cuales tienen investigaciones por su involucramiento con el crimen organizado, es otra de las acciones punitivas que se pusieron en marcha.
Chihuahua ha metido en un pantano de contradicciones al gobierno, y no puede desasociarse de iniciativas conjuntas para enfrentar otras crisis, que han sido bloqueadas por gobernadores de Morena. El más evidente fue Alfredo Ramírez Bedolla, en Michoacán, que bloqueó a funcionarios estadunidenses para instalar sistema de comunicación, acordados con García Harfuch y autorizados por la presidenta, para combatir las extorsiones contra los productores agrícolas, algunos de ellos ciudadanos estadunidenses.
La operación de la CIA en Chihuahua tomó quizás un vuelo más alto por su buena y mala fama, que genera odios más encendidos al tiempo que respeto e, incluso, fascinación. Pero no es la única. Por años el FBI ha tenido unidades dedicadas al crimen organizado en México. La DEA, enfocada en la actualidad al robo de combustible, es otra de ellas que tiene operaciones abiertas de espionaje aéreo sobre México. Más de 12 agencias policiales y de inteligencia estadunidenses están operando en este país, todas con autorización del gobierno mexicano, pero algunas, como vimos en Chihuahua, al margen de él por la indecisión de dar un paso adelante en el combate a la estructura política del crimen organizado. Johnson ya lo dejó claro para que no haya sorpresas.

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Washington.- La noche en Washington tenía ese aire enrarecido que precede a las tormentas políticas. En el salón del hotel Washington Hilton, donde cada año se celebra la cena de corresponsales de la Casa Blanca, el poder suele disfrazarse de ligereza, con bromas pesadas e incluso golpes bajos. Donald Trump había entrado al cavernoso salón, bajo una mezcla de aplausos protocolarios y silencios calculados. Era la primera vez que aceptaba ir como presidente y la única especulación que había era si después de pronunciar su discurso, insultando y atacando otra vez a la prensa, se marcharía sin escucharlos. Pero poco más de 20 minutos después de haberse sentado, un tiroteo afuera del salón arrojó todo al caos y la confusión.
Las imágenes captadas por las cámaras de televisión y los asistentes al evento social y político más importante del año en esta capital, se esparcieron casi inmediatamente por el mundo. Despues de todo, el salón estaba saturado mayoritariamente de periodistas, quienes tienen la necesidad existencial por difundir a la velocidad de la luz, si eso fuera posible, la información que obtienen. El sábado no hubo necesidad de ir a buscar la información; la información se le cruzó a todos.
La escena parecía escrita por un guionista con gusto por la ironía cruel: la cena de corresponsales de la Casa Blanca, ese ritual donde el poder se disfraza de autocrítica y la prensa de irreverencia, interrumpida por el estruendo seco de los disparos. Se oyó un sonido como de explosión, pensamos algunos; otros, como Enrique Acevedo, conductor del noticiero estelar de N+, escucharon cinco disparos. Trump, sentado en el presidium junto a su esposa Melania, atendía sobre su hombro a Oz Pearlman, el performer que iba a entretener a todos con sus habilidades mentales, cuando, por su reacción, notaron que algo fuera del programa estaba sucediendo.
Frente a ellos entraba apre-surado el Servicio Secreto con sus Glock empuñadas. En el presidium, donde estaban los Trump, su equipo de seguridad corrió violentamente por los costados. Por su izquierdo, arrancaron de su silla al vicepresidente J.D. Vance para sacarlo del escenario. Tres más cubrieron a Trump con su cuerpo y lo mantuvieron en el suelo hasta que un equipo SWAT de la policía metropolitana, con intimidantes rifles AR-15, establecieron un perímetro de seguridad para que pudieran extraerlo.
Habían pasado unos segundos. El Servicio Secreto sacó a Marco Rubio, el secretario de Estado, que estaba sentado con el embajador de Israel, Yechiel Leiter, y a Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes. Buena parte del gabinete estaba presente, pero ellos dos eran prioridad por encontrarse en la línea de sucesión, detrás del vicepresidente, en caso de ausencia de Trump.
El de esa noche no fue solo el tercer tiroteo en el que está involucrado Trump en los dos últimos años, o un acto aislado de violencia. Fue una ruptura simbólica en el corazón de la narrativa democrática estadunidense: el espacio donde gobierno y medios ensayan, aunque sea por una noche, una ficción de convivencia, conmemorando la Primera Enmienda. Esta cena es, en el fondo, un termómetro del clima político en Washington: cuando el poder se siente fuerte, domina el humor; cuando se debilita, aflora la tensión. Eso se esperaba anoche, por el fracaso táctico de la guerra en Irán, y la desaprobación creciente la gestión de Trump.
No siempre había tenido este tipo de prolegómeno. La primera cena fue en 1924, cuando Calvin Coolidge fue invitado. Durante muchos años mantuvo un bajo perfil, no el escaparate de ironía, celebridades y tensión en lo que se ha convertido desde los 80, cuando se metabolizó por la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca, un actor mediocre de Hollywood, y la política comenzó a mezclarse con el entretenimiento, empezando a ser un espejo de la relación entre el poder y la prensa.
El tiroteo del sábado, aunque inédito, no ocurrió en un vacío, y recordó un perturbador momento de 1981, porque ahí, en la misma puerta por donde entró el atacante el sábado, John Hinckley Jr., atentó contra Reagan. Aquel era un asesino solitario. Este quien sabe, y se inserta en un clima político enrarecido, donde la polarización dejó de ser un fenómeno electoral para convertirse en una forma de identidad. En ese contexto, la violencia ya no sorprende y se vuelve coherente con el discurso.
De ahí su previsibilidad y la expectativa del choque de Trump con la prensa y las apuestas que se iría de la cena antes de la premiación tradicional, especial-mente porque se iba a reconocer al equipo de The Wall Street Jour-nal por revelar cartas de felicitación de 50 años al abusador sexual de menores Jeffrey Epstein, incluida una de Trump. El presidente demandó al diario por 10 mil millones de dólares por publicarla, y hace 15 días perdió el caso.
El tiroteo, que sucedió afuera del salón donde se celebraba la cena, un piso arriba en el vestíbulo del hotel, cambió todo. Sobre las mesas se quedaron las ensaladas de burrata, con guisantes y pepinos a medio comer por los tiros y las prisas del Servicio Secreto corriendo sobre personas tiradas en el suelo, y saltando sobre sillas y mesas. Pocos nos quedamos de pie, grabando lo que sucedía. En mi mesa, Danielle Ithurbide, la superproductora de N+ Yolanda Ocampo y Acevedo, hasta que agentes del Servicio Secreto nos pidieron, con pistolas en la mano, sentarnos.
Trump fue llevado junto con Melania a una habitación dentro del hotel, antes de regresar a la Casa Blanca, a dos kilómetros y medio de distancia. El Trump que salió al briefing room de la Casa Blanca poco después, fue diferente al belicoso de siempre. No era el de las plazas incendiadas por la retórica, sino el conciliador. Llamó a la unidad y condenó la violencia, que no pasó desapercibido, pero tampoco puede recibirse con ingenuidad, porque el problema con esos discursos, cuando los preceden años de confrontación sistemática, es que se leen más como estrategia que como convicción.
Trump no es ajeno a la construcción de un lenguaje político que tensiona, divide y simplifica. Su narrativa ha sido, en gran medida, un catalizador de esa atmósfera que ahora dice querer apaciguar. ¿Es posible separar al Trump armonizador del que alimentó la desconfianza hacia instituciones y medios? Esta es la pregunta de fondo. Y la respuesta, por ahora, es incómoda: la reconciliación no se decreta; se construye.

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Una vez más, como cuando un comando estadunidense capturó en Culiacán a Ismael El Mayo Zambada en 2024, el gobierno mexicano no sabe ahora qué estaban haciendo agentes de la CIA en un operativo conjunto con la policía ministerial de Chihuahua. Se queja y reclama reconociendo sus límites, sin exabruptos, pero con dubitaciones sobre qué hacer. El gobierno se siente traicionado y humillado, otra vez. Todavía no le dice Estados Unidos cómo se llevaron a Zambada. Y no encontrará el gobierno en esta ocasión, una respuesta satisfactoria. Nuevamente le jugaron a sus espaldas.
Hay quienes dentro del gobierno se preguntan por qué, si han escuchado de voces estadunidenses lo maravillosa que ha sido la cooperación en seguridad, y otros, simplemente tratan de dilucidar qué sucedió. La respuesta quizás se encuentra en “Tercera Opción”, un concepto operativo dentro del pensamiento estratégico estadunidense que utiliza consistentemente la CIA en todo el mundo. Es una doctrina informal que fue descrita por Loch Johnson en su libro The Third Option (2022), donde enumera los tres grandes instrumentos que guían la política exterior de su país: The Treaties Power (la diplomacia), The War Power (las guerras), y The Spy Power (la inteligencia).
Si empalmamos la forma como los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador abordaron la cooperación con Estados Unidos en el campo de la seguridad, podemos entender lo que está viviendo y sufriendo la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha sido no solo heredera de la ruptura del tejido que se había construido por años, sino envuelta en la imbricada red que le dejó López Obrador, cuyo lastre está afectando su credibilidad en Washington.
La primera opción, la diplomacia, fue cerrada casi al arrancar el gobierno de Peña Nieto, cuando en una reunión bilateral de alto nivel, el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo, palabras más, palabras menos, que se había acabado el tiempo de concesiones del expresidente Felipe Calderón, y que no permitirían que se socavara la soberanía. El resultado fue el desmantelamiento de Plataforma México, que culminó con la destrucción de la inteligencia criminal, una espiral de violencia imparable y la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, que pudieron recapturar, paradójicamente, con información de la CIA.
López Obrador recibió de Peña Nieto un país rojo, que lo llevó a escarlata. Si su predecesor frenó la cooperación bilateral, él la cerró por completo. Dejó de enfrentar al crimen organizado, al que le abrió –como contraprestación de financiamiento y acciones electorales– el territorio nacional para sus negocios, entregándole, por omisión o comisión, funciones del Estado a cárteles, pandillas y caciques asesinos locales, con lo cual, en la lucha por los lucrativos mercados, elevó los asesinatos a números nunca antes vistos en tiempos de paz.
La llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia fue vista en Washington como una oportunidad para restablecer lo destruido. Retomaron la “primera opción” de la diplomacia, aunque acompañada de la retórica amenazante y vitriólica del presidente Donald Trump para forzar la aceptación de tropas en México para combatir al crimen organizado. Se estableció un nuevo mecanismo de cooperación, que se fue agotando al topar la presidenta con la barrera que no ha podido franquear: el desmantelamiento de la cadena de complicidades entre criminales y políticos, especialmente del régimen obradorista.
La segunda opción, la militar, sigue vigente, pero inviable bajo una lógica práctica: una intervención militar terrestre detonaría una inmigración masiva de mexicanos que desestabilizaría política, social y económicamente todo el sur de Estados Unidos, que resultaría en una desestabilización. El discurso militarista de Trump y varios de los halcones en su gabinete y en el ecosistema de medios conservadores y de extrema derecha, se ha mantenido como un distractor involuntario, para que la CIA, camuflajeada tras los bramidos, pusiera en práctica la tercera opción, las operaciones encubiertas, con campañas de propaganda, actividades políticas y acciones paramilitares.
No se ven, pero están aquí hace tiempo. No han sido en la forma de nuevas acciones de extracción como la de Zambada –que la hizo el gobierno demócrata de Joe Biden, que subraya que México es visto como un asunto de Estado en Washington–, que fue espectacular, pero que han sido más extensas, más intimidantes, y con un proceso similar a las viejas técnicas de tortura, donde se tiran gotas en el mismo punto de la cabeza para someter. El dolor no se siente en un principio, pero con el tiempo enloquece.
Una de las herramientas que han utilizado es la cancelación de las visas, cuya información la recopilan los servicios de inteligencia estadunidenses, que ha alterado la vida cotidiana de muchos políticos del régimen. Desde el gobierno de López Obrador, los temores a acciones punitivas de Washington contra miembros del gabinete, provocaron la recomendación para que nadie, que no tuviera algo importante que hacer en Estados Unidos, viajara a ese país. En la actualidad, ya no hace falta la sugerencia: simplemente, no viajan al norte. Las cancelaciones de las visas han aumentado, y seguirán acumulándose.
Sheinbaum padece y trata al mismo tiempo de administrar las consecuencias de poco más de una década de conflictos entre los dos países por el tema de la seguridad, sin muchos espacios de maniobra. La muerte de los dos agentes de la CIA en un accidente carretero en la Sierra Tarahumara hizo emerger súbitamente la forma como se está aplicando la tercera opción, que no fue meramente una acción unilateral, sino resultado de la cerrazón a la cooperación bilateral y las negativas para comenzar a barrer la narcopolítica y la relación de figuras de alto nivel de la cuatroté no solo ligadas al crimen organizado, sino como parte estructural de él.
Chihuahua fue la prueba pública que Estados Unidos no se quedó esperando a que el gobierno mexicano cooperara plenamente, y comenzó a tejer relaciones y cooperación con gobiernos estatales y locales. El gobierno federal se ha atorado en el análisis superficial. La CIA operó transversalmente, desde los sótanos y las cañerías, hasta las salas más exclusivas del poder. ¿Qué tanto infiltraron y penetraron al gobierno federal y a poderes en el resto del país para poder combatir lo que consideran es una amenaza de seguridad nacional? No es posible saberlo, pero, por la experiencia en Chihuahua, es mucho más profunda de lo que imaginamos.

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El accidente en Chihuahua donde murieron dos agentes de la CIA, no solo muestra una violación de Estados Unidos a los acuerdos de cooperación en materia de seguridad con México, sino refleja la crisis de credibilidad por la que atraviesa Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió ayer al gobierno de Chihuahua y a Estados Unidos explicaciones por la operación de los agentes en territorio mexicano porque, como subrayó, “no es menor lo que sucedió”. De hecho, ella no lo sabe, es mucho más grave, delicado y profundo de lo que se puede imaginar.
Los agentes murieron en la madrugada del domingo en una carretera en la Sierra Tarahumara, al regresar de un operativo encabezado por la Agencia Estatal de Inves-tigación en la comunidad El Pinal, en el municipio de Morelos. Viaja-ban en un convoy de cinco vehícu-los, encabezado por un Rhino, que está blindado y es utilizado en ope-raciones especiales por corpora-ciones policiales, que viajaban a toda velocidad por la serpenteante terracería. En una curva, el Rhino giró, pero el segundo vehículo, entre lo oscuro de la mañana y la polvareda, se siguió de frente.
El vehículo cayó por la ladera y se incendió. El director de la Agencia de Investigaciones, un agente de la corporación, y un agente de la CIA, salieron expulsados del automóvil, y el cuerpo de uno más, que quedó atrapado en el vehículo, se incineró. En el tercer vehículo viajaba su jefe y otro agente de la compañía. Eran cuatro agentes que no eran extraños para el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, ni para la gobernadora Maru Campos.
La operación en la que parti-ciparon fue el desmantelamiento de un laboratorio de fentanilo que son de los que se movieron de Sinaloa cuando estalló la guerra interna del Cártel de Sinaloa hace casi dos años, manejado por Óscar Manuel Gastelum Iribe, jefe de la orga-nización criminal conocida como Los Músicos, que perteneció al car-tel de los hermanos Beltrán Leyva y se asoció con Aureliano Guzmán Loera, El Guano, hermano de Joaquín El Chapo Guzmán, y quien es el que está dando la cara en la guerra fratricida contra Los Mayitos, que están peleando ese territorio en la Tarahumara.
La presidenta confirmó ayer que agentes de la CIA participaron en esa operación, que contraviene el acuerdo de entendimiento entre los dos países y viola la Ley de Seguridad Nacional. Desconocido para ella –y quizás para el gabinete de seguridad–, es que era la tercera operación que hacía la CIA con la Agencia de Investigación de Chihuahua en este año, que resultaron fallidas.
La primera fue en febrero, en Ojinaga, la segunda ciudad fronteriza más grande de Chihuahua después de Ciudad Juárez, contra miembros del grupo de Los Menchaca, cuyo líder actualmente preso, Sergio Menchaca, fundó La Línea, que fue el brazo armado del Cártel de Juárez. Los Menchaca están aliados actualmente a Los Cabrera, que luchan al lado de Los Mayitos, y operan principalmente en Durango.
La segunda fue a finales de febrero y se prolongó a los primeros días de marzo, llevada a cabo en la comunidad de Santa Bárbara, a 36 kilómetros al sur de Parral. La CIA buscaba detener a miembros del grupo criminal de Los Salgueiro, cuya cabeza, Noel Salgueiro Nevárez, detenido hace 15 años, fundó Gente Nueva, y están aliados a Los Chapitos. Como en el caso de Los Menchaca, Los Salgueiro también son buscados por Estados Unidos.
La tercera operación, en El Pinal, comenzó el viernes, cuando los agentes de la CIA volaron drones para recolectar información y definir el desmantelamiento del narco laboratorio. Varios agentes de la CIA eran mexicano-estadunidenses, iban vestidos con uniformes tácticos de la Agencia Estatal de Investigaciones y llevaban cubierta la cara con balaclavas tácticas. El Ejército, que participó en la seguridad perimetral, difícilmente pudo haber reconocido a extranjeros cuando llevaban el camuflaje del uniforme especial, y al tener cerradas bajo llave el go-bierno de Chihuahua las imágenes del operativo, no se puede realizar un análisis antropométrico.
Las operaciones de la CIA en Chihuahua, como finalmente ayer admitió Sheinbaum, violan la Ley de Seguridad Nacional, publicadas en el Diario Oficial el 18 de di-ciembre de 2020, que prohíben expresamente que agentes extran-jeros actúen sin el conocimiento de las secretarías de Relaciones Exte-riores y de Seguridad y Protección Ciudadana, y que las autoridades de los tres Poderes de la Unión que tengan contacto con ellos, deberán tener la autorización del Grupo de Alto Nivel de Seguridad, al que deberán informarle cualquier reunión, comunicación o inter-acción que tengan con ellos.
La violación de la ley por parte de la gobernadora Campos tiene como antecedente –y estirando un poco, justificación– la firma de un memorando de entendimiento con el gobernador de Texas, Gregg Abbot en abril de 2022 –posterior a la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional– que incluía la cooperación bilateral para reducir el tráfico de fentanilo e implemen-tar un programa con drones e inteligencia artificial en la frontera. El acuerdo nunca fue impugnado, y se suscribió cuando el secretario de Relaciones Exteriores era Marcelo Ebrard, y uno de sus principales colaboradores era el actual canci-ller, Roberto Velasco.
Sheinbaum declaró ayer que se estaba verificando si los agentes de la CIA estaban acreditados en la Embajada de Estados Unidos. Si lo están, no aparecerán como agentes de la CIA, pues la única depen-dencia que tiene que identificar a su personal, es la DEA, un requisito impuesto por el gobierno mexicano tras el secuestro del doctor Hum-berto Álvarez Macháin, acusado –y exonerado– de haber mantenido con vida al agente antinarcóticos Enrique Camarena Salazar en los 80.
Los cuatro agentes que iban en el convoy habían estado trabajando la región del noreste desde hace tiempo. Al frente del grupo iba el responsable de operaciones de la oficina de la CIA que se encuentra dentro del consulado en Monterrey, que es parte de la Dirección de Operaciones de la compañía en su cuartel general en Langley, Virginia, suburbio de Washington.
El jefe debió haber llamado inmediatamente a su superior inmediata, la jefa de Estación de la CIA en México, pero hasta donde se sabe, no lo comunicó al embajador Ron Johnson. Esto no es algo inusual o extraordinario, pero agrega a esta caja de sorpresas amargas, para el gobierno de Sheinbaum, que abrió el accidente.

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