Este jueves fue otro de esos malos días que se han hecho más frecuentes que ocasionales en Washington para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por un lado, una organización de derecha, profundamente conservadora y antiobradorista con fuertes vínculos con la Administración Trump, inició una conferencia de dos días en el Capitolio sobre el “narcoterrorismo” en México. Y por el otro, un artículo de una corresponsal con larga experiencia en México, en The New York Times, el diario más liberal e influyente de Estados Unidos, señaló que la mayor preocupación que tiene Sheinbaum, no son los cárteles, sino que desmantelarlos la confrontaría con miembros de su propia coalición gobernante, al ser varios de ellos parte de las estructuras del crimen organizado.
Es decir, desde lo más amplio del espectro de la opinión política en Washington, la conclusión es la misma: se está instalando en México un narcoestado. Se pueden argumentar las razones de este alegato, pero el peso político de la coalición gobernante es monumental.
La presidenta, que ganó con 59 por ciento de los votos, goza de una popularidad que ronda en los 70 puntos; es decir, sin importar lo que haga, solo tres de cada 10 desaprueban su gestión. Tiene Morena, el partido en el poder, 73 por ciento de la Cámara de Diputados, que le da la mayoría calificada para lo que se le antoje, al igual que en el Senado, donde controla 83 de los 128 escaños; 24 de las 32 gubernaturas. El 45 por ciento de todos los municipios están en sus manos. Gobiernan sin contrapesos, y tiene sometidos a la Suprema Corte, al INE y al Tribunal Electoral.
La licencia para delinquir tiene respaldo popular e institucional. Prácticamente nada de lo que sucede en la vida pública mexicana hoy en día, puede pasar sin el filtro o la sanción del régimen. El autoritarismo que se vive, ayuda al control social, pero al mismo tiempo, se convierte en el vaso comunicante de grupos criminales dentro del régimen, cuya percepción de ser parte orgánica del crimen organizado –al revés–, se está ampliando en el mundo. De ahí la relevancia del artículo que publicó Mary Beth Sheridan, ex jefe de la corresponsalía del Washington Post en México, en el Times.
Sheridan, actualmente miembro del Georgetown Americas Institute, retomó la reiterada afirmación del presidente Donald Trump de que Sheinbaum no gobierna en México, sino los cárteles de las drogas, algo que la presidenta, incluso esta semana, ha rechazado. Pero Sheridan sostiene que Trump parece perder de vista lo que hace a las redes criminales una amenaza duradera. “En 12 años cubriendo a México como periodista aprendí que la fuerza sola no puede acabar con los cárteles”, señaló.
“El problema no es simplemente que los grupos de narcotraficantes ataquen al Estado. Como otros partidos políticos en México, Morena, el partido de Sheinbaum, tiene múltiples miembros de alto perfil que enfrentan acusaciones serias de vínculos con el crimen organizado. Combatirlos no solo involucra a los narcotraficantes. Para Sheinbaum, esto también podría significar el desmantelamiento de los cimientos del poder local en México, y confrontar a los miembros de su propia coalición”.
Las referencias a los lazos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y funcionarios de su gobierno, gobernadores o figuras prominentes de su coalición, fueron minimizadas por los corresponsales extranjeros durante años hasta fechas recientes, donde finalmente voltearon a ver el fenómeno. En el Capitolio, senadores y diputados vieron más lejos que la prensa de su país y comenzaron a criticarlo en audiencias. No avanzó la crítica hacia una política del gobierno, hasta que volvió Trump a la Casa Blanca, donde modificó el enfoque de la relación bilateral con México, desde una de socio comercial, a otra como riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Este cambio de enfoque no está bien entendido en México, como escribió hace unos días Jacquez Rogozinski en El Financiero, en un luminoso artículo, lo que dejó vacíos para que los grupos de interés conservadores y de derecha fueran fortaleciendo sus relaciones con sus pares en Estados Unidos. Una valoración muy equivocada es, por ejemplo, descalificar al exactor y activista Eduardo Verástegui, porque su pensamiento de extrema derecha no tiene suficiente piso de amarre en México, y riéndose de sus viajes a Washington. Verástegui, sin embargo, no solo tiene acceso privilegiado a la Casa Blanca, sino es amigo de los hijos de Trump, quien, por su parte, lo tiene en buena estima.
Bajo los mismos criterios, se ha minimizado la “cumbre” de la Conferencia de Acción Política Conservadora, la CPAC, que es la que convocó a la reunión sobre México, la crisis de fentanilo y el narcoterrorismo en el Caucus Room, en el edificio Cannon de la Cámara de Representantes, que nadie, salvo el Congreso o un miembro de la cámara baja puede utilizarlo para ningún evento, al participar varias diputadas y diputados republicanos de Florida, el estado donde se encuentran algunos de los cocineros de la política hacia América Latina que está aplicando el secretario de Estado, Marco Rubio.
La CPAC, presidida por Matt Schlapp, que fue director político en la Casa Blanca durante el primer mandato de George W. Bush, y su esposa Mercy, directora de Comunicaciones Estratégicas de Trump en su primer gobierno, convocó a figuras claves, como Sara Carter, directora de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, quien tiene un gran conocimiento de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, y fue quien ha sembrado el concepto en su gobierno del fentanilo como una “arma química”.
Son previsibles sus posiciones y discursos, pero lo más importante, son el foro, los anfitriones y el eco en Washington, acompañado por el artículo de Sheridan, que apuntó que la supervivencia política de Sheinbaum está en juego y es poco probable que libre “la guerra” total contra los cárteles que exige Trump, por las relaciones criminales de varias figuras de Morena. “Actuar con mayor firmeza contra los políticos corruptos podría enfrentarla a funcionarios del partido que podían socavarla y debilitar a Morena de cara a las elecciones” del próximo año, que es algo que ni ella, ni López Obrador, ni nadie del régimen desea, porque significaría el principio del fin de lo que pensaban sería la eterna cuarta transformación.

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Dos figuras estelares del régimen tienen serios problemas en su horizonte: el senador Adán Augusto López Hernández, y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Ambos tienen investigaciones abiertas en Estados Unidos y han ido perdiendo apoyo en Palacio Nacional, aunque públicamente se diga lo contrario. Aunque cuentan con el respaldo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, nuevas pistas que presuntamente los vinculan con el crimen organizado se están agregando a sus expedientes.
Los nuevos señalamientos directos de Washington contra López Hernández se encuentran en el antecoro de su renuncia a la coordinación de Morena en el Senado. Es cierto lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum que no le pidió que lo hiciera, porque sabía que una iniciativa de ella en ese sentido sería rechazada en Palenque. El senador se fue de la coordinación, pero mantiene la protección del fuero.
El caso de Ávila es todavía más serio, porque su nombre ha sido puesto sobre la mesa en las reuniones de los enlaces de los gobiernos de México y Estados Unidos en el tema de la seguridad, donde se ha estado hablando de su licencia a la gubernatura. El mensaje le fue transmitido hace 10 días por el secretario de Educación, Mario Delgado, que como presidente de Morena tuvo una activa participación para que fuera electa. Esa reunión fue pública, pero no generó mayor interés. Los detalles de lo que le dijo se mantienen herméticos. Lo que ella pueda haber alegado o planteado como solución, también se desconoce.
La gobernadora es una de las poco más de 100 funcionarios y políticos a quienes el Departamento de Estado les ha cancelado la visa, que es el componente político de las decenas de miles que han sido suspendidas y que no se encuentran en la política o cuyas relaciones son exclusivamente criminales. No se sabe si le han suspendido la visa al senador López Hernández.
Los bienes en Estados Unidos del senador, su esposa, sus familiares y sus socios, de acuerdo con información en el gobierno, están bajo investigación en Estados Unidos, donde exploran la posibilidad de congelar sus activos en ese país, que sería el primer paso para determinar si se les abre un proceso judicial en el Departamento de Justicia.
De sus socios, uno llamó la atención al ser mencionado por nombre por los estadunidenses que sirven de enlace con el gobierno de Sheinbaum, Luis Montaño García, un empresario del Estado de México que aspira a la alcaldía de Atizapán por el Partido Verde, que es socio de una financiera a través de la cual vende y renta vehículos especializados al IMSS, ISSSTE y CFE, así como arrenda patrullas a varios gobiernos estatales.
No está claro porqué es un persona de interés de Estados Unidos, pero dado su involucra-miento en la pacificación frustrada en Michoacán, un hilo conductor pueden ser los contratos millonarios que ha obtenido del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla para equipar a las policías locales, que de acuerdo con funcionarios mexicanos y estadunidenses, trabajan en una buena parte para el crimen organizado.
El desplazamiento de López Hernández de la coordinación en el Senado es lo más que pudo hacer la presidenta Sheinbaum para no tensar más su relación con el ala dura del obradorismo, que a través de sus propagandistas en los medios ha venido exigiendo una mayor dureza con el gobierno estadunidense, al mismo tiempo de señalar que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, es complaciente con Washington.
El senador quedó blindado con el fuero, que también tiene la gobernadora Ávila, que ha estado involucrada en asuntos del crimen organizado –que ella niega–, desde que le cancelaron la visa estadunidense en mayo pasado. Ávila era una de las gobernadoras preferidas del régimen, pero esto ha cambiado ante las denuncias de corrupción de Carlos Torres, de quien se divorció en octubre, que dio origen a una investigación en la Fiscalía General de República.
Torres, a quien también le suspendieron la visa, publicó la semana pasada un video en las redes sociales donde negó ser criminal y aseguró que la denuncia anónima que dio pie a la investigación, está relacionada con la elección para la gubernatura de Baja California el próximo año.
La gobernadora y su ex esposo, de acuerdo con información de inteligencia mexicana, estuvieron involucrados en un conflicto en Baja California hace más de tres años, por el reacomodo de cárteles en la plaza de Tijuana, y una investigación realizada en México con el apoyo de la DEA, la señaló como una de las siete candidatas a gobernador en 2021, cuya campaña recibió dinero de Sergio Carmona, El Rey del Huachicol.
Aunque el nombre de López Hernández ha sido el de mayor frecuencia en las conversaciones de altos funcionarios estadunidenses con la presidenta para que actúe penalmente contra él y sus acciones presuntamente criminales no queden impunes, es el de Ávila el que se ha barajeado específicamente en las recientes mesas de trabajo sobre seguridad entre ambos países, en donde se ha planteado la posible solicitud de licencia de la gobernadora, allanando el camino para que se le abra una causa legal.
La respuesta en la Presidencia a las presiones estadunidenses, que trajeron un primer resultado en el más alto nivel del régimen con la renuncia de López Hernández a la coordinación, muestran la creciente falta de espacio de maniobra de la presidenta y la aceptación que se tiene que enviar señales de que está tomando decisiones sobre políticos del obradorismo para evitar impunidad. Con López Hernández, Sheinbaum no ha tenido problema en ser fría y distante, y con ese tono que patea todo, decir que la decisión fue suya. Con Ávila, volvió a mostrarle apoyo en su reciente visita a Baja California, y dijo que la coordinación con el gobierno federal, especialmente en el tema de la seguridad, era muy buena.
Los zigzagueos de la presidenta se han vuelto frecuentes, y lo que dice hoy, no necesariamente lo repetirá mañana. La presión sobre López Hernández finalmente dio un resultado, aunque salomónico, manteniéndolo cuidado y protegido. En reuniones siguientes se verá la reacción estadunidense por seguir blindándolo, y de Palenque por el acuerdo alcanzado con Sheinbaum. Con Ávila, en cambio, su futuro ya se está diseñando.

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El presidente Donald Trump lanzó el lunes otra provocación ruin y humillante a México y, en particular, a la presidenta Claudia Sheinbaum. En un mensaje inédito de la Casa Blanca, Trump celebró el 178 aniversario “del triunfo de nuestro país en la guerra México-Estados Unidos, una victoria legendaria que aseguró el suroeste estadunidense, reafirmó la soberanía estadunidense y expandió la promesa de independencia a todo lo largo de nuestro majestuoso continente”. Para nosotros, mexicanas y mexicanos, fue una intervención militar que comenzó con la anexión de Texas y terminó con el robo del 55 por ciento de nuestros territorio.
“Guiados por la firme convicción de que nuestra nación estaba destinada por la divina providencia a expandirse hasta las doradas costas del Océano Pacífico, tras la sangrienta Guerra de 1812, Estados Unidos avanzaba con confianza hacia el oeste y emergía con audacia como una superpotencia continental sin precedentes en el mundo moderno”, agregó en el texto oficial.
“El pueblo de Texas declaró su independencia de México en 1836 y, para la primavera de 1846, votó a favor de unirse a Estados Unidos, lo que obligó a un ajuste de cuentas por las disputas fronterizas pendientes. Ese abril, las fuerzas mexicanas lanzaron una emboscada a lo largo del Río Grande, matando a 11 soldados estadunidenses e hiriendo a 6”.
Nuestra historia dice otra cosa. México, ciertamente, tenía marginado buena parte de su territorio, pero no lo había abandonado. También estaba enfrascado en una feroz lucha entre los centralistas, que eran los conservadores que habían asesinado a Vicente Guerrero, y los federalistas, los liberales que querían restaurar la Constitución de 1824. Aprovechando la debilidad interna y disputas fronterizas, el presidente James K. Polk, en su sueño de expandir Estados Unidos hasta el Pacífico, estimuló el movimiento separatista en Texas y buscó comprarlo por prácticamente cacahuates.
“Con la promesa del Destino Manifiesto latiendo en el corazón de cada estadunidense, el presidente James K. Polk actuó con rapidez para defender la seguridad de nuestra nación, nuestra dignidad y nuestras fronteras soberanas. En mayo de 1846, Estados Unidos declaró la guerra a México, con dos titanes estadunidenses –los generales Zachary Taylor y Winfield Scott– al frente”, agregó Trump.
“A pesar de su gran inferioridad numérica en combate, las fuerzas estadunidenses se alzaron con la victoria gracias a su superior estrategia militar, sus modernas capacidades militares y su firme devoción por la protección del interés nacional. Tras una serie de victorias en los territorios mexicanos de California y Nuevo México, en una victoria triunfal para la soberanía estadunidense, Estados Unidos capturó heroicamente la capital, la Ciudad de México, en septiembre de 1847, allanando el camino para el Tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848”.
Mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo, México “cedió” a cambio de 15 millones de dólares –593 millones de dólares a valor actual– Arizona, California, Colorado, Nevada, Nuevo México, Utah y Colorado, además de reconocer la anexión de Texas. El Tratado se firmó el 2 de febrero de 1848 en la Villa de Guadalupe Hidalgo, en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, y fue ratificado por el Congreso mexicano el 25 de mayo. El Senado estadunidense, tras un fuerte debate por la oposición de los Whigs –pro-empresarios, nacionalistas y opuestos al poder ejecutivo que tenían los demócratas– por su rechazo a la Doctrina Monroe, lo aprobó el 10 de marzo.
Aunque jurídicamente el Tratado fue ratificado, ha sido polémico durante todo este tiempo, al cuestionarse en México su validez histórica por haber sido firmado bajo ocupación militar. El Senado estadunidense le hizo modificaciones importantes, como eliminar los artículos que garantizaban la protección y validación de las concesiones de tierras otorgadas a los ciudadanos mexicanos por los gobiernos de España y México en los territorios cedidos, facilitando la expropiación de tierras a mexicanos, y condicionando la ciudadanía a la discreción del Congreso estadunidense y limitando sus derechos civiles. Los legisladores mexicanos tuvieron que aceptarlas por la imposibilidad de continuar la guerra.
Ese episodio ha marcado a generaciones en este país. A Ignacio Ramírez, El Nigromante, se le atribuye la frase de que la pérdida territorial dejó una cicatriz permanente en la conciencia y la geografía nacional mexicana, que con su declaración infame, Trump atropella. “En este aniversario de una de las primeras demostraciones de poderío militar de nuestra nación… honramos la memoria de los valientes hombres que dieron su vida al servicio de nuestra nación”, afirmó. “Guiado por nuestra victoria en los campos de batalla de México hace 178 años, no he escatimado esfuerzos para defender nuestra frontera sur contra invasiones, defender el estado de derecho y proteger nuestra patria de las fuerzas del mal, la violencia y la destrucción”.
¿Qué pretende? Trump no es un loco, ni mucho menos. Considerarlo así es no entender nada de lo que está pasando. Celebrar la intervención de esa manera buscaba una enérgica respuesta presidencial. Sheinbaum, como hace con todas las cosas y los temas, minimizó la provocación y dijo que ella no era como Antonio López de Santa Ana, el presidente durante la intervención. Su fórmula de voltear al pasado para enfrentar el presente, cada vez está más vacía, pero en esta ocasión fue lo mejor, aunque por diferentes razones, porque sigue sin comprender, por su mala información, las jugadas en Washington.
La declaración de Trump tiene una razón de ser: el Departamento de Estado, según funcionarios estadunidenses, está realizando una revisión jurídica y política del Tratado Guadalupe Hidalgo. ¿A dónde llevaría? Jurídicamente, probablemente a ninguna parte, pero no deja de ser importante que ese análisis en Washington tenga su propio corolario Trump, con la conmemoración de un episodio doloroso para México que a nadie se le olvida.
Un país como Estados Unidos, que desde la intervención en el siglo XIX buscó anexar Baja California, hoy todavía una península estratégica en las rutas marítimas de Asia, y que desde los 50’s han visto con ojos de deseo nuestros campos petroleros, no debe tratársele ligeramente, no por lo que pueda hacer en concreto, sino por las presiones que con diferentes variables puede ejercer eficazmente contra México, hoy tan dividido como en aquel entonces, y sin un liderazgo que esté buscando conciliar, sino que mantiene como estrategia exacerbar la polarización.

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El gobierno de México tiene que ver, porque no lo está haciendo, que Estados Unidos está levantando muros políticos, diplomáticos y militares alrededor de este país para dejarlo aislado. El presidente Donald Trump aprendió con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que el verdadero triunfo no estaba en el insulto, sino en la obediencia silenciosa. La misma receta, pero reciclada con notable aumento en la beligerancia, la ha aplicado con la presidenta Claudia Sheinbaum, que está enfrentando la verdadera geometría del poder: reducir el espacio del otro hasta que moverse sea imposible.
Trump y su equipo latinoa-mericano están jugando ajedrez cantando por adelantado sus movimientos, pero éstos han pasado desapercibidos en el gabinete mexicano pese a que las piezas que se están moviendo frente a sus ojos son monumen-tales. La dupla Sheinbaum / López Obrador (el expresidente es fundamental por su peso y ascendencia en el gobierno) ha perdido aceleradamente aliados: Nicolás Maduro, preso en Brooklyn, y el nuevo gobierno aceptando su condición de protectorado; Gustavo Petro, prefirió plegarse a sufrir una intervención militar; Xiomara Castro, en vísperas de entregar la presidencia hondureña, restituyó acuerdos que había cancelado con Washington, y Cuba está doblada y viendo cómo se acomoda a lo que parece inevitable: un cambio de régimen.
La dupla Sheinbaum / López Obrador dejó de cuestionar y condenar la intervención militar en Venezuela y la extracción de Maduro, donde se habían quedado solos, incluso de los propios venezolanos. No apoyaron a Petro, ni cuestionaron las elecciones en Honduras. Otro amigo del binomio, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó a mediados de enero estado de sitio por un mes, para enfrentar a las bandas criminales. Sheinbaum le ofreció ayuda, pero Arévalo la ignoró; aceptó que tropas estadunidenses vigilaran el Suchiate, la frontera con México. Y al norte, Trump sugirió que la frontera sur fuera vigilada por tropas de la OTAN, que está buscando que sean colombianas, al ser ese país un “socio global” –el único en América Latina– de ese pacto militar.
En el último reacomodo geopolítico, la conservadora Laura Fernández ganó el domingo la elección presidencial en Costa Rica en la primera vuelta, con lo cual el dominó que está expulsando a la izquierda del poder en la región siguió avanzando. El resultado de la elección tica tiene mucho más gravitas del que se aprecia. Más importante que la ideología, la victoria de Fernández era estratégica para Estados Unidos para que sea desmantelado lo que afirman funcionarios de ese país, es el principal centro de espionaje tecnológico chino en América del Norte.
Costa Rica, agregaron los funcionarios estadunidenses, era fundamental para cercar a Nicaragua y comenzar las acciones políticas que creen las condiciones para el final del régimen de los dictadores Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. La pinza, en esta penúltima etapa del control estadunidense en el hemisferio, como lo anunciaron con la nueva estrategia de Seguridad Nacional, el llamado “corolario Trump” a la Doctrina Monroe, es Cuba, cuyo presente se ha convertido en un duelo de declaraciones entre Sheinbaum y Trump.
Sheinbaum dijo que no habían hablado de Cuba en su conversación telefónica, y Trump aseguró lo contrario días después. La presidenta reiteró que no fue así, y ya nadie sabe el siguiente episodio de la retórica bilateral. Pero en los hechos, México suspendió sus envíos de petróleo a la isla, como venían pidiendo diplomáticos estadunidenses desde diciembre, y no hay para cuándo se renovarán.
Sheinbaum anunció que se enviaría un paquete de ayuda humanitaria con alimentos y productos básicos, pero hasta ayer, no tenía claro lo que haría. Hasta en esto ha llegado tarde. Por razones humanitarias, desde mediados de enero Estados Unidos envió ayuda a Cuba, publicando un listado preciso del primer cargamento, pero advirtiendo que se distribuiría a través de la Iglesia católica y “nuestros socios” para evitar que se desvíe al “régimen ilegítimo”. México piensa hacerlo a través del gobierno en La Habana.
No tendrá problemas México con esto, pero no debe ser visto en el contexto de ganadores y perdedores en una batalla pírrica. Alimentos y productos básicos, como los que envió Estados Unidos, sirven como una pequeña puerta por donde se despresurice la tensa situación en la isla, y que las negociaciones para la capitulación del régimen, no sean motivo de sabotajes internos de la vieja guardia castrista, o un estallamiento social nativo por la explosión de sus frustraciones, ansiedades y expectativas.
El gobierno de Sheinbaum debe haber aprendido la lección de Venezuela, donde su voz e indignación llegó a ser más encendida que la de los chavistas en Caracas, para no repetir el error. Cuba está en un proceso acelerado de apaciguamiento con el presidente Trump, a quien están tratando de convencer de que lo que le dicen del régimen en La Habana, es falso, que fue lo mismo que, en discursos, hizo el depuesto presidente Maduro.
El Ministerio de Relaciones Exteriores cubano publicó el domingo un comunicado donde expresó su compromiso de cooperar con Estados Unidos y otras naciones para fortalecer la seguridad regional e internacional, asegurando que no albergaba, ni apoyaba o financiaba a organizaciones terroristas o extremistas, y que “cualquier interacción pasada que haya involucrado a personas posteriormente designadas como terroristas, ocurrió únicamente en contextos humanitarios limitados, vinculados a procesos de paz reconocidos internacionalmente a solicitud de sus respectivos gobiernos”. Entre esos grupos caben el Cártel de Sinaloa, las FARC, el ELN, Hezbolá y Hamas.
Este deslinde sirve para fines públicos y propagandísticos, pero no prosperará. Funcionarios estadunidenses han apuntado a Cuba como la mente maestra para ir penetrando las instituciones democráticas en América Latina para llegar al poder y desde ahí, mediante el control del Poder Judicial –para cambiar las leyes– y la corrupción de las Fuerzas Armadas –encargándoles obras públicas ajenas a sus responsabilidades–, desmantelar las democracias.
La suerte de Cuba está echada. Rusia y China declaran pero no actúan. Se ha quedado sin apoyos, salvo el de México, que también se está quedando aislado. Ayer, Granma, órgano del Partido Comunista, publicó quiénes han mostrado solidaridad con Cuba en el mundo, reflejando, sin embargo, no solo lo limitada que ha sido, sino la ausencia de posiciona-mientos gubernamentales, salvo el mexicano, donde se encuentra, no hay que olvidar, la joya de la corona.

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El asesinato de la tía y la prima del secretario de Educación, Mario Delgado, es una prioridad en la estrategia de seguridad, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin pacificar Sinaloa, la estrategia de seguridad será un fracaso, dijo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, al arrancar el gobierno. La incidencia delictiva va bajando; hay menos homicidios dolosos, reportan cada semana. La otra cara es que el gobierno está metido en serios problemas: sus estadísticas son cuestionadas por manipulación –reclasificación de delitos y silencio sobre desaparecidos– y, aún si se otorgara el beneficio de la duda, la calidad de la violencia va creciendo, acercándose a la cima del poder.
Lo último es el asesinato de los familiares del secretario de Educación en Colima, directo en su casa en el centro de la capital, donde un grupo armado las ejecutó. Su tía y su prima eran pasteleras, alejadas de la política y sin problemas con delincuentes, salvo los de muy baja estofa, que según el hermano del secretario, Felipe Delgado, diputado federal del Verde, solo en algunas ocasiones personas de un picadero cercano se había cruzado por la azotea de su casa.
Los reportes preliminares del crimen no apuntan a un asesinato circunstancial, sino uno premeditado al entrar a su casa, en el centro de la capital, bien entrada la madrugada y dispararles repetidamente. Los asesinos huyeron y la policía, alertada por los vecinos del tiroteo, actuó con una rapidez que no se había visto en otros crímenes de alto impacto y que pocas horas después localizaron el vehículo en el que presuntamente se trasladaron los sicarios, enfrentándose con ellos y abatiendo a tres.
Si esto es cierto y no un montaje para desviar los móviles reales del crimen, el asesinato fue ejecutado por un comando, aunque llama la atención que hubiera sido en la madrugada y no a cualquier hora del día, como suelen hacer los sicarios de los cárteles. La diferencia de método abre la probabilidad de que este crimen no haya sido cometido directamente por una organización criminal, sino que se trate de un atentado político, con un mensaje para el secretario de Educación, que está perfilado para ser el candidato a gobernador en Colima.
Informes del gobierno federal elaborados desde el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador dan sustento a la hipótesis, que mencionan que Colima era controlado –su descripción es “gobernado”–, por un priista influyente que es muy cercano a la gobernadora de Morena, Indira Vizcaíno, que tiene lazos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, que controla el puerto de Manzanillo, desde donde maneja el tráfico de cocaína desde Colombia –un importante número de contenedores con la droga que llegan ahí, termina en España–, y que es la principal puerta de entrada de los precursores químicos para fabricar metanfetaminas y del fentanilo chino que termina en el mercado estadunidense.
Colima es la entidad con mayor número de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. El estado cerró el año pasado con una tasa de alrededor de 50 asesinatos dolosos por cada 100 mil habitantes, por encima de los estados más calientes del país, como Sinaloa, Guanajuato, Jalisco o Baja California, aunque en números absolutos ocupe el lugar 17. La violencia está directamente asociada con el control del Puerto de Manzanillo, que pelean grupos como el Cártel Independiente de Colima, una escisión del Jalisco Nueva Generación, y el Cártel de Sinaloa, que nunca ha podido apoderarse de esa puerta marítima de entrada estratégica para el narcotráfico.
La eventual llegada de Delgado a la gubernatura, en la hipótesis basada en el informe sobre las vinculaciones del Jalisco Nueva Generación con las más altas esferas de poder fáctico en el estado, es una amenaza para el control histórico que tienen sobre Manzanillo, porque el secretario de Educación ha sido vinculado en investigaciones de la DEA y la Marina mexicana como un operador electoral que benefició y se benefició políticamente del Cártel de Sinaloa.
Las investigaciones federales en México y Estados Unidos señalan que Delgado manejó exitosamente siete elecciones de gubernaturas para Morena en 2021 con dinero del Cártel de Sinaloa, a través del empresario Sergio Carmona, que operaba una red de huachicol en Tamaulipas, que fue asesinado a finales de aquel año en una peluquería en San Pedro Garza García, Nuevo León. Tras el crimen, su hermano Julio se convirtió en testigo protegido y ha seguido aportando información relacionada con la narcopolítica de Morena.
El hecho que el método de ejecución no se asemeje a la tipología de los cárteles, no elimina los cruces entre política y crimen. Todo lo contrario. Si el origen del asesinato, siguiendo con la hipótesis basada en los informes confidenciales del gobierno, viene del sector político colimense, este se encuentra vinculado con el Nueva Generación, para quienes un gobernador con ligas a Sinaloa no es conveniente para sus fines. El asesinato, en este contexto, sería un aviso político-criminal para Delgado.
No se sabe a dónde llevarán las investigaciones, y menos aún en lo que se concluirá para consumo público. Hemos visto el encubrimiento de asesinatos de alto impacto para evitar que escalen lo que fueron en realidad, crímenes políticos; silencios para que las investigaciones se olviden, o disimulos en tragedias que llevarían a las más altas esferas del régimen, culpando a chivos expiatorios. La expectativa de justicia y esclarecimiento del crimen que reclamó el secretario de Educación, es retórica. Sabe el enjuague del régimen al que pertenece y los costos que tienen las ambiciones políticas hoy en día.

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Las fotografías de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional en sus dos últimas conversaciones telefónicas con el presidente Donald Trump muestran quién tenía la urgencia de hablar con su contraparte. En la penúltima, el 12 de enero, ante las amenazas de intervención militar en México tras la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela, Sheinbaum necesitaba disipar el humo y clarificar cosas, por lo que aceptó –por razones desconocidas– comunicarse a través del equipo encriptado del gobierno de Estados Unidos. La última, ayer, lo que sugiere que era Trump quien tenía ahora la urgencia de hablar con ella fue otro símbolo: el equipo de comunicación utilizado fue el mexicano.
No sería para menos. La captura de Bryan Weeding, perseguido por Estados Unidos durante una década por delitos de narcotráfico, se realizó sin informar a las autoridades consulares de Canadá, de donde es súbdito, por un acuerdo secreto entre los dos países cuyo manejo público llevó a una situación, que debieron evaluar, podría quebrarse, agravado por el protagonismo de la fiscal Pam Bondi y el director del FBI, Kash Patel, que aseguraron que Wedding había sido capturado por una unidad de élite suya, desnudando al gobierno mexicano, que repite que no hay operaciones conjuntas en su territorio.
En sus comunicaciones personales sobre la llamada, Sheinbaum y Trump no dijeron nada al respecto. La presidenta buscó recuperar legitimidad ante la opinión pública apoyándose en el mensaje de su contraparte, que la volvía a empapar de miel. En la suya, Sheinbaum fue menos específica sobre los puntos tratados, pero por su lenguaje de cuerpo, que suele ser más claro que su palabra, se veía contenta. No volvieron a hablar de participación militar de Estados Unidos en México, resaltó, buscando sellar con ello cualquier duda sobre acciones conjuntas, cuya negación, al menos pública, es un mantra del régimen.
No se sabe si el arreglo de la llamada fue antes o después de que anoche el periódico The Wall Street Journal, revelara que la captura de Weeding fue una operación conjunta entre las fuerzas de seguridad mexicanas y la Unidad de Rescate de Rehenes del FBI, que volvió a poner en entredicho a Sheinbaum y a la cooperación entre los dos países. La presidenta, apelando a un acto de fe de quien la escuchara, hizo una negación selectiva a partir del encabezado del diario que hablaba de una “redada” del FBI, pero sin desmentir la sustancia de la revelación, sino confirmando que fue conjunta con los mexicanos. Su versión que se había entregado en la Embajada, quedó 50 metros bajo tierra. Su dicho que no sabía cómo había sido la detención de Wedding, enterrado todavía más.
La llamada de Trump parece un control de daños, porque Patel había ido más allá de sus instrucciones. Sheinbaum lo recibió por petición del secretario de Estado, Marco Rubio, y el propósito era concretar un protocolo de intercambio de información para detener a los líderes restantes de los cárteles, y que de paso fuera testigo de primera mano de cómo la cooperación estaba dando frutos, con la detención de César Alejandro Sepúlveda, El Botox, líder del grupo criminal en la zona limonera de Michoacán, y de Weeding.
Patel y su jefa Bondi tensaron la relación con México, luego que la presidenta había aceptado finalmente, permitir operaciones conjuntas no militares contra criminales en territorio mexicano, que se mantendrían en secreto porque es algo muy costoso frente al ala radical del régimen.
Sheinbaum mantuvo su silencio y negación sobre lo que acordó en privado, y ayer reiteró que el único nivel de cooperación es sobre intercambio de información, volando sin ver el párrafo 14 del despacho del Journal –del que tampoco nadie le preguntó en la mañanera–, que el FBI estaba mapeando otros objetivos en territorio mexicano para realizar operaciones conjuntas con las fuerzas nacionales. El lunes pasado en este espacio se mencionaron tres objetivos sobre los cuales hay planes de acción.
Los acuerdos a los que llegaron los dos gobiernos tienen como contexto la inevitabilidad de que el rechazo mexicano los contuviera. Hace poco más de dos semanas, en comunicaciones informales, les dijeron que habían incrementado los vuelos sobre territorio mexicano a alturas que no alcanzan a registrar sus radares, con el propósito de que estuvieran enterados. A los funcionarios mexicanos les dolió, pero no protestaron. La opción fue autorizar, al menos en forma, que se realizaran.
Funcionarios estadunidenses dijeron que la mayoría de los vuelos de aviones militares y civiles tienen como propósito recolectar información e intervenir las comunicaciones de los grupos criminales, que algunos de ellos realizan a alturas que puedan ser “vistos” por los rastreadores comerciales de aviones. Un ejemplo se dio en la última semana, al ser “visto” por la aplicación Flightradar24 un Poseidón, un Boeing P-8A, que es un avión artillado de reconocimiento y con gran capacidad para recolectar información de inteligencia, sobrevolando desde aguas internacionales las penínsulas de Baja California y Yucatán.
El P-8A Poseidón ha convertido la península de Baja California es una zona de constante recolección de información e intervención de comunicaciones permanente, desde el primer vuelo que se registró en febrero del año pasado, días después de asumir Trump la Presidencia. Salvo en una ocasión conocida, el 3 de febrero pasado, ninguno ha volado sobre territorio mexicano. El viernes anterior voló en la zona de Tijuana –antes llegaba hasta San Quintín, mientras que en la otra punta del país una nave similar voló por Coatzacoalcos, la zona petrolera y Mérida. El martes hubo otro vuelo por Tijuana y uno más en el Golfo hasta Martínez de la Torre, Veracruz.
Los vuelos, que subirán su frecuencia, son las primeras autorizaciones de la presidenta Sheinbaum por las presiones del gobierno de Trump. Con esto, el jefe de la Casa Blanca no tiene que seguirla presionando para que acepte acciones militares en territorio mexicano, porque en la práctica, ya las permitió, aunque no para el combate de criminales, como quiere él, sino para recoger información que les permita a unidades civiles, como la que participó en la captura de Weeding, actuar en este país.
La presidenta Sheinbaum ya no tiene espacio de maniobra, y está cediendo lo menos por más, en términos de interés nacional: dar criminales para salvar el acuerdo comercial norteamericano.

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A la pregunta de cómo describir una mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, con las contradicciones, omisiones, frases inentendibles y zigzagueos como ha caído en los últimos días la conferencia matutina en Palacio Nacional, el ChatGPT, que procesa la información pública que circula en el universo digital, respondió con una sátira, ironías, repeticiones, muletillas, pausas discursivas y el ritmo circular característico del formato:
“Buenos días, buenos días, buenos días. Antes que nada, agradecerle al pueblo de México, porque el pueblo es mucha pieza, porque el pueblo es sabio, porque el pueblo está consciente, aunque hoy no tengamos tiempo para preguntas incómodas, pero mañana, pasado mañana, o cuando sea necesario.
“Vamos a hablar de dos cosas que no son dos cosas distintas, sino la misma cosa: que todo va bien… aunque claramente no todo va bien.
“Porque miren, en la Cuarta Transformación las contradicciones no son contradicciones, son procesos dialécticos de profundización histórica. Es decir: si ayer dijimos A y hoy decimos no-A, en realidad seguimos diciendo A, pero con mayor conciencia. Y eso, compañeras y compañeros, se llama coherencia transformadora”.
La presidenta heredó una liturgia, no un formato. La mañanera no es una conferencia de prensa: es un altar. Es un espacio sagrado donde los datos se bendicen, las gráficas se purifican y las preguntas se exorcizan. Pero, a veces se olvida, los altares funcionan mientras la fe es suficiente o, cuando el púlpito lo ocupa un personaje como Andrés Manuel López Obrador, cínico, vago, con una legitimidad tan sólida que cualquier cosa, por más inverosimil y falsa que fuera, se le resbalaba.
Sheinbaum no es López Obrador; de hecho, nadie en la memoria de los presidentes mexicanos puede llenar la horma de él. La inventó como gobernante de la Ciudad de México, para que no hubiera vacíos de información y que las noticias que llenaban los noticieros de radio matutinos en 2000 de robos a personas y cajeros automáticos, no dañaran la imagen de su autoridad. La volvió plataforma de interloción nacional, y cuando llegó a la Presidencia la volvió una herramienta de propaganda y una hoz para cortarle la cabeza a quien se le atravesara. El modelo se lo impuso a Sheinbaum, sin entender que ella o cualquier otro, no podría manejar una lancha si solo podía conducir un automóvil.
Los resultados lo demuestran. El modelo de comunicación, copia casi pura del obradorista, se ha ido agotando aceleradamente, proporcionalmente, se puede argumentar, al incremento de presiones del gobierno de Donald Trump y al nuevo orden que está dibujando, produciendo un caos sin que la presidenta pueda ordenar su propio caos.
Durante meses, la presidenta ha repetido que México tiene una relación “inmejorable” con Estados Unidos. También ha dicho que hay tensiones e igualmente ha afirmado que no hay tensiones. Luego ha matizado que son tensiones normales, pero después aclara que no son tensiones, sino diferencias de enfoque. Todo al mismo tiempo, como sucedió cuando confirmó sin confirmar que se habían suspendido la ayuda petrolera a Cuba, explicando que la mecánica de la decisión era que “así como durante un tiempo no se envió y después sí se envió, y en otro tiempo no se envió”.
No es esquizofrenia política. Es la nueva física cuántica del obradorismo tardío: México está bien y mal simultáneamente, hasta que Washington abre la caja de tuercas. Con Trump de regreso al escenario político, la mañanera entró en una zona que no sabe operar: la del poder que no escucha. La mañanera nació para responder a críticos domésticos, no a imperios con aranceles. El gobierno habla con lenguaje mañanero, y Trump responde como potencia.
Sheinbaum dice “no aceptamos presiones”, después cambia a “estamos en diálogo permanente”, y luego sostiene que “no vamos a modificar nuestra política”, para concluir que “estamos revisando mecanismos de cooperación.” La traducción es: no cedemos, salvo cuando cedemos, pero no es ceder es coordinar.
La mañanera, diseñada como monólogo, hoy enfrenta un mundo que exige negociación. Y el monólogo, cuando choca con la realidad, se vuelve eco. Antes, el presidente hablaba y el país discutía. Hoy, la presidenta habla y se mete en problemas. La centralización de la palabra oficial, que le funcionó a López Obrador, hoy no sirve. Aquel era un vago; ella es una profesional. El vago resolvía las cosas toreando todo y riéndose de todo. La científica es una técnica que necesita un equipo que le aporte información de calidad para que tome las mejores decisiones en el contexto en que se encuentre.
No lo tiene. Lo vimos cuando naufragó en las explicaciones inexplicables sobre el avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, cuya tripulación es militar, que hizo un vuelo de rutina a México no para servir de taxi a personal de la Secretaría de Seguridad Pública como le informaron, sino para descargar la valija diplomática y equipamiento para su nueva Embajada en México.
La vimos caer más en la imagen pública cuando para probar que el canadiense Ryan Weeding se había entregado en la embajada estadounidense para enfrentar acusaciones de narcotráfico, se apoyó en una fotografía de él entrando a la misión, que resultó que era producto de la inteligencia artificial, que la obligó a reconocer que su gobierno no tenía idea de cómo había terminado en manos de los fiscales enviados por Washington.
La fórmula se agotó. Las mismas preguntas a modo. Los mismos villanos reciclados. Las mismas gráficas con flechas hacia arriba. Los mismos “vamos muy bien”. Pero afuera de Palacio Nacional, hay una guerra civil entre criminales en Sinaloa y muchos muertos todos los días. Los inversionistas dudan y Trump amenaza. Su partido está partido. La mañanera ya no es un tema de rating y popularidad. Es de credibilidad. Nació como instrumento de control del relato. Hoy es evidencia del descontrol del contexto.
La mañanera dejó de ser instrumento de poder para convertirse en un espacio donde el gobierno se dice a sí mismo que todo está bien. No lo creen ni ellos. La realidad enmoheció la herramienta, pero Sheinbaum, que quiere ser presidenta del futuro sigue optando por un instrumento del pasado. La mañanera fue el corazón del obradorismo, como la conocemos, ha entrado a su fase final, aunque en el régimen no se quiera admitir.

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El sábado pasado, la agencia Reuters informó que el gobierno mexicano estaba analizando si seguiría enviando petróleo a Cuba ante los crecientes temores de represalias de Estados Unidos. El lunes, la agencia Bloomberg reportó que Pemex había suspendido su cargamento de crudo a ese país, sin precisar, porque la empresa y la Secretaría de Energía optaron por el silencio. Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó cuidadosamente –no hay registro en sus palabras que admitiera la decisión, o términos como se pospuso, paró o canceló– que, como difundió la prensa extranjera, el crudo mexicano ya no llegará a Cuba, cuando menos por ahora.
Sheinbaum subrayó que era una decisión soberana y que Pemex tomaba sus decisiones a partir de sus propias definiciones y contratos, matizando la justificación de que lo hacía su gobierno por razones humanitarias, con que estas se emplean “en determinadas circunstancias”. Estas circunstancias no fueron precisadas, lo que una vez más, ante las lagunas de información, correrán todo tipo de interpretaciones y señalamientos, sobre todo, por el contexto actual, como un nuevo acatamiento a exigencias del presidente Donald Trump. En este caso, sin embargo, hay información que da la razón a Sheinbaum.
El envío de petróleo a Cuba, así como la contratación de maestros y médicos cubanos en México, ha sido motivo de queja del gobierno de Estados Unidos desde hace varios meses. Haber reforzado los carga-mentos de crudo al régimen de La Habana tras la captura negociada del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a principio de año, provocó mucha molestia en el Departamento de Estado y críticas encendidas de legisladores, principalmente los republicanos de Florida que tienen una importante ascendencia en la política de Washington hacia América Latina.
No obstante, la presidenta tenía otras señales. Durante su conversación telefónica con Trump el 12 de enero, el jefe de la Casa Blanca le dijo que como socios estratégicos deberían de mantener políticas alineadas en seguridad, democracia y libertades políticas, que son ajenas a Cuba, por lo que los envíos de petróleo y la presencia de médicos cubanos en México, no era algo con lo que simpatizara, sin que existiera algo más de este extrañamiento, y mucho menos una sugerencia o petición de que se suspendiera lo que estaba haciendo. Las presiones para suspender los envíos existen, pero en otros niveles.
Desde esa conversación telefónica, se comenzó a recalibrar la relación bilateral con ajustes en el tema de la seguridad, la política exterior y la gobernabilidad interna. En materia de seguridad, se intensificó la cooperación con Estados Unidos, que incluyó la autorización para el incremento en los sobrevuelos de naves recolectoras de inteligencia sobre territorio mexicano, que subió de 1 a 2 por mes en promedio, a 4-5 en cada una de las últimas tres semanas. En política exterior se redujeron las posiciones de apoyo irrestricto con el régimen chavista de Venezuela, y reconsideraciones sobre qué posición tomarán cuando, como le dijo Trump en la llamada, tomen acciones en Cuba y Colombia. Por lo que respecta al tema de la gobernabilidad interna, se empezó a revisar a políticos y funcionarios de Morena que podrían ser sujetos de un proceso penal en México, que ha sido la exigencia de Washington. En todos estos temas se busca un trípode estratégico: soberanía, estabilidad política y cooperación.
Dentro de estos nuevos parámetros que han regido los análisis de la presidenta desde mediados de enero, se discutió el tema de los envíos de petróleo a Cuba, a fin de reducir las fricciones existentes con el Departamento de Estado, de los legisladores de Florida cercanos al secretario Marco Rubio, y de filtraciones en los medios que le cierran espacios de maniobra. Resultado de esas deliberaciones fue la decisión presidencial de suspender los cargamentos.
La presidenta tomó, quizás por primera vez, una decisión a favor del país y no de la agenda de Morena. Si bien tenía suficientes razones políticas para ello, también hay una razón económica de fondo. Estados Unidos, como dijo en su momento el secretario de Energía, Chris Wright, como secuela de la conversación telefónica de Trump con Sheinbaum, que no existía una petición formal de su gobierno para que México dejara de enviar petróleo a Cuba, jugando con un doble discurso que, al final del camino, perjudicaría a México y a ella la pondría en aprietos internos.
Estados Unidos selló a Cuba para que no pudiera recibir ningún barco con petróleo del mundo, salvo de México. Hace unos días desvió el buque cisterna Mia Grace cargado con petróleo crudo que salió el 19 de enero de Lomé, la capital de Togo en el Golfo de Guinea en África, con destino a La Habana, hacia al puerto de Haina en la República Dominicana. El crudo mexicano Cuba no era suficiente para satisfacer la demanda cubana –solo resuelve, máximo, el 40 por ciento de sus necesidades–, con lo que se profundizaría la merma en Pemex por miles de millones de dólares, que necesita Sheinbaum para otras prioridades políticas, como programas sociales.
En unas cuantas semanas, Pemex estaría más hundido que hoy, su calificación, pegada a la soberana, estaría en riesgo, y la explicación doméstica del por qué seguía otorgando una “ayuda humanitaria” a Cuba a costa de necesidades urgentes en México, como medicinas, golpearía su popularidad, que aunque va en picada no se refleja en las encuestas porque un pool de casas demoscópicas están al servicio de Palacio Nacional.
La decisión de Sheinbaum fue estratégica. Paradójicamente, alineando los intereses a Estados Unidos, también se separó de sus planes. Funcionarios estadunidenses sostienen que el cambio de régimen en Cuba estaría cocinado para fin de año, y la razón de ese plazo tiene que ver con las acciones para lograr un cambio, quizás pactado, pero sobre todo pacífico. México, sin saberlo Sheinbaum, tenía un rol a jugar: darle el aire suficiente a la sociedad cubana para evitar una crisis social. Era un tanque de oxígeno, porque como dijo un funcionario estadunidense, “el caos necesita orden”. Sin darse cuenta, le estaba haciendo el trabajo sucio a Washington.
Eso, al menos por ahora, no va a suceder. Washington tendrá que encontrar como darle un cauce al descontento sin deshidratar a la sociedad por completo, y México, con esta decisión, se quita presiones, alinea políticas y mantiene la soberanía.

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El Partido del Trabajo, el PT, está enviando señales a la presidenta Claudia Sheinbaum de lo que son capaces si no le cumple sus deseos de entregarle las candidaturas a las gubernaturas de Baja California Sur y Zacatecas que se jugarán en 2027. Este domingo se movilizó en Oaxaca para impulsar la revocación de mandato del gobernador Salomón Jara, cuyos resultados lo mantienen en vilo cerca del 30 por ciento de los votos computados. El músculo que mostró el PT debe ser visto como parte de una estrategia para imponer condiciones en la reforma electoral, un chantaje que se hace inaceptable.
El PT es un dolor de cabeza para la presidenta que le puede crecer porque su presencia política está preocupando en Washington. Que no se reduzcan o desaparezcan diputaciones, una de las propuestas, es una cosa; que ese partido se quede con las gubernaturas, es otra. La negociación con el PT, para hablar con mayor claridad, no las debería de hacer Morena, sino el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que debería sentarse en la mesa con los expedientes de sus líderes, y en especial, quien está cabildeando las gubernaturas, el diputado José Narro Céspedes.
Narro Céspedes es figura central en una de las investigaciones más importantes que tiene el gobierno de Estados Unidos sobre la narcopolítica en México, por sus presuntos vínculos con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. En México está protegido por la impunidad que se le construyó durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por la desaparición en 2022 de dos marinos que formaban parte de su escolta.
Los marinos eran oficiales de inteligencia que lo estaban investigando, y cuya desaparición aún sigue sin aclararse. El exsecretario de la Marina, almirante Rafael Ojeda, nunca hizo nada por resolverlo; el exfiscal general Alejandro Gertz Manero, investigó y encubrió. El actual secretario de la Marina, almirante Pedro Raymundo Morales, se mantiene callado.
La investigación de las agencias de inteligencia estadunidenses se enfocan en la forma como a través del PT se está dando, consideran, una redistribución de poder entre los dos cárteles más poderosos del mundo. La investigación, aunque involucra a algunos de sus líderes –varios legisladores en la actualidad–está centrada en Narro Céspedes, con documentos que prueban que entregó una credencial del partido a Óscar Medina, apodado El Panu, que fue asesinado en un restaurante de la Zona Rosa en la Ciudad de México en diciembre.
El Panu fue señalado por las autoridades como un operador de Los Chapitos, pero de acuerdo con la investigación, era mucho más que eso: compadre de Iván Archivaldo Guzmán, el heredero de su padre Joaquín El Chapo Guzmán, en el Cártel de Sinaloa que vive una guerra fratricida, responsable del aparato militar de esa facción, y de las rutas de drogas hacia los puertos de Amberes en Bélgica, Lisboa en Portugal, y Rotterdam, el principal puerto de Europa, en Países Bajos.
Narro Céspedes aspira a la candidatura del PT a la gubernatura de Zacatecas, que es la línea de contención entre Los Cabrera, que forman parte de la facción de Ismael El Mayo Zambada, dentro del implosionado Cártel de Sinaloa, que tienen su centro de operaciones en Durango. En Zacatecas los estadunidenses tienen intereses en la mina de oro más grande de México, operada por Fresnillo pic., que está incorporada en el Reino Unido, aunque la preocupación principal es que consideran que la llegada del diputado a la gubernatura, tendría como deriva el control del Cártel Jalisco Nueva Generación en el estado y en las rutas de distribución hacia el norte y este del país.
La relación del diputado es con diversos grupos criminales, según la investigación estadunidense. Así como en Zacatecas se inclina por el Nueva Generación, en otras partes del país lo hace por Los Chapitos, a quienes también entregó, como a El Panu, credenciales de metal del Senado, de las cuales tienen fotografías. La otra pieza que busca el PT es Baja California Sur, que pelean las dos facciones del Cártel de Sinaloa, aunque Los Cabos, un destino turístico del jet set internacional, es territorio único de Los Chapitos.
El PT está perfilando a la gubernatura al presidente municipal de Los Cabos, Christian Agúndez, hijo del exgobernador Narciso Agúndez. Detrás de él, su pilar es el oficial mayor del municipio, Carlos Beltrán, que repitió en el cargo. Beltrán, de acuerdo con la investigación en Estados Unidos, fue piloto de Los Chapitos hace unos seis años, aunque no trasladaba drogas sino personas, y es parte estructural del crimen organizado, una imputación que públicamente sólo ha surgido en mantas, que han sido ignoradas por las autoridades locales.
La investigación en Estados Unidos señala abiertamente que el PT es el vaso comunicante con el crimen organizado por lo que, de acuerdo con un funcionario, sus posiciones como parte de la negociación sobre la reforma electoral, solo escalaría el conflicto con la Administración Trump. Las relaciones oscuras del partido con el crimen organizado no son nuevas. Por ejemplo, abanderaron a Ana Karen Val Medina para que fuera presidenta municipal de Elota, Sinaloa, que adquirió notoriedad cuando en un evento con alcaldes el expresidente López Obrador la persiguió hasta tomarse una foto con ella. Val Medina es esposa de René Bastidas, el Doble 00, señalado en la prensa como un lugarteniente de Los Chapitos.
El PT es el primer partido al que las investigaciones en Estados Unidos ubican como instrumento del crimen organizado, sin que esto signifique que todos sus miembros estén involucrados o que sepan de esas relaciones peligrosas. García Harfuch, de acuerdo con fuentes estadunidenses, tiene expedientes sobre Narro Céspedes y otros líderes del partido presuntamente relacionados con los cárteles, algunos generados por la inteligencia mexicana y otros por la de ese país.
La reforma electoral se ha convertido en un tema prioritario en estos momentos para la Administración Trump por la forma en que detectaron la complicidad de líderes del PT, en particular, para abrirle la puerta a los cárteles al poder en Zacatecas y Baja California Sur, dejando entrever el conflicto con Washington que para la presidenta Sheinbaum signi-ficarían las concesiones al PT , lo que probablemente no alcance a ver todavía.

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La notificación de la Administración Federal de Aviación por una “situación potencialmente peligrosa” en aguas del Pacífico y Centroamérica por operaciones militares e interferencia del GNSS, las siglas en inglés de Sistema Global de Navegación por Satélites –que incluye geolocalizadores GPS estadunidenses, el Beidou chino, el Galileo europeo y el GLONASS ruso–, no es como la advertencia que hizo Estados Unidos antes de atacar a Venezuela.
Aquel hablaba de operaciones aéreas sobre territorio venezolano, especialmente en la zona del aeropuerto de Caracas; el reciente se refiere a acciones desde aguas marítimas internacionales, con una tecnología que provoca interferencias en las comunicaciones, utilizadas en conflictos armados, como en Ucrania.
La notificación, en el contexto de las amenazas de acciones militares de Estados Unidos contra objetivos en México, provocó ansiedades y miedos en este país, respondidos con aclaraciones de las autoridades mexicanas señalando que era únicamente para aerolíneas estadunidenses. Es cierto, pero no significa que las operaciones militares estadunidenses pudieran respetar naves de otros países. De acuerdo con funcionarios estadunidenses, confirmado por mexicanos, esas acciones sí son preámbulo de ataques sobre objetivos específicos en nuestro territorio, con conocimiento y aprobación, incluso cooperación, del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Los funcionarios estadunidenses dijeron que hay tres objetivos en México: en Baja California, sin especificar dónde; en Mazatlán, Sinaloa, y en otro punto no determinado donde supuestamente se encuentra Nemesio Oceguera, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Los primeros dos objetivos, según funcionarios de ambos países, son diferentes al abatimiento de un jefe criminal, pero con un alcance estratégicamente crucial: desmantelar la red de lavado de dinero de los cárteles de las drogas que está utilizando la criptomoneda, USDT, emitidas por la empresa Tether Limited.
De acuerdo con los funcionarios mexicanos, los estadunidenses llegaron a esos objetivos en México dentro de sus investigaciones globales sobre esa moneda digital que está respaldada por el llamado dinero Fiat, reconocido como legítimo para el intercambio de bienes y servicios, que no depende del respaldo de un bien físico como el oro, sino de la aceptación para ser utilizada para pagos. El USDT mantiene un valor de un 1.1 dólares o su equivalente en activos, que tiene como propósito reducir la volatilidad de otras monedas digitales.
Las autoridades estadunidenses, de acuerdo con un informe del Centro Nacional de Inteligencia, entraron al mercado de esa criptomoneda al encontrar que es la que estaban utilizando grupos terroristas y cárteles de las drogas, y le pusieron un cebo digital para lograr su trazabilidad. De esa forma, precisó un funcionario mexicano, detectaron dos de los principales nodos para las operaciones criminales, en Baja California y en Mazatlán. Los expertos estadunidenses descubrieron que las transacciones se estaban realizando a través de un popular videojuego, en donde no jugaban, pero utilizaban sus micrófonos para hablar y negociar porque no podían ser intervenidos.
De acuerdo con la información de las operaciones, los ingresos de negocios criminales los radicaban en USDTs, creadas originalmente para transacciones transfronterizas, que se convirtieron en un método de operación criminal por el anonimato de quienes las realizan, y que eran enviados a una billetera fría de criptomonedas que, al no conectarse a la red de internet ni actuar con los llamados smart contracts, los contractos inteligentes que facilitan y aceleran las transacciones, no eran potenciales víctimas de hackeos.
Las billeteras frías solo se utilizan para el envío y recepción de activos. De la billetera fría, en cuestión de segundos, se colocan en una billetera caliente, que sí está en línea y permite realizar contratos inteligentes a través de plataformas que se conocen como “Exchange”, mediante la cual se compran, venden o intercambian criptomonedas. Las autoridades de ambos países tienen una lista de mexicanos, varios de ellos de la comunidad judía, que manejan los “Exchange” que son utilizadas por las organizaciones criminales, y que son parte de lo que quieren neutralizar y acabar los estadunidenses.
Según una fuente estadunidense, la notificación de la FAA alertó a las aerolíneas comerciales estadunidenses –que deberían de tomar en cuenta las mexicanas y de otros países que vuelen por la zona señalada– porque comenzaron la operación para atacar los nodos en un momento no determinado, pero por lo que anunciaron tienen una ventana de 60 días. No ha trascendidio el papel que está jugando el gobierno mexicano en esta primera parte de la operación contra las redes de financiamiento y lavado de dinero de las organizaciones criminales.
La segunda parte de la operación tiene como objetivo El Mencho, líder de la organización criminal que más preocupa a Estados Unidos y México, de la que existen también indicios de que tiene pensado actos terroristas durante el Mundial de Futbol este verano. No se ha precisado en dónde se encuentra Oceguera, pero funcionarios estadunidenses habían advertido hace dos semanas que estaba definido un ataque con drones en Michoacán, sin especificar en qué zona.
El jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación ha sido muy elusivo. En 2021, gracias a un pitazo de la Guardia Nacional, logró evadir un operativo federal en los límites de Guanajuato con Jalisco, y durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la inteligencia de la Marina lo ubicó en el municipio de El Grullo, al suroeste de Jalisco, pero cuando pidió autorización para capturarlo, el expresidente la negó y solo permitió que lo mantuvieran bajo vigilancia. Esa fue, aparentemente, la mejor oportunidad que se tuvo para detenerlo. En el gobierno de Sheinbaum los operativos contra esa organización criminal se han incrementado, alineando los intereses estratégicos con Estados Unidos para una operación que logre neutralizarlo.
Los ataques contra los tres objetivos en México fueron diseñados de manera unilateral en Washington, pero se han sumado, en conocimiento, información y posiblemente operación, las autoridades mexicanas. El grado de participación y funciones que pudieran tener las fuerzas de seguridad de México se desconoce, pero no las han mantenido los estadunidenses en la oscuridad, como en otros momentos.
Sería difícil hacerlo, y colocaría Estados Unidos al gobierno de Sheinbaum en un problema más grave que la captura de Ismael El Mayo Zambada, porque significaría un ataque en territorio mexicano donde sin existir una colaboración, sería una violación flagrante de la soberanía que obligaría a la presidenta a tomar acciones de retaliación en perjuicio de los dos países.

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