La guerra en Irán está a casi 13 mil kilómetros, pero al mismo tiempo está en México y ha obligado al gobierno a alinearse estratégicamente con Estados Unidos. No se está haciendo de manera política o ideológica, como se ha visto en las declaraciones neutrales que ha hecho la Presidencia sobre una solución política al conflicto, sino en el marco de la cooperación en seguridad.
Desde el sábado, cuando inició la guerra contra Irán, el gobierno de Estados Unidos colocó a sus grupos contraterroristas en alerta máxima ante un posible acto de venganza en su territorio por la muerte del jefe supremo iraní, Ali Jamenei, y se empezó a realizar internamente un monitoreo especial de nacionalidades restringidas que desde principio de año incluye a 19 países, entre ellos Irán, Yemen y Siria, que se encuentran dentro del teatro de operaciones bélica que se está peleando en el Medio Oriente.
Pero el monitoreo y vigilancia interna que está desarrollando el FBI no es suficiente para garantizar que no habrá atentados suicidas en Estados Unidos o eventos como el que se vivió este fin de semana en Austin, la capital de Texas, donde está investigando si el asesinato de dos personas durante un ataque en un bar local ejecutado por un senegalés naturalizado estadunidense que llevaba una sudadera con cachucha que decía “Propiedad de Alá”, fue un acto terrorista en venganza por la muerte de Jamenei, o un asesino solitario.
Si por la muerte del ayatola Jamenei existen alertas de posibles atentados suicidas en Estados Unidos, la frontera con México se convierte automáticamente en un vector de análisis de riesgo, sin que signifique que sea el vector principal. Pero de manera preventiva, dijeron funcionarios estadunidenses, el gobierno de Trump pidió a México aumentar la vigilancia sobre “ciudadanos de interés” y “diplomáticos de interés”.
No hay una lista oficial pública de ellos, pero con base en información de fuentes abiertas sobre preocupaciones o alertas de seguridad, se pueden identificar algunos casos y contextos en los que Washington ha señalado a actores extranjeros –gubernamentales o clandestinos como problemas o posibles riesgos relacionados con México.
Los tres países de mayor preocupación para Estados Unidos que tienen agentes de inteligencia activos en México son Irán, Rusia y Cuba, mantienen relaciones con una parte del ala más radical del régimen obradorista, y abiertos respaldos. Uno de ellos, Abraham Mendieta, cercano al senador Adán Augusto López, español de origen y vinculado a Podemos, el partido español que fundó Pablo Iglesias, que se estableció en México para poner en marcha un canal de información latinoamericana que reproduce desinformación del Kremlin, financiado por Jesús Ramírez Cuevas coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, propuso en X la “desaparición” del Estado de Israel. Mendieta no es considerado un riesgo, pero refleja una corriente de pensamiento cercana al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
En el caso de Irán, la principal vigilancia, se puede conjeturar, recaerá en sus diplomáticos, aunque la atención se ha centrado en el embajador Abolfazl Pasandideh, quien convocó el sábado en que iniciaron los ataques en su país, a una conferencia de prensa, donde aseguró que el ayatola Jamenei no había muerto y pidió al gobierno de México una condena por los bombardeos.
Una preocupación colateral, que no es nueva sino añeja, es por Hezbolá, el partido político en Líbano que tiene un brazo militar respaldado por Irán, que desde hace más de 15 años ha sido considerado un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos, al estar involucrados en financiamiento ilegal, narcotráfico y contrabando. Las milicias de Hezbolá entraron este lunes a la guerra, al atacar a Israel.
La frontera de México con Estados Unidos es considerada por el Departamento de Seguridad Nacional como un entorno de alto flujo humano, presencia de redes de tráfico y vulnerabilidad logística. Hipotéticamente, México podría servir como una plataforma involuntaria por su problema estructural de la presencia de fuertes organizaciones criminales trasnacionales con control territorial, y una frontera es porosa en ciertos sectores, con la existencia de corredores clandestinos.
Desde una óptica de seguridad estratégica, cualquier crisis con Irán activa tres preocupaciones: la existencia de células dormidas que puedan ser activadas en situaciones extraordinarias; actores inspirados, como simpatizantes espontáneos de Irán; y operaciones indirectas vía terceros, como podríaa ser con Hezbolá.
Pese a las viejas alertas que ha levantado el Pentágono sobre Hezbolá en México y sus relaciones con cárteles de las drogas desde 2005, hasta ahora no hay registro de alguna actividad que haya afectado la seguridad interna. Tampoco hay predecente de acciones hostiles contra México por parte de Irán.
En 2011 hubo un caso frustrado donde un individuo vinculado a la Fuerza Quds, una división de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní especializada en capacitación para ataques terroristas, intentó contactar sin éxito a supuestos narcotraficantes. Igualmente en ese tiempo, el gobierno de Barack Obama desarticuló un complot iraní para asesinar al embajador de Arabia Saudita en Washington, con la colaboración de las autoridades mexicanas.
No existe evidencia pública sólida de infraestructura operativa permanente iraní en México orientada a ataques en Estados Unidos, contra la preferencia conocida de Irán por operaciones encubiertas sofisticadas, atentados en terceros países con baja trazabilidad, y el uso de proxies como Hezbolá. Un ataque suicida improvisado que saliera de México no encajaría con el patrón táctico más frecuente del aparato estatal iraní.
La probabilidad de un ataque suicida para apoyar a Irán que tuviera como punto de inicio el territorio mexicano es baja, pero las precauciones que se están tomando forman parte de la incertidumbre que genera la guerra en el Medio Oriente, luego del rompimiento político y diplomático de Irán con Estados Unidos e Israel, y de la muerte del ayatola Jamenei.
La petición al gobierno mexicano de vigilar a “ciudadanos de interés” y “diplomáticos de interés”, obedece al reconocimiento implícito de Washington de las capacidades tácticas operativas que Estados Unidos le atribuye a Irán en varias partes del mundo, y se enmarca en los nuevos esquemas de cooperación bilateral entre los dos países. No hay una fecha de conclusión de la guerra, que ayer el presidente Donald Trump sugirió que podría extenderse por cuatro o cinco semanas más, que será el tiempo mínimo para el monitoreo solicitado a Palacio Nacional.

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La violencia en Guadalajara volvió a aparecer este domingo en una de sus principales avenidas. Las redes sociales mencionaban incidentes en varios puntos, pero las autoridades solo confirmaron uno solo, donde un vehículo al que le pincharon las llantas fue baleado. No hay más información, pero con la que hay es suficiente para abonar al clima de inseguridad que se vive en la capital de Jalisco, una de las sedes mundialistas para la Copa de Futbol, que objetivamente hablando, está en serio riesgo de ser cancelada.
El gobernador Pablo Lemus dijo hace unos días que ninguna de las sedes está en riesgo, pero él mismo debe saber que esa promesa, sobre todo en su estado, es solo de dientes para afuera. La muerte de Nemesio Oseguera, el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, como ya se planteó, no cerró un capítulo, sino abrió otro, incluso más pernicioso, no solo para Guadalajara y Jalisco, sino para todo el país. Con su muerte se rompieron todos los acuerdos económicos, políticos y de seguridad que se habían forjado, en particular en ese estado.
Lemus tiene varios problemas.
Uno es institucional. La semana pasada la presidenta Claudia Sheinbaum informó que una comisión de la FIFA llegaría a México para evaluar la seguridad y la movilidad a los estadios. En materia de seguridad, los compromisos adquiridos por el gobierno de Jalisco, no se han cumplido. Según ha trascendido, aún no se cuenta con todo el equipamiento de seguridad, como los inhibidores de drones o los radares para el monitoreo aéreo, por lo que en el check list del equipamiento técnico, podría salir reprobado. Por otro lado está la movilidad. La única sede donde las obras para acceder al estadio no están listas o dentro del calendario de entrega, es Guadalajara.
Pero hay otro tema, de calado más profundo, que se hizo público hace 15 días cuando la familia Martínez Ornelas publicó un desplegado en la prensa tapatía en donde revelaban que el jefe de la familia, Diego Martínez Ornelas, llevaba seis meses preso por una denuncia penal de la diputada local de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña, que es su cuñada, por un presunto fraude por 13 millones de pesos. La publicación del desplegado provocó diversas reacciones. Por una parte, el porqué, como señaló el desplegado, la diputada no presentó ninguna prueba para que lo detuvieran, pero por la otra, los cuestionamientos de dónde había sacado esos recursos en efectivo para invertirlos en un esquema financiero, que no se justificaba con sus ingresos, lo que penalmente los convertiría en dinero de procedencia ilegal.
Lo que se hizo público apenas el mes pasado, fue detectado desde 2025 por varias agencias de Estados Unidos, que tienen abierta una investigación sobre el gobernador Lemus. Funcionarios estadunidenses revelaron algunos detalles generales sobre la nueva línea que se abrió tras la denuncia original de la diputada Magaña, porque la información que tenían era de la cercanía de ella y de Martínez Ornelas con el gobernador.
La primera línea de investigación la tienen el FinCen, que es la Red Contra Delitos Financieros, y la OFAC, la Oficina de Control de Activos Financieros, que pertenecen al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En coordinación con otras áreas de inteligencia estadunidenses, encontraron que no habían desaparecido 13 millones de pesos, sino 150 millones, y que no eran parte de un esquema financiero fraudulento, como alega la diputada local, sino de un dinero que, presuntamente, era para el pago de seguridad en el estado a El Mencho. Según la denuncia, la entrega del dinero se realizó cuando Magaña aspiró por primera vez a una diputación local por Zapopan –que ganó y se reeligió–, mientras Lemus era alcalde de Guadalajara.
Las investigaciones estadunidenses están en curso. Lemus, por su parte, cuando en este espacio se reveló que lo investigaban por su relación con el líder de los transportistas afiliados a la CTM en Jalisco, Nazario Ramírez, que presuntamente utilizaba las rutas del transporte para mover drogas, contrabando y lavar dinero para el CJNG, Lemus negó cualquier vinculación con el dirigente y amenazó con demandar a quien esto escribe. Esa relación había quedado expuesta al aparecer una fotografía del gobernador con Ramírez.
Curiosamente, aunque quizás no fortuitamente, desde el viernes empezaron a circular en redes sociales unas fotografías del gobernador con el sacerdote José Dolores Aguayo, “el padre Lolo”, de la Parroquia de San Juan Crisóstomo, en Zapopan, que pertenece a la Arquidiócesis de Guadalajara, que la semana pasada quedó en medio de la turbulencia por la muerte de El Mencho por la revelación que hizo la periodista Laura Sánchez Ley de unas cartas –la última el pasado 25 de enero– en donde el cura abogó ante una jueza en el Distrito de Columbia por la liberación de Rubén Oseguera González, El Menchito.
Las relaciones peligrosas del gobernador, hasta el momento, forman parte de investigaciones activas en Estados Unidos, mientras que en México apenas se esbozan con las fotografías. La denuncia de Magaña y que se haya metido a la cárcel, con prisión preventiva a Martínez Ornelas, cercano a los dos, si lo que están hallando los estadunidenses puede probarse judicialmente, habría sido un error o resultado de un exabrupto de alguno de ellos, que los pudo haber dejado en una situación incómoda, por decir lo menos.
Pero más allá del gobernador y de la diputada, lo que están diciendo las investigaciones estadunidenses es que si no se hizo el pago al CJNG para garantizar la seguridad, la violencia no regresará a los niveles en que estaba, sino probablemente se acrecentará. Quien finalmente quede al frente de la organización buscará cobrar la deuda, al estilo Jalisco, como han procedido previamente. La perspectiva que perfilan las investigaciones no son alentadoras para Jalisco, y en particular para Guadalajara, que se está preparando para ser sede del Mundial de Futbol. Por supuesto que nada está decidido aún, y en el reacomodo criminal no se sabe cuáles serán las siguientes etapas que se experimentarán.
Las declaraciones de la presidenta y del jefe de la FIFA, Gianni Infantino, alejaron la turbulencia de las aguas amenazantes sobre México como sede mundialista, pero para el gobernador y a la afición tapatía, el escenario luce verdaderamente negativo.

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Es momento de definiciones estratégicas, no de pleitos callejeros entre los radicales de todos colores. En este momento, mientras usted lee estas líneas, se mantiene una cacería en varios estados del Pacífico, donde los grupos paramilitares del Cártel Jalisco Nueva Generación están a la caza, literalmente, de soldados, guardias nacionales y policías estatales en represalia por la muerte de Nemesio Oseguera, El Mencho, el domingo pasado. Decenas de elementos de las fuerzas de seguridad tienen colocado sobre su frente pintada una diana central.
Hay más de 60 de ellos –algunos apuntan más de 100–, que tras el operativo fueron ejecutados en varios estados en los últimos cinco días. El gobierno ha reconocido únicamente 25 bajas –cuya vida tuvo un valor criminal de 20 mil pesos–, en esta confrontación que está creciendo entre las fuerzas del Estado y las milicias del CJNG, que tienen respaldo de mercenarios extranjeros y asesoría y capacitación de colombianos y venezolanos que pelearon con las fuerzas de élite rusas en la invasión a Ucrania.
El choque político que se expresa en la prensa y las redes sociales, tiene que detenerse y encontrar un frente de unidad que fortalezca al Estado mexicano. La unidad nacional, particularmente en este momento coyuntural crítico, no es una consigna hueca. Es una condición de supervivencia cuando el Estado es desafiado de manera frontal.
La muerte de Oseguera no cerró un capítulo. Abrió otro. Los cárteles no funcionan como ejércitos regulares que se desmoronan al caer su comandante en jefe. Son estructuras en red, con mandos regionales, células autónomas y capacidad de adaptación violenta. En especial el CJNG, que ha perfeccionado lo que otros cárteles intentaron sin éxito: la guerra irregular.
Aunque jurídicamente el CJNG no es un actor beligerante reconocido ni un movimiento insurgente, quienes se ajustan a los principios clásicos de una guerra irregular, emplea tácticas propias de ella, como desarrollar un combate a partir de una relación asimétrica con el Estado, que evita un combate frontal sostenido. Realiza emboscadas, sabotaje, terrorismo y guerra psicológica; emplea francotiradores en zonas serranas y desarrolla inteligencia criminal infiltrada en comunidades. Se mimetiza con la población, y busca erosionar la legitimidad y capacidad operativa del Estado.
El CJNG, como otros cárteles, no pretende tomar el poder político formal, como lo hace una guerrilla, pero sí disputa el control territorial y la autoridad efectiva. Tras la operación contra El Mencho, de las zonas oscuras de la organización emergió su músculo con acciones violentas en más de 110 municipios en 20 estados de la República, mostrando alianzas poco conocidas hasta el domingo pasado, como en Reynosa, controlado por los cárteles tamaulipecos, o en Oaxaca y Zacatecas, donde el Cártel de Sinaloa era la fuerza dominante.
Ha mostrado capacidades que exceden las empleadas por el crimen trasnacional: uso de artefactos explosivos improvisados; derribo de aeronaves con misiles, como sucedió con el Blackhawk militar en 2015; emboscadas con planeación táctica, como han hecho contra marinos en Jalisco y Michoacán; bloqueos coordinados e incendios simultáneos en múltiples muni-cipios, como sucedió el domingo pasado y, como las guerrillas, propaganda armada para las imágenes que proyecten poder, o estampas falsas para generar la percepción de ingobernabilidad.
Esta empresa criminal –porque ha rebasado el límite de ser un mero cártel de drogas–, no busca sustituir constitucionalmente al gobierno, sino arrebatarle el control institucional para maximizar sus utilidades criminales. Estas tácticas características de la guerra irregular, elevan la calidad de su violencia y generan el riesgo de una mili-tarización prolongada.
El Estado mexicano no está enfrentando a una organización criminal como muchas otras. La afrenta la estamos viendo. Cuando pierden a su vértice, reaccionan con sangre para demostrar que siguen vivos. Y lo están haciendo contra soldados. El mensaje es inequívoco: el Estado que se atreve a tocar la cúspide paga un costo inmediato en el terreno. La ejecución de militares y los ataques contra al menos 50 sucursales del Banco del Bienestar establecieron a quién, específicamente, le declaró la guerra abierta este cártel de terror.
En ese contexto, la discusión pública no puede degradarse a la mezquindad política-ideológica. El respaldo al Ejército no es un cheque en blanco, ni implica renunciar a la fiscalización democrática. Significa entender que cuando un grupo criminal asesina militares en represalia por la caída de su líder, el objetivo no es sólo la tropa: es erosionar la moral institucional y fracturar a la sociedad. La estrategia del terror es política. Busca dividir, y cada acción tiene como propósito sembrar la percepción de que el Estado perdió el control tras abatir a su líder, para convertir una victoria táctica en una derrota estratégica.
Por eso la unidad importa. Unidad no significa silencio frente a errores operativos ni indulgencia ante abusos. Equivale a cerrar filas ante la agresión y mantener la legitimidad de la institución que, guste o no, ha sido el último recurso del Estado mexicano frente a organizaciones con capacidad paramilitar. La crítica es necesaria; la deslegitimación sistemática en medio del fuego cruzado es suicida. Los militares y policías que están muriendo no son abstracciones. Cuando caen en emboscadas diseñadas para enviar un mensaje de desafío, el país entero está siendo puesto a prueba.
La historia nos muestra que los cárteles prosperan cuando detectan vacíos políticos. Si perciben titubeo, profundizan la ofensiva. Si observan cohesión institucional y respaldo social, recalculan. No lo hacen por convicción moral, sino por costo-beneficio. Hoy el cálculo es claro: el asesinato de militares busca obligar al gobierno a retroceder y dividir a la sociedad. No podemos dejar que triunfen.
La respuesta no puede ser el repliegue ni la fractura. Debe ser firmeza con legalidad, inteligencia estratégica y una narrativa pública que no romantice al criminal ni trivialice la muerte del soldado. El Estado no puede darse el lujo de la ambigüedad. Respaldar al Ejército en este momento no es un acto de militarismo. Es una afirmación elemental de soberanía.
Es inadmisible que en el enanismo de una disputa política-electoral pensando en 2027, haya quien olvide que nos estamos jugando todos la soberanía nacional. Estamos en un cruce de caminos: si estamos dispuestos a permitir que la perdamos frente a criminales, o poner un alto en la discordia, unirnos detrás de la lucha contra los asesinos que quieren controlar nuestras vidas, y una vez superado este momento –que puede durar meses–, en otro hábitat, regresar a nuestros desacuerdos encendidos.

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La zona donde cazaron las fuerzas federales a Nemesio Oseguera, El Mencho, que era el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, el domingo pasado, era un barrio residencial de 43 casas en Tapalpa, a 35 kilómetros de la carretera federal que conecta a Guadalajara con Colima. La prensa llegó rápidamente al lugar, lo que inició una conversación sobre los excesos y la lujosa cabaña, que en realidad no lo era, apuntó ayer Diego Petersen en El Informador. “Mostrar la casa de un criminal a la prensa, como lo hizo el gobierno mexicano al publicar imágenes del interior de la vivienda de El Mencho, no solo alimenta el morbo, sino que alimenta los estereotipos del crimen organizado”, agregó.
Exacto. Impulsan los estereotipos del crimen organizado, de esas vidas en medio de una impúdica ostentación. Se trata, agregó Petersen, de una casa de renta sin personalidad, de cuartos pequeños, con una sala de paredes desnudas y una cocina que luce desordenada y llena de víveres como para alimentar a un ejército, en este caso, literalmente hablando. Vista la casa desde el otro ángulo, no era el lugar donde se escondía un fugitivo, que vivía a salto de mata y que andaban buscando por todo Jalisco, por Michoacán, o por otros estados, como tantas veces dijeron funcionarios mexicanos. La casa de El Mencho, por lo contrario, cuenta otra historia, la de un capo en retiro abrigado por la permeabilidad política y social.
Francisco Santa Ana, reportero de N+, hizo una descripción de la casa: dos grandes refrigeradores, como los que se utilizan para congelar carne y pescados; una cocina integral con muchos jabones de limpieza, abundante comida; un aparato para cardio; una lavadora de lujo, una secadora de ropa y jabón en grandes cantidades para un intenso lavado de ropa. Juan Pablo Pérez Díaz, de El Financiero, agregó: medicinas para enfermedades renales –de lo que padecía Oseguera–, cátsup, mostaza, pan, galletas, agua, refrescos, café y, sobre todo, inflables como los que utilizan los niños. Otras crónicas refieren los televisores, incluso aún uno empaquetado, listo para ser conectado.
La casa no parecía un lugar donde estuviera de paso. Santa Ana precisó que se encontraba en lo alto de una cima, desde donde se podía ver el camino que llevaba a esa cabaña. Al llegar a lo alto había una pluma para cuidar la entrada a la parte trasera de la casa, donde había amplios lugares de estacionamiento y una cancha de basquetbol. Aparentaba ser un lugar de residencia permanente por la forma como estaba equipada y abastecida, cercana a un hospital que se construyó hace no mucho, donde se atendían enfermedades renales, en una comunidad de poco más de dos mil habitantes, sin registros de que ese sea un padecimiento característico de la zona que, eso sí, se encuentra dentro del perímetro que históricamente ha sido santuario del CJNG.
No era como esas casas llenas de lujo y ostentación de narcos que hemos visto a lo largo de los años, pero menos aún cercana a las guaridas en las que se escondían viejos líderes criminales para evitar ser detectados. El lugar donde se escondía El Chapo tras su segunda fuga, era una pequeña cabaña rústica de un piso, en El Limón, en el municipio de Tamazula en la sierra de Durango, que tiene menos de 65 habitantes. Cuando lo encontró la Marina con la colaboración de la CIA, que como en el caso de El Mencho, proporcionó las coordenadas de su ubicación, solo estaba acompañado por una cocinera –siempre había tenido una cocinera con él en su vida de prófugo– y las dos hijas de ella. Al ser descubierto corrió hacia el bosque y tropezó hasta que un alambre de púas lo detuvo.
Benjamín Arellano Félix, jefe del Cártel de Tijuana, en su momento la organización criminal más poderosa de México, fue detenido en una casa en un discreto fraccionamiento en la carretera de Puebla a Cholula en 2002, desvestido, y solo, sin ningún escolta. Humberto García Ábrego, que de manera efímera intentó controlar el Cártel del Golfo al ser capturado su hermano Juan, fue detenido en 1994 mientras manejaba una estaquita vieja, también solo, en una carretera poblana. Ismael El Mayo Zambada, se movía con enorme discreción, custodiado por solo dos personas. Todos ellos procuraban pasar desapercibidos.
El Mencho, por lo que se puede ver en el otro lado de lo público, no estaba realmente escondido, pero tampoco parecía estar en activo. Lo que mostraron las imágenes fue que estaba en un entorno familiar, que los anteriores capos detenidos o abatidos no tenían para no poner en riesgo a sus cercanos. También reflejaron que no tenía preocupación que pudiera ser detectado por las autoridades, como lo revela el alto consumo de electricidad en su casa, que podría haber sido motivo de sospecha si se hubiera revisado la zona por alteración en los patrones, como aprendieron cárteles y guerrillas de la experiencia de los movimientos armados en Guatemala en los 80’s, cuando fueron desmantelados tras ser ubicados por los militares asesorados por la CIA al revisar incrementos anormales en los patrones de consumos de luz y agua.
Las imágenes sugieren una permeabilidad que le permitía a El Mencho residir en un santuario, donde la presencia de todo un equipo que lo atendía y cuidaba, no despertó ninguna sospecha ni detonó una denuncia. ¿Cuánto tiempo llevaba Oseguera viviendo en ese lugar? Falta esa información. Lo que queda claro es que no era una residencia de paso ni una casa de seguridad, cuyas características distintas pueden ser vistas y analizadas al compararlas con las imágenes de las casas de seguridad de Arturo Beltrán Leyva en la Ciudad de México. Estaba viviendo en un pueblo mágico que cada fin de semana duplica su población con el turismo que recibe, en buena medida de Guadalajara.
Las imágenes de su casa exponen finalmente tres cosas: la protección institucional y social que le permitía este tipo de vida, por cualquier razón que esta fuera, la posibilidad de que él ya no hubiera estado al mando del CJNG, por lo que su estructura permanecería intacta, y la más intrigante, porqué se abrieron las puertas a la casa, que debilita la acción militar contra El Mencho y pone en entredicho la información de inteligencia del gobierno mexicano.

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El elefante está demasiado grande para que no se vea en la sala. La viabilidad de México como sede del Mundial de Futbol que arranca aquí en escasos tres meses, está siendo puesta en duda por la violencia. El catalizador ha sido la reacción del Cártel Jalisco Nueva Generación ante la muerte de su líder, Nemesio Oseguera, El Mencho. La FIFA le pidió un informe sobre la seguridad en México a su director ejecutivo en este país, Jurgen Mainka, para que les sirva en la mesa de las decisiones. Aquí comienzan a reaccionar normalizando las cosas. No pasa nada. Todo está bajo control. El país está en calma. La retórica choca con las imágenes que están circulando en el mundo.
México está siendo visto como un país en guerra. Enfrentamientos y columnas de humo de las refriegas; bloqueos carreteros, transportes quemados, gasolineras y establecimientos comerciales incendiados; alertas para que nadie salga de sus casas o, en el caso de los extranjeros, que busquen refugio. Los noticieros de televisión en Estados Unidos y Canadá –las otras sedes mundialistas– entrevistan a turistas de sus países sobre lo que han vivido en sus vacaciones, mostrando las imágenes de la disrupción del orden.
¿Estaba calculada la reacción del CJNG tras la operación contra su líder? Un funcionario aseguró el domingo por la noche: “Absolutamente”. Es posible, por la experiencia de este tipo de acciones, que son cíclicas, que así haya sido. Sin embargo, lo que no había sucedido es que el grupo criminal ejecutara guardias nacionales como venganza, que recuerda a Colombia, cuando Pablo Escobar ordenó a sus sicarios asesinar policías ante el acoso del gobierno, en defensa de sus intereses. Entre 1989 y 1992, unos 500 policías y militares fueron asesinados por el Cártel de Medellín.
Lo que definitivamente no estaba calculado, es que las acciones demostrativas de poder el domingo y el lunes, más que una acción directa contra las fuerzas federales, proyectarían la imagen de un país en caos y un gobierno rebasado. Una de estas fotografías llegó ayer a la primera plana del New York Times, donde se veían camiones y vehículos incendiados en una carretera en Jalisco. Otra ocupó lo alto de la portada del Dallas Morning News, con el titular “Caos en México”. El Globe and Mail, el periódico más influyente de Canadá, publicó una terrible fotografía ocupando casi un cuarto de su primera plana, con un autobús quemado, cruzado en una carretera, afuera de Guadalajara.
El Financial Times, uno de los dos periódicos financieros más influyentes del mundo, tuvo la información sobre la violencia del domingo entre sus tres principales noticias más leídas del lunes, y el otro, The Wall Street Journal, le dedicó tres columnas en su primera plana de ayer al tema de El Mencho. “Mientras los problemas latentes se desbordan”, reportó The Guardian, “los políticos mexicanos deben demostrar que pueden mantener seguros a sus ciudadanos”. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró ayer que la seguridad estaba garantizada, y Marcelo Ebrard, secretario de Economía, trató de minimizar las cosas argumentando absurdamente que el factor de riesgo en el Mundial de Qatar era mucho mayor, por las condiciones de violencia en algunos países cercanos.
Nadie, salvo algunos en México, le prestarán oído a su alegato, que no resiste a la realidad. La ministra de Defensa de Canadá, Anita Anand, le dijo a la prensa que 26 mil canadienses se habían registrado en la embajada por la volátil situación de seguridad en México, de los cuales ocho mil lo hicieron el domingo.
La narrativa que emerge en Washington y Ottawa no es la de un suceso aislado, sino la de una sacudida que reconfigura percepciones y prioridades de seguridad hemisférica. Anand ha sido citada en la prensa detallando comunicaciones con el gobierno mexicano y enfatizando el monitoreo constante de una situación que, por momentos, se tornó impredecible para viajeros norteamericanos y canadienses.
Lo que agravó la percepción en ambos países fueron las alertas extraordinarias de seguridad emitidas por las embajadas, donde Washington y Ottawa recomendaron a sus ciudadanos tomar medidas de precaución estrictas ante enfrentamientos y bloqueo de vías, subrayando que la violencia no ha sido contenida en un solo municipio, sino que alcanza a amplias zonas del occidente mexicano.
La FIFA no ha dado señales de que esté considerando una sede alterna al Mundial, pero están preocupados, como lo muestra la petición del informe a su representante en México, Mainka. De acuerdo con el artículo 5.9 del Reglamento del Mundial, se podría cancelar, reprogramar, reubicar partidos o todos los juegos a su entera discreción, por causas de fuerza mayor, que incluyen guerras, disturbios civiles graves o riesgos inminentes a la seguridad.
En las reuniones que ha llevado a cabo el comité organizador mexicano, con la Federación Mexicana de Futbol y la FIFA, la seguridad en una de las mesas centrales. Todo iba bien hasta noviembre pasado, cuando dos agentes federales fueron secuestrados en Zapopan por miembros del CJNG. Siete días después, extrañamente para sus prácticas, los criminales los dejaron vivos y libres.
Las alertas se prendieron en Washington. En enero, dijo una fuente estadunidense, la consideración era que si se daba un incidente de alto impacto en Guadalajara, presionarían para que le quitaran la sede. Hace dos meses la capital tapatía había levantado preocupación por información en las agencias de inteligencia estadunidenses que el CJNG estaba planeando actos de sabotaje durante el Mundial. Una fuente confió que en una de esas sesiones se habló de que habría un operativo contra El Mencho, surgiendo la recomendación que fuera lo antes posible, para alejarlo de la inauguración el 11 de junio. La sede de Guadalajara se encuentra en vilo, pero a diferencia de enero, la conversación general ya no es sobre esa ciudad, sino sobre las tres sedes.
La violencia sigue, en mucho menor escala, con una tendencia a la normalización. El problema es que nuestra normalización es muy diferente a la de casi todo el mundo, y el relato mediático en los medios no solo informa, sino moldea la percepción pública sobre México como destino seguro, redefiniendo agendas y presionando a gobiernos a coordinar respuestas que trasciendan las fronteras. Para contrarrestar las percepciones, la retórica no basta y, por lo que se ve, tampoco hay una estrategia para neutralizarlas.

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Con explicaciones genéricas, el secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla, describió la operación que culminó en la muerte de Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sin adentrarse en los pormenores, reveló que las áreas de inteligencia del Ejército y de “instituciones” extranjeras –militares y de la CIA, que son con las que trabaja hace tiempo–, se dio seguimiento a su red de vínculos hasta que se dieron las condiciones para planear su detención. Este momento llegó hace una semana, en donde una debilidad de El Mencho, una de sus parejas sentimentales, descubrió su escondite.
El general Trevilla reveló una pieza de inteligencia humana que dio frutos el 20 de febrero. Un hombre de confianza de una de las parejas, dijo, la llevó a las cabañas en las orillas del poblado de Tapalpa, a unos 170 kilómetros al suroeste del Lago de Chapala donde se reunió con El Mencho y se quedó a dormir una noche. El 21 la pareja se fue, pero obtuvieron información de que el líder de la organización estaba en ese lugar. Ese mismo día comenzó a planearse la operación para capturarlo.
El Mencho cometió un descuido que le había costado la libertad a otros capos de la droga. El corazón suele ser un gran enemigo para esos perfiles. Le sucedió a Joaquín El Chapo Guzmán en dos ocasiones, y a Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, que al momento de su captura era el jefe de seguridad de toda la llamada Federación, que incorporaba al Cártel de Sinaloa y al de los Valencia, la placenta de lo que sería el Jalisco Nueva Generación.
Con Chapo Guzmán, el trabajo de inteligencia se dio desde que nacieron sus gemelas, las hijas más pequeñas que eran su adoración, que creó condiciones para que la Policía Federal detuviera a uno de los escoltas de su esposa, Emma Coronel y lo reclutara. Como los escoltas se rotaban, esperaron dos años para que volviera a cuidarla y fue quien les dio la ubicación en Mazatlán en 2014. La segunda vez fue casi dos años después, cuando su debilidad por la actriz Kate del Castillo le abrió la puerta para una entrevista que quería realizar el actor Sean Penn, sin saber que la DEA los tenía vigilados.
Del Castillo y Penn revelaron sin saber la ubicación de El Chapo en la sierra, en donde comenzó una cacería de los comandos de élite de la Marina mexicana, que terminó a principio de 2016, al ser detenido en Culiacán. En la misma ciudad, pero ocho años antes, Beltrán Leyva fue ubicado tras el seguimiento de una de sus parejas sentimentales que llevó a los policías federales a un hotel donde fue detenido. El Mencho incurrió en el mismo error: una debilidad se convirtió en su gran vulnerabilidad.
La operación que ejecutaron las fuerzas especiales del Ejército y la Fuerza Aérea, con información de inteligencia de la recién creada Fuerza de Tareas Interinstitucional Anti Cárteles, bajo el mando del Comando Norte de Estados Unidos, que como sucedió con la CIA cuando la captura de El Chapo o la de Rafael Caro Quintero, les entregó las coordenadas de su ubicación y junto con los drones mexicanos, les proporcionaron la capacidad de fuego que tenían los aros de protección de El Mencho en Tapalpa, fue impecable, por lo rápida en planearse y ejecutarse.
Pero la muerte de El Mencho no es sólo la caída de un capo. Es una prueba de estrés para el Estado mexicano, porque durante cerca de una década fue algo más que un objetivo prioritario. Fue el símbolo de la expansión territorial, de la sofisticación logística y del desafío abierto al monopolio de la fuerza del Estado, particularmente contra las Fuerzas Armadas, que fueron derrotadas en anteriores intentos de captura. Sus videos propagandísticos, su capacidad de fuego y su penetración municipal no eran sólo exhibicionismo criminal: eran mensajes políticos.
Que el Ejército lo haya abatido, reinvincando años de agravios, abre tres planos de lectura. El primero es operativo. Matar al jefe del cártel no equivale a desmontar la organización. La experiencia mexicana es contundente: la muerte de Heriberto Lazcano, el jefe de Los Zetas en 2012, no acabó con el cártel, sino lo balcanizó. La captura de Ismael El Mayo Zambada en 2024 no extinguió al Cártel de Sinaloa, sino que lo fragmentó y lo reconfiguró. Menos aún en el Jalisco Nueva Generación, donde el mando no parece estar en la misma tesitura que aquellas organizaciones.
El segundo plano es político. En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha insistido que la estrategia contra la delincuencia organizada no es la confrontación frontal, sino la contención social y la disminución de homicidios. Hoy, la muerte de Oseguera tensiona ese relato. ¿Fue un giro estratégico o una excepción táctica? ¿Responde a una decisión soberana o a una presión de Estados Unidos? Probablemente, la respuesta es ambas.
El tercer plano es institucional. Un Estado fuerte no se mide sólo por su capacidad de abatir objetivos de alto valor, sino por su habilidad para judicializarlos, desmantelar redes financieras y sancionar complicidades políticas. Oseguera, como ningún otro barón criminal antes, creó una estructura empresarial con brazos en puertos, aduanas, minas, autoridades estatales y locales, controlando economías informales.
Por tanto, si el gobierno no acompaña el golpe con una ofensiva contra la corrupción municipal y la captura de fiscalías en varios estados, el vacío lo llenará otro liderazgo, quizá más discreto y menos estridente. El éxito redondo de la operación contra El Mencho, que mostró la sofisticación y eficacia de las fuerzas especiales mexicanas y la utilidad que se le puede dar a la cooperación con Estados Unidos sin perder soberanía, depende de ello.
Si el gobierno quiere convertir este episodio en un punto de inflexión, debe ir más allá del trofeo, porque personajes como Oseguera no nacen solos, sino prosperan en ecosistemas de impunidad, complicidad y miedo. El gobierno debe demostrar que puede gobernar los territorios que el crimen convirtió en feudos, pues de lo contrario, la muerte de El Mencho será apenas un hecho espectacular que no altera la estructura profunda del poder criminal en México. Entonces, el gobierno habrá ganado una batalla mediática, pero no la guerra por el control de la República.

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La noticia, en su primera dimensión, es enorme: fuerzas federales abatieron a Nemesio Oseguera, El Mencho, el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, el más poderoso líder de una organización criminal trasnacional. Gran golpe del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, al haber descabezado a una despiada organización altamente sofisticada, con gran penetración territorial y control de mercados legales e ilegales. Pero por las mismas razones, es vital ver la segunda dimensión, la planeación para enfrentar la reacción violenta de las milicias del cártel. Hasta entonces se calibrará en toda su magnitud el éxito de la operación.
La operación tuvo apoyo de Estados Unidos con información de inteligencia y fue ejecutada por el Ejército y la Fuerza Aérea. Según lo que ha trascendido, ubicaron a El Mencho la semana pasada y, en preparación para el ataque, sobrevolaron dos días antes la zona de Tepalpa, al suroeste de Jalisco, que está a más de 2 mil metros sobre el nivel del mar. El operativo comenzó alrededor de las 7 de la mañana, con un bombardeo desde Blackhawks y Pilatus, para allanar el camino para que las fuerzas especiales subieran por la sierra para el enfrentamiento cuerpo a cuerpo.
Por lo que se ha podido saber, se barrieron con fuego varios sectores de la sierra. La explicación de esto, que parecería un cambio de estrategia, es que la guerra contra los cárteles es muy diferente en las ciudades y la sierra. “La verdadera guerra se está llevando a cabo en la sierra”, dijo una fuente que conoce de los operativos. “El crimen organizado ha estado haciendo leva en las comunidades indígenas serranas, para que combatan en su hábitat”. El CJNG ha estado reclutando combatientes principal-mente en las comunidades tepe-huanas de Durango y Chihuahua, y coras nayaritas, para enviarlos de refuerzo a Los Chapitos.
La seguridad perimetral de los militares pudo neutralizar resguardos que llegaron rápidamente en apoyo a El Mencho, a cuyo escondite se desplazaron las fuerzas especiales terrestres, que también abatieron a su brazo derecho, Gonzalo Mendoza Gaytán, El Sapo, responsable del campo en el Rancho Teuchitlán y del asesinato del ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.
La Secretaría de la Defensa informó que Oseguera fue herido y murió cuando lo trasladaban a un hospital en la Ciudad de México, sin revelar los nombres de otras tres personas que murieron en el lugar. Desde hace tiempo, sin embargo, fuentes estadunidenses que operan con los mexicanos, dijeron que El Mencho iba a terminar negociando con ellos, o con los pies por delante.
La operación se determinó desde principio de este año. En este espacio se reveló a finales de enero que habría tres golpes contra los cárteles, dos contra los nodos de cibermonedas por donde realizan sus operaciones financieras, y uno más contra El Mencho. El interés por actuar de manera rápida estaba relacionado con el Mundial de Futbol y la información estadunidense de que el CJNG estaba planeando acciones en Guadalajara, una de las tres sedes mundialistas. Eso detonó la urgencia y la decisión política de realizar la operación, cuyo golpe es el más importante en 11 años, cuando se recapturó a Joaquín El Chapo Guzmán.
Pero El Chapo Guzmán no estaba en la misma situación y condición que El Mencho. El Chapo estaba en fuga, viviendo a salto de mata, escondido en la sierra y moviéndose en el sur de Sinaloa en forma clandestina. Desde que lo detuvieron en 2001, dejó de ser uno de los tres líderes del Cártel de Sinaloa, que comenzó a ser manejado únicamente por Ismael El Mayo Zambada. El Mencho, pese a estar enfermo hace tiempo, era el líder absoluto del CJNG, y había supervisado la sofisticación de la organización y su despliegue empresarial.
El CJNG es la organización criminal con mayor presencia territorial en el país, con operaciones en 23 estados. De ahí que la importancia de ver con el paso de los días si existió una buena planeación para enfrentar la respuesta de la organización criminal en el país, porque la muerte del número uno, fortalecerá al número dos, Audías Flores Silva, El Jardinero, cuyo nombre surgió de manera masiva apenas esta semana al estar vinculado al fraude con tiempos compartidos en Puerto Vallarta que motivó sanciones a empresas e individuos mexicanos por parte del Departamento del Tesoro.
Ayer, de las cosas que se tendrán que enfrentar, se dio la primera reacción de los criminales. Fue estruendosa y expansiva: 17 bloqueos carreteros en Jalisco, con ataques a instalaciones oficiales y vehículos quemados; 18 ataques en León, la mayoría de incendios en comercios; bloqueos e incidentes en Colima, Guanajuato y Nayarit. La vida cotidiana se alteró radicalmente en varios estados del Pacífico.
Las corridas de la terminal de Morelia para Tierra Caliente, Zinapécuaro y Zamora, se suspendieron. La central del norte en la Ciudad de México, también canceló las corridas a esas regiones. Las escuelas anunciaron cierres en Jalisco y Michoacán. En la capital michoacana bajaron sus cortinas los supermercados, y en Querétaro cerraron las tiendas. El Departamento de Estado emitió una recomendación para que sus ciudadanos en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Nuevo León, no salieran a las calles y buscaran refugio.
Fuentes castrenses señalaron que en Jalisco los sicarios del CJNG dispararon contra civiles de manera aleatoria, incorporando a población inocente, a la guerra que le declararon al Estado mexicano. Hay reportes también de que en ese estado, los paramilitares del crimen organizado se preparaban a atacar a las familias de los militares, sin importar que ninguno de ellos hubiera participado en el operativo. La presidenta Sheinbaum tuvo que salir ayer por la tarde para hacer un llamado a la calma, subrayando que había coordinación con todos los estados tras los operativos.
Este es el segundo nivel de la operación que habrá que ver cómo resulta. La gran falla de la estrategia del expresidente Felipe Calderón fue que el éxito en el descabezamiento de los cárteles, no fue acompañado por un trabajo en los siguientes pisos, estatal y nacional, que provocó la atomización de la delincuencia organizada y la espiral de violencia. Hay veteranos de esa experiencia en el gabinete de Sheinbaum. Saben qué no deben hacer, porque lo de ayer, es un punto sin retorno.

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Un audio del que nadie sabía nada, regresó de manera intempestiva al centro de la arena pública a los sobrinos políticos del exsecretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda, investigado por haber creado una red de corrupción en las aduanas marítimas. En el audio, obtenido por los reporteros Sebastián Barragán y Omar Fierro del portal Aristegui Noticias, se escucha supuestamente al contralmirante Fernando Guerrero Alcántar denunciar ante Ojeda una trama criminal de contrabando de combustible que involucraba a sus sobrinos políticos, que el secretario le pide la presente escrita.
La Marina, según se informó oficialmente, no encontró nada irregular en sus pesquisas, mientras que la Fiscalía General de la República, tiene abierta una causa penal por las denuncias del contralmirante Guerrero Alcántar, que fue asesinado en noviembre de 2024. El año pasado, poco antes de renunciar a la Fiscalía, Alejandro Gertz Manero dijo que Ojeda le había comentado en 2023 de presuntos actos de corrupción en la Marina, que investigó sin encontrar pistas sobre el contrabando de combustible, con lo que le dieron una salida al exsecretario para no ser investigado.
Se desconoce la profundidad de la investigación contra los sobrinos políticos de Ojeda, el contralmirante Fernando Farías Laguna, que se encuentra prófugo, y el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, que está preso. Documentos internos de la Marina, sin embargo, revelan que la red de protección de los Farías Laguna se comenzó a construir desde que Manuel Roberto, y su tía, Sandra Luz Laguna, esposa de Ojeda, maniobraron para que el almirante José Luis Arellano Ruiz, fuera designado subsecretario, cargo que ocupó durante casi todo el sexenio.
Arellano Ruiz, de acuerdo con los documentos confidenciales, recibió como encomienda de los Farías Laguna establecer las relaciones con políticos y empresarios que le indicaran, incluido que los acercara a la entonces candidata a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, para proponerle financiamiento para su campaña a cambio de aceptar nombrar secretario de una terna que le iban a presentar. Nunca pudieron estar cerca de la presidenta. Arellano Ruiz, además, validaba las empresas que le presentaban los Farías Laguna en obras, dragado y construcciones marítimas.
El subsecretario no fue el único mando naval a su servicio. En total, de acuerdo con los documentos elaborados en 2021, fueron 34 oficiales que trabajaron para ellos, tejiendo una amplia red de complicidades en las aduanas de Altamira, Dos Bocas, Ensenada, Guaymas, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Veracruz, y el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México. En los informes no aparece ninguna referencia al contrabando de combustible, pero sí figuran dos personas que están en la investigación del huachicol fiscal, sus operadores principales el capitán de Corbeta, Miguel Solano, que era el responsable de recolectar lo recaudado en las aduanas, concentrarlo en la Ciudad de México, desde donde se dispersaban los recursos a todos los mandos en la red, y el capitán de Fragata, Climaco Aldape Utrera, que era quien hacía todos los trámites legales o ilegales de los sobrinos para evitar que negociaran directamente con los representantes del crimen organizado.
La relación directa con el crimen organizado la llevaba el teniente de Navío Octavio Sánchez Alatorre, que estaba comisionado en Guaymas, desde donde se desplazaba por todo el país para facilitar el trasiego de drogas por los puertos de Baja California, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, pactando con todos los cárteles de la droga, pero en particular, por lo amplio de su negocio de contrabando, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Era el apoyo de Solano y Aldape Utrera, y quien se encargaba de comprar vehículos para los cabecillas de la red, organizar las fiestas y contratar artistas para su entretenimiento.
Sánchez Alatorre no era el único que tenía relación con el crimen organizado. El vicealmirante Miguel Rivas Hernández, se indica en los informes, ayudaba a mover unidades especiales de la Marina para brindar protección de diversos grupos delictivos según la región, y facilitaba los cambios de adscripción de personal de la infantería de Marina. Otro fue Joaquín Cruz Ballado, hermano del almirante Jorge Luis Cruz Ballado, que le facilitó al crimen organizado el trasiego de drogas a través de la aduana y la Administración del Sistema Portuario Nacional en Lázaro Cárdenas.
Los Farías Laguna, de acuerdo con los documentos, operaban principalmente con mandos medios, pero habían involucrado en la red, a oficiales de alto rango. Uno de ellos fue el almirante Raúl Pérez Vázquez, uno de sus candidatos a relevar a Ojeda, quien les ayudó a la integración de los primeros administradores de aduanas. Otro, el vicealmirante Benito Armando Galeana Abarca, que protegía a administradores de aduanas y a funcionarios de Hacienda en donde operaban los sobrinos políticos. Un contralmirante clave era Martín Francisco Mouton, en ese entonces director de Construcciones Navales, que autorizaba licitaciones a las empresas que ellos le presentaban, en especial “Construcción, Infraestructura y Comercialización”, que tenía vínculos con miembros del gabinete del expresidente.
El contralmirante Ibrahim Manuel Maja Castro les sirvió desde el Estado Mayor, y apoyó en asignaciones, agregadurías, ascensos y cambios de adscripción, cuya responsabilidad era similar a la del contralmirante Audberto López Rosas, jefe de la Sección 1ª del Estado Mayor, que tiene que ver con recursos humanos, que cobraba, como muestra, 500 mil pesos por ascensos a contralmirante o agregadurías. Los Farías Laguna tenían a varios mandos infiltrados en la Unidad Naval de Inteligencia, como el contralmirante Gabriel Guzmán Comparán, y el contralmirante César Mora Arenas, que investigaban a civiles y militares sin conocimiento del jefe del área.
Todos los mandos al servicio de los Farías Laguna tenían compensaciones mensuales por sus servicios. Por ejemplo, al contralmirante Marco Antonio Bandala, que era el administrador en Manzanillo donde, de acuerdo con los informes, facilitaba el ingreso de mercancías, le daban ocho millones de pesos. Al contralmirante Ricardo Gutiérrez Ruvalcaba, cuando estaba en la aduana de la Ciudad de México, cinco millones. El dinero de la corrupción abundaba. Al menos, dice el informe, la recaudación superaba los 50 millones de pesos a la semana.
La red de corrupción de la Marina en las aduanas no fue institucional. La difusión del audio de Guerrero Alcántar y de los documentos confidenciales, revela la tensión interna en una institución que no estaba podrida, no así un buen número de oficiales.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó ayer que se había asegurado una avioneta monomotor que transportaba media tonelada de cocaína, que había sido detectada volando sobre Oaxaca, y cuya imagen congelada difundió en las redes sociales. La imagen es similar en ángulo y formato a los videos que publica el Pentágono de las lanchas de presuntos “terroristas” supuestamente con drogas, a las que ataca en el mar, con una tecnología que, hasta donde se sabe, no tiene México.
Los drones que utilizan los militares en México –principalmente el Ehécatl, fabricado por Hydra Technologies– operan a alturas tácticas para vigilancia y reconocimiento que superan los mil metros de altura, mientras que los estadunidenses, sobre todo el más utilizado, el MQ-9 Reaper, realizan esas actividades a alturas entre 7.5 y 12 kilómetros de altura. Los drones sirven para atacar objetivos, como lo ha instrumentalizado Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, y en ocasiones, como ha hecho el MQ-9 Reaper varias veces sobre territorio mexicano, para recolectar información de inteligencia sobre los cárteles de las drogas.
Lo que se ve en esas imágenes es la parte final del producto de inteligencia. Las lanchas o los aviones no son detectadas por los drones, sino por la vigilancia de satélites que cuando localizan barcos o naves en patrones clandestinos, envían la información a sus mandos centrales para que se tome la decisión de atacarlos o vigilarlos mediante los drones. Las naves con drogas que vuelan en el espacio aéreo mexicano, lo hacen a alturas tan bajas que no son registradas por los radares que tiene la Marina, como sucedió con el avión en donde una unidad de élite estadounidense sacó del país a Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López en julio de 2024, sin ser detectada.
Ninguna de las naves no tripuladas por personas que han sobrevolado el territorio mexicano han estado artilladas, que es lo que se supone sucedió con la pequeña avioneta, que probablemente, porque es como operan los estadunidenses, fue detectada desde que salió –presumiblemente Colombia, de donde parten los cargamentos de cocaína–, y se notificó a las autoridades mexicanas para que la interceptaran y obligaran a aterrizar.
Esta operación muestra, por primera vez, el restablecimiento de importantes niveles de cooperación entre México y Estados Unidos en la lucha contra los cárteles, que no se había visto desde el gobierno de Felipe Calderón, cuando el seguimiento de cargamentos aéreos o marítimos con drogas de América del Sur, era monitoreado en tiempo real por las autoridades mexicanas en una sala secreta –por el acceso limitado a ella– en el sótano del búnker de la Secretaría de Seguridad donde estaba Plataforma México. Esa estructura fue desmantelada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que rompió la cooperación bilateral, que se cerró casi por completo durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La nueva cooperación entre los dos gobiernos en materia de seguridad es como jugar póker con cartas abiertas: está todo sobre la mesa, pero no todos pueden ver lo que está ante sus ojos. La dinámica de la relación cambió después de que la CIA y el Pentágono enviaron aviones espías a sobrevolar territorio mexicano para recolectar inteligencia de los cárteles e interceptar comunicaciones sin informar al gobierno mexicano, permitiendo que sus naves fueran “vistas” por rastreadores comerciales, como una forma de presión a Palacio Nacional.
No fueron los únicos vuelos espías que se hicieron y realizan hoy en día, pero a diferencia de hace un año, los estadunidenses están notificando a los mexicanos cuando los realizan –han escalado a tres o cuatro vuelos por semana en el último mes–, además que se han estado superando las resistencias en México para permitir que fuerzas de élite del Ejército y la Marina de Estados Unidos realicen periodos regulares de capacitación de las fuerzas especiales mexicanas en lucha contra el terrorismo y narcotráfico. La última fue la autorización para que un equipo de marinos del SEAL Team 2, realicen capacitación y ejercicios conjuntos con marinos mexicanos en Campeche y Quintana Roo durante cinco meses.
De acuerdo con el sitio especializado Politico.com, el rechazo se venció tras la visita de una comisión bicameral del Capitolio hace una semana y media, que logró que con retraso de un mes, el Senado aprobara la capacitación, que había sido pedida originalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum, aparentemente para aliviar la presión del presidente Donald Trump para enviar tropas a México a luchar contra los cárteles. El esquema seguido también es similar al que se desarrolló durante el gobierno de Calderón.
El SEAL Team 2, es uno de los ocho cuerpos de élite de la Marina estadunidense que fue formada para conducir guerras no convencionales, acciones directas y misiones contraterroristas, que en sus experiencias tiene una negra, Granada en 1983, cuando fuerzas militares estadunidenses y caribeñas invadieron la isla tras denunciar el presidente Ronald Reagan una fuerte presencia cubana y rusa, que culminó con la muerte del primer ministro, Maurice Bishop. El año pasado estuvieron en México otras unidades SEAL y Boinas Verdes, las fuerzas especiales del Ejército estadunidense.
La duración de esta capacitación y ejercicios llama la atención y levanta interrogantes. Los entrenamientos comenzarán en San Miguel de los Jagueyes, en el estado de México, donde se encuentra el Campo Militar 37-C, y de ahí se moverán a Campeche y a Quintana Roo. No hay explicación del porqué se realizarán en esas dos zonas, aunque ha trascendido que se está preparando un ejercicio militar entre los dos países de gran escala en el Golfo de México, con la participación de buques de guerra estadunidenses.
La colaboración bilateral, es un hecho, se ha estado incrementando. Varios golpes importantes recientes del gabinete de seguridad mexicano, fueron resultado de la información que compartieron las agencias de inteligencia estadunidenses, mientras que la imagen satelital que publicó García Harfuch, es la evidencia de una restauración de la cooperación inexistente durante 15 años.
Lo que está haciendo Sheinbaum no es del agrado de los duros de Morena, que piensan que García Harfuch es muy complaciente con Washington. Pero lo que está haciendo es ganar tiempo y apaciguar a Trump, que ha dejado de presionar con el envío de sus tropas, cuando menos, por ahora.

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El futuro de Adán Augusto López es menos claro de lo que se ve. El senador ha perdido prominencia de manera acelerada y, aunque menos rápido, también fuerza política. No es lo que piensan varios de sus cercanos, pero es una realidad que tendrán que aceptar. Su renuncia como coordinador de la bancada de Morena en el Senado reflejó que ese cargo al que sostenía el respaldo de Andrés Manuel López Obrador, había perdido tracción. En los últimos viajes del expresidente a la Ciudad de México, cada vez más frecuentes, ya no hubo las peticiones para mantenerlo en el cargo.
López Hernández se había vuelto un foco de tensión con Estados Unidos en los últimos meses por lo que se percibía una protección para garantizarle impunidad. El principal señalamiento era su relación con el crimen organizado, cuyas pruebas, solicitadas por México, no se las quisieron dar. Hubo la intención de enviarlo como embajador a Europa, pero tres países a los que se les pidió el beneplácito, de acuerdo con fuentes estadunidenses, lo rechazaron por omisión; es decir, nunca respondieron a la solicitud.
Estados Unidos quisiera que rindiera cuentas ante la justicia, cuando menos ante la mexicana, lo cual tendrá que esperar, en el mejor de los casos, un tiempo. Lo que sí sucedió es lo mínimo que planteó el secretario de Estado, Marco Rubio, en su reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum el año pasado, que saliera de la coordinación de Morena en el Senado. Un pequeño paso que parecía simbólico, pues no dejó la senaduría, ni el fuero. Sin embargo, a 18 días de renunciar, las señales están mostrando que no se trató de un acto lampedusiano.
Su equipo empezó a entregar al nuevo coordinador Ignacio Mier, la administración y los puestos políticos controlados por López Hernández, que alimentaba una partida presupuestal discrecional que incluía su control sobre casi dos mil millones de pesos anuales. La próxima semana se espera que se entreguen las auditorías sobre su gestión, y que la transferencia del poder concluya para finales de mes. En ese momento quedará en el limbo.
López Hernández está comenzando a darse cuenta que los apoyos que tenía hasta hace poco, se han ido evaporando. No pensaban algunos de sus cercanos que iban a restarle poder y comenzado a separarlo del núcleo central del régimen, como en principio habían planteado diplomáticos estadunidenses a la presidenta Sheinbaum. Su insolencia no lo ayudaba, ni la prepotencia de su red financiera que pensaban que seguirían los negocios como siempre, y que los respaldos de su grupo le permitirían seguir operando intereses ajenos a Palacio Nacional. Pero esa papa era demasiado caliente.
El senador no lo había calculado. Tampoco vio que se había vuelto tóxico, al alinearse el objetivo de Sheinbaum de controlar la bancada de Morena en el Senado, con la creciente molestia de los estadunidenses. La decisión de moverlo de la coordinación se dio unos 15 días antes de que se oficializara, y la de suplirlo con Ignacio Mier, en las vísperas. Mier fue convocado a la Presidencia para hablar con Sheinbaum, quien le propuso la coordinación.
Aunque muy amigo de López Hernández, Mier es considerado institucional, por lo que pensaban que no iría a las contras de la presidenta. Una primera prueba fue que hablara con el senador Gerardo Fernández Noroña para que dejara de hablar sobre la política exterior mexicana, que estaba afectando el delicado equilibrio con Estados Unidos. Varias peticiones a Hernández López para que controlara la incontinencia verbal de Fernández Noroña, fueron desoídas. Y ahora, desde que Palacio Nacional pidió la intervención de Mier, el senador ha cerrado su boca.
López Hernández recibió el ofrecimiento, como aterrizaje de su salida de la coordinación, ser el responsable de la operación electoral en la Cuarta Circunscripción, que abarca la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, donde se resuelve la parte nodal de las plurinominales, pero sin autorización ni permiso de ningún tipo, dijo que haría trabajo político en otros estados, principalmente en Chihuahua, para impulsar la candidatura al gobierno de la senadora Andrea Chávez, que ha estado muy cerca de su proyecto. Su lance le produjo mayor animadversión interna.
El factor estadunidense fue últimamente lo que provocó la salida del senador de la coordinación, cuyas acciones en Venezuela y Cuba hicieron ver al ala dura del obradorismo que lo único predecible del presidente Donald Trump era su impredecibilidad. La salida de López Hernández fue el equivalente para los puros del régimen como un recorte de pérdidas. Para la presidenta, fue una decisión positiva al enviar la señal a Washington que el status quo vigente se había trastocado, estableciendo una nueva incertidumbre para políticos con el perfil del senador.
La separación de la coordinación, que quedó fuera del alcance del manto de protección que le había extendido López Obrador, es un mensaje hacia el interior de Morena, donde el recálculo es que el rumbo no irá de más a menos. Sin embargo, López Hernández es una pieza muy importante del engranaje morenista: sabe mucho porque tiene mucha información.
Según las investigaciones de las agencias de inteligencia y policiales estadunidenses, es un pivote en las relaciones criminales que se construyeron durante el gobierno de López Obrador, por lo que tampoco se ve probable que se abra una investigación en su contra, o que cuando menos se incluya, para efectos de deslinde de responsabilidades, en la carpeta de investigación de su exsecretario de Seguridad en Tabasco, cuando fue gobernador, Hernán Bermúdez Requena, el fundador del grupo delincuencial “La Barredora”. Paradójicamente, fue este caso lo que cambió su vida en el Senado, porque fue advertido que su viejo colaborador, de acuerdo con información que le había compar-tido Estados Unidos al gobierno mexicano, estaba negociando con sus fiscales, ser testigo colaborador del Departamento de Justicia.
Una de las mayores reticencias a quitar apoyo a los líderes de Morena, era que si llegara a caer uno, los demás vendrán en racimo. Con López Hernández hubo un cortafuego, el fuero constitucional. No será el primero de muchos, pero sí el primero en donde se probará la resistencia de Palacio Nacional para evitar procesos legales contra figuras del régimen, contra la voluntad política en Washington para decidir que unilateralmente irán por ellos.

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