La propaganda del gobierno ya no está dando resultados. La última encuesta de aprobación presidencial publicada este lunes por El Financiero lo esboza. El acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum cayó dos puntos entre febrero y marzo, evaporando en días el impacto que tuvo el abatimiento de Nemesio Oseguera, El Mencho, jefe del cártel más sanguinario del país. La percepción de inseguridad, mientras tanto, subió 19 puntos, de 60 a 79 por ciento, pese a los partes policiales que casi todos los días insisten en lo contrario.
La propaganda está dejando de ordenar la realidad para la mayoría de la población, pasando a ser percibida como un intento de manipulación. Sucedió con el tema de los desaparecidos, donde mediante el reacomodo de bases de datos, como antes lo hicieron con los homicidios dolosos, buscan maquillar la realidad de ese fenómeno que se disparó en este gobierno. Pasa con el manejo de la economía, donde subieron por segundo mes consecutivo los negativos pese al discurso de que las cosas van muy bien.
Estas discusiones de los últimos días mostraron un desacoplamiento entre la narrativa gubernametal y la experiencia cotidiana. El discurso empieza a sonar hueco. La presidenta se pelea contra un comité de la Organización de las Naciones Unidas por las desapariciones forzadas con argumentos que, en cuestión de horas, le responden que son falsos. Y entonces, dobla la apuesta y señala motivos políticos del organismo multilateral para atacar a su gobierno.
Todo es victimización y paranoia. Hoy es la ONU. Ayer fueron Felipe Calderón y Genaro García Luna. Cuando no, son Enrique Peña Nieto, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas. Sus críticos, la oposición, Ricardo Salinas. Los fantasmas que están comenzando a provocar risas. Recurrir al pasado dejó de asustar, de preocupar y de incomodar. Se está convirtiendo en una broma recurrente, corriendo a volverse un recurso patético e inútil. La propaganda funciona mientras logra reinterpretar la realidad, y deja de servir cuando la realidad la desmiente de forma sistemática.
El derrame de petróleo en un ejemplo. Primero dijo que había sido un barco privado el responsable, pero desapareció porque la culpable era una chapotera. A saber. Lo único claro es que el gobierno no tiene idea que causó el derrame que está llegando a las costas. En otro ejercicio de propaganda, mostró playas llenas de turistas en Semana Santa para probar ¿qué?; ¿qué no hay petróleo surcando las aguas del Golfo? Demuestra acaso la inconciencia mexicana, pero no la ausencia de chapopote, que ya llegó –con el reclamo correspondiente de Estados Unidos–, a las costas de Texas y Florida. La colección Gelman es otro. Se hizo tantas bolas Palacio Nacional, que ni siquiera pudo dar a la primera la fecha en que las obras regresarían a México.
La mañanera es un lastre. No es lo mismo que el actor central de ese circo sea un vago que aprendió en el PRI el arte de la elasticidad como lo es Andrés Manuel López Obrador, que Sheinbaum, que no tiene esa formación, ni la cara dura o la capacidad histriónica para salirse del hoyo con una broma o dejar que todo se le resbale sin mostrar su nerviosismo o su mal humor. El exceso de exposición ya no le genera inmunidad. Audiencias que antes reaccionaban positivamente, empiezan a ignorar o incluso rechazar activamente los mensajes. Es el fenómeno de “ruido blanco”: la propaganda sigue, pero ya no impacta.
Se están dando cuenta. A los hoyos que tiene su relato se añade la pérdida de credibilidad de su equipo de comunicación. Su coordinador de asesores, Jesús Ramírez Cuevas, arquitecto de la propaganda del régimen y de la estrategia de polarización y linchamiento, le dijo que la mujer asoleándose en una ventana de Palacio Nacional era su madre, y con su alfil Jenaro Villamil, dueño de los medios públicos, lanzó una campaña masiva para atacar a quienes difundían la fotografía acusándolos de crearla con inteligencia artificial.
Una semana metidos en una discusión pública ociosa en lo superficial, y profunda por la crisis que vive el equipo de comunicación y propaganda de la Presidencia. La dupla de duros, Ramírez Cuevas y Villamil, debió haber perdido puntos en Palacio, como también otro de brazo de López Obrador, Jessica Ramírez, encargada de las redes digitales de Sheinbaum, cuya oficina probablemente produjo una fotografía de gran afluencia en el aeropuerto Felipe Ángeles, con las huellas de haber sido creada con inteligencia artificial.
En el otro frente de batalla, los caballos de Troya en los medios, tambien están atravesando turbulencias. Arrollados por las contradicciones de un régimen esquizofrénico, van y vienen en la justificación, tratando, como se aprecia en los más inteligentes, que cuando esto acabe no quede su prestigio como lo que fue la primera línea de ataque, los medios alternativos de Ramírez Cuevas, convertidos en los payasos de las mañaneras.
Sin embargo, los rivales de los puros no van a sacar provecho, porque están enfocados en otras cosas. El tándem de Alfonso Brito y Cuitláhuac Bardán, entre los más promimentes, están más interesados en la campaña presidencial del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que en la presidenta. Su comunicadora oficial, Paulina Silva, que ha trabajado con Sheinbaum desde la Ciudad de México, nunca ha sido algo más que asistente privada, desplazada por todos, aunque tiene el cariño y el oído de la presidenta.
El mensaje colectivo puede ser cosméticamente el mismo, pero el emisor ya no es creíble porque los objetivos estratégicos ya no giran en torno a Sheinbaum, sino a los suyos. Un caso notable es el de Iván Silva, fundador de la empresa Heurística, que ha trabajado por años con Sheinbaum. Silva controla un grupo de empresas demoscópicas donde maquillan encuestas para que la presidenta aparezca por arriba de los 80 puntos de aprobación, pero más interesado, como Brito y Bardán, en seguir ampliando sus negocios en los estados.
Las invenciones de los 80 puntos son una estrategia en deterioro, frente a contra-narrativas virales, memes, sátiras, periodismo de investigación y filtraciones que desmontan el discurso oficial con rapidez. La propaganda ya no marca la agenda, sino que reacciona a ella, señal inequívoca de pérdida del control narrativo. Y cuando la propaganda deja de ser útil para un gobierno, no desaparece de inmediato: pierde eficacia, credibilidad y capacidad de moldear percepciones. Las señales a la vista son claras.

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ESTRICTAMENTE PERSONAL

 

 

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, está cerca de que el escándalo por sus presuntos lazos familiares con el crimen organizado, la alcancen. Haberse divorciado el año pasado de Carlos Torres Torres, para controlar los daños que le había causado la cancelación de sus visas para entrar a Estados Unidos, no impide que se vea envuelta en la turbulencia político-jurídica que se avecina: existe evidencia de que su exesposo recibió –por un tiempo aún no precisado– 500 mil dólares mensuales de cárteles de las drogas.
Una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, hasta donde ha trascendido, señala únicamente a Torres Torres, pero no está cerrada. El divorcio fue un control de daños, pero no inmuniza a Ávila, que es una de las poco más de 100 políticas y políticos mexicanos a quienes la Administración Trump les ha cancelado la visa. Las de la pareja fueron suspendidas en mayo del año pasado, cuatro meses antes de su separación legal.
Las razones por las que se les cancelaron no son públicas, pero entre los causales que pueden llevar a que el Departamento de Estado las revoque, se encuentra haberse extralimitado en el plazo de autorización para estar en Estados Unidos, fraude, problemas de seguridad o actividad criminal. En su momento, la gobernadora aseguró que era solo un problema administrativo que estaba en vías de resolverse. Ávila tampoco dudó en respaldar a su entonces esposo, y en un mensaje en X señaló que siempre había actuado con integridad y “profundo compromiso por Baja California”.
Torres Torres era el coordinador de Proyectos Estratégicos de su gobierno, y la justificación contra el conflicto de interés era que no tenía salario. “Mi respaldo hacia él no es solo personal, es moral y político”, agregó la gobernadora cuando hizo pública la cancelación de sus visas. De acuerdo con fuentes diplomáticas estadunidenses, el caso en contra de Torres Torres señala que el dinero que recibía regularmente era para permitir al crimen organizado operar sin problema en Baja California.
La gobernadora, se puede argumentar, realizó un divorcio estratégico y preventivo. A la pareja se le ha relacionado con propiedades millonarias y cuentas bancarias que Ávila dice no tener. El caso contra su exesposo permitirá saber si la gobernadora dijo la verdad o mintió, de la misma manera que tendrá que explicar, llegado el caso, cómo no se dio cuenta de los nueve millones de pesos –el equivalente a 500 mil dólares a un tipo de cambio de 18 pesos por unidad– que recibía cada 15 días, como establece la investigación en Estados Unidos.
Ávila es una de las gobernadoras preferidas del régimen, tanto en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como en el de la presidenta Claudia Sheinbaum. Su nombre, sin embargo, ha sido recurrente en las reuniones de los enlaces de ambos países en el tema de la seguridad, donde se ha estado hablando de una solicitud de licencia. No existe una investigación en México contra ella, a diferencia de su exesposo, que de acuerdo con una investigación periodística de N+ Focus transmitida a finales de enero, lo están investigando desde septiembre por presuntamente ser parte de una red implicada en tráfico de armas, narcotráfico, extorsión y lavado de dinero.
El trabajo periodístico reportó también una denuncia presentada en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia en junio de 2025, que señala que Torres Torres recibía 150 mil dólares mensuales de Pedro Ariel Mendívil García, ex secretario del Ayuntamiento de Mexicali, a cambio de facilitar la operación del grupo criminal de Los Rusos, una célula vinculada al Cártel de Sinaloa. Esa carpeta de investigación imputa a cuando menos 20 políticos y empresarios por los delitos de recursos de procedencia ilícita y posibles vínculos con la delincuencia organizada.
Torres Torres siempre ha negado cualquier señalamiento criminal. Sin embargo, de acuerdo con información de inteligencia mexicana, tanto él como la gobernadora estuvieron involucrados en un conflicto en Baja California hace más de tres años por el reacomodo de cárteles en Tijuana, que impactó en el resto del estado. En términos estadísticos, la violencia en Baja California se agudizó desde noviembre de 2021, cuando Ávila asumió la gubernatura, y de acuerdo con fuentes del gabinete de seguridad en aquel año, se realinearon los cárteles de las drogas surgiendo los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación como las fuerzas de mayor presencia y control.
Un reporte que le mostraron al gabinete de seguridad durante una reunión en Palacio Nacional, mostraba la penetración del crimen organizado en el gobierno de Ávila, donde adjudicaban al entonces fiscal Ricardo Carpio, los problemas de la inseguridad por sus relaciones con miembros de los cárteles, entre los que sobresalía como su operador Pablo Edwin Huerta, El Flaquito, que había sido uno de los lugartenientes dentro del Cártel de los Arellano Félix. Ávila los promovió y mantuvo en el cargo hasta que fue imposible. Carpio renunció en 2023, tiempo después de que dos de sus ministerios públicos fueron detenidos en California con drogas.
López Obrador nunca quiso actuar en Baja California. Incluso, cuando su amigo, el antecesor de Ávila, Jaime Bonilla, lo buscó para informarle lo que estaba pasando en Baja California, lo ignoró. Bonilla la denunció en 2022 en el Senado, donde aseguró que la violencia en esa ciudad, en Mexicali, Rosarito y Ensenada, se debía a un pacto incumplido con el Cártel Jalisco Nueva Generación. La gobernadora siempre lo negó. Hace poco más de una semana, Bonilla fue sancionado por un tribunal estatal por violencia de género en contra de la gobernadora.
Sheinbaum no ha sido omisa como lo fue López Obrador. La investigación contra Torres Torres sigue caminando, y le ha enviado mensajes a Ávila para que resuelva sus problemas y ordene el estado. Primero fue con Mario Delgado, el secretario de Educación que es muy cercano a ella, para informarle que los estadunidenses estaban sugiriendo que pidiera licencia. Después con la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde.
No obstante, Ávila permanece estática, esperando quizás que se desvanezca el caso. Pero no va a ser así. Autoridades estadunidenses informaron de manera oficiosa a México los avances contra Torres Torres, y pidieron que actúe en su contra. Hacerlo, sin embargo, significará un desafío: cómo evitar que las acusaciones no salpiquen a la gobernadora.

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Amílcar Olán y Germán Pérez son nombres que generan doble preocupación al Grupo Tabasco, esa amalgama política-empresarial que cruza varias generaciones y que aumentaron su fortuna o se volvieron millonarios durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya historia negra se escribirá con los testimonios de muchos, como el de ellos dos que les fueron funcionales, que han empezado a hablar con los verdugos del macuspano, los estadunidenses. ¿Qué pudieran revelar? Para empezar, todos los cercanos a López Obrador que se empaparon de actos de corrupción, que siguen viviendo en la impunidad, sin investigaciones en contra y con sus negocios floreciendo.
Germán Pérez, el nombre desconocido por millones es una pieza clave por haber jalado el seguro para que el andamiaje de poder construido gracias al picaporte en el despacho presidencial, y la percepción de aval y protección del expresidente, se hiciera público, abriendo una herida que pese al encubrimiento del régimen, no ha impedido que siga sangrando. Pérez, indignado porque Amílcar Olán le estaba robando dinero, filtró a los medios y a organizaciones civiles las grabaciones telefónicas donde menciona que las cabezas de múltiples negocios multimillonarios eran los mismos hijos del expresidente.
Las grabaciones dadas a conocer en 2023 fueron una fuerte sacudida a un árbol cuyas hojas más débiles empezaron a caer. Al ser audios tan comprometedores, provocaron una reacción defensiva: investigar de dónde habían salido. Uno de los operadores financieros del entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el joven empresario Mario Pacchiano, a quien se investigó –y nunca se hizo nada– por la venta de medicinas a sobreprecio, cercano al grupo de Amílcar Olán y Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, contrató los servicios de Susu Azano Hetser, hijo de Susumo Azano Matzuara, que vendió el programa Pegasus a la Secretaría de la Defensa Nacional en el gobierno de Felipe Calderón, y que había sido procesado en al menos dos ocasiones en San Diego, por contribuciones políticas ilegales.
Azano Hetser, a quien llaman Mr. Susu, había asumido el control de la empresa familiar Security Tracking Devices, que realizaba trabajos de espionaje en dispositivos móviles en tiempo real, mensajería instantánea y correos electrónicos, fue quien localizó a Pérez en Chiapas. Susu tiene dos investigaciones abiertas por espionaje –por el tipo de equipo israelí que vende, que está reservado únicamente para gobiernos nacionales– y, derivado de ello, por presuntas relaciones con el crimen organizado. Las investigaciones son de inteligencia. En la estadunidense su nombre código es “Susu”, mientras que los israelitas lo identifican como “Hester”. Por recomendaciones de una secretaria de Estado, recientemente le ofreció un sistema de espionaje al precandidato al gobierno de Baja California Sur, Christian Agúndez, investigado por nexos con Los Chapitos, y que representa al PT, un partido apoyado por López Hernández.
La información que le dio Mr. Susu a Pacchiano permitió que las autoridades chiapanecas –el exgobernador Rutilio Escandón era cuñado de López Hernández– detuvieran a Pérez, por un presunto fraude. De acuerdo con personas que conocen del caso, lo golpearon y torturaron, pero las autoridades no pudieron probar la acusación y dos meses después fue puesto en libertad. Funcionarios mexicanos dijeron que inmediatamente se fue a vivir a una pequeña ciudad en el condado de Los Ángeles. La información que se tiene de Estados Unidos, es que lleva tiempo colaborando con las autoridades federales.
Pérez era un cabo suelto, al que minimizaron y no le prestaron atención, aún pese a que su hermano es uno de los operadores de una de las redes de factureros construidas por el Grupo Tabasco desde el poder durante el sexenio de López Obrador, de acuerdo con una investigación de inteligencia estadunidense donde el objetivo central era el senador López Hernández. En esa investigación –como en otras– surgió también el nombre de Andy, que aparece, admiten miembros de Morena, en negocios por todos lados.
Los descuidos son la marca del Grupo Tabasco. Amílcar Olán no dejó de hacer negocios tras difundirse las grabaciones incriminatorias, y solo se asustó mucho tiempo después, cuando el caudal del río de denuncias sobre la corrupción en el obradorismo siguió fluyendo, al sentir que los vientos estaban cambiando para él. Amílcar Olán, de quien se supone tiene lazos familiares con los López Obrador, se fue de México. Primero viajó a Dubai y después a Suiza, en donde autoridades mexicanas detectaron en septiembre que había transferido a través de diversas rutas diseñadas por un tabasqueño que forma parte de los nuevos factureros del régimen, tres mil millones de pesos.
De acuerdo con funcionarios mexicanos, Amílcar Olán está bajo vigilancia y saben en dónde se encuentra. En Tabasco, agregó una fuente mexicana, están inquietos por la aparente pérdida de ese dinero y por la sospecha de que el amigo de los hijos de López Obrador, que fue bisagra para la investigación de inteligencia en México –que está suspendida–, pudiera estar hablando con agentes de Estados Unidos. Una fuente de ese país confirmó que hay conversaciones con él, sin precisar en dónde, o si son informales o de manera oficial, lo que lo convertiría en un testigo cooperante.
Olán y Pérez son kriptonita para el Grupo Tabasco y de manera directa para López Obrador. El expresidente tuvo información de los pasos en los que andaban sus hijos desde cuando menos 2022, más de un año antes de que comenzaran a salir indicios de sus actos de corrupción. El entonces director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez, que por lustros fue su jefe de seguridad, le entregó un expediente sobre lo que estaba haciendo su hijo Andrés Manuel López Beltrán. No le dijo nada López Obrador, pero trascendió que lo llamó, le reclamó, lo regañó, y finalmente, no pasó nada. Continuó en los suyo, como hasta ahora lo hace el Grupo Tabasco.

Nota: Alex Tonatiuh Márquez Hernández, a quien cesaron en diciembre pasado como director de Investigación Aduanera en Aduanas tras revelaciones en la prensa sobre propiedades y lujos que no correspondían a sus ingresos, y la cancelación de su visa por parte de Estados Unidos, envió una carta a quien esto escribe para refutar la columna “Cuentas pendientes en aduanas”. Se describe como un funcionario honesto y eficiente y limpio de cualquier probable delito, que no tiene abierto ningún proceso jurídico en su contra.

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El gobierno de la Ciudad de México resolvió la vialidad de vehículos para el partido México contra Portugal este sábado, en la re-inauguración del Estado Azteca, rebautizado por su nuevo patrocinador como Estadio Banorte: no permitirá que los vehículos particulares –salvo unos pocos de los palco habientes y de los invitados especiales– lleguen hasta el coliseo. Fácil. Ni le inyectó dinero en infraestructura, perdiendo la oportunidad de modernizar la ciudad, ni se complicó la vida, transfiriéndole a los aficionados las peripecias para llegar al estadio, donde tendrán que invertir unas tres horas para llegar al silbatazo inicial.
Las utopías que se imaginó la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada cuando gobernaba Iztapalapa, y extendió ahora por toda la ciudad de México, se volverá una distopía. No todo es producto de su creatividad (ojo, es una ironía), sino también un intento tropicalizado para acomodar la ciudad a los parámetros que diseña la FIFA para las sedes mundialistas, con el menor esfuerzo. Una de las exigencias exógenas es la implementación de anillos de seguridad perimetral, aunque su tamaño y reglas varían según el país sede, el estadio y el contexto de riesgo.
En cada Mundial, para no pensar que es producto autóctono de la capital, se establecen zonas concéntricas de seguridad.
Hay un perímetro externo, que es donde se cierra la circulación vehicular alrededor del estadio, con restricciones al transporte no autorizado, y empieza el control urbano, que en el caso de la Ciudad de México será de un kilómetro. Si decide llevar su vehículo al estadio, tome en cuenta que el estacionamiento del Banorte está cerrado porque se utilizó como bodega de materiales de construcción de lo que aún falta por detallarse, y que tampoco hay muchos lugares para estacionarse, ni sobre Tlalpan, ni sobre el Viaducto, ni hacia el sur, por la zona de hospitales.
Luego viene el perímetro intermedio, que la FIFA llama “perímetro de seguridad”, donde se colocan controles de acceso peatonal, las primeras revisiones antes de llegar al estadio y los filtros –retenes– de la policía y la seguridad privada, que sólo atraviesan quienes tengan boleto digital, acreditación o demuestren ser residentes de la zona sellada. Finalmente encontrará el perímetro interno, la llamada “zona esterilizada”, que es el más estricto, inmediatamente alrededor del estadio, donde debe esperar inspecciones de seguridad, detectores, y prohibiciones específicas sobre objetos que no pueda ingresar al estadio, que puede consultar en el Código de Conducta de la FIFA, con la siguiente dirección: https://shorturl.at/0wlMr.
El radio entre el estadio y el perímetro externo le llamaron las autoridades “la última milla”, como la de las telecomunicaciones, aunque realmente ese trayecto de mil 600 metros es elástico. Distancias, no menores de un kilómetros, se han aplicado en algunos juegos de la FIFA en el pasado, como aquellos de alto riesgo –¿recuerdan a los hooligans?–, o en inauguraciones, como la habrá este año en México.
En mundiales recientes como Catar en 2022 o Rusia en 2018, los perímetros variaron considerablemente según el estadio y la ciudad, en función de la evaluación de amenazas como el terrorismo o disturbios sociales, la infraestructura urbana, la capacidad del estadio, la tecnología para el control social (como el C-5) y las leyes locales, lo que, al menos esto último, ya sabemos que son tan flexibles como el chicle.
Quienes utilicen taxis públicos o de plataforma, llegarán a tres áreas designadas para ascenso y descenso de pasaje, desde donde tendrán que caminar: Viaducto Tlalpan, en la zona de la glorieta de Huipulco y la avenida San Fernando, está a casi dos kilómetros y medio del estadio; la avenida Renato Leduc, que cruza con la Calzada de Tlalpan a espaldas del Azteca-Banorte, se encuentra a un kilómetro y medio aproximadamente, y el tercero, Paseo de Acoxpa, a un kilómetro 700 metros. Para todos, sin importar cómo lleguen, solo habrá dos entradas: desde Huipulco o Calzada de Tlalplan, y desde Santa Úrsula o Avenida del Imán.
Las autoridades han dicho que quieren priorizar el transporte público, y desde cuatro horas antes de que comience el partido –a las siete de la noche–, habrá estacionamientos remotos, que es un eufemismo de una carcajada a los aficionados, como el del Centro Comercial Santa Fe a unos 30 kilómetros, y el de Plaza Carso a 20. También organizó corridas del Metro, Trolebús y Metrobus a Huipulco desde zonas tan distantes como Bellas Artes, a 18 kilómetros, privilegiando el transporte para los aficionados en el poniente de la ciudad.
La inexistencia de un plan de acceso real al estadio, sin una nueva arquitectura de vialidades, y la improvisación sobre las experiencias que tiene el gobierno capitalino cada vez que hay desperfectos en el Metro –hay que reconocer que es amplia por la frecuencia con la que falla ese transporte público–, anticipan que este sábado, día de una gran afluencia vehicular, el tráfico será angustiante, la congestión superior a los estándares, de sí la más alta del mundo, y para muchos, quizás, excruciante.
El gobierno de la ciudad no ha publicado mapas definitivos de los perímetros, pero ha dado a conocer lineamientos generales para este sábado, que tienen que ver con las preocupaciones materiales y existenciales de cómo llegar al estadio. Si va por una experiencia de vida, como será la re-inauguración de uno de los estadios más imponentes del mundo, ármese de paciencia porque experimentará restricciones desde bastante lejos del estadio, por el acceso escalonado, lento y controlado. La ciudad alrededor del estadio sufrirá un rediseño temporal, donde el coliseo será el centro de un ecosistema de control territorial que convertirá cuadras y colonias enteras, en zonas reguladas.
La Ciudad de México tiene experiencia acumulada por los Juegos Olímpicos y dos copas mundiales, y una capacidad instalada hotelera y dos aeropuertos –aunque el “Felipe Ángeles” tiene problemas de conectividad y el “Benito Juárez” de saturación–, pero enfrenta riesgos operativos importantes por movilidad, que es la parte más vulnerable, y un sistema de transporte público deshidratado en su manenimiento, que vive en tensión. El partido de este sábado, más allá de lo deportivo, va a ser un laboratorio para probar las capacidades gubernamentales, con alambritos y diablitos con los que prepararon para el Mundial, con la expectativa de que las fallas que salgan se corrijan. O no.

NOTA: esta columna dejará de publicarse la Semana Santa.

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Un secretario de Estado, cuatro directores de la Agencia Nacional Aduanera, un general, un vicealmirante, un contralmirante, 10 funcionarios y siete empresas, realizaron durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum, el mayor saqueo jamás realizado a la nación: el contrabando de combustible. Y todos, salvo uno, todos están libres –o bajo proceso–, y ninguno de los más altos mandos involucrados, tiene carpetas de investigación abiertas. El encubrimiento es insultante; la impunidad, total.
Durante al menos cinco años, revela una investigacion de Alejandro Melgoza y Williams Castañeda de la Unidad de Periodismo de Investigación de N+ Focus, empresarios, funcionarios públicos y miembros de las Fuerzas Armadas traficaron millones de litros de combustible desde Estados Unidos hacia México a través de una red criminal operada por ocho empresas, tres mandos medios, entre militares, marinos y civiles, y los titulares de seis aduanas, con las que lograron introducir al menos 31 buques entre 2024 y 2025.
Las figuras más importantes que cubrieron esa compleja red de corrupción en las aduanas, que permanecen judicialmente blindados son: el exsecretario de la Marina, almirante Rafael Ojeda, que vive en un condominio de 15 millones de pesos en Cancún; Rafael Marín Mollinedo, dos veces director de la Agencia Nacional de Aduanas en los dos gobiernos obradoristas; los otros tres extitulares, Horacio Duarte, secretario general de Gobierno en el Estado de México, Ricardo Peralta, representante del gobierno de Tlaxcala en la Ciudad de México, y el general retirado André Foullón.
La investigación de Melgoza y Castañeda se basa en documentos judiciales y material de inteligencia que muestran que la complicidad de los funcionarios públicos “resultó un elemento esencial para el éxito de este esquema delictivo”, que se puede argumentar, por una parte, que el descubrimiento del multimillonario negocio del contrabando fiscal en marzo de 2025, cuando la Marina detectó en marzo del año pasado el buque Challenge Procyon en el puerto de Altamira, el puerto tamaulipeco por excelencia del tratado comercial norteamericano, con alrededor de 20 millones de litros de diésel importado ilegalmente como aditivo.
La Agencia Nacional de Aduanas, que tiene su sede en la Ciudad de México, controla el acceso a puertos y de acuerdo con los documentos e informes de inteligencia a los que tuvieron acceso, permitió el ingreso del combustible traficado desde Estados Unidos. Solo en Altamira, a 40 kilómetros al norte de Tampico, durante la gestión del general Foullón ingresaron al menos 20 buques con combustible ilegal que venían declarados como aceites, que en un año la corrupción superó los 24 millones de pesos. El entonces director de investigación aduanera en Altamira, el general Ernesto Vadillo, actualmente dirige aduanas fronterizas.
La investigación de N+ Focus señala que continuaron entrando buques en la administración de Marín Mollinedo, que estuvo primero entre diciembre de 2022 y junio de 2023, y regresó en febrero de 2025 acompañado de Tonatiuh Márquez, encargado de los semáforos aduanales, y de ordenar y practicar revisiones e inspecciones a mercancías de importación y exportación. Tan solo durante el primer mes de la gestión de Márquez, ingresaron 10 buques vinculados a esta red criminal. El negocio ilegal se interrumpió en diciembre pasado, cuando coincidió con la cancelación de su visa a Estados Unidos, y revelaciones en la prensa sobre las inconsistencias de su patrimonio. Marín Mollinedo solamente lo separó de su cargo.
Los sobornos alcanzaban a decenas de funcionarios aduanales de Ensenada, Baja California; Manzanillo, Colima; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Pantaco y AICM, en la CDMX; Guaymas, Sonora; Tampico, Tamaulipas; y Veracruz, que iban desde la titularidad hasta las jefaturas de departamento. Los nombres de de los administradores en varias de las aduanas mencionadas por Melgoza y Castañeda, fueron mencionados en este espacio hace tres semanas, como parte de la corrupción durante la gestión de Duarte.
Los dos sobrinos políticos del almirante Ojeda figuran en esta red: el almirante Fernando Farías Laguna, y el contralmirante Manuel Farías Laguna, que fueron procesados por el decomiso en Altamira del año pasado. El primero se encuentra prófugo y el segundo está en la cárcel. También está el general Ernesto Alejandro Vadillo Trueba, que fue relevado de su cargo en enero, al ser sustituido por Yasser Omar Tiburcio Alemán, que es tambièn encargado del despacho de la Aduana de Ciudad Juárez, donde el subdirector es Rafael Buenrostro Marín, muy cercano a la gobernadora de Baja California, María del Pilar Àvila, y denunciado en los medios de haber tenido relación con Sergio Carmona, el llamado Rey del Huachicol.
La investigacion periodística establece la relación de siete empresas –algunas de ellas mencionadas en medios previamente como parte del entramado del contrabando de combustible–, en donde destacan Hevi Transport LLC, que en sociedad con Rockbridge Petroleum LLC y Grey Oak Supply and Trade LLC, con sede en California y Texas respectivamente, representaban el primer eslabón en la red de complicidades al servir como proveedoras del combustible traficado hacia México.
La importación corría a cargo de Intanza S.A. de C.V., propiedad de Ricardo Ayón y Ramiro Rocha, mientras la transportación se realizaba en pipas de Mefra Fletes y Autolíneas Roca, de José René Tijerina y Roberto Blanco, el llamado Señor de los buques, cuyos nombres emergieron a la opinión pública como secuela de la investigación del buque Challenge Procyon, asegurado en Altamira. Otra empresa, Enerpol S.A. de C.V., del Grupo Portimex, cuys sede está en la Ciudad de México y dedicada a los fletes marítimos, se encargaba de la logística. La autorización para el ingreso de los buques la daba Luis Omar Chong, de la agencia naviera Altamarítima S.A. de C.V.
Hace un año y una semana se aseguró al Challenge Procyon, que parecía iba a ser el principio de la batalla contra el contrabando fiscal. No fue así. Las investigaciones se suspendieron desde septiembre y fue uno de los puntos de conflicto que propició la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General. Se tenía previsto detener a una treintena de marinos, pero tampoco se concretó.
Varios de los nombres que se dieron a conocer en su momento, como los de los sobrinos políticos del almirante Ojeda, se debió a la presión de Estados Unidos, que les tenía el ojo puesto. También estaban en la investigación un hijo del expresidente y el empresario Raúl Rocha Cantú. Todo se apagó.

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Treinta y dos tripulantes de 11 nacionalidades partieron el viernes de Yulcapetén, muy cerca del puerto de Progreso en Yucatán, a La Habana, para llevar alimentos y medicinas, y protestar contra el bloqueo de petróleo impuesto por Estados Unidos. Ayer, con un retraso de 72 horas, el primer barco de la flotilla, un camaronero llamado Maguro y rebautizado simbólicamente como Granma 2.0, en memoria del yate Granma que consiguió Lázaro Cárdenas a Fidel Castro y a sus 80 combatientes para iniciar su aventura revolucionaria en la Sierra Maestra, atracó en el puerto de La Habana.
Fue parte de un esfuerzo mucho más grande, el Convoy de Nuestra América, que llevó a La Habana el fin de semana a unas 600 personas de una treintena de países con toneladas de alimentos y medicinas, se inspiró en la flotilla Global Sumud que entregó asistencia humanitaria a Gaza el año pasado. A diferencia de aquella, esta ha sido altamente controversial.
Un editorial del diario The Washington Post el lunes pasado, apuntó que “izquierdistas” del mundo “jugaron el papel de tontos útiles” de manera perfecta, resaltando que fueron alojados por el gobierno cubano en hoteles de cinco estrellas. “La mejor manera de ayudar al pueblo cubano, por supuesto, sería liberarlos de la dictadura que ha fracasado para resolver sus necesidades por más de medio siglo”, resaltó. “En lugar de eso, los asistentes estaban más interesados en tundir a Estados Unidos”.
Maité Rico, directora adjunta del portal The Objective, que conoce perfectamente Cuba y toda la región, escribió ayer un texto irónico que comenzaba: “Como si 67 años de dictadura y penuria no fueran suficiente castigo, a los cubanos les ha caído una plaga bíblica: casi 700 gilipollas (estúpidos, en la traducción liberal del español ibérico), para explicarles que el régimen castrista es lo mejor que les podría haber pasado”.
Al dar a conocer la llegada del Convoy de Nuestra América y la recepción que les dio el presidente Miguel Díaz-Canel, el diario Juventud Rebelde, vocero de la Unión de Jóvenes Comunistas, señaló que era una “hermosa iniciativa de solidaridad”, donde esos representantes universales que llegaron a La Habana, se habían convertido en “símbolo de millones de seres humanos que se niegan a dar la espalda a Cuba”. Entre esa ambigua cantidad, se encuentran, decenas de miles, quizás cientos de miles de mexicanos, por la relación fraterna de 67 años que ha servido al castrismo y a sucesivos gobiernos mexicanos.
Claudia Sheinbaum, en su turno en la Presidencia, ha retomado esa bandera política, reiterando una y otra vez su llamado a una solución pacífica sin intervención militar de Estados Unidos, respetando la autodeterminación del pueblo cubano –en este tema no se puede hablar con generalidades, porque buena parte del pueblo ha sido reprimido por la dictadura cubana para mantener su control y cohesión–, al asumir una posición soberana que tiene como antecedente un extrañamiento que le hicieron desde Washington por sus declaraciones sobre Nicolás Maduro y Venezuela, con la expectativa que en el caso de Cuba, diera su apoyo sin matices.
No ha sucedido. Tampoco es posible ni deseable. No puede darle al presidente Donald Trump una carta en blanco firmada para hacer lo que desee unilateralmente. Lo hará, si lo desea, pero que no sea con autorización mexicana.
El apoyo al régimen cubano tiene fuertes raíces políticas y geoestratégicas. Por muchos años México fue intermediario en las sombras entre Cuba y Estados Unidos, por donde se abrían las válvulas para distensionar la relación y se buscaban puntos de entendimiento. A cambio, Fidel Castro, que exportaba revoluciones a todo América Latina, mantuvo a México al margen de esas desestabilizaciones.
Internamente, los gobiernos priistas ganaban legitimidad con la izquierda y los movimientos sociales en México, y la dictadura tenía una puerta abierta para aliviar presiones. Como declaró reciente-mente Beatriz Paredes, una mujer consecuente que fue embajadora en Cuba, para México, el tema cubano no solo es de política exterior, sino interior. Pero esto ha cambiado en las últimas semanas por el estran-gulamiento de Estados Unidos a Cuba, que está forzando a la dictadura a un cambio de modelo económico y de régimen.
Una fuente estadunidense dijo que Washington tiene información que Cuba “quiere su Playa Girón en México”, una metáfora de esa playa que se encuentra en Bahía de Cochinos, al suroccidente de Cuba, donde el ejército revolucionario encabezado por Castro, enfrentó y derrotó la invasión de cubanos asilados en Miami que habían sido entrenados por la CIA. Aquella vic-toria, alcanzada gracias a que en el último momento el presidente John F. Kennedy se arrepintió del plan elaborado por la Administración Eisenhower y no envió a la Fuerza Aérea como estaba previsto, se convirtió en la base ideológica de su histórico nacionalismo antimperia-lista.
La metáfora significa que la última trinchera que está viendo el sector más duro de la dictadura es México, donde, parafraseando al Ché Guevara, quisieran uno de los múltiples Vietnam para enfrentar a Estados Unidos. Para esto, reveló la fuente, Cuba está ofreciendo armas a los cárteles en México. “Quieren calentar la plaza”, agregó, para lo cual estallarían una lucha en la frontera sur de Estados Unidos, donde, en términos reales de seguridad nacional, no de inmigración, no ha tenido un problema grave en más de un siglo.
La relación de los cubanos con los cárteles de las drogas no es algo nuevo. El régimen cubano se relacionó con el narcotráfico desde finales de los 80 –varios generales, encabezados por el laureado Arnaldo Ochoa Sánchez, fueron ejecutados para servir de chivos expiatorios–, y desde hace unos 25 años la inteligencia cubana trabajó para que gobiernos de izquierda en América Latina se vincularan con el crimen organizado porque servía a sus intereses: mantener el trasiego de droga a Estados Unidos y utilizarlos para vigilar e inhibir a ciudadanos, como lo hacen con los Comités de Defensa de la Revolución en Cuba, apoyando a políticos afines a ganar elecciones.
Lo que está planeando el sector más duro del régimen es una traición a la presidenta Sheinbaum que ha metido el hombro por Cuba a sabiendas de las fricciones que le puede causar con Trump. Pero sobre todo, es una traición a México, que desde hace siete décadas ha sido un santuario para los cubanos. En la hora de la verdad, Cuba nos ha dado la espalda.

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Ninguno de los dos grandes empresarios que apoyaron a Francisco Cervantes a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial en 2022, pudieron anticipar lo que sucedería: su entrega total al expresidente Andrés Manuel López Obrador, y menos aún que en el proceso, la parte más oscura del régimen vinculada con el crimen organizado, fuera penetrando al llamado CCE y colocando a sus piezas en todo el país. Cervantes, servil como pocos, no vio lo que estaba sucediendo ante tanta genuflexión cuando comenzaron a infiltrar empresarios ligados al crimen organizado en los consejos réplica en el país.
En el sector empresarial hay quienes detectaron la presencia de empresarios con dudoso respaldo, y están contratando empresas que les ayuden a investigarlos. Pero hay muchos más que aún no se han percatado que su medio ha sido infiltrado. Tampoco está claro si en el CCE, que agrupa a 14 organizaciones cúpula del sector privado que representan cerca del 80 por ciento de la riqueza nacional, se han percatado del cáncer que comienza a infectarlos ante la estrategia de políticos y criminales que están dispuestos a disputarles el poder económico.
Las organizaciones delincuenciales y los políticos que son parte de su estructura –en algunos casos cabezas de ellas–, que nacieron como parte de la economía alterna criminal que se construyó durante el gobierno de López Obrador, son una faceta más de la penetración salvaje de estas mafias que están queriendo apoderarse de todas las áreas productivas en México, como parte de esta evolución que han tenido a lo largo de los años, primero a nivel local con el control de las policías, que se fue ampliando de los municipios a los estados en las áreas de finanzas, obras y aguas, mientras que iban avanzando en la imposición de regidores, alcaldes, diputados y otros cargos de elección popular.
Las redes empresariales vinculadas al crimen organizado han servido como caballos de Troya en el sector privado, al abrirse las puertas para el lavado de dinero, para identificar en dónde estaban las vulnerabilidades del gremio para las actividades ilícitas y cobros de piso, así como para controlar el cabildeo con las autoridades en los diferentes niveles de gobierno. Hay aspectos más delicados, como conseguir imponer a los representantes patronales en las mesas de negociación con los patrones en el IMSS y el Infonavit. No existe, hasta donde se sabe, ninguna investigación federal sobre la penetración del crimen organizado en el sector empresarial, ni cómo se facilitó su desdoblamiento desde altas esferas del CCE para encontrar a los responsables de ello.
Sin embargo, en Estados Unidos comenzaron a seguir varias pistas y los primeros objetivos de inteligencia sobre quienes hay investigaciones en curso son:
–Iván Antonio Pérez, director general de Desarrollo Económico Municipal de Ciudad Juárez, que lleva la relación empresarial de al menos una aspirante al gobierno de Chihuahua.
–Olivaldo Pérez Gómez, que preside la filial en Tijuana de la Cámara Nacional de Comercio, la CANACO, que está respaldado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila –a quien Washington mantiene la cancelación de su visa–, y que tiene como principal apoyo a Fernando Castro Trenti, que aspira a ser gobernador de Baja California, y que tiene abierta una investigación en Estados Unidos por presuntamente haber abierto las puertas de Argentina a varias organizaciones criminales mexicanas, cuando se desempeñó como embajador durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y que trajo capitales del kirchnerismo a México.
–Guillermo Romero Rodríguez, que perdió hace dos años la alcaldía de Mazatlán al contender por una coalición encabezada por el PAN, que incluía al PRI, al PRD y al Partido Sinaloense, que fundó Héctor Melesio Cuén, que llevaba las relaciones políticas de Ismael El Mayo Zambada, y que fue asesinado en julio de 2024, cuando junto con el gobernador Rubén Rocha Moya, iban a tener una reunión con el entonces jefe del Cártel de Sinaloa.
–Guillermo Salgado Mendoza, presidente de la Canaco en La Paz, Baja California Sur, apoyado por Alonso Gutiérrez Martínez, subsecretario de Turismo y Economía estatal.
El sector empresarial, como tal, no había sido sujeto de ninguna investigación específica en Estados Unidos, y los casos en donde se involucró a empresarios fue a nivel individual, pero no como parte de una estrategia del crimen organizado para infiltrar sus organizaciones cupulares y cámaras, que está sucediendo en la actualidad.
El caso más importante de todos, históricamente hablando incluso, fue el de Casa de Bolsa Vector, fundada y dirigida por Alfonso Romo, que de acuerdo con las autoridades estadunidenses lavó dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación. La relevancia de Romo es que durante más de una década fue el enlace de López Obrador con el sector empresarial, quien al llegar a la Presidencia lo nombró jefe de Oficina. Romo debió haber pensado que podría monetizar todos los años de apoyo a López Obrador, sin darse cuenta que el régimen lo estaba utilizando para lavar dinero.
El crimen organizado no podría funcionar sin sus interfaces empresariales para el lavado de dinero –a través de la industria de la construcción–, la logística –mediante el transporte de terrestre y marítimo, principalmente–, y el sistema financiero –utilizando instituciones financieras, como sucedió con Vector, CIBanco e Intercam el año pasado, y otros de mayor envergadura como el banco Wachovia, que lavó millones de dólares para cárteles mexicanos y les abrió la puerta del sistema financiero en 2004.
Lo que se está viendo en México con los empresarios que son objetivos de la inteligencia estadunidenses, son del tipo llamado “empresario híbrido”, donde se combinan negocios legales con operaciones ilícitas, como sucedió a finales del año pasado con el dueño del certamen Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, cuyo emporio incorporaba un negocio criminal, el contrabando de combustible.
La penetración del crimen organizado en el sector empresarial tomó al sector privado desprotegido, ante la falta de mecanismos de cumplimiento, el compliance en un gran número de empresas, para fortalecer el gobierno corporativo, disponer de instrumentos para prevenir el fraude y regulaciones anti-corrupción, así como la adherencia de los estándares internacionales y ciberseguridad.
Las investigaciones en Estados Unidos son un baño helado y una llamada de alerta para los empresarios sobre la calidad de sus liderazgos, para evitar que en el futuro inmediato sirvan de coartada para expandir las redes criminales en sus narices.

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La captura y liberación de Mónica del Rosario Zambada, hija de Ismael El Mayo Zambada, que por cuatro décadas fue el jefe del Cártel de Sinaloa, no fue un evento más. Fuentes de inteligencia lo caracterizaron como el momento más delicado que ha enfrentado el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que comenzó con un desencuentro en el gabinete de seguridad que pudo resolverse con información que fue llegando casi en tiempo real de que se trataba de una trampa que, de haberse mantenido su detención, podría haber causado la muerte de un número elevado, no cuantificado, de gente inocente.
La señora Zambada no fue detenida el jueves, como se informó, sino el miércoles en Álamo, que pertenece a la sindicatura de El Salado, que había sido santuario de la familia por largo tiempo. No trascendió porque, intramuros, había un fuerte desacuerdo sobre qué hacer con ella. Las fuerzas especiales de la Marina realizaron el operativo, presuntamente con el propósito de capturar a su esposo, Marco Antonio Zazueta Osuna, El Zazuetón, pero en la acción detuvieron a su esposa, que estaba con él, y aparentemente a un menor.
Zazueta Osuna, que no es parte de la operación criminal de La Mayiza, pero es un correo de excelencia de la organización, había sido la carnada para tender la trampa. La información sobre su presencia en El Salado fue proporcionada a la Marina por René Bastidas, apodado El 00, un narcotraficante de lealtades frágiles que fue detenido el año pasado en Cabo San Lucas. Lo que no les dijo, de acuerdo con las fuentes, era que el objetivo no estaba en la casa, a donde dirigió a las fuerzas especiales de Marina que se encontraron con su esposa y un menor, asumiendo que la capturarían.
García Harfuch explicó el viernes que “ella nunca fue detenida”, y estuvo “temporalmente” bajo custodia para asegurar la seguridad de todos, pero, sobre todo, para verificar si tenía un mandato judicial en México o en Estados Unidos. En México no hay ningún proceso en su contra –las hijas de El Mayo, a diferencia de los hijos, siempre han guardado un bajo perfil–, y en Estados Unidos, aunque desde 2007 la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, notificó a dos empresas donde figuraba, como parte del Cártel de Sinaloa. Estar en la lista impacta a quienes hacen negocios con esas empresas, pero no provocan automáticamente investigaciones del Departamento de Justicia.
De acuerdo con la información que ha trascendido, la intención de la Marina era detenerla, pero la Secretaría de la Defensa se interpuso. Como lo veían los marinos, era un golpe que necesitaban para ir reconstruyendo su credibilidad y confiabilidad dentro del gobierno, por los rendimientos decrecientes por la profunda corrupción en las aduanas y el contrabando de combustible, que se profundizan por la impunidad que tiene, prácticamente por decreto, el exsecretario, almirante Rafael Ojeda. La Marina, según la fuente de inteligencia, ha estado recibiendo información directa o indirecta de Los Chapitos, que les había permitido asestar varios golpes, como uno en febrero donde capturaron a una treintena de miembros de la organización criminal de Los Salazar, que están relacionados con El Mayo Zambada, en Querétaro. Lo que les notificó Bastidas se inscribía en esa dinámica de apuntar a los adversarios de Los Chapitos.
Tras la detención, los militares expusieron varias razones en el gabinete de seguridad para dejarla en libertad. Una era por la ilegalidad de la operación, al no tener órdenes de captura, y la otra es que llevarla a la cárcel iba a provocar inestabilidad y violencia. Al final de la discusión, la variable de la inestabilidad fue la que se sobrepuso y decidieron liberarla. Detrás de esto, había información de inteligencia estadunidense que fortaleció esa posición, que respaldaba la Secretaría de Seguridad.
Las agencias estadunidenses informaron al gobierno mexicano que habían interceptado transmisiones por radio en la frecuencia UHF, que se utiliza en comunicaciones de corto alcance, para enviar órdenes de Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, a los jefes locales de sicarios para que se prepararan para ir a esa zona y atacar a personas inocentes para provocar una matanza y adjudicársela a La Mayiza, para disfrazar una respuesta por la detención de la señora Zambada. No sería la primera vez que utilizarían esa estratagema: durante las elecciones federales de 2021, las amenazas, los secuestros y asesinatos que se hicieron para inhibir el voto, dijeron que los habían realizado Los Mayos.
La combinación de los análisis de riesgo que fueron soportados por la información de inteligencia estadunidense, ayudó al gabinete de seguridad a tomar la decisión de no detener a la señora Zambada, que fue protegida y liberada finalmente por “los harfuchos”, como llaman las fuerzas de seguridad mexicanas a los agentes de la Secretaría de Seguridad. De haber caído en la trampa, dijo una fuente de inteligencia, no solo el gabinete de seguridad hubiera resultado afectado, sino que también le habría significado un golpe a la presidenta que solo se hubiera alcanzado a ver la magnitud de él, en función del número de personas asesinadas en esa zona.
Una duda que queda en las fuentes de inteligencia es si la acción que planearon realizar Los Chapitos para culpar a La Mayiza, fue unilateral para calentar la plaza de los leales a Zambada, o si tuvieron comunicación con personas en los círculos de la política en la Ciudad de México, que les sugirieron una matanza de gente inocente, o solo autorizaron la operación, como sucedió con otro cártel, el Jalisco Nueva Generación, cuando aprobaron el asesinato de Carlos Manzo, el exalcalde de Uruapan.
El repliegue de la Marina no puede considerarse una derrota para los marinos, ni una victoria de la Defensa o la Secretaría de Seguridad. De hecho, fue una buena señal que pese a las diferencias y tensiones que existen entre García Harfuch y los secretarios de la Defensa, general Ricardo Trevilla, y de la Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, y de estos dos entre sí, pueden ver todavía el bien mayor. Pero también es una confirmación de las traiciones que se están viviendo para lograr el descarrilamiento del gobierno de Sheinbaum, en donde el grado de violencia planeada empieza a incluir matanzas de gente inocente.

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Las encuestas no solo miden la opinión pública; también pueden modificarla. Y las redes sociales no solo reaccionan a las encuestas; también pueden influir en sus resultados, directa e indirectamente. El mecanismo es bidireccional: las encuestas moldean la conversación digital y, a su vez, esa conversación puede sesgar lo que las encuestas captan. Entonces, para efectos electorales, ¿qué es primero? ¿las encuestas o las redes sociales? Para el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez, la respuesta es simple: las redes sociales.
Son un político y una influencer de última generación, donde no importa nada salvo sus ambiciones personales: él, probablemente, tener controlada su sucesión y el resultado para que quien llegue no lo someta a procesos penales por una fortuna misteriosamente amasada, pero bajo sospechas de que fue lograda mediante actos de corrupción. Y ella, quedarse con la candidatura y la gubernatura, que coronaría un sexenio de 12 años en Nuevo León y, sobre todo, porque no se esperaría algo distinto, cuidar que su esposo no termine en la cárcel.
Sanuel y Mariana no han escatimado en gastos.
De enero de 2025 a febrero de este año, pagaron 37 millones de pesos de pauta digital personalizada en Facebook e Instagram, administradas por Meta; es decir, donde las cuentas están a su nombre. Ni entremos en la suspicacia, dados los antecedentes, de dónde salieron los recursos para pagar por ella. De ese total, casi 25 millones de pesos se inyectaron a la imagen del gobernador, que suma cinco millones más de lo que ha invertido el presidente de Movimiento Ciudadano, su partido, Jorge Álvarez Maynez.
Para entender mejor la inversión y calificarla de monumental, basta con compararlo con lo que han inyectado de su dinero para promover su imagen personal, otros gobernadores: de la oposición, quienes le siguen a Samuel son Maru Campos, de Chiahuhua, con un gasto de 488 mil pesos, y Mauricio Kuri, de Querétaro, con una inversión de 479 mil pesos. Los gobernadores morenistas que más le dedican dinero a promoverse desde sus cuentas son Marina del Pilar Ávila, de Baja California, y Alfonso Durazo de Sonora, pero años luz a la cartera de García: 523 mil pesos y 484 mil pesos, respectivamente.
La inversión de Mariana tiene más componentes. Ella ha estado pagando publicidad en Meta donde dice lo que está haciendo por las niñas y niños, en el DIF, en las escuelas y en la administración de justicia, que tienen una vigencia de 15 dìas y un costo de 100 mil pesos cada uno. Quien le administra esta pauta es la empresa Nauka Comunicación Estratégica, una empresa que nació hace una década en Guadalajara, donde aún se encuentran sus oficinas centrales.
Nauka, que hace comunicación digital, maneja redes sociales y diseña estrategias, no es ajena a Movimiento Ciudadano. Fue la empresa que trabajó en la campaña presidencial de Álvarez Maynez, y ha asesorado a gobiernos locales de ese partido. También trabaja para el gobierno neoleonés de García, con quien firmó en septiembre pasado un contrato de prestación de servicios de administración, pago y supervisión de pautas en Meta, Google (Google Ads y YouTube), X y Spotify. Para las pautas elaboraron un presupuesto de siete millones y medio de pesos como mínimo y casi 19 millones como máximo.
¿Por cuánto tiempo fue este contrato? Por tres meses, donde gastaron entre 83 mil y 211 mil pesos diariamente para promocionarse. Pero no solo salió el dinero de su bolsillo o de donde hubiera salido. También sacaron presupuesto para promoverse con los contribuyentes en Nuevo León. La pauta del gobierno estatal de enero del año pasado a febrero de este año, fue de poco más de 16 millones de pesos, con lo cual duplicó lo que invirtieron de manera combinada Baja California, Chihuahua, Querétaro y Sonora.
Los neoleoneses están pagando con sus impuestos la imagen de Samuel y la construcción de la candidatura de Mariana. Sus asesores deben saber que las encuestas funcionan como un instrumento de poder narrativo, que puede llegar a ejercer presión psicológica sobre el electorado, alterando decisiones individuales y colectivas al moldear sus percepciones e influir en sus emociones. Qué tanto sus redes sociales tienen una audiencia nativa, es otra discusión. Bots, granjas de cuentas y campañas coordinadas, amplifican de manera artificial las tendencias, creando percepciones de inevitabilidad de quiénes supuestamente van en el carro ganador.
Si bien esto está ampliamente documenado en la ciencia política y la sicología social, no parece que le esté funcionando a Samuel y, por consiguiente, tampoco a Mariana. O al revés. A diferencia de la candidatura García al gobierno de Nuevo León, no parece que su esposa esté trasladando sus positivos y empatía como sucedió en aquella campaña.
De acuerdo con el ranking de gobernadores que publica mensualmente Mitofsky, García está ranqueado en el lugar 19 de todos los gobernadores, y no puede justificar que es por eldesgaste de gobierno. Maru Campos, de Chihuahua, y Víctor Castro, de Baja California Sur, están ranqueados en el 5º y 8º lugar, respectivamente, con los mismos 53 meses de gobierno. La aprobación de García se ubica en 44.6 por ciento, una caída de casi un punto y medio con respecto a diciembre.
El gobernador tiene otros datos, los que le proporciona Demoscopía Digital, que utiliza como metodología cuestionarios por WhatsApp, que le dieron en su último estudio publicado en febrero, una aprobación de 67.3 por ciento, casi 20 puntos más que los que le dio Mitofsky, con encuestas realizadas a través de plataformas de internet. García es un político muy echado para adelante. En su técnica de parcialidad de variables –muy utilizada por políticos y analistas–, no menciona nunca nada que afecte su narrativa. Pero ensalza las que sí. Por ejemplo, recientemente presumió una encuesta, de la que no dio detalles, donde casi siete de cada 10 neoleoneses, apoyan su candidatura presidencial.
En este momento no se puede saber con certeza si esa es un objetivo real o una estrategia para hacer campaña por su esposa o elevar su valor en el mercado político. Los datos que arrojan las encuestas, en este ecosistema de emociones y manipulaciones, no dan certidumbre de cómo van Samuel y Mariana en su nueva aventura político-electoral. La contienda está abierta, pero como hace seis años, su apuesta está en el mundo digital.

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En el régimen se ha abierto una fractura sobre el combate al crimen organizado. Los más leales al expresidente Andrés Manuel López Obrador levantaron una muralla contra cualquier intento de la presidenta Claudia Sheinbaum de abrir procesos que terminen en responsabilidades para militantes de Morena por presuntos vínculos con cárteles de las drogas. El desafío del ala radical del obradorismo debilita la posición de Sheinbaum frente a Estados Unidos, que está presionando para que lleve a proceso a políticos, sin los cuales, afirman, las organizaciones criminales no podrían haber crecido y fortalecido a los nieveles actuales.
Sheinbaum se ha tenido que correr de posición para evitar que suceda lo que a veces parece inevitable: una intervención unilateral de Estados Unidos en territorio mexicano. De no querer ceder a las presiones y abrir causas penales contra figuras de Morena, consideró fórmulas para limpiar su casa, con la mira puesta en salvaguardar la soberanía, y dar señales a Washington de que la impunidad se acabó, y ganar más tiempo frente a los impulsos del presidente Donald Trump.
Pero no pudo. En el reciente Consejo Nacional de Morena a principios de este mes, se propuso una serie de mecanismos para poder separar de sus cargos y pérdida de fuero de gobernadores y presidentes municipales por manejo de recursos de procedencia ilícita y presuntos nexos con el crimen organizado, junto con una iniciativa en el Congreso para agilizar los procesos de desafuero de legisladores que se encontraran en situaciones similares. No avanzó ni siquiera a votación.
El presidente del Consejo, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, junto con Rafael Barajas, El Fisgón, el monero de La Jornada, que es el principal asesor político de López Obrador y maneja el Instituto de Formación Política de Morena, sabotearon la propuesta. No procedía, argumentó Durazo, de acuerdo con detalles de la negociación frustrada, argumentando la “integridad” del obradorismo siguiendo el ejemplo del expresidente.
La broma se cuenta sola, pero con esa justificación que parecería cínica, selló la posibilidad de que en México, figuras como él, otra decena de gobernadores –todos de Morena menos uno–, y alcaldes en los estados obradoristas en la frontera con Estados Unidos, Michoacán y Sinaloa, sobre quienes existen investigaciones en Estados Unidos, pudieran ser sujetos de acciones penales en México.
La construcción de una muralla de impunidad para políticos mexicanos en México, socava la cooperación con Estados Unidos al dejar al gobierno confrontado con el partido en el poder. La imagen más poderosa de esta disociación fue la fotografía de la reciente reunión en Washington del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con el director de la DEA, Terry Cole, que subrayó el entorno de confianza que ha logrado restituir el gobierno, dados los antecedentes e Cole en su paso por México durante los primeros años de la administración de López Obrador.
Cole hizo la primera lista de 30 nombres de políticos de Morena vinculados con el crimen organizado, como respuesta a la forma como la Fiscalía General de la República exoneró por la vía rápida al general Salvador Cienfuegos, por su presunta relación con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, de la que lo acusaba el Departamento de Justicia. Este caso sigue vivo en Washington.
La fractura no sólo fue con ese sabotaje. Desde hace algunas semanas, las plumas que reflejan el pensamiento del ala dura del obradorismo han estado golpeando a García Harfuch, acusándolo de ser complaciente con Trump, con lo cual lastiman a Sheinbaum, y sugiriendo que tiene que diseñar una política de seguridad que enfrente las presiones de Washington. Sibilinamente proponen la restauración de la política de abrazos, no balazos, que permita a los cárteles seguir operando, una vez más bajo el manto protector o complicidad del gobierno, como sucedió con López Obrador, que también tiene investigaciones abiertas en aquel país.
Esa política no va a regresar. Ni siquiera tiene que ver con la presión de Trump, sino con la viabilidad del país, como fue el diagnóstico que le entregaron a Sheinbaum desde la campaña presidencial, mucho tiempo antes de que Trump se convirtiera en una fuerza intervencionista amenazante. Sheinbaum lo resistió largo tiempo, y en septiembre se negó a presentar al Senado un acuerdo de seguridad con Estados Unidos, bajo presión del secretario de Estado, Marco Rubio. De la misma manera, cada vez que le han presentado listas de políticos morenistas vinculados con el crimen organizado, su respuesta ha sido que le entreguen las pruebas –aunque ella tiene las propias.
La mejor solución para navegar en esos dos ecosistemas, era la propuesta al Consejo Político de Morena, pero como le dijo Rubio cuando se reunieron en Palacio Nacional en septiembre ante su negativa de llevar al Senado el acuerdo de seguridad bilateral, no tiene la fuerza interna para imponerse. El ala dura de Morena, al igual que ella, teme que haya una acción unilateral, pero a diferencia de Sheinbaum, los radicales de López Obrador, en defensa de los delincuentes que tienen en esa trinchera, están apostando a que México sea su búnker.
El obradorismo radical no quiere recortar sus pérdidas, y al final puede perder más, porque no parece leer correctamente la hoja de ruta de Washington, similar a la que hicieron con Venezuela: ir construyendo una narrativa que fue de lo general a lo particular, a los detalles y al sentir que un ataque era inminente, creando las condiciones de opinión pública que hicieran menos costosas sus acciones quirúrgicas.
Ha pasado mucho tiempo entre las primeras declaraciones de Trump sobre la captura de México por el crimen organizado y este martes, donde el general Gregory Guillot, comandante de la Fuerza Aérea del Comando Norte y del Comando de Defensa Aeroespacial Norteamericano, afirmó ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Congreso que aunque el crimen organizado no se ha enfrentado directamente contra las tropas estadunidenses, el acoso contra funcionarios de ese país ha ido aumentando, junto con el hackeo de sus comunicaciones por parte de los cárteles.
La trayectoria de la narrativa es clara.
Guillot fue muy preciso en su testimonio, cuya declaración escrita tuvo una extensión inusual de 21 páginas, y una evocación al buque de guerra Maine y al Golfo de Tonkin, donde supuestos ataques a militares estadunidenses fueron la justifica-ción para iniciar la guerra contra España por Cuba, y en Vietnam.

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