Oxfam, la confederación de organizaciones en el mundo que lucha contra la desigualdad y la pobreza, volvió a sacudir las conciencias con un nuevo reporte dado a conocer esta semana. En el último año, la riqueza de los multimillonarios subió 16 por ciento con respecto a 2024, y creció tres veces más rápido que el promedio de los últimos cinco años, como nunca lo había hecho en su historia. Su riqueza ha crecido 81 por ciento desde 2020, mientras en el mundo que co-habitan, con más de ocho mil millones de personas, una de cada cuatro no tienen que comer y casi la mitad viven en la pobreza. La desigualdad es insultante y alarmante.
El reporte Resistiendo el gobierno de los ricos; defendiendo la libertad, menciona el choque entre la crítica a la forma como viven los ricos y la réplica de que los motiva la envidia. “Sin embargo”, subraya, “mucha menos gente estaría en desacuerdo con que cuando un multimillonario usa su riqueza para comprar a un político, influir en un gobierno, ser dueño de un periódico o una plataforma de redes sociales, o para proscribir a la oposición para asegurarse de estar por encima de la ley, estas acciones socavan el progreso y la justicia”.
Este poder, resaltó Oxfam, otorga a los multimillonarios el control sobre nuestro futuro, socavando la libertad política y los derechos del resto de nosotros. Las nuevas cifras de la organización sobre las disparidades son monumentales. Las transferencias de la riqueza pública a la privada en 50 años –carreteras, vivienda, hospitales y escuelas, por ejemplo–, ocasionaron que el 1 por ciento de los más ricos tengan 300 por ciento más dinero que el resto del mundo, y que si la brecha creció de 36 billones de dólares en 1975, a casi 435 billones en 2024, en 50 años habrá aumentado a casi 900 billones, que para ver gráficamente lo que significan, basta con ponerlo en cifras: 900,000,000,000,000.
El reporte de Oxfam fue dado a conocer durante el Foro Económico Mundial en Davos, y en su agonía al finalizar esta semana, dio a conocer una encuesta con tres mil 900 multimillonarios en los países del G20, que son las 20 economías más fuertes del mundo, entre las cuales se encuentra México, donde los 14 más ricos concentran el 8 por ciento de la riqueza nacional. La encuesta fue encargada a la empresa Survation for Patriotic Millonaires, fundada por un grupo de estadunidenses ricos que luchan por un sistema fiscal justo, salarios que le permitan el bienestar a la clase trabajadora de su país, y por un acceso al poder político mediante condiciones de competencia equitativas.
Los resultados son sorprendentes en sus percepciones sobre cómo pesan e influyen los multimillnarios sobre los políticos, y por ende, las políticas públicas, las decisiones y el futuro de miles de millones de personas. El 71 por ciento de ese grupo piensa que con su riqueza pueden influenciar los resultados de las elecciones, pensando probablemente, por la batería de preguntas que se les formularon sobre Donald Trump, en este empresario que se abrió el camino a la Casa Blanca en dos ocasiones.
El 81 por ciento de los encuestados estimó que quienes más tienen, más posibilidades tenían de acceder a políticos por la vía del dinero, mientras que el 77 por ciento cree que junto con ello, podían “comprar” influencia política. Aunque no lo señala la encuesta –porque no fue una pregunta que se formulara–, la suma de los dos resultados sugiere que la forma como se logra es mediante sobornos y prebendas. Esto sucede y varios presidentes y primeros ministros han caído por corrupción, como los latinoamericanos Luis Inazio Lula da Silva, Cristina Fernández y Alberto Fujimori, o los franceses Jacques Chirac, Nicolás Sarkozy, el austriaco Sebastian Kurst y el portugués Antonio Costa. En Asia también hay casos, aunque Corea del Sur, con tres líderes depuestos por corruptos, encabeza la lista global con el mayor número de gobernantes tocados por el dinero.
Los resultados de la encuesta parecen apuntar hacia una especie de remordimiento. Por ejemplo, en una escala de más del 60 por ciento, los multimillonarios encuestados consideraron que la extrema riqueza es dañina para la democracia y afecta negativamente la vida de miles de millones en el mundo, y el 69 por ciento sostiene que su influencia sobre los políticos prevé que tomen acciones para abatir la desigualdad, lo que sugiere cómo frenan acciones regulatorias, laborales y fiscales.
El 62 por ciento, o seis de cada 10 encuestados, consideraron que la riqueza extrema, por el mal uso que se le ha dado, es perjudicial para la democracia, para los medios de registro y para la confianza social. Al mismo tiempo, el 60 por ciento admite que le impide a la gente tener una vida “decente”, y 71 por ciento piensa que le da ventajas a sus hijos, por encima del resto, lo que es un determinante de vida, porque esto significa salud, alimentación, educación y ruedas para que incursionen al mercado laboral sin mayor problema y con los privilegios de esa clase de élite.
Ocho de cada 10 estuvieron de acuerdo en limitar cuánto dinero podrían recibir los políticos y los partidos políticos de individuos, aunque la pregunta se enmarcaba en la disposiciones legales en cada país, y no en el dinero sucio para los políticos. Al mismo tiempo, seis de cada 10 creen que los políticos tendrían que hacer mucho más por encontrar formas para reducir la desigualdad, como subir impuestos a los más ricos (65 por ciento) para que con esos recursos hubiera inversiones públicas que redujeran el costo de la vida. Solo el 17 por ciento se opone a esta idea.
Sin embargo, esta mea culpa, por sí sola, no produce los cambios que aceptarían llevar a cabo. Amitabh Behar, un indio experto en derechos humanos, desigualdad, democracia y rendición de cuentas gubernamental, actual director ejecutivo de Oxfam, describió el reporte como “una dura acusación” de lo absurda que es la actual brecha entre los oligarcas y el resto de la humanos. “Los gobiernos deben implementar impuestos a los superricos ya, y priorizar la reducción de la desigualdad”, agregó. “El mundo no puede continuar en esta trayectoria obscena”.
Para esto se necesita algo muy simple, pero que representa para muchos líderes, una enorme muralla para escalar: voluntad política para cambiar este destino que hoy se antoja manifiesto.

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Es muy triste verlo, pero es una realidad: en el momento de las grandes definiciones y decisiones, la presidenta Claudia Sheinbaum se hizo chiquita. En el concierto de líderes, que en el Foro Económico Mundial en Davos están dando la batalla política, diplomática y narrativa contra Donald Trump, nuestra presidenta parece como si hubiera optado por esconderse para que no la viera nadie, ni la extrañara, ni alterara, principalmente, el humor del jefe de la Casa Blanca. Cambió Davos, donde se discute el futuro del mundo, por su mañanera, para discutir el mundo, pero asegurándose de que nadie la oyera.
El tamaño de nuestra presidenta, porque lo es de todos los mexicanos, se vio muy contrastado ante un espejo cercano, el de Mark Carney, el primer ministro de Canadá y el tercer socio comercial norteamericano, que pronunció un discurso el miércoles que al terminar, en algo que rara vez se ha visto en los 55 años de historia del Foro de Davos, fue aplaudido de pie por los líderes y presidentes de las más importantes empresas del mundo. Sheinbaum, en la más grande metáfora de sus contradicciones, elogió el mensaje de Carney.
“Las potencias medianas deben actuar unidas porque si no estamos en la mesa (de las negociaciones), estamos en el menú”, dijo Carney, mientras aquí, Sheinbaum pagaba un nuevo tributo a Trump para que no se enoje con ella: 37 narcotraficantes de tercera división desterrados a cárceles estadunidenses. Ya van 92 en un solo año y, al tiempo que se le están acabando criminales de relevancia para entregar, sigue cediendo ante sus exigencias. Lo único a lo que se resiste, todavía, es a iniciar un proceso contra alguna de las figuras de Morena vinculadas al narcotráfico, porque no quiere y, también porque no puede por la molestia que podría causar en Palenque.
De la cabeza fría de la que tanto se habló en el mundo y aquí se sigue presumiendo, ya pocos se acuerdan. Vistos los resultados, no sirvió para evitar aranceles ni amenazas, aunque sí para que no la insultara públicamente. La ha humillado, pero no con gritos como a muchos otros, aunque debe sentirse incómodamente tranquila –sus paleros siempre resaltan las palabras de Trump sobre ella–, porque expresiones similares ha hecho sobre Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela, que hoy es un títere del presidente estadunidense, y María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, a quien también ha maltratado.
Carney, que como su antecesor Justin Trudeau enfrentó a Trump, está luchando por darle viabilidad a Canadá como nación soberana, sabiendo de los costos a su persona. Ayer mismo, Trump le dedicó unas líneas de su discurso para decirle que su país recibía muchas prebendas de Estados Unidos por lo que debería ser agradecido. “Recuerda”, agregó, “Canadá vive gracias a Estados Unidos”. Le dolió a Trump que le dijeran las cosas directas, pero Carney, a diferencia de Sheinbaum, está tomando decisiones. Llegó a Davos desde China, a donde no se había parado un primer ministro canadiense en 23 años, donde firmó un acuerdo comercial estratégico. Carney no ha parado. Ha realizado 60 viajes internacionales para fortalecer las relaciones comerciales. En tanto, Sheinbaum recorre México ofreciendo cosas que no va a poder cumplir porque no habrá dinero, y poniendo en riesgo la viabilidad del régimen en el largo plazo.
Trump trata casi igual a Sheinbaum que a Carney, denostando a quienes lo confrontan y a quienes se callan. Davos ha mostrado que la última frontera de un líder es la dignidad contra la sumisión. “cada día nos recuerda que vivimos en una era de rivalidad de los grandes poderes”, dijo el canadiense en su discurso. “El orden basado en las reglas se está desvaneciendo, donde el poderoso puede hacer lo que quiera y el débil debe sufrir lo que deba”. Sus palabras debieron haber resonado en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, pero no parece que como parte de un ejercicio de autocrítica.
Carney, que no mencionó a ningún líder por nombre, criticó a muchos por no defender los intereses nacionales de su país. “Hay una fuerte tendencia de algunos países de avanzar de la mano y llevarse bien, para acomodarse, evitar problemas, esperando que la obediencia les comprará seguridad. No lo hará”. Mejor experiencia de la que vivimos en México para entender las palabras del primer ministro, puede no haber en el mundo. La justificación de los voceros de Sheinbaum es que por más que se haga, Trump es incontenible.
Es cierto. Es un búfalo que corre y embiste a la velocidad del sonido. Es cierto que la asimetría de México con Estados Unidos no se parece a la de Canadá. Pero la lucha que han hecho Trudeau y Carney por acomodarse y sobrevivir en un nuevo orden internacional, como el que ha planteado Trump, está muy lejos de la postura de Sheinbaum que no está buscando acomodarse a esta realidad de nuevos arreglos y ajustes geopolíticos, sino aceptar los designios del jefe de la Casa Blanca y buscar si aún le quedan espacios de maniobra antes de entregar la plaza sin pelear.
Sheinbaum no fue a Davos, que en este espacio se criticó la semana pasada por dejar escapar una oportunidad política y de negocios, y con lo que está sucediendo en el Foro, hubiera sido contraproducente. No tiene argumentos para defender su posición. El discurso de soberanía le sirve localmente para la gradería, pero no funciona ante los líderes en Davos, que defendiendo su soberanía le hablaron a Trump con dignidad, entereza, y dispuestos a plantear su diálogo como en el juego de la gallina de la Teoría de Juegos sobre confrontaciones de alto riesgo.
Su actitud ante Trump hacía imposible que saliera de Davos con credibilidad. Sheinbaum no tiene un mensaje que concilie sus palabras con sus acciones, ya no como el de Carney, sino de otros líderes que con retórica menos encendida, han expuesto sus diferencias con Trump sin romper con él. Tampoco tiene el arrojo y la determinación. Una jefa de Estado acotada dentro y débil fuera. Sin consenso interno, ni siquiera en su partido, ni fuerza afuera. Qué triste y lamentable en momentos cruciales para el futuro de todos, porque parafraseando a Carney, México ya es parte del menú de Trump.

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A finales de la semana pasada la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, cesó al ministro de Industria, Alex Saab, a quien la fiscal chavista Luisa Ortega, forzada a exiliarse por una persecución del régimen de Nicolás Maduro, acusó en 2017 de haber tenido “contratos turbios y jugosos” con el despuesto presidente. Fue la primera gran sacudida en ese régimen tras la intervención de Estados Unidos a principio de año, para beneplácito de la Administración Trump y gran preocupación, si existe noción de la realidad, para empresarios mexicanos y al menos dos miembros del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Saab fue sancionado en 2019 por el Departamento del Tesoro por haberse beneficiado de orquestar una vasta cadena de corrupción que facilitó que Maduro y su régimen se enriquecieran de importaciones de alimentos con contratos a sobre precio para el programa de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa social que inició Hugo Chávez. Una de las empresas mexicanas que participó en la venta de alimentos para las llamadas Claps fue el Corporativo Kosmos, el grupo familiar que maneja Jack Landsmanas Stern, y que hasta hace muy poco, a través de sus relaciones personales con altos funcionarios del gobierno de Sheinbaum, se había convertido en uno de los empresarios favoritos del régimen. Ya no.
Landsmanas está en la mira de los gobiernos de México y Estados Unidos. Aquí, desde los últimos meses de Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General, se abrió una investigación en donde el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, Felipe Gallo, había incluido por su presunta complicidad a la actual secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, que trabajó en el corporativo; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, a quien el padre del empresario veía como un hijo.
La familia Landsmanas monopolizó durante años la distribución de alimentos en las cárceles mexicanas, pero en los últimos años, a través de sus contactos con el régimen obradorista, expandieron sus negocios. Gertz Manero, de acuerdo con funcionarios consultados, nunca detalló en Palacio Nacional los alcances de la investigación, que produjo una denuncia en donde no figuraba Scherer –que es persona de interés en Estados Unidos–, pero estaba incluido el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, con quienes el fiscal y Gallo tenían viejas cuentas pendientes.
La denuncia es por financiar al terrorismo, que es la categoría bajo la cual el gobierno estadunidense están investigando a Landsmanas, por su relación con el régimen de Maduro a través de Saab. El vínculo entre Landsmanas y Saab no es necesariamente una relación personal, ni una sociedad directa formalmente establecida entre ambos, sino que aparecen mencionados en la misma investigación sobre las cadenas de negocios vinculadas a los contratos del programa CLAP. Otras empresas mexicanas también vendieron alimentos a Venezuela dentro de las cadenas de suministro que organizó Saab a través de intermediarios offshore, pero no hay información de estar sujetas a investigación en México o Estados Unidos.
Landsmanas ha negado cada vez que su nombre resurge en el tema de los CLAP tener una relación con Saab o estar en negocios ilícitos. Pero la imputación en su contra es resultado de la designación del Cártel de los Soles venezonalo en noviembre del año pasado, como organización terrorista, en donde se precisa que quien haya tenido o tenga relación de cualquier tipo con una entidad clasificada como tal, también es sujeto de investigación y proceso.
Aunque no se ha especificado, la destitución de Saab vuelve a abrir el caso contra personeros del régimen madurista y sus relaciones en América Latina, que es la segunda fase que esperan en Estados Unidos obtener de las declaraciones del expresidente. Luego que Saab, colombiano de nacimiento, fue acusado por la exfiscal Ortega, su abogado radical de derecha y cuya familia estuvo relacionada con grupos paramilitares en Colombia, Abelardo de la Espriella, le sugirió que comenzara a hablar con la DEA. Así lo hizo y prometió que entregaría información sobre el régimen de Maduro y sus negocios y conexiones criminales. De la Espriella es el principal candidato de la oposición colombiana para la Presidencia.
Saab, de acuerdo con fuentes estadunidenses, estuvo posponiendo la entrega de la información hasta que Washington dio otro paso: la CIA infiltró a su piloto, que les informó que viajaría a Irán, con escala en la Isla de Sal, donde se encuentra el aeropuerto de Cabo Verde, un archipiélago en el Atlántico africano, donde Interpol lo detuvo en 2020 por el delito de lavar dinero para Maduro, y fue extraditado a Estados Unidos, donde junto con su socio, el también colombiano Álvaro Pulido, fue acusado de operar la cadena que proveía de alimentos para el programa CLAP del régimen venezolano.
Aquella red de operaciones de compra y venta de alimentos con sobreprecios y triangulaciones financieras entre empresas offshore y proveedores locales en México, detonó una investigación de la Fiscalía General en 2019 contra 23 empresas por lavado de dinero, vinculadas a las Claps. Un año antes, la Procuraduría General de la República de Enrique Peña Nieto, dijo que habían encontrado un esquema fraudulento con operaciones inusuales de empresas mexicanas –que no identificó–, que vendieron productos de baja calidad a sobre precio a Venezuela.
El esquema se frenó, pero como reveló una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción en 2021, una nueva red de empresas para el envío de alimentos de México a Venezuela surgió en los dos primeros años del gobierno de López Obrador, que se frenó abruptamente cuando Estados Unidos desmanteló el mecanismo de lavado de dinero que involucraba a Saab con empresarios mexicanos.
Saab era tan importante para el régimen de Maduro, que negoció con Estados Unidos a finales de 2023 que lo regresaran a Caracas a cambio de 10 estadunidenses encarcelados. Maduro lo hizo ministro de Industria y la red criminal que construyó con México parecía olvidada. No lo fue. Por razones desconocidas, Landsmanas y el Grupo Kosmos se colocaron en la mira del gobierno de Sheinbaum tiempo antes de imaginarse lo que iba a suceder en Venezuela. Los estadunidenses, empero, tenían apuntadas sus baterías desde antes, contra él y los secretarios mexicanos.

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Es público que la clase política de Morena dejó de viajar a Estados Unidos. Aunque las recomendaciones para evitar viajes no necesarios a ese país surgieron en el último año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la preocupación y el miedo se materializó con las primeras cancelaciones de visas a políticos, comenzando con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, en mayo del año pasado. Hasta hoy, más de 100 mil visas a funcionarios y políticos mexicanos y mexicanas han sido canceladas. Y seguirán creciendo.
Hay más visas canceladas de personas que sin estar en la política, tienen relación con figuras públicas. Personas que vivieron ese tránsito han descrito cómo al llegar a Estados Unidos han sido llevados a un cuarto en el aeropuerto donde agentes del FBI y del Departamento de Seguridad Interna los han interrogado sobre sus relaciones con funcionarios y exfuncionarios a los que tienen bajo investigación. En algunos casos los interrogatorios han durado seis horas, al término de los cuales han sido deportados. En otros, en particular del círculo familiar de López Obrador, les han permitido la entrada pero han tenido que acudir a oficinas del FBI en Dallas, particularmente, para interrogatorios informales.
Las visas, comentó un funcionario estadunidense, se han convertido en un certificado de honestidad para los mexicanos. En ese sentido, la recomendación que le hizo a López Obrador el exfiscal general Alejandro Gertz Manero, que se le hizo extensiva a varios miembros del gabinete, líderes de Morena y gobernadores, indirectamente reconocía que en sus filas había deshonestos que podrían tener problemas si buscaban entrar a Estados Unidos. El número de visas que cancelaría el Departamento de Estado ascendía a 300, entre funcionarios y exfuncionarios en los tres niveles, así como miembros de partidos, sindicalistas y personas en general, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. El temor entre funcionarios y políticos, notoriamente de Morena, se deriva de que están viendo acciones concretas en la cancelación de visas, que solo en un número reducido de suspensiones se ha hecho público. La revocación de visas se realiza de manera discrecional por parte del Departamento de Estado, en coordinación con el Departamento de Seguridad Interna que se establece caso por caso, de acuerdo con la proclamación del presidente Donald Trump que restringe la entrada de “ciertos” extranjeros para prevenir “amenazas de seguridad nacional y de salud pública”.
La cancelación de visas es resultado de un proceso iniciado en el gobierno de Trump donde se han revisado los antecedentes de cientos de figuras públicas y sus relaciones con el crimen organizado, que en el pasado, aunque existía la información, no se había tomado la decisión política de actuar, como señaló una fuente estadunidense. En la clase política del régimen, públicamente minimizan, niegan o caricaturizan que existan listas negras en Washington, pero en los hechos, han optado por no viajar a Estados Unidos. Diplomáticos estadunidenses han entregado a la presidenta Claudia Sheinbaum varias listas de miembros de su partido vinculados con los cárteles de las drogas, y le han pedido que actúe, pues de otra manera, el Departamento de Justicia podría hacer pública una imputación y pedir la extradición.
Entre los nombres de las principales figuras en las listas que han entregado se encuentran gobernadores, legisladores, secretarios de Estado y líderes de Morena. La cancelación de las visas no ha tenido como objetivo central imputarlos, sino que ha servido como una advertencia de que se encuentran bajo investigación. No todos aquellos o aquellas a quienes se les ha revocado la visa, han recibido notificación de ello, por lo que no se sabe cuántos de esos 100 mil que ya no la tienen, están conscientes de su situación.
La cancelación de visas en Estados Unidos no es un trámite administrativo menor ni un gesto burocrático rutinario. Es, en la práctica, un instrumento de poder. Silencioso, discrecional y profundamente político. Cuando Washington cancela una visa, no necesita explicarse; el mensaje va implícito y el destinatario lo entiende con claridad quirúrgica.
Sheinbaum ha sido interrogada varias veces sobre la política de Trump, y ha señalado que es una atribución única y soberana de Washington. Al menos dos gobernadores mexicanos, reveló un funcionario estadunidense, lograron evitar la cancelación de sus visas o lograron condiciones extraordinarias durante un año a cambio de que les proporcionaran información. Los gobernadores, muy cercanos al expresidente López Obrador, se convirtieron en informantes informales de las autoridades estadunidenses.
Varias secretarías de Estado en Washington están involucradas en el monitoreo y seguimiento de la información que tienen, pero el Departamento de Estado está haciendo un seguimiento permanente de figuras públicas en México como nunca lo habían hecho. De este seguimiento pueden derivarse revocaciones de visa, incluidas personas que no tengan relación con el crimen organizado, pero que han tenido posiciones contrarias a las políticas de la Administración Trump o utilicen un lenguaje que pueda ser considerado de odio, que es una de las razones por las que, de acuerdo con la proclamación de Trump, pueden ser sujetos a la cancelación de su permiso para entrar a Estados Unidos.
Pero para un político o funcionario, la cancelación de su visa significa la pérdida de interlocución, margen de maniobra y, sobre todo, credibilidad. Ser persona non grata al norte del río Bravo tiene consecuencias prácticas inmediatas. El daño no es solo personal; es reputacional, institucional y, en algunos casos, letal para una carrera pública. La gobernadora de Baja California, la figura de mayor jerarquía a la que le revocaron la visa, es un ejemplo de ello, aunque la presidenta Sheinbaum haya salido a arroparla. La cancelación de visas es realmente, en el fondo, una forma de diplomacia punitiva. No busca humillar públicamente, sino corregir conductas sin escalar conflictos. La gobernadora procedió a su divorcio, para tirar lastres. Otro gobernador negoció que su familia se quedara a vivir en Estados Unidos. Uno más acudió a la Embajada de Estados Unidos para neutralizar los daños sobre una investigación en curso en su contra.
Durante años se cultivó la idea de que la relación con Estados Unidos podía administrarse desde la retórica nacionalista sin consecuencias reales. Se acabó. Esa ficción empezó a resquebrajarse cuando las visas comenzaron a revocarse.

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El conflicto con Estados Unidos está generando un problema de gobernabilidad en México: amagos militares en los linderos del espacio aéreo mexicano. Insinuaciones sobre cuáles y dónde se encuentran los objetivos. Endurecimiento del discurso público en Washington. Extrañamientos y exigencias en privado. Donald Trump le dio una vuelta a la perilla de la estufa mexicana y habló de narcopolíticos con la presidenta Claudia Sheinbaum. Se puede alegar que estamos viviendo el momento más delicado en un siglo de relaciones bilaterales. ¿Y en Palacio Nacional?
Sheinbaum está atrapada en el choque entre el presidente de Estados Unidos y el expresidente de México que gira en torno al elefante en la sala: la economía criminal alterna que de acuerdo con las investigaciones estadunidenses, construyó Andrés Manuel López Obrador con tres pivotes: el general Audomaro Martínez, el senador Adán Augusto López Hernández, y el subsecretario de Agricultura, Leonel Cota. Aquí no creen en ese tipo de pecados criminales, pero allá, sobre la base de testigos, intervenciones telefónicas y electrónicas, no tienen duda alguna. También, no pretenden, y no le han dicho, que se los entregue para que los juzguen allá; lo que piden es que no haya impunidad y que los juzguen aquí.
La presidenta Sheinbaum enfrenta múltiples dilemas: cómo evitar acciones de fuerza unilaterales que no la lleven a una situación extraordinaria donde su discurso soberano y su cabeza fría se licuen ante la realidad; cómo desmantelar la red criminal en donde los políticos juegan una parte central, sin que el ala radical de Morena –los más, porque están en el poder, pero no los únicos– se levante en su contra; cómo mantener la protección que exige López Obrador para los suyos sin continuar la dinámica desgastante con Estados Unidos, que son para los que pide que no haya impunidad; y como evitar un colapso del acuerdo comercial norteamericano, contaminado por lo anterior.
La tensión con Estados Unidos está comprometiendo la capacidad del gobierno para tomar decisiones autónomas, evidenciando su debilidad institucional –la postergación de la reforma electoral, según funcionarios mexicanos, estuvo directamente relacionada con las presiones de Washington de la última semana– y su improvisación diplomática. El ejemplo más claro fue que la llamada telefónica con Trump no corrió por los conductos normales, sino por una petición directa de la presidenta al embajador Ron Johnson. ¿Es el nivel de interlocución al que le alcanza a la presidenta? Si es así, estamos en problemas.
Sheinbaum está sintiendo la intensidad y, por lo que se vio la semana pasada, su agenda estuvo enfocada prácticamente a la relación con Estados Unidos tras la conversación telefónica con Trump, que de acuerdo con trascendidos en la prensa mexicana, fue ríspida. La presidenta negó que así haya sido, lo que llevaría esa discusión a un terreno subjetivo: ¿cómo definir ríspido? Es ocioso discutirlo. La conversación, sin embargo, según personas que conocieron aspectos generales de ella, tuvo momentos incómodos, pero no de choque, y reclamos directos, sin sobresaltos, como el tono de Trump a una especie de extrañamiento que le hizo sobre el envío de petróleo a Cuba y la presencia de médicos cubanos en México. Públicamente, Sheinbaum dijo que de ese tema no habían hablado y Trump no la desmintió.
Es cierto, como reveló la presidenta, Trump le dijo que no habría una acción como la realizada en Venezuela, que reforzó lo que días antes le habían dicho por teléfono: acción militar no. ¿Un ataque quirúrgico? Ni en Washington, ni en algunas secretarías de Estado en México, lo han descartado. Este escenario sería borrado si, como volvió a pedirle Trump, acepta que sus fuerzas especiales militares y de la CIA –que tiene grupos paramilitares–, apoyan a las fuerzas de seguridad mexicanas en el combate a los cárteles. En este punto la presidenta no se ha movido: nada de apoyo externo, lo resuelven internamente.
El problema es que, como lo han señalado en Estados Unidos públicamente, no la creen capaz. Sobre todo, porque para la Administración Trump los cárteles no son el final del camino, sino la red de protección institucional que se expandió durante el sexenio de López Obrador, en donde también se integraron altos funcionarios y políticos del régimen como parte orgánica del crimen organizado. Trump se lo tocó a la presidenta en la conversación, según las personas que conocieron de la plática, durante la cual reforzó lo que varios de sus diplomáticos le han pedido: firmeza para actuar contra políticos ligados al narco.
La presidenta mencionó en varios momentos la soberanía mexicana, que ha sido su línea continua, política y retórica, pero ese discurso solo sirve para consumo interno, en donde la mayoría no ve la contradicción entre el principio y la realidad: ¿en cuánto del territorio mexicano no hay soberanía del Estado? De acuerdo con el Pentágono, al menos en el 35% que controlan las organizaciones criminales. Muchas carreteras y autopistas en la noche están al libre albedrío de los criminales, que suplen funciones de seguridad, fiscales y económicas del Estado. La soberanía tendría que empezar en casa, pues de otra forma, esa justificación pierde su valor principista.
La soberanía, como la no intervención que siempre antepone Sheinbaum ante los estadunidenses no tiene valor real allá, donde algunos sectores la ven como una manipulación ideológica. Una fuente estadunidense ironizó que cómo puede hablar de ello cuando el gobierno de López Obrador intervino en varias elecciones latinoamericanas y ella misma ha sido declarada persona non grata en dos países por intervencionista. No es un tema de soberanía por lo que la presión no haya sido mayor, sino porque el riesgo de tomar acción sin considerar el efecto en la población que podría desatarse por miedo, podría provocar una migración masiva mexicana a Estados Unidos, que desestabilizaría, cuando menos, todo el sur de esa nación.
La dialéctica en la que se está desarrollando la relación bilateral está generando un problema de gobernabilidad, porque las presiones internas y externas son excluyentes y ralentizan o paralizan la conducción presidencial. La salida de sus dilemas no es fácil ni indolora. La presidenta deberá definir qué país quiere entregar en 2030, y decidir si apuesta por el statu quo y enfrenta a Estados Unidos, o al revés, con lo que ello signifique en su relación con López Obrador.

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Claudia Sheinbaum es una presidenta que le gusta desperdiciar oportunidades. Con una cosmogonía diferente a la de su jefe político, Andrés Manuel López Obrador, se pensaba que ella, verdaderamente de izquierda aunque dogmática, pero entendedora de cómo funcionaba el mundo, lo recorrería para vender un país donde podían invertir. Pronto mostró lo equivocado que muchos estaban. Tiene una visión tan aislacionista como su antecesor, pero a diferencia de él, no tenía condiciones socioeconómicas tan apremiantes como hoy en día. Aquel se encerró en el mundo y no pagó mucho. Ella le sigue la corriente en un mundo totalmente diferente al de su antecesor, que la hace ver pequeña y torpe en sus decisiones. Además, contradictoria.
Apenas en octubre recibió a 60 directores ejecutivos del Foro Económico Mundial de Davos, representantes de empresas de 17 países, que escucharon qué quería de ellos con el Plan México. La escucharon con atención, tomaron nota y la invitaron a la reunión anual en el destino alpino de Davos en los alpes suizos, que comenzará el próximo lunes. Había anticipado que no iría y el miércoles confirmó que se quedaría en México. Parecería que es más importante para ella, estratégicamente hablando, recibir lisonjas en las mañanera, acusar a Felipe Calderón y a Genaro García Luna de los males endémicos del país e irse de gira, que es lo que ha sucedido de manera regular en sus 15 meses y medio de gobierno.
Como representantes del gobierno irán la empresaria Altagracia Gómez, su amiga íntima, que dirige el Plan México, que no tiene ninguna representación legal, acompañada de la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, que participará en mesas donde se hablarán de temas que no están en la agenda central de los participantes, convocados para reflexionar, como señala el lema de la reunión, en “El espíritu del diálogo”. Bárcena acudirá más para cabildear su candidatura a la secretaría general de las Naciones Unidas –que cada semana se ve más lejos–, y Gómez jugará un papel periférico. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, prefirió quedarse en México preparando el relanzamiento de las negociaciones del acuerdo comercial norteamericano, que está respirando con un RCP.
Qué forma de desaprovechar un evento donde la coyuntura, por razones, estas sí estratégicas, recomendaba asistir bajo cualquier supuesto. El presidente Donald Trump viajará con una buena parte de su gabinete, y el presidente colombiano, Gustavo Petro, que se reunirá en febrero con él en la Casa Blanca, decidió viajar a Davos –el año pasado canceló por problemas económicos, que no han cambiado en este año– y tener una primera plática con él frente a frente. El darling de Washington, el presidente argentino Javier Milei, incluso dará un discurso especial. En este “momento crucial” para la cooperación global, como señaló el Foro, 65 jefes de Estado y de gobierno, incluidos seis de los líderes del G7, 850 de los pricipales cabezas de la industria mundial y cerca de tres mil empresarios de 130 países, se darán cita en las montañas suizas. Sheinbaum los verá a casi 10 mil kilómetros de distancia.
López Obrador tenía una aversión, quizás reforzada por su monolingüismo, a viajar. Ella no tendría ningún pretexto pero, así estamos, en la realidad de una presidenta que quiere abrir el país a la inversión privada extranjera, pero no hace nada por atraerla. Davos le representaba una oportunidad dorada para explicar que la reforma al Poder Judicial no generará incertidumbre jurídica y que no teman a expropiaciones o despojos como los hizo López Obrador.
Sheinbaum, una mujer de izquierda auténtica, no como el impostor anterior, tiene un problema de dogma. Ser de izquierda no significa pensar que lo de hoy son Marx y Engels, una economía cerrada y la sustitución de importaciones, que es como actúa. El modelo económico en el mundo es solo uno hoy en día: capitalista. Guste o no, eso es lo que mueve a todas las naciones. Lo que está a discusión es qué tipo de capitalismo se quiere tener.
El de Estado, como el chino; el corporativo como los de Japón y Corea del Sur; el de una economía social de mercado, como Alemania y Francia; el liberal como el que practican Estados Unidos y el Reino Unido, o el de alta libertad económica como Singapur y Hong Kong. El capitalismo mexicano, porque eso es lo que tenemos, se parece más al capitalismo de “amigos” de Rusia, que es un sistema híbrido, donde los principales beneficiados son, precisamente, los amigos del presidente. De ahí parte de las desconfianzas en invertir en México y la percepción de que el régimen obradorista está empapado de corrupción.
No es sorpresa que la presidenta Sheinbaum muestre una falta de visión estratégica. Es parte de las características del régimen obradorista que hoy encabeza ella en la parte institucional. Lo que sorprende es que en este difícil momento en el que se encuentra la relación bilateral con Estados Unidos, de quien depende de México en más de un 85 por ciento de su economía, no alcance a ver que una buena parte de la soberanía que tanto le gusta mencionar, pasa por la forma como un país que no es potencia, puede manejar la asimetría en su beneficio.
La soberanía dejó de ser un principio de convivencia entre iguales y se transformó en un instrumento de afirmación nacional frente a un sistema internacional fragmentado y crecientemente competitivo. La soberanía dejó de ser absoluta y se convirtió en capacidad de maniobra. Una de las formas como se puede fortalecer la soberanía es la diversidad de dependencias económicas y volverse indispensable para Estados Unidos como, por ejemplo, ofrecerle un corredor logístico seguro y confiable.
Davos, que se fundó en 1971, tendrá su reunión en un momento que quizás solo se asemeja en cuanto a cambio de paradigmas a su encuentro en 1990, cuando todos los ojos voltearon a Europa del Este tras la caída del Muro de Berlín para invertir. En aquella ocasión, el presidente Carlos Salinas se dio cuenta de lo que el mundo estaba cambiando y para subirse al tren de la modernidad, propuso el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En esta, Sheinbaum ni siquiera se ha dado cuenta de lo que está sucediendo ante sus ojos.

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Lo que hasta hace pocos meses se apreciaba como grieta, hoy se está viendo como una fractura pública en la cima del poder de la cuatroté. Ya no hay simulaciones. Ya se quitaron las máscaras. No es una redefinición de proyecto, sino cuáles son los alcances, los límites, las necesidades cupulares y, al final del camino, quién se queda como cabeza del régimen. Las dos corrientes que existían, los puristas de Andrés Manuel López Obrador y los claudistas de Claudia Sheinbaum, se han atomizado al grado que grupos antes homogéneos, han entrado en conflicto.
La fractura se aprecia como derivada de tres noticias que, en sí, son espectaculares: la creencia dentro de una ala del gobierno de la presidenta Sheinbaum de perseguir y eventualmente entregar a funcionarios con presuntos vínculos con el crimen organizado, como reveló The New York Times; la discusión en el gabinete sobre qué hacer ante las “exigencias insostenibles” de Estados Unidos que incluyen la captura de políticos supuestamente relacionados con el narcotráfico, como abundó The Wall Street Journal, y la censura a una entrevista de la dramaturga Sabina Berman en el Canal 14 al radical activista Eduardo Verástegui.
Las dos primeras tienen como su mayor valor, no que exista la petición, que ya alcanzo el nivel de queja, de altos funcionarios de la Administración Trump que durante meses le han solicitado al gobierno mexicano que procese a políticos, principalmente de Morena, vinculados al narcotráfico, que se ha venido detallando en la prensa mexicana, sino el hecho de que sean miembros del gabinete de Sheinbaum quienes, por primera vez, hablan del tema con preocupación e incertidumbre sobre qué se hará y las consecuencias que podría haber si no hay una acción punitiva, como hasta ahora.
No son muchos los funcionarios de Sheinbaum que son buscados por los medios estadunidenses y hablan regularmente con ellos, que tienen como común denominador que no son considerados como nativos de la cuatroté, y que tienen vasos comunicantes importantes con la Administración Trump. Si decidieron sacar la cabeza, aunque sea de manera anónima –algo muy común en todo gobierno cuando se habla de temas delicados y buscan evitar represalias–, es porque están viendo y sintiendo la creciente presión de Washington sobre un tema que la presidenta ha buscado evadir. Todavía ayer negó esas peticiones, aunque la última precisa fue el sábado pasado por teléfono y en reuniones previas le han dado nombres específicos de con quién pudiera empezar.
El caso del affaire Berman-Verástegui y la censura que le impusieron en el Canal 14, uno de los entes bajo la responsabilidad de Jenaro Villamil, director interino del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a su vez, pieza estratégica de Jesús Ramírez Cuevas, jefe de la maquinaria propagandista del régimen y coordinador de asesores de Sheinbaum, a la entrevista que le hizo al activista de extrema derecha, no hubiera sido tema de debate si el exactor no lo hace público. Berman, que es una de las plumas más sofisticadas del régimen –y de las que lograron transitar en el último relevo del establo de intelectuales orgánicas–, debió sentirse atrapada en la contradicción de alegar que no hay censura en la cuatroté y ser víctima de ella, e hizo público, en respuesta a Verástegui, que la decisión de transmitir la entrevista no fue de ella, sino del Canal 14.
Lo que vino después fue un reproche de varias de las plumas en la nómina de Ramírez Cuevas, a quienes se sumaron otros intelectuales orgánicos del régimen en su severa crítica a la censura. Aunque algunos de ellos deslizaron que su ulterior motivo no era escuchar voces que piensan diferente, sino que iba a dar municiones a los críticos de la cuatroté, lo que exhibió es una molestia que se venía anidando hace meses contra Villamil, por la manera como ha ejercido un control sobre los medios públicos imponiendo una línea rígida que responda al espíritu estalinista de los puros de López Obrador.
Pero el conflicto no es entre puros y moderados, o entre obradoristas nativos y simpatizantes que se sumaron al proyecto una vez consolidado. También se está dando al interior del ala radical, donde además de Ramírez Cuevas su cara más visible es Rafael Barajas, el monero de La Jornada apodado El Fisgón, que es el responsable de la capacitación de cuadros políticos de Morena. Los puros del régimen no han chocado por desviaciones del proyecto de López Obrador, sino por el control y la disposición de los recursos presupuestales.
Hace varios años, el periodista, investigador y escritor Humberto Musacchio, decía que los periódicos en México no morían, sino que se pudrían por dentro. Aquella frase podría aplicarse a lo que está comenzando a suceder al interior del régimen, sin que quienes podrían frenarlo, Sheinbaum o López Obrador, lo estén haciendo.
La presidenta, una líder con un poder absoluto como no había tenido México probablemente en casi un siglo, es terriblemente débil hacia el interior del régimen, donde no le hacen caso, le juegan las contras y no tiene forma de tomar las riendas de lo que sucede al interior de la cuatroté. Incluso, que algunos miembros de su gabinete estén revelando intimidades político-estratégicas del gabinete, no debió haber sido de su agrado. Quien pudiera meter orden, López Obrador, como el caudillo y hombre fuerte del movimiento, no lo está haciendo porque, proyectado en las posiciones de sus principales voceros, vive con miedo desde hace tiempo por la eventualidad de que pudieran capturarlo los estadunidenses, no ha dado más señales que preocuparse de su futuro y el de su entorno inmediato.
Problemas en los gobiernos siempre hubo. Algunos trascendieron, y muchos otros se dirimieron intramuros. Aunque algunos fueron temprano en el sexenio, nunca significó una epidemia de régimen, como la que está empezando a darse en este gobierno. Estamos viendo el estallamiento de conflictos diversos que muestran una falta de control y disciplina interna que merman la credibilidad de la Presidencia en un momento de cohesión indispensable –aunque, por acciones de Sheinbaum, solo sea hacia el interior del movimiento–, a solo, no hay que olvidar, 15 meses y medio de haber iniciado su gobierno, e iniciando un año que probablemente defina el rumbo y destino de la cuatroté.

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Guadalajara se prepara para recibir al mundo. La Copa del Mundo es el escaparate perfecto: un estadio remodelado, obras de infraestructura y movilidad, en el aeropuerto, en la ciudad, en las arterias que conecten los puntos más importantes para un millón de turistas directos que esperan. Veintrés mil millones de pesos de presupuesto para vestir la capital y dejar huella entre los tapatíos, discursos de hospitalidad, spots de seguridad y autoridades repitiendo que todo está bajo control. Pero, debajo de esa escenografía a 148 días de que arranque el torneo, hay una verdad incómoda que nadie quiere mostrar en la transmisión oficial: Jalisco es también la capital de los desaparecidos y un territorio sembrado de fosas clandestinas.
Hábilmente, el gobernador Pablo Lemus hizo una jugada estratégica: cabildear y lograr que la importante Serie del Caribe de beisbol, que se canceló por las condiciones en las que se encontraba Venezuela, tenga en Guadalajara, la primera semana de febrero, su sede. Un ejercicio político y de relaciones públicas con el propósito implícito, se puede conjeturar, de lavar la cara de inseguridad y violencia en el estado.
Jalisco está en la mira de las autoridades estadunidenses, quizás como ninguna otra sede mundialista. El Cártel Jalisco Nueva Generación es la razón. Es un objetivo estratégico, nacido en el estado pero que se extendió a la entidad prioritaria de Washington, Michoacán. El Departamento de Estado mantiene a Guadalajara en el nivel 3 de sus alertas, que recomomienda “reconsiderar” viajar a Jalisco, pero en las áreas de inteligencia hay más preocupación. Existen los temores de que ese grupo criminal intente un ataque terrorista durante la Copa, que ha llevado a considerar que un incidente de alto impacto más en Guadalajara –como el reciente secuestro de agentes de inteligencia–, los llevaría a buscar que se cancelara la capital tapatía como sede.
El esfuerzo de Lemus, sobre quien hay investigaciones abiertas en Washington, tiene que ser más intenso. Obtener la Serie del Caribe no ocultará que el Mundial de Futbol no llega a un estado en calma. Llega a uno que lleva años conviviendo con la violencia como si fuera parte del paisaje. En Jalisco, la desaparición de personas no es una anomalía, es una estadística cotidiana. Y Guadalajara, la joya turística, no es ajena a esa realidad.
La violencia no está en la periferia lejana, sino a unos minutos del estadio que será sede de partidos mundialistas. Las fosas clandestinas localizadas en zonas cercanas al inmueble no son un accidente ni una exageración periodística. Son el síntoma más brutal de un Estado que perdió el control de partes de su territorio y aprendió a administrar el silencio. No es que no se sepa lo que pasa, es que se decidió mirar hacia otro lado mientras el crimen organizado convertía predios, brechas y desarrollos inconclusos en cementerios ilegales.
Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, como Guerreros Buscadores de Jalisco, que descubrieron el horor en Teuchitlán, han reportado sistemáticamente la localización de cientos de bolsas con restos humanos en distintos puntos de Zapopan, dentro de un radio aproximado de 10 a 20 kilómetros del Estadio Akron, donde se jugarán los partidos. Hasta finales del año pasado, el conteo superaba las 450 bolsas recuperadas en varios sitios, que incluían cuerpos completos, fragmentados y osamentas, de fechas distintas –algunos de años anteriores y otros más recientes, lo que indica sitios activos de entierros clandestinos durante largo tiempo, de acuerdo con información en fuentes públicas.
Las autoridades locales han tratado de enmarcar el problema de las desapariciones como una problemática más amplia que no debe focalizarse únicamente en la cercanía del estadio, argumentando que los sitios no están “tan cerca” del inmueble y que la crisis es nacional. En la prensa del mundo, eso no importa porque, en realidad, el que sea un problema nacional, no lo hace menos trágico. La Fiscalía de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses han reconocido que trabajan en el procesamiento de restos humanos y fosas clandestinas en Zapopan, incluyendo sitios alrededor de Estadio Akron.
Las desapariciones es un problema que toca todo el país, donde a veces parece que estamos parados sobre un enorme cementerio clandestino. Jalisco es uno de los estados con más personas desaparecidas del país, figurando entre los primeros lugares con más de 15 mil desaparecidos o no localizados hasta la primavera del año pasado. No es un problema nuevo, pero en los dos últimos años se ha acelerado y agravado, revelando que Jalisco, con sus casos de alto impacto, es un estado con una crisis de desapariciones tan intensa como la de entidades con fuerte presencia criminal.
La paradoja es grotesca: mientras el gobierno estatal habla de flujos turísticos, ocupación hotelera y derrama económica, colectivos de búsqueda excavan la tierra con sus propias manos para encontrar restos humanos. Dos realidades coexistiendo en el mismo espacio, separadas apenas por un discurso oficial que insiste en que no pasa nada. La narrativa es conocida, como la intentada para decir que los hechos no están “tan cerca” del estadio, que la violencia es focalizada, que los turistas no serán afectados.
Es el mismo guion que se ha repetido en cada crisis de seguridad del país, y que siempre termina igual: la realidad alcanza al discurso. La inseguridad no se mide solo en balas. También en miedo, en zonas que sus propios habitantes evitan, en advertencias que circulan de boca en boca, y recomendaciones extraoficiales para no salir de noche ni desviarse del camino “seguro”. Ese ambiente también lo perciben los visitantes, aunque nadie lo mencione en las conferencias de prensa.
El problema no es que Guadalajara sea sede del Mundial. El problema es que se pretenda que la copa tape lo que ocurre en Guadalajara y que el balón ruede sobre una alfombra construida con negación, mientras debajo siguen los desaparecidos sin nombre y las fosas sin justicia. El futbol dura 90 minutos; la violencia en Jalisco, lleva años. Y cuando se apague la fiesta, cuando se vayan las cámaras y los turistas regresen a casa, el estado seguirá ahí, con sus ausencias y sus preguntas sin respuesta. Esconder visualmente la realidad es un insulto. Si no pueden resolver el problema, lo menos que pueden hacer las autoridades es mostrar respeto.

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Preguntas retóricas para iniciar una conversación: ¿Se ha dado cuenta la presidenta Claudia Sheinbaum de la solidez del piso en el que encuentra su relación con Washington? ¿Está viendo lo que están haciendo algunos gobiernos de izquierda en América Latina con Estados Unidos? ¿Ajustó este fin de semana su estrategia? O, en síntesis, ¿sabe realmente en dónde está parada? Respuesta a partir de sus declaraciones: no. La presidenta sigue sin entender el momento. Está aferrada a lo que ya no existe y no se ha dado cuenta. La intervención de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, a la que ya no se refieren en Palacio Nacional como “secuestro” sino como “extracción” –que puede ser sinónimo de “captura”–, la tomó por sorpresa.
Su gabinete le había informado, a partir de sus “análisis”, que era improbable una intervención militar estadunidense en Venezuela, y que era posible que hubiera una negociación con Maduro para una salida pacífica negociada. La falta de información directa del gabinete de Sheinbaum es sorprendente. Ni siquiera leen periódicos extranjeros, donde podrían haber visto señales de que la negociación que pensaban, se había agotado hace varios meses. No alcanzan a ver en Palacio Nacional que mientras siguen hablando de la no intervención como un mantra principista, el nuevo gobierno en Venezuela se está arreglando con Washington.
Sheinbaum autorizó, tras la captura de Maduro, el envío de petróleo a Cuba, como una señal orgullosa de soberanía, luego de que el presidente Donald Trump había declarado que Cuba era el siguiente régimen en caer –el domingo advirtió “cero” crudo para Cuba. Escudarse en la soberanía en el contexto actual es tirarse a un pozo. El gran téórico de la guerra, Carl von Clausewitz, advirtió en su obra clásica De la guerra sobre actuar sin claridad, porque decisiones precipitadas tomadas con información deficiente, podrían tener consecuencias irreversibles. Esto es lo que está haciendo la presidenta de México.
No está analizando el entorno. Dejando a un lado el pragmatismo del chavismo venezolano para buscar darle viabilidad a sus líderes y a ese país, el presidente colombiano Gustavo Petro leyó el invierno que se le venía y llamó a Trump como control de daños y demorar una decisión militar sobre su país. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anuló su decisión de cancelar el Tratado de Extradición con Estados Unidos. El presidente Miguel Díaz Canel, volvió a hablar sobre la profunda crisis económica que vive Cuba, creando condiciones de opinión pública para cualquier decisión que se tome en La Habana. Sheinbaum apretó el acelerador, pero con indecisiones. Emitió un comunicado conjunto con el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva repudiando la acción militar en Venezuela, pero fue hasta en una segunda llamada telefónica con él, porque en la primera no había aceptado.
Trump escaló el jueves la amenaza de atacar a los cárteles en territorios extranjeros –mensaje directo a México y Colombia–, y hasta el día siguiente, en la mañanera que se ha convertido en una anomalía para la reacción gubernamental, Sheinbaum dijo que le iba a pedir al canciller Juan Ramón de la Fuente comunicarse con el secretario de Estado, Marco Rubio. Hablaron el domingo, y Rubio criticó el combate al narcotráfico, al subrayar que querían “resultados tangibles” y reforzar la cooperación para enfrentar a los cárteles. Fue una llamada de cortesía, porque desde el viernes la Casa Blanca ya les había aceptado una llamada con Trump.
La llamada puede interpretarse también de mantenimiento diplomático. Duró alrededor de 15 minutos –la más breve de las nueve que han sostenido– en donde, para la complejidad por la que atraviesa la relación bilateral, no debió haber nada de sustancia sino de reafirmaciones que, para el momento actual, no valen nada. Sheinbaum insistiendo lo mucho que han hecho contra los cárteles; Trump repitiendo que no es suficiente y ofreciendo una vez más ayuda militar, y Sheinbaum diciendo gracias pero no, gracias.
La palabra de Sheinbaum, de acuerdo con un funcionario estadunidense, es irrelevante para Washington. “Se acabó el tiempo de las simulaciones”, agregó, reflejando el ánimo prevaleciente con ella en la Administración Trump. Este fin de semana, de manera directa, recibió varias llamadas de altos funcionarios estadunidenses para sugerirle que no hablara sobre el tema de Venezuela hasta tener información oficial de Washington, que vino poco después. El caso contra Maduro, le dijeron, estaba bien sustentado con información de inteligencia y con testimonios de los jefes del Cártel de Sinaloa detenidos en aquel país.
En una de esas llamadas le informaron que la DEA está investigando a una serie de políticos mexicanos en gobiernos estatales mayoritariamente gobernados por Morena, por sus vínculos con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, a los que de acuerdo a lo que le dijeron, están facilitándoles el tráfico de fentanilo y cocaína a Estados Unidos. Esta investigación se desconocía, y aunque tenga coincidencia con las listas que han elaborado en Washington sobre qué políticos están metidos con el narcotráfico, puede tener vasos comunicantes y es paralela a lo que ya tienen procesado.
La revelación sobre el papel de la DEA en este momento debe haber causado sorpresa en la presidenta y su equipo –si tienen memoria–, porque estaban convencidos de que el papel de esa agencia había perdido fuerza y estaba relegada en la Administración Trump. No es así y valdría la pena que recordaran que el actual jefe de la DEA, Terry Cole, vivió en México, donde elaboró la primera lista de narcopolíticos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Es la segunda vez en una semana que funcionarios estadunidenses le hablan sobre políticos mexicanos metidos en el narcotráfico, en el contexto de una creciente presión para que actúe judicialmente en su contra. Le aseguraron en privado que no se tiene planeado en México ninguna intervención militar como la realizada en Venezuela, pero no está interpretando correctamente la gran fotografía. No habrá una acción como contra Maduro y el núcleo de poder venezolano porque aquí no necesitan desmantelar el centro de operaciones ruso-chino-iraní-cubano contra Estados Unidos. Pero eso no significa que Morena esté fuera de la ecuación del combate a los cárteles, ni que, como dejó abierto un funcionario estadunidense, realice acciones quirúrgicas contra las organizaciones criminales en México.

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Hay metáforas que explican mejor la política que cien discursos. El llamado paradigma de la rana –esa historia en la que el animal no salta cuando el agua se calienta poco a poco y termina hervido– describe con inquietante precisión la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a Donald Trump. No es que no vea el fuego. Es que lo siente tibio. Trump no llega con una amenaza frontal. Llega con insinuaciones –como atacar terrestremente a los cárteles–, con mensajes ambiguos y decisiones graduales que parecen manejables –como los aranceles–. Ella vive en la negación.
Un tuit hoy, una exigencia mañana, una advertencia envuelta en negociación pasado mañana. Nada que amerite, en apariencia, un salto brusco. Y ahí está el riesgo: cuando el aumento es incremental, la reacción se aplaza. Sheinbaum ha optado por una estrategia de contención silenciosa. Evitar el choque, administrar el daño, ganar tiempo. En el corto plazo suena razonable; en el largo, puede ser letal. El problema del paradigma de la rana no es la falta de inteligencia, sino la normalización del peligro.
Cada concesión parece menor porque la anterior ya se aceptó. Desde Palacio Nacional se lee a Trump como un actor predecible en su imprevisibilidad. Se apuesta a que el cálculo económico lo contenga, a que los mercados lo disciplinen, a que la interdependencia norteamericana frene sus impulsos. Pero Trump no gobierna con termómetro; gobierna con instinto. Y cuando decide subir la flama, lo hace sin avisar.
La rana también enfrenta un dilema político interno. Saltar de la olla implica costos: confrontar a Trump, endurecer el discurso, asumir riesgos económicos y romper con la narrativa de estabilidad. Permanecer, en cambio, permite vender calma, control y responsabilidad. El problema es que la historia enseña que la calma prolongada ante una amenaza creciente suele confundirse con pasividad. El ala radical del régimen, que la tiene bien medida, la ignora sistemáticamente, como ha sucedido con el tono sobre Venezuela y Nicolás Maduro.
Sheinbaum ha vendido mercadológicamente la moderación y el no engancharse en discusiones estériles con Trump, porque su voz siempre será más sonora por el altoparlante de la Casa Blanca, y eso empieza a sugerir que en el fondo hay algo más que prudencia en su actuar. ¿Por qué cuando Trump habló de atacar territorialmente a los cárteles no tomó el teléfono y la pidió clarificación, como hizo el presidente colombiano Gustavo Petro cuando le subió la temperatura a la hornilla? Petro dice que neutralizó un ataque contra su país. Sheinbaum no tuvo esos arrestos y dijo que le pediría a su canciller hablar con el secretario de Estado, y que si fuera necesario –como si la situación no lo ameritaba–, hablaría con Trump.
La calidad de la información que le llega a Sheinbaum, definitivamente es deficiente por cuanto a oportunidad y gestión. Por un lado está la inaceptable incapacidad sistémica del gobierno, revelada en el hecho que se enteró de los sucesos en Venezuela y la captura de Maduro hasta que la despertó su equipo de redes sociales; estaban dormidos la cancillería y los servicios de inteligencia civiles y militares. Por el otro, el gabinete no responde al interés del Estado, sino a complacer a su jefa para que no se enoje.
Tampoco tiene quién le aconseje en Palacio Nacional. La llamada telefónica de Petro a Trump fue iniciativa de los colaboradores del colombiano. A Sheinbaum nadie le recomendó nada hasta que ella tomó la iniciativa. No tiene un gabinete articulado, ni método para actuar en situaciones de emergencia. Carlos Salinas tenía seis gabinetes temáticos que se reunían regularmente, de gran calidad técnica que, además, servían para desahogar tensiones y conflictos internos. Cuando había eventualidades, como la invasión a Panamá en enero de 1989 para capturar al presidente Manuel Antonio Noriega, se integraba un gabinete de emergencia para discutir opciones para la toma de decisiones.
Ernesto Zedillo, metódico y de rápida ejecución, tenía un protocolo de crisis porque tenía mucha conciencia del valor del tiempo en ese tipo de eventualidades, y tenía un Cuarto de Situación –inspirado en el que existe en la Casa Blanca– de manera permanente, donde no participaba el presidente pero había un mecanismo muy ejecutivo para la operación de las acciones y recomendaciones para la toma de decisiones. Calderón tenía un modelo similar al de Salinas, donde en casos de emergencia se integraba un gabinete con las personas directamente involucradas en la solución del problema (la crisis de Ciudad Juárez) que se reunía en el Cuarto de Situación en el sótano de Los Pinos –había otro igual en Palacio Nacional–, pero en situaciones extraordinarias, como la pandemia del A1H1, formó un gabinete específico durante la crisis.
El régimen obradorista no tiene gabinetes. Andrés Manuel López Obrador nunca tuvo ese método, y el gabinete de seguridad era en los primeros años una romería donde llegaban a participar 80 personas, por lo que los secretarios de Defensa y Marina dejaron de hablar en esas reuniones. Sheinbaum, que hizo de ese gabinete un espacio real de información y tiene reuniones semanales en algunas áreas como la de salud, carece de un gabinete de emergencia o de revisión permanente de los conflictos, y resuelve de manera coyuntural, generalmente a botepronto, con la asesoría externa de Eduardo Cervantes, un ministro sin portafolio ni atribuciones legales, más importante que cualquier secretario o secretaria de Estado.
Sheinbaum heredó una relación bilateral tensada por años de pragmatismo extremo. López Obrador apostó a la cercanía personal con Trump y, en el proceso, acostumbró a México a ceder sin dramatizar. Esa normalización dejó el agua a una temperatura incómoda, pero no insoportable. Sheinbaum entró a la olla sin haberla encendido, pero tampoco la apagó. El verdadero riesgo no es Trump, sino el autoengaño. Creer que el aumento gradual del calor siempre permitirá una salida ordenada, o que habrá tiempo para reaccionar cuando el punto de ebullición esté cerca, es una salida falsa.
En política, como en la fábula de la rana, el momento de saltar rara vez se anuncia. La pregunta que queda no es si Sheinbaum entiende el peligro, sino cuándo decidirá que el agua ya está demasiado caliente. Porque en la relación con Trump, quedarse quieto puede ser la decisión más cómoda, pero también, la más peligrosa.

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