Las encuestas no solo miden la opinión pública; también pueden modificarla. Y las redes sociales no solo reaccionan a las encuestas; también pueden influir en sus resultados, directa e indirectamente. El mecanismo es bidireccional: las encuestas moldean la conversación digital y, a su vez, esa conversación puede sesgar lo que las encuestas captan. Entonces, para efectos electorales, ¿qué es primero? ¿las encuestas o las redes sociales? Para el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez, la respuesta es simple: las redes sociales.
Son un político y una influencer de última generación, donde no importa nada salvo sus ambiciones personales: él, probablemente, tener controlada su sucesión y el resultado para que quien llegue no lo someta a procesos penales por una fortuna misteriosamente amasada, pero bajo sospechas de que fue lograda mediante actos de corrupción. Y ella, quedarse con la candidatura y la gubernatura, que coronaría un sexenio de 12 años en Nuevo León y, sobre todo, porque no se esperaría algo distinto, cuidar que su esposo no termine en la cárcel.
Sanuel y Mariana no han escatimado en gastos.
De enero de 2025 a febrero de este año, pagaron 37 millones de pesos de pauta digital personalizada en Facebook e Instagram, administradas por Meta; es decir, donde las cuentas están a su nombre. Ni entremos en la suspicacia, dados los antecedentes, de dónde salieron los recursos para pagar por ella. De ese total, casi 25 millones de pesos se inyectaron a la imagen del gobernador, que suma cinco millones más de lo que ha invertido el presidente de Movimiento Ciudadano, su partido, Jorge Álvarez Maynez.
Para entender mejor la inversión y calificarla de monumental, basta con compararlo con lo que han inyectado de su dinero para promover su imagen personal, otros gobernadores: de la oposición, quienes le siguen a Samuel son Maru Campos, de Chiahuhua, con un gasto de 488 mil pesos, y Mauricio Kuri, de Querétaro, con una inversión de 479 mil pesos. Los gobernadores morenistas que más le dedican dinero a promoverse desde sus cuentas son Marina del Pilar Ávila, de Baja California, y Alfonso Durazo de Sonora, pero años luz a la cartera de García: 523 mil pesos y 484 mil pesos, respectivamente.
La inversión de Mariana tiene más componentes. Ella ha estado pagando publicidad en Meta donde dice lo que está haciendo por las niñas y niños, en el DIF, en las escuelas y en la administración de justicia, que tienen una vigencia de 15 dìas y un costo de 100 mil pesos cada uno. Quien le administra esta pauta es la empresa Nauka Comunicación Estratégica, una empresa que nació hace una década en Guadalajara, donde aún se encuentran sus oficinas centrales.
Nauka, que hace comunicación digital, maneja redes sociales y diseña estrategias, no es ajena a Movimiento Ciudadano. Fue la empresa que trabajó en la campaña presidencial de Álvarez Maynez, y ha asesorado a gobiernos locales de ese partido. También trabaja para el gobierno neoleonés de García, con quien firmó en septiembre pasado un contrato de prestación de servicios de administración, pago y supervisión de pautas en Meta, Google (Google Ads y YouTube), X y Spotify. Para las pautas elaboraron un presupuesto de siete millones y medio de pesos como mínimo y casi 19 millones como máximo.
¿Por cuánto tiempo fue este contrato? Por tres meses, donde gastaron entre 83 mil y 211 mil pesos diariamente para promocionarse. Pero no solo salió el dinero de su bolsillo o de donde hubiera salido. También sacaron presupuesto para promoverse con los contribuyentes en Nuevo León. La pauta del gobierno estatal de enero del año pasado a febrero de este año, fue de poco más de 16 millones de pesos, con lo cual duplicó lo que invirtieron de manera combinada Baja California, Chihuahua, Querétaro y Sonora.
Los neoleoneses están pagando con sus impuestos la imagen de Samuel y la construcción de la candidatura de Mariana. Sus asesores deben saber que las encuestas funcionan como un instrumento de poder narrativo, que puede llegar a ejercer presión psicológica sobre el electorado, alterando decisiones individuales y colectivas al moldear sus percepciones e influir en sus emociones. Qué tanto sus redes sociales tienen una audiencia nativa, es otra discusión. Bots, granjas de cuentas y campañas coordinadas, amplifican de manera artificial las tendencias, creando percepciones de inevitabilidad de quiénes supuestamente van en el carro ganador.
Si bien esto está ampliamente documenado en la ciencia política y la sicología social, no parece que le esté funcionando a Samuel y, por consiguiente, tampoco a Mariana. O al revés. A diferencia de la candidatura García al gobierno de Nuevo León, no parece que su esposa esté trasladando sus positivos y empatía como sucedió en aquella campaña.
De acuerdo con el ranking de gobernadores que publica mensualmente Mitofsky, García está ranqueado en el lugar 19 de todos los gobernadores, y no puede justificar que es por eldesgaste de gobierno. Maru Campos, de Chihuahua, y Víctor Castro, de Baja California Sur, están ranqueados en el 5º y 8º lugar, respectivamente, con los mismos 53 meses de gobierno. La aprobación de García se ubica en 44.6 por ciento, una caída de casi un punto y medio con respecto a diciembre.
El gobernador tiene otros datos, los que le proporciona Demoscopía Digital, que utiliza como metodología cuestionarios por WhatsApp, que le dieron en su último estudio publicado en febrero, una aprobación de 67.3 por ciento, casi 20 puntos más que los que le dio Mitofsky, con encuestas realizadas a través de plataformas de internet. García es un político muy echado para adelante. En su técnica de parcialidad de variables –muy utilizada por políticos y analistas–, no menciona nunca nada que afecte su narrativa. Pero ensalza las que sí. Por ejemplo, recientemente presumió una encuesta, de la que no dio detalles, donde casi siete de cada 10 neoleoneses, apoyan su candidatura presidencial.
En este momento no se puede saber con certeza si esa es un objetivo real o una estrategia para hacer campaña por su esposa o elevar su valor en el mercado político. Los datos que arrojan las encuestas, en este ecosistema de emociones y manipulaciones, no dan certidumbre de cómo van Samuel y Mariana en su nueva aventura político-electoral. La contienda está abierta, pero como hace seis años, su apuesta está en el mundo digital.

[email protected]
X: @rivapa_oficial

 

En el régimen se ha abierto una fractura sobre el combate al crimen organizado. Los más leales al expresidente Andrés Manuel López Obrador levantaron una muralla contra cualquier intento de la presidenta Claudia Sheinbaum de abrir procesos que terminen en responsabilidades para militantes de Morena por presuntos vínculos con cárteles de las drogas. El desafío del ala radical del obradorismo debilita la posición de Sheinbaum frente a Estados Unidos, que está presionando para que lleve a proceso a políticos, sin los cuales, afirman, las organizaciones criminales no podrían haber crecido y fortalecido a los nieveles actuales.
Sheinbaum se ha tenido que correr de posición para evitar que suceda lo que a veces parece inevitable: una intervención unilateral de Estados Unidos en territorio mexicano. De no querer ceder a las presiones y abrir causas penales contra figuras de Morena, consideró fórmulas para limpiar su casa, con la mira puesta en salvaguardar la soberanía, y dar señales a Washington de que la impunidad se acabó, y ganar más tiempo frente a los impulsos del presidente Donald Trump.
Pero no pudo. En el reciente Consejo Nacional de Morena a principios de este mes, se propuso una serie de mecanismos para poder separar de sus cargos y pérdida de fuero de gobernadores y presidentes municipales por manejo de recursos de procedencia ilícita y presuntos nexos con el crimen organizado, junto con una iniciativa en el Congreso para agilizar los procesos de desafuero de legisladores que se encontraran en situaciones similares. No avanzó ni siquiera a votación.
El presidente del Consejo, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, junto con Rafael Barajas, El Fisgón, el monero de La Jornada, que es el principal asesor político de López Obrador y maneja el Instituto de Formación Política de Morena, sabotearon la propuesta. No procedía, argumentó Durazo, de acuerdo con detalles de la negociación frustrada, argumentando la “integridad” del obradorismo siguiendo el ejemplo del expresidente.
La broma se cuenta sola, pero con esa justificación que parecería cínica, selló la posibilidad de que en México, figuras como él, otra decena de gobernadores –todos de Morena menos uno–, y alcaldes en los estados obradoristas en la frontera con Estados Unidos, Michoacán y Sinaloa, sobre quienes existen investigaciones en Estados Unidos, pudieran ser sujetos de acciones penales en México.
La construcción de una muralla de impunidad para políticos mexicanos en México, socava la cooperación con Estados Unidos al dejar al gobierno confrontado con el partido en el poder. La imagen más poderosa de esta disociación fue la fotografía de la reciente reunión en Washington del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con el director de la DEA, Terry Cole, que subrayó el entorno de confianza que ha logrado restituir el gobierno, dados los antecedentes e Cole en su paso por México durante los primeros años de la administración de López Obrador.
Cole hizo la primera lista de 30 nombres de políticos de Morena vinculados con el crimen organizado, como respuesta a la forma como la Fiscalía General de la República exoneró por la vía rápida al general Salvador Cienfuegos, por su presunta relación con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, de la que lo acusaba el Departamento de Justicia. Este caso sigue vivo en Washington.
La fractura no sólo fue con ese sabotaje. Desde hace algunas semanas, las plumas que reflejan el pensamiento del ala dura del obradorismo han estado golpeando a García Harfuch, acusándolo de ser complaciente con Trump, con lo cual lastiman a Sheinbaum, y sugiriendo que tiene que diseñar una política de seguridad que enfrente las presiones de Washington. Sibilinamente proponen la restauración de la política de abrazos, no balazos, que permita a los cárteles seguir operando, una vez más bajo el manto protector o complicidad del gobierno, como sucedió con López Obrador, que también tiene investigaciones abiertas en aquel país.
Esa política no va a regresar. Ni siquiera tiene que ver con la presión de Trump, sino con la viabilidad del país, como fue el diagnóstico que le entregaron a Sheinbaum desde la campaña presidencial, mucho tiempo antes de que Trump se convirtiera en una fuerza intervencionista amenazante. Sheinbaum lo resistió largo tiempo, y en septiembre se negó a presentar al Senado un acuerdo de seguridad con Estados Unidos, bajo presión del secretario de Estado, Marco Rubio. De la misma manera, cada vez que le han presentado listas de políticos morenistas vinculados con el crimen organizado, su respuesta ha sido que le entreguen las pruebas –aunque ella tiene las propias.
La mejor solución para navegar en esos dos ecosistemas, era la propuesta al Consejo Político de Morena, pero como le dijo Rubio cuando se reunieron en Palacio Nacional en septiembre ante su negativa de llevar al Senado el acuerdo de seguridad bilateral, no tiene la fuerza interna para imponerse. El ala dura de Morena, al igual que ella, teme que haya una acción unilateral, pero a diferencia de Sheinbaum, los radicales de López Obrador, en defensa de los delincuentes que tienen en esa trinchera, están apostando a que México sea su búnker.
El obradorismo radical no quiere recortar sus pérdidas, y al final puede perder más, porque no parece leer correctamente la hoja de ruta de Washington, similar a la que hicieron con Venezuela: ir construyendo una narrativa que fue de lo general a lo particular, a los detalles y al sentir que un ataque era inminente, creando las condiciones de opinión pública que hicieran menos costosas sus acciones quirúrgicas.
Ha pasado mucho tiempo entre las primeras declaraciones de Trump sobre la captura de México por el crimen organizado y este martes, donde el general Gregory Guillot, comandante de la Fuerza Aérea del Comando Norte y del Comando de Defensa Aeroespacial Norteamericano, afirmó ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Congreso que aunque el crimen organizado no se ha enfrentado directamente contra las tropas estadunidenses, el acoso contra funcionarios de ese país ha ido aumentando, junto con el hackeo de sus comunicaciones por parte de los cárteles.
La trayectoria de la narrativa es clara.
Guillot fue muy preciso en su testimonio, cuya declaración escrita tuvo una extensión inusual de 21 páginas, y una evocación al buque de guerra Maine y al Golfo de Tonkin, donde supuestos ataques a militares estadunidenses fueron la justifica-ción para iniciar la guerra contra España por Cuba, y en Vietnam.

[email protected]
X: @rivapa_oficial

 

No debería de extrañar nada de la fiscal general Ernestina Godoy, dados sus antecedentes en torcer la ley para inventar casos. Pero en la ruta final de su carrera –se prevé que presente su renuncia por motivos de salud–, alcanzó un nuevo nivel de ruindad: lavarse las manos de las críticas que se han hecho a la Fiscalía General por no haber realizado peritajes y recopilado evidencia en la cabaña donde vivía Nemesio Oseguera, El Mencho, en Tatalpa, para trasladar culpas y responsabilidades a periodistas que, arriesgando su vida, llegaron a donde sucedieron los hechos e hicieron lo que debían hacer: recolectar información para cumplir plenamente con ese tan mal valorado servicio público.
No los llama por lo que son, reporteras y reporteros, sino “personas”. Así, ambiguamente, las acusa de “contaminar” la escena. Tatalpa no es solo un municipio más donde suceden hechos violentos; se encuentra dentro de las murallas imaginarias que protegían el corazón del imperio criminal. Las y los periodistas se metieron a una zona de guerra, donde los sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación estaban cazando guardias nacionales y policías estatales para vengar la muerte de Oseguera.
Llegaron a Tatalpa por sus propios medios y enfrentaron los peligros para cumplir su trabajo. Llegaron como extraños a una zona en ebullición, y despertaron inmediatamente sospecha. Haber trabajado abiertamente, posiblemente le salvó la vida a más de uno y no estamos lamentando hoy a un periodista más asesinado por los criminales. Esas condiciones de extremo riesgo, descritas por primera vez por el secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla, y en el propio comunicado de la FGR, explican también el tipo de misión que se realizó.
La acción nunca fue contemplada como una diligencia ministerial, sino como una operación de inteligencia. Por esa razón no los acompañaron ministerios públicos federales. “Era imposible que lo hicieran”, dijo una fuente con conocimiento de la operación, “hubieran matado a todos”. La FGR no lo dice con esta claridad, pero haberlos enviado habría sido un error imperdonable en una operación impecable. Al no hablar con transparencia, aunque afirma lo contrario, la FGR se metió en contradicciones legales.
El comunicado señala que después de la operación, solicitaron al juez una orden de cateo. En ningún momento mencionó la orden de captura de Oseguera, aunque la FRG reconoce que el objetivo era él. Las dos órdenes no se contraponen, pero la omisión de la segunda mostraría las irregularidades si, en efecto, hubiera sido una diligencia ministerial. Para tapar lo que realmente sucedió en Tatalpa apunta a la “contaminación” causada por las “personas”. Las y los periodistas llegaron dos días después de la operación. Los peritos no llegaron nunca, o hasta después, si le creemos a la FGR. En una situación normal, los ministerios públicos llegan en la espalda de las fuerzas de seguridad, establecen la escena de crimen para que los peritos hagan su trabajo. Como reconoció, no había las condiciones de seguridad mínima para sus ministerios y peritos.
La FGR solo habla de “cabañas” a las que accedieron las “personas”, como si solo ahí hubiera habido acción. Nadie “contaminó” el bosque, donde se dio el enfrentamiento con Oseguera y sus guardias, pero tampoco los ministerios públicos aseguraron la escena, levantaron los cadáveres (lo hizo sanidad militar) y recolectaron pruebas científicas, como de ADN y de balística (lo hizo el Ejército). No interrogó testigos (fuerzas especiales y detenidos) y abrió, que se sepa, una carpeta de investigación. La omisión de responsabilidad en condiciones normales, era de la FGR. Pero no fueron condiciones normales sino extraordinarias.
El operativo así lo exigía. La presidenta Claudia Sheinbaum, hasta donde se sabe, fue informada una vez iniciado. El secretario de la Marina, almirante Pedro Raymundo Morales, también. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, supo de él cuando lo convocaron al centro de comando, mientras el cuerpo de El Mencho era trasladado a la Ciudad de México. Mantenerlos al margen, como hizo el general Trevilla con el resto del gabinete de seguridad, no fue un acto de rebeldía o para evitar filtraciones, sino, paradójicamente, una decisión para salvaguardar el Estado mexicano.
Una fuente estadounidense explicó la racional del secretario de la Defensa: “Si hubiera informado previamente a García Harfuch y la operación fracasa, hubiera herido la ventanilla del principal interlocutor de la presidenta con Washington. Si hace copartícipe al gabinete de seguridad y fracasa, se acaba el gobierno. El general Trevilla asumió toda la responsabilidad. Si las cosas hubieran salido mal, él habría sido el único que habría caído, dejando a salvo al resto del gobierno”.
Si el gobierno tuviera una visión de Estado, no estaría metidos en estos problemas. Al general Trevilla le preguntaron si los militares habían matado a El Mencho, y expresaron dudas si en efecto murió, porque no hay fotografías de él –¿el referente subconsciente es Osama bin Laden?–, que no respondió con la fuerza necesaria porque no quieren decir en el gobierno cómo saben que está muerto y como supieron en unas cuántas horas que la persona abatida sí era Oseguera.
La información del gobierno fue parcial. La CIA fue la que proporcionó información de inteligencia a la Secretaría de la Defensa, para que su cuerpo de élite, “los Murciélagos” actuaran. Lo que no se ha explicado, aunque sea de manera general, es que la CIA tenía interceptadas todas las comunicaciones en ese teatro de operaciones, por lo que la primera línea de las fuerzas especiales no se detuvieron en la cabaña donde vivía Oseguera, sino lo persiguieron al bosque, porque la compañía, en una acción coordinada, les iba proporcionando en tiempo real sus movimientos. Una vez que lo hirieron y subieron al helicóptero, le tomaron fotografías, huellas dactilares y una prueba de ADN que se transmitió a la CIA, que en menos de cuatro horas les confirmó la identidad. Con esa información, se comenzó a filtrar a los medios que lo habían abatido, sin explicar porque hasta el día siguiente dijeron que tenían confirmación con el ADN.
El gobierno se hizo bolas y no supo comunicar el operativo los términos reales de lo que se ejecutó. Buscar chivos expiatorios en los medios, aunque muy propio del régimen, es un absurdo, una canallada y una falta de ética institucional. Pero sobre todo, una mentira a la nación.

[email protected]
X: @rivapa_oficial

 

Después de haber estado seis años en el aparador, probablemente muchas personas que incluso votaron por Andrés Manuel López Obrador han llegado a la conclusión que a su visión periférica le falta distancia. Su mensaje el sábado donde pidió ayuda humanitaria y para comprar petróleo para Cuba, es muestra de ello. No está viendo que está caminando a un destino sin futuro, arrastrando con él a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Quienes son sobrevivientes de la Guerra Fría, como él, tendrían que haber notado que las acciones de Estados Unidos contra Cuba no generaron apoyos concretos que no fueran retóricos y solidarios. No llegaron los buques de guerra de Nikita Krushov, ni decenas de países protestaron airados para que el presidente Donald Trump desistiera de sus propósitos. Dejaron sola a Cuba, obligada a negociar con Washington, ante la aceleración de su crisis económica.
Raúl Castro, el poder real en Cuba, envió a su hijo Alejandro Castro Espín, hombre poderoso en la inteligencia cubana –históricamente conocida como el G-2– y en las Fuerzas Armadas, a hablar con los estadunidenses, y descubrieron pronto lo solos que estaban. Quería que se sentaran en la mesa de negociaciones México, España y Rusia. Pero los únicos alborotados fueron los mexicanos, porque los otros dos, leyendo lo que estaba sucediendo, se hicieron a un lado. Los mexicanos fueron marginados.
Lo que está sobre la mesa no es una negociación, dijo una fuente estadunidense, sino los términos de la claudicación del modelo económico. Esta es la primera falla estratégica de López Obrador y de quienes, como él, se quedaron en la Guerra Fría. Washington no quiere intervenir militarmente en Cuba, porque no hace falta. El fracaso del modelo económico está creando las condiciones de su salida. La gente busca comida en los basureros; golpea calderos en las calles por los apagones; no hay agua ni gas para cocinar; hay zonas en La Habana donde solo tienen luz por cuatro horas y en la isla, permanecen sin energía hasta 40 horas.
López Obrador, Sheinbaum y los demás anticuados, siguen pensando en el modelo socialista. Un profesor universitario marxista ligado a la cuatroté, les dice a sus camaradas con el ánimo de ubicarlos en el hoy, que está bien hablar del socialismo, “pero la siguiente semana, que puede ser dentro de 30 años”, porque como argumenta, la discusión en el mundo es sobre los diferentes modelos de capitalismo.
El socialismo obradorista no existe más que en Cuba, porque incluso Corea del Norte tiene desde hace años mercados informales y una clase emergente de comerciantes privados llamados donju. China tiene un capitalismo de Estado y Rusia uno de cuates. El modelo que defiende López Obrador y su sucesora se está quedando sin referentes.
Estados Unidos logró que Delcy Rodríguez, que sustituyó a Nicolás Maduro, impulse el cambio de modelo económico, mediante la diversificación productiva y alianzas con el sector privado. El primer punto sobre la mesa con Cuba es la negación del modelo económico de 67 años, que fue un desastre. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, sigue los pasos de Rodríguez, y cada semana, como ayer mismo, está anunciando reformas graduales en su economía. Cuando esto se concrete, el referente de la revolución castrista se habrá desvanecido.
Pero no es solo la Perestroika cubana lo que está en la mesa. Los siguientes tres puntos tienen que ver con el desmantelamiento del aparato de inteligencia cubano, la salida de todos los espías cubanos de territorio estadunidense, y la entrega de sus espías y colaboradores en América Latina. Dos expresidentes, Rafael Correa de Ecuador, asilado político en Bélgica pero que opera desde una casa en las Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México, y Evo Morales de Bolivia, son los primeros activos cubanos comprometidos. Varios miembros de Morena también lo están.
El G-2 es uno de los servicios de inteligencia más capaces y eficientes en el reclutamiento y la penetración de agencias enemigas. El secretario de Estado Marco Rubio se ha referido al caso de probablemente mayor éxito de la inteligencia cubana, el de Ana Belén López, una portorriqueña reclutada en 1984 por un agente cubano en Nueva York, que durante 16 años les dio información del Departamento de Justicia, donde trabajaba, y de la Agencia de Inteligencia de la Defensa, hasta que la descubrieron en 2001. Ha sido descrita como una de las espías más peligrosas en la historia de Estados Unidos.
La información sobre el espionaje cubano en América Latina ha comenzado a fluir en Washington por declaraciones de venezolanos chavistas, que fue una razón por la que el presidente Daniel Noboa de Ecuador recientemente expulsó a todos los diplomáticos cubanos en su país. Un tercio del hemisferio, paralelamente, ya ha comenzado a tratar a Cuba como un país apestado, un paria en una región que hasta hace poco tenía bajo su control.
Diez países finalizaron o modificaron su cooperación con las misiones médicas cubanas: Honduras, Guatemala, Guyana y Paraguay en América Latina; Jamaica, Antigua y Barbuda, Bahamas, Dominica, Granada y Trinidad y Tobago, en el Caribe. En menos de 60 días, la cooperación médica cubana tuvo su peor revés en décadas, estratégicamente importantes porque dentro de ellas el G-2 cubano infiltró espías.
Esas misiones médicas aterrizaron en México durante la pandemia, en el gobierno de López Obrador, y fue una imposición a su sucesora para que continuara el programa. Aunque Sheinbaum ha dicho varias veces en privado estar en contra de este programa, que tiene a más de tres mil doctores cubanos trabajando en una cuarta parte de los municipios del país distribuidos en 29 entidades, lo mantiene.
Todo esto no significa que deje de ser importante la ayuda humanitaria mexicana a Cuba, con quien tenemos una relación histórica de solidaridad. Pero lo que plantea el obradorismo es la ayuda a la dictadura cubana, sin que haya forma de comprobar que llegará al pueblo. Ya lo hicieron antes con el petróleo que regaló López Obrador a Cuba, que fue revendido para beneficio de las élites castristas, no para la gente.
López Obrador no tiene una visión global, ni está dispuesto a ceder nada, porque está tan comprometido con Cuba como Correa o Evo. Pero su hegemonía política sobre el régimen es tan grande, que su ceguera periférica de distancia, está jalando a la intemperie continental al movimiento y al gobierno.

[email protected]
X: @rivapa_oficial

 

En medio de su más profunda crisis económica, sin cohesión interna y con presiones externas, la dictadura cubana no tuvo más remedio que entrar en negociaciones arbitrarias, forzadas e intervencionistas con Estados Unidos, para iniciar un cambio gradual, siguiendo quizás el modelo de Mijail Gorbachov en la Unión Soviética cuando ante el colapso económico implementó la Perestroika y la Glasnost, para darle viabilidad al país y, probablemente, a sus propios líderes sempiternos.
Este proceso significa algo más profundo: el final de la “revolución silente” de Fidel Castro, que inspiró un modelo de intervención y penetración cubana en América Latina, cuyo objetivo fue tomar el poder con la arquitectura de la democracia, para destrozarla desde adentro, con tres herramientas: corromper a las Fuerzas Armadas -mediante su involucramiento en tareas no militares-, apoderarse del Poder Judicial, y conectar el poder político con el narcotráfico. El enemigo siempre fue Estados Unidos, sirviéndose de presidentes útiles en la región para esos fines.
Durante largo tiempo, la autoría de ese modelo se le adjudicó al presidente venezolano Hugo Chávez, y cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador siguió sus pasos, se le comparó con el autócrata de Caracas sin verse que, en el fondo, el diseño era cubano. Los rusos se sumaron al proyecto a principio de siglo y poco después, lo hicieron los chinos. Estos proporcionaban drogas; la inteligencia cubana trabajaba para que gobiernos afines y sus activos en la región facilitaran el engarce con el crimen organizado, y los rusos daban cobertura con operaciones sicológicas y una maquinaria de propaganda eficaz.
La “revolución silente”, a nivel doméstico, no fue un concepto formal ni un programa explícito anunciado como tal, sino una estrategia política gradual, deliberada y opaca, mediante la cual Castro concentró el poder absoluto y transformó el Estado cubano sin provocar una ruptura inmediata que pudiera generar resistencias internas o una reacción externa temprana, particularmente de Estados Unidos. En términos políticos, fue la revolución dentro de la revolución.
El engaño era fundacional. Cuando la revolución castrista triunfó en 1959, Fidel no se presentó como comunista. Su discurso inicial fue nacionalista, moralista y democrático: restaurar la Constitución de 1940, combatir la corrupción y devolver el poder al pueblo. Ese relato tranquilizó a amplios sectores de la sociedad cubana, a empresarios, a la Iglesia y a Washington. Mientras tanto, el núcleo revolucionario ya tenía claro el rumbo autoritario y estalinista del proceso. El silencio ideológico fue una herramienta, no una ambigüedad.
La toma progresiva del Estado tuvo su estrategia. Neutralizó a los aliados incómodos que no compartían la radicalización. Logró el control de las Fuerzas Armadas, porque sin el monopolio de las armas no había poder duradero, asegurando la lealtad militar con privilegios y negocios. Entonces vino el desmantelamiento institucional, creando tribunales revolucionarios, realizando purgas burocráticas y sustituyó el Estado de derecho por decretos y leyes revolucionarias. Cooptó o destruyó a la prensa, primero con presión, luego con la censura, finalmente instalando un monopolio informativo. Todo esto ocurrió sin una declaración formal de dictadura, pero que se construyó mientras se hablaba de justicia y transición.
Sólo cuando el poder ya estaba consolidado, Fidel declaró en 1961el carácter socialista de la Revolución. Para entonces la oposición ya estaba desarticulada, el control territorial militar era total, el exilio había comenzado, y la dependencia de la Unión Soviética estaba sellada. La revolución dejó de ser silenciosa cuando ya no podía ser revertida. El ideal del comandante era exportar la “revolución silente” a todo América Latina, que tuviera la eficiencia que no tuvo la concepción militarista del Ché Guevara de “crear dos, tres, muchos Vietnam” para enfrentar al imperialismo estadounidense.
La “revolución silente” comenzó su marcha firme cuando Chávez llegó al poder en febrero de 1999, y concluyó el primer día de este año ahí mismo, con el desmantelamiento del modelo que operaba desde Caracas bajo los auspicios del presidente Nicolás Maduro. En esa operación, Estados Unidos acabó con la fábricas de armamento y drones de Irán, cortó el control de Rusia sobre las Fuerzas Armadas, rompió las rutas de abasto de tierras raras para China y, sobre todo, desmadejó la inteligencia cubana que manejaba el aparato de espionaje del Ministerio del Interior, donde su titular, Diosdado Cabello administraba el narcotráfico y los paramilitares para reprimir.
El golpe a la inteligencia cubana en Caracas fue fundamental. Varias decenas de agentes quedaron atrapados, hasta que salieron en aviones rusos tras una negociación entre Washington y Moscú. Eso desencadenó expulsiones de espías cubanos en América Latina, que comenzaron a despresurizar el tema de la narcopolítica. Ecuador arrancó públicamente las acciones y expulsó a todos los diplomáticos cubanos. Colombia y Guatemala empezaron a coordinarse con Estados Unidos, ahora es el momento de Cuba, donde el régimen castrista que conocimos está de salida, al llegar el final del experimento americano y la “revolución silente”.
El hemisferio está cambiando de piel en este reordenamiento geopolítico global. La esencia de la “revolución silente” había sido avanzar siempre un paso más allá del discurso público, probando límites, midiendo reacciones y retrocediendo tácticamente sólo cuando era necesario. No fue improvisación: fue cálculo. Castro no había gobernado con reglas, sino con correlaciones de fuerza. Construyó un sistema que nunca anunciaba cambios hasta que fueran irreversibles, mediante una política sin rendición de cuentas, y con un poder aplicado más por control que por consenso.
La “revolución silente” explica por qué muchos cubanos no se dieron cuenta de que habían perdido sus libertades hasta que ya no podían recuperarlas, y por qué el castrismo logró instalar una dictadura de larga duración sin un golpe clásico ni una proclamación abierta. Lo que fue teoría durante décadas, cubanos y rusos la llevaron a la práctica en los últimos 30 años para extenderla por todo América Latina y el Caribe.
Avanzó con éxito en los países andinos –en el cono sur la izquierda no era estalinista, sino democrática–, siguió con insuficiencias en Centroamérica, y conquistó a México. Esta larga estrategia se acabó este año. La extinción de la “revolución silente” dejará en orfandad a otros gobiernos que fueron parte del modelo, que si no entienden lo que sucede en su entorno y recalibran sus políticas, están en riesgo de terminar tan aislados y derrotados como la dictadura cubana.

[email protected]
X: @rivapa_oficial

 

 

La confrontación del Partido del Trabajo con la presidenta Claudia Sheinbaum es más profunda de lo que se vio el miércoles, cuando su bancada en la Cámara de Diputados votó en contra de su reforma electoral. Ese mismo día, Benjamín Robles, miembro de la Coordinación Nacional del PT, declaró a La Jornada que Morena los ha tratado como “perros de rancho”, al imponer sus decisiones sobre quiénes compiten en los procesos electorales del próximo año. Robles afirmó que el PT de las 17 candidaturas que se pondrán en juego, son competitivos en Baja California, Baja California Sur, Tlaxcala y Zacatecas.
Zacatecas resalta porque uno de sus militantes de mayor rango, José Narro Céspedes, que quiere ser gobernador de su estado, es la figura central en una de las investigaciones más importantes que tiene el gobierno de Estados Unidos sobre la narcopolítica en México, por sus presuntos vínculos con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. En México está protegido por la impunidad que se le construyó durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por la desaparición en 2022 de dos marinos que formaban parte de su escolta.
Pero la atención en estos momentos debe estár más arriba y más al norte, en Baja California Sur. Específicamente en Los Cabos, donde el presidente municipal es Christian Agúndez, hijo del ex gobernador, Narciso Agúndez, es la apuesta del PT para la gubernatura, y una de las razones de las presiones para que a cambio de votos y apoyos, Morena le entregue la candidatura. Sería un terrible error.
Agúndez es la cabeza visible de una operación criminal que tiene dos caras: abrirle completamente la puerta a la facción de Los Chapitos dentro del Cártel de Sinaloa, que quiere ampliar su santuario en Baja California Sur desde Los Cabos que hoy controlan, y ser la cabeza de playa del PT para el espionaje a políticos de Morena, que ya se empezó a hacer contra el gobernador Manuel Castro Cosío.
El espionaje del PT, que se puede llamar así porque varios de sus líderes están involucrados, se está reforzando. La semana pasada, en una visita a la Cámara de Diputados, Agúndez se reunió con uno de sus líderes camarales, que le recomendó reunirse con un empresario que tiene la doble nacionalidad mexicana y estadunidense, para adquirir un programa de espionaje israelí para intervenir las comunicaciones. Este equipo de inteligencia es una tecnología que no puede ser adquirida por un gobierno estatal y menos aun municipal, y sus licencias de exportación tienen que ser sujetas a la aprobación de los departamentos de Estado y Defensa de Estados Unidos, y del Ministerio de Defensa de Israel.
La reunión que sostuvieron el viernes pasado en Los Cabos prendió las alertas en los servicios de inteligencia porque el empresario fue sujeto a proceso como parte de una conspiración para realizar contribuciones ilegales a dos candidatos para alcalde en San Diego, y le abrieron otra investigación en Estados Unidos y en Israel porque detectaron que adquirió en Chipre el equipo de inteligencia, con el propósito de evitar las autorizaciones militares y diplomáticas de esos dos países.
El empresario fue identificado por las fuentes únicamente por sus nombres código: “Hester”, para los estadounidenses, y “Susu” para los israelíes. El encuentro con Agúndez no fue el primero con un político del PT, que de acuerdo con las fuentes, ya ha vendido el sistema de intervención a otros políticos. Tampoco fue el único semáforo rojo que les llamó la atención. El empresario llegó a la cita con Agúndez acompañado por Carlos Beltrán, el oficial mayor de Los Cabos, a quien investigaciones en Estados Unidos señalan como piloto de Los Chapitos hace unos seis años, aunque no trasladaba drogas sino personas, y es parte estructural del crimen organizado, una imputación que públicamente sólo ha surgido en mantas, que han sido ignoradas por las autoridades locales.
La investigación en Estados Unidos apunta abiertamente al PT como el vaso comunicante con el crimen organizado, por lo que, de acuerdo con un funcionario, sus posiciones como parte de la negociación sobre la reforma electoral sólo escalarían el conflicto con la Administración Trump. Entre las imputaciones que contiene la investigación está la estructura criminal-política que han venido construyendo en Michoacán y Sinaloa, e incorpora fotografías de credenciales firmadas por Narro Céspedes y Gerardo Fernández Noroña, cuando aún no brincaba a Morena, para acreditar a personas relacionadas con Los Chapitos como asesores de la bancada en el Senado.
“La tecnología no sirve solo para el espionaje político, sino para intervenir las comunicaciones de cualquier objetivo de interés”, subrayó una de las fuentes, sugiriendo que esos objetivos son los de interés del crimen organizado en Baja California Sur, que Estados Unidos mantiene permanentemente en el radar por el número de celebridades de ese país que tienen casas o lo tienen como uno de sus principaldes destinos turísticos.
El PT, como se ha mencionado en este espacio, es el primer partido político en México al que las investigaciones en Estados Unidos ubican como instrumento del crimen organizado, sin que esto signifique que todos sus miembros estén involucrados o que sepan de esas relaciones peligrosas. La vinculación que hizo uno de los líderes entre Agúndez y el empresario, tiene una derivada que lleva a otros paralelos.
El empresario mexicano-estadunidense fue contratado hace tiempo por Mario Pacchiano, que es uno de los operadores financieros del senador Adán Augusto Hernández, para identificar a la persona que filtró un audio revelado en 2024 entre Amílcar Olán, un joven amigo muy cercano de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando hablaba con un primo de ellos sobre la mala calidad del balastro del Tren Maya, a quien ubicó para que fuera detenido y torturado en Chiapas. Actualmente esta persona, que fue liberada tres meses después de su detención por falta de pruebas, se fue inmediatamente a Los Ángeles, donde presuntamente comenzó a hablar con las autoridades estadunidenses.
La mezcla de intereses políticos y criminales en torno al PT y al empresario que les está vendiendo equipos de espionaje es explosiva. “Se está juntando la ambición empresarial y la ambición político-criminal”, caracterizó una fuente estadunidense. Aquí, sin embargo, el PT va avanzando sin que tenga obstáculos serios enfrente hasta ahora.

[email protected]
X: @rivapa_oficial

 

 

El primer round en el Consejo Nacional de Morena lo ganaron los duros. Cambiaron las reglas, los tiempos, el método de selección y hasta la dirigencia. Todo en la opacidad porque las resoluciones no se tomaron este sábado, sino durante cuatro consejos consultivos realizados de manera virtual –sin darlos a conocer públicamente–, donde se hicieron las negociaciones. Hay cosas que se verán en las próximas semanas, y otras hasta finales de septiembre, en vísperas de que arranque oficialmente el proceso electoral del 2027.
Está arreglado que habrá un nuevo presidente de Morena, que vendrá del norte, y un ajuste en la Secretaría de Organización, de donde saldrá Andrés Manuel López Beltrán, que no pesa nada pero que genera respeto por el apellido y la sangre, por una puerta de salida que no sea indignante. No quiere nadie lastimar al cacique de Palenque, sobre todo porque en este juego de ajedrez, se comió a los peones y ha puesto en jaque al poder formal. No fue casualidad ni nostalgia que el Consejo cerrara con el viejo reconocimiento de “es un honor estar con Obrador”.
En este primer round hubo sorpresas para quienes fueron excluidos de las negociaciones cupulares, donde se decidió que el piso no iba a estar parejo. El Consejo Nacional dejó fuera a los consejeros estatales, pero permitió que las fuerzas de poder real, aunque su combustible venga del expresidente Andrés Manuel López Obrador, mostraran su músculo. De esta manera los senadores Adán Augusto López y Alejandro Esquer, llegaron con una decena de invitados, camaradas de la misma cámara a quienes, al menos la mayoría de ellos, quieren llevar a candidaturas para gubernaturas.
Uno de los cambios más relevantes fue en los tiempos. Originalmente se había acordado que durante los meses previos al mundial se iba a poner a competir a los varios participantes que buscan candidaturas a gobiernos estatales, para que en junio tuvieran dos finalistas, en el entendido de que había militantes que habían empezado con gran antelación su precampaña y llegarían con un alto posicionamiento de nombre, pero dejando abierta la puerta para que quienes hubieran respetado las reglas y no se habían movido, pudieran entrar como segundo lugar y apretar el paso –o sea, inyectar recursos para darse a conocer–, para decidir entre las dos precandidaturas a quien resultara ganador.
Este diseño permitiría a los estrategas de las precandidaturas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum, que como característica no son a quienes más conocen sus electorados, a disponer de mayor tiempo para que su victoria fuera verosímil y creíble. Como respaldo de estas precandidaturas se tendrían las encuestas, siguiendo el modelo donde se mide sólo a la militancia, pero en las secciones en dónde les indicaran para garantizar el resultado. Ese modelo, que es tramposo, permitió que Sheinbaum arrasara en la lucha por la candidatura presidencial y que Ricardo Monreal resultara apaleado y humillado en el último lugar. Se encuestaba donde estaba fuerte la candidatura que querían que ganara, mediante una movilización de cuadros morenistas incentivados por los programas sociales, y una campaña previa de posicionamiento de nombre, excluyendo de la medición los puntos en donde no se hubieran construido las condiciones para ello.
Esto ya no será. Los tiempos cambiaron, y la selección de coordinadores estatales, de donde saldrán “quienes defiendan la Cuarta Transformación” como candidatos o candidatas a las gubernaturas, será decidida el 22 de junio, de acuerdo con la nueva calendarización. Las reglas también se modificaron, no solo porque no llegaran dos en la depuración pre-mundialista, sino porque la encuesta definitiva se abrió a seis, con lo que quienes no tengan un gran reconocimiento de nombre, quedarán atomizados con los otros cuatro en esas listas.
Tampoco va a ayudar que la encuesta ya no será a la militancia, sino será abierta y casa por casa, con lo cual incentivos como programas sociales inducidos, que se hace desde el poder, no tendrán la misma efectividad que quienes tengan reconocimiento de nombre. Una vez más, quienes violentaron las reglas y las leyes, resultaron beneficiados de estas negociaciones cupulares, y al mismo tiempo, quienes jugaron pensando que la competencia sería justa y equilibrada, les pusieron candados a su promoción.
Quedará prohibida la promoción de su imagen en espectaculares, con lo cual quien no tapizó su estado con su cara, ya no podrá hacerlo. Tampoco podrá repartir dádivas, despensas o electrodomésticos, que es algo de lo que se acusó a la senadora de Chihuahua, Andrés Chávez, y se está señalando al director de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, que quiere ser gobernador de Quintana Roo, y que comparten dos sentimientos: no son candidatos de la Presidencia, pero son respaldados por López Obrador, directa o indirectamente.
Eventos masivos y actos anticipados de campaña también quedaron prohibidos, sin sanción alguna a quienes, como en los otros casos, incurrieron en lo que ahora explícitamente no se puede hacer. Quienes así lo hicieron, tendrán una precampaña menos costosa, pero quienes se abstuvieron, enfrentarán las penurias de los recursos. Se estima que durante estos tres meses, quien necesite impulsar su imagen, porque arrancará con un déficit de conocimiento que puede ir de 15 a 20 puntos al menos, tendría que invertir 30 millones de pesos. ¿De dónde saldrán?
Queda una válvula, sin embargo, y es sobre quién controlará las encuestas para la selección del coordinador estatal. Quien lo haga tendrá un enorme poder sobre quienes aspiren a las candidaturas, y a su vez, quien esté arriba de esta persona, tendrá los espacios para alinear las estrellas a favor de sus candidaturas. En este momento, la delantera en este campo la lleva la presidenta, que es el único espacio, por el momento, por donde puede respirar para ir colocando a personas que le deban la candidatura y su apoyo, de donde se podrán desdoblar otras jugadas de ese ajedrez tropical para que, en candidaturas a diputaciones federales, pueda haber acuerdos encadenados.
Estamos viendo en tiempo real la lucha entre el poder que terminó su mandato pero se niega a desaparecer, y el poder que inició su mandato pero no logra terminar de establecerse, y menos consolidarse. En este momento nadie puede saber quién terminará ganando esta partida –palomear candidaturas y controlar políticamente al régimen–, pero sí se puede plantear que de esta lucha dependerá la forma como se juzgue la presidencia de Claudia Sheinbaum.

[email protected]
X: @rivapa_oficial

 

Ricardo Peralta fue director de Aduanas por decisión del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador al arrancar su gobierno a finales de 2018, y salió año y medio después bajo sospecha por presunta corrupción. Lo sustituyó Ricardo Ahued, que duró 11 meses porque tuvo diferencias con el expresidente. Llegó Horacio Duarte, que tampoco hizo raíces, y lo sustituyó Rafael Marín Mollinedo, que se fue y regresó al puesto, que aún ostenta. Aduanas la tomó la Marina, que está tratando de limpiar la corrupción, pero por alguna razón, la putrefacción que causaron los civiles, nadie la está viendo. Terreno libre para seguir escalando.
Peralta, protegido por la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y que nombró administrador de la Aduana de Reynosa a Julio Carmona, hermano de Sergio, el llamado “rey del huachicol”, testigo protegido en Estados Unidos, es el representante del gobierno de Tlaxcala en la Ciudad de México. Ahued –sobre quien no hay sospechas de nada ilegal o irregular– es secretario de Gobierno en Veracruz. Duarte es secretario de Gobierno en el estado de México. Y Marín Mollinedo, quiere ser gobernador de Quintana Roo, y está cometiendo probables delitos electorales.
En 2021, López Obrador le entregó las 17 fronteras marítimas a la Marina, porque se habían convertido en un “botín”. Las recibió el exsecretario, almirante Rafael Ojeda, quien por méritos propios, es un presunto delincuente porque la corrupción en Aduanas no la combatió, sino que, por documentación interna del gobierno, la solapó. Es cierto que la corrupción en Aduanas se arrastra desde antes de que la Marina asumiera el control operativo y administrativo de los puertos, pero no se frenó. Se tuvo una gran oportunidad en la segunda parte del sexenio de López Obrador, pero se perdió.
De manera inexplicable, el almirante Ojeda hizo caso omiso de una información que le entregaron los servicios de información de la Marina sobre Duarte, que como a Peralta, no lo tocaron ni con la foja de una declaración ministerial. Un documento al que se tuvo acceso, que comenzó a circular en la Marina en 2022, tras la salida de Duarte y como respuesta a la complicidad que se había anidado en los altos mandos, detalla los niveles de corrupción en esa administración, en la cual participaban mandos de la institución que habían sido colocados en puestos estratégicos.
El documento confidencial de la Marina que se entregó al entonces secretario, señala abiertamente a tres funcionarios que fueron fundamentales para Duarte en el esquema de corrupción: Juan Carlos Madero Larios, que era subdirector de Operación Aduanera, cuyo nombre aparece como la figura más importante de la red que tenía Duarte; José Marcos García Nieto, encargado de Modernización de Equipamiento e Infraestructura, y Carlos Narváez Romero, que había sido director de Evaluación en Aduanas. El primero era el principal responsable de la red a nivel institucional, de acuerdo con el informe, mientras que los otros dos tenían, además de sus enlaces militares y civiles, relación con el crimen organizado.
Madero Larios realizaba acciones a favor de un contrabandista ligado con el entonces director de Operación Aduanera, el vicealmirante Felipe Solano Armenta, quien interactuaba con almirantes, representantes de la Fiscalía General de la República y civiles, mientras que García Nieto y Narváez Romero, que también tenían enlaces con otros contrabandistas que tenían controlada la aduana interna de Pantaco con sobornos a altos mandos de la Marina, subadministradores, operadores de módulos de rayos X, verificadores y personal de salida del recinto, trabajaban también con un operador del Cártel Jalisco Nueva Generación con control desde el puerto de Lázaro Cárdenas hasta Veracruz.
El documento es previo al descubrimiento de la red de contrabando de combustible manejado por los oficiales Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, sobrinos políticos del almirante Ojeda. No obstante, el nombre del almirante Fernando Farías Laguna aparece como el marino que tenía bajo control el puerto de Lázaro Cárdenas, a través del administrador, el capitán de Fragata, Julián Manuel Otáñez, desde donde se exportaba hierro a China con documentos falsos.
La red tejida durante la administración de Duarte en Aduanas, se extendía por todo el país.
En la Ciudad de México, un contrabandista que opera con la cubierta de una empresa de exportación e importación, tenía en su nómina a un contralmirante y a un teniente de la Marina. En Lázaro Cárdenas, el administrador de Normatividad en Comercio Exterior, de acuerdo con el documento, era el enlace con funcionarios de la dirección de Aduanas y con el capitán Otáñez. En Manzanillo, la corrupción la administraba el contralmirante Antonio Bandala López, que era el administrador del puerto, y el entonces capitán Rubén Guerrero Alcántar, asesinado en noviembre de 2024 tras denunciar la red de contrabando de combustible.
En Mexicali, la red de corrupción la manejaba el jefe de Módulos de la Aduana, mientras que Nuevo Laredo, el subadministrador de Puntos Tácticos –enlace de Madero Larios–, operaba con la subadministradora. En Nogales, desde el despacho aduanero, con la colaboración de una oficial de Comercio Exterior, Madero Larios mantenía alimentado al equipo de funcionarios menores que participaban de los manejos ilegales.
El contralmirante Ricardo Gutiérrez Ruvalcaba, en ese entonces administrador de la Aduana en el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México, encabezaba el manejo de la red a través del subadministrador, el teniente Eddie Ascencio Méndez, mediante agentes aduanales y personal de Aduanas, a quienes le pagaban 40 mil pesos, cada uno, por cada operación. El vínculo entre el aeropuerto y Pantaco se establecía mediate el contrabandista y un operador externo registrado en Aduanas desde 2009.
El documento confidencial de la Marina tiene decenas de nombres de funcionarios menores y la identidad de los contrabandistas y enlaces con el Cártel Jalisco Nueva Generación, así como la red de vínculos que permiten ver, con organigramas y fichas específicas de los principales protagonistas, la profundidad de la operación que, deja entrever el informe, floreció durante la administración de Duarte, con la participación activa de funcionarios de la FGR que realizaban inspecciones simuladas y cambiaban datos de los registros para evitar que fueran revisadas también por la Secretaría de la Defensa.
La información sobre la corrupción en Aduanas, llevada a cabo por civiles y militares es profusa y concreta, aunque hasta ahora, ha faltado voluntad política para llegar al fondo y determinar los últimos responsables.

[email protected]
X: @rivapa_oficial

 

La pausa que le dio Estados Unidos a México por la operación donde murió Nemesio Oseguera, el jefe del cártel más poderoso del mundo, se acabó. El presidente Donald Trump coronó dos días de mensajes ominosos desde Washington y Miami. Grosero, parodió a la presidenta Claudia Sheinbaum, la trató con condescendencia misógina y disparó su veneno: México es el epicentro de la violencia de los cárteles. Dos influyentes funcionarios de su gobierno adelantaron el mensaje, amenazando con acciones unilaterales si no se aceptaba ayuda para aniquilar a esas organizaciones terroristas, que compararon con Al Qaeda y el Estado Islámico, recordando que su gobierno y México están controlados por ellas.
Irán, Cuba, Venezuela y Ucrania no distrajeron al gobierno de Donald Trump; solo reordenaron sus tiempos políticos. México es una de sus prioridades y necesita borrar a los cárteles del mapa, o dar golpes contundentes que sumen a su capital político, recupere aprobación y eleve los números que permitan a los republicanos mantener el control del Congreso y el Senado. Mientras esto avanza a velocidad, ¿qué pasa en México?
La cabeza fría, una frase que se está vaciando y que no resuelve el problema, y la ceguera de una clase política que no cree estar sentada sobre un barril de dinamita. El régimen no entiende que la mezcla del crimen organizado con Morena, que sigue fortaleciendo la maquinaria criminal, puede tener efectos devastadores para el propio obradorismo, ni el alcance de sus señales.
La reforma electoral no impide –fuera de un acto de fe–, que el crimen organizado pague campañas políticas y ponga, o imponga, a sus candidatos. Morena sigue pensando en candidaturas a gubernaturas con personas vinculadas al crimen organizado, algunas de las cuales tienen investigaciones abiertas aquí y en Estados Unidos. Morena ya empezó a medir precandidatos y en al menos tres casos, sus vínculos con el crimen organizado han sido documentados. En otro caso, una de las personas que se encuestarán pertenece a un grupo cuyas ramificaciones criminales llevan a lo más alto de la élite morena.
La forma como actúan en Morena muestra la tranquilidad y seguridad que en sus circunstancias solo brinda la impunidad.
Funcionarios estadunidenses anticiparon hace poco más de un mes a sus contrapartes mexicanas, que el Departamento de Estado estaba considerando dar a conocer la lista de políticos –en México y el mundo–, a quienes se les había cancelado su visa. Son más de 100 los políticos mexicanos a los que se las revocaron, aunque solo un puñado ya saben que no pueden entrar a Estados Unidos. Lo ven probablemente, como lo manifiestan algunas voces del régimen, como la fábula infantil “Que viene el lobo”, donde ya perdieron el temor inicial que la agresividad de Trump les generó. Pero como los tiempos en Washington no son los mismos que en México, no leen el final de la fábula para saber que el exceso de confianza es un error. Todo radica en que la confianza nace de la certidumbre de que el temor que un caso afecte a todo el movimiento, hace que el blindaje sea impenetrable.
La muerte de Oseguera inyectó oxígeno a varias figuras del régimen y de otros partidos. Funcionarios mexicanos y estadunidenses sostienen que el gobierno de Sheinbaum sí deseaba que El Mencho sobreviviera, para que pudiera declarar sobre un punto de mayor interés del cual ninguno de los dos gobiernos tiene armado todo el rompecabezas: los detalles de cómo se fraguaron las alianzas del Cártel Jalisco Nueva Generación con gobernantes.
Una era fundamental por sus ramificaciones, el acuerdo con La Barredora, que se convirtió en el brazo armado táctico de la organización, para determinar quién es realmente la cabeza de esa hidra. Otra de relevancia regional es el tipo de arreglos que se hicieron con los gobiernos de Jalisco para que pudieran construir el santuario del cártel en ese estado. Uno de exposición reciente que ayuda a entender la dinámica de su poderío a costa del Cártel de Sinaloa, es el tipo de transacción que se hizo con las autoridades en Chiapas, que con sus acciones lograron que el control de los negocios en la frontera sur se mudara a El Mencho.
Teóricamente, quien perdió políticamente con la muerte de Oseguera fue la presidenta Sheinbaum, porque las potenciales declaraciones que pudo haber hecho Oseguera aquí, o en Estados Unidos, le habría dado información sobre la clase política, la obradorista sobre todo, cuyos grupos radicales parece que siempre están saboteándola. Teóricamente, hay que subrayar, porque no necesariamente con esa información es seguro que hubiera actuado. Tiene muchos datos que comprometen a importantes figuras del régimen, pero hasta la fecha lo único que han recibido es protección institucional y promociones por razones político-electorales.
La presidenta está dando dos pasos para adelante y uno para atrás, porque todas sus acciones buscan no alterar el status quo con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Tras al abatimiento de El Mencho, un militar le dijo que había sido muy positivo que dejara la política de “abrazos, no balazos”, y su reacción fue pedir una estrategia para impedir que esa acción tuviera un impacto negativo en su predecesor.
Su actitud recuerda, de manera inversa, “la decisión más difícil y dolorosa” de Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial, que fue el bombardeo de Mers-el-Kébir, un puerto en el Mediterráneo al noroeste de Argelia, donde en 1940 se encontraba buena parte de la flota naval francesa. Francia, que era aliada del Reino Unido, acababa de caer ente la Alemania nazi y había firmado un armisticio. Con la cuarta flota naval más poderosa del mundo, Churchill temía que Hitler la tomara para invadirlos. El dilema fue resuelto en términos estratégicos: si la flota caía en manos nazis, el Reino Unido perdería la guerra, por lo que ordenó a la Armada Real atacar los buques de guerra franceses anclados en Mers-el-Kébir, donde murieron más de mil 200 marineros.
El enjambre político-criminal en México llevaría a una decisión similar, pero no sabemos si hay un Churchill en Palacio Nacional. Paradójicamente, las nuevas amenazas de Trump vuelven a abrir ventanas de oportunidad para la presidenta, porque los planes de contingencia en caso de que siga sin actuar contra políticos metidos con criminales, están listos hace semanas y solo esperan que Trump dé la luz verde, para iniciar acciones unilaterales.

[email protected]
X: @rivapa_oficial

 

Las presiones externas sobre la presidenta Claudia Sheinbaum por la violencia y la inseguridad detonada masivamente por la reacción del Cártel Jalisco Nueva Generación por la muerte de su líder, Nemesio Oseguera, la ha llevado a tomar acciones extraordinarias, incluso de alto riesgo, ante una situación extraordinaria: evitar que México pierda la sede mundialista porque gobiernos y equipos no quieran jugar en este país por problemas de violencia e inseguridad. Las fallas de comunicación el 22 de febrero, le hicieron mucho daño al país.
Si fue real lo que sucedió, exageraciones, o incluso mentiras diseminadas en las redes sociales, la percepción quedó, enmarcada por algo creíble para las audiencias globales: las imágenes de bloqueos y vehículos incendiados en los noticieros de televisión del mundo. El gobierno mexicano no calculó del alcance que tendría en la organización de la Copa del Mundo de Futbol, y no estuvo entre sus prioridades de política hasta finales de la semana pasada, cuando Sheinbaum dejó claro en las reuniones en Palacio Nacional, que no se podía poner en riesgo la viabilidad de ninguna de las tres sedes –Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey–, y que a menos de 100 días de iniciar, México se llevara una sorpresa.
Las reacciones de algunos gobiernos y federaciones de futbol ante los eventos violentos del 22 de febrero, le abrieron los ojos a Sheinbaum de cómo estaban viendo México en el mundo. Sudáfrica, que jugará el partido inaugural con México en el Estadio Banorte, pidió medidas de seguridad adicionales a las ya establecidas. Bolivia, que jugará el repechaje en Monterrey a fines de mes, hizo lo mismo. La Federación Portuguesa de Futbol dejó en el aire la reinauguración del estadio ante México el 28 de este mes, sujeto al monitoreo sobre la seguridad en el país.
Con la cercanía de ese partido y el repechaje en Guadalajara programados para finales de marzo, Sheinbaum se metió al tema del Mundial e hizo ajustes en la coordinación de las tareas, donde la participación federal en las reuniones de seguimiento se había mantenido en un bajo nivel, pues aunque el enlace federal era la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la única persona que representaba al gobierno en las mesas fiscal, seguridad, turismo-cultura, era Gabriela Cuevas. Desde finales de la semana pasada, responsabilizó al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para la coordinación de toda la estrategia de seguridad.
Esa fue la primera acción que cambió el rumbo, como respuesta inmediata para neutralizar la impresión por la reacción del CJNG tras la muerte de Oseguera. La segunda fue no cancelar el concierto de Shakira el domingo pasado en el Zócalo, un evento masivo que, por sus mismas características, representaba un riesgo mayor. No hay información sobre cómo fue el operativo de seguridad, pero sobre la base de estrategias anteriores, deben haber inundado de militares y policías vestidos de civil la plancha del Zócalo para tener una vigilancia cerrada sobre los asistentes. La tercera se concretará hoy, con la conferencia mañanera programada desde Guadalajara.
La presidenta tiene que cambiar las percepciones con hechos porque las palabras valen poco ante las imágenes. En la misma línea, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, tuvo una reunión de trabajo este miércoles en Tapalpa, el municipio donde se realizó la operación contra Oseguera hace dos domingos, que no es un mensaje menor, porque de las tres sedes mexicanas, Guadalajara es la que está en mayor riesgo como sede, y pudiera ser fácilmente cancelada si un nuevo incidente de alto impacto ocurre en el estado. En la banca de reserva, sugirió una fuente estadunidense, Houston está listo para tomar lo que le cancelen a Guadalajara.
Con su nueva asignación informal, García Harfuch encabezó al grupo de altos funcionarios que el miércoles se reunieron con una comisión especial de la FIFA para analizar la seguridad y la movilidad, que es un tema de infraestructura no vinculado a la violencia que también es motivo de preocupación. La FIFA no ha enviado comisiones similares a Estados Unidos o Canadá, que también son sedes mundialistas.
Las alertas sobre México estaban prendidas desde finales de noviembre pasado cuando dos agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad que estaban investigando los vínculos de funcionarios del gobierno de Jalisco con el CJNG, fueron secuestrados en Zapopan. Las agencias de inteligencia estadunidenses registraron el hecho y le dieron seguimiento, por lo que obtuvieron información que ese grupo criminal estaba planeando acciones de sabotaje durante el Mundial.
La violencia desatada en 20 estados a los minutos de conocerse la muerte de Oseguera, hizo que la incertidumbre y los temores se tradujeran en mayores presiones al gobierno de México. La FIFA pidió a su oficina mexicana el mismo día de la operación contra El Mencho, un informe interno sobre los hechos en todo el país, pero en particular Guadalajara, reportó ESPN. Altos directivos de la FIFA buscaron también información directa para entender lo que estaba sucediendo.
Nada similar ha hecho la FIFA con Estados Unidos y Canadá, porque si bien los tres países han estado planeando estrategias conjuntas, que incluyen intercambio de inteligencia para impedir un ataque terrorista electrónico, con drones artillados, de propaganda o cibernéticos, y un reforzamiento en la vigilancia sobre quiénes ingresan del extranjero, en esas naciones no existen grupos criminales que tengan control territorial, como sucede en al menos 30 por ciento del suelo mexicano –en donde se incluye Jalisco–, ni cárteles de las drogas que desafíen cotidianamente al Estado mexicano.
La confianza y certidumbre que existe sobre Estados Unidos y Canadá, no las tiene México, en donde su ecosistema de violencia potencia todo. Desde que el sorteo de grupos celebrado en diciembre colocó a Irak en Monterrey, el gobierno estadunidense le pidió al mexicano reforzar la seguridad en torno al equipo. La guerra en Irán agregó más retos. Aunque Irán no jugará en México –tiene programados sus encuentros en Los Ángeles y Seattle–, el conflicto en el Medio Oriente llevó a Washington solicitar a México una vigilancia especial sobre personas o grupos de interés, ante la eventualidad de sabotajes en Estados Unidos.
Hay poca información sobre lo que se habló en la reunión del miércoles con la FIFA, pero lo que hayan revisado y acordado, no esperará hasta que arranque el mundial. Debió haber comenzado antier.

[email protected]
X: @rivapa_oficial