Las presiones externas sobre la presidenta Claudia Sheinbaum por la violencia y la inseguridad detonada masivamente por la reacción del Cártel Jalisco Nueva Generación por la muerte de su líder, Nemesio Oseguera, la ha llevado a tomar acciones extraordinarias, incluso de alto riesgo, ante una situación extraordinaria: evitar que México pierda la sede mundialista porque gobiernos y equipos no quieran jugar en este país por problemas de violencia e inseguridad. Las fallas de comunicación el 22 de febrero, le hicieron mucho daño al país.
Si fue real lo que sucedió, exageraciones, o incluso mentiras diseminadas en las redes sociales, la percepción quedó, enmarcada por algo creíble para las audiencias globales: las imágenes de bloqueos y vehículos incendiados en los noticieros de televisión del mundo. El gobierno mexicano no calculó del alcance que tendría en la organización de la Copa del Mundo de Futbol, y no estuvo entre sus prioridades de política hasta finales de la semana pasada, cuando Sheinbaum dejó claro en las reuniones en Palacio Nacional, que no se podía poner en riesgo la viabilidad de ninguna de las tres sedes –Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey–, y que a menos de 100 días de iniciar, México se llevara una sorpresa.
Las reacciones de algunos gobiernos y federaciones de futbol ante los eventos violentos del 22 de febrero, le abrieron los ojos a Sheinbaum de cómo estaban viendo México en el mundo. Sudáfrica, que jugará el partido inaugural con México en el Estadio Banorte, pidió medidas de seguridad adicionales a las ya establecidas. Bolivia, que jugará el repechaje en Monterrey a fines de mes, hizo lo mismo. La Federación Portuguesa de Futbol dejó en el aire la reinauguración del estadio ante México el 28 de este mes, sujeto al monitoreo sobre la seguridad en el país.
Con la cercanía de ese partido y el repechaje en Guadalajara programados para finales de marzo, Sheinbaum se metió al tema del Mundial e hizo ajustes en la coordinación de las tareas, donde la participación federal en las reuniones de seguimiento se había mantenido en un bajo nivel, pues aunque el enlace federal era la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la única persona que representaba al gobierno en las mesas fiscal, seguridad, turismo-cultura, era Gabriela Cuevas. Desde finales de la semana pasada, responsabilizó al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para la coordinación de toda la estrategia de seguridad.
Esa fue la primera acción que cambió el rumbo, como respuesta inmediata para neutralizar la impresión por la reacción del CJNG tras la muerte de Oseguera. La segunda fue no cancelar el concierto de Shakira el domingo pasado en el Zócalo, un evento masivo que, por sus mismas características, representaba un riesgo mayor. No hay información sobre cómo fue el operativo de seguridad, pero sobre la base de estrategias anteriores, deben haber inundado de militares y policías vestidos de civil la plancha del Zócalo para tener una vigilancia cerrada sobre los asistentes. La tercera se concretará hoy, con la conferencia mañanera programada desde Guadalajara.
La presidenta tiene que cambiar las percepciones con hechos porque las palabras valen poco ante las imágenes. En la misma línea, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, tuvo una reunión de trabajo este miércoles en Tapalpa, el municipio donde se realizó la operación contra Oseguera hace dos domingos, que no es un mensaje menor, porque de las tres sedes mexicanas, Guadalajara es la que está en mayor riesgo como sede, y pudiera ser fácilmente cancelada si un nuevo incidente de alto impacto ocurre en el estado. En la banca de reserva, sugirió una fuente estadunidense, Houston está listo para tomar lo que le cancelen a Guadalajara.
Con su nueva asignación informal, García Harfuch encabezó al grupo de altos funcionarios que el miércoles se reunieron con una comisión especial de la FIFA para analizar la seguridad y la movilidad, que es un tema de infraestructura no vinculado a la violencia que también es motivo de preocupación. La FIFA no ha enviado comisiones similares a Estados Unidos o Canadá, que también son sedes mundialistas.
Las alertas sobre México estaban prendidas desde finales de noviembre pasado cuando dos agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad que estaban investigando los vínculos de funcionarios del gobierno de Jalisco con el CJNG, fueron secuestrados en Zapopan. Las agencias de inteligencia estadunidenses registraron el hecho y le dieron seguimiento, por lo que obtuvieron información que ese grupo criminal estaba planeando acciones de sabotaje durante el Mundial.
La violencia desatada en 20 estados a los minutos de conocerse la muerte de Oseguera, hizo que la incertidumbre y los temores se tradujeran en mayores presiones al gobierno de México. La FIFA pidió a su oficina mexicana el mismo día de la operación contra El Mencho, un informe interno sobre los hechos en todo el país, pero en particular Guadalajara, reportó ESPN. Altos directivos de la FIFA buscaron también información directa para entender lo que estaba sucediendo.
Nada similar ha hecho la FIFA con Estados Unidos y Canadá, porque si bien los tres países han estado planeando estrategias conjuntas, que incluyen intercambio de inteligencia para impedir un ataque terrorista electrónico, con drones artillados, de propaganda o cibernéticos, y un reforzamiento en la vigilancia sobre quiénes ingresan del extranjero, en esas naciones no existen grupos criminales que tengan control territorial, como sucede en al menos 30 por ciento del suelo mexicano –en donde se incluye Jalisco–, ni cárteles de las drogas que desafíen cotidianamente al Estado mexicano.
La confianza y certidumbre que existe sobre Estados Unidos y Canadá, no las tiene México, en donde su ecosistema de violencia potencia todo. Desde que el sorteo de grupos celebrado en diciembre colocó a Irak en Monterrey, el gobierno estadunidense le pidió al mexicano reforzar la seguridad en torno al equipo. La guerra en Irán agregó más retos. Aunque Irán no jugará en México –tiene programados sus encuentros en Los Ángeles y Seattle–, el conflicto en el Medio Oriente llevó a Washington solicitar a México una vigilancia especial sobre personas o grupos de interés, ante la eventualidad de sabotajes en Estados Unidos.
Hay poca información sobre lo que se habló en la reunión del miércoles con la FIFA, pero lo que hayan revisado y acordado, no esperará hasta que arranque el mundial. Debió haber comenzado antier.

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Desde hace bastante tiempo atrás, el almirante José Rafael Ojeda debería estar bajo investigación y, posiblemente, tras las rejas. La evidencia que como secretario de la Marina encubrió el contrabando fiscal que encabezaban sus sobrinos políticos, y cobijó la corrupción, es cada vez mayor. Ojeda, que vive en un piso frente al mar turquesa de Cancún, es un nombre que había desaparecido de la opinión pública, porque la investigación sobre el robo más grande de la historia, el llamado huachicol fiscal, había sido acotada para que ya no lo salpicara y recargara todo en sus sobrinos políticos.
Pero hace dos semanas, ese metabolismo artificial se alteró. Sebastián Barragán y Omar Fierro, reporteros de Aristegui Noticias, dieron a conocer un audio donde el contralmirante Fernando Guerrero Alcántar le describía la trama criminal del contrabando de combustible, y que fue asesinado meses después. El audio era verosímil porque las acusaciones las puso por escrito en una carta integrada en la investigación de su asesinato, y detonó un escándalo tan grande, que acalló el cuestionamiento de si el audio era real, y por tanto, si los dichos de Ojeda también.
Epigmenio Mendieta, abogado de los sobrinos políticos de Ojeda, Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, le dijo a Azucena Uresti en Radio Fórmula que el audio no formaba parte de la investigación del asesinato de Guerrero Alcántar. La Secretaría de la Marina informó a Aristegui Noticias que no tenían ese audio, grabado, según el medio, el 14 de junio de 2024, ni conocían de cualquier otro audio o video que involucrara al almirante Ojeda, que no ha abierto la boca hasta ahora.
La Marina desconoció el video y que lo tuvieran, pero no negó su existencia. Hasta ahora, por tanto, si no ha sido desmentido, porque la Fiscalía General tampoco ha dado su opinión sobre este caso, es real, lo que lleva a las preguntas sobre quién grabó y quién filtró. La primera es fácil de responder: grabó la Secretaría de la Marina. Cuando menos en la gestión de Ojeda, la oficina del secretario tenía un sistema que grababa todas las conversaciones en el despacho. Era un protocolo de seguridad que muchos de los externos que acudían a platicar con él, sabían. La segunda es un misterio.
Al escuchar el tono y fraseo del almirante, parecería estar dejando un registro de su compromiso en el combate a la corrupción y prueba de honradez. De ahí, el audio que nadie dice contundentemente que es falso, tiene un valor adicional: desbarata el esfuerzo gubernamental de blindarlo.
Ojeda no sabía en ese momento que el esfuerzo para protegerlo y deslindarlo de las corruptelas de sus sobrinos políticos se iba a caer a pedazos el 7 de septiembre pasado, cuando en una de las últimas mañaneras del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el entonces fiscal general, Alejandro Gertz Manero, dijo que el almirante se presentó en sus oficinas “hace casi dos años” para decirle que había problemas de corrupción en varias de las áreas de la Secretaría y contrabando de combustible. Es decir, Ojeda sabía de esos delitos un año antes de que se mostrara sorprendido por la denuncia de Guerrero Alcántar. Gertz Manero, defendiéndolo, a la luz del audio, lo hundió. La razón por la que el exfiscal lo exoneró fue porque la investigación sobre los Farías Laguna llegaba a Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, y querían que ahí topara, lo que ha sucedido hasta ahora. No había intención de investigar al almirante, pero no así a otros mandos de la Marina.
A finales de septiembre, la presidenta le pidió al secretario de la Marina, almirante Pedro Raymundo Morales, seguir con el caso del contrabando de combustible de la mano de la Fiscalía General, en donde estaban involucrados y judicializados 45 elementos que debían haber sido separados de sus cargos o detenidos, porque era, además, una presión de Estados Unidos. Hasta ahora, de lo que se conoce, solo han sido dados de baja cinco, por no presentarse a su trabajo.
Días después de la declaración de Gertz Manero, la presidenta también instruyó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que hablara con Ojeda para informarle la estrategia para deslindarlo, con la advertencia de que si no funcionaba, tendría que hacerse responsable de las irregularidades durante su gestión. En este contexto, el secretario Morales se reunió con Guerrero Alcántar en su oficina el 10 de octubre del año pasado. La Marina confirmó la cita, que dijo fue a petición del contralmirante, para felicitarlo, expresarle su lealtad y proponerle un esquema para una mejor recaudación en las aduanas.
Guerrero Alcántar, de acuerdo con documentos internos de la Marina sobre las redes de corrupción en aduanas, descritos en este espacio, formaba parte de los altos mandos navales que habían colocado los hermanos Farías Laguna en las aduanas marítimas, ubicándolo como administrador en la de Veracruz. El último puesto que tenía era director general de Recaudación de Aduanas, que se encuentra en las instalaciones centrales de la Secretaría de la Marina al sur de la Ciudad de México.
Poco después de la reunión con el almirante Morales, Guerreero Alcántar solicitó vacaciones y, por procedimiento, dijo a dónde iría, Mazatlán y Manzanillo. El 8 de noviembre, casi un mes después de su conversación con el secretario, fue asesinado en Colima. Aunque la Marina señaló el contenido de su plática, la causa penal sobre su asesinato en la Fiscalía General, infiere que el crimen tuvo relación directa con esa reunión, donde “posiblemente” le habló de las denuncias que formuló en su carta, y fue interno, al solo saber el personal de la Armada, las fechas y lugares exactos de sus estancias.
Se desconocen más detalles de esa investigación que se mantiene hermética, pero que fue sacudida por la revelación del audio, que permite hacer la línea de tiempo que muestra hoy las inconsistencias e incongruencias en que incurrió Gertz Manero al salir en la defensa de Ojeda, aunque tampoco sabía el exfiscal que una grabación que misteriosamente llegó a la opinión pública, fundiría el blindaje y obligaría a que el gobierno inicie una investigación contra el exsecretario de la Marina por su presunta vinculación con toda la corrupción durante su administración, algo que no ha sucedido hasta ahora.

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El cuerpo de Nemesio Oseguera, El Mencho, descansa desde el lunes en el panteón Recinto de La Paz, en Zapopan, junto a Guadalajara, donde sus familiares y cercanos lo despidieron. Un dispositivo militar fue desplegado en el perímetro, en caso de que un grupo adversario quisiera aprovechar el momento de duelo, para garantizar la seguridad durante el sepelio de quien fuera jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, la organización trasnacional más poderosa del mundo. La muerte de El Mencho hace dos domingos dejó acéfala esa corporación criminal, que tras el operativo donde cayó Oseguera, se replegó para reposicionarse.
Una vez cerrado el capítulo del final de Oseguera, lo que viene es quién asumirá su relevo. Las hipótesis abundan, inclusive dentro del gobierno federal. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, le entregó una tarjeta a la presidenta Claudia Sheinbaum con los nombres de cinco potenciales relevos: Juan González Valencia, El 03, hijastro de El Mencho, hijo biológico de Rosalinda González Valencia, de la aristocracia criminal, y de Hugo Gonzalo Mendoza, El Sapo, que de acuerdo con fuentes de inteligencia, fue uno de los abatidos en Tatalpa, aunque para Garcia Harfuch está vivo y figura entre los aspirantes a encabezar la organización.
González Valencia y Mendoza serían como el relevo interno, familiar, con la estirpe que no tienen los otros tres en la lista de García Harfuch, donde sobresale Audias Flores Silva, El Jardinero, quien era el número 2 del CJNG, amo y señor de Puerto Vallarta, el epicentro de la violencia desatada en una tercera parte del país como respuesta al abatimiento de El Mencho. Los otros dos son Ricardo Ruiz Velasco, el Doble RR, el jefe de la importante plaza de la zona metropolitana de Guadalajara y cuyo nombre saltó a la prensa como probable sucesor poco después de saberse de la muerte de El Mencho, y Luis H. Alcalde, de quien no hay información disponible.
Fuentes de inteligencia, sin embargo, establecieron la posibilidad de que para evitar una disputa por el poder y con ello la fragmentación –existen una treintena de jefes de plaza en más de 25 estados–, la organización se divide en dos mandos, a cargo de El Jardinero y del Doble RR. Flores Silva tendría la responsabilidad de la zona norte, desde Puerto Vallarta, mientras que de Guadalajara hacia el sur estaría bajo el cuidado de Ruiz Velasco.
Aunque operarían de manera autónoma, no se ha explicado cómo se podrían integrar en un solo comando la ingeniería financiera, el lavado de dinero a través de las casas de cambio de criptomonedas, el ejercicio contable, las nóminas, las alianzas nacionales y extranjeras, las comunicaciones estratégicas y operativas utilizando videojuegos –la cabaña de Oseguera tenía una consola para ello–, los grupos paramilitares, las fábricas para construir drones, las rutas de transportación y distribución para los productos de negocios ilegales y legales,, que manejaba principalmente El Mencho y, en algunos casos específicos, El Jardinero.
Flores Silva era quien tenía a su cargo las alianzas con otros cárteles y los contactos con altas figuras del gobierno. Información en fuentes abiertas señalan que fue quien realizó negociaciones con Los Chapitos, para apoyarlos en su guerra fratricida dentro del Cártel de Sinaloa contra la facción de la mayiza, proporcionándole paramilitares a cambio de un pago en oro. Pero sus alcances eran mayores.
Según fuentes de inteligencia, poco antes de ser asesinado en San Pedro Garza García, en Nuevo León, Sergio Carmona, apodado El rey del huachicol, se reunió con El Jardinero en una ciudad nayarita, por instrucciones del general Audomaro Martínez, en ese momento jefe del Centro Nacional de Inteligencia, y hombre de todas las confianzas del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Las fuentes no revelaron el contenido de la plática o de la negociación, pero dijeron que Carmona era uno de los correos que se utilizaban para hablar con los diferentes capos del crimen organizado.
Ruiz Velasco jugaba en otra cancha, no menor ni inferior, como jefe de la plaza más importante de Jalisco, y probablemente de todas las zonas urbanas donde el CJNG tiene control. Desde ahí establecía las redes de extorsión para funcionarios estatales y municipales, en el corazón de la actividad económica del estado. De acuerdo con investigaciones de la Secretaría de la Defensa, además de coordinar las células criminales en esa zona, era el responsable de la seguridad y del brazo armado del cártel, incluidos los sicarios y los grupos de reacción, como los que actuaron el domingo al conocerse de la muerte de El Mencho.
La posibilidad de que surja un mando dividido representa varios desafíos internos, pues la estructura funcionaba bajo una dirección altamente centralizada y organizada en el esquema de franquicias en torno a Oseguera, quien mantenía la disciplina interna, las cadenas de mando y el control territorial sin disputas entre los jefes de plaza. Por otra parte, manejaba la organización como una empresa, cuya presencia y penetración no se quedaba en la casi totalidad del país, sino que se extendía por los 50 estados de la Unión Americana y en los cinco continentes.
Para el gobierno federal, las decisiones que tome el CJNG van a ser fundamentales para recalibrar su estrategia de seguridad, que en el último año se ha enfocado a golpear sistemáticamente, como a ninguna otra organización, la estructura financiera y sus mandos, aunque hasta ahora, con la caída de El Mencho, no habían logrado un golpe tan importante.
A meses de iniciar el Mundial de Futbol, el reacomodo de la organización y la emergencia del nuevo liderazgo, o los dos liderazgos como se está planteando esa posibilidad, podría representar la viabilidad de Guadalajara como sede mundialista, o la cancelación de la capital tapatía como anfitriona. En estos momentos, si se aplicara el reglamento, Guadalajara estaría cancelada como sede, algo que la presidenta Sheinbaum no quiere porque el golpe no sería solo para esa ciudad, sino para el país.
El problema es que la sucesión en el CJNG está fuera de su control, como también las variables sobre su cohesión, fragmentación o enfrentamiento. México ya tiene una guerra civil entre criminales en Sinaloa donde el gobierno es mero espectador, y no necesita una más en Jalisco, con ramificaciones nacionales a 99 días del Mundial. Pero sobre esto, no puede hacer nada.

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La guerra en Irán está a casi 13 mil kilómetros, pero al mismo tiempo está en México y ha obligado al gobierno a alinearse estratégicamente con Estados Unidos. No se está haciendo de manera política o ideológica, como se ha visto en las declaraciones neutrales que ha hecho la Presidencia sobre una solución política al conflicto, sino en el marco de la cooperación en seguridad.
Desde el sábado, cuando inició la guerra contra Irán, el gobierno de Estados Unidos colocó a sus grupos contraterroristas en alerta máxima ante un posible acto de venganza en su territorio por la muerte del jefe supremo iraní, Ali Jamenei, y se empezó a realizar internamente un monitoreo especial de nacionalidades restringidas que desde principio de año incluye a 19 países, entre ellos Irán, Yemen y Siria, que se encuentran dentro del teatro de operaciones bélica que se está peleando en el Medio Oriente.
Pero el monitoreo y vigilancia interna que está desarrollando el FBI no es suficiente para garantizar que no habrá atentados suicidas en Estados Unidos o eventos como el que se vivió este fin de semana en Austin, la capital de Texas, donde está investigando si el asesinato de dos personas durante un ataque en un bar local ejecutado por un senegalés naturalizado estadunidense que llevaba una sudadera con cachucha que decía “Propiedad de Alá”, fue un acto terrorista en venganza por la muerte de Jamenei, o un asesino solitario.
Si por la muerte del ayatola Jamenei existen alertas de posibles atentados suicidas en Estados Unidos, la frontera con México se convierte automáticamente en un vector de análisis de riesgo, sin que signifique que sea el vector principal. Pero de manera preventiva, dijeron funcionarios estadunidenses, el gobierno de Trump pidió a México aumentar la vigilancia sobre “ciudadanos de interés” y “diplomáticos de interés”.
No hay una lista oficial pública de ellos, pero con base en información de fuentes abiertas sobre preocupaciones o alertas de seguridad, se pueden identificar algunos casos y contextos en los que Washington ha señalado a actores extranjeros –gubernamentales o clandestinos como problemas o posibles riesgos relacionados con México.
Los tres países de mayor preocupación para Estados Unidos que tienen agentes de inteligencia activos en México son Irán, Rusia y Cuba, mantienen relaciones con una parte del ala más radical del régimen obradorista, y abiertos respaldos. Uno de ellos, Abraham Mendieta, cercano al senador Adán Augusto López, español de origen y vinculado a Podemos, el partido español que fundó Pablo Iglesias, que se estableció en México para poner en marcha un canal de información latinoamericana que reproduce desinformación del Kremlin, financiado por Jesús Ramírez Cuevas coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, propuso en X la “desaparición” del Estado de Israel. Mendieta no es considerado un riesgo, pero refleja una corriente de pensamiento cercana al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
En el caso de Irán, la principal vigilancia, se puede conjeturar, recaerá en sus diplomáticos, aunque la atención se ha centrado en el embajador Abolfazl Pasandideh, quien convocó el sábado en que iniciaron los ataques en su país, a una conferencia de prensa, donde aseguró que el ayatola Jamenei no había muerto y pidió al gobierno de México una condena por los bombardeos.
Una preocupación colateral, que no es nueva sino añeja, es por Hezbolá, el partido político en Líbano que tiene un brazo militar respaldado por Irán, que desde hace más de 15 años ha sido considerado un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos, al estar involucrados en financiamiento ilegal, narcotráfico y contrabando. Las milicias de Hezbolá entraron este lunes a la guerra, al atacar a Israel.
La frontera de México con Estados Unidos es considerada por el Departamento de Seguridad Nacional como un entorno de alto flujo humano, presencia de redes de tráfico y vulnerabilidad logística. Hipotéticamente, México podría servir como una plataforma involuntaria por su problema estructural de la presencia de fuertes organizaciones criminales trasnacionales con control territorial, y una frontera es porosa en ciertos sectores, con la existencia de corredores clandestinos.
Desde una óptica de seguridad estratégica, cualquier crisis con Irán activa tres preocupaciones: la existencia de células dormidas que puedan ser activadas en situaciones extraordinarias; actores inspirados, como simpatizantes espontáneos de Irán; y operaciones indirectas vía terceros, como podríaa ser con Hezbolá.
Pese a las viejas alertas que ha levantado el Pentágono sobre Hezbolá en México y sus relaciones con cárteles de las drogas desde 2005, hasta ahora no hay registro de alguna actividad que haya afectado la seguridad interna. Tampoco hay predecente de acciones hostiles contra México por parte de Irán.
En 2011 hubo un caso frustrado donde un individuo vinculado a la Fuerza Quds, una división de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní especializada en capacitación para ataques terroristas, intentó contactar sin éxito a supuestos narcotraficantes. Igualmente en ese tiempo, el gobierno de Barack Obama desarticuló un complot iraní para asesinar al embajador de Arabia Saudita en Washington, con la colaboración de las autoridades mexicanas.
No existe evidencia pública sólida de infraestructura operativa permanente iraní en México orientada a ataques en Estados Unidos, contra la preferencia conocida de Irán por operaciones encubiertas sofisticadas, atentados en terceros países con baja trazabilidad, y el uso de proxies como Hezbolá. Un ataque suicida improvisado que saliera de México no encajaría con el patrón táctico más frecuente del aparato estatal iraní.
La probabilidad de un ataque suicida para apoyar a Irán que tuviera como punto de inicio el territorio mexicano es baja, pero las precauciones que se están tomando forman parte de la incertidumbre que genera la guerra en el Medio Oriente, luego del rompimiento político y diplomático de Irán con Estados Unidos e Israel, y de la muerte del ayatola Jamenei.
La petición al gobierno mexicano de vigilar a “ciudadanos de interés” y “diplomáticos de interés”, obedece al reconocimiento implícito de Washington de las capacidades tácticas operativas que Estados Unidos le atribuye a Irán en varias partes del mundo, y se enmarca en los nuevos esquemas de cooperación bilateral entre los dos países. No hay una fecha de conclusión de la guerra, que ayer el presidente Donald Trump sugirió que podría extenderse por cuatro o cinco semanas más, que será el tiempo mínimo para el monitoreo solicitado a Palacio Nacional.

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La violencia en Guadalajara volvió a aparecer este domingo en una de sus principales avenidas. Las redes sociales mencionaban incidentes en varios puntos, pero las autoridades solo confirmaron uno solo, donde un vehículo al que le pincharon las llantas fue baleado. No hay más información, pero con la que hay es suficiente para abonar al clima de inseguridad que se vive en la capital de Jalisco, una de las sedes mundialistas para la Copa de Futbol, que objetivamente hablando, está en serio riesgo de ser cancelada.
El gobernador Pablo Lemus dijo hace unos días que ninguna de las sedes está en riesgo, pero él mismo debe saber que esa promesa, sobre todo en su estado, es solo de dientes para afuera. La muerte de Nemesio Oseguera, el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, como ya se planteó, no cerró un capítulo, sino abrió otro, incluso más pernicioso, no solo para Guadalajara y Jalisco, sino para todo el país. Con su muerte se rompieron todos los acuerdos económicos, políticos y de seguridad que se habían forjado, en particular en ese estado.
Lemus tiene varios problemas.
Uno es institucional. La semana pasada la presidenta Claudia Sheinbaum informó que una comisión de la FIFA llegaría a México para evaluar la seguridad y la movilidad a los estadios. En materia de seguridad, los compromisos adquiridos por el gobierno de Jalisco, no se han cumplido. Según ha trascendido, aún no se cuenta con todo el equipamiento de seguridad, como los inhibidores de drones o los radares para el monitoreo aéreo, por lo que en el check list del equipamiento técnico, podría salir reprobado. Por otro lado está la movilidad. La única sede donde las obras para acceder al estadio no están listas o dentro del calendario de entrega, es Guadalajara.
Pero hay otro tema, de calado más profundo, que se hizo público hace 15 días cuando la familia Martínez Ornelas publicó un desplegado en la prensa tapatía en donde revelaban que el jefe de la familia, Diego Martínez Ornelas, llevaba seis meses preso por una denuncia penal de la diputada local de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña, que es su cuñada, por un presunto fraude por 13 millones de pesos. La publicación del desplegado provocó diversas reacciones. Por una parte, el porqué, como señaló el desplegado, la diputada no presentó ninguna prueba para que lo detuvieran, pero por la otra, los cuestionamientos de dónde había sacado esos recursos en efectivo para invertirlos en un esquema financiero, que no se justificaba con sus ingresos, lo que penalmente los convertiría en dinero de procedencia ilegal.
Lo que se hizo público apenas el mes pasado, fue detectado desde 2025 por varias agencias de Estados Unidos, que tienen abierta una investigación sobre el gobernador Lemus. Funcionarios estadunidenses revelaron algunos detalles generales sobre la nueva línea que se abrió tras la denuncia original de la diputada Magaña, porque la información que tenían era de la cercanía de ella y de Martínez Ornelas con el gobernador.
La primera línea de investigación la tienen el FinCen, que es la Red Contra Delitos Financieros, y la OFAC, la Oficina de Control de Activos Financieros, que pertenecen al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En coordinación con otras áreas de inteligencia estadunidenses, encontraron que no habían desaparecido 13 millones de pesos, sino 150 millones, y que no eran parte de un esquema financiero fraudulento, como alega la diputada local, sino de un dinero que, presuntamente, era para el pago de seguridad en el estado a El Mencho. Según la denuncia, la entrega del dinero se realizó cuando Magaña aspiró por primera vez a una diputación local por Zapopan –que ganó y se reeligió–, mientras Lemus era alcalde de Guadalajara.
Las investigaciones estadunidenses están en curso. Lemus, por su parte, cuando en este espacio se reveló que lo investigaban por su relación con el líder de los transportistas afiliados a la CTM en Jalisco, Nazario Ramírez, que presuntamente utilizaba las rutas del transporte para mover drogas, contrabando y lavar dinero para el CJNG, Lemus negó cualquier vinculación con el dirigente y amenazó con demandar a quien esto escribe. Esa relación había quedado expuesta al aparecer una fotografía del gobernador con Ramírez.
Curiosamente, aunque quizás no fortuitamente, desde el viernes empezaron a circular en redes sociales unas fotografías del gobernador con el sacerdote José Dolores Aguayo, “el padre Lolo”, de la Parroquia de San Juan Crisóstomo, en Zapopan, que pertenece a la Arquidiócesis de Guadalajara, que la semana pasada quedó en medio de la turbulencia por la muerte de El Mencho por la revelación que hizo la periodista Laura Sánchez Ley de unas cartas –la última el pasado 25 de enero– en donde el cura abogó ante una jueza en el Distrito de Columbia por la liberación de Rubén Oseguera González, El Menchito.
Las relaciones peligrosas del gobernador, hasta el momento, forman parte de investigaciones activas en Estados Unidos, mientras que en México apenas se esbozan con las fotografías. La denuncia de Magaña y que se haya metido a la cárcel, con prisión preventiva a Martínez Ornelas, cercano a los dos, si lo que están hallando los estadunidenses puede probarse judicialmente, habría sido un error o resultado de un exabrupto de alguno de ellos, que los pudo haber dejado en una situación incómoda, por decir lo menos.
Pero más allá del gobernador y de la diputada, lo que están diciendo las investigaciones estadunidenses es que si no se hizo el pago al CJNG para garantizar la seguridad, la violencia no regresará a los niveles en que estaba, sino probablemente se acrecentará. Quien finalmente quede al frente de la organización buscará cobrar la deuda, al estilo Jalisco, como han procedido previamente. La perspectiva que perfilan las investigaciones no son alentadoras para Jalisco, y en particular para Guadalajara, que se está preparando para ser sede del Mundial de Futbol. Por supuesto que nada está decidido aún, y en el reacomodo criminal no se sabe cuáles serán las siguientes etapas que se experimentarán.
Las declaraciones de la presidenta y del jefe de la FIFA, Gianni Infantino, alejaron la turbulencia de las aguas amenazantes sobre México como sede mundialista, pero para el gobernador y a la afición tapatía, el escenario luce verdaderamente negativo.

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Es momento de definiciones estratégicas, no de pleitos callejeros entre los radicales de todos colores. En este momento, mientras usted lee estas líneas, se mantiene una cacería en varios estados del Pacífico, donde los grupos paramilitares del Cártel Jalisco Nueva Generación están a la caza, literalmente, de soldados, guardias nacionales y policías estatales en represalia por la muerte de Nemesio Oseguera, El Mencho, el domingo pasado. Decenas de elementos de las fuerzas de seguridad tienen colocado sobre su frente pintada una diana central.
Hay más de 60 de ellos –algunos apuntan más de 100–, que tras el operativo fueron ejecutados en varios estados en los últimos cinco días. El gobierno ha reconocido únicamente 25 bajas –cuya vida tuvo un valor criminal de 20 mil pesos–, en esta confrontación que está creciendo entre las fuerzas del Estado y las milicias del CJNG, que tienen respaldo de mercenarios extranjeros y asesoría y capacitación de colombianos y venezolanos que pelearon con las fuerzas de élite rusas en la invasión a Ucrania.
El choque político que se expresa en la prensa y las redes sociales, tiene que detenerse y encontrar un frente de unidad que fortalezca al Estado mexicano. La unidad nacional, particularmente en este momento coyuntural crítico, no es una consigna hueca. Es una condición de supervivencia cuando el Estado es desafiado de manera frontal.
La muerte de Oseguera no cerró un capítulo. Abrió otro. Los cárteles no funcionan como ejércitos regulares que se desmoronan al caer su comandante en jefe. Son estructuras en red, con mandos regionales, células autónomas y capacidad de adaptación violenta. En especial el CJNG, que ha perfeccionado lo que otros cárteles intentaron sin éxito: la guerra irregular.
Aunque jurídicamente el CJNG no es un actor beligerante reconocido ni un movimiento insurgente, quienes se ajustan a los principios clásicos de una guerra irregular, emplea tácticas propias de ella, como desarrollar un combate a partir de una relación asimétrica con el Estado, que evita un combate frontal sostenido. Realiza emboscadas, sabotaje, terrorismo y guerra psicológica; emplea francotiradores en zonas serranas y desarrolla inteligencia criminal infiltrada en comunidades. Se mimetiza con la población, y busca erosionar la legitimidad y capacidad operativa del Estado.
El CJNG, como otros cárteles, no pretende tomar el poder político formal, como lo hace una guerrilla, pero sí disputa el control territorial y la autoridad efectiva. Tras la operación contra El Mencho, de las zonas oscuras de la organización emergió su músculo con acciones violentas en más de 110 municipios en 20 estados de la República, mostrando alianzas poco conocidas hasta el domingo pasado, como en Reynosa, controlado por los cárteles tamaulipecos, o en Oaxaca y Zacatecas, donde el Cártel de Sinaloa era la fuerza dominante.
Ha mostrado capacidades que exceden las empleadas por el crimen trasnacional: uso de artefactos explosivos improvisados; derribo de aeronaves con misiles, como sucedió con el Blackhawk militar en 2015; emboscadas con planeación táctica, como han hecho contra marinos en Jalisco y Michoacán; bloqueos coordinados e incendios simultáneos en múltiples muni-cipios, como sucedió el domingo pasado y, como las guerrillas, propaganda armada para las imágenes que proyecten poder, o estampas falsas para generar la percepción de ingobernabilidad.
Esta empresa criminal –porque ha rebasado el límite de ser un mero cártel de drogas–, no busca sustituir constitucionalmente al gobierno, sino arrebatarle el control institucional para maximizar sus utilidades criminales. Estas tácticas características de la guerra irregular, elevan la calidad de su violencia y generan el riesgo de una mili-tarización prolongada.
El Estado mexicano no está enfrentando a una organización criminal como muchas otras. La afrenta la estamos viendo. Cuando pierden a su vértice, reaccionan con sangre para demostrar que siguen vivos. Y lo están haciendo contra soldados. El mensaje es inequívoco: el Estado que se atreve a tocar la cúspide paga un costo inmediato en el terreno. La ejecución de militares y los ataques contra al menos 50 sucursales del Banco del Bienestar establecieron a quién, específicamente, le declaró la guerra abierta este cártel de terror.
En ese contexto, la discusión pública no puede degradarse a la mezquindad política-ideológica. El respaldo al Ejército no es un cheque en blanco, ni implica renunciar a la fiscalización democrática. Significa entender que cuando un grupo criminal asesina militares en represalia por la caída de su líder, el objetivo no es sólo la tropa: es erosionar la moral institucional y fracturar a la sociedad. La estrategia del terror es política. Busca dividir, y cada acción tiene como propósito sembrar la percepción de que el Estado perdió el control tras abatir a su líder, para convertir una victoria táctica en una derrota estratégica.
Por eso la unidad importa. Unidad no significa silencio frente a errores operativos ni indulgencia ante abusos. Equivale a cerrar filas ante la agresión y mantener la legitimidad de la institución que, guste o no, ha sido el último recurso del Estado mexicano frente a organizaciones con capacidad paramilitar. La crítica es necesaria; la deslegitimación sistemática en medio del fuego cruzado es suicida. Los militares y policías que están muriendo no son abstracciones. Cuando caen en emboscadas diseñadas para enviar un mensaje de desafío, el país entero está siendo puesto a prueba.
La historia nos muestra que los cárteles prosperan cuando detectan vacíos políticos. Si perciben titubeo, profundizan la ofensiva. Si observan cohesión institucional y respaldo social, recalculan. No lo hacen por convicción moral, sino por costo-beneficio. Hoy el cálculo es claro: el asesinato de militares busca obligar al gobierno a retroceder y dividir a la sociedad. No podemos dejar que triunfen.
La respuesta no puede ser el repliegue ni la fractura. Debe ser firmeza con legalidad, inteligencia estratégica y una narrativa pública que no romantice al criminal ni trivialice la muerte del soldado. El Estado no puede darse el lujo de la ambigüedad. Respaldar al Ejército en este momento no es un acto de militarismo. Es una afirmación elemental de soberanía.
Es inadmisible que en el enanismo de una disputa política-electoral pensando en 2027, haya quien olvide que nos estamos jugando todos la soberanía nacional. Estamos en un cruce de caminos: si estamos dispuestos a permitir que la perdamos frente a criminales, o poner un alto en la discordia, unirnos detrás de la lucha contra los asesinos que quieren controlar nuestras vidas, y una vez superado este momento –que puede durar meses–, en otro hábitat, regresar a nuestros desacuerdos encendidos.

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La zona donde cazaron las fuerzas federales a Nemesio Oseguera, El Mencho, que era el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, el domingo pasado, era un barrio residencial de 43 casas en Tapalpa, a 35 kilómetros de la carretera federal que conecta a Guadalajara con Colima. La prensa llegó rápidamente al lugar, lo que inició una conversación sobre los excesos y la lujosa cabaña, que en realidad no lo era, apuntó ayer Diego Petersen en El Informador. “Mostrar la casa de un criminal a la prensa, como lo hizo el gobierno mexicano al publicar imágenes del interior de la vivienda de El Mencho, no solo alimenta el morbo, sino que alimenta los estereotipos del crimen organizado”, agregó.
Exacto. Impulsan los estereotipos del crimen organizado, de esas vidas en medio de una impúdica ostentación. Se trata, agregó Petersen, de una casa de renta sin personalidad, de cuartos pequeños, con una sala de paredes desnudas y una cocina que luce desordenada y llena de víveres como para alimentar a un ejército, en este caso, literalmente hablando. Vista la casa desde el otro ángulo, no era el lugar donde se escondía un fugitivo, que vivía a salto de mata y que andaban buscando por todo Jalisco, por Michoacán, o por otros estados, como tantas veces dijeron funcionarios mexicanos. La casa de El Mencho, por lo contrario, cuenta otra historia, la de un capo en retiro abrigado por la permeabilidad política y social.
Francisco Santa Ana, reportero de N+, hizo una descripción de la casa: dos grandes refrigeradores, como los que se utilizan para congelar carne y pescados; una cocina integral con muchos jabones de limpieza, abundante comida; un aparato para cardio; una lavadora de lujo, una secadora de ropa y jabón en grandes cantidades para un intenso lavado de ropa. Juan Pablo Pérez Díaz, de El Financiero, agregó: medicinas para enfermedades renales –de lo que padecía Oseguera–, cátsup, mostaza, pan, galletas, agua, refrescos, café y, sobre todo, inflables como los que utilizan los niños. Otras crónicas refieren los televisores, incluso aún uno empaquetado, listo para ser conectado.
La casa no parecía un lugar donde estuviera de paso. Santa Ana precisó que se encontraba en lo alto de una cima, desde donde se podía ver el camino que llevaba a esa cabaña. Al llegar a lo alto había una pluma para cuidar la entrada a la parte trasera de la casa, donde había amplios lugares de estacionamiento y una cancha de basquetbol. Aparentaba ser un lugar de residencia permanente por la forma como estaba equipada y abastecida, cercana a un hospital que se construyó hace no mucho, donde se atendían enfermedades renales, en una comunidad de poco más de dos mil habitantes, sin registros de que ese sea un padecimiento característico de la zona que, eso sí, se encuentra dentro del perímetro que históricamente ha sido santuario del CJNG.
No era como esas casas llenas de lujo y ostentación de narcos que hemos visto a lo largo de los años, pero menos aún cercana a las guaridas en las que se escondían viejos líderes criminales para evitar ser detectados. El lugar donde se escondía El Chapo tras su segunda fuga, era una pequeña cabaña rústica de un piso, en El Limón, en el municipio de Tamazula en la sierra de Durango, que tiene menos de 65 habitantes. Cuando lo encontró la Marina con la colaboración de la CIA, que como en el caso de El Mencho, proporcionó las coordenadas de su ubicación, solo estaba acompañado por una cocinera –siempre había tenido una cocinera con él en su vida de prófugo– y las dos hijas de ella. Al ser descubierto corrió hacia el bosque y tropezó hasta que un alambre de púas lo detuvo.
Benjamín Arellano Félix, jefe del Cártel de Tijuana, en su momento la organización criminal más poderosa de México, fue detenido en una casa en un discreto fraccionamiento en la carretera de Puebla a Cholula en 2002, desvestido, y solo, sin ningún escolta. Humberto García Ábrego, que de manera efímera intentó controlar el Cártel del Golfo al ser capturado su hermano Juan, fue detenido en 1994 mientras manejaba una estaquita vieja, también solo, en una carretera poblana. Ismael El Mayo Zambada, se movía con enorme discreción, custodiado por solo dos personas. Todos ellos procuraban pasar desapercibidos.
El Mencho, por lo que se puede ver en el otro lado de lo público, no estaba realmente escondido, pero tampoco parecía estar en activo. Lo que mostraron las imágenes fue que estaba en un entorno familiar, que los anteriores capos detenidos o abatidos no tenían para no poner en riesgo a sus cercanos. También reflejaron que no tenía preocupación que pudiera ser detectado por las autoridades, como lo revela el alto consumo de electricidad en su casa, que podría haber sido motivo de sospecha si se hubiera revisado la zona por alteración en los patrones, como aprendieron cárteles y guerrillas de la experiencia de los movimientos armados en Guatemala en los 80’s, cuando fueron desmantelados tras ser ubicados por los militares asesorados por la CIA al revisar incrementos anormales en los patrones de consumos de luz y agua.
Las imágenes sugieren una permeabilidad que le permitía a El Mencho residir en un santuario, donde la presencia de todo un equipo que lo atendía y cuidaba, no despertó ninguna sospecha ni detonó una denuncia. ¿Cuánto tiempo llevaba Oseguera viviendo en ese lugar? Falta esa información. Lo que queda claro es que no era una residencia de paso ni una casa de seguridad, cuyas características distintas pueden ser vistas y analizadas al compararlas con las imágenes de las casas de seguridad de Arturo Beltrán Leyva en la Ciudad de México. Estaba viviendo en un pueblo mágico que cada fin de semana duplica su población con el turismo que recibe, en buena medida de Guadalajara.
Las imágenes de su casa exponen finalmente tres cosas: la protección institucional y social que le permitía este tipo de vida, por cualquier razón que esta fuera, la posibilidad de que él ya no hubiera estado al mando del CJNG, por lo que su estructura permanecería intacta, y la más intrigante, porqué se abrieron las puertas a la casa, que debilita la acción militar contra El Mencho y pone en entredicho la información de inteligencia del gobierno mexicano.

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El elefante está demasiado grande para que no se vea en la sala. La viabilidad de México como sede del Mundial de Futbol que arranca aquí en escasos tres meses, está siendo puesta en duda por la violencia. El catalizador ha sido la reacción del Cártel Jalisco Nueva Generación ante la muerte de su líder, Nemesio Oseguera, El Mencho. La FIFA le pidió un informe sobre la seguridad en México a su director ejecutivo en este país, Jurgen Mainka, para que les sirva en la mesa de las decisiones. Aquí comienzan a reaccionar normalizando las cosas. No pasa nada. Todo está bajo control. El país está en calma. La retórica choca con las imágenes que están circulando en el mundo.
México está siendo visto como un país en guerra. Enfrentamientos y columnas de humo de las refriegas; bloqueos carreteros, transportes quemados, gasolineras y establecimientos comerciales incendiados; alertas para que nadie salga de sus casas o, en el caso de los extranjeros, que busquen refugio. Los noticieros de televisión en Estados Unidos y Canadá –las otras sedes mundialistas– entrevistan a turistas de sus países sobre lo que han vivido en sus vacaciones, mostrando las imágenes de la disrupción del orden.
¿Estaba calculada la reacción del CJNG tras la operación contra su líder? Un funcionario aseguró el domingo por la noche: “Absolutamente”. Es posible, por la experiencia de este tipo de acciones, que son cíclicas, que así haya sido. Sin embargo, lo que no había sucedido es que el grupo criminal ejecutara guardias nacionales como venganza, que recuerda a Colombia, cuando Pablo Escobar ordenó a sus sicarios asesinar policías ante el acoso del gobierno, en defensa de sus intereses. Entre 1989 y 1992, unos 500 policías y militares fueron asesinados por el Cártel de Medellín.
Lo que definitivamente no estaba calculado, es que las acciones demostrativas de poder el domingo y el lunes, más que una acción directa contra las fuerzas federales, proyectarían la imagen de un país en caos y un gobierno rebasado. Una de estas fotografías llegó ayer a la primera plana del New York Times, donde se veían camiones y vehículos incendiados en una carretera en Jalisco. Otra ocupó lo alto de la portada del Dallas Morning News, con el titular “Caos en México”. El Globe and Mail, el periódico más influyente de Canadá, publicó una terrible fotografía ocupando casi un cuarto de su primera plana, con un autobús quemado, cruzado en una carretera, afuera de Guadalajara.
El Financial Times, uno de los dos periódicos financieros más influyentes del mundo, tuvo la información sobre la violencia del domingo entre sus tres principales noticias más leídas del lunes, y el otro, The Wall Street Journal, le dedicó tres columnas en su primera plana de ayer al tema de El Mencho. “Mientras los problemas latentes se desbordan”, reportó The Guardian, “los políticos mexicanos deben demostrar que pueden mantener seguros a sus ciudadanos”. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró ayer que la seguridad estaba garantizada, y Marcelo Ebrard, secretario de Economía, trató de minimizar las cosas argumentando absurdamente que el factor de riesgo en el Mundial de Qatar era mucho mayor, por las condiciones de violencia en algunos países cercanos.
Nadie, salvo algunos en México, le prestarán oído a su alegato, que no resiste a la realidad. La ministra de Defensa de Canadá, Anita Anand, le dijo a la prensa que 26 mil canadienses se habían registrado en la embajada por la volátil situación de seguridad en México, de los cuales ocho mil lo hicieron el domingo.
La narrativa que emerge en Washington y Ottawa no es la de un suceso aislado, sino la de una sacudida que reconfigura percepciones y prioridades de seguridad hemisférica. Anand ha sido citada en la prensa detallando comunicaciones con el gobierno mexicano y enfatizando el monitoreo constante de una situación que, por momentos, se tornó impredecible para viajeros norteamericanos y canadienses.
Lo que agravó la percepción en ambos países fueron las alertas extraordinarias de seguridad emitidas por las embajadas, donde Washington y Ottawa recomendaron a sus ciudadanos tomar medidas de precaución estrictas ante enfrentamientos y bloqueo de vías, subrayando que la violencia no ha sido contenida en un solo municipio, sino que alcanza a amplias zonas del occidente mexicano.
La FIFA no ha dado señales de que esté considerando una sede alterna al Mundial, pero están preocupados, como lo muestra la petición del informe a su representante en México, Mainka. De acuerdo con el artículo 5.9 del Reglamento del Mundial, se podría cancelar, reprogramar, reubicar partidos o todos los juegos a su entera discreción, por causas de fuerza mayor, que incluyen guerras, disturbios civiles graves o riesgos inminentes a la seguridad.
En las reuniones que ha llevado a cabo el comité organizador mexicano, con la Federación Mexicana de Futbol y la FIFA, la seguridad en una de las mesas centrales. Todo iba bien hasta noviembre pasado, cuando dos agentes federales fueron secuestrados en Zapopan por miembros del CJNG. Siete días después, extrañamente para sus prácticas, los criminales los dejaron vivos y libres.
Las alertas se prendieron en Washington. En enero, dijo una fuente estadunidense, la consideración era que si se daba un incidente de alto impacto en Guadalajara, presionarían para que le quitaran la sede. Hace dos meses la capital tapatía había levantado preocupación por información en las agencias de inteligencia estadunidenses que el CJNG estaba planeando actos de sabotaje durante el Mundial. Una fuente confió que en una de esas sesiones se habló de que habría un operativo contra El Mencho, surgiendo la recomendación que fuera lo antes posible, para alejarlo de la inauguración el 11 de junio. La sede de Guadalajara se encuentra en vilo, pero a diferencia de enero, la conversación general ya no es sobre esa ciudad, sino sobre las tres sedes.
La violencia sigue, en mucho menor escala, con una tendencia a la normalización. El problema es que nuestra normalización es muy diferente a la de casi todo el mundo, y el relato mediático en los medios no solo informa, sino moldea la percepción pública sobre México como destino seguro, redefiniendo agendas y presionando a gobiernos a coordinar respuestas que trasciendan las fronteras. Para contrarrestar las percepciones, la retórica no basta y, por lo que se ve, tampoco hay una estrategia para neutralizarlas.

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Con explicaciones genéricas, el secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla, describió la operación que culminó en la muerte de Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sin adentrarse en los pormenores, reveló que las áreas de inteligencia del Ejército y de “instituciones” extranjeras –militares y de la CIA, que son con las que trabaja hace tiempo–, se dio seguimiento a su red de vínculos hasta que se dieron las condiciones para planear su detención. Este momento llegó hace una semana, en donde una debilidad de El Mencho, una de sus parejas sentimentales, descubrió su escondite.
El general Trevilla reveló una pieza de inteligencia humana que dio frutos el 20 de febrero. Un hombre de confianza de una de las parejas, dijo, la llevó a las cabañas en las orillas del poblado de Tapalpa, a unos 170 kilómetros al suroeste del Lago de Chapala donde se reunió con El Mencho y se quedó a dormir una noche. El 21 la pareja se fue, pero obtuvieron información de que el líder de la organización estaba en ese lugar. Ese mismo día comenzó a planearse la operación para capturarlo.
El Mencho cometió un descuido que le había costado la libertad a otros capos de la droga. El corazón suele ser un gran enemigo para esos perfiles. Le sucedió a Joaquín El Chapo Guzmán en dos ocasiones, y a Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, que al momento de su captura era el jefe de seguridad de toda la llamada Federación, que incorporaba al Cártel de Sinaloa y al de los Valencia, la placenta de lo que sería el Jalisco Nueva Generación.
Con Chapo Guzmán, el trabajo de inteligencia se dio desde que nacieron sus gemelas, las hijas más pequeñas que eran su adoración, que creó condiciones para que la Policía Federal detuviera a uno de los escoltas de su esposa, Emma Coronel y lo reclutara. Como los escoltas se rotaban, esperaron dos años para que volviera a cuidarla y fue quien les dio la ubicación en Mazatlán en 2014. La segunda vez fue casi dos años después, cuando su debilidad por la actriz Kate del Castillo le abrió la puerta para una entrevista que quería realizar el actor Sean Penn, sin saber que la DEA los tenía vigilados.
Del Castillo y Penn revelaron sin saber la ubicación de El Chapo en la sierra, en donde comenzó una cacería de los comandos de élite de la Marina mexicana, que terminó a principio de 2016, al ser detenido en Culiacán. En la misma ciudad, pero ocho años antes, Beltrán Leyva fue ubicado tras el seguimiento de una de sus parejas sentimentales que llevó a los policías federales a un hotel donde fue detenido. El Mencho incurrió en el mismo error: una debilidad se convirtió en su gran vulnerabilidad.
La operación que ejecutaron las fuerzas especiales del Ejército y la Fuerza Aérea, con información de inteligencia de la recién creada Fuerza de Tareas Interinstitucional Anti Cárteles, bajo el mando del Comando Norte de Estados Unidos, que como sucedió con la CIA cuando la captura de El Chapo o la de Rafael Caro Quintero, les entregó las coordenadas de su ubicación y junto con los drones mexicanos, les proporcionaron la capacidad de fuego que tenían los aros de protección de El Mencho en Tapalpa, fue impecable, por lo rápida en planearse y ejecutarse.
Pero la muerte de El Mencho no es sólo la caída de un capo. Es una prueba de estrés para el Estado mexicano, porque durante cerca de una década fue algo más que un objetivo prioritario. Fue el símbolo de la expansión territorial, de la sofisticación logística y del desafío abierto al monopolio de la fuerza del Estado, particularmente contra las Fuerzas Armadas, que fueron derrotadas en anteriores intentos de captura. Sus videos propagandísticos, su capacidad de fuego y su penetración municipal no eran sólo exhibicionismo criminal: eran mensajes políticos.
Que el Ejército lo haya abatido, reinvincando años de agravios, abre tres planos de lectura. El primero es operativo. Matar al jefe del cártel no equivale a desmontar la organización. La experiencia mexicana es contundente: la muerte de Heriberto Lazcano, el jefe de Los Zetas en 2012, no acabó con el cártel, sino lo balcanizó. La captura de Ismael El Mayo Zambada en 2024 no extinguió al Cártel de Sinaloa, sino que lo fragmentó y lo reconfiguró. Menos aún en el Jalisco Nueva Generación, donde el mando no parece estar en la misma tesitura que aquellas organizaciones.
El segundo plano es político. En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha insistido que la estrategia contra la delincuencia organizada no es la confrontación frontal, sino la contención social y la disminución de homicidios. Hoy, la muerte de Oseguera tensiona ese relato. ¿Fue un giro estratégico o una excepción táctica? ¿Responde a una decisión soberana o a una presión de Estados Unidos? Probablemente, la respuesta es ambas.
El tercer plano es institucional. Un Estado fuerte no se mide sólo por su capacidad de abatir objetivos de alto valor, sino por su habilidad para judicializarlos, desmantelar redes financieras y sancionar complicidades políticas. Oseguera, como ningún otro barón criminal antes, creó una estructura empresarial con brazos en puertos, aduanas, minas, autoridades estatales y locales, controlando economías informales.
Por tanto, si el gobierno no acompaña el golpe con una ofensiva contra la corrupción municipal y la captura de fiscalías en varios estados, el vacío lo llenará otro liderazgo, quizá más discreto y menos estridente. El éxito redondo de la operación contra El Mencho, que mostró la sofisticación y eficacia de las fuerzas especiales mexicanas y la utilidad que se le puede dar a la cooperación con Estados Unidos sin perder soberanía, depende de ello.
Si el gobierno quiere convertir este episodio en un punto de inflexión, debe ir más allá del trofeo, porque personajes como Oseguera no nacen solos, sino prosperan en ecosistemas de impunidad, complicidad y miedo. El gobierno debe demostrar que puede gobernar los territorios que el crimen convirtió en feudos, pues de lo contrario, la muerte de El Mencho será apenas un hecho espectacular que no altera la estructura profunda del poder criminal en México. Entonces, el gobierno habrá ganado una batalla mediática, pero no la guerra por el control de la República.

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La noticia, en su primera dimensión, es enorme: fuerzas federales abatieron a Nemesio Oseguera, El Mencho, el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, el más poderoso líder de una organización criminal trasnacional. Gran golpe del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, al haber descabezado a una despiada organización altamente sofisticada, con gran penetración territorial y control de mercados legales e ilegales. Pero por las mismas razones, es vital ver la segunda dimensión, la planeación para enfrentar la reacción violenta de las milicias del cártel. Hasta entonces se calibrará en toda su magnitud el éxito de la operación.
La operación tuvo apoyo de Estados Unidos con información de inteligencia y fue ejecutada por el Ejército y la Fuerza Aérea. Según lo que ha trascendido, ubicaron a El Mencho la semana pasada y, en preparación para el ataque, sobrevolaron dos días antes la zona de Tepalpa, al suroeste de Jalisco, que está a más de 2 mil metros sobre el nivel del mar. El operativo comenzó alrededor de las 7 de la mañana, con un bombardeo desde Blackhawks y Pilatus, para allanar el camino para que las fuerzas especiales subieran por la sierra para el enfrentamiento cuerpo a cuerpo.
Por lo que se ha podido saber, se barrieron con fuego varios sectores de la sierra. La explicación de esto, que parecería un cambio de estrategia, es que la guerra contra los cárteles es muy diferente en las ciudades y la sierra. “La verdadera guerra se está llevando a cabo en la sierra”, dijo una fuente que conoce de los operativos. “El crimen organizado ha estado haciendo leva en las comunidades indígenas serranas, para que combatan en su hábitat”. El CJNG ha estado reclutando combatientes principal-mente en las comunidades tepe-huanas de Durango y Chihuahua, y coras nayaritas, para enviarlos de refuerzo a Los Chapitos.
La seguridad perimetral de los militares pudo neutralizar resguardos que llegaron rápidamente en apoyo a El Mencho, a cuyo escondite se desplazaron las fuerzas especiales terrestres, que también abatieron a su brazo derecho, Gonzalo Mendoza Gaytán, El Sapo, responsable del campo en el Rancho Teuchitlán y del asesinato del ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.
La Secretaría de la Defensa informó que Oseguera fue herido y murió cuando lo trasladaban a un hospital en la Ciudad de México, sin revelar los nombres de otras tres personas que murieron en el lugar. Desde hace tiempo, sin embargo, fuentes estadunidenses que operan con los mexicanos, dijeron que El Mencho iba a terminar negociando con ellos, o con los pies por delante.
La operación se determinó desde principio de este año. En este espacio se reveló a finales de enero que habría tres golpes contra los cárteles, dos contra los nodos de cibermonedas por donde realizan sus operaciones financieras, y uno más contra El Mencho. El interés por actuar de manera rápida estaba relacionado con el Mundial de Futbol y la información estadunidense de que el CJNG estaba planeando acciones en Guadalajara, una de las tres sedes mundialistas. Eso detonó la urgencia y la decisión política de realizar la operación, cuyo golpe es el más importante en 11 años, cuando se recapturó a Joaquín El Chapo Guzmán.
Pero El Chapo Guzmán no estaba en la misma situación y condición que El Mencho. El Chapo estaba en fuga, viviendo a salto de mata, escondido en la sierra y moviéndose en el sur de Sinaloa en forma clandestina. Desde que lo detuvieron en 2001, dejó de ser uno de los tres líderes del Cártel de Sinaloa, que comenzó a ser manejado únicamente por Ismael El Mayo Zambada. El Mencho, pese a estar enfermo hace tiempo, era el líder absoluto del CJNG, y había supervisado la sofisticación de la organización y su despliegue empresarial.
El CJNG es la organización criminal con mayor presencia territorial en el país, con operaciones en 23 estados. De ahí que la importancia de ver con el paso de los días si existió una buena planeación para enfrentar la respuesta de la organización criminal en el país, porque la muerte del número uno, fortalecerá al número dos, Audías Flores Silva, El Jardinero, cuyo nombre surgió de manera masiva apenas esta semana al estar vinculado al fraude con tiempos compartidos en Puerto Vallarta que motivó sanciones a empresas e individuos mexicanos por parte del Departamento del Tesoro.
Ayer, de las cosas que se tendrán que enfrentar, se dio la primera reacción de los criminales. Fue estruendosa y expansiva: 17 bloqueos carreteros en Jalisco, con ataques a instalaciones oficiales y vehículos quemados; 18 ataques en León, la mayoría de incendios en comercios; bloqueos e incidentes en Colima, Guanajuato y Nayarit. La vida cotidiana se alteró radicalmente en varios estados del Pacífico.
Las corridas de la terminal de Morelia para Tierra Caliente, Zinapécuaro y Zamora, se suspendieron. La central del norte en la Ciudad de México, también canceló las corridas a esas regiones. Las escuelas anunciaron cierres en Jalisco y Michoacán. En la capital michoacana bajaron sus cortinas los supermercados, y en Querétaro cerraron las tiendas. El Departamento de Estado emitió una recomendación para que sus ciudadanos en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Nuevo León, no salieran a las calles y buscaran refugio.
Fuentes castrenses señalaron que en Jalisco los sicarios del CJNG dispararon contra civiles de manera aleatoria, incorporando a población inocente, a la guerra que le declararon al Estado mexicano. Hay reportes también de que en ese estado, los paramilitares del crimen organizado se preparaban a atacar a las familias de los militares, sin importar que ninguno de ellos hubiera participado en el operativo. La presidenta Sheinbaum tuvo que salir ayer por la tarde para hacer un llamado a la calma, subrayando que había coordinación con todos los estados tras los operativos.
Este es el segundo nivel de la operación que habrá que ver cómo resulta. La gran falla de la estrategia del expresidente Felipe Calderón fue que el éxito en el descabezamiento de los cárteles, no fue acompañado por un trabajo en los siguientes pisos, estatal y nacional, que provocó la atomización de la delincuencia organizada y la espiral de violencia. Hay veteranos de esa experiencia en el gabinete de Sheinbaum. Saben qué no deben hacer, porque lo de ayer, es un punto sin retorno.

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