El accidente en la Sierra Tarahumara en el que murieron el domingo dos agentes de la CIA que estaban colaborando con el gobierno de Chihuahua, colocó a la presidenta Claudia Sheinbaum en una doble encrucijada: el papel y destino de la gobernadora Maru Campos, que se entrometió en un tema de competencia exclusiva federal, la política exterior, y cómo responder a una intromisión estadunidense por haber realizado operaciones terrestres en territorio mexicano, dejando al gobierno en la oscuridad. En ambos casos, la presidenta ha pateado el balón para adelante, ganando tiempo para evaluar, posiblemente, todos los escenarios.
No tiene opciones dentro de la ley. O actúa contra Campos, o mantendrá abierta la puerta para que de manera bilateral gobiernos estatales busquen sus propios acuerdos de seguridad con Estados Unidos. Y presenta una enérgica protesta al gobierno de Donald Trump, o terminará de perder el control sobre las operaciones off-the-books de las agencias de inteligencia de ese país. En ambos casos arrastra un déficit, pero puede revertir las pérdidas y recuperar la rectoría del gobierno sobre los asuntos internos.
La muerte de los dos agentes llevó al fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, a una cadena de contradicciones en su explicación de qué hacían ahí, convirtiéndose en el fusible natural para resolver, aunque sea cosméticamente, el diferendo interno. Campos puede utilizarlo como chivo expiatorio, porque el estatus en el que se encontraba desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando firmó un memorando de entendimiento con el gobernador de Texas, Gregg Abbot en abril de 2022 que incluía la cooperación bilateral para reducir el tráfico de fentanilo e implementar un programa con drones e inteligencia artificial en la frontera, expiró.
Con aquél memorando, afirmó el embajador Agustín Gutiérrez Canet, “la panista se salió de control en un tema de competencia federal, como es la política exterior”, que sirvió como antecedente para la participación de los agentes de la CIA en Chihuahua. “Por ese motivo grave, debería ser destituida mediante un juicio político”, agregó. Sheinbaum lo ha dejado en el aire, señalando que su equipo jurídico determinará si violó la Constitución. Si se aplicara la ley, Campos tendría que ser sujeta a un procedimiento legal en el Congreso estatal que concluyera en su desafuero. Pero el tamiz que se está aplicando no es legal sino político, por lo que quizás no pase nada.
Pero esto es sólo parte del problema. El fiscal Jáuregui, como observó ayer la presidenta, ha estado cambiando sus versiones sobre qué hacían los agentes en Chihuahua. Originalmente dijo que eran instructores que estaban capacitando a las fuerzas de seguridad en el uso y manejo de drones, y que no habían participado en la operación del desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas del Cártel de Sinaloa. Un día después afirmó que no eran agentes de la DEA, pero nunca aclaró a cuál área de la Embajada de Estados Unidos en México pertenecían. En este espacio se publicó ayer que la capacitación en esa materia –por el lado civil–, lo hace la CIA, no la DEA, y el martes por la mañana el diario The Washington Post confirmó que los agentes eran miembros de la CIA y habían participado en el desmantelamiento del laboratorio.
En esa operación participaron fuerzas federales, pero la presidenta dijo que no estaban enterados en el gobierno qué estaban haciendo, lo que lleva a otra disyuntiva: si la versión en Washington es la correcta y ella dice la verdad, dentro del gabinete de seguridad le están escondiendo las cosas; si no participaron en la cancelación del laboratorio, entonces la CIA está conduciendo operaciones terrestres en México sin conocimiento del gobierno federal, lo que iría en contra de los acuerdos de cooperación bilateral. El periódico The New York Times se subió al tema y publicó seis horas después del Post una versión similar a lo revelado. La cadena Fox News, la que ve Trump todo el tiempo, fue más allá, t transmitió como una “bomba” que los agentes estaban investigando el laboratorio del Cártel de Sinaloa.
A diferencia del ángulo en Chihuahua, en este tema no hay un pelele a quién echarle la culpa. La ley es muy clara. Las reformas a los artículos 70 y 71 de la Ley de Seguridad Nacional, publicadas en el Diario Oficial el 18 de diciembre de 2020, prohíben expresamente que agentes extranjeros actúen sin el conocimiento de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana, y que las autoridades de los tres Poderes de la Unión que tengan contacto con ellos, deberán tener la autorización del Grupo de Alto Nivel de Seguridad, al que deberán informarle cualquier reunión, comunicación o interacción que tengan con ellos.
La explicación de lo que estaban haciendo los agentes, aunque ambigua y sin detalles, la dio el embajador Ron Johnson desde el domingo, cuando mencionó en X que la muerte de los estadunidenses y dos mandos policiales mexicanos, recuerdan los costos de luchar contra el crimen organizado. Directa o indirectamente, eso estaban haciendo, sin conocimiento del gobierno federal, según las palabras de la presidenta, por lo que violaron la ley, mostrando que la exasperación de Washington por lo limitado que ha sido el combate –pese a los anuncios épicos que hace diariamente el gabinete de seguridad–, los ha orillado a tomar acciones unilaterales.
Arturo Sarukhán, exembajador de México ante la Casa Blanca lo había señalado en un ensayo en la revista Foreign Affairs, al afirmar que si México no podía probar que la cooperación produce mejores resultados que la coerción, le daría a Washington la justificación para ignorar a las instituciones mexicanas en su lucha contra las organizaciones criminales trasnacionales. Las muertes en Chihuahua expusieron que ya lo estaban haciendo.

Nota: El director del Metro, Adrián Rubalcava, y el líder sindical, Fernando Espino, rechazaron “de manera categórica”, lo señalado en la columna “Conflicto inventado”, publicada el lunes en este espacio. Rubalcava refutó “cualquier insinuación” de complicidad que pudiera afectar al gobierno de la Ciudad de México y a los usuarios del Metro. Espino afirmó que es “falso” lo publicado, al cuestionar, como lo hace Rubalcava la existencia del informe en lo que se basó la columna. Valga su réplica, pero la preocupación central no debería ser el columnista, sino la información de inteligencia que entregaron a la Presidencia sobre ambos.

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Un aparente accidente en una carretera entre Guachochi y Morelos, dos municipios enclavados en la región de la Sierra Tarahumara, famosa por sus barrancas profundas, dejó al descubierto que Estados Unidos está realizando acciones en territorio mexicano sin el conocimiento del gobierno federal. En el accidente murieron un comandante y un oficial de la Agencia de Investigaciones de Chihuahua, así como dos agentes estadunidenses que, de acuerdo con la información oficial, eran instructores de la Embajada de Estados Unidos.
Las primeras versiones sugirieron que habían fallecido tras un operativo para desmantelar un laboratorio de drogas sintéticas del Cártel de Sinaloa, que ha sido desmentido oficialmente. La falta de información puntual permitió todo tipo de conjeturas sobre su participación en ese operativo, y trascendidos en la prensa de Chihuahua los identificaron como agentes de la DEA. Katarina Szulc, una periodista canadiense especializada en la cobertura de los cárteles mexicanos, aseguró que los estadunidenses eran agentes de la CIA estacionados en Monterrey.
El fiscal del estado, César Jáuregui, intentó resolver la confusión y señaló que los estadunidenses eran instructores que estaban capacitando a los cuerpos de seguridad del estado en tácticas y uso de drones, a más de ocho horas de donde se había asegurado el narco laboratorio. Sin embargo, hasta donde se sabe, la DEA no es la responsable de capacitar en el tema de los drones, sino el Ejército y, sobre todo, la CIA. La presidenta Claudia Sheinbaum abonó al desconcierto.
Sheinbaum declaró ayer que el gobierno federal no estaba al tanto de la colaboración de Estados Unidos con el gobierno de Chihuahua, dejando abierta la posibilidad que podría haberse violado la seguridad nacional. La presidenta reaccionó tardíamente. Desde el domingo, el embajador Ron Johnson difundió en redes un mensaje lamentando las muertes y subrayando que esas tragedias recuerdan los riesgos que enfrentan las fuerzas de seguridad de los dos países “dedicadas a proteger nuestra comunidad”. Esa notificación, confirmando la participación de agentes estadunidenses, circuló durante más de 30 horas sin una versión contrastada por Palacio Nacional.
Las acciones unilaterales estadunidenses no son una novedad, aunque en el pasado –los tiempos de los gobiernos a los que el régimen critica constantemente– tenían conocimiento de los agentes que habían entrado sin cobertura diplomática y sus casas de seguridad. En ocasiones, realizaban operaciones sin acompañamiento de agentes mexicanos, pero nunca, cuando menos en décadas, se despertaba la Presidencia sin saber lo que había sucedido en la víspera en el país.
Aunque hay una gran cooperación entre los dos países en materia de seguridad, una de las probables razones de que agentes estadunidenses estén actuando al margen del gobierno federal, es la creciente exasperación con la Presidencia por su inacción en iniciar investigaciones sobre políticos presuntamente relacionados con el crimen organizado. Por meses se lo estuvieron planteando, que evolucionó a presiones y luego a advertencias: si no actuaba, comenzarían a proceder unilateralmente.
Información que ha trascendido de fuentes de inteligencia estadunidenses apunta a operaciones unilaterales en cuando menos cuatro estados: Baja California Sur, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. En algunos, como en Chihuahua, se ha dado la cooperación estatal, pero en otros, como Michoacán, no solo rechazó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla trabajar conjuntamente, sino que saboteó algunas acciones que fueron puestas bajo su conocimiento con el propósito de realizarlas de manera coordinada.
Las acciones unilaterales incluyen acciones e iniciativas donde están cercando a políticos del régimen. La semana pasada el Departamento del Tesoro, a través de su Oficina de Control de Bienes Extranjeros, sancionó a seis objetivos involucrados en el lavado de dinero, incluido el abogado Juan Pablo Penilla, que identificó como el enlace clave del Cártel del Noreste con el ex jefe de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño, El Z-40, que tiene fuertes lazos con varios de los más altos funcionarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En un segundo golpe en esta secuencia, ayer el Departamento de Estado suspendió las visas a 75 personas que son familiares, cercanos o socios en negocios vinculados con el Cártel de Sinaloa. La cancillería estadunidense no reveló los nombres de las personas a quienes le suspendieron la entrada a ese país y las hacen potenciales sujetos de sanciones adicionales, un movimiento que se inscribe en el contexto de algo donde el gobierno de México tampoco fue informado, la captura de Ismael El Mayo Zambada.
La información sobre los narcolaboratorios del Cártel de Sinaloa que han sido desmantelados y asegurados en los últimos meses, fue proporcionada por Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, como parte del acuerdo con Estados Unidos que incluyó la trampa a Zambada, que le permitió a un comando de ese país extraerlo de México. También han estado revelando los nombres de políticos, abogados, empresarios y periodistas con esa organización criminal, algunos de los cuales ya han perdido sus visas para entrar a Estados Unidos.
Las operaciones unilaterales estadunidenses en territorio mexicano, de acuerdo con información de funcionarios de ese país, no han sido altas en número, pero han sido estratégicas en varios campos. El prioritario es el de salvaguardar la integridad de sus ciudadanos en México, que explican sus operaciones en Michoacán –donde hay productores importantes de aguacate y cítricos que tienen la doble nacionalidad–; en Baja California Sur, donde hay personas influyentes y celebridades que descansan o tienen casas en Los Cabos, y en Jalisco y Chihuahua, donde hay una preocupación creciente que los cárteles utilicen drones para atacar a estadunidenses en ambos lados de la frontera.
En este contexto se dieron las acciones en Puerto Vallarta, contra el fraude inmobiliario de estadunidenses; Los Cabos por la intención de Los Chapitos de poner gobernador, y la forma como han establecido en Baja California Sur un gran centro de distribución de droga. En Cancún, Ciudad Juárez y Tijuana, otras ciudades con intereses primarios en materia de seguridad. En estos lugares, aseguró una fuente estadunidense, se están preparando acciones concretas.
Las operaciones al margen del gobierno federal, le está permitiendo a los servicios de inteligencia estadunidenses el mapeo de protección institucional al crimen organizado, y determinar, por su repulsión a la cooperación bilateral, los probables grados de involucramiento con los cárteles de las drogas. Chihuahua, en otro sentido al expresado por Johnson, es un recordatorio que Washington puede estar muy distraído con Irán, pero México no se le olvida.

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En un país que se respetara, con un gobierno que cumpliera con lo que manda la ley, con una oposición que funcionara como contrapeso, organismos que reforzaran la rendición de cuentas y una sociedad que se escandalizara por los abusos del poder y se movilizara para impedirlos, el viernes pasado esto hubiera sucedido:
1.- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, habría sido separado de su cargo. La Secretaría Anticorrupción habría iniciado una investigación para cuidar el buen gobierno, y la Fiscalía General de la República hubiera abierto una carpeta de investigación por el uso ilícito de atribuciones y facultades, tráfico de influencias y peculado, por haber aceptado que su hijo viviera del erario durante ocho meses en la Embajada de México en el Reino Unido donde la titular era su subordinada. No habría división de opiniones sobre su comportamiento ilícito, producto de una legalidad selectiva aún entre quienes la proclaman como pilar, ni un día siguiente como si no hubiera pasado nada. El reconocimiento de Ebrard del hecho, lo convirtió en un delincuente confeso.
2.- El director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, habría sido cesado por ser incapaz de cumplir su función y con sus responsabilidades, reveladas por él mismo al haber ocultado y desinformado a la presidenta porque, como dijo de manera cándida y patética al mismo tiempo, sus subordinados le obstruyeron el acceso a la información sobre el derrame de crudo en el golfo de México. Por lo mismo también debería haber abierto una investigación en la Secretaría Anticorrupción para determinar la gravedad de sus omisiones. Su actitud pusilánime no está tipificada en ningún código penal, pero la condena social debió haber sido unánime.
3.- La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, tendría que haber sido denunciada ante el ministerio público por la probable causa de la comisión del delito de daños patrimoniales y a la fauna masiva, al haber negado la existencia del derrame, y al engañar a la presidenta sobre el origen del derrame de crudo y su impacto ambiental, las autoridades judiciales debían haber iniciado una acción porque lo que hizo puede derivar en delitos penales o faltas administrativas. El Congreso estatal tendría que haber inciado un procedimiento de juicio político, por esas razones y por una más grave, que tendría que haber ido acompañada de una denuncia penal: mentir y engañar, al mostrar playas y decir que no había daño alguno, cuando menos, por muy duro que se oiga, hay una probable causa de tentativa de homicidio.
No es cosa trivial o anecdótica lo que sucedió el viernes, aunque sometidos a tantos escándalos de alto impacto, los hemos subsumido como parte de nuestro paisaje cotidiano. Nuestra capacidad de asombro está prácticamente anulada, y la falta de reacción ante las omisiones y soslayamientos del gobierno, nos mantiene en una situación sociopolítica catatónica. Hemos olvidado que las sociedades muestran su carácter por lo que hacen y por lo que dejan de hacer, mientras que los gobiernos se definen por lo que hacen y por lo que omiten.
Pero hay un tercer tipo de gobierno, más peligroso, que se caracteriza por lo que tolera. No es una diferencia menor. La omisión puede explicarse en la incapacidad. La tolerancia, en cambio, revela decisión. Un gobierno que no refuerza la rendición de cuentas no es simplemente uno distraído o rebasado. Es uno que ha optado por debilitar deliberadamente los mecanismos que lo vigilan. Los casos de Ebrard, Rodríguez Padilla y Nahle definen al actual.
La presidenta Claudia Sheinbaum se molestó con el secretario el mismo día en que se reveló su delito, y le ordenó ir a la mañanera a explicarlo. Tras sus justificaciones, la presidenta quedó más molesta con él porque aumentó la confusión, pero no hizo nada más. El director de Pemex es un viejo amigo de ella y, mantra del obradorismo, lealtad supera a incompetencia. Nahle es su gobernadora favorita –Veracruz es el estado que más ha visitado en el sexenio–, y tiene una muy estrecha relación con ella. Para los cuates y los funcionales, la protección es total.
Para el gobierno todo parece pan comido. Cualquier escándalo que estalle, lo normaliza y sepulta fácilmente. Hace lo que quiere, porque puede. El régimen ha creado un ecosistema de opacidad que es el combustible que tolera incompetencias y mediocridades, y tipifica el error como una práctica del gobierno. Se toman decisiones equivocadas y no hay consecuencias. Se revelan delitos y nuevamente cae el silencio.
Pero cuando sucede lo del viernes negro, donde funcionarios del más alto nivel cometen delitos y son protegidos, la negligencia se convierte en complicidad, enviando el mensaje de que la ley es selectiva, flexible y negociable. Esto lleva a la erosión de la legitimidad, aunque tampoco le importe. Tienen una maquinaria de encuestas en medios nacionales y extranjeros a modo que construye legitimidad con mediciones alteradas.
Sin embargo, el problema de fondo es estructural. En sistemas donde la rendición de cuentas es débil, la ley deja de ser una regla general y se convierte en un instrumento político. Se castiga o se perdona no en función del acto, sino de quién lo comete y de su valor dentro del equilibrio de poder. Se produce una ruptura del principio básico de igualdad ante la ley. Y eso no es un error metodológico: es una señal de cómo realmente está operando el sistema.
Lo pudimos ver todos en el discurso de la presidenta Sheinbaum en Barcelona el sábado para hablar sobre la democracia, donde los grandes temas que estuvieron ausentes de su mensaje fueron Estado de derecho, instituciones democráticas y rendición de cuentas. Remplazó la democracia procidemental por la legitimidad material, y reformuló el sistema de gobierno obradorista como una democracia en términos sociales, no institucionales, donde si el “pueblo” –despersonalizó el poder y lo transfirió retóricamente al “pueblo”–, dice que esto es bueno, se hace, validando en la narrativa esperpentos como los acordeones judiciales.
Entonces, el “pueblo” permite que no despidan al incompetente Rodríguez Padilla, que no se le exijan cuentas a Nahle, y que Ebrard siga burlándose de todos. Bajo este nuevo marco regulatorio de ánimos y decisiones, el régimen avanza sin consecuencias. El viernes negro fue solo un tropiezo para el obradorismo y sus simpatizantes, pero para el resto definió el momento actual que vivimos y mostró el camino hacia donde vamos: el autoritarismo.

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Poco a poco, en las últimas semanas la vida nocturna en Culiacán ha mostrado señales que se está recuperando. Arrancones como antes, restaurantes que empiezan a regresar a sus viejos horarios y menos muertos en las calles, hacen pensar a los culiches que algo está pasando que no alcanzan todavía todos a entender. La percepción social camina de la mano con una serie de hechos que han notado las fuerzas de seguridad federales, que piensan que la guerra que lleva 20 meses, está entrando a su epílogo. Las razones, como sugieren fuentes mexicanas y estadunidenses, es que Los Chapitos han capitulado.
Las hipótesis se sustentan en que dos semanas antes de que fue-ra abatido Nemesio Oseguera, El Mencho, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, sus lugarte-nientes perdieron contacto con él. “No había órdenes ni quien les bajara las instrucciones”, dijo una fuente de inteligencia estaduni-dense que monitorea las comuni-caciones de los comandantes de Los Chapitos. Tras la caída de Oseguera, la comunicación permaneció interrumpida, pero fue acompañada de otro suceso que sorprendió a las áreas de seguridad mexicana: contra lo que preveían como una reacción muy violenta de la organización de El Mencho, ésta no se produjo.
No se agudizó la guerra, ni dentro del CJNG ni la fratricida en el Cártel de Sinaloa entre Los Chapitos y La Mayiza, las fuerzas leales a Ismael El Mayo Zambada, por más de tres décadas el jefe de la organización criminal más fuerte en el mundo. Es como si se estuviera redefiniendo el mapa del crimen organizado donde una fuerza superior, o capaz de contener a todos los grupos, hubiera comenzado a operar.
La fractura más importante en la historia de los cárteles desde el colapso del Cártel de Guadalajara –por presiones de Estados Uni-dos– a finales de los 80, se dio en septiembre de 2024, cuando Los Chapitos, Iván Archibaldo y Alfredo Guzmán, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, entraron en guerra interna en el Cártel de Sinaloa poco después de que El Mayo Zambada acusó a sus her-manos en una carta escrita en una prisión en Texas, que Joaquín, su otro hermano, lo había engañado para secuestrarlo y entregarlo a las autoridades estadunidenses en Nuevo México. La Mayiza, como se conoce a la facción que lidera el hijo de Zambada. Ismael Zambada Sicairos, El Mayito Flaco, los atacó, detonando la lucha que fue girando de reveses para La Mayiza, a derrotas para Los Chapitos.
En la última fase de las luchas encarnizadas, a principio de este año, fuentes de inteligencia estadu-nidenses registraron un acuerdo de Los Chapitos con El Mencho, donde primeramente, a cambio de ocho toneladas de oro, les proporcionaría sicarios para enfrentar a La Mayiza. Sin embargo, ni aun así pudieron revertir el curso que estaba tomando la guerra. Los agentes estadu-nidenses registraron un nuevo acuerdo entre Iván Archibaldo y Audías Flores Silva, El Jardinero, el número dos del CJNG bajo El Mencho, para ir entregándole sus posiciones y transfiriendo plazas en Sinaloa y Sonora, además de algunas internacionales, como en Costa Rica, con el propósito de retirarse del negocio.
No obstante, hasta el mes pasado no se había registrado ningún intento que trascendiera que Iván Archibaldo y Alfredo hu-bieran tocado la puerta de Estados Unidos para un acuerdo para en-tregarse, como sucedió hace poco más de un año y medio, sin lle-garse a concretarse. Pero la fac-ción de Los Chapitos, según su información, siguió desarticulada y sin órdenes de cómo actuar. Tampoco hay datos verificados si el acuerdo que habían iniciado con El Mencho a través de El Jardinero, que era el encargado de las alianzas dentro del Cártel, continuó, porque la caída de Oseguera también había sacudido a la organización criminal.
Todavía hoy no está claro si la sucesión de El Mencho está re-suelta. Aunque hay versiones periodísticas de que el relevo sería su hijastro Juan González Valen-cia, El 03, hijo biológico de Ro-salinda González Valencia, miem-bro de la aristocracia criminal. Otros líderes potenciales, de acuerdo con un informe que le entregó el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, a la presidenta Claudia Sheinbaum, para dirigir la organización, serían Hugo Gonzalo Mendoza, El Sapo, que de acuerdo con fuentes de inteligencia, fue uno de los abatidos con El Mencho, y Luis H. Alcalde, de quien no hay información pública.
El golpe contra El Mencho se pensaba que afectaría la estructura militar, que sin embargo ha con-tinuado operando, dejando pen-diente el ataque al poder finan-ciero. Lo que se ha visto es que la droga continúa distribuyéndose en México y Estados Unidos sin alteración en el costo, lo que refleja que no hubo una lucha por territorios que podían haber quedado sueltos o descordinados –como sucedió con el sistema de telecomunicaciones del CJNG varios días después de la ope-ración contra su exjefe–, ni tam-poco se elevó el precio de las dro-gas en ninguno de los dos países. Los Chapitos, según los servicios estadunidenses, continuaron entregando plazas al CJNG.
El incipiente retorno a la nor-malidad en Sinaloa, y en par-ticular en Culiacán a la situación previa al estallamiento de la guerra interna del cártel hace casi dos años, se percibe por el tipo de actividades que durante todo este tiempo eran prohibitivas y que están regresando a realizarse, que se va empatando con la dismi-nución de los asesinatos.
Aunque hay un subregistro de homicidios dolosos por la recla-sificación del delito, y la carac-terística de que los cárteles suelen llevarse a sus muertos, los datos del Secrertariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, marzo registró el prome-dio diario de homicidios más bajo desde septiembre de 2024, cuando empezó la guerra, que alcanzó su pico en junio con 6.5 crímenes diarios, contra 2.5 del mes pasado.
La guerra en Sinaloa parece estar llegando a su fin, junto con el término del ciclo de El Chapo y sus hijos, que por la información que tienen las autoridades, la derrota que han sufrido difícil-mente podría revertirse. Su even-tual caída y el golpe contra El Mencho llevará a otro estadio en la estructura del crimen organi-zado y a una recomposición de los cárteles. Este proceso es lo que causa sospecha a funcionarios me-xicanos, porque estos realinea-mientos siempre fueron acompa-ñados de sangre. La pregunta es cómo se está logrando, y cuál es el cerebro detrás de lo que parece ser una estrategia.

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Luisa María Alcalde está en un pantano: mientras más patalea para llegar a la orilla, más se hunde. Quiere evitar ahogarse políticamente y salir por la puerta de atrás de la presidencia de Morena. Lo último en este esfuerzo fue la difusión de un video este martes donde aseguró que se quedaba al frente del partido y acusó a “la derecha” de ser quien promovía los rumores de que sería relevada del cargo. Sin embargo, los trascendidos de su remoción surgieron desde el interior de Morena, no como parte de intrigas ni fuego amigo, sino como una medida que se tomaría por su incompetencia.
Las versiones de su salida agarraron tracción el viernes pasado, cuando comenzó a circular el nombre de Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar y encargada de la operación de los programas sociales, como la próxima dirigente de Morena. Alcalde había logrado sobrevivir en el cargo por la estimación que le tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque no necesariamente por un respeto profesional. A la presidenta no le ha gustado su vida privada que se ha hecho pública, que la distrae y la ocupa, por lo que algunos temas políticos que le ha encargado, no los ha resuelto.
La presidenta lleva meses dubitativa sobre el papel y destino de Alcalde. Ya no la quería en diciembre y había avalado en febrero que fuera relevada. Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, sería ungido, pero no en ese momento, sino después del Mundial de Futbol. Pero el ánimo de Sheinbaum de principios de marzo cambió a fines del mes, y el mensaje era que se sentía a gusto con ella. La semana pasada, después de que recibió un reporte de su asesor más confiable sobre las elecciones intermedias del próximo año, volvieron a cambiar las señales en Palacio Nacional.
Alcalde le había solicitado una cita para esta semana, a fin de informarle su análisis sobre los 300 distritos electorales, pero no se sabe si se concretó o no el encuentro en Palacio Nacional. De cualquier forma, de acuerdo con fuentes de Morena, Sheinbaum y Alcalde sí conversaron, pero del fin de un ciclo. No estaba esperando eso Alcalde, quien ha dejado ver en el entorno de la élite de la militancia que una salida en estos momentos, sería una humillación para ella. En otras palabras, se confirmaría lo que sus propios camaradas han estado filtrando a la prensa: no puede con el partido, ni tiene la capacidad para conducir un proceso electoral.
Esto lo sabía la presidenta hace tiempo, razón por la cual le pidió al secretario de Educación, Mario Delgado, antecesor de Alcalde, que dejara de lado sus aspiraciones en Colima, para ayudarle en el proceso. En algunos de los temas que no pudo resolver Alcalde, Delgado entró al quite. En estos momentos, está difuso si Delgado será mantenido en esa categoría de bombero externo o si será el candidato de Morena para la gubernatura de su estado. Otros problemas que ha generado por su mal trato y despotismo, es con los partidos de la coalición gobernante, el PT y el Partido Verde, que han dejado ver su molestia con ella y su poca disposición a seguir teniendo interlocución con Alcalde. Sheinbaum está considerando enviar a Estela Damián, la consejera jurídica de la Presidencia, su amiga con quien tuvo recientemente un diferendo, para que la apoye. ¿Por cuánto tiempo? Nadie lo sabe.
Alcalde tiene rendimientos decrecientes en Palacio Nacional porque sus asuntos privados se han mezclado con los públicos, y su vida personal se ha convertido en tema de la prensa política. Una de las partes negativas que más le señalan dentro de las élites de Morena es su relación con Arturo Ávila, el activo vocero de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, de quien señalan la ha cooptado en sus tiempos y agenda política, llevándole personas, algunas de las cuales quieren ser candidatos a puestos de elección popular.
La lideresa de Morena ha ido perdiendo respaldos en donde importan, en el Zócalo y en Palenque. En estos momentos, su salida del partido no generaría ninguna tensión entre Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, que también le tiene aprecio y es muy cercano a su madre, Bertha Luján, compañera de lucha por décadas del expresidente. El cariño y la amistad, en estos momentos de premura para aceitar la maquinaria electoral sin divisiones internas en la lucha por las candidaturas, ya no alcanzan. Capacidad y eficiencia es lo que exigen los tiempos.
Fuentes de Morena afirmaron que la decisión de la presidenta esta semana era remover a Alcalde, quien le pidió no hacerlo para salvar cara. Si la reunión se dio en esos términos, en nada le ayudó el video donde le hizo un agradecimiento a la presidenta por haber hablado bien de ella cuando en la mañanera del lunes le preguntaron sobre la versión de su salida. Aunque en el fraseo de Alcalde había matices –solo dejaría el partido si la presidenta la llamara para otras tareas–, y también en el de la presidenta –se dijo no estar enterada de ningún cambio en el partido–, el mensaje en redes en sí parecía una provocación innecesaria o una torpeza.
Alcalde, a decir por las reacciones que hubo esta semana ante su posible remoción, está sola. Ávila salió en la defensa de una joven talentosa, como llamó a su actual pareja, y apenas si la cuarta división de los youtuberos en la maquinaria de propaganda del obradorismo, lanzaron críticas a quienes mencionaban que saldría del partido. No hubo gobernadores que la abrazaran, ni dirigentes o exdirigentes que la respaldaran.
Lo que permanezca en el cargo será lo que en Estados Unidos llaman un lame duck, para señalar a un político que pese a mantenerse en su puesto, ha perdido influencia y capacidad de negociación. No influirá –lo que no es novedoso– en el palomeo de las listas, ni está en la mesa de negociación de quienes sí tienen fichas para jugar sus candidaturas en Morena. Todos estos días, antesala de su salida, la siguen debilitando internamente y restándole todavía más, posibilidades de interlocución afuera. La humillación a la que teme ya existe. Los hilos del poder que le entregó López Obrador y le refrendó Sheinbaum, a quien debería de haber acompañado por cuando menos la mitad del sexenio, nunca los tuvo en sus manos.

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La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la OFAC, lanzó una bomba de profundidad en México. Ayer sancionó a seis objetivos involucrados en el lavado de dinero y el contrabando de efectivo a través de una empresa operada por el Cártel del Noreste (CDN), que está designada como una organización terrorista internacional. El objetivo que más llamó la atención fue Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Laredo, enemigo declarado del Ejército, pero la persona de mayor riesgo para el régimen es otro de los sancionados, Juan Pablo Penilla.
Penilla es una puerta de entrada a las más altas esferas del régimen obradorista. Abogado, como su socio Sergio Ramírez, llamaron la atención del Departamento de Justicia de Estados Unidos por una entrevista que le dieron en 2023 a Valores TV, de la revista Valores, que lleva tres lustros informando sobre el empresariado, donde afirmaban que no tenían ningún temor de reconocer que eran abogados del crimen organizado y narcotraficantes. Mientras eso sucedía, como suele ocurrir con la clase política y empresarial, a nadie le importó.
A Penilla y Ramírez menos, y publicaban en sus redes sociales fotografías con personajes del régimen: con la presidenta Claudia Sheinbaum, con su antecesor Andrés Manuel López Obrador, con miembros del gabinete, legisladores, gobernadores y líderes de Morena. Las fotografías fueron rescatadas de las redes sociales y aquella entrevista resurgió de la videoteca, luego que Penilla apareció como representante legal de Ismael El Mayo Zambada en una carta que envió al consulado de México en Nueva York en febrero del año pasado, para solicitar asistencia en su proceso penal.
La investigación en Washington, que continúa, busca establecer el tipo de vínculos que tienen con políticos del régimen. Las fotografías, en ese contexto, abrían varias interrogantes: ¿Prueba de que establecieron contacto con quienes les pidieron hablar sus clientes narcotraficantes? ¿Punto de partida para otro tipo de relación entre políticos y criminales? El fraseo en la entrevista colocó en una situación incómoda a quienes hoy están en el poder.
Ramírez no figura en la acusación del Departamento del Tesoro, pero a Penilla lo señalaron de servir de intermediario entre Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, preso en una cárcel en Virginia desde hace casi un año, y los actuales líderes del CDN, que surgió del cártel de Los Zetas. De acuerdo con la imputación, “las operaciones criminales de Miguel Treviño y el CDN, descansaban directamente sobre Penilla”. Es decir, gracias a él, Treviño mantenía el liderazgo desde una cárcel a tres mil 600 kilómetros de la Ciudad de México.
En este espacio se publicó en marzo del año pasado que según datos de inteligencia, Penilla y Ramírez tenían un vínculo especial con el exsubsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, a través de Tamaulipas, quien los acercó con la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que ha sido su protectora por años. En los primeros años del gobierno de López Obrador, Peralta sostuvo reuniones con los líderes de la Columna Armada Pedro J. Méndez, que eran parte del Cártel del Golfo, para sentarlos a negociar la “pacificación”, que era algo que Pinilla y Ramírez tenían como agenda en el país.
Penilla, además, era “asesor honorífico” del gobernador Américo Villarreal, muy cercano a Peralta. Los dos aparecen en la investigación que realizó la Marina en México y la DEA sobre Sergio Carmona, llamado el rey del huachicol, que señala que con dinero criminal se financiaron ocho campañas para gobernador en 2021, cuando Mario Delgado era presidente de Morena.
El abogado y el activista Ramos fueron señalados por el Departamento del Tesoro de “haber sido parte, controlados, dirigidos o haber actuado directa o indirectamente en nombre del CDN”, como miembros de su estructura criminal. En el caso de Ramos, su relación con el CDN, de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, se prolonga por una década, algo que desde finales del gobierno de Enrique Peña Nieto trascendió, pero no se actuó. Con López Obrador mucho menos. En su campaña presidencial, se publicó en este espacio, el entonces candidato tenía el paso libre en los retenes del crimen organizado en Tamaulipas y San Luis Potosí.
Las fotografías que subió Pinilla a las redes sociales y la forma como aceptaban entrevistas de televisión y de prensa –hasta la carta de Zambada al consulado–, dejaron de manifiesto que pese a haber reconocido ser abogado de criminales, al igual de Ramírez, Morena los acogió en todos los niveles, los hizo suyos, los reconoció y los promovió, sin que les causara rubor alguno, llevándolos a la cima del poder para tener testigos gráficos de que ellos, que llevan los asuntos de algunos de los capos más poderosos del mundo, se codeaban de la Presidencia hacia abajo.
Es cierto que las fotografías en sí mismo no son prueba de que quienes aparecen en ellas tengan una relación criminal, pero muestran que tenían un acceso privilegiado a la élite política que les permitía estar cerca de Sheinbaum, de López Obrador y de la clase gobernante, codearse e interactuar con ellos. Figuras como Penilla fueron aceptadas, promovidas y legitimadas dentro del entorno político del régimen, pese a su perfil como defensores de narcotraficantes. Incluso, en julio de 2023 fue reconocido por la Cámara de Diputados como “Embajador por la Paz”, donde la mayoría de Morena lo distinguió por su “trayectoria profesional como abogado”.
Las sanciones de la OFAC son económicas y restringen el comercio con otros países, regímenes, terroristas, narcotraficantes y entidades o individuos en específico, con penalidades que van de multas a acusaciones penales. Las medidas tienen un alcance adicional al estar catalogado el CDN como una organización terrorista, donde Pinilla, al ser parte orgánica del cártel, es considerado terrorista, que es un señalamiento que puede ser extendido en cualquier momento a quienes tuvieron o tienen algún tipo de relación con él.
La sanción que le hizo ayer el Departamento del Tesoro es una papa caliente para el régimen por la cercanía riesgosa entre la clase gobernante y política de Morena y miembros del crimen organizado. Las puertas para ellos, pese a las denuncias en los medios sobre sus vínculos, se mantuvieron abiertas, lo que sugiere fallas en los filtros de seguridad, pero sobre todo, indiferencia o complicidad al dejarlos subir libremente en la escalera del poder.

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El viaje a Barcelona para participar en el encuentro del Global Progressive Mobilization (Movilización Progresista Global) el próximo sábado, fue una decisión tomada por la presidenta Claudia Sheinbaum de último momento. Su nombre no figura, incluso, en la lista de ponentes que incluye a los seis jefes de Estado y de Gobierno que confirmaron cuando llegaron las invitaciones. Lo hizo la presidenta por razones no públicas, quizás hasta un poco apresuradas, como se pudo ver cuando la confundió con una iniciativa de Gabriel Boric, cuando aún era presidente de Chile.
La Global Progressive Mobilization no es lo que ella dijo. Boric lanzó una propuesta a cinco mandatarios progresistas, a quienes convocó en Santiago en julio pasado –donde no estuvo Sheinbaum–, para impulsar una agenda de respeto a la democracia. El encuentro al que asistirá la presidenta logró su consolidación hace seis años como una iniciativa que resultó de la reorganización de la izquierda internacional en 2018, tras el desgaste de los partidos tradicionales que abrieron la puerta al Brexit en el Reino Unido y al primer periodo de Donald Trump en la Casa Blanca que, en términos de plataforma, es más importante que la propuesta de Boric.
Esta iniciativa está promovida por la Internacional Socialista –en la lista de ponentes está Beatriz Paredes, que tiene una fuerte relación con la IS después de años de afiliación del PRI, al que expulsó en noviembre pasado señalando falta de ética y un viraje a la derecha; el Partido de los Socialistas Europeos –que es el segundo partido con más eurodiputados–, y la Alianza Progresista, que integra una amalgama de partidos europeos socialistas, donde se quiere mostrar la capacidad de fuerza del movimiento progresista y sentar las bases de coordinación de esfuerzos a partir de los discursos de los líderes.
La participación significa acción y compromiso en torno a una visión del mundo donde, como se planteó en sus ideas fundacionales, no cabe la neutralidad. No obstante, Sheinbaum explicó ayer en prepración de su viaje, que era importante que se escuchara la voz de México y la reinvindicación de la Doctrina Estrada, repitiendo el conjunto de un paquete de principios formulados por el canciller Genaro Estrada en 1930, que a lo largo de la historia solo ha servido de parapeto para el relato, para no comprometerse en momentos delicados, o para meterse de lleno a asuntos internos de otros países, si sus gobiernos simpatizan con el mexicano.
La Global Progressive Mobilization es todo lo contrario a lo que señaló ayer en Palacio Nacional, cuando dijo coincidir con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que solía decir que la mejor política exterior es la interior. La iniciativa promueve el activismo internacional como contrapeso de las corrientes conservadoras y los liderazgos de derecha y extrema derecha. Es parte de su placenta, en donde convergieron las redes políticas preexistentes, como la Internacional Progresista que impulsaron el excandidato presidencial en Estados Unidos, Bernie Sanders, a través del Instituto Sanders, y el economista griego Yanis Varoufakis, a través del Movimiento Democrático en Europa, el DiEM25.
Otra fuente de su inspiración fueron el Foro de Sao Paulo, creado en 1990 con partidos de izquierda y extrema izquierda latinoamericana por los presidentes Luis Inazio Lula da Silva y Fidel Castro, para articular lo que llamaron la lucha antimperialista como parte de la reinvención de la izquierda en la región tras el colapso de la Unión Soviética, y el Grupo Puebla, un foro político y académico fundado en esa ciudad en 2019, por instancias de Lula y el presidente de Uruguay Yamandu Orsi, con la participación de 10 presidentes y expresidentes iberoamericanos.
López Obrador no participó en la fundación del Grupo Puebla –Mario Delgado, como dirigente de Morena, sí–, lo que no es extraño por las características y personalidad individualista y egocéntrica de López Obrador. Aunque mantuvo fuertes vínculos con el Foro de Sao Paulo y el Grupo Puebla, no fue un nodo ideológico activo –como ha sido Brasil como ninguno en la región–, aunque se alineó selectivamente en aquellas problemáticas que se ajustaban a su pensamiento, escudándose en la narrativa de la soberanía nacional sobre la coordinación global.
De esa forma, López Obrador estuvo alejado de las agendas progresistas de género –es un misógino–, el cambio climático –no entiende nada sobre protección del ambiente–, o la oposición irreductible ante la militarización y contrapesos. Sheinbaum entiende del cambio climático, aunque con debilidad porque sus prioridades están en otras frecuencias, apoya el feminismo y procura una agenda de género, pero no mucho más allá. En lo general, la presidenta opera bajo la lógica política heredada.
Comparte con la Global Progressive Mobilization como red de afinidad ideológica y narrativa, que le da legitimidad y acompañamiento político, pero no determina decisiones clave del gobierno, porque no obedece a una estructura global. Estas características del régimen, donde está de palabra y retórica, pero no de fondo, carecería de importancia sustantiva su participación –solo estará el sábado en una plenaria de gobernantes, donde hasta el momento quienes llevarán la sesión son Lula y el anfitrión, el presidente del gobierno español Pedro Sánchez–, salvo porque la iniciativa tiene como principal objetivo contener a Trump y su gobierno.
En las condiciones actuales del mundo –el tema del encuentro es “No a la guerra”–, es previsible el choque que tendrán los posicionamientos con Trump, agravado por el hecho que es en España y Sánchez se ha convertido en el líder europeo más incómodo para el jefe de la Casa Blanca en la guerra contra Irán. Pero igualmente en este contexto, son las negociaciones en curso de México y Estados Unidos sobre el acuerdo comercial norteamericano y las constantes amenazas de actuar unilateralmente en territorio mexicano contra los cárteles de las drogas y políticos involucrados con el crimen organizado.
Si Sheinbaum decidió asistir de último momento, debió haber recalibrado el estado de la relación con Estados Unidos. Está caminando por el filo. Ayer respaldó al papa León XIV, la última víctima retórica de Trump, en el arranque de una semana donde se colocará en la trinchera de los enemigos del presidente estadounidense. ¿Volteará a verla Trump? El domingo dio señales en una entrevista con la cadena Fox News que México sigue en su cabeza, lo que de alguna manera contradice la idea en el obradorismo, que Irán lo tiene distraído.

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Si fueran hoy las elecciones para gobernador, Morena perdería cinco gubernaturas y estaría enfrentando un proceso con una coalición de gobierno fracturada, una rebelión interna y la posibilidad de que otras tres, al menos, permanezcan en manos de la oposición. El desgaste en el poder, la gestión lamentable de varias de sus gobernadoras y gobernadores, aunado a la falta de liderazgo y capacidad de negociación en Palacio Nacional, son la primera fotografía de las elecciones del próximo año, que se consideran cruciales para la consolidación del proyecto del expresidente Andrés Manuel López Obrador que quiere concretar su sucesora, Claudia Sheinbaum.
Este escenario está contemplado en un diagnóstico que le entregaron la semana pasada a la presidenta Sheinbaum y evaluaciones que se han hecho en Morena, desde principios de este año, que registran los riesgos que enfrentan no solo en las gubernaturas, sino para mantener la mayoría calificada en el Congreso. El informe a la presidenta enfocado en las gubernaturas, trascendió, la preocupó principalmente en tres estados: Campeche, Michoacán y San Luis Potosí.
El informe subraya que la gestión de Layda Sansores en Campeche le abrió a la oposición, ante una eventual alianza de Movimiento Ciudadano con el PAN, la posibilidad real de sacar a Morena del poder, al igual que en Michoacán, donde el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla está muy mal calificado y sin importar qué candidato presente el partido en el poder el pronóstico es que gane Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda del asesinado alcalde Carlos Manzo.
Uno de los puntos delicados en el reporte entregado a la presidenta es San Luis Potosí, donde el hasta ahora gobernador aliado Ricardo Gallardo, del Partido Verde, es intransigente para aceptar una candidatura a sucederlo que no sea su esposa, la senadora Ruth González, que tiene méritos políticos propios. La regla contra el nepotismo que está vigente en los estatutos de Morena, no es vinculante con los partidos coaligados, el Verde y el PT, y Gallardo ha dicho privada y públicamente que está dispuesto a romper con Morena en las elecciones del próximo año, confiado –vistos los estudios de opinión– en ganar con holgura.
La postura de Gallardo ha fortalecido una corriente de opinión dentro del Partido Verde de ir a las elecciones sin Morena, particularmente en Quintana Roo, donde consideran que pueden ganar sin su respaldo. Quintana Roo no se encuentra en este momento entre los estados donde Morena pueda perder, pero entra en la ecuación junto con Zacatecas y Baja California Sur, que tampoco están en este momento en la lista de los estados perdedores, donde el PT dice tener la fuerza para ganar las gubernaturas. Los dos partidos han comenzado a plantear una fractura institucional de la coalición gobernante, y sus conversaciones privadas fueron puestas del conocimiento de la presidenta en el informe que le dieron. Una ruptura de la coalición gobernante cancelaría en automático la mayoría calificada.
En el diagnóstico que le entregaron a la presidenta no se anticipa la posibilidad que le quiten al PAN las gubernaturas de Querétaro y Aguascalientes, como se prevé en Nuevo León, donde el análisis es que el gobernador Samuel García impondrá como sucesora a su esposa, Mariana Rodríguez. Este es un escenario que ha considerado la presidenta desde hace varias semanas, que la llevó a ordenar que recluten al senador Luis Donaldo Colosio como candidato de Morena, como una alternativa de emergencia. No se sabe si ha habido aproximaciones formales con Colosio.
En el informe a la presidenta no aparece Chihuahua, que también tendrá elecciones para la gubernatura el próximo año, que está en poder del PAN, lo que sugiere que Morena se quedará con la gubernatura, aunque como en el caso de Guerrero, donde también estará en juego, hay variables internas que podrían generar un problema para Sheinbaum, que experimentará en las elecciones de 2027 un referéndum a su gobierno y una evaluación del régimen obradorista.
En Chihuahua se están enfrentando dos fuerzas, la del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez, pero que en las últimas semanas, con nuevas alianzas de personas cercanas a la presidenta con el senador Adán Augusto López, se ha fortalecido la posición de la senadora Andrea Chávez, que pese a la animadversión de la presidenta, no ha podido la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, descarrilarla.
López dejó la coordinación de la bancada en el Senado, pero no el poder. Sheinbaum fracasó para que se fuera a una embajada ante las presiones de Estados Unidos para que iniciara una carpeta de investigación en su contra, y solo le alcanzó para nombrar a Ignacio Mier en su lugar. Sin embargo, Mier es un soldado de López, evidenciado por el cabildeo y la presión que ejerció sobre los senadores de Morena para que viajaran recientemente a Ciudad Juárez al virtual lanzamiento de Chávez como precandidata a la gubernatura.
La presidenta responsabiliza directamente de los fracasos en lograr sus reformas legislativas al senador López y al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, a quien en reuniones privadas ha acusado de haberse aliado con la oposición para propinarle una derrota que considera personal, política e histórica, al ser rechazado su Plan A, y haberle entregado un Plan B que es una versión desvirtuada de lo que querían López Obrador y ella.
La presidenta ha dado instrucciones –aunque hasta el momento no hay indicios de que se hayan empezado a cumplir–, de cancelar todas las posibilidades de la familia Monreal en política, con una dedicatoria directa al senador Saúl Monreal, que contra la regla que impide el nepotismo en las candidaturas, ha mostrado su decisión de contender por la gubernatura de Zacatecas, con el PT o el Verde. No parece estar dispuesto al sacrificio, como es la posición en la que se encuentra el senador Félix Salgado Macedonio, que está dejando entrever que peleará por suceder a su hija en la gubernatura de Guerrero.
Las derrotas en las gubernaturas podrían ser un dominó que dé victorias a la oposición y a los rebeldes de la coalición, con lo cual la mayoría calificada en el Congreso pasaría a la historia. Este escenario que se ha planteado a la presidenta, sería un duro golpe contra el régimen, y el probable principio del fin de su poder, desbarrancado por su propia descomposición interna a tan solo 12 años de haberlo conquistado.

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Después de más de 18 meses de dubitaciones, idas y venidas, la presidenta Claudia Sheinbaum dio un gran paso en firme hacia la utilización del fracking para la extracción de gas natural. No utilizó esa palabra que empapa la controvertida técnica para extraer hidrocarburos inyectando agua a alta presión, químicos y arena, sino el término aparentemente inofensivo, de producir en “yacimientos no convencionales”. Fue un cálculo deliberado. La palabra quema y enciende al expresidente Andrés Manuel López Obrador, que construyó su legitimidad sobre símbolos, uno de ellos el fracking, cuya rabiosa oposición la planteó como una frontera moral frente al pasado neoliberal.
Sheinbaum fue extremadamente cuidadosa, y dejó un espacio de maniobra política al plantear como condicionante un estudio sobre el impacto ambiental, que se entregará para tomar la decisión final dentro de dos meses, curiosamente coincidente con la fiebre mundialista. Pero si la presidenta se mantiene, el fracking no será solo una técnica de extracción a debate, sino una línea de fractura política con su antecesor. Sheinbaum llegó a la Presidencia con una narrativa heredada de López Obrador de transición energética, soberanía y rechazo a prácticas “depredadoras”. Desde el depacho presidencial había establecido que el fracking era anatema político y símbolo de un modelo extractivo que debía superarse. Incluso quiso elevar el veto a rango constitucional, pero no lo logró.
Ideológicamente, Sheinbaum está contra el fracking, aun cuando la tecnología ha hecho menos dañina al medio ambiente, pero como científica entiende que es una palanca para el desarrollo. Sheinbaum, no tiene las telarañas que vivían en el pensamiento estancado de López Obrador, y parece haber superado una contradicción que borraba su ideologización: ¿por qué negarse al fracking cuando todo el gas natural que importa de Estados Unidos se extrae en Texas con el fracking?
No siempre se pueden tomar decisiones con las que se esté de acuerdo. Hay ocasiones donde tienen que tomarlas aún estando en contra de ellas. Guardando toda la proporción, vale la pena recordar la decisión de Winston Churchill de atacar a la flota francesa en Mers-el-Kébir, un puerto en Argelia, tras la caída de Francia ante los nazis en 1940. Moralmente era muy compleja, pues Francia había sido su compañera de batallas, y políticamente muy controvertida, entre sus aliados y en el propio Reino Unido. Pero estratégicamente, fue la decisión correcta: si Alemania capturara la flota, pensó Churchill, Hitler la usaría para invadirlos y perderían la guerra. Fue de una de sus decisiones políticas más difíciles, admitió años después, y la herida que provocó a los franceses sigue sangrando.
Sheinbaum enfrenta un dilema similar. Las arcas de la tesorería se están secando y las inversiones productivas no llegan, pero tiene que seguir drenando las finanzas públicas para los programas sociales, terminar los elefantes blancos que le dejó López Obrador, mientras que el entorno internacional y la turbulenta relación con el presidente Donald Trump añaden variables a la problemática.
En el anuncio de este mércoles, Sheinbaum dijo que la producción en yacimientos no convencionales permitiría elevar la producción de gas natural hasta en 260 por ciento en solo una década, y ayudaría a reducir las importaciones de Estados Unidos. La tan ansiada soberanía energética dejaría de estar en el camino de los sueños de la manigua, para empezar a construirse sin fantasías y actos de fe.
La presidenta dio indicios de querer gobernar sin necesidad de repetir consignas, pero administrando restricciones. Su dilema no es ideológico, sino operativo. Puede mantener la pureza discursiva y sostener la dependencia externa, o puede comenzar a abrir la puerta al desarrollo de recursos no convencionales. No hay una tercera vía clara, y es ahí donde esta decisión, si no vuelve a meter reversa en dos meses, el fracking significará la corección de una de las decisiones emblemáticas de López Obrador. No sería un ajuste técnico, sino una señal política. Y en el ecosistema de la cuatroté, enmendar al fundador del movimiento no es una acción neutra, sino una redefinición de poder.
Pero México no puede seguir dependiendo de la voluntad y los chantajes de una persona, por muy querida que sea, cuya ceguera ante la realidad y obsesiones buscó igualar a los mexicanos en la pauperización. Nunca se planteó una movilidad social –quienes salieron de la pobreza con los programas sociales, se hundirán más de donde estaban si se agotan los recursos para ellos. Sheinbaum, ahora, apunta en la dirección correcta para lograr, por la vía de la realidad, lo que su antecesor nunca hizo.
Para Estados Unidos, el fracking fue una de las transformaciones estructurales más importantes en la economía y geopolítica en el siglo XXI. La técnica comenzó a aplicarse comercialmente a mediados del siglo pasado, pero no fue sino hasta principios de este siglo cuando la nuevas tecnologías permitieron la explotación a gran escala. No solo aumentó la producción energética en Estados Unidos, sino que también reconfiguró mercados, poder internacional y costos industriales. Antes del fracking, Estados Unidos era dependiente de los hidrocarburos extranjeros. México le vendía petróleo para la Reserva Estratégica que se almacenaba en las cuevas de Texas y Luisiana, y el presidente José López Portillo construyó un gasoducto desde Cactus, en Chiapas, a Reynosa, en Tamaulipas, para enviar gas natural a Estados Unidos. Hoy, esa nación es la principal productora de hidrocarburos.
En 20 años lograron su revolución energética y la soberanía plena. Sheinbaum plantea casi lograrlo en gas natural para 2035. Para ello, necesita caminar muy fuerte durante estos 60 días sin mirar atrás. López Obrador tuvo recursos inagotables que le dejó el neoliberalismo en la tesorería y los dilapidó. Sheinbaum, en cambio, enfrenta restricciones materiales: déficit energético, presión industrial y vulnerabilidad frente a shocks externos.
Este nuevo modelo de desarrollo energético no lleva a la pregunta sobre si hay desacuerdo con López Obrador, sino cuándo se hará visible. Hasta ahora, la estrategia de Sheinbaum había sido posponer, con indefiniciones y contradicciones. Ese limbo político permitía mantener intacta la narrativa sin asumir el costo de la decisión. Pero ese equilibrio era inestable. La necesidad de recursos urge, la demanda de energía no espera, y la geopolítica tampoco. En algún punto, la realidad habría de obligarla a elegir.
Al final, el fracking no es el problema. Es el síntoma, porque el verdadero conflicto es otro: si Sheinbaum está dispuesta a gobernar con la realidad, o a seguir administrando la herencia.

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Desde que concluyó su mandato presidencial, Andrés Manuel López Obrador se fue a su finca en Palenque –totalmente remozada por el Ejército– y desapareció del ojo público. Pero vivir con discreción no significó retirarse de la política, como insisten sus voceros para esconder su activismo. López Obrador no perdió canonjías. Mantuvo vehículos blindados a cargo del erario y, lo más importante, el sistema de comunicación gubernamental que se llama coloquialmente como “el teléfono rojo”. López Obrador no perdió poder; solo lo disimuló.
Sus apariciones en público han sido contadas: cuando anunció el libro que escribieron una veintena de manos por él, y cuando apeló a la ayuda a Cuba, pidiendo donaciones para la dictadura castrista. Pero hubo un mensaje de fondo cuando promocionó su libro el 30 de noviembre, cuando al hablar de la “temporada de zopilotes y halcones” que se vivía, pidió respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum para impedir que la acosaran, y que si eso sucediera, saldría de su finca para defenderla pero, sobre todo, para preservar su proyecto de la cuatroté.
Visto aquel momento en retrospectiva, puede verse ese día como el lanzamiento de un globo de prueba para medir la reacción política y pública a su reaparición. Fue un éxito porque dominó la agenda y los ciclos informativos, sin recibir críticas de sus opositores y, en cambio, agradecimiento de la propia presidenta. López Obrador estaba calentando motores. Semanas después, detectaron en el gobierno federal, se integró una especie de “cuarto de guerra”, donde figuraban algunos de sus ideólogos de su sexenio, comensales frecuentes en Palacio Nacional, con un “cuarto de junto” de asesores, donde están algunas plumas injertas en medios de comunicación nacionales.
Una de las primeras reflexiones, de acuerdo con la información que llegó al gobierno, era en qué momento comenzaba a regresar al escenario público. El estrangulamiento económico de Estados Unidos a Cuba fue el momento para, como lo plantearon en ese “cuarto de guerra”, saliera a dar la cara y comenzara a posicionarse como líder de la izquierda latinoamericana. Sus sueños, que empezó a tener desde el cuarto año de su gobierno, llegaron al mismo lugar que en ese entonces, a la nada. Pero la maquinaria comenzó a andar.
Martín Jesús López Obrador, el hermano del expresidente, que ha sido uno de sus operadores políticos desde hace casi una década, coincidente con los tiempos de análisis para la reactivación del Peje, empezó a recorrer estados desde enero para transmitir el mensaje que las candidaturas para 17 gobiernos estatales y las listas de diputaciones federales, las palomearía él. Rafael Marín Mollinedo, en ese momento director de Aduanas, era su primera decisión.
Marín Mollinedo, dijo Martín Jesús, sería el candidato de More-na para la gubernatura de Quin-tana Roo. No era el plan de la presidenta, y desde Palacio Nacio-nal le enviaron mensajes de que no se animara y menos aún se promo-viera. La candidata de Sheinbaum es Ana Patricia Peralta, presidenta municipal de Benito Juárez, cuyo diamante es Cancún, aunque se mantenían abiertas las negociaciones con el Partido Verde para que el candidato fuera el senador Eugenio Segura, Gino, que aunque representante de Morena, responde a los intereses de Jorge Emilio González, dueño de la franquicia, y quien es el poder detrás de la gobernadora Mara Lezama.
El entonces director de Aduanas estaba fuera de la ecuación, pero no cejó en el intento de alcanzar la candidatura, utilizando recursos públicos para promoverse y agudizando las contradicciones dentro del obradorismo. Recientemente fue protagonista de una acción salomónica. La presidenta no pudo mantenerlo al frente de Aduanas, pero tampoco se convertiría, como era lo que se esperaba, en uno de los 17 coordinadores para la defensa del proyecto de la cuatroté, que serán virtualmente quienes se queden con las candidaturas. La decisión fue salomónica: la presidenta aceptó su renuncia, y tras enfatizar que no era por temas electorales, lo envió a Mérida como representante de una secretaría de Estado, que hasta ahora, 10 días después, no se sabe cuál es.
Martín Jesús continuó lle-vando mensajes. Uno fue el nom-bre de Celida López Cárdenas, a quien López Obrador quiere como candidata a la gubernatura de Sonora. López Cárdenas es secretaria de Agricultura y Ganadería de Sonora, donde gobierna Alfonso Durazo, incondicional del expresidente y perfilado para asumir el liderazgo de Morena en septiembre, si las cosas no cambian dentro del régimen, como suele suceder con más frecuencia de lo pensado.
López Cárdenas fue alcaldesa de Hermosillo y su promoción choca también con los deseos de la presidenta, que quiere que la candidatura vaya a la senadora Lorenia Valles, que pese a lo que aparenta en público, no tiene una buena relación con Durazo. En las encuestas que maneja Iván Silva, dueño de Heurística, la empresa consultora que ha trabajado para Morena por años y forma parte del equipo de estrategas de la presidenta, Valles aventaja por 3.5 puntos a López –lo que es un empate técnico–, en el último estudio realizado por una de las empresas a su servicio, hace alrededor de un mes.
Pero la apuesta de López Obrador, y al mismo tiempo el principal desafío a la presidenta, es Baja California Sur. Martín Jesús expresó que apoyarán al alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez, del PT, en contraposición con la candidata que quiere Sheinbaum, la alcaldesa de La Paz, Milena Paola. El respaldo para Agúndez es un doble desafío, porque existe una investigación abierta en Estados Unidos en su contra por su presunta relación con Los Chapitos, que han hecho de Los Cabos, su santuario. No sorprende, sin embargo, que los López Obrador utilicen al PT para fines electorales, pues las investigaciones en Washington lo ubican como el parapeto político del crimen organizado en México, y que han llevado a puestos de elección popular a miembros de varios cárteles de las drogas.
Los primeros movimientos político-electorales que se han hecho, junto con la instalación de un “cuarto de guerra” en la Ciudad de México, donde López Obrador pasa cada vez más tiempo, están marcando el inicio del regreso del expresidente a la política activa y a la búsqueda del control del país. No se estima que lo haga abiertamente, lo que no excluye que lo que se está preparando es un asalto al poder.

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