La noticia, en su primera dimensión, es enorme: fuerzas federales abatieron a Nemesio Oseguera, El Mencho, el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, el más poderoso líder de una organización criminal trasnacional. Gran golpe del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, al haber descabezado a una despiada organización altamente sofisticada, con gran penetración territorial y control de mercados legales e ilegales. Pero por las mismas razones, es vital ver la segunda dimensión, la planeación para enfrentar la reacción violenta de las milicias del cártel. Hasta entonces se calibrará en toda su magnitud el éxito de la operación.
La operación tuvo apoyo de Estados Unidos con información de inteligencia y fue ejecutada por el Ejército y la Fuerza Aérea. Según lo que ha trascendido, ubicaron a El Mencho la semana pasada y, en preparación para el ataque, sobrevolaron dos días antes la zona de Tepalpa, al suroeste de Jalisco, que está a más de 2 mil metros sobre el nivel del mar. El operativo comenzó alrededor de las 7 de la mañana, con un bombardeo desde Blackhawks y Pilatus, para allanar el camino para que las fuerzas especiales subieran por la sierra para el enfrentamiento cuerpo a cuerpo.
Por lo que se ha podido saber, se barrieron con fuego varios sectores de la sierra. La explicación de esto, que parecería un cambio de estrategia, es que la guerra contra los cárteles es muy diferente en las ciudades y la sierra. “La verdadera guerra se está llevando a cabo en la sierra”, dijo una fuente que conoce de los operativos. “El crimen organizado ha estado haciendo leva en las comunidades indígenas serranas, para que combatan en su hábitat”. El CJNG ha estado reclutando combatientes principal-mente en las comunidades tepe-huanas de Durango y Chihuahua, y coras nayaritas, para enviarlos de refuerzo a Los Chapitos.
La seguridad perimetral de los militares pudo neutralizar resguardos que llegaron rápidamente en apoyo a El Mencho, a cuyo escondite se desplazaron las fuerzas especiales terrestres, que también abatieron a su brazo derecho, Gonzalo Mendoza Gaytán, El Sapo, responsable del campo en el Rancho Teuchitlán y del asesinato del ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.
La Secretaría de la Defensa informó que Oseguera fue herido y murió cuando lo trasladaban a un hospital en la Ciudad de México, sin revelar los nombres de otras tres personas que murieron en el lugar. Desde hace tiempo, sin embargo, fuentes estadunidenses que operan con los mexicanos, dijeron que El Mencho iba a terminar negociando con ellos, o con los pies por delante.
La operación se determinó desde principio de este año. En este espacio se reveló a finales de enero que habría tres golpes contra los cárteles, dos contra los nodos de cibermonedas por donde realizan sus operaciones financieras, y uno más contra El Mencho. El interés por actuar de manera rápida estaba relacionado con el Mundial de Futbol y la información estadunidense de que el CJNG estaba planeando acciones en Guadalajara, una de las tres sedes mundialistas. Eso detonó la urgencia y la decisión política de realizar la operación, cuyo golpe es el más importante en 11 años, cuando se recapturó a Joaquín El Chapo Guzmán.
Pero El Chapo Guzmán no estaba en la misma situación y condición que El Mencho. El Chapo estaba en fuga, viviendo a salto de mata, escondido en la sierra y moviéndose en el sur de Sinaloa en forma clandestina. Desde que lo detuvieron en 2001, dejó de ser uno de los tres líderes del Cártel de Sinaloa, que comenzó a ser manejado únicamente por Ismael El Mayo Zambada. El Mencho, pese a estar enfermo hace tiempo, era el líder absoluto del CJNG, y había supervisado la sofisticación de la organización y su despliegue empresarial.
El CJNG es la organización criminal con mayor presencia territorial en el país, con operaciones en 23 estados. De ahí que la importancia de ver con el paso de los días si existió una buena planeación para enfrentar la respuesta de la organización criminal en el país, porque la muerte del número uno, fortalecerá al número dos, Audías Flores Silva, El Jardinero, cuyo nombre surgió de manera masiva apenas esta semana al estar vinculado al fraude con tiempos compartidos en Puerto Vallarta que motivó sanciones a empresas e individuos mexicanos por parte del Departamento del Tesoro.
Ayer, de las cosas que se tendrán que enfrentar, se dio la primera reacción de los criminales. Fue estruendosa y expansiva: 17 bloqueos carreteros en Jalisco, con ataques a instalaciones oficiales y vehículos quemados; 18 ataques en León, la mayoría de incendios en comercios; bloqueos e incidentes en Colima, Guanajuato y Nayarit. La vida cotidiana se alteró radicalmente en varios estados del Pacífico.
Las corridas de la terminal de Morelia para Tierra Caliente, Zinapécuaro y Zamora, se suspendieron. La central del norte en la Ciudad de México, también canceló las corridas a esas regiones. Las escuelas anunciaron cierres en Jalisco y Michoacán. En la capital michoacana bajaron sus cortinas los supermercados, y en Querétaro cerraron las tiendas. El Departamento de Estado emitió una recomendación para que sus ciudadanos en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Nuevo León, no salieran a las calles y buscaran refugio.
Fuentes castrenses señalaron que en Jalisco los sicarios del CJNG dispararon contra civiles de manera aleatoria, incorporando a población inocente, a la guerra que le declararon al Estado mexicano. Hay reportes también de que en ese estado, los paramilitares del crimen organizado se preparaban a atacar a las familias de los militares, sin importar que ninguno de ellos hubiera participado en el operativo. La presidenta Sheinbaum tuvo que salir ayer por la tarde para hacer un llamado a la calma, subrayando que había coordinación con todos los estados tras los operativos.
Este es el segundo nivel de la operación que habrá que ver cómo resulta. La gran falla de la estrategia del expresidente Felipe Calderón fue que el éxito en el descabezamiento de los cárteles, no fue acompañado por un trabajo en los siguientes pisos, estatal y nacional, que provocó la atomización de la delincuencia organizada y la espiral de violencia. Hay veteranos de esa experiencia en el gabinete de Sheinbaum. Saben qué no deben hacer, porque lo de ayer, es un punto sin retorno.

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Un audio del que nadie sabía nada, regresó de manera intempestiva al centro de la arena pública a los sobrinos políticos del exsecretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda, investigado por haber creado una red de corrupción en las aduanas marítimas. En el audio, obtenido por los reporteros Sebastián Barragán y Omar Fierro del portal Aristegui Noticias, se escucha supuestamente al contralmirante Fernando Guerrero Alcántar denunciar ante Ojeda una trama criminal de contrabando de combustible que involucraba a sus sobrinos políticos, que el secretario le pide la presente escrita.
La Marina, según se informó oficialmente, no encontró nada irregular en sus pesquisas, mientras que la Fiscalía General de la República, tiene abierta una causa penal por las denuncias del contralmirante Guerrero Alcántar, que fue asesinado en noviembre de 2024. El año pasado, poco antes de renunciar a la Fiscalía, Alejandro Gertz Manero dijo que Ojeda le había comentado en 2023 de presuntos actos de corrupción en la Marina, que investigó sin encontrar pistas sobre el contrabando de combustible, con lo que le dieron una salida al exsecretario para no ser investigado.
Se desconoce la profundidad de la investigación contra los sobrinos políticos de Ojeda, el contralmirante Fernando Farías Laguna, que se encuentra prófugo, y el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, que está preso. Documentos internos de la Marina, sin embargo, revelan que la red de protección de los Farías Laguna se comenzó a construir desde que Manuel Roberto, y su tía, Sandra Luz Laguna, esposa de Ojeda, maniobraron para que el almirante José Luis Arellano Ruiz, fuera designado subsecretario, cargo que ocupó durante casi todo el sexenio.
Arellano Ruiz, de acuerdo con los documentos confidenciales, recibió como encomienda de los Farías Laguna establecer las relaciones con políticos y empresarios que le indicaran, incluido que los acercara a la entonces candidata a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, para proponerle financiamiento para su campaña a cambio de aceptar nombrar secretario de una terna que le iban a presentar. Nunca pudieron estar cerca de la presidenta. Arellano Ruiz, además, validaba las empresas que le presentaban los Farías Laguna en obras, dragado y construcciones marítimas.
El subsecretario no fue el único mando naval a su servicio. En total, de acuerdo con los documentos elaborados en 2021, fueron 34 oficiales que trabajaron para ellos, tejiendo una amplia red de complicidades en las aduanas de Altamira, Dos Bocas, Ensenada, Guaymas, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Veracruz, y el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México. En los informes no aparece ninguna referencia al contrabando de combustible, pero sí figuran dos personas que están en la investigación del huachicol fiscal, sus operadores principales el capitán de Corbeta, Miguel Solano, que era el responsable de recolectar lo recaudado en las aduanas, concentrarlo en la Ciudad de México, desde donde se dispersaban los recursos a todos los mandos en la red, y el capitán de Fragata, Climaco Aldape Utrera, que era quien hacía todos los trámites legales o ilegales de los sobrinos para evitar que negociaran directamente con los representantes del crimen organizado.
La relación directa con el crimen organizado la llevaba el teniente de Navío Octavio Sánchez Alatorre, que estaba comisionado en Guaymas, desde donde se desplazaba por todo el país para facilitar el trasiego de drogas por los puertos de Baja California, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, pactando con todos los cárteles de la droga, pero en particular, por lo amplio de su negocio de contrabando, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Era el apoyo de Solano y Aldape Utrera, y quien se encargaba de comprar vehículos para los cabecillas de la red, organizar las fiestas y contratar artistas para su entretenimiento.
Sánchez Alatorre no era el único que tenía relación con el crimen organizado. El vicealmirante Miguel Rivas Hernández, se indica en los informes, ayudaba a mover unidades especiales de la Marina para brindar protección de diversos grupos delictivos según la región, y facilitaba los cambios de adscripción de personal de la infantería de Marina. Otro fue Joaquín Cruz Ballado, hermano del almirante Jorge Luis Cruz Ballado, que le facilitó al crimen organizado el trasiego de drogas a través de la aduana y la Administración del Sistema Portuario Nacional en Lázaro Cárdenas.
Los Farías Laguna, de acuerdo con los documentos, operaban principalmente con mandos medios, pero habían involucrado en la red, a oficiales de alto rango. Uno de ellos fue el almirante Raúl Pérez Vázquez, uno de sus candidatos a relevar a Ojeda, quien les ayudó a la integración de los primeros administradores de aduanas. Otro, el vicealmirante Benito Armando Galeana Abarca, que protegía a administradores de aduanas y a funcionarios de Hacienda en donde operaban los sobrinos políticos. Un contralmirante clave era Martín Francisco Mouton, en ese entonces director de Construcciones Navales, que autorizaba licitaciones a las empresas que ellos le presentaban, en especial “Construcción, Infraestructura y Comercialización”, que tenía vínculos con miembros del gabinete del expresidente.
El contralmirante Ibrahim Manuel Maja Castro les sirvió desde el Estado Mayor, y apoyó en asignaciones, agregadurías, ascensos y cambios de adscripción, cuya responsabilidad era similar a la del contralmirante Audberto López Rosas, jefe de la Sección 1ª del Estado Mayor, que tiene que ver con recursos humanos, que cobraba, como muestra, 500 mil pesos por ascensos a contralmirante o agregadurías. Los Farías Laguna tenían a varios mandos infiltrados en la Unidad Naval de Inteligencia, como el contralmirante Gabriel Guzmán Comparán, y el contralmirante César Mora Arenas, que investigaban a civiles y militares sin conocimiento del jefe del área.
Todos los mandos al servicio de los Farías Laguna tenían compensaciones mensuales por sus servicios. Por ejemplo, al contralmirante Marco Antonio Bandala, que era el administrador en Manzanillo donde, de acuerdo con los informes, facilitaba el ingreso de mercancías, le daban ocho millones de pesos. Al contralmirante Ricardo Gutiérrez Ruvalcaba, cuando estaba en la aduana de la Ciudad de México, cinco millones. El dinero de la corrupción abundaba. Al menos, dice el informe, la recaudación superaba los 50 millones de pesos a la semana.
La red de corrupción de la Marina en las aduanas no fue institucional. La difusión del audio de Guerrero Alcántar y de los documentos confidenciales, revela la tensión interna en una institución que no estaba podrida, no así un buen número de oficiales.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó ayer que se había asegurado una avioneta monomotor que transportaba media tonelada de cocaína, que había sido detectada volando sobre Oaxaca, y cuya imagen congelada difundió en las redes sociales. La imagen es similar en ángulo y formato a los videos que publica el Pentágono de las lanchas de presuntos “terroristas” supuestamente con drogas, a las que ataca en el mar, con una tecnología que, hasta donde se sabe, no tiene México.
Los drones que utilizan los militares en México –principalmente el Ehécatl, fabricado por Hydra Technologies– operan a alturas tácticas para vigilancia y reconocimiento que superan los mil metros de altura, mientras que los estadunidenses, sobre todo el más utilizado, el MQ-9 Reaper, realizan esas actividades a alturas entre 7.5 y 12 kilómetros de altura. Los drones sirven para atacar objetivos, como lo ha instrumentalizado Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, y en ocasiones, como ha hecho el MQ-9 Reaper varias veces sobre territorio mexicano, para recolectar información de inteligencia sobre los cárteles de las drogas.
Lo que se ve en esas imágenes es la parte final del producto de inteligencia. Las lanchas o los aviones no son detectadas por los drones, sino por la vigilancia de satélites que cuando localizan barcos o naves en patrones clandestinos, envían la información a sus mandos centrales para que se tome la decisión de atacarlos o vigilarlos mediante los drones. Las naves con drogas que vuelan en el espacio aéreo mexicano, lo hacen a alturas tan bajas que no son registradas por los radares que tiene la Marina, como sucedió con el avión en donde una unidad de élite estadounidense sacó del país a Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López en julio de 2024, sin ser detectada.
Ninguna de las naves no tripuladas por personas que han sobrevolado el territorio mexicano han estado artilladas, que es lo que se supone sucedió con la pequeña avioneta, que probablemente, porque es como operan los estadunidenses, fue detectada desde que salió –presumiblemente Colombia, de donde parten los cargamentos de cocaína–, y se notificó a las autoridades mexicanas para que la interceptaran y obligaran a aterrizar.
Esta operación muestra, por primera vez, el restablecimiento de importantes niveles de cooperación entre México y Estados Unidos en la lucha contra los cárteles, que no se había visto desde el gobierno de Felipe Calderón, cuando el seguimiento de cargamentos aéreos o marítimos con drogas de América del Sur, era monitoreado en tiempo real por las autoridades mexicanas en una sala secreta –por el acceso limitado a ella– en el sótano del búnker de la Secretaría de Seguridad donde estaba Plataforma México. Esa estructura fue desmantelada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que rompió la cooperación bilateral, que se cerró casi por completo durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La nueva cooperación entre los dos gobiernos en materia de seguridad es como jugar póker con cartas abiertas: está todo sobre la mesa, pero no todos pueden ver lo que está ante sus ojos. La dinámica de la relación cambió después de que la CIA y el Pentágono enviaron aviones espías a sobrevolar territorio mexicano para recolectar inteligencia de los cárteles e interceptar comunicaciones sin informar al gobierno mexicano, permitiendo que sus naves fueran “vistas” por rastreadores comerciales, como una forma de presión a Palacio Nacional.
No fueron los únicos vuelos espías que se hicieron y realizan hoy en día, pero a diferencia de hace un año, los estadunidenses están notificando a los mexicanos cuando los realizan –han escalado a tres o cuatro vuelos por semana en el último mes–, además que se han estado superando las resistencias en México para permitir que fuerzas de élite del Ejército y la Marina de Estados Unidos realicen periodos regulares de capacitación de las fuerzas especiales mexicanas en lucha contra el terrorismo y narcotráfico. La última fue la autorización para que un equipo de marinos del SEAL Team 2, realicen capacitación y ejercicios conjuntos con marinos mexicanos en Campeche y Quintana Roo durante cinco meses.
De acuerdo con el sitio especializado Politico.com, el rechazo se venció tras la visita de una comisión bicameral del Capitolio hace una semana y media, que logró que con retraso de un mes, el Senado aprobara la capacitación, que había sido pedida originalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum, aparentemente para aliviar la presión del presidente Donald Trump para enviar tropas a México a luchar contra los cárteles. El esquema seguido también es similar al que se desarrolló durante el gobierno de Calderón.
El SEAL Team 2, es uno de los ocho cuerpos de élite de la Marina estadunidense que fue formada para conducir guerras no convencionales, acciones directas y misiones contraterroristas, que en sus experiencias tiene una negra, Granada en 1983, cuando fuerzas militares estadunidenses y caribeñas invadieron la isla tras denunciar el presidente Ronald Reagan una fuerte presencia cubana y rusa, que culminó con la muerte del primer ministro, Maurice Bishop. El año pasado estuvieron en México otras unidades SEAL y Boinas Verdes, las fuerzas especiales del Ejército estadunidense.
La duración de esta capacitación y ejercicios llama la atención y levanta interrogantes. Los entrenamientos comenzarán en San Miguel de los Jagueyes, en el estado de México, donde se encuentra el Campo Militar 37-C, y de ahí se moverán a Campeche y a Quintana Roo. No hay explicación del porqué se realizarán en esas dos zonas, aunque ha trascendido que se está preparando un ejercicio militar entre los dos países de gran escala en el Golfo de México, con la participación de buques de guerra estadunidenses.
La colaboración bilateral, es un hecho, se ha estado incrementando. Varios golpes importantes recientes del gabinete de seguridad mexicano, fueron resultado de la información que compartieron las agencias de inteligencia estadunidenses, mientras que la imagen satelital que publicó García Harfuch, es la evidencia de una restauración de la cooperación inexistente durante 15 años.
Lo que está haciendo Sheinbaum no es del agrado de los duros de Morena, que piensan que García Harfuch es muy complaciente con Washington. Pero lo que está haciendo es ganar tiempo y apaciguar a Trump, que ha dejado de presionar con el envío de sus tropas, cuando menos, por ahora.

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El futuro de Adán Augusto López es menos claro de lo que se ve. El senador ha perdido prominencia de manera acelerada y, aunque menos rápido, también fuerza política. No es lo que piensan varios de sus cercanos, pero es una realidad que tendrán que aceptar. Su renuncia como coordinador de la bancada de Morena en el Senado reflejó que ese cargo al que sostenía el respaldo de Andrés Manuel López Obrador, había perdido tracción. En los últimos viajes del expresidente a la Ciudad de México, cada vez más frecuentes, ya no hubo las peticiones para mantenerlo en el cargo.
López Hernández se había vuelto un foco de tensión con Estados Unidos en los últimos meses por lo que se percibía una protección para garantizarle impunidad. El principal señalamiento era su relación con el crimen organizado, cuyas pruebas, solicitadas por México, no se las quisieron dar. Hubo la intención de enviarlo como embajador a Europa, pero tres países a los que se les pidió el beneplácito, de acuerdo con fuentes estadunidenses, lo rechazaron por omisión; es decir, nunca respondieron a la solicitud.
Estados Unidos quisiera que rindiera cuentas ante la justicia, cuando menos ante la mexicana, lo cual tendrá que esperar, en el mejor de los casos, un tiempo. Lo que sí sucedió es lo mínimo que planteó el secretario de Estado, Marco Rubio, en su reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum el año pasado, que saliera de la coordinación de Morena en el Senado. Un pequeño paso que parecía simbólico, pues no dejó la senaduría, ni el fuero. Sin embargo, a 18 días de renunciar, las señales están mostrando que no se trató de un acto lampedusiano.
Su equipo empezó a entregar al nuevo coordinador Ignacio Mier, la administración y los puestos políticos controlados por López Hernández, que alimentaba una partida presupuestal discrecional que incluía su control sobre casi dos mil millones de pesos anuales. La próxima semana se espera que se entreguen las auditorías sobre su gestión, y que la transferencia del poder concluya para finales de mes. En ese momento quedará en el limbo.
López Hernández está comenzando a darse cuenta que los apoyos que tenía hasta hace poco, se han ido evaporando. No pensaban algunos de sus cercanos que iban a restarle poder y comenzado a separarlo del núcleo central del régimen, como en principio habían planteado diplomáticos estadunidenses a la presidenta Sheinbaum. Su insolencia no lo ayudaba, ni la prepotencia de su red financiera que pensaban que seguirían los negocios como siempre, y que los respaldos de su grupo le permitirían seguir operando intereses ajenos a Palacio Nacional. Pero esa papa era demasiado caliente.
El senador no lo había calculado. Tampoco vio que se había vuelto tóxico, al alinearse el objetivo de Sheinbaum de controlar la bancada de Morena en el Senado, con la creciente molestia de los estadunidenses. La decisión de moverlo de la coordinación se dio unos 15 días antes de que se oficializara, y la de suplirlo con Ignacio Mier, en las vísperas. Mier fue convocado a la Presidencia para hablar con Sheinbaum, quien le propuso la coordinación.
Aunque muy amigo de López Hernández, Mier es considerado institucional, por lo que pensaban que no iría a las contras de la presidenta. Una primera prueba fue que hablara con el senador Gerardo Fernández Noroña para que dejara de hablar sobre la política exterior mexicana, que estaba afectando el delicado equilibrio con Estados Unidos. Varias peticiones a Hernández López para que controlara la incontinencia verbal de Fernández Noroña, fueron desoídas. Y ahora, desde que Palacio Nacional pidió la intervención de Mier, el senador ha cerrado su boca.
López Hernández recibió el ofrecimiento, como aterrizaje de su salida de la coordinación, ser el responsable de la operación electoral en la Cuarta Circunscripción, que abarca la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, donde se resuelve la parte nodal de las plurinominales, pero sin autorización ni permiso de ningún tipo, dijo que haría trabajo político en otros estados, principalmente en Chihuahua, para impulsar la candidatura al gobierno de la senadora Andrea Chávez, que ha estado muy cerca de su proyecto. Su lance le produjo mayor animadversión interna.
El factor estadunidense fue últimamente lo que provocó la salida del senador de la coordinación, cuyas acciones en Venezuela y Cuba hicieron ver al ala dura del obradorismo que lo único predecible del presidente Donald Trump era su impredecibilidad. La salida de López Hernández fue el equivalente para los puros del régimen como un recorte de pérdidas. Para la presidenta, fue una decisión positiva al enviar la señal a Washington que el status quo vigente se había trastocado, estableciendo una nueva incertidumbre para políticos con el perfil del senador.
La separación de la coordinación, que quedó fuera del alcance del manto de protección que le había extendido López Obrador, es un mensaje hacia el interior de Morena, donde el recálculo es que el rumbo no irá de más a menos. Sin embargo, López Hernández es una pieza muy importante del engranaje morenista: sabe mucho porque tiene mucha información.
Según las investigaciones de las agencias de inteligencia y policiales estadunidenses, es un pivote en las relaciones criminales que se construyeron durante el gobierno de López Obrador, por lo que tampoco se ve probable que se abra una investigación en su contra, o que cuando menos se incluya, para efectos de deslinde de responsabilidades, en la carpeta de investigación de su exsecretario de Seguridad en Tabasco, cuando fue gobernador, Hernán Bermúdez Requena, el fundador del grupo delincuencial “La Barredora”. Paradójicamente, fue este caso lo que cambió su vida en el Senado, porque fue advertido que su viejo colaborador, de acuerdo con información que le había compar-tido Estados Unidos al gobierno mexicano, estaba negociando con sus fiscales, ser testigo colaborador del Departamento de Justicia.
Una de las mayores reticencias a quitar apoyo a los líderes de Morena, era que si llegara a caer uno, los demás vendrán en racimo. Con López Hernández hubo un cortafuego, el fuero constitucional. No será el primero de muchos, pero sí el primero en donde se probará la resistencia de Palacio Nacional para evitar procesos legales contra figuras del régimen, contra la voluntad política en Washington para decidir que unilateralmente irán por ellos.

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Una fotografía publicada la semana pasada afuera de Palacio Nacional, provocó un fuego cruzado entre los radicales del régimen y los medios. La imagen era de Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores presidencial y exvocero del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y Jenaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que según las crónicas de algunos periodistas que lo atestiguaron, aparentemente estaban discutiendo. Villamil ironizó la jerarquización periodística, minimizando que la fotografía fuera relevante, aunque omitió el porqué era significativa en ese momento: el contexto.
Días atrás, el exconsejero jurídico de López Obrador durante sus primeros tres años de gobierno, Julio Scherer, publicó su libro Sin venganza ni perdón, en donde lanzó una batería de misiles contra Ramírez Cuevas, utilizándolo como un pretexto para golpear a López Obrador y a la cuatroté. El libro ha sido tratado por los ultras del régimen como un “libelo” y han tratado de desacreditarlo. Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no lo había leído y que no lo haría, pero descartó que afectara al movimiento.
El libro, sin embargo, provocó un cisma hacia el interior del ala dura. De acuerdo con personas que saben qué está sucediendo en ese grupo, dijeron que Ramírez Cuevas vio una traición de Villamil en algunas afirmaciones de Scherer sobre su proceder, porque hay información ahí sugerida que sabían muy pocas personas. No hay dudas sobre quienes, de los que conocían detalles muy reservados que vio publicados en el libro, fue el informante, porque el único que tenía relación con Scherer era Villamil.
Scherer, que tiene una larga lista de libros publicados al alimón con diferentes personas que son quienes los escriben, fue co-autor con Villamil de La guerra sucia de 2006: los medios y los jueces, que salió a la venta en 2007, un año después de la elección presidencial que en ese entonces alegaban que a López Obrador le había robado la elección el sistema para darle la victoria a Felipe Calderón, aunque en el libro reciente el exconsejero jurídico dice que el panista sí la ganó. En aquel año Villamil era reportero de Proceso, la revista de la familia, y tenían una relación de complicidad que conciliaba sus intereses políticos con una agenda impulsada desde el periodismo militante.
Pese a la relación entre ambos, Villamil no llegó al gobierno de López Obrador por Scherer, sino por Ramírez Cuevas, que durante años fueron parte de uno de los grupos que pululaban en torno al gran cronista Carlos Monsiváis. El exvocero presidencial y Villamil fueron los arquitectos de la estrategia de odio contra medios y periodistas, que sistemáticamente alimentaba Ramírez Cuevas todas las mañanas en Palacio Nacional con López Obrador. También fue su sostén cuando se descubrieron irregularidades en la compra de antenas del Sistema, logrando mantenerlo al frente y que durante el nuevo gobierno mantuviera el cargo.
Scherer dedica amplio espacio en su libro a destruir la imagen de Ramírez Cuevas, señalando con casos específicos –el litigio sobre el maíz transgénico y una pensión vitalicia para los trabajadores de la desaparecida Comisión de Luz y Fuerza del Centro–, cómo manipuló para obtener beneficios económicos y políticos para el ala dura del obradorismo. Pero hay otro punto, aparentemente el que provocó el choque con Villamil, que apareció originalmente en una columna de Jorge Fernández Menéndez, quien fue el vehículo para la redacción del libro, publicada en octubre del año pasado, pero que pasó desapercibida para ese grupo hasta que apareció en el libro en un nuevo contexto.
Fernández Menéndez publicó que Ramírez Cuevas creó diversos “medios alternativos” ligados y financiados a la estructura de poder, en donde sobresalía una sociedad anónima, Doble L Medios, que producía audiovisuales en instalaciones del gobierno, cuyo aparente propietario, Guillermo Llaguno, también era el responsable de multimedia de Regeneración, el periódico que fundó Ramírez Cuevas. El texto del columnista se enfocaba en la queja de cómo se canalizaban múltiples recursos a esas empresas ligadas a él, mientras se castigaba la publicidad oficial en los medios.
La lectura interna de lo que esbozó Scherer a través de Fernández Menéndez en el libro, detonó el conflicto, no por lo que se expuso, que fue económico en detalles, sino por el temor de que el exconsejero se haya guardado más información que pueda ser devastadora para su red de propaganda. Personas que conocen el enjambre de medios y periodistas financiados con dinero irregular que se desvió del presupuesto de la oficina de Comunicación Social de la Presidencia, revelaron beneficios para un buen número de periodistas, en líquido, privilegios y propiedades.
Con ese desvío de dinero –que constituye el delito de peculado–, dijeron que se pagaron propiedades para Villamil, para dos periodistas reconocidos y para varios más que aparecen en programas de los canales 11 y 22, que tienen como común denominador un abordaje faccioso que a veces busca ser sarcástico, pero profundamente insultante contra críticos del gobierno. También sirvió para fondear a columnistas, supuestos periodistas y youtuberos, a quienes se les dieron contratos personales de varios millones de pesos, puestos de gobierno –como un afamado columnista que recibía dinero en efectivo y trabajo para sus familiares– o contratos para sus cercanos.
El tema de estos contratos, según lo que ha trascendido, ha sido la fuente de recriminación entre Ramírez Cuevas y Villamil, a partir de la sospecha del exvocero de que su viejo camarada y cómplice, es la principal fuente de Scherer sobre el desvío de recursos. Ramírez Cuevas parece temer que su enemigo declarado tenga una pistola cargada como seguro de vida político y que pudiera ser utilizada en algún momento, si el exconsejero jurídico se ve en necesidad de canjearla. Por lo pronto, hasta donde se sabe, la relación entre Cuevas y Villamil está fracturada, con amenazas de represalias del actual coordinador de asesores presidencial en contra de su compañero de armas.

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Marx Arriaga, funcionario menor en la Secretaría de Educación Pública, pero con una relevancia superior al cargo al haber sido la cabeza visible de los controvertidos nuevos Libros de Texto Gratuitos, sigue en rebeldía, negándose a aceptar que lo cesaron de manera sumaria y pensando que todo se trata de una conspiración del neoliberalismo injertado en la cuatroté para dar reversa a su proyecto doctrinario. Le ofrecieron ser embajador en Cuba o Venezuela, pero rechazó la propuesta. Arriaga no entiende lo que sucedió porque vive en un mundo endogámico.
No lo estaban exiliando, sino ofreciéndole un puente de plata como reconocimiento a sus aportaciones, muy útiles para el relato del obradorismo, aunque criticadas severamente por la pobreza pedagógica. No era castigo, sino una beca para que siguiera viviendo en su cosmogonía. Su salida no tiene que ver con la contaminación tóxica que ve en el movimiento, sino porque era una pieza desechable en una coyuntura delicada que requería decisiones para evitar que ese movimiento empiece a colapsarse en las elecciones intermedias del próximo año.
Sin saberlo, se convirtió en objeto de trueque por la evolución de una actitud irracional, iniciar una insurrección dentro de la SEP, acusando de traidor al secretario Mario Delgado, por querer modificar los Nuevos Libros de Texto, imputación que, por inercia, se ampliaba a todo el gobierno federal. Delgado confirmó que su salida era por el rechazo de Arriaga a cualquier modificación, que es una narrativa que fácilmente se entiende afuera de los pasillos palaciegos, pero que esconde el fondo del movimiento.
La rebelión de Arriaga iba creciendo, pero en Palacio Nacional lo toleraron. No importaba mucho el desgaste de Delgado frente a un funcionario que desde que inició el proceso revisionista de los Nuevos Libros de Texto, que pomposamente llamaron “la Nueva Escuela Mexicana”, contó con el respaldo incondicional de Beatriz Gutiérrez Müller, que fue esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Su salida no rectificará lo que hicieron, como ya confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, porque los Libros no eran la razón de la decisión, sino un quid pro quo estratégico, donde Arriaga fue la ficha de cambio. Lo que se modificó en el periodo en que inició la disrupción interna y este fin de semana, fue la realidad política.
En los últimos días, con los datos electorales en la mano, se tomó una decisión que no se socializará públicamente, pero operará de facto. Delgado se convertirá en el presidente de Morena, sin cartera ni anuncios, para poder reorganizar la estrategia electoral y evitar que, como en este momento apuntan los análisis electorales del régimen, se pierda la mayoría calificada en las elecciones legislativas del próximo año, y caigan varias gubernaturas. La petición que hizo Delgado para aceptar esa tarea, fue que le autorizaran cesar a Arriaga. No hubo duda ni problema.
La rebelión de Arriaga no había sido un mero arrebato personal ni un exabrupto burocrático. Era la expresión más acabada de una disputa ideológica que el lopezobradorismo dejó sembrada en la SEP: la educación como campo de batalla cultural. No era algo menor. Es el corazón del proyecto. Arriaga, arquitecto de los Nuevos Libros de Texto, compartía la convicción que el poder no sólo se ejerce desde el presupuesto o la política social, sino desde el relato. Y los libros, más allá de sus omisiones, reinterpretaciones históricas y pedagogía militante, fueron el vehículo. No era para mejorar el aprendizaje, donde México sigue rezagado, sino para moldear conciencias.
Las mañaneras fueron la primera fórmula, pero los Libros se quedarían para cosechar lo sembrado. No era la primera vez que la educación mexicana se convertía en un laboratorio político, aunque pocas veces se había hecho con tanta franqueza doctrinaria. La paradoja de ello era cruel: en nombre de la emancipación crítica, se limitaba el pensamiento crítico; en nombre del pueblo, se homogeneizaba la pluralidad. Arriaga no era el problema de fondo. Era el síntoma.
La verdadera discusión era –y sigue siendo– si el Estado debe formar ciudadanos autónomos o militantes agradecidos, como está construyendo el obradorismo el nuevo orden social en México. Al mismo tiempo, el valor que aportaba Arriaga a la cuatroté se convirtió en un problema en la recalibración de la estrategia electoral. Su protagonismo insurrecto estaba exhibiendo otra tensión, la distancia entre el discurso transformador y la gobernabilidad real que parecían no ver en el régimen.
Esta alteración había pasado relativamente desapercibida porque en la cuatroté abundan los personajes que pelean más hacia el interior que con sus opositores políticos e ideológicos. Por ello, pese a estar a la vista de todos, los lances de Arriaga no causaban mayor preocupación interna, ni tampoco fueron el foco de los ajustes que están planeando con el desplazamiento del exfuncionario rebelde, que se convirtió en un obstáculo cuando la distancia entre el discurso transformador y la gobernabilidad real fue vista a través de las encuestas, que al reflejar el declive de la popularidad presidencial y de Morena, obligó al reacomodo de las piezas.
Los liderazgos de Morena no han funcionado para evitar una posible derrota el próximo año. A la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, le han llamado la atención varias veces en Palacio Nacional desde hace meses, por desatención en sus labores con distracciones personales, y el trabajo deficiente en el control y organización de la militancia, mientras que el secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán, que se convirtió en un lastre para la imagen pública de la cuatroté por sus abusos empresariales y su poca discreción en sus viajes de lujo, está prácticamente en la clandestinidad, en algunos momentos por decisión personal, y en otros por recomendación presidencial, como lo fue su inasistencia al reciente Consejo Consultivo de Morena hace unos 10 días. La secretaria general, Carolina Rangel, que salió de la Ayudantía de López Obrador, es una figura ausente ante la opinión pública, y por lo que se sabe, de nula eficacia interna.
La llegada de facto de Delgado al partido parece una solución de emergencia en busca de cohesión y acción política-electoral. La salida de Arriaga era necesaria para acudir a quien mejor tenían a la mano, por lo que su actuar contra el elegido lo convirtió, quizás involuntariamente, en la mejor cortina de humo para este ajuste estratégico.

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La vorágine de la información ha dejado relegado lo que sucedió hace casi tres semanas en la Concordia, un municipio sinaloense a una hora al sur de Mazatlán. El secuestro de 10 mineros, cinco de ellos encontrados muertos, dejó de ser del interés prioritario de la mayoría de los noticiarios electrónicos y desapareció por completo de las primeras planas de los periódicos. La minera canadiense Vizsla Silver Corp., difundió ayer una actualización de cómo avanza la búsqueda de sus cinco trabajadores que siguen desaparecidos, pero no hay mucho nuevo que informar. Siguen las condolencias a los familiares de las víctimas, y la mina continúa con sus operaciones suspendidas.
Como todo lo que tiene que ver con las noticias relacionadas con el narcotráfico y su violencia, la sociedad mexicana, incluido el gobierno, los actores políticos y los agentes económicos, ya lo normalizaron. Uno, dos, cinco, diez o más muertos o secuestrados por el crimen organizado, son una estadística, número frío que solo acumula víctimas al México rojo en el que vivimos. Pero Concordia no va a desaparecer pronto; apenas estamos descubriendo lo que se perfila como el microcosmos del horror nacional.
Concordia, que fue un centro minero de oro, plata y cobre, es un pueblo con menos de 25 mil habitantes que cruza una carretera rural. Lejos de las zonas urbanas, escondido en la Sierra Madre Occidental, durante no se sabe cuántos años ha sido el cementerio clandestino del grupo de Iván Archivaldo Guzmán, jefe de la facción del Cártel de Sinaloa que está en guerra contra las milicias de Ismael El Mayo Zambada, que dirigió la organización criminal por cuatro décadas.
Así hubiera permanecido, ante los ojos cerrados de las autoridades, que prefirieron vivir en la simulación a tener que enfrentar la realidad y su responsabilidad. Diez mineros de una empresa canadiense, cuyo secuestro fue rápidamente publicitado, modificó esa inercia cómplice que se instaló en la región desde tiempos desconocidos. Al menos cinco de ellos fueron llevados a El Verde desde Pánuco, la comunidad donde se encontraba la mina, a unos 30 kilómetros de distancia.
El horror comenzó cuando se encontró el cuerpo de un minero en El Verde, una comunidad de mil habitantes en el municipio de Concordia, y horas después otro más. Las autoridades llegaron a excavar junto al panteón, donde se descubrió el primero, y fueron hallando otros cuerpos, algunos enterrados hace casi una década, junto con otros tres mineros.
La periodista María Idalia Gómez reveló que solo en el área del panteón hay dos o tres fosas, con aproximadamente 120 cadáveres. En El Verde, de acuerdo con fuentes que han participado en las investigaciones sobre los cementerios clandestinos en esa zona, hay más de 20 fosas ubicadas en cuatro puntos, donde estiman que puedan haber más de mil 500 cuerpos de personas, algunos de ellos, con los cuerpos destrozados.
Concordia, revelaron Gómez y otro periodista especializado, Luis Chaparro, está controlado por los hermanos Óscar Martínez Larios, El Casco, y Gabriel, Gabito, jefe de plaza en el municipio Rosario, quienes responden a Víctor Manuel Barraza, El 40, exsecretario de Iván Archivaldo y actual jefe de plaza en Mazatlán y toda la región sur de Sinaloa. De acuerdo con Gómez, El Casco enterraba en El Verde a los enemigos de Los Chapitos, y ese campo de la muerte podría llegar a ser más grande que cualquiera de los que se han encontrado en Jalisco. Hoy no se puede entrar a El Verde, porque las autoridades federales y locales lo tienen sellado para comenzar la tarea de ir abriendo fosa tras fosa.
Las autoridades federales informaron esta semana que los mineros fueron levantados por equivocación, creyendo sus atacantes que pertenecían a un grupo rival. La versión ha sido cuestionada por los mineros y por fuentes con conocimiento de primera mano de lo que sucedía ahí. La historia que narran es diametralmente distinta: no fueron confundidos, sino víctimas de una extorsión que no se quiso pagar.
Gabito, de acuerdo con esta versión, era el encargado de cobrarle a la mina 200 mil pesos mensuales, hasta hace dos meses, cuando les dijo que ya no les exigirían el efectivo, sino el 50 por ciento de su producción. El cambio de método de pago parece tener como antecedente la falta de recursos de Los Chapitos para mantener su guerra fratricida con las milicias de Zambada. Poco antes lo hizo con dos minas en un municipio colindante con Concordia, donde les exigió una retribución en oro para poder pagar sicarios que le solicitaron al Cártel Jalisco Nueva Generación.
En esta versión, la mina, que tiene su sede en Vancouver, se negó, pero al mes siguiente les entregó 250 mil pesos. La respuesta fue el secuestro de sus trabajadores, con una demanda: 10 millones de rescate por cada uno, en un plazo de cinco días. “No se pagó”, dijo una fuente que supo de esta frustrada negociación, “y levantaron a los mineros”. Los llevaron a una casa en el fraccionamiento La Clementina, en Concordia, a unos 30 minutos de distancia de la mina, que está en la comunidad de Pánuco.
Los encargados de ejecutar el secuestro fueron los lugartenientes de El Casco, Ramón Héctor Morales, El Chino, y otros dos de los que se conocen únicamente sus apodos, El Guicho y El Bryan. Mineros de la zona sostienen que los 10 secuestrados fueron ejecutados. Sus victimarios, se cree, se fueron a refugiar a Puerto Vallarta y Zapopan, en Jalisco, controlados por el Nueva Generación. Credenciales y pertenencias de los 10 mineros fueron encontradas en días recientes en El Verde, aunque no se puede concluir la suerte de los cinco trabajadores que permanecen desaparecidos.
La extorsión de las mineras en el país ha sido un problema desde hace años, pero es un tema del que nadie quiere hablar abiertamente sobre casos específicos. Un vocero de cámaras mineras estima que los costos por extorsión llegan a ser del 10 por ciento de la utilidad, al no limitarse solo al cobro de ese impuesto criminal, sino por las inversiones en seguridad y control de riesgos que tienen que hacer. El problema no va a parar, pero la exposición internacional del caso de Concordia, forzará, probable-mente, a que las autoridades por años ciegas, abran los ojos y asuman su responsabilidad.

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Durante varias horas, la Administración Federal de Aviación, la FAA, prohibió los vuelos comerciales y civiles a menos de 18 mil pies de altura de El Paso, Texas, a Santa Teresa, Nuevo México, un pequeño corredor de seis kilómetros a lo largo de la frontera con México. La medida generó intensa especulación y rumores al advertir a las aerolíneas estadunidenses que volar en esa zona no era seguro. Poco después, el secretario de Transporte, Sean Duffy, informó en X que la FAA y el Departamento de Defensa habían neutralizado drones de los cárteles mexicanos que habían violado el espacio aéreo, eliminando el peligro para el tráfico aéreo comercial. La fiscal general, Pam Bondi, lo reiteró durante una audiencia en la Cámara de Representantes.
¿Qué significaron las declaraciones de Duffy y Bondi, respaldadas por funcionarios del Pentágono y la Casa Blanca? Que los cárteles mexicanos cometieron un acto de guerra en territorio estadunidense. Guardando toda comparación, una acción de esta naturaleza no se había visto desde el 11 de septiembre de 2001, cuando Al Qaeda realizó tres ataques terroristas –un cuarto se frustró camino al Capitolio– en las Torres Gemelas en Nueva York, y el Pentágono, en los suburbios de Washington. Sin embargo, no está tan claro que así haya sido.
La acción causó confusión en la clase política estadunidense, reflejada en los medios, que mostraron versiones encontradas. La de Duffy fue refutada por el alcalde de El Paso, Renard Johnson, y la diputada de esa ciudad, Verónica Escobar, que aseguraron que no había tal amenaza, acompañados por versiones de aerolíneas recogidas por Reuters que la suspensión de sus actividades se originó en un ejercicio del Pentágono para probar tecnología para contrarrestar drones de los cárteles a lo largo de la frontera. ¿O acaso fue solo un globo aerostático confundido con dron que derribaron en la frontera lo que detonó la alarma? No se sabe con certeza si fue verdad la invasión del espacio aéreo por parte de drones operados por los cárteles mexicanos, o no.
Es verosímil, sin embargo, reforzada por la coincidencia de declaraciones de altos funcionarios de la Administración Trump, que alimentaron las denuncias que las organizaciones criminales controlan buena parte del territorio mexicano, particularmente la frontera norte, lo que les permite elevar la presión pública sobre el gobierno de México para que acepte operaciones conjuntas militares y de la CIA contra los cárteles.
Sellar el espacio en esa zona generó inquietud y ansiedad. En los suburbios de El Paso se encuentra Fort Bliss, la tercera base militar más grande de Estados Unidos, y ahí se encuentra el Centro de Inteligencia de El Paso, operado por la DEA y donde recoger y analizar la información de 21 agencias policiales y de inteligencia sobre las posibles amenazas, en particular a lo largo de la frontera con México. El tema de los drones que se ven como amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos no es nuevo, y se arrastra públicamente desde la primavera de 2024, cuando se reveló la preocupación del gobierno de Joe Biden por la expansión tecnológica de China en México.
Pero la preocupación por aquellos drones eran por razones de espionaje, que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ignoró. Los utilizados por el narcotráfico hicieron su aparición en Tierra Caliente en Michoacán en 2017, con drones artesanales del Cártel Jalisco Nueva Generación. La atención sobre esta nueva forma de guerra surgió públicamente hasta julio del año pasado, cuando en una audiencia ante el Comité Judicial del Senado, Steven Willoughby, el director de la Oficina de Gestión del Programa de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (drones) del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que los cárteles mexicanos estaban realizando casi diariamente vigilancia “hostil” de los cuerpos de seguridad estadunidenses.
“En los últimos seis meses de 2024”, agregó, “se detectaron más de 27 mil drones a menos de 500 metros de la frontera sur, operando casi 60 mil vuelos, la mayoría de ellos conducidos de noche o en altitudes restringidas”. Willoughby recordó que en Ucrania y Medio Oriente se estaban utilizando los drones para realizar ataques cinéticos, que son aquellos que con fuerza y violencia dañan o destruyen objetivos y sistemas. “Es cuestión de tiempo para que (los cárteles mexicanos) ataquen a estadunidenses o a las fuerzas de seguridad”, agregó. El gobierno mexicano, desestimó su declaración.
En agosto del año pasado, escasos cuatro meses después de esa audiencia, se reveló en este espacio que los vuelos de drones espías estadunidenses se habían intensificado desde poco antes de la declaración de Willoughby –en cooperación con las autoridades mexicanas, aunque oficialmente se negó–, porque detectaron que un colombiano y un venezolano habían llegado directamente desde Ucrania a la región de Tierra Caliente en Michoacán para capacitar a los cárteles en esa zona del país.
Los sudamericanos, cuyos nombres no fueron revelados, pelearon con la 76.ª División Aerotransportada de la Guardia de Rusia, que forma parte de las fuerzas de élite aerotransportadas rusas, conocidas por su capacidad de despliegue rápido y movilidad excepcional. Se sumaron a una fuerza criminal que cuenta con mexicanos y extranjeros que han estado en guerras en Europa y Asia, pero con una capacidad muy distinta: el manejo de drones sin necesidad de radiodifusión.
Si el uso de drones se convirtió en una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos, el que se estuvieran capacitando grupos criminales en el manejo de naves no tripuladas sin radiodifusión escaló el conflicto de una manera vertiginosa. Los drones que operan sin radiodifusión son los autónomos programados (GPS/INS), que también se llaman “kamikaze”, que no emiten señales, por lo que son más difíciles de detectar y neutralizar. Una vez que son lanzados, buscan su objetivo mediante algoritmos de reconocimiento o preprogramación, sin tener que depender de ningún operador remoto.
La discusión desatada en Estados Unidos por la medida de la FAA tiene como fondo, cuando menos en la Administración Trump, la amenaza que significa la nueva tecnología en manos del crimen organizado. Los drones modificaron el combate contra las organizaciones mexicanas, en especial con el Cártel Jalisco Nueva Generación, que de acuerdo con fuentes estadunidenses es el más avanzado y sofisticado en tecnología. El combate contra ellos ya no es convencional, sino electrónico, como son las guerras hoy en el mundo.

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Los semáforos rojos se prendieron en Tequila mucho tiempo antes de caer preso el alcalde, Diego Rivera Navarro, que cometió dos errores absurdos que lo tienen hoy en la cárcel, con pocas probabilidades de salir libre en varios años. El primero fue cuando autorizó en marzo pasado una tocada de Los Alegres del Barranco que interpretaron corridos apologéticos de Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. El segundo fue en diciembre, cuando la empresa Tequila Cuervo lo denunció porque los estaban extorsionando para evitar que cerraran su planta en el municipio.
Rivera Navarro, que se creía doblemente protegido, por líderes en Morena y el grupo criminal, había cruzado una línea. Rindió protesta como alcalde de Tequila en octubre de 2024, surgido de las filas de Morena. Su filiación provocó que se señalara al ex líder del partido, Mario Delgado, como la persona que lo encumbró en ese municipio, clave para el CJNG porque es la supercarretera por donde viajan las drogas y los precursores químicos que envía la organización criminal a Nayarit, de donde se transportan a Estados Unidos.
Delgado, sin embargo, no era quien lo protegía. La fuerza política detrás de Rivera Navarro, de acuerdo con información que ha trascendido, es el ex senador José Alejandro Peña Villa, que se vinculó a Andrés Manuel López Obrador cuando fue delegado en Jalisco durante su campaña presidencial de 2018, de la mano de Gabriel García Hernández, quien era el brazo derecho del expresidente en los temas de estrategia electoral. García Hernández lo hizo su suplente en el Senado.
García Hernández dejó su escaño temprano en la legislatura porque fue nombrado coordinador general de Programas para el Desarrollo en la Oficina de la Presidencia.
Al menos dos veces por semana se reunía con López Obrador para diseñar la estrategia de dónde aplicar los programas sociales para obtener el mayor rédito político. García Hernández le encargó a Peña Villa construir la estructura de los llamados Servidores de la Nacional, el ejército electoral que operaba la coordinación y entrega del dinero de los programas sociales. Cuando García Hernández salió de la Presidencia en 2021, Peña Villa mantuvo el control de los Servidores y de al menos una cuarta parte de los consejeros de Morena en Jalisco. Sus relaciones se extendían también al ala dura de Morena, encabezada por el caricaturista de La Jornada, Rafael Barajas, El Fisgón, jefe de formación de cuadros del partido.
En esas mesas de estrategia y discusión se fueron decidiendo las candidaturas, y las listas, en su mayoría, le eran entregadas a Delgado para que las procesara. Rivera Navarro llegó por esa puerta, respaldado por Palacio Nacional, y palomeado por El Mencho, del cual, según fuentes estadunidenses, dependía directamente. No se sabe con precisión qué tipo de arreglos se pudieron haber hecho para conciliar el interés político con el interés criminal, pero el entonces gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, dejó pasar todo como parte de un acuerdo no escrito con el crimen organizado de no atacarlo a cambio de que le permitieran márgenes de gobernabilidad para terminar su sexenio.
En este ecosistema político-criminal se movía Rivera Navarro, que ignoró las alertas que cada vez sonaban más fuerte. Estados Unidos había cancelado la visa de turista a los integrantes de Los Alegres del Barranco, casi inmediatamente después de su concierto apologético de El Mencho, y a las pocas semanas, la Fiscalía de Jalisco lo citó a declarar sobre la investigación que habían abierto contra el grupo.
Rivera Navarro desdeñó aquellos pasos legales y pensando quizás que la protección se mantendría en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la emprendió contra Tequila Cuervo, cuya decisión, ante las presiones empresariales mexicanas y estadunidenses, obligaron al gobernador Pablo Lemus a forzar la corrección de la extorsión contra la tequilera. Un extracto de la investigación revelado por El Financiero, señala que las extorsiones eran para saldar una deuda con el CJNG de cuando menos 120 millones de pesos. Rivera Navarro, según informes estadunidenses, era parte de la estructura general de la organización criminal.
Que el gobierno de Sheinbaum haya decidido ir por Rivera Navarro, con sus antecedentes de apoyo dentro del régimen, no debe ser desdeñado. La operación la diseñó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, con información de inteligencia recabada en esa región de Jalisco, que junto con Michoacán, son las dos áreas más calientes en términos de combate al crimen organizado. La decisión de detener al exalcalde manda el mensaje que la presidenta repite de manera retórica: cero tolerancia. Sin embargo, esa frase tiene un antes y un después de Rivera Navarro.
Cinco estados, Jalisco, Colima, Guanajuato, Michoacán y el estado de México, en ese orden, es donde más han penetrado los cárteles las estructuras de poder municipal. En Jalisco, de acuerdo con informes federales, el control político territorial lo tiene el CJNG –lo mismo que en Colima–, pues como explicó un funcionario, aún si un alcalde no trabaja con ellos, los que se encuentran a su alrededor neutralizan sus acciones policiales. Este fenómeno se repite en otras entidades, como en Michoacán, donde también es la fuerza predominante en la mitad del estado; Guanajuato, dividido entre CJNG y Cártel Santa Rosa de Lima, o Sonora y Sinaloa, que pelean los chapitos y la mayiza.
Rivera Navarro abrió un camino que no se había querido explorar, el que políticos de Morena en diferentes niveles, puedan empezar a ser procesados. Lo que sucedió con el exalcalde de Tequila también es una señal para Estados Unidos, que había estado exigiendo un fin a la impunidad. Sheinbaum dio un primer paso, que parece pequeño, pero no lo es. Afecta una de las rutas importantes de trasiego de drogas del CJNG, y golpeó a un político que tenía la doble protección, de El Mencho y de altos ex funcionarios de López Obrador.
Esto es parte de una recalibración que está teniendo que hacer, aún contrario a su interés primario de blindar a los políticos del régimen, porque las cosas se han venido desbordando y no parece haber otra forma de corregir el rumbo de la penetración creciente en las estructuras de poder, salvo enfrentarlas y desmantelarlas, cueste lo que cueste, que eso es lo que sucedió en Tequila.

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Las imágenes son poderosas. Hugo Ortiz Aguilar mirando hacia abajo a dos asistentes limpiándole los zapatos, y Andrea Chávez en el salón de belleza del Senado, arreglándose el peinado. El contexto los aplasta: soberbia, arrogancia y privilegios. Lo que antes condenaban, ahora se lo apropiaron. La crítica los devora sin que puedan sacudirse el desprecio y descrédito que los baña, un búmeran de la estigmatización que impulsaron por años, que se ha estrellado en sus caras.
Chávez no es la única senadora que usa el salón en el Senado, donde este tipo de facilidades, que pueden verse en función de sus labores, más que privilegios, quedó como símbolo de un abuso a costa de los contribuyentes, arrastrada por un grupo con desprestigio que gana densidad cada día y por su protagonismo arrogante. El presidente de la Suprema Corte, incapaz de entender el rol que juega, aunque sea como marioneta del régimen, no calculó que paralizarse durante 15 segundos –contabilizados por el periodista Ciro Gómez Leyva–, lo iba a dejar como un desecho en el bote de la basura.
Fueron epílogo de una semana de figuras del régimen metidas en un chapoteadero.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, desesperada porque la alteración de sus cifras sobre inseguridad no puede modificar la percepción de su desgobierno, demandó el silencio de los medios, umbral de la censura, con argumentos mentirosos sobre lo que se hacía en el pasado, olvidando que su antecesora dijo en su momento que el éxito de su estrategia de seguridad era la buena percepción que tenían de ella los capitalinos.
Pero nada como el caso de la gobernadora de Campeche Layda Sansores, el más corrosivo de todos, no por su estridencia, sino porque hoy gobierna como si Morena fuera un adversario más. La fractura de su propio grupo parlamentario, el uso político del aparato del Estado y la normalización del conflicto permanente, han convertido a Campeche en un laboratorio del desgaste interno. Sansores no sólo confronta a la oposición, sino a su partido, a la prensa, a la crítica y, en el proceso, convierte a Morena en rehén de su estilo personal.
Morena no enfrenta hoy su principal desgaste en la acera de enfrente. Tampoco en Washington, ni en los mercados. Ni siquiera en los errores heredados del pasado. El mayor daño se lo están provocando algunos de sus propios cuadros, con actos y declaraciones que no sólo erosionan la narrativa de superioridad moral, sino que exhiben algo más delicado: la pérdida de disciplina política y de conciencia del poder que ejercen. Morena se está desgastando solo, desde dentro, por una combinación peligrosa de soberbia, falta de contención política y un protagonismo personal que ya no distingue entre el proyecto y el ego.
Aguilar Ortiz, Brugada, Chávez y Sansores no forman un bloque, ni responden a una misma lógica o comparten agendas. Pero sus comportamientos, vistos en conjunto, proyectan una imagen inquietante para un movimiento que llegó al poder prometiendo ser distinto. Sus casos comparten un hilo conductor: la incapacidad –o la negativa– de entender que el poder no se ejerce sin costos cuando se hace de espaldas a la percepción pública y a la disciplina política.
Aguilar Ortiz no es militante de Morena, pero se ha convertido en un pasivo político para la cuatroté, no por sus sentencias –pese a que como reveló El Universal, todas han favorecido al régimen–, sino por los símbolos. En política, los símbolos pesan tanto como las decisiones. La escena de subordinados limpiándole los zapatos, más allá de explicaciones o disculpas, conectó de inmediato con la narrativa que Morena dice combatir: privilegio, distancia, jerarquía. El problema no fue el acto en sí, sino la incapacidad de entender que el poder exige contención, sobriedad y congruencia. Y cuando un juez se vuelve insignia de arrogancia, el golpe no es jurídico, es moral.
Brugada juega en otra liga. Representa a la militancia dura, a la lógica de partido hegemónico en la Ciudad de México. No ha protagonizado escándalos, pero representa el otro problema de Morena: la reproducción de un poder territorial que ya se siente propietario del proyecto. Su fortaleza en la capital no le resta votos hoy en día, pero sí alimenta la percepción de que Morena empieza a parecerse demasiado a aquello que prometió erradicar: estructuras cerradas, candidaturas decididas en círculos reducidos y una narrativa de inevitabilidad. No daña por exceso, sino por acumulación. No dinamita a Morena, pero tampoco la oxigena.
Chávez encarna el error clásico del político joven que confunde visibilidad con impunidad. Los señalamientos por actos anticipados de campaña y el uso simbólicamente explosivo de recursos sensibles –como ambulancias– no sólo exhiben una falta de criterio, sino algo más grave: la idea de que las reglas son flexibles cuando se es parte del movimiento correcto. Morena ha construido su legitimidad sobre una supuesta superioridad ética. Cada vez que uno de los suyos actúa como si esa ética fuera opcional, el daño es doble.
Sansores es el caso más grave de la última semana. No fue por una declaración, sino por un estilo de gobierno que ha fracturado a Morena desde dentro. Conflictos con su propia bancada, endeudamiento opaco, confrontación permanente y el uso de herramientas legales como armas políticas. Campeche se ha convertido en el nido de algo que Morena decía no ser: autoritarismo envuelto en retórica de justicia. Ahí el daño no es simbólico; es estructural.
El problema para Morena no es que existan errores, todos los partidos los cometen. Tampoco que Morena tenga figuras polémicas; todos los partidos las tienen. El problema es que construyó su legitimidad sobre la idea de ser moralmente distinto. Cada acto de soberbia, cada abuso de poder, cada conflicto interno mal gestionado no se mide como error político, sino como traición al relato fundacional.
Durante años, el liderazgo carismático de Andrés Manuel López Obrador funcionó como árbitro, muro de contención y justificación. Hoy ese liderazgo ya no opera igual. Morena sigue siendo electoralmente fuerte, pero cuando el poder se ejerce sin límites internos, empieza a corroer. Y esa erosión no se combate con discursos. Se combate con control, con autocrítica y, sobre todo, con memoria de por qué llegaron al poder, que hoy, muchos de sus cuadros parecen haberlo olvidado.

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